El consumo de agua en España (2000-2018)

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El agua, un recurso imprescindible para la vida del ser humano, nos demanda un uso cada vez más eficiente. Sabemos, desde hace ya mucho tiempo, que los científicos nos vienen advirtiendo que el contrastado calentamiento global de la Tierra trae, entre otras consecuencias, mayores problemas de disponibilidad hídrica en muchos países del planeta.

En el contexto europeo, para el caso de España, país que no es ajeno al estrés hídrico, es de especial interés centrar la atención en cómo está siendo consumida el agua por los distintos actores económicos. Previamente hay que subrayar que en 2018 solo un 4,8% del agua captada procedió de desalación, siendo el origen principal el de las aguas superficiales (64,3%), seguido de las aguas subterráneas (30,9%).

Las estadísticas que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos permiten analizar cómo ha sido el consumo del agua suministrada a la red de abastecimiento público desde el año 2000.

Así, durante el periodo de 2000-2018 en España el volumen de agua suministrada a la red de abastecimiento público ha seguido, en general, una tendencia descendente, desde los 4.782 hectómetros cúbicos consumidos en 2000 hasta los 4.236 en 2018, esto es, una reducción del 11,4%. No obstante, como se observa en la siguiente gráfica, el consumo hídrico ha pasado por dos etapas bien diferenciadas según el ciclo económico. En un primer periodo (2000-2007), de expansión económica, se ha tendido a un mayor consumo de agua, llegando a casi alcanzar los 5.000 hm³. Posteriormente, en una segunda fase (2008-2018), cuando la economía atraviesa años marcados por las consecuencias de la llamada Gran Recesión, el consumo de agua se modera en España de forma continuada hasta registrar su mínimo en 2018.

Consumo total de agua_2000_2018

A la hora de aproximarnos a evaluar la eficiencia en el uso del agua no hay que desdeñar que una parte importante del agua suministrada a la red de abastecimiento son pérdidas. En España, según el INE, en 2018 se perdió un total de 653 hm³ de agua a causa de fugas, roturas y averías, es decir, un significativo 15,4% del total de agua suministrada a la red. Dicho porcentaje no es muy diferente al cuantificado en 2007, que se cifró en 15,9%. 

G_Pérdidas de agua_2007_2018

Si descontamos al volumen total de agua suministrada a la red dichas pérdidas reales por fugas más otras pérdidas de agua que no han sido registradas (volúmenes no medidos), se obtiene el total de agua registrada y distribuida, que en 2018 ascendió a 3.188 hm³, un 15,7% menos que en el año 2000.

Es de especial importancia evaluar cuáles son los consumidores finales del agua registrada y cómo han evolucionado sus consumos. Así, según el INE, el agua registrada en España toma como principal usuario a los hogares, que en 2018 consumieron el 71,2% del total. Le siguen, a continuación, la industria, con el 10,3% del total de agua registrada; los consumos municipales (9,0%); usos turísticos y recreativos (4,3%); servicios (comercio, transporte, oficinas…), con el 3,8%; agricultura y ganadería (0,7%) y construcción (0,6%).

Asimismo, desde un punto de vista temporal, los datos disponibles, correspondientes al periodo 2006-2018, indican que el volumen de agua consumida por los hogares se ha reducido un 13,2%. También han visto descender su consumo de agua durante dichos años los siguientes sectores: construcción (-60,0%), agricultura y ganadería (-57,1%), servicios (-39,2%), industria (-32,3%) y consumos municipales (-25,5%).

Finalmente, es significativo que el sector económico de usos turísticos y recreativos ha sido el único que ha incrementado el consumo de agua durante los años 2006-2018, en concreto un 8,4%.

C_Agua por usuario

Para más información:

INE: Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua.

El gasto en protección medioambiental en España (2010-2020)

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Para garantizar la calidad y perdurabilidad de los ecosistemas y las especies se requieren políticas de prevención y cambios profundos en los modos de producción, consumo y distribución. Con el tiempo la protección del medio ambiente se ha convertido en una preocupación creciente de la sociedad.

La puesta en práctica de todas aquellas medidas que permitan preservar la calidad de nuestro medio ambiente implica necesariamente responder con medios económicos. Cabe preguntarse, por tanto, cuánto se gastan los países en la protección medioambiental a través de sus empresas, Administraciones Públicas y hogares, lo que permitirá aproximarnos a conocer en qué grado están comprometidos en proteger el medio ambiente.

En España, de acuerdo con los últimos datos avance del año 2020, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto total en protección medioambiental asciende a 19.160 millones de euros. Este gasto ha sido sufragado, con diferente proporción, por los siguientes sectores institucionales: el 48,0% por las Sociedades, el 35,5% por las Administraciones Públicas (e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares) y el 16,4% restante por los Hogares.

En dicho año 2020 el gasto en protección medioambiental se destinó a cinco grandes ámbitos de protección. En primer lugar, el 63,8% del gasto se concentró para financiar la gestión de residuos. Seguidamente, y a distancia, la gestión de aguas residuales recibió el 18,2% del gasto medioambiental.

Por lo tanto, en España más de ocho de cada diez euros del gasto destinado a la protección del medio ambiente se dedican a financiar la gestión de los residuos y las aguas residuales que generan las actividades de empresas, hogares y Administraciones Públicas. El 18,0% restante del gasto en protección medioambiental fue para un conjunto variado de ámbitos.

Como puede observarse en el siguiente Cuadro, el ámbito de protección del aire y del clima, protección y descontaminación de suelos, disminución de ruidos, etc. recibe el 7,3% del gasto medioambiental, y la I+D sobre medio ambiente se financia con el 6,2%.

En último lugar se sitúa el gasto en protección de la biodiversidad y el paisaje, que se cuantifica en 861 millones, esto es, el 4,5% del gasto medioambiental total.

C_INE_Gasto ámbitos_2020

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2010-2020, según los datos disponibles del INE, se constata que en España el gasto en protección medioambiental ha pasado de 18.639 a 19.160 millones de euros. Es decir, en una década el gasto dedicado a la protección medioambiental en este país ha aumentado solo un 2,8%.

G_Gasto 2010-2020

La irrupción de la crisis económica en 2008, que devino en Gran Recesión en los años posteriores, ha repercutido de forma palpable sobre las políticas medioambientales, al ver mermados sus recursos de financiación. El gasto medioambiental en España tocó fondo en el año 2014, cuando se cifró en 16.281 millones de euros, es decir, un 12,6% menos que en 2010. A partir de 2015 el gasto sigue una senda de recuperación hasta 2019, cuando se consolida un nivel  en euros que supera el anotado en el año 2010. Finalmente, en 2020 el inicio de la pandemia del COVID-19, que ha traído graves impactos sanitarios y socioeconómicos en todos los países, ha derivado también en un descenso del gasto destinado a la protección medioambiental, que en el caso de la economía española ha supuesto una reducción del 3,7% respecto a 2019.

Para el conjunto del periodo 2010-2020, el gasto en protección medioambiental, si bien se ha recuperado respecto al año 2010 en niveles (euros corrientes, sin descontar la inflación), no ha sido así en términos relativos, esto es, en comparación con la evolución de la economía.

Así, el porcentaje de gasto medioambiental sobre el Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado, se observa que se ha reducido desde el 1,74% de 2010 hasta el 1,71% de 2020. Es decir, la producción de bienes y servicios de la economía española se ha incrementado en mayor medida (o se ha reducido en menor medida, en los años de recesión) que lo ha hecho el gasto destinado a proteger el medio ambiente de los efectos nocivos de las actividades económicas.

G_Gasto s. PIB_ 2010-2020

La evolución que toma dicha ratio apunta que la importancia otorgada a las políticas medioambientales vía gasto ha presentado dos etapas diferenciadas. En un primer periodo 2010-2016, los gastos medioambientales han perdido presencia de forma continuada año tras año en relación con la evolución de la actividad económica. A esta etapa le sigue un periodo 2017-2020 bien diferente, donde el porcentaje de gastos medioambientales sobre el PIB se ha ido recuperando. Así todo, no se ha alcanzado aún el registro de 2010, a pesar de que persisten los acuciantes problemas medioambientales que preocupan a la sociedad y ponen en riesgo la perdurabilidad de los ecosistemas y especies de la geografía española.

Para más información:

INE: Cuentas Medioambientales.

La eficiencia en el consumo de materiales de la economía española (2008-2020)

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Circunscribir el análisis de una economía, como la española, a la evolución monetaria de su Producto Interior Bruto es, sin duda, un enfoque muy limitante. Entre otras razones porque se ocultan los fundamentos físicos (agua, energía, materiales…) que hacen posibles todos los procesos de producción, consumo y distribución de bienes y servicios que generan los diferentes agentes económicos.

La existencia de una Contabilidad Medioambiental es una valiosa herramienta para conocer con qué intensidad una economía emplea los recursos materiales que proceden del medio natural para el desarrollo de todas sus actividades. Así, como expresa el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Cuenta de flujos de materiales «muestra los inputs físicos de materiales que entran en el sistema económico nacional y los outputs a otras economías o al medio natural», expresados en unidades físicas (toneladas).

Los datos disponibles para la economía de España nos dan luz sobre cómo ha evolucionado este país durante el periodo 2008-2020 respecto al consumo y extracción de materiales, así como a la intensidad o productividad de los recursos (ecoeficiencia) en términos de PIB y número de habitantes.

A continuación se exponen los principales resultados obtenidos para los años 2008-2020 (con datos provisionales de 2020), periodo marcado por la Gran Recesión y, más recientemente, por la pandemia del COVID-19.

1. El consumo nacional de materiales, esto es, la cantidad total empleada directamente por la economía española, ascendió a 424,8 millones de toneladas en 2020. Ello supone una reducción del 47,7% respecto al año 2008 (811,9 Mt). La mayor parte de esta reducción se ha producido durante los años 2008-2013 de la Gran Recesión, a la que sigue otra etapa de mayor estabilidad.

2. El principal origen del consumo nacional de materiales es la extracción nacional, con 368,0 millones de toneladas en 2020, es decir, el 86,6% del total. Este porcentaje ha aumentado respecto al de 2008 (81,5%). El resto del consumo de materiales corresponde al balance comercial físico (importaciones menos exportaciones).

G_Consumo y Extracción_2008_2020

3. Por tipos de materiales extraídos en España, destaca el protagonismo que toman los minerales no metálicos (piedra caliza, yeso, arenas, grava…), que en el año 2008 representaban el 78,3% del total, si bien su peso se ha reducido hasta el 57,3% en 2020, en consonancia con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el declive del sector de la construcción.

A continuación se encuentra la extracción de biomasa (cereales, frutas, hortalizas, biomasa pastada…), cuya participación porcentual, en cambio, ha aumentado desde el 19,8% en 2008 hasta el 37,2% en 2020.

A distancia se sitúan los minerales metálicos (cobre, níquel…), cuyo peso se ha incrementado, desde el 0,3% hasta el 5,5%, y los combustibles fósiles (hulla, antracita, petróleo, gas natural licuado…) que, por el contrario, han perdido importancia relativa, desde el 1,6% al 0,04% en 2020.

G_Extracción_2008-2020

4. El balance comercial físico de la economía española fue de 56,5 millones de toneladas en 2020. Esta cifra es el resultado de unas importaciones de materiales (225,6 Mt) que superan a las exportaciones (168,8 Mt).

Durante el periodo analizado dicho balance comercial físico ha sido siempre deficitario, si bien lo ha sido cada vez menos como consecuencia de la dispar evolución mostrada por las importaciones, que han descendido un 18,3%, frente a las exportaciones de materiales, que han aumentado un 34,4% durante el periodo 2008-2020.

5. Si consideramos, para evaluar la ecoeficiencia, la intensidad del consumo de materiales en la economía española, en primer lugar, en términos de PIB, se observa que se ha reducido desde las 725,4 toneladas por millón de euros en 2008 hasta las 399,0 en 2020, habiéndose concentrado la mayor reducción en los primeros años del periodo (2008-2013), para a partir de entonces presentarse años de intensidad relativa en promedio más estable.

6. Complementariamente, analizando la intensidad del consumo nacional de materiales, medida en términos poblacionales, se observa que también ha descendido: desde las 17,7 toneladas por habitante en 2008 hasta las 9,0 en 2020.

7. El Input Directo de Materiales (IDM) constituye un indicador también relevante para aproximarnos a evaluar la senda hacia la sostenibilidad de una economía. Este indicador contabiliza la entrada directa de materiales en el sistema económico procedente del medio natural nacional y del resto del mundo, es decir, extracción nacional e importaciones, quedando expresado en términos de toneladas por millón de euros de PIB.

Así, para el periodo analizado se concluye que el IDM de la economía española se ha reducido desde las 837,6 toneladas por millón euros de PIB en 2008 hasta las 557,6 en 2020.

Como ha sucedido con el consumo nacional de materiales, el periodo de crisis económica que irrumpió en 2008 ha ido acompañado de un proceso de menor intensidad del empleo de los materiales requeridos por la economía. En el caso del IDM ha descendido un 33,4% durante el periodo 2008-2020, si bien a partir de 2013 ya no se observa una tendencia clara de ganancias de ecoeficiencia.

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8. Finalmente, los últimos datos provisionales disponibles apuntan que, durante el año 2020, marcado por los fuertes impactos de la pandemia del COVID-19, paralelamente a la brusca caída de la producción de bienes y servicios se ha producido también un descenso significativo del consumo de materiales.

Sin embargo, este «ahorro de materiales» ha sido proporcionalmente menor a la fuerte caída mostrada por el PIB, de modo que los dos indicadores de intensidad de materiales, CNM e IDM, han repuntado en 2020 respecto a 2019: 9,1% y 7,1%, respectivamente. Son resultados, por tanto, que nos alejan también de poder confirmar que la economía española se encuentra en un proceso cierto de desmaterialización y de mayor sostenibilidad.

Para más información:

INE: Cuenta de flujos de materiales (2008-2020)

El destino de la energía de la economía española (2014-2019)

El análisis de una economía quedaría incompleto si se circunscribe al enfoque que se centra en la cuantificación monetaria de su PIB. Porque no hay producción, consumo y distribución posibles si no se dispone de recursos materiales y energéticos.

En el caso de la economía española la Cuenta de los Flujos Físicos de la Energía, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos para el periodo 2014-2019, nos permite conocer, además de su origen, cuál es el destino de la energía de España y cómo ha evolucionado su composición por sectores durante el periodo 2014-2019.

De acuerdo con el INE, en el último año de 2019 el total de flujos energéticos de España ascendió a 19.907.400 terajulios (TJ), esto es, un 6,8% más que en 2014.

Analizando la composición del destino de la oferta energética de España en 2019, se concluye que el principal destinatario es el conjunto de ramas de actividad que conforman la economía española, que concentró el 58,3% de la energía total. A continuación, un 25,2% de los flujos energéticos lo recibe el medioambiente, en forma de pérdidas de energía (calor disipado) como resultado de los procesos productivos y las actividades de consumo final. El tercer destino de la energía, con un 8,8% del total, es el exterior vía exportaciones de bienes energéticos a otros países. Por su parte, los hogares españoles, como consumidores de productos energéticos, emplearon el 6,5% de la energía. El 1,2% restante de los flujos energéticos de 2019 corresponden a variación de existencias y ajustes.

Desde una perspectiva temporal, cabe destacar que durante el periodo 2014-2019 la energía que ha recibido el conjunto de ramas de actividad de la economía española se ha incrementado un 8,9%, esto es, más que la media (6,8%), al pasar de 10,65 millones a 11,60 millones de TJ.

Por su parte, el sector de los hogares ha visto aumentar el consumo de productos energéticos durante el periodo, en este caso, un 4,1% (menos que la media), pasando de 1,25 millones a 1,30 millones de TJ.

Las pérdidas de energía también se han intensificado, en este caso un 5,0%, desde 4,79 millones de TJ en 2014 a 5,02 millones en 2019.

Por el contrario, las exportaciones energéticas de la economía española han descendido un 4,6% (de 1,83 millones a 1,75 millones de TJ).

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Centrando el análisis en el principal destino de la energía (el conjunto de ramas económicas, que recibe el 58,3% de la energía en 2019), resulta la siguiente distribución por grandes sectores económicos: Industria manufacturera (48,9%), Industria no manufacturera (38,1%), Servicios (8,9%), Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (3,3%) y Construcción (0,9%).

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Finalmente, en un análisis más detallado, se identifican como las ramas de actividad más consumidoras de energía de la economía española en 2019 las siguientes:

  1. Coquerías y refino de petróleo: 4,67 millones de TJ en 2019, es decir, el 40,3% de la energía total destinada a las ramas económicas. El consumo de energía de esta rama ha experimentado un incremento del 11,0% durante el periodo 2014-2019.
  2. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado: 3,52 millones de TJ (el 30,4% de la energía). Su consumo energético ha aumentado un 6,5% durante el periodo.
  3. Industrias extractivas: 666.876 TJ (el 5,7% de la energía). El consumo de energía en esta rama se ha reducido un 8,5% entre 2014 y 2019.
  4. Transporte terrestre y por tubería: 406.247 TJ en 2019 (el 3,5% de la energía), esto es, se ha incrementado un 14,5% respecto a 2014.
  5. Industria química: 391.506 TJ (el 3,4% de la energía), con un incremento del 18,8% durante el periodo 2014-2019.
  6. Transporte aéreo: 211.858 TJ, que representa el 1,8% de la energía destinada al tejido productivo de la economía española. En este caso, los flujos de energía que ha recibido esta rama del transporte se han acrecentado un 42,3% durante el periodo analizado.

Para más información:

Instituto Nacional de Estadística

El origen de la energía de la economía española (2014-2019)

Toda economía depende, con mayor o menor intensidad, de la energía disponible, ya sea de producción propia o importada. Sin las dotaciones suficientes de energía, las empresas, familias y administraciones públicas se ven sujetas a serias restricciones para llevar a cabo sus habituales actividades de producción, consumo y distribución. Desde este punto de vista, se convierte, por lo tanto, en factor estratégico, para cualquier país o territorio del mundo, el asegurar sus fuentes de abastecimiento energético.

En el caso de la economía española, los últimos datos de la Cuenta de los Flujos Físicos de la Energía, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), nos permiten analizar cuál es el origen de la energía en España y cómo ha evolucionado su composición por tipos durante el periodo 2014-2019.

De acuerdo con el INE, en el último año de 2019 el total de flujos energéticos de España ascendió a 19.907.400 terajulios (TJ). Desde una perspectiva temporal, se constata que, a pesar del descenso del 0,8% anotado respecto a 2018, los flujos totales de energía que ha recibido la economía española se han incrementado un 6,8% respecto al año 2014.

Analizando con mayor detalle estos flujos se concluye que en 2019 el origen de la energía total procede de tres fuentes básicas: productos energéticos (66,4% del total), residuos energéticos (26,6%) y recursos naturales energéticos (7,0%).

Centrándonos, en primer lugar, en la principal fuente energética de España, en el año 2019 los productos energéticos se cuantifican en 13,23 millones de TJ, es decir, un 7,8% más que en 2014. Su peso sobre el total de flujos energéticos ha aumentado ligeramente, desde el 65,8% hasta el 66,4% durante el periodo analizado.

En 2019 la oferta total de productos energéticos de la economía española (13,23 millones de TJ) correspondió en un 58% a producción interior, completándose el 42% restante vía importaciones, peso que no ha variado sustancialmente durante el periodo 2014-2019.

Por tipos de productos energéticos, los mayores flujos provienen de los combustibles fósiles, destacando el petróleo crudo, líquidos de gas natural (GNL) y otros hidrocarburos (sin biocomponentes), con el 21,4% del total de productos energéticos; el gas natural (20,0%); los gasóleos de transporte (8,7%); el gasóleo de calefacción y otros gasóleos (8,2%) y los carburantes para aviones de reacción (6,1%).

Otros productos energéticos destacados son la energía eléctrica y calor (9,0% del total) y la combustión nuclear (4,8%).

Durante el periodo 2014-2019 cabe resaltar, asimismo, varios hechos principales respecto a los productos energéticos de la economía española:

  1. El continuado crecimiento de los productos petrolíferos, cuya participación relativa ha crecido desde el 77,9% hasta el 80,3% del total de productos energéticos.
  2. La pérdida de participación que ha tenido el carbón, desde el 3,7% al 1,6% del total de productos energéticos.
  3. El significativo incremento de los biocarburantes líquidos (60,5%), si bien su peso fue del 1,7% en 2019.
  4. El aumento de los flujos procedentes de la combustión nuclear (1,8% durante 2014-2019), cuya participación relativa se ha mantenido por encima del 4,5%.

El segundo origen de la energía de España en importancia corresponde a los residuos energéticos (el 26,6% del total), que se producen, principalmente, como calor disipado en los procesos de combustión. Esta fuente de energía se cuantifica en 5,29 millones de TJ, habiendo registrado un incremento del 7,0% durante el periodo 2014-2019. Su peso relativo se ha mantenido entre el 26,5% y 27,1% del total.

Finalmente, la oferta energética de la economía española se completa con los flujos que provienen de los recursos naturales energéticos (el 7,0% del total), es decir, aquellos extraídos directamente del medioambiente. Estos se cifraron en 1,39 millones de TJ en 2019, habiéndose reducido un 2,5% respecto al año 2014.

Diferenciando por grandes grupos, en el año 2019 los recursos energéticos renovables (biomasa, eólico, solar e hidráulico) se cuantifican en 756.212 TJ y los no renovables (combustibles fósiles y nucleares), en 636.740 TJ. Durante el periodo 2014-2019 los recursos renovables se han incrementado un 3,8% frente al descenso del 9,2% anotado por los recursos no renovables. 

Dicho crecimiento de los recursos energéticos renovables no ha permitido, sin embargo, que su peso relativo sobre el total de flujos energéticos de España (3,8% en 2019) haya experimentado un avance remarcable durante el periodo 2014-2019, sino que, por el contrario, se ha reducido ligeramente (-0,11 p.p.).

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Para más información:

Instituto Nacional de Estadística

España y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2021

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Fuente: SDSN y Bertelsmann Stiftung: Sustainable Development Report 2021.

En 2015 Naciones Unidas puso en marcha la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con el fin de conocer su grado de cumplimiento, se dispone del índice ODS que permite evaluar los progresos en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que van alcanzando los países del planeta.

En su edición de 2021 el Informe de SDN y Bertelsmann Stiftung (Sustainable Development Report 2021) nos revela que de un total de 165 países del mundo para los que se ha contado con datos suficientes, España toma la posición 20 en términos de cumplimiento global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. Para dicho año 2021 el valor del índice ODS de España se cifra en 79,5 sobre un máximo de 100.

En un análisis más pormenorizado del índice ODS, los resultados obtenidos por objetivos muestran que para 6 de los 17 ODS España se sitúa entre los 25 países del planeta con mayor puntuación.

Así, los mejores resultados relativos, en un contexto mundial, los alcanza España en los siguientes ODS:

  • Igualdad de género (ODS5), para el que se sitúa en la posición número 8, con un valor de 85,8 sobre 100.
  • Salud y bienestar (ODS3), objetivo para el que España se encuentra en el puesto número 12 (valor 94,1).
  • Energía asequible y no contaminante (ODS7), en la posición  número 13 (valor de 95,0).
  • Ciudades y comunidades sostenibles (ODS11), en el puesto número 17 (valor 91,5).
  • Industria, innovación e infraestructura (ODS9), para el que toma la posición 20 (valor 86,9).
  • Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS16), para el que toma la posición 24 (valor 83,0).

Por el contrario, los Objetivos para los que España toma los peores resultados relativos son los siguientes:

  • Producción y consumo responsables (ODS12) que, con un valor de 63,1 sobre 100, hace que España se sitúe en la posición 129 a nivel mundial respecto a este ODS.
  • Acción por el clima (ODS 13), objetivo, que tomando un valor de 77,0, coloca a España en la posición número 114 a nivel mundial.
  • Vida submarina (ODS14), objetivo para el que, con un valor de 52,2, toma la posición 107.
  • Vida de ecosistemas terrestres (ODS15) para el que, con un valor de 66,5, toma la posición 75.
  • Alianzas para lograr los objetivos, con un valor de 60,8, que sitúa a España en la posición 74.

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De forma complementaria al índice ODS el informe de 2021 aporta también un análisis de panel que valora el mayor o menor grado de cumplimiento de cada Objetivo, así como su tendencia, mediante una asignación de colores (verde, amarillo, naranja y rojo).

De la evaluación del panel de los ODS de España se pueden extraer las siguientes conclusiones principales:

  • España no ha cumplido aún ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ausencia de ODS en color verde).
  • Para ocho objetivos (en color amarillo), España presenta aún algunos retos que resolver, si bien, en general, se encuentra en la senda de alcanzar los valores deseados para 2030: Fin de la pobreza (ODS1), Salud y bienestar (ODS3), Educación de calidad (ODS4), Igualdad de género (ODS5), Agua limpia y saneamiento (ODS6), Energía asequible y no contaminante (ODS7), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS11) y Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS16).
  • De los 17 ODS, seis (con color naranja) España afronta retos significativos para llegar a cumplir con la Agenda 2030. Son los siguientes:  Trabajo decente y crecimiento económico (ODS8); Industria, innovación e infraestructura (ODS9); Reducción de las desigualdades (ODS10);  Producción y consumo responsables (ODS12); Vida submarina (ODS14), y Alianzas para lograr los objetivos (ODS17).
  • Finalmente, en tres ODS (en rojo) España se enfrenta a los mayores retos para cumplir con la Agenda 2030: Hambre cero -que abarca también lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible- (ODS2), Acción por el clima (ODS13) y Vida de ecosistemas terrestres (ODS15).

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Fuente: SDSN y Bertelsmann Stiftung: Sustainable Development Report 2021.

Asimismo, en un análisis de tendencia, la ficha de los ODS de España nos revela que este país está mostrando, según los últimos datos disponibles, una tendencia favorable en el cumplimiento de seis objetivos de la Agenda 2030: Fin de la pobreza, Salud y bienestar, Igualdad de género, Agua limpia y saneamiento, Trabajo decente y crecimiento económico, y Paz, justicia e instituciones sólidas. Por el contrario, el panel nos advierte de que España está retrocediendo respecto al Objetivo de Vida de ecosistemas terrestres, y se ha estancando en otros como los de Reducción de las desigualdades y Vida submarina.

Para más información:

Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2021). The Decade of Action for the Sustainable Development Goals: Sustainable Development Report 2021. Cambridge: Cambridge University

Los impuestos ambientales en España (2008-2019)

La fiscalidad verde constituye un importante instrumento de política pública cuyo objetivo principal es orientar la producción y el consumo hacia una asignación eficiente de los recursos naturales, fomentando comportamientos de los agentes económicos menos extractivos y no contaminantes. Con la adecuada aplicación de impuestos ambientales es posible favorecer una mayor calidad del medioambiente, gravando, por ejemplo, las emisiones de CO2 a la atmósfera, la generación de residuos, los combustibles fósiles y el transporte no sostenible.

Dicho instrumento fiscal conlleva ingresos para las arcas públicas como resultado de la aplicación de diferentes tipos de impuestos ambientales, en un determinado territorio, que son definidos como “aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medioambiente” (de acuerdo con la definición oficial que emplea el INE).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la extensión de la aplicación de impuestos ambientales para mitigar el cambio climático y desincentivar la producción y consumo insostenibles. La política fiscal de los Estados debería, en consecuencia, tender a otorgar un mayor peso a la recaudación por la vía de este tipo de tributos.

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los datos avance del año 2019 muestran que la recaudación de los impuestos ambientales ascendió a 22.050 millones de euros. En términos relativos, dicha cuantía representa el 7,9% del total de impuestos de la economía española. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se situó en el 1,77% en 2019.

Por tipos de impuestos ambientales, destacan, con diferencia, los impuestos sobre la energía, con el 82,2% del total. Les siguen los impuestos sobre el transporte, con el 13,4%, y, en tercer lugar, los impuestos sobre la contaminación y los recursos, con el 4,4% restante.

Por ramas de actividad y hogares, fueron los hogares los que abonaron más impuestos ambientales en 2019, en concreto, unos 11.801 millones euros, esto es, el 53,5% del total, frente al 46,5% que fue pagado por la actividad productiva.

Respecto a la actividad productiva, las ramas económicas que pagaron más impuestos ambientales fueron Transporte y almacenamiento, con el 15,5% del total, e Industria manufacturera (9,8%). Les siguen las ramas de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua (6,9%); Otros servicios (6,3%); Comercio (4,5%); Construcción (1,9%); Industrias extractivas (0,8%) y Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (0,8%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2008-2019 los impuestos ambientales han aumentado un 21,3%, al pasar de 18.179 a 22.050 millones de euros (en precios corrientes).

Por tipos de impuestos dicho crecimiento ha resultado ser desigual. Se han incrementado los ingresos de los impuestos sobre la contaminación y los recursos un 311,4% y, en menor medida, los de los impuestos sobre la energía (los de mayor peso), un 25,4%. Por el contrario, se ha reducido la recaudación de los impuestos sobre el transporte en un 15,2% durante dicho periodo.

Finalmente, para conocer mejor la evolución de la importancia real de la fiscalidad ambiental en España, es de especial interés analizar la recaudación en términos relativos, es decir, sobre la evolución de la actividad económica (PIB). De este modo, se observa que la recaudación fiscal ambiental sobre el PIB ha aumentado desde el 1,64% en 2008 hasta el 1,77% en 2019. No obstante, hay que hacer constar que en 2015 dicho indicador llegó a alcanzar el 1,93% para, a continuación, entrar en una tendencia de continuo descenso, año tras año, que perdura hasta la actualidad.

Para más información:

INE.

España y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2018)

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Fuente: SDN y Bertelsmann Stiftung: SDG Index and Dashboards Report 2018.

En 2015 Naciones Unidas puso en marcha la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con el fin de conocer su grado de cumplimiento, se dispone del índice ODS que permite evaluar los progresos en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que van alcanzando los países del planeta.

En su edición de 2018 el Informe de SDN y Bertelsmann Stiftung (SDG Index and Dashboards Report 2018) nos revela que de un total de 156 países del mundo para los que se ha contado con datos suficientes, España toma la posición 25 en términos de cumplimiento global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030.  Para dicho año 2018 el valor del índice ODS de España se cifra en 75,4 sobre un máximo de 100.

En un análisis más pormenorizado del índice ODS, los resultados obtenidos por objetivos muestran que para 5 de los 17 ODS España se sitúa entre los 25 países del planeta con mayor puntuación.

Así, los mejores resultados relativos, en un contexto mundial, los alcanza España en los siguientes ODS:

  • Energía asequible y no contaminante (ODS7), para el que se sitúa en la posición  número 12, con un valor de 90,6 sobre 100.
  • Salud y bienestar (ODS3), objetivo para el que España se encuentra en el puesto número 15 (valor 93,8).
  • Igualdad de género (ODS5), en la posición 16 (valor 82,6).
  • Ciudades y comunidades sostenibles (ODS11), en el puesto número 17 (valor 87,9).
  • Industria, innovación e infraestructura (ODS9), para el que toma la posición 23 (valor 67,9).

Por el contrario, los objetivos para los que España toma los peores resultados relativos son los siguientes:

  • Producción y consumo responsables (ODS12) que, con un valor de 61,2 sobre 100, hace que España se sitúe en la posición 119 a nivel mundial respecto a este ODS.
  • Vida submarina (ODS14), objetivo para el que, con un valor de 47,5, toma la posición 104.
  • Alianzas para lograr los objetivos, con un valor de 55,0, que sitúa a España también en la posición 104.
  • Vida de ecosistemas terrestres (ODS15) para el que, con un valor de 56,6, toma la posición 98.
  • Fin de la pobreza (ODS 1), objetivo que, aun tomando un valor de 98,7, coloca a España en la posición número 76 a nivel mundial.

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De forma complementaria al índice ODS, del que se concluye que España se encuentra en el grupo de países que presentan una situación relativa alta en el contexto mundial respecto al cumplimiento de la Agenda 2030, el informe de 2018 aporta también un análisis de panel de los ODS que valora el mayor o menor grado de cumplimiento de cada Objetivo, así como su tendencia, mediante una asignación de colores (verde, amarillo, naranja y rojo).

De la evaluación del panel de los ODS de España se pueden extraer las siguientes conclusiones principales:

  • España no ha cumplido aún ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ausencia de ODS en color verde).
  • Para cinco objetivos (en color amarillo), España presenta aún algunos retos que resolver, si bien, en general, se encuentra en la senda de alcanzar los valores deseados para 2030: Fin de la pobreza (ODS1), Salud y bienestar (ODS3), Igualdad de género (ODS5), Agua limpia y saneamiento (ODS6) y Energía asequible y no contaminante (ODS7).
  • De los 17 ODS, en ocho (con color naranja)  España afronta retos significativos para llegar a cumplir con la Agenda 2030. Son los siguientes: Hambre cero -que abarca también lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible- (ODS2); Educación de calidad (ODS4); Trabajo decente y crecimiento económico (ODS8); Reducción de las desigualdades (ODS10); Ciudades y comunidades sostenibles (ODS11); Vida de ecosistemas terrestres (ODS15); Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS16), y Alianzas para lograr los objetivos (ODS17).
  • Finalmente, en cuatro ODS (en rojo) España se enfrenta a los mayores retos para cumplir con la Agenda 2030: Industria, innovación e infraestructura (ODS9), Producción y consumo responsables (ODS12), Acción por el clima (ODS13) y Vida submarina (ODS14).

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Fuente: SDN y Bertelsmann Stiftung: SDG Index and Dashboards Report 2018.

Asimismo, en un análisis de tendencia, la ficha de los ODS de España nos revela que este país está mostrando, según los últimos datos disponibles, una tendencia favorable en el cumplimiento de cinco objetivos de la Agenda 2030: salud y bienestar, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, y acción por el clima. Por el contrario, se advierte de que España está retrocediendo respecto a los objetivos de reducción de la desigualdades y de alianzas para lograr los ODS.

Para más información:

2018 SDG Index and Dashboards

Los flujos de materiales de la economía española (2008-2016)

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La Contabilidad Medioambiental es una fuente valiosa para conocer cómo una economía emplea los recursos materiales que proceden del medio natural para sus actividades de producción, consumo y distribución. Así, como expresa el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Cuenta de flujos de materiales «muestra los inputs físicos de materiales que entran en el sistema económico nacional y los outputs a otras economías o al medio natural en unidades físicas (toneladas)».

Los datos disponibles para España elaborados por el INE permiten analizar cómo ha evolucionado este país durante el periodo 2008-2016 respecto al consumo y extracción de materiales así como a la productividad de los recursos (eco-eficiencia) en términos de PIB y número de habitantes.

A continuación se exponen los principales resultados obtenidos para los años 2008-2016 (con datos provisionales de 2016), periodo marcado por la grave crisis económica.

El consumo nacional de materiales, esto es, la cantidad total usada directamente por la economía española, ascendió a 402,8 millones de toneladas. Ello supone, por tanto, una reducción del 50,4% respecto al año 2008.

La intensidad del consumo de materiales, en términos de PIB, ha descendido desde las 133,0 toneladas de 2008 hasta las 66,9 de 2016.

El consumo nacional de materiales por habitante se cifró en 8,7 toneladas en 2016, inferior a las 17,7 toneladas de 2008.

El principal componente del consumo nacional de materiales es la extracción nacional, con 330,7 millones de toneladas en 2016, es decir, el 82,1% del total. Este porcentaje ha aumentado ligeramente respecto al de 2008 (81,5%).

Por tipos de materiales extraídos en España, destaca el protagonismo que toman los minerales no metálicos (piedra caliza, yeso, arenas, grava…), que en el año 2008 representaban el 78,3% del total, si bien su peso se ha reducido hasta el 55,1% en 2016. A continuación se encuentra la extracción de biomasa (cereales, frutas, hortalizas, biomasa pastada…), cuyo porcentaje, en cambio, ha aumentado desde el 19,8% hasta 40,3% en el periodo analizado. A distancia se sitúan los minerales metálicos (cobre, níquel…), cuyo peso se ha incrementado, desde el 0,3% hasta el 4,1%, y los combustibles fósiles (hulla, antracita, petróleo, gas natural licuado…) que, por el contrario, han perdido importancia relativa, desde el 1,6% al 0,4% en 2016.

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Por su parte, el balance comercial físico fue de 72,1 millones de toneladas en 2016. Esta cifra es el resultado de unas importaciones que ascendieron a 257,5 millones de toneladas frente a los 185,4 millones de las exportaciones. El balance comercial físico ha experimentado, por tanto, una reducción del 52,1% respecto al año 2008. Hay que destacar, asimismo, la dispar evolución que siguieron las importaciones, que descendieron un 6,7%, y las exportaciones de materiales, que aumentaron un 47,6% durante el periodo.

Finalmente, el input directo de materiales (IDM) constituye también un indicador relevante como aproximación a evaluar el camino hacia la sostenibilidad de una economía. Como expresa el INE, el IDM «registra como recursos la entrada directa de materiales en el sistema económico procedente del medio natural nacional y del resto del mundo, es decir, extracción nacional e importaciones». Así, el IDM, en términos de toneladas de materiales empleados por unidad de PIB, tomó en España un valor de 531,9 en 2016 frente a las 836,5 toneladas registradas en 2008. El impacto de la crisis económica, por consiguiente, también se ha visto reflejado en este indicador al reducirse un 36,4% en dicho periodo, si bien en menor cuantía que el consumo nacional de materiales (-49,7%), que excluye las exportaciones del IDM.

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Para más información:

INE: Cuenta de flujos de materiales (2008-2016)

 

 

 

 

 

El medio ambiente en la Constitución española de 1978

La Granja_Ruta_2015.09.11. España

La Constitución española de 1978 fue unas de las primeras constituciones del mundo en reflejar la preocupación por la protección del medio ambiente. Su antecedente más cercano es la Constitución portuguesa de 1976.

En la actual Constitución de 1978 la regulación del medio ambiente se encuadra dentro del Título I (De los derechos y deberes fundamentales), y en concreto en el capítulo tercero dedicado a los principios rectores de la política social y económica.

De hecho la regulación constitucional de la materia medioambiental se concentra en el artículo 45 que, a través de tres párrafos, establece tres aspectos principales: el derecho al medio ambiente y el deber a conservarlo, el papel de los poderes públicos, y la potestad de sancionar delitos ambientales.

De esta forma queda redactado, pues, el artículo 45 de la Constitución española de 1978:

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el aparado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Para leer más:

Constitución española de 27 de diciembre de 1978 (B.O.E. nº 311-1, de 29 de diciembre de 1978).