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Evolución del consumo por habitante en la UE (1995-2021)

Puerto Cruz, crisis, saldos, 2012.06.25

Para evaluar el progreso de los países el indicador del PIB per cápita ha ocupado hasta la actualidad un lugar privilegiado. Durante décadas se ha defendido el uso de esta ratio como la mejor aproximación sintética del bienestar de la población. Recordemos, no obstante, que dicha medida se refiere estrictamente a la actividad económica, es decir, al valor de todos los bienes y servicios producidos en la economía de un territorio (país, región, ciudad…) durante un periodo de tiempo (generalmente un año), relativizándolo por el número de habitantes. En consecuencia, por su propia naturaleza son múltiples las limitaciones que presenta para medir el bienestar de las personas.

Como medida alternativa al PIB per cápita se dispone del indicador de consumo individual efectivo (CIE) que se viene empleando por considerarse una medida más adecuada para evaluar el bienestar material de la población. Se define como el valor monetario del consumo de los bienes y servicios adquiridos directamente por los hogares, así como los servicios prestados por las organizaciones sin ánimo de lucro y el Estado para el consumo de los individuos (educación, sanidad…). Dicho consumo se valora en euros pps (estándar de poder de compra), con objeto de corregir las diferencias nacionales en los niveles de precios permitiendo las comparaciones entre países, y se relativiza por el número de habitantes.

Siendo un indicador más adecuado que el PIB per cápita para medir el bienestar material, no hay que olvidar que el CIE tampoco está exento de importantes limitaciones, en especial si lo que perseguimos es, en realidad, evaluar el desarrollo sostenible. Es evidente que el consumo de bienes, que satisfacen necesidades materiales (básicas y no básicas), conlleva el uso de recursos naturales (materiales, agua, energía), cuyo impacto sobre el medio ambiente puede ser muy diverso (pérdida de biodiversidad, residuos, contaminación…). Por lo tanto, el CIE no nos aporta información sobre la sostenibilidad ambiental, sobre si ese consumo es sostenible. De igual forma, este indicador de consumo medio por habitante, por su propia concepción, no nos aproxima a evaluar los avances en equidad, pilar fundamental del desarrollo sostenible.

En el contexto de la Unión Europea, para conocer la evolución de dicha medida de consumo per cápita se cuenta con la estadística que elabora la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En un análisis de los datos disponibles para el periodo 1995-2021 se evidencia, como primera conclusión general, que el nivel de consumo individual efectivo por habitante de la UE-27 ha aumentado de forma prácticamente continuada, pasando de 10.100 a 21.100 euros (pps), esto es, el nivel de consumo se ha multiplicado por 2,1 en poco más de 25 años. Como se observa en el siguiente gráfico, cabe apuntar que en dicha tendencia de generalizado crecimiento hubo sólo dos años, 2009 (con la Gran Recesión) y 2020 (con la pandemia del COVID-19), en los que el consumo por habitante se contrajo.

G_Consumo UE_1995-2021

En un análisis por países, de acuerdo con los últimos datos correspondientes al año 2021, nueve Estados miembros de la UE-27 presentan un consumo por habitante superior a la media comunitaria.

Luxemburgo encabeza la UE-27 al presentar un CIE de 144, esto es, supera en un 44% el consumo por habitante medio de la Unión. Le siguen Alemania (120), Dinamarca (119), Austria (116), los Países Bajos (115), Bélgica (115), Finlandia (112), Suecia (110) y Francia (110).

Por el contrario, 18 países de la UE-27 presentan un CEI inferior a la media. El menor consumo per cápita lo registra en 2021 Bulgaria (64), con un 36% inferior a la media comunitaria. Le siguen, a continuación, Hungría (69), Eslovaquia (71), Croacia (72) y Grecia (75), con valores que no superan el 75% de la media de la Unión.

Existe, por tanto, una amplia variación entre el país de mayor consumo por habitante, Luxemburgo (144) y el de menor consumo, Bulgaria (64), esto es, una brecha de 79 puntos en 2021. No obstante, dicha divergencia ha disminuido con el transcurso de los años. En 1995, el país de mayor consumo era igualmente Luxemburgo (156) que contrastaba en el otro extremo con Rumanía (33), registrándose entonces un diferencial de 124 puntos entre ambos. Precisamente Rumanía, junto con Lituania, Estonia, Letonia y Polonia, son los países que más han visto aumentar en términos relativos sus niveles de consumo por habitante durante el periodo 1995-2021.

CIE_UE_2021

Para más información:

Eurostat

La dependencia energética exterior de la UE (1990-2020)

Procurar el máximo grado de soberanía energética se convierte en una cuestión cada vez más estratégica de la política energética de los países. Una baja dependencia de las importaciones contribuye a que las economías sean menos vulnerables a problemas de provisión de recursos energéticos y a imprevistas fluctuaciones alcistas de los precios que derivan, en última instancia, en un deterioro de la capacidad adquisitiva de la población y del saldo comercial del país importador, entre otros efectos. Al mismo tiempo, una menor dependencia de las importaciones de productos energéticos (que son combustibles fósiles, principalmente) se alinea con la sostenibilidad, en tanto que de fomentarse en su lugar el empleo de energías renovables se apoya la transición hacia una economía baja en carbono.

Para evaluar el mayor o menor grado de soberanía energética, la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) publica el indicador de dependencia de las importaciones de energía que queda definido en los siguientes términos:

la proporción de las necesidades energéticas totales de un país satisfechas por las importaciones de otros países, esto es, el porcentaje de importaciones netas (importaciones menos exportaciones) sobre la energía bruta disponible.

De acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, el consumo de energía en la UE continúa dependiendo en gran medida de su abastecimiento exterior. Entre 1990 y 2020 el conjunto de la UE ha visto aumentar su grado de dependencia energética desde el 50,0% hasta el 57,5%.

Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución seguida por el indicador de dependencia energética en la UE ha estado muy condicionada por la naturaleza del ciclo que atraviesa la economía, ya sea expansivo o contractivo. Durante los años de la Gran Recesión el valor del indicador de dependencia energética se redujo, interrumpiendo de forma clara la tendencia ascendente que venía registrando desde 1990, para, después, a partir de 2014, una vez pasados los años de crisis económica, retomar su senda creciente. Más recientemente, en el último año 2020, con la irrupción de la pandemia del COVID-19, el grado de dependencia energética vuelve a retroceder, unos tres puntos porcentuales respecto a 2019, como consecuencia de las medidas de restricciones a la actividad y movilidad adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria.

En un análisis por tipos, el petróleo y sus derivados, que son los productos energéticos más demandados, presentan la mayor tasa de dependencia exterior. En 2020 el 97% de su demanda ha tenido que ser importado de terceros países, porcentaje que supera el 93,1% registrado en 1990.

A continuación, para el gas natural, el segundo producto energético más demandado, la tasa de dependencia exterior es del 83,6% en 2020, muy superior a la que tenía en 1990 (51,8%).

Respecto a los combustibles fósiles sólidos, el tercer producto energético más demandado, en 2020 el 35,8% de su consumo ha sido cubierto a través de importaciones. Este porcentaje también supera el registrado en 1990 (18,7%).

Atendiendo a un análisis por países, los últimos datos disponibles de Eurostat nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de productos energéticos continúa siendo elevado en la mayoría de los países de la UE. Un total de 17 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2020.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones netas sobre su energía bruta disponible del 97,6%, Chipre (93,1%) y Luxemburgo (92,5%). A continuación les siguen Grecia (81,4%), Bélgica (78,1%), Lituania (74,9%), Italia (73,5%) e Irlanda (71,3%), entre otros.

Por el contrario, los países con un grado de dependencia exterior menor son Estonia (10,5%), Rumanía (28,2%), Suecia (33,5%), Bulgaria (35,9%) y República Checa (38,9%)

Desde una perspectiva temporal amplia, que abarca las tres últimas décadas (1990-2020), los Estados que más han aumentado su tasa de dependencia energética exterior han sido Países Bajos (de 23,7% a 68,1%), Polonia (de 0,9% a 42,8%) y República Checa (de 15,2% a 38,9%). En sentido contrario, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más su dependencia energética exterior durante el periodo analizado: Letonia (de 89,0% a 45,5%), Estonia (de 41,0% a 10,5%) y Bulgaria (de 63,4% a 37,9%).

Para más información:

Eurostat.

El Índice del Planeta Feliz (2021)

El Índice del Planeta Feliz (IPF), publicado en octubre de 2021 por Wellbeing Economy Alliance (WEALL), es un índice que persigue evaluar el nivel de bienestar sostenible global de los países del mundo.

Se postula como una medida alternativa al crecimiento del Producto Interior Bruto, ya que este objetivo, tan presente en la agenda de la mayoría de los gobiernos, adolece de serias carencias: no garantiza una vida mejor para todos; no refleja las desigualdades materiales; no valora correctamente aspectos importantes para las personas como son las relaciones sociales, la salud o el tiempo de ocio y, en absoluto, tiene en cuenta los límites físicos del planeta Tierra.

En suma, el IPF, como indicador del bienestar sostenible, trata de apoyar un cambio de paradigma en la forma de entender el “progreso”. Con el IPF los países han de ser capaces de responder mejor a la pregunta de si es posible vivir una buena vida sin necesidad de deteriorar el planeta.

El Índice de Planeta Feliz de la edición de 2021 se construye a partir de la combinación de tres componentes básicos que permiten conocer en qué medida los ciudadanos de los países del mundo están llevando una vida feliz, larga y sostenible. Son los siguientes:

Bienestar. El grado de satisfacción que sienten los ciudadanos con su vida. Toma un valor entre 0 y 10 de acuerdo con la Encuesta Mundial Gallup.

Esperanza de vida. El número de años que en promedio se espera que vivan las personas de cada país. Se basa en PNUD.

Huella ecológica. El impacto medio que cada ciudadano produce sobre el medio ambiente. Se expresa en hectáreas globales por persona, de acuerdo con Global Footprint Network.

Por lo tanto, tenderán a tener los IPF más altos aquellos países en los que sus ciudadanos declaran tener un mayor grado de bienestar, en los que la esperanza de vida es mayor y donde la huella ecológica por habitante es inferior.

Los resultados correspondientes al informe del año 2021, con datos de 2019 relativos a un total de 152 países del mundo evaluados, reflejan una significativa diferencia entre el IPF más alto (62,1) y el más bajo (24,3).

En la primera posición se sitúa Costa Rica (con un valor del IPF de 62,1). Con un nivel de bienestar y una esperanza de vida relativamente altos, que superan incluso a los de algunas naciones «ricas», y una huella ecológica inferior a la media, Costa Rica ha conseguido mantener su destacada posición a lo largo del tiempo.

A continuación, se encuentran como países con mayor Índice del Planeta Feliz los siguientes: Vanuatu, Colombia, Suiza, Ecuador, Panamá, Jamaica, Guatemala, Honduras, Uruguay, Nueva Zelanda y Filipinas.

En el otro extremo Catar es el país con menor valor del IPF (24,3). Se trata de un país que teniendo un PIB per capita muy superior al de Costa Rica, presenta una esperanza de vida similar y un nivel de bienestar algo inferior, además de ostentar la mayor huella ecológica de los 152 países del planeta evaluados.

Les siguen a Catar, como países con menores valores del índice, los siguientes: Mongolia, República Centroafricana, Lesoto, Zimbabue, Sierra Leona, Afganistán, Chad, Luxemburgo, Botsuana, Turkmenistán, Kuwait y Baréin.

IPF_2021_25 menos

Es de destacar, asimismo, que países llamados desarrollados como Islandia (puesto 52), Japón (58), Dinamarca (70), Australia (88), Canadá (105), Estados Unidos (122) o Luxemburgo (143) se encuentren alejados de las primeras posiciones del Índice del Planeta Feliz. En todos ellos los valores relativos al componente de huella ecológica resultaron ser significativamente altos (entre 4,7 y 12,6).

Para más información:

happyplanetindex.org

La dependencia de los combustibles fósiles en los países de la UE (1990-2019)

Al mismo tiempo, una menor dependencia del exterior de los combustibles fósiles se alinea con la sostenibilidad, al favorecer la transición hacia una economía basada en las energías renovables y baja en carbono.

Los objetivos de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático están estrechamente relacionados con el propósito de reducir el consumo de combustibles fósiles en sus diferentes tipos (petróleo, carbón, gas natural…).

Los últimos datos disponibles de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) nos confirman que el grado de dependencia de los combustibles fósiles continúa siendo elevado en el seno de los países de la Unión Europea. En el promedio de la UE-27, en el año 2019 los combustibles fósiles representan el 71,5% de la energía bruta disponible.

No obstante, también se observa que durante las últimas tres décadas la hegemonía de estos combustibles contaminantes en la energía total ha seguido una tendencia descendente. Así, según el organismo estadístico europeo, entre 1990 y 2019 el conjunto de la UE-27 (sin Reino Unido) ha visto reducir el porcentaje de combustibles fósiles sobre la energía bruta disponible en 10,9 puntos, desde el 82,4% hasta el 71,5%. Dicho descenso viene explicado en gran medida por la creciente implantación de las energías renovables.

En un análisis por países, en el año 2019, 24 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea tienen un grado de dependencia de los combustibles fósiles superior al 50% de su energía bruta disponible .

El país más dependiente energéticamente de los combustibles fósiles es el Estado insular de Malta, con un porcentaje sobre la energía bruta disponible del 96,7%. A continuación, le siguen Países Bajos (92,4%), Chipre (91,5%), Polonia (89,6%), Irlanda (88,9%) y Grecia (85,7%), entre otros.

Por el contrario, Suecia es el país comunitario con el menor grado de dependencia fósil, con el 31,8% de su energía disponible, seguido de Finlandia (42,8%) y Francia (49,6%). Estos tres países son los únicos de la UE que presentan porcentajes inferiores al 50%.

Considerando el conjunto del periodo 1990-2019, es de destacar que los 27 Estados de la UE han logrado reducir el consumo relativo de combustibles fósiles.

Las mayores disminuciones del peso de estos combustibles sobre el total de energía disponible se han dado en Estonia, Dinamarca, Rumanía y Letonia, con más de 20 p.p. de caídas en dicho periodo. En el otro extremo, los menores descensos de la participación energética de los combustibles fósiles se han registrado en Bélgica, Malta, España y Países Bajos, que sólo han rebajado entre 3 y 5 p.p la proporción de dichos combustibles durante 1990-2019.

Para más información:

Eurostat.

El índice de progreso social de la UE (2020)

Tradicionalmente la evaluación del progreso o desarrollo de los países ha estado vinculada al análisis de una única variable: el valor monetario de la producción de bienes y servicios, esto es, el conocido PIB (Producto Interior Bruto), bien en su versión de tasas de crecimiento, bien en términos relativos (PIB per cápita).

Existen, no obstante, enfoques alternativos, más recientes y menos conocidos, que, desde una visión holística y menos productivista, persiguen conocer de forma más realista la evolución del progreso de las sociedades, como el que promueve desde 2014 Social Progress Imperative, con su Índice de Progreso Social (IPS) a nivel mundial.

Tomando como marco general el IPS global, en el contexto europeo la Comisión ha liderado el Índice de Progreso Social Europeo (IPS-UE) que mide el progreso social de los países y regiones de la Unión. Para ello se ha valido de una amplia batería de indicadores sociales y medioambientales (55 en 2020), provistos en su mayoría por Eurostat.

Al igual que el IPS global, el IPS-UE parte de la siguiente definición de progreso social: «la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer los pilares que permitan a los ciudadanos y las comunidades mejorar y mantener la calidad de sus vidas y crear las condiciones para que todas las personas alcancen sus máximo potencial».

Esta definición de progreso se sustenta, por tanto, en tres dimensiones principales: las necesidades humanas básicas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades. Cada una de estas tres dimensiones del progreso social se concreta en cuatro componentes.

A partir de los indicadores simples seleccionados, que evalúan los doce componentes del progreso social, se construye el indicador compuesto del IPS-UE, cuyo valor oscila entre 0 (el peor resultado) y 100 (el resultado ideal). De esta forma, se consigue conocer la posición relativa del progreso social, y de sus tres dimensiones, que tiene un país o región europea respecto a los demás.

Tras una primera edición de 2016, los últimos datos del Índice de Progreso Social de la UE son los publicados en el año 2020. En una primera valoración de los resultados por países del IPS-UE de 2020, destacamos, a continuación, las siguientes conclusiones:

-El IPS para el conjunto de la UE-27 toma un valor de 66,7 en 2020.

-Por dimensiones del progreso social, los mejores resultados se obtienen en Necesidades humanas básicas (80,0). Le siguen, a continuación, las dimensiones de Fundamentos del bienestar (63,9) y Oportunidades (57,5).

-Existen diferencias marcadas en el progreso social entre los países de la UE. Las mayores divergencias se constatan en la dimensión de Oportunidades: 43,30 puntos separan el país mejor valorado del peor situado. La menor divergencia entre países se registra en la dimensión de Necesidades humanas básicas, con una distancia de 25,4o puntos.

-Por países, Finlandia, con 82,8, es el país de la UE con un Índice de Progreso Social más alto en 2020, seguido por Suecia (82,4) y Dinamarca (81,7).

-A continuación los siguientes siete países europeos también anotan valores del IPS superiores a 70: los Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Austria, Francia, Alemania y Estonia.

-En el extremo contrario, el menor nivel de progreso social dentro de la UE lo presenta Rumanía (47,9), seguido de Bulgaria (50,1).

-A continuación los cinco países siguientes también obtienen valores del IPS inferiores a 60: Grecia, Croacia, Hungría, Italia y Eslovaquia.

Para más información:

European Social Progress Index

El índice de progreso social mundial (2020)

Ha sentado cátedra, desde hace ya varias décadas, la corriente económica que defiende que la evaluación de los avances en el desarrollo de las naciones o territorios queda sintetizada en una única variable: el valor monetario de la producción de bienes y servicios, con sus diferentes versiones técnicas.

Bajo este pensamiento económico y político hegemónico se infiere que el indicador más adecuado para medir el desarrollo de un país o región es el PIB (Producto Interior Bruto), ya sea en forma dinámica (a través de sus tasas de crecimiento), ya sea en términos relativos (PIB per cápita).

Sin embargo, existen enfoques alternativos, más recientes y menos conocidos, que desde una visión holística y menos productivista incorporan en su medición del desarrollo otros indicadores más centrados en el bienestar, como el del Índice de Desarrollo Humano, que desde 1990 publica la ONU.

Otra de esas aproximaciones alternativas de evaluación del desarrollo más allá del PIB, es la que desde 2014 promueve Social Progress Imperative, con su Índice de Progreso Social (IPS).

El enfoque del IPS persigue conocer mejor el bienestar real de las sociedades; dar respuestas a las preguntas que importan a la gente, pero que el PIB no puede responder, como son las relacionadas, por ejemplo, con la satisfacción de las necesidades básicas, la calidad del medio ambiente y la justicia.

El punto de partida del IPS es la definición de progreso social que queda expresada en los siguientes términos: «la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer los pilares que permitan a los ciudadanos y las comunidades mejorar y mantener la calidad de sus vidas y crear las condiciones para que todas las personas alcancen sus máximo potencial». Esta definición de progreso se sustenta, por tanto, en tres dimensiones principales: las necesidades humanas básicas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades.

IPS_componentes — Fuente: socialprogress.org

Cada una de estas tres dimensiones del progreso social se materializa en cuatro componentes. Así, la dimensión de Necesidades humanas básicas incluye los componentes de nutrición y atención médica básica, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal. La segunda dimensión de Fundamentos del bienestar queda definida por los componentes de acceso al conocimiento, acceso a la información y comunicaciones, salud y calidad medioambiental. Finalmente, la dimensión de Oportunidades contiene los cuatro componentes siguientes: derechos personales, libertad y elección personal, inclusión y acceso a la educación superior.

A su vez los doce componentes del progreso social se concretan y evalúan mediante un conjunto de indicadores de resultados (unos 50 en 2020). A partir de estos indicadores simples se construye el indicador compuesto del IPS, cuya metodología se basa en el análisis de componentes principales. El valor del IPS abarca una escala de 0 a 100, permitiendo conocer la posición relativa del progreso social y sus tres dimensiones que tiene un país respecto a los demás. Asimismo, el IPS nos informa sobre si ha habido avances o retrocesos en cada país a lo largo del tiempo.

Los últimos datos del Índice de Progreso Social, publicados en el año 2020, nos aportan varias conclusiones generales relevantes:

-En promedio, el mundo ha mejorado en progreso social desde 2011 hasta 2020, (al pasar el valor del IPS de 60,63 a 64,24). Sin embargo, dicho progreso ha sido lento y desigual.

-Entre 2011 y 2020 el mundo ha mejorado en acceso a la información y comunicaciones, acceso a educación superior, vivienda y agua y saneamiento. Por el contrario, la población mundial ha retrocedido en derechos personales e inclusión, y se ha estancado en seguridad personal y calidad medioambiental.

-De los doce componentes del IPS de 2020 (64,24) el que obtiene una mayor puntuación es el de nutrición y atención médica básica (84,63), mientras que el peor resultado es el registrado por el componente de calidad medioambiental (36,87).

Finalmente, con una cobertura geográfica de 163 países del IPS, se concluye que en 2020 Noruega es el país que, con un IPS igual a 92,73, encabeza el ranking mundial. Le siguen, a continuación, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, Canadá, Australia, Islandia y los Países Bajos, en décimo lugar.

Por el contrario, en el otro extremo del ranking se sitúan países del continente africano como Sudán del Sur, Chad, República Centroafricana, Somalia, Burundi, Níger y República Democrática del Congo, con valores de IPS que no alcanzan a la mitad de los valores obtenidos por el grupo de países más aventajados en progreso social.

La relación que existe entre Índice de Progreso Social y el PIB per cápita es fuerte y positiva. Sin embargo, un análisis más detallado de dicha correlación nos muestra que el PIB per cápita no explica completamente el progreso social. Los países obtienen niveles dispares de progreso social a niveles similares de PIB per cápita. Asimismo, como expresa el informe de IPS 2020, para los países con niveles de PIB per cápita más bajos, pequeñas diferencias en este indicador se asocian con grandes mejoras en progreso social. Por el contrario, a medida que los países alcanzan altos niveles de PIB per cápita la tasa de cambio se ralentiza.

Para más información:

Social Progress Index

La medición del desarrollo: recomendaciones del Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi

Durante décadas en los ámbitos económico y político se ha concebido el Producto Interior Bruto (PIB) como la medida hegemónica para evaluar el desarrollo y el progreso de los países y regiones. Sin embargo, son evidentes, desde hace mucho tiempo, las serias limitaciones que este indicador presenta para tal propósito. Esta es una cuestión central porque si empleamos indicadores inadecuados, la toma de decisiones públicas puede llegar a producir los resultados menos convenientes. Sabemos también que existen medidas diferentes al PIB que son más apropiadas para evaluar el desarrollo y el progreso social.

Estas dos ideas básicas fueron defendidas por la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social, que nació en 2008 fruto del encargo del presidente de la República Francesa a un equipo de economistas y especialistas en ciencias sociales, encabezado por Joseph Stiglitz (Presidente), Amartya Sen (Consejero) y Jean-Paul Fitoussi (Coordinador).

Los resultados de los trabajos de la Comisión están recogidos en un Informe que incluye importantes recomendaciones sobre cómo evaluar el desarrollo a partir de tres enfoques diferenciados: bienestar material, calidad de vida y sostenibilidad.

I. Bienestar material.

El PIB ha venido utilizándose, con mucha frecuencia, como indicador de bienestar económico. Sin embargo, nos olvidamos de que el PIB es, específicamente, una medida del valor monetario de la producción de bienes y servicios que genera un país o territorio, que poco nos dice sobre cuál es el nivel del bienestar material del que disfruta la población. De hecho, es posible que el valor monetario de la producción aumente, mientras que los ingresos y el consumo de las personas decrecen. No podemos concluir, por tanto, que a más producción, mayor bienestar. Como expresa el Informe “el PIB no es erróneo en sí, sino que se emplea de forma errónea”.

En realidad, el nivel de bienestar económico de una sociedad está más estrechamente relacionado con otras variables como el ingreso nacional real, a nivel agregado, y el ingreso real y el consumo real de los hogares, a nivel microeconómico. El ingreso real por hogar, por ejemplo, nos aproxima más al bienestar material en tanto que tiene en cuenta otras variables como los impuestos abonados al Estado y las transferencias sociales percibidas, a las que habría que añadir, siendo rigurosos, los servicios públicos recibidos, como educación y sanidad.

Otra de las recomendaciones del Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi sobre el bienestar material se centra en la necesidad de tener en cuenta, además de los ingresos reales, el patrimonio de los hogares. Un aumento del consumo con cargo al patrimonio o riqueza puede aumentar el bienestar material actual, pero lo hace a costa de reducir el bienestar futuro.

Asimismo, la evaluación del bienestar material no debe dejar de lado la distribución. Las medidas de ingreso medio, consumo medio y riqueza media son insuficientes si no van acompañadas de indicadores que reflejen su distribución. Es importante conocer qué sucede en la parte inferior (pobreza) y la superior de la escala de distribución de estas variables, si queremos evaluar el bienestar de la sociedad.

Finalmente, se propone ampliar los indicadores de ingresos a las actividades no mercantiles, como las actividades domésticas y el tiempo de ocio.

II. Calidad de vida.

El bienestar entendido como calidad de vida es pluridimensional. Para aprehender el significado del bienestar social es necesario considerar simultáneamente las siguientes dimensiones:

Las condiciones de vida materiales (ingreso, consumo y riqueza).
La salud.
La educación.
Las actividades personales, y dentro de ellas el trabajo.
La participación en la vida política y la gobernanza.
Los lazos y relaciones sociales.
El medio ambiente (estado presente y futuro).
La seguridad, tanto económica como física.

Para todas estas dimensiones han de procurarse las medidas estadísticas más adecuadas, si realmente queremos conocer la calidad de vida de las personas.

El desarrollo y el progreso social es mucho más que el bienestar material que pueda proporcionar el PIB de una economía, el consumo de bienes producidos, el nivel de ingresos adquiridos o el patrimonio acumulado. Como señala el Informe, ha llegado la hora de que nuestro sistema estadístico se centre más en la medición del bienestar de la población que en la medición de la producción económica.

Además, el Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi recomienda que los indicadores proporcionen una evaluación exhaustiva de las desigualdades de la calidad de vida entre personas, categorías socioeconómicas, sexos y generaciones.

Finalmente, los necesarios indicadores objetivos de las distintas dimensiones del bienestar deberían ser complementados con mediciones subjetivas de la calidad de vida, realizadas a través de encuestas en las que se pregunte a las personas sobre la valoración que hacen de sus vidas, experiencias y prioridades.

III. Sostenibilidad.

Bajo el enfoque de la sostenibilidad, no es suficiente con evaluar el bienestar material y otras dimensiones de la calidad de vida, sino que es necesario llegar a conocer si el desarrollo es sostenible, esto es, si podría mantenerse (o en su caso aumentarse), para las generaciones futuras. Ello implica la necesidad de disponer de indicadores que nos informen sobre cómo se encuentran y varían (aumenta o disminuye) la cantidad y la calidad de los recursos naturales, así como del capital humano y físico.

Especial atención debe recibir la dimensión medioambiental de la sostenibilidad. Ante las patentes limitaciones que presenta la valoración del medio ambiente natural en términos monetarios, se recomienda el empleo de indicadores físicos que permitan advertirnos de cuándo nos acercamos a niveles peligrosos de amenaza, en especial cuando deriven en daños irreversibles al medio ambiente. Como expresa el propio Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi:

“…nos enfrentamos a una eminente crisis medioambiental, en particular al calentamiento del planeta. Los precios del mercado están falseados por la ausencia de impuestos sobre las emisiones de carbono y las mediciones clásicas del ingreso nacional no tienen en cuenta el coste de dichas emisiones. A todas luces, la medición del desarrollo económico que tuviese en cuenta dichos costes medioambientales sería sensiblemente diferente de las mediciones habituales”.

Para más información:

Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social. Síntesis y recomendaciones

La dependencia exterior de combustibles fósiles en los países de la UE (1990-2018)

Un aspecto estratégico de toda economía es procurar el máximo grado de soberanía energética, para hacerla menos vulnerable a problemas de provisión de recursos energéticos y a imprevistas fluctuaciones alcistas de los precios que repercutirán, en última instancia, sobre la capacidad adquisitiva de la población y el saldo comercial del país importador, entre otros efectos. Al mismo tiempo, una menor dependencia del exterior de los combustibles fósiles se alinea con la sostenibilidad, al favorecer la transición hacia una economía basada en las energías renovables y baja en carbono.

En el seno de la Unión Europea, aunque de forma aún insuficiente se han obtenido progresos en ámbitos como el de la implantación de las energías renovables y la intensidad energética de la economía. Sin embargo, aún sigue pesando mucho la presencia de combustibles fósiles y su dependencia del exterior.

Los últimos datos disponibles de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de combustibles fósiles continúa siendo elevado en los países de la UE, atendiendo al indicador de dependencia de importaciones energéticas que define dicho organismo estadístico como:

Así, según Eurostat entre 1990 y 2018 el conjunto de la UE27 (sin Reino Unido) ha visto aumentar su grado de dependencia exterior de combustibles fósiles desde el 50,1% hasta el 58,2%.

En un análisis por países, 17 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2018.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones sobre su energía bruta disponible del 97,8%, Luxemburgo (95,1%) y Chipre (92,5%). A continuación les siguen Bélgica (82,3%), Italia (76,3%), Portugal (75,6%), Lituania (74,2%), España (73,3%) y Grecia (70,7%), entre otros.

Por el contrario, los países con un grado de dependencia exterior menor son Estonia (0,7%), Dinamarca (23,7%), Rumanía (24,3%) y Suecia (29,2%).

Desde una perspectiva temporal durante el periodo 1990-2018 los tres Estados que más han aumentado su dependencia energética del exterior son Polonia (de 0,9% a 44,8%), los Países Bajos (de 23,7% a 59,7%) y República Checa (de 15,2% a 36,7%). En el otro extremo, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más durante el periodo 1990-2018 su dependencia de los combustibles que importan del exterior: Letonia (de 89,0% a 44,3%), Estonia (de 45,3% a 0,7%) y Bulgaria (de 63,4% a 36,4%).

Para más información:

Eurostat.

Evolución del consumo por habitante en la UE (1995-2018)

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A diferencia del indicador ampliamente conocido de PIB per cápita, que, refiriéndose a la actividad económica generada en un territorio relativizada por su población, persigue medir su nivel de desarrollo económico, el indicador de consumo individual efectivo viene empleándose como medida del bienestar material de los hogares.

Este indicador de bienestar queda definido por el consumo en bienes y servicios efectivamente realizado por los individuos, independientemente de si estos bienes y servicios son comprados y pagados por los hogares, por el Estado o por organizaciones sin ánimo de lucro. Dicho consumo se valora en euros (pps), para corregir las diferencias nacionales en los niveles de precios y permitir las comparaciones entre países.

Hay que destacar que este indicador no está exento de limitaciones, como también las tiene el PIB per cápita, en tanto que si no se profundiza en los tipos de bienes y servicios consumidos por los hogares, el hecho de equiparar consumo con bienestar material soslaya aspectos cualitativos que pueden ser de gran transcendencia tanto para el individuo y como para la colectividad.

Analizando los datos disponibles de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), correspondientes al periodo 1995-2018, se concluye que existe una amplia variabilidad del nivel de consumo por habitante entre países de la UE, si bien ha disminuido a lo largo del tiempo.

Asimismo, dicha dispersión del consumo individual entre países es menor que la observada con el indicador de PIB per cápita, donde la diferencia entre el país «más desarrollado» y el «menos desarrollado» es más amplia.

En un análisis por países, según los datos correspondientes al año 2018, diez Estados miembros de la UE-28 registran un consumo individual efectivo (CIE) superior a la media comunitaria.

Luxemburgo encabeza la UE-28 al presentar un CEI per cápita de 132, esto es, supera en un 32% la media de la Unión. Le siguen Alemania (121), Austria (116), Dinamarca (114), Reino Unido (113), Finlandia (112), los Países Bajos (112), Bélgica (111), Suecia (109) y Francia (107).

Por el contrario, 18 países de la UE-28 presentan un CEI per cápita inferior a la media. El menor consumo per cápita lo registra en 2018 Bulgaria (56), con un 44% inferior a la media comunitaria. Le siguen Croacia (63), Hungría (64), Letonia (70), Rumanía (70) y Estonia (74).

Gráfico_Consumo individual_Países UE

Para más información:

Eurostat

El progreso: más allá del PIB

4. Chambéry. Francia

En 2009 la Comisión de las Comunidades Europeas se pronunció sobre la inconveniencia de descansar todo el peso de la evaluación del progreso de las sociedades en único indicador: el Producto Interior Bruto (PIB). Así se expresó mediante la Comunicación «Más allá del PIB. Evaluación del progreso en un mundo cambiante».

El PIB es un agregado macroeconómico que cuantifica en términos monetarios el valor añadido que generan las actividades económicas que se realizan en un país o región durante un periodo de tiempo. Desde su creación en 1934 por Simon Kuznets, el PIB ha llegado a considerarse como el indicador por excelencia para conocer el progreso y el desarrollo de las sociedades.

Aunque el propio Kuznets advertía de las importantes limitaciones del PIB como indicador para medir el bienestar, estos inconvenientes se han dejado en un segundo plano y se ha conferido al PIB la máxima atención. De este modo se ha terminado aceptando que el objetivo prioritario de toda sociedad es procurar maximizar el crecimiento económico. En palabras de la propia Comisión:

«… por su concepción y propósito, no puede confiarse en él como referencia en todos los asuntos de debate político. De manera especial, el PIB no mide la sostenibilidad medioambiental o la inclusión social, y hay que tener en cuenta estas limitaciones cuando se utiliza en análisis y debates sobre las políticas».

De hecho no es ocasional que los ciudadanos sientan, por ejemplo, que, a pesar de que el PIB esté creciendo, su renta disponible y los servicios públicos disminuyen. Al igual que la tasa de desempleo o la inflación, el PIB es un «indicador resumen» de cuestiones importantes para la sociedad. «Sin embargo, su objetivo no es reflejar dónde nos encontramos en relación a asuntos tales como el medio ambiente o las desigualdades».

Ante esta situación, la Comisión plantea en su Comunicación la necesidad de avanzar en el empleo de otros indicadores que permitan evaluar mejor el progreso de las sociedades. Estas son sus principales propuestas:

Medio ambiente.

-Elaboración de un indicador de presión ambiental, que refleje «la contaminación y otros efectos nocivos para el medio ambiente dentro del territorio de la UE para evaluar los resultados de los esfuerzos de protección medioambiental». Este indicador comprenderá las principales preocupaciones de la política medioambiental: cambio climático y energía, naturaleza y biodiversidad, contaminación atmosférica y salud, uso y contaminación del agua, residuos y utilización de recursos.

-Desarrollar un indicador global sobre la calidad medioambiental.

-Establecer indicadores que reflejen el impacto medioambiental fuera del territorio de la UE.

Calidad de vida y bienestar.

-Indicadores sobre la renta, los servicios públicos, la salud, el ocio, la riqueza, la movilidad, entorno limpio…

Distribución y desigualdades

En palabras de la Comisión:

«…la distribución es un tema que provoca una atención creciente. Por ejemplo, puede ocurrir que el PIB per cápita esté aumentando y, pese a ello, el número de personas en riesgo de pobreza aumente también. (…) Las políticas que afectan a la cohesión social tienen que medir tanto las desigualdades como datos agregados tales como el PIB o el PIB per cápita».

-Indicadores sobre las disparidades de renta y en particular sobre la situación en la parte inferior de la escala de ingresos.

-Indicadores de educación, salud, esperanza de vida y varios aspectos no monetarios de la exclusión social.

-Indicadores sobre la igualdad de acceso a una vivienda de calidad, el transporte y otros servicios de infraestructuras que son esenciales para participar activamente en la sociedad.

Desarrollo sostenible.

-Elaboración de un cuadro de indicadores de desarrollo sostenible.

Tiene como objetivo clave respetar los límites de los recursos naturales del planeta, es decir, la capacidad finita de la naturaleza para proporcionar recursos renovables y para absorber contaminantes. En este cuadro, por tanto, se determinan y actualizan los valores umbrales de la sostenibilidad medioambiental.

Contabilidad económica, social y ambiental integrada.

Las estadísticas macroeconómicas de la UE, de las que se derivan indicadores como el PIB, se basan en el Sistema Europeo de Cuentas. La contabilidad económica deberá completarse e integrarse con la contabilidad social y ambiental:

«Como base para la elaboración coherente de políticas, se necesita una estructura de datos que incluya de forma sistemática temas medioambientales y sociales junto con los económicos».

Respecto a la integración de la contabilidad económica y ambiental, la Comisión pretende avanzar en los siguientes ámbitos:

-Cuentas de flujo físico sobre las emisiones a la atmósfera (emisiones de gases de efecto invernadero) y sobre el consumo de materiales.

-Cuentas monetarias sobre la protección, los gastos y los impuestos ambientales.

-Cuentas ambientales físicas en relación con el consumo de energía y la producción y tratamiento de residuos.

-Cuentas monetarias para las subvenciones relacionadas con el medio ambiente.

-Cuentas ambientales relacionadas con el patrimonio natural (bosques, peces…).

-Valoración monetaria de los costes del daño medioambiental causado o que se haya evitado.

Para más información:

Comisión de las Comunidades Europeas: COM(2009) 433 final