La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2019)

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Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

La fiscalidad ambiental implica la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012). Con los impuestos ambientales se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, al incorporar en el coste de aquellas actividades insostenibles también sus costes medioambientales que, de lo contrario, permanecerían “no visibles”, sin contabilizar en el precio final. De este modo el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen su comportamiento para que sea más respetuoso con el medio ambiente.

Las ventajas que ofrecen los impuestos ambientales son diversas, entre las que podemos señalar las siguientes: a) favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles), b) contribuyen a un mayor empleo del transporte sostenible, c) fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente, d) reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas, e) desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables y f) refuerzan la lucha contra el cambio climático.

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

“Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes“.

Durante los últimos 25 años se han extendido los impuestos ambientales que, en sus diversos tipos, han venido aplicando en el seno de la Unión Europea los Estados miembros. Es hora de hacer balance y profundizar en las evaluaciones sobre la aplicación de este tipo de impuestos.

En una primera evaluación es de especial interés conocer si la fiscalidad verde ha ganado peso en la política tributaria de los países. Para ello, analizamos cómo se ha comportado la recaudación de los diferentes impuestos ambientales, cómo ha evolucionado la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación en función de la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2019 se recaudó en la UE-27 un total de 330.577 millones de euros en concepto de impuestos ambientales. De este total la mayor parte (el 77,9%) fueron ingresos por impuestos sobre la energía. A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,9%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (3,2%).

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En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,91% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2019. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,37%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2019, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE, a la luz del análisis de la evolución de la presión fiscal ambiental registrada durante dicho periodo.

El porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,58% de 1995 hasta el 2,37% en el último año de 2019. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Por tipos de impuestos, la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 1,98% en 1995 a 1,84% en 2019. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,52% al 0,45%, mientras que los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantiene su presión fiscal en el 0,08% en el periodo analizado.

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En un análisis por países son destacables las diferencias que se detectan dentro de la UE-27 en relación con la importancia dada a la fiscalidad verde. Así, en el año 2019 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación relativa por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 3,86%. Le siguen, en orden descendente, Croacia (3,54%), Países Bajos (3,39%), Eslovenia (3,32%), Italia (3,28%) y Dinamarca (3,27%).

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (1,41% en 2019), seguido de Luxemburgo (1,72%), Eslovaquia (1,79%), Alemania (1,77%), España (1,77%) y Lituania (1,89%).

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En resumen, durante el periodo 1995-2019 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (14 de 27), permaneciendo igual en tres y aumentando en diez. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Estonia (+2,3 p.p. entre 1995 y 2019), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-1,6 p.p.).

Para más información: 

Eurostat

Los impuestos ambientales en España (2008-2019)

La fiscalidad verde constituye un importante instrumento de política pública cuyo objetivo principal es orientar la producción y el consumo hacia una asignación eficiente de los recursos naturales, fomentando comportamientos de los agentes económicos menos extractivos y no contaminantes. Con la adecuada aplicación de impuestos ambientales es posible favorecer una mayor calidad del medioambiente, gravando, por ejemplo, las emisiones de CO2 a la atmósfera, la generación de residuos, los combustibles fósiles y el transporte no sostenible.

Dicho instrumento fiscal conlleva ingresos para las arcas públicas como resultado de la aplicación de diferentes tipos de impuestos ambientales, en un determinado territorio, que son definidos como “aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medioambiente” (de acuerdo con la definición oficial que emplea el INE).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la extensión de la aplicación de impuestos ambientales para mitigar el cambio climático y desincentivar la producción y consumo insostenibles. La política fiscal de los Estados debería, en consecuencia, tender a otorgar un mayor peso a la recaudación por la vía de este tipo de tributos.

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los datos avance del año 2019 muestran que la recaudación de los impuestos ambientales ascendió a 22.050 millones de euros. En términos relativos, dicha cuantía representa el 7,9% del total de impuestos de la economía española. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se situó en el 1,77% en 2019.

Por tipos de impuestos ambientales, destacan, con diferencia, los impuestos sobre la energía, con el 82,2% del total. Les siguen los impuestos sobre el transporte, con el 13,4%, y, en tercer lugar, los impuestos sobre la contaminación y los recursos, con el 4,4% restante.

Por ramas de actividad y hogares, fueron los hogares los que abonaron más impuestos ambientales en 2019, en concreto, unos 11.801 millones euros, esto es, el 53,5% del total, frente al 46,5% que fue pagado por la actividad productiva.

Respecto a la actividad productiva, las ramas económicas que pagaron más impuestos ambientales fueron Transporte y almacenamiento, con el 15,5% del total, e Industria manufacturera (9,8%). Les siguen las ramas de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua (6,9%); Otros servicios (6,3%); Comercio (4,5%); Construcción (1,9%); Industrias extractivas (0,8%) y Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (0,8%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2008-2019 los impuestos ambientales han aumentado un 21,3%, al pasar de 18.179 a 22.050 millones de euros (en precios corrientes).

Por tipos de impuestos dicho crecimiento ha resultado ser desigual. Se han incrementado los ingresos de los impuestos sobre la contaminación y los recursos un 311,4% y, en menor medida, los de los impuestos sobre la energía (los de mayor peso), un 25,4%. Por el contrario, se ha reducido la recaudación de los impuestos sobre el transporte en un 15,2% durante dicho periodo.

Finalmente, para conocer mejor la evolución de la importancia real de la fiscalidad ambiental en España, es de especial interés analizar la recaudación en términos relativos, es decir, sobre la evolución de la actividad económica (PIB). De este modo, se observa que la recaudación fiscal ambiental sobre el PIB ha aumentado desde el 1,64% en 2008 hasta el 1,77% en 2019. No obstante, hay que hacer constar que en 2015 dicho indicador llegó a alcanzar el 1,93% para, a continuación, entrar en una tendencia de continuo descenso, año tras año, que perdura hasta la actualidad.

Para más información:

INE.

La medición del desarrollo: recomendaciones del Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi

Durante décadas en los ámbitos económico y político se ha concebido el Producto Interior Bruto (PIB) como la medida hegemónica para evaluar el desarrollo y el progreso de los países y regiones. Sin embargo, son evidentes, desde hace mucho tiempo, las serias limitaciones que este indicador presenta para tal propósito. Esta es una cuestión central porque si empleamos indicadores inadecuados, la toma de decisiones públicas puede llegar a producir los resultados menos convenientes. Sabemos también que existen medidas diferentes al PIB que son más apropiadas para evaluar el desarrollo y el progreso social.

Estas dos ideas básicas fueron defendidas por la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social, que nació en 2008 fruto del encargo del presidente de la República Francesa a un equipo de economistas y especialistas en ciencias sociales, encabezado por Joseph Stiglitz (Presidente), Amartya Sen (Consejero) y Jean-Paul Fitoussi (Coordinador).

Los resultados de los trabajos de la Comisión están recogidos en un Informe que incluye importantes recomendaciones sobre cómo evaluar el desarrollo a partir de tres enfoques diferenciados: bienestar material, calidad de vida y sostenibilidad.

I. Bienestar material.

El PIB ha venido utilizándose, con mucha frecuencia, como indicador de bienestar económico. Sin embargo, nos olvidamos de que el PIB es, específicamente, una medida del valor monetario de la producción de bienes y servicios que genera un país o territorio, que poco nos dice sobre cuál es el nivel del bienestar material del que disfruta la población. De hecho, es posible que el valor monetario de la producción aumente, mientras que los ingresos y el consumo de las personas decrecen. No podemos concluir, por tanto, que a más producción, mayor bienestar. Como expresa el Informe “el PIB no es erróneo en sí, sino que se emplea de forma errónea”.

En realidad, el nivel de bienestar económico de una sociedad está más estrechamente relacionado con otras variables como el ingreso nacional real, a nivel agregado, y el ingreso real y el consumo real de los hogares, a nivel microeconómico. El ingreso real por hogar, por ejemplo, nos aproxima más al bienestar material en tanto que tiene en cuenta otras variables como los impuestos abonados al Estado y las transferencias sociales percibidas, a las que habría que añadir, siendo rigurosos, los servicios públicos recibidos, como educación y sanidad.

Otra de las recomendaciones del Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi sobre el bienestar material se centra en la necesidad de tener en cuenta, además de los ingresos reales, el patrimonio de los hogares. Un aumento del consumo con cargo al patrimonio o riqueza puede aumentar el bienestar material actual, pero lo hace a costa de reducir el bienestar futuro.

Asimismo, la evaluación del bienestar material no debe dejar de lado la distribución. Las medidas de ingreso medio, consumo medio y riqueza media son insuficientes si no van acompañadas de indicadores que reflejen su distribución. Es importante conocer qué sucede en la parte inferior (pobreza) y la superior de la escala de distribución de estas variables, si queremos evaluar el bienestar de la sociedad.

Finalmente, se propone ampliar los indicadores de ingresos a las actividades no mercantiles, como las actividades domésticas y el tiempo de ocio.

II. Calidad de vida.

El bienestar entendido como calidad de vida es pluridimensional. Para aprehender el significado del bienestar social es necesario considerar simultáneamente las siguientes dimensiones:

  • Las condiciones de vida materiales (ingreso, consumo y riqueza).
  • La salud.
  • La educación.
  • Las actividades personales, y dentro de ellas el trabajo.
  • La participación en la vida política y la gobernanza.
  • Los lazos y relaciones sociales.
  • El medio ambiente (estado presente y futuro).
  • La seguridad, tanto económica como física.

Para todas estas dimensiones han de procurarse las medidas estadísticas más adecuadas, si realmente queremos conocer la calidad de vida de las personas.

El desarrollo y el progreso social es mucho más que el bienestar material que pueda proporcionar el PIB de una economía, el consumo de bienes producidos, el nivel de ingresos adquiridos o el patrimonio acumulado. Como señala el Informe, ha llegado la hora de que nuestro sistema estadístico se centre más en la medición del bienestar de la población que en la medición de la producción económica.

Además, el Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi recomienda que los indicadores proporcionen una evaluación exhaustiva de las desigualdades de la calidad de vida entre personas, categorías socioeconómicas, sexos y generaciones.

Finalmente, los necesarios indicadores objetivos de las distintas dimensiones del bienestar deberían ser complementados con mediciones subjetivas de la calidad de vida, realizadas a través de encuestas en las que se pregunte a las personas sobre la valoración que hacen de sus vidas, experiencias y prioridades.

III. Sostenibilidad.

Bajo el enfoque de la sostenibilidad, no es suficiente con evaluar el bienestar material y otras dimensiones de la calidad de vida, sino que es necesario llegar a conocer si el desarrollo es sostenible, esto es, si podría mantenerse (o en su caso aumentarse), para las generaciones futuras. Ello implica la necesidad de disponer de indicadores que nos informen sobre cómo se encuentran y varían (aumenta o disminuye) la cantidad y la calidad de los recursos naturales, así como del capital humano y físico.

Especial atención debe recibir la dimensión medioambiental de la sostenibilidad. Ante las patentes limitaciones que presenta la valoración del medio ambiente natural en términos monetarios, se recomienda el empleo de indicadores físicos que permitan advertirnos de cuándo nos acercamos a niveles peligrosos de amenaza, en especial cuando deriven en daños irreversibles al medio ambiente. Como expresa el propio Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi:

“…nos enfrentamos a una eminente crisis medioambiental, en particular al calentamiento del planeta. Los precios del mercado están falseados por la ausencia de impuestos sobre las emisiones de carbono y las mediciones clásicas del ingreso nacional no tienen en cuenta el coste de dichas emisiones. A todas luces, la medición del desarrollo económico que tuviese en cuenta dichos costes medioambientales sería sensiblemente diferente de las mediciones habituales”.

Para más información:

Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social. Síntesis y recomendaciones

Una cita con el desarrollo sostenible y la voz de Greta Thunberg

Isla de S. Miguel, Azores

Con 16 años, la activista sueca contra el cambio climático Greta Thunberg pronunció un discurso ante el Consejo Económico y Social de la Unión Europea durante el evento “Civil Society for rEUnaissance” (Bruselas, 21 de febrero de 2019).

Sus palabras fueron una llamada a la responsabilidad para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París de 2015, una exhortación a los dirigentes políticos para que hagan sus deberes en defensa del desarrollo sostenible, tal como se recoge en el siguiente extracto:

“Una vez que uno ha hecho sus deberes, se da cuenta de que necesitamos una nueva política, necesitamos una nueva economía en la que todo se base en el presupuesto de carbono, que es extremadamente limitado y disminuye rápidamente.

Pero eso no es suficiente. Necesitamos una forma de pensar completamente nueva. El sistema político que ustedes han creado se basa en la competencia. Engañan cuando pueden, porque lo único que importa es ganar, obtener el poder. Eso debe terminar, debemos dejar de competir unos contra otros, necesitamos cooperar y trabajar juntos, y compartir de forma justa los recursos del planeta. Necesitamos empezar a vivir dentro de los límites del planeta, centrarnos en la equidad y retroceder algunos pasos por el bien de todas las especies vivas. Necesitamos proteger la biosfera, el aire, los océanos, el suelo, los bosques”.

Para leer más:

Greta Thunberg: “You’re acting like spoiled irresponsible children”

Greta Thunberg: Cambiemos el mundo. Penguin, Barcelona, 2019.

Los 16 principios de la Carta de la Tierra: asignatura pendiente

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Han transcurrido dos décadas desde que en marzo de 2000 fuera aprobada en la sede de la UNESCO en París la Carta de la Tierra. Es un documento, tan imprescindible como poco conocido, que está lleno de principios orientadores para la vida en armonía dentro de nuestro hogar común, el planeta Tierra.

En su preámbulo la Carta de la Tierra proclama que vivimos en un mundo cada vez más interdependiente y frágil, lo que comporta grandes riesgos y promesas. Nos recuerda, asimismo, que somos una sola familia humana con un destino común. Tenemos el deber de “unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura en paz”.

El contenido de la Carta de la Tierra abarca cuatro ámbitos de actuación: I) respeto y cuidado de la comunidad de la vida, II) integridad ecológica, III) justicia social y económica y IV) democracia, no violencia y paz. Estos cuatro ámbitos se desarrollan a través de la defensa de 16 principios básicos, que son los siguientes:

I. Respeto y cuidado de la comunidad de la vida

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.

2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.

3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas.

4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras.

II. Integridad ecológica

5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida.

6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y, cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución.

7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario.

8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido.

III. Justicia social y económica

9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.

10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.

11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica.

12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías.

IV. Democracia, no violencia y paz

13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia.

14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible.

15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración.

16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.

En suma, la Carta de la Tierra es un llamamiento a la transformación de la sociedad para hacerla más justa, pacífica y sostenible.

Para leer más:

Carta de la Tierra

La Carta Mundial de la Naturaleza: convicciones fundamentales

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En el año 1982 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Carta Mundial de la Naturaleza. Se trata de un documento que aunque no vincula jurídicamente sí conlleva una obligación moral incuestionable para los Estados firmantes y para la humanidad en su conjunto. 

Ya desde su preámbulo en la Carta se exponen unas convicciones fundamentales que son el reconocimiento expreso de la necesaria armonía que ha de existir entre el hombre y la naturaleza, así como de la imperiosa defensa de las diversas formas de vida. Son ideas que devienen cada vez más prioritarias a la vista de la evolución que ha tomado el planeta durante todos estos años.

1. Somos parte de la naturaleza

“La especie humana es parte de la naturaleza y la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales que son fuente de energía y de materia nutritivas”

2. Las raíces de la civilización

“La civilización tiene sus raíces en la naturaleza, que moldeó la cultura humana e influyó en todas las obras artísticas y científicas, (…) la vida en armonía con la naturaleza ofrece al hombre posibilidades óptimas para desarrollar su capacidad creativa, descansar y ocupar su tiempo libre”

3. La vida es única

“Toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre, y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código de acción moral”

4. La acción humana

“El hombre, por sus actos o las consecuencias de éstos, dispone de los medios para transformar a la naturaleza y agotar sus recursos y, por ello, debe reconocer cabalmente la urgencia que reviste mantener el equilibrio y la calidad de la naturaleza y conservar los recursos naturales”

5. Biodiversidad y sobreexplotación

“Los beneficios duraderos que se pueden obtener de la naturaleza dependen de la protección de los procesos ecológicos y los sistemas esenciales para la supervivencia y de la diversidad de las formas de vida, las cuales quedan en peligro cuando el hombre procede a la explotación excesiva o destruye los hábitats naturales”

6. Naturaleza y paz

“La competencia por acaparar recursos escasos es causa de conflictos, mientras que la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales contribuye a la justicia y el mantenimiento de la paz…”

7. Sostenibilidad

“El hombre debe adquirir los conocimientos necesarios a fin de mantener y desarrollar su aptitud para utilizar los recursos naturales en forma tal que se preserven las especies y los ecosistemas en beneficio de las generaciones presentes y futuras”

Tras estas convicciones básicas la Carta Mundial de la Naturaleza se desarrolla en 24 artículos, que se estructuran en principios generales de conservación, en funciones y en la aplicación de los principios.

Para más información:

Carta Mundial de la Naturaleza. 28 de octubre de 1982

Evaluando los avances en economía circular dentro de la Unión Europea

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La Comisión Europea adoptó en 2015 una Comunicación que daba pasos importantes en el camino hacia una economía más circular: “Cerrar el circulo: un plan de acción de la UE para la economía circular”.

Con las medidas establecidas en dicho plan de acción se opta por una economía en la que se persiguen dos objetivos principales: 1. Mantener durante el mayor tiempo posible el valor que poseen los productos, los materiales y los recursos, de modo que se ahorran materias primas al dejar de ser extraídas de la corteza terrestre, y 2. Reducir al mínimo posible la generación de todo tipo de residuos. El cumplimiento de ambos objetivos sostendrían una economía caracterizada por una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

Para evaluar los avances alcanzados en la UE en su senda de fomento de la economía circular, se cuenta como indicador con la tasa de uso circular de los materiales (tasa de circularidad).

Dicha tasa se mide en porcentaje, expresado como la proporción de materiales recuperados y retrointroducidos en la economía, lo que evita la extracción de materias primas, sobre el total de materiales con uso general. Define, por tanto, la relación que existe entre el uso circular de materiales y el uso general de materiales(*).

Un valor de tasa de circularidad más alto indica que hay más materiales secundarios que sustituyen las materias primas extraíbles, es decir, que evitan los impactos ambientales de la extracción de materiales primarios.

Según los datos elaborados por la Oficina Estadística de la UE (Eurostat) en el año 2016 (último dato disponible) la tasa de circularidad en la UE-28 fue del 11,7%. Ello significa que del total de los recursos materiales que se utilizaron en la UE en dicho año el 11,7% provino de productos reciclados y materiales que han sido recuperados.

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2004-2016 la tasa de circularidad se ha incrementado en el conjunto de la UE-28 desde el 8,3% hasta el 11,7%. Dicho incremento se ha debido principalmente al menor consumo de materias primas (materiales de la construcción, combustibles fósiles), mientras que el reciclaje sólo se ha incrementado ligeramente.

En general, durante estos doce años transcurridos se han producido avances, si bien cabe significar que han sido claramente insuficientes (3,4 puntos porcentuales), habiéndose observado, asimismo, un cierto estancamiento durante los últimos años del periodo analizado.

Hay que recordar la necesaria distinción entre la tasa de circularidad, que tiene un alcance material más amplio, y la tasa de reciclaje, que toma un valor muy superior (el 45,6% en residuos municipales en la UE en 2016) al referirse únicamente a los residuos que se recuperan.

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Por países se detectan diferencias importantes respecto a la tasa de circularidad. Así, en el último año 2016 los mayores registros se observan en Países Bajos (29,0%), Francia (19,4%), Bélgica (18,9%), Reino Unido (17,2%) e Italia (17,1%).

Por el contrario, las menores tasas de circularidad las presentan Grecia (1,3%), Rumanía (1,5%), Irlanda (1,7%), Portugal (2,1%) y Chipre (2,3%).

Estas importantes divergencias entre los países de la UE-28 se deben, según Eurostat, a la cantidad de residuos que se recicla en cada país y a factores estructurales de las propias economías nacionales. Así, las economías que tienen mayores importaciones de materiales (incluyendo los combustibles fósiles) y mayores extracciones interiores de materiales (relacionadas con minería, construcción, etc.) son las que presentan menores tasas de circularidad.

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(*) El uso general de materiales se mide sumando el consumo agregado de materiales domésticos y el uso circular de materiales. El primero queda definido en las cuentas de flujos de materiales para toda la economía. Por su parte, el uso circular de materiales se aproxima por la cantidad de residuos reciclados en las plantas de recuperación doméstica, menos los residuos importados destinados a la recuperación, más los residuos exportados destinados a la recuperación en el extranjero.

Para más información:

Eurostat

Oslo, Capital Verde Europea de 2019

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Oslo, Noruega

Con una población de unos 660.000 habitantes, la capital noruega de Oslo disfruta de una ubicación privilegiada en proximidad a la naturaleza, encontrándose rodeada por el fiordo Oslofjord y el Bosque de Marka protegido a nivel nacional.

Pero, en realidad, ha sido un conjunto de hechos y propuestas lo que ha permitido que Oslo haya recibido el reconocimiento de Capital Verde Europea 2019, un título que otorga cada año la Comisión Europea para premiar los esfuerzos de las ciudades en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible.

La propuesta de la capital noruega, así como las de trece ciudades europeas más, han tenido que pasar por un proceso técnico de evaluación que ha puntuado doce dimensiones medioambientales principales. En un ranking de 1 a 14, estas son las posiciones que obtuvo Oslo en cada una de las doce dimensiones que han sido valoradas a través de sus correspondientes indicadores:

1. Mitigación y adaptación al cambio climático. 1ª posición.
2. Transporte local. 1ª posición.
3. Áreas urbanas verdes que incorporan el uso sostenible del suelo. 2ª posición.
4. Naturaleza y biodiversidad. 1ª posición.
5. Calidad del aire ambiental. 1ª posición.
6. Calidad del ambiente acústico. 1ª posición.
7. Producción y gestión de residuos. 1ª posición.
8. Gestión del agua. 6ª posición.
9. Gestión de las aguas residuales. 7ª posición.
10. Eco-innovación y empleo sostenible. 1ª posición.
11. Rendimiento energético. 1ª posición.
12. Gestión medioambiental integrada. 1ª posición.

A continuación se exponen los avances medioambientales conseguidos y las propuestas sostenibles más relevantes a las que se ha comprometido la ciudad de Oslo, merecedora de la distinción europea:

  • En su lucha contra cambio climático, Oslo se ha propuesto unos objetivos ambiciosos: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 hasta un 50% en 2020, un 95% en 2030 y, finalmente, llegar a ser neutral en el año 2050. Para ello cuenta con una estrategia integrada (Climate Budget) que consiste en 42 medidas que actúan en los ámbitos de la energía y el medio construido, los recursos y el transporte.
  • En materia de transporte, la ciudad de Oslo se ha convertido en la capital mundial del vehículo eléctrico, alcanzando en los últimos años los coches eléctricos e híbridos más del 30% de todas las ventas de coches nuevos. Para 2030 el 100% de la flota será de vehículos eléctricos. Asimismo, la ciudad ha aplicado medidas en apoyo del transporte público y la bicicleta, a la que se suman otras de aumento de tasas y eliminación de espacios para desalentar el uso del transporte privado.
  • Oslo conecta el uso sostenible del suelo a una visión de ciudad compacta, en la que se disponga de infraestructuras adecuadas y estén integrados aspectos como la movilidad, la gestión de las aguas pluviales y el ocio.
  • Respecto a naturaleza y biodiversidad, la ciudad cuenta con un número significativo de áreas protegidas local y nacionalmente. La población de Oslo es muy consciente del patrimonio natural con el que cuenta. Es de destacar la restauración ecológica llevada a cabo en la extensa red de vías fluviales de la ciudad.
  • En materia de calidad del aire, Oslo cuenta con planes para reducir los niveles de NOx, que incluyen, entre otras medidas, intervenciones en el tráfico rodado, la introducción de una zona de baja emisión y hacer toda la flota de transporte público libre de combustibles fósiles en 2020.
  • En producción y gestión de residuos, Oslo se ha comprometido a aumentar la tasa de reciclaje hasta el 50% en 2020. Se propone, asimismo, la transición hacia un enfoque de economía circular y unas estrategias de reducción de los residuos de alimentos y de consumo y contratación pública verde. La ciudad cuenta con un sistema de tratamiento de residuos altamente desarrollado e integrado (plantas de aprovechamiento energético, biogás, compostaje, clasificación y de residuos peligrosos).
  • En el ámbito energético, destaca la prohibición del combustible fósil en la calefacción de todos los edificios para el año 2020, reemplazándolo por energías renovables. Igualmente, es relevante la propuesta de electrificación masiva del transporte en la ciudad.

Oslo Key Performance Indicators EGCA 2019

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Fuente: Technical Assessment Synopsis Report ‐ European Green Capital Award 2019, RPS (2017).

Para más información:

EGCA Technical Assessment Synopsis Report – Award Cycle 2019

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La Carta Mundial del Turismo Sostenible de 2015 (ST+20)

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En 2015 la Carta Mundial del Turismo Sostenible (ST+20), adoptada en Vitoria-Gasteiz (España), viene a recordar y reiterar, veinte años después, la validez de los principios expresados en la Carta Mundial del Turismo Sostenible de 1995.

Como expresa en sus párrafos preliminares, el desarrollo turístico provoca determinados efectos negativos, relacionados con la destrucción de los recursos naturales y culturales, los desequilibrios y desigualdades sociales, y la corrupción y el soborno en todas sus formas.

Ante estas preocupaciones el turismo, entre otras funciones:

  • Ha de asegurar la protección y la integridad de nuestro patrimonio común, material e inmaterial.
  • Debe ser compatible con la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad.
  • Debe reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, para responder de forma activa y urgente al cambio climático.
  • Puede contribuir a luchar contra la pobreza, proteger la naturaleza y el medio ambiente, y promover el desarrollo sostenible, dado que se trata de una actividad transversal.
  • Debe asegurar la implantación de patrones de consumo y producción sostenibles a lo largo de toda la cadena de servicios y actividades.
  • Es un sector económico prometedor de desarrollo, especialmente para los países en desarrollo, y clave para apoyar la transición hacia economías verdes.
  • Debe adoptar tecnologías y modos de gestión que procuren la eficiencia en el uso de los recursos, en particular agua y energía.
  • Debe evitar la generación de residuos y la contaminación.
  • Debe aprovechar las TICs para construir un turismo inteligente, responsable y creativo.

De forma complementaria, la Carta (ST+20) establece una serie de llamamientos a la acción de todos los agentes implicados en el desarrollo turístico:

  • Los gobiernos y organizaciones internacionales.
  • Los destinos y comunidades locales.
  • La industria del turismo.
  • Los consumidores.
  • Los investigadores, desarrolladores y formadores.
  • Las Redes y ONGs.

Así, por ejemplo, entre todos los llamamientos expresados en ST+20, podemos destacar los siguientes:

A los gobiernos y organizaciones internacionales.

“Integrar la sostenibilidad en las políticas, estrategias, operaciones y planes de turismo nacionales, regionales e internacionales, cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas”.

A los destinos y comunidades locales:

“Considerar la capacidad de carga de los destinos, no sólo en el caso de los sitios naturales, sino también en las zonas urbanas, especialmente cuando la calidad de vida de los residentes puede verse comprometida”.

A la industria del turismo:

“Contribuir a la creación, desarrollo e implantación de productos y servicios turísticos sostenibles que fomenten el uso respetuoso del patrimonio natural y cultural, y que transmitan los valores del destino y su identidad a través de la experiencia turística”.

A los consumidores:

“Escoger los productos y servicios más sostenibles frente a las otras opciones menos sostenibles”.

 

Para más información:

Carta Mundial del Turismo Sostenible (ST+20)

 

España y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2018)

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Fuente: SDN y Bertelsmann Stiftung: SDG Index and Dashboards Report 2018.

En 2015 Naciones Unidas puso en marcha la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con el fin de conocer su grado de cumplimiento, se dispone del índice ODS que permite evaluar los progresos en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que van alcanzando los países del planeta.

En su edición de 2018 el Informe de SDN y Bertelsmann Stiftung (SDG Index and Dashboards Report 2018) nos revela que de un total de 156 países del mundo para los que se ha contado con datos suficientes, España toma la posición 25 en términos de cumplimiento global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030.  Para dicho año 2018 el valor del índice ODS de España se cifra en 75,4 sobre un máximo de 100.

En un análisis más pormenorizado del índice ODS, los resultados obtenidos por objetivos muestran que para 5 de los 17 ODS España se sitúa entre los 25 países del planeta con mayor puntuación.

Así, los mejores resultados relativos, en un contexto mundial, los alcanza España en los siguientes ODS:

  • Energía asequible y no contaminante (ODS7), para el que se sitúa en la posición  número 12, con un valor de 90,6 sobre 100.
  • Salud y bienestar (ODS3), objetivo para el que España se encuentra en el puesto número 15 (valor 93,8).
  • Igualdad de género (ODS5), en la posición 16 (valor 82,6).
  • Ciudades y comunidades sostenibles (ODS11), en el puesto número 17 (valor 87,9).
  • Industria, innovación e infraestructura (ODS9), para el que toma la posición 23 (valor 67,9).

Por el contrario, los objetivos para los que España toma los peores resultados relativos son los siguientes:

  • Producción y consumo responsables (ODS12) que, con un valor de 61,2 sobre 100, hace que España se sitúe en la posición 119 a nivel mundial respecto a este ODS.
  • Vida submarina (ODS14), objetivo para el que, con un valor de 47,5, toma la posición 104.
  • Alianzas para lograr los objetivos, con un valor de 55,0, que sitúa a España también en la posición 104.
  • Vida de ecosistemas terrestres (ODS15) para el que, con un valor de 56,6, toma la posición 98.
  • Fin de la pobreza (ODS 1), objetivo que, aun tomando un valor de 98,7, coloca a España en la posición número 76 a nivel mundial.

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De forma complementaria al índice ODS, del que se concluye que España se encuentra en el grupo de países que presentan una situación relativa alta en el contexto mundial respecto al cumplimiento de la Agenda 2030, el informe de 2018 aporta también un análisis de panel de los ODS que valora el mayor o menor grado de cumplimiento de cada Objetivo, así como su tendencia, mediante una asignación de colores (verde, amarillo, naranja y rojo).

De la evaluación del panel de los ODS de España se pueden extraer las siguientes conclusiones principales:

  • España no ha cumplido aún ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ausencia de ODS en color verde).
  • Para cinco objetivos (en color amarillo), España presenta aún algunos retos que resolver, si bien, en general, se encuentra en la senda de alcanzar los valores deseados para 2030: Fin de la pobreza (ODS1), Salud y bienestar (ODS3), Igualdad de género (ODS5), Agua limpia y saneamiento (ODS6) y Energía asequible y no contaminante (ODS7).
  • De los 17 ODS, en ocho (con color naranja)  España afronta retos significativos para llegar a cumplir con la Agenda 2030. Son los siguientes: Hambre cero -que abarca también lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible- (ODS2); Educación de calidad (ODS4); Trabajo decente y crecimiento económico (ODS8); Reducción de las desigualdades (ODS10); Ciudades y comunidades sostenibles (ODS11); Vida de ecosistemas terrestres (ODS15); Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS16), y Alianzas para lograr los objetivos (ODS17).
  • Finalmente, en cuatro ODS (en rojo) España se enfrenta a los mayores retos para cumplir con la Agenda 2030: Industria, innovación e infraestructura (ODS9), Producción y consumo responsables (ODS12), Acción por el clima (ODS13) y Vida submarina (ODS14).

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Fuente: SDN y Bertelsmann Stiftung: SDG Index and Dashboards Report 2018.

Asimismo, en un análisis de tendencia, la ficha de los ODS de España nos revela que este país está mostrando, según los últimos datos disponibles, una tendencia favorable en el cumplimiento de cinco objetivos de la Agenda 2030: salud y bienestar, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, y acción por el clima. Por el contrario, se advierte de que España está retrocediendo respecto a los objetivos de reducción de la desigualdades y de alianzas para lograr los ODS.

Para más información:

2018 SDG Index and Dashboards