Los impuestos ambientales en España (2008-2021)

La fiscalidad ambiental constituye un importante instrumento de política pública. Su objetivo principal es orientar la producción y el consumo hacia una asignación eficiente de los recursos naturales, fomentando comportamientos de los agentes económicos menos extractivos y no contaminantes. Con la adecuada aplicación de los impuestos ambientales es posible favorecer una mayor calidad del medioambiente, gravando, por ejemplo, las emisiones de CO2 a la atmósfera, la generación de residuos, los combustibles fósiles y el transporte no sostenible.

Dicho instrumento fiscal conlleva ingresos para las arcas públicas como resultado de la aplicación de un conjunto de impuestos ambientales, en un determinado territorio, que son definidos como “aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medioambiente” (de acuerdo con la definición oficial que emplea el INE).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la extensión de la aplicación de impuestos ambientales para mitigar el cambio climático y desincentivar la producción y consumo insostenibles. La política fiscal de los Estados debería, en consecuencia, tender a otorgar un mayor peso a la recaudación por la vía de este tipo de tributos.

En el caso de España, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos permiten conocer la importancia que la esfera pública otorga a la fiscalidad verde en este país. Según los datos avance del año 2021 la recaudación de los impuestos ambientales ascendió a 21.265 millones de euros. En términos relativos, dicha cuantía representa el 7,2% del total de impuestos de la economía española. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se situó en el 1,76% en 2021.

Los impuestos ambientales se suelen agrupar en tres grandes tipos. Destacan, en primer lugar, con diferencia, los impuestos sobre la energía, cuya recaudación concentra el 82,0% de la recaudación fiscal verde española. Se trata, básicamente, del Impuesto sobre Hidrocarburos y del Impuesto sobre la Electricidad.

Les siguen, en segundo lugar, los impuestos sobre el transporte, con el 13,1% de la recaudación de todos los impuestos ambientales en 2021, materializada a través de dos tributos básicos: el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Finalmente, el grupo de los impuestos sobre la contaminación y los recursos, recauda el 4,9% restante de la recaudación de carácter ambiental en España.

Por sectores, en 2021 los hogares abonaron un total de 9.449 millones euros, esto es, el 44,4% de la recaudación ambiental total de España, frente al 55,6% que fue aportado por la actividad productiva.

Respecto a la actividad productiva, la rama económica que abonó más impuestos ambientales en 2021 fue Transporte y almacenamiento, con el 17,0% del total. Les siguen las ramas de Industria manufacturera (10,6%); Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua (10,6%); Otros servicios (6,3%); Comercio (5,5%); Construcción (2,0%); Suministro de agua actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (1,4%); Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (1,3%) e Industrias extractivas (0,9%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2008-2021 los impuestos ambientales han aumentado un 17,0%, al pasar de 18.179 a 21.265 millones de euros (en precios corrientes).

Por tipos de impuestos la recaudación ha sido desigual. Se han incrementado los ingresos procedentes de los impuestos sobre la contaminación y los recursos un 341,8% y, en menor medida, los de los impuestos sobre la energía (los de mayor peso), un 20,6%. Por el contrario, se ha reducido la recaudación de los impuestos sobre el transporte en un 20,2% durante dicho periodo.

En términos relativos, si analizamos la participación de los impuestos ambientales sobre el total de impuestos de España, se observa que durante el periodo 2008-2021 han perdido peso.

La recaudación ambiental ha pasado de representar el 8,10% de la recaudación total en 2008 al 7,20% en 2021. De hecho, como se aprecia en el siguiente gráfico, los impuestos ambientales han perdido protagonismo en la estructura fiscal española, dibujando una tendencia de continuo descenso desde el año 2015 hasta hoy.

Finalmente, como indicador complementario para conocer mejor la evolución de la importancia real de este tipo de impuestos en España, se ha calculado la presión fiscal ambiental, es decir, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB). De este modo, se concluye que la recaudación fiscal ambiental sobre el PIB español ha aumentado desde el 1,64% en 2008 hasta el 1,76% en 2021. No obstante, se constata que en 2015 dicho indicador llegó a alcanzar el 1,93%, su máximo, para, a continuación, entrar en una tendencia descendente, año tras año, que perdura hasta 2020 y apenas se recupera en 2021.

Para más información:

INE.

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El verdadero economista, en palabras de Herman Daly

Desde hace varias décadas el crecimiento económico viene rigiendo en la sociedad como la máxima prioridad para lograr la prosperidad de los países. Se ha llegado a instaurar como verdad indiscutible que lo prioritario para el bienestar de la población es aumentar cada año la producción de bienes y servicios, es decir, el Producto Interior Bruto (PIB).

Sin embargo, economistas como Herman E. Daly (1938-2022), reconocido, entre otros, con el Premio Right Livelihood, han aportado una visión más completa de la realidad económica, realidad que según este economista ecológico no puede entenderse sino como un subsistema del ecosistema que lo sostiene.

Para Daly todo economista que pretenda defender el objetivo del crecimiento del PIB como indicador supremo debe hacerse al menos dos preguntas previas.

En primer lugar, parece evidente que si se conviene en perseguir el objetivo el crecimiento económico, el economista debería conocer a priori cuál ha de ser la magnitud óptima de ese crecimiento, es decir, cuán grande ha de ser la economía. Lo cierto es que, en la práctica, esta pregunta nunca se plantea.

Y, en segundo lugar, el verdadero economista no solo debe estudiar de una economía los flujos de bienes y servicios que se producen sino también todos los flujos de materiales y energía procedentes del medio ambiente que se emplean en el proceso económico, así como todos los residuos y emisiones que genera. Si llevásemos a cabo una contabilización completa, evaluando los beneficios de la producción frente a los costes ambientales y sociales que la misma provoca, el objetivo del crecimiento económico dejaría de ostentar ese papel hegemónico que aún posee como indicador de prosperidad.

“¿Cuán grande debería ser la economía, cuál es su magnitud óptima en relación al ecosistema? Si fuésemos verdaderos economistas, detendríamos el crecimiento del flujo de materiales antes de que los costes ambientales y sociales extra que genera sean mayores que los beneficios extra de la producción que obtienen. El PIB no nos ayuda a encontrar este punto, pues está basado en conjuntar tanto los costes como los beneficios dentro de la ‘actividad económica’, en lugar de compararlos al margen. Hay abundante evidencia de que algunos países han soprepasado esta magnitud óptima, y han entrado en una era de crecimiento no económico o antieconómico que acumula despilfarro a un ritmo mayor del que genera riqueza. Una vez que el crecimiento se torna no económico en el margen, comienza a volvernos más pobres, no más ricos. De ahí que no se pueda seguir apelando a él como algo necesario para combatir la pobreza. En realidad, hace más difícil combatir la pobreza”.

Para leer más:

Herman E. Daly: «Prólogo» a Prosperidad sin crecimiento, de T. Jackson (2011).

Herman E. Daly: Beyond Growth. The economics of sustainable development. Bacon Press, Boston, 1996.

El uso circular de los materiales en la UE (2000-2020)

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La Comisión Europea adoptó en 2015 una Comunicación que daba pasos importantes en el camino hacia una economía más circular: «Cerrar el circulo: un plan de acción de la UE para la economía circular».

Con las medidas establecidas en dicho plan de acción se opta por una economía en la que se persiguen dos objetivos principales:

  1. Mantener durante el mayor tiempo posible el valor que poseen los productos, los materiales y los recursos, de modo que se ahorran materias primas al dejar de ser extraídas de la corteza terrestre.
  2. Reducir al mínimo posible la generación de todo tipo de residuos.

El cumplimiento de ambos objetivos facilitaría el desarrollo de una economía más eficiente en el uso de los recursos.

Para evaluar los avances alcanzados en la UE en su senda de fomento de la economía circular, se dispone, como indicador principal, de la tasa de uso de material circular (tasa de circularidad), que elabora la Oficina Estadística de la UE (Eurostat)

Dicha tasa, expresada en porcentaje, mide la proporción de materiales recuperados y reintroducidos en la economía sobre el total de materiales con uso general. La tasa de circularidad define, por tanto, la relación que existe entre el uso circular de materiales y el uso general de materiales(*).

Un valor de tasa de circularidad más alto indica que hay más materiales secundarios que sustituyen materias primas extraíbles, evitando así los impactos ambientales que supone la extracción de dichos materiales finitos de la naturaleza para fabricar productos o generar energía.

Según los datos de Eurostat, en el año 2020 (último dato disponible) la tasa de circularidad en la UE-27 fue del 12,8%. Ello significa que del total de los recursos materiales que se utilizaron en la UE en dicho año el 12,8% provino de productos reciclados y materiales que han sido recuperados.

Es destacable, además, que el valor que toma la tasa de circularidad difiere de forma significativa según el tipo de materiales considerados. Así, en 2020 los metales son los materiales que toman la mayor tasa de circularidad (25,3%), seguidos por los minerales no metálicos (15,8%). Por el contrario, las menores tasas de circularidad corresponden a los combustibles fósiles (3,2%) y a la biomasa (9,6%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2004-2020 la tasa de circularidad se ha incrementado en el conjunto de la UE-27 desde el 8,3% hasta el 12,8%. Ello supone, por tanto, un avance de 4,5 puntos porcentuales (p.p.) en dicho periodo de tiempo, es decir, apenas casi 3 décimas porcentuales por año desde 2004.

G_Tasa Circularidad_UE_2004_2020

Por países se constata que la tasa de circularidad presenta diferencias muy significativas en el seno de la UE. Así, en el último año 2020 los mayores porcentajes se registraron en Países Bajos (30,9%), Bélgica (23,0%), Francia (22,2%), Italia (21,6%) y Estonia (17,3%).

Por el contrario, las menores tasas de circularidad correspondieron a Rumanía (1,3%), Irlanda (1,8%), Portugal (2,2%), Bulgaria (2,6%) y Chipre (3,4%).

Estas importantes divergencias entre los países de la UE-27 se deben, según Eurostat, a la cantidad de residuos que se recicla en cada país y a factores estructurales de las propias economías nacionales. Así, las economías que tienen mayores importaciones de materiales (incluyendo los combustibles fósiles) y mayores extracciones interiores de materiales (relacionadas con minería, construcción, etc.) son las que presentan menores tasas de circularidad.

G_Tasa circularidad_Países UE_2020

Además, la evolución de la tasa de circularidad de los países ha sido muy dispar durante el periodo 2004-2020. Por un lado, destacan por sus mayores avances países como Italia, que aumenta su tasa en 10,1 p.p., Bélgica (+10,0 p.p.), Estonia (8.5 p.p.) y República Checa (8,1 p.p.). Por el contrario, seis países de la UE han retrocedido en su tasa de circularidad durante dicho periodo, presentando los mayores descensos Luxemburgo (-10,5 p.p.), Finlandia (-7,3 p.p.) y Rumanía (-2,2 p.p.).

(*) El uso general de materiales se mide sumando el consumo agregado de materiales domésticos y el uso circular de materiales. El primero queda definido en las cuentas de flujos de materiales para toda la economía. Por su parte, el uso circular de materiales se aproxima por la cantidad de residuos reciclados en las plantas de recuperación doméstica, menos los residuos importados destinados a la recuperación, más los residuos exportados destinados a la recuperación en el extranjero.

Para más información:

Eurostat

El Índice del Planeta Feliz (2021)

Costa Rica.

El Índice del Planeta Feliz (IPF), publicado en octubre de 2021 por Wellbeing Economy Alliance (WEALL), es un índice que persigue evaluar el nivel de bienestar sostenible global de los países del mundo.

Se postula como una medida alternativa al crecimiento del Producto Interior Bruto, ya que este objetivo, tan presente en la agenda de la mayoría de los gobiernos, adolece de serias carencias: no garantiza una vida mejor para todos; no refleja las desigualdades materiales; no valora correctamente aspectos importantes para las personas como son las relaciones sociales, la salud o el tiempo de ocio y, en absoluto, tiene en cuenta los límites físicos del planeta Tierra.

En suma, el IPF, como indicador del bienestar sostenible, trata de apoyar un cambio de paradigma en la forma de entender el “progreso”. Con el IPF los países han de ser capaces de responder mejor a la pregunta de si es posible vivir una buena vida sin necesidad de deteriorar el planeta.

El Índice de Planeta Feliz de la edición de 2021 se construye a partir de la combinación de tres componentes básicos que permiten conocer en qué medida los ciudadanos de los países del mundo están llevando una vida feliz, larga y sostenible. Son los siguientes:

Bienestar. El grado de satisfacción que sienten los ciudadanos con su vida. Toma un valor entre 0 y 10 de acuerdo con la Encuesta Mundial Gallup.

Esperanza de vida. El número de años que en promedio se espera que vivan las personas de cada país. Se basa en PNUD.

Huella ecológica. El impacto medio que cada ciudadano produce sobre el medio ambiente. Se expresa en hectáreas globales por persona, de acuerdo con Global Footprint Network.

Por lo tanto, tenderán a tener los IPF más altos aquellos países en los que sus ciudadanos declaran tener un mayor grado de bienestar, en los que la esperanza de vida es mayor y donde la huella ecológica por habitante es inferior.

Los resultados correspondientes al informe del año 2021, con datos de 2019 relativos a un total de 152 países del mundo evaluados, reflejan una significativa diferencia entre el IPF más alto (62,1) y el más bajo (24,3).

En la primera posición se sitúa Costa Rica (con un valor del IPF de 62,1). Con un nivel de bienestar y una esperanza de vida relativamente altos, que superan incluso a los de algunas naciones «ricas», y una huella ecológica inferior a la media, Costa Rica ha conseguido mantener su destacada posición a lo largo del tiempo.

A continuación, se encuentran como países con mayor Índice del Planeta Feliz los siguientes: Vanuatu, Colombia, Suiza, Ecuador, Panamá, Jamaica, Guatemala, Honduras, Uruguay, Nueva Zelanda y Filipinas.

En el otro extremo Catar es el país con menor valor del IPF (24,3). Se trata de un país que teniendo un PIB per capita muy superior al de Costa Rica, presenta una esperanza de vida similar y un nivel de bienestar algo inferior, además de ostentar la mayor huella ecológica de los 152 países del planeta evaluados.

Les siguen a Catar, como países con menores valores del índice, los siguientes: Mongolia, República Centroafricana, Lesoto, Zimbabue, Sierra Leona, Afganistán, Chad, Luxemburgo, Botsuana, Turkmenistán, Kuwait y Baréin.

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Es de destacar, asimismo, que países llamados desarrollados como Islandia (puesto 52), Japón (58), Dinamarca (70), Australia (88), Canadá (105), Estados Unidos (122) o Luxemburgo (143) se encuentren alejados de las primeras posiciones del Índice del Planeta Feliz. En todos ellos los valores relativos al componente de huella ecológica resultaron ser significativamente altos (entre 4,7 y 12,6).

Para más información:

happyplanetindex.org

España y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2021

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Fuente: SDSN y Bertelsmann Stiftung: Sustainable Development Report 2021.

En 2015 Naciones Unidas puso en marcha la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con el fin de conocer su grado de cumplimiento, se dispone del índice ODS que permite evaluar los progresos en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que van alcanzando los países del planeta.

En su edición de 2021 el Informe de SDN y Bertelsmann Stiftung (Sustainable Development Report 2021) nos revela que de un total de 165 países del mundo para los que se ha contado con datos suficientes, España toma la posición 20 en términos de cumplimiento global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. Para dicho año 2021 el valor del índice ODS de España se cifra en 79,5 sobre un máximo de 100.

En un análisis más pormenorizado del índice ODS, los resultados obtenidos por objetivos muestran que para 6 de los 17 ODS España se sitúa entre los 25 países del planeta con mayor puntuación.

Así, los mejores resultados relativos, en un contexto mundial, los alcanza España en los siguientes ODS:

  • Igualdad de género (ODS5), para el que se sitúa en la posición número 8, con un valor de 85,8 sobre 100.
  • Salud y bienestar (ODS3), objetivo para el que España se encuentra en el puesto número 12 (valor 94,1).
  • Energía asequible y no contaminante (ODS7), en la posición  número 13 (valor de 95,0).
  • Ciudades y comunidades sostenibles (ODS11), en el puesto número 17 (valor 91,5).
  • Industria, innovación e infraestructura (ODS9), para el que toma la posición 20 (valor 86,9).
  • Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS16), para el que toma la posición 24 (valor 83,0).

Por el contrario, los Objetivos para los que España toma los peores resultados relativos son los siguientes:

  • Producción y consumo responsables (ODS12) que, con un valor de 63,1 sobre 100, hace que España se sitúe en la posición 129 a nivel mundial respecto a este ODS.
  • Acción por el clima (ODS 13), objetivo, que tomando un valor de 77,0, coloca a España en la posición número 114 a nivel mundial.
  • Vida submarina (ODS14), objetivo para el que, con un valor de 52,2, toma la posición 107.
  • Vida de ecosistemas terrestres (ODS15) para el que, con un valor de 66,5, toma la posición 75.
  • Alianzas para lograr los objetivos, con un valor de 60,8, que sitúa a España en la posición 74.

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De forma complementaria al índice ODS el informe de 2021 aporta también un análisis de panel que valora el mayor o menor grado de cumplimiento de cada Objetivo, así como su tendencia, mediante una asignación de colores (verde, amarillo, naranja y rojo).

De la evaluación del panel de los ODS de España se pueden extraer las siguientes conclusiones principales:

  • España no ha cumplido aún ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ausencia de ODS en color verde).
  • Para ocho objetivos (en color amarillo), España presenta aún algunos retos que resolver, si bien, en general, se encuentra en la senda de alcanzar los valores deseados para 2030: Fin de la pobreza (ODS1), Salud y bienestar (ODS3), Educación de calidad (ODS4), Igualdad de género (ODS5), Agua limpia y saneamiento (ODS6), Energía asequible y no contaminante (ODS7), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS11) y Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS16).
  • De los 17 ODS, seis (con color naranja) España afronta retos significativos para llegar a cumplir con la Agenda 2030. Son los siguientes:  Trabajo decente y crecimiento económico (ODS8); Industria, innovación e infraestructura (ODS9); Reducción de las desigualdades (ODS10);  Producción y consumo responsables (ODS12); Vida submarina (ODS14), y Alianzas para lograr los objetivos (ODS17).
  • Finalmente, en tres ODS (en rojo) España se enfrenta a los mayores retos para cumplir con la Agenda 2030: Hambre cero -que abarca también lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible- (ODS2), Acción por el clima (ODS13) y Vida de ecosistemas terrestres (ODS15).

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Fuente: SDSN y Bertelsmann Stiftung: Sustainable Development Report 2021.

Asimismo, en un análisis de tendencia, la ficha de los ODS de España nos revela que este país está mostrando, según los últimos datos disponibles, una tendencia favorable en el cumplimiento de seis objetivos de la Agenda 2030: Fin de la pobreza, Salud y bienestar, Igualdad de género, Agua limpia y saneamiento, Trabajo decente y crecimiento económico, y Paz, justicia e instituciones sólidas. Por el contrario, el panel nos advierte de que España está retrocediendo respecto al Objetivo de Vida de ecosistemas terrestres, y se ha estancando en otros como los de Reducción de las desigualdades y Vida submarina.

Para más información:

Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2021). The Decade of Action for the Sustainable Development Goals: Sustainable Development Report 2021. Cambridge: Cambridge University

Las emisiones de gases de efecto invernadero de los hogares de la UE (2010-2019)

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GIE) causantes, en gran medida, de la crisis climática actual que sufre el planeta proceden, principalmente, del desarrollo de diversas actividades económicas (industria manufacturera, producción de electricidad, agricultura, ganadería, transporte, construcción…). Además, no hay que olvidar que las actividades desarrolladas por los hogares también son fuente de emisión de GEI.

En el contexto de la Unión Europea (UE-27) las emisiones de GEI de los hogares representaron en 2019 el 19,8% de total de emisiones frente al 80,2% generado por las actividades de los diferentes sectores económicos.

Si analizamos en concreto las actividades realizadas dentro de los hogares (calefacción, aire acondicionado, cocina…) los datos apuntan a una paulatina mejoría de la eficiencia energética y a un menor empleo de los combustibles fósiles en la medida en que se constata que se han reducido los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera por los hogares durante los últimos años.

Así, de acuerdo con la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en la UE-27 dichas emisiones de GEI de los hogares han descendido desde las 406,5 toneladas de CO2 equivalente del año 2010 hasta las 299,1 de 2019. Ello supone, por tanto, una caída acumulada del 26,4%, lo que muestra el mejor comportamiento relativo de los hogares en comparación con la evolución del conjunto de las actividades que emiten GEI en la UE-27, cuya reducción fue del 12,8% en dicho periodo de 2010-2019.

Si analizamos la evolución de las emisiones de los hogares, en términos relativos, por habitante, en la UE-27 se emitieron 669 kg de CO2 equivalente per cápita en el año 2019. Este dato también apunta una mejoría respecto a 2010, cuando dicha ratio se cifró en 922 kg/habitante, de modo que se ha producido una reducción del 27,4% en dicho periodo.

Sin desdeñar estos avances en la lucha contra el cambio climático, la realidad actual sigue siendo mejorable, presentándose aún importantes diferencias entre los países que conforman la Unión Europea.

En 2019 tres países excedían con mucho el promedio de emisiones de 669 kg de CO2 equivalente per cápita de la Unión Europea: Luxemburgo (1.662 kg/hab.), Bélgica (1.244) e Irlanda (1.236). A continuación, otros países que emitieron más del 25% del valor promedio europeo son Polonia, Países Bajos, República Checa y Alemania.

Por el contrario, los hogares de la UE que emitieron, con diferencia, menos GEI per cápita son los pertenecientes a Suecia (35 kg de CO2 equivalente/hab.) y Malta (96). Les sigue un grupo de nueve países que también destacan por presentar una ratio de emisiones que es menos de la mitad del promedio europeo: Finlandia, Portugal, Letonia, Bulgaria, Rumanía, Estonia, España y Lituania.

Finalmente, es de resaltar, desde un enfoque dinámico, que, durante el periodo analizado (2010-2019), 22 de los 27 países de la UE han conseguido reducir los GEI emitidos a la atmósfera por las actividades realizadas en las viviendas, significándose los mayores descensos porcentuales en Suecia (-62,8%), Finlandia (-47,8%) y Eslovenia (-44,9%).

Para más información:

Eurostat

La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2019)

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Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

La fiscalidad ambiental implica la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012). Con los impuestos ambientales se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, al incorporar en el coste de aquellas actividades insostenibles también sus costes medioambientales que, de lo contrario, permanecerían “no visibles”, sin contabilizar en el precio final. De este modo el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen su comportamiento para que sea más respetuoso con el medio ambiente.

Las ventajas que ofrecen los impuestos ambientales son diversas, entre las que podemos señalar las siguientes: a) favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles), b) contribuyen a un mayor empleo del transporte sostenible, c) fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente, d) reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas, e) desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables y f) refuerzan la lucha contra el cambio climático.

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

«Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes«.

Durante los últimos 25 años se han extendido los impuestos ambientales que, en sus diversos tipos, han venido aplicando en el seno de la Unión Europea los Estados miembros. Es hora de hacer balance y profundizar en las evaluaciones sobre la aplicación de este tipo de impuestos.

En una primera evaluación es de especial interés conocer si la fiscalidad verde ha ganado peso en la política tributaria de los países. Para ello, analizamos cómo se ha comportado la recaudación de los diferentes impuestos ambientales, cómo ha evolucionado la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación en función de la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2019 se recaudó en la UE-27 un total de 330.577 millones de euros en concepto de impuestos ambientales. De este total la mayor parte (el 77,9%) fueron ingresos por impuestos sobre la energía. A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,9%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (3,2%).

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En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,91% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2019. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,37%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2019, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE, a la luz del análisis de la evolución de la presión fiscal ambiental registrada durante dicho periodo.

El porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,58% de 1995 hasta el 2,37% en el último año de 2019. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Por tipos de impuestos, la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 1,98% en 1995 a 1,84% en 2019. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,52% al 0,45%, mientras que los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantiene su presión fiscal en el 0,08% en el periodo analizado.

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En un análisis por países son destacables las diferencias que se detectan dentro de la UE-27 en relación con la importancia dada a la fiscalidad verde. Así, en el año 2019 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación relativa por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 3,86%. Le siguen, en orden descendente, Croacia (3,54%), Países Bajos (3,39%), Eslovenia (3,32%), Italia (3,28%) y Dinamarca (3,27%).

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (1,41% en 2019), seguido de Luxemburgo (1,72%), Eslovaquia (1,79%), Alemania (1,77%), España (1,77%) y Lituania (1,89%).

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En resumen, durante el periodo 1995-2019 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (14 de 27), permaneciendo igual en tres y aumentando en diez. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Estonia (+2,3 p.p. entre 1995 y 2019), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-1,6 p.p.).

Para más información: 

Eurostat

Los impuestos ambientales en España (2008-2019)

La fiscalidad verde constituye un importante instrumento de política pública cuyo objetivo principal es orientar la producción y el consumo hacia una asignación eficiente de los recursos naturales, fomentando comportamientos de los agentes económicos menos extractivos y no contaminantes. Con la adecuada aplicación de impuestos ambientales es posible favorecer una mayor calidad del medioambiente, gravando, por ejemplo, las emisiones de CO2 a la atmósfera, la generación de residuos, los combustibles fósiles y el transporte no sostenible.

Dicho instrumento fiscal conlleva ingresos para las arcas públicas como resultado de la aplicación de diferentes tipos de impuestos ambientales, en un determinado territorio, que son definidos como “aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medioambiente” (de acuerdo con la definición oficial que emplea el INE).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la extensión de la aplicación de impuestos ambientales para mitigar el cambio climático y desincentivar la producción y consumo insostenibles. La política fiscal de los Estados debería, en consecuencia, tender a otorgar un mayor peso a la recaudación por la vía de este tipo de tributos.

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los datos avance del año 2019 muestran que la recaudación de los impuestos ambientales ascendió a 22.050 millones de euros. En términos relativos, dicha cuantía representa el 7,9% del total de impuestos de la economía española. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se situó en el 1,77% en 2019.

Por tipos de impuestos ambientales, destacan, con diferencia, los impuestos sobre la energía, con el 82,2% del total. Les siguen los impuestos sobre el transporte, con el 13,4%, y, en tercer lugar, los impuestos sobre la contaminación y los recursos, con el 4,4% restante.

Por ramas de actividad y hogares, fueron los hogares los que abonaron más impuestos ambientales en 2019, en concreto, unos 11.801 millones euros, esto es, el 53,5% del total, frente al 46,5% que fue pagado por la actividad productiva.

Respecto a la actividad productiva, las ramas económicas que pagaron más impuestos ambientales fueron Transporte y almacenamiento, con el 15,5% del total, e Industria manufacturera (9,8%). Les siguen las ramas de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua (6,9%); Otros servicios (6,3%); Comercio (4,5%); Construcción (1,9%); Industrias extractivas (0,8%) y Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (0,8%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2008-2019 los impuestos ambientales han aumentado un 21,3%, al pasar de 18.179 a 22.050 millones de euros (en precios corrientes).

Por tipos de impuestos dicho crecimiento ha resultado ser desigual. Se han incrementado los ingresos de los impuestos sobre la contaminación y los recursos un 311,4% y, en menor medida, los de los impuestos sobre la energía (los de mayor peso), un 25,4%. Por el contrario, se ha reducido la recaudación de los impuestos sobre el transporte en un 15,2% durante dicho periodo.

Finalmente, para conocer mejor la evolución de la importancia real de la fiscalidad ambiental en España, es de especial interés analizar la recaudación en términos relativos, es decir, sobre la evolución de la actividad económica (PIB). De este modo, se observa que la recaudación fiscal ambiental sobre el PIB ha aumentado desde el 1,64% en 2008 hasta el 1,77% en 2019. No obstante, hay que hacer constar que en 2015 dicho indicador llegó a alcanzar el 1,93% para, a continuación, entrar en una tendencia de continuo descenso, año tras año, que perdura hasta la actualidad.

Para más información:

INE.

La medición del desarrollo: recomendaciones del Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi

Durante décadas en los ámbitos económico y político se ha concebido el Producto Interior Bruto (PIB) como la medida hegemónica para evaluar el desarrollo y el progreso de los países y regiones. Sin embargo, son evidentes, desde hace mucho tiempo, las serias limitaciones que este indicador presenta para tal propósito. Esta es una cuestión central porque si empleamos indicadores inadecuados, la toma de decisiones públicas puede llegar a producir los resultados menos convenientes. Sabemos también que existen medidas diferentes al PIB que son más apropiadas para evaluar el desarrollo y el progreso social.

Estas dos ideas básicas fueron defendidas por la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social, que nació en 2008 fruto del encargo del presidente de la República Francesa a un equipo de economistas y especialistas en ciencias sociales, encabezado por Joseph Stiglitz (Presidente), Amartya Sen (Consejero) y Jean-Paul Fitoussi (Coordinador).

Los resultados de los trabajos de la Comisión están recogidos en un Informe que incluye importantes recomendaciones sobre cómo evaluar el desarrollo a partir de tres enfoques diferenciados: bienestar material, calidad de vida y sostenibilidad.

I. Bienestar material.

El PIB ha venido utilizándose, con mucha frecuencia, como indicador de bienestar económico. Sin embargo, nos olvidamos de que el PIB es, específicamente, una medida del valor monetario de la producción de bienes y servicios que genera un país o territorio, que poco nos dice sobre cuál es el nivel del bienestar material del que disfruta la población. De hecho, es posible que el valor monetario de la producción aumente, mientras que los ingresos y el consumo de las personas decrecen. No podemos concluir, por tanto, que a más producción, mayor bienestar. Como expresa el Informe “el PIB no es erróneo en sí, sino que se emplea de forma errónea”.

En realidad, el nivel de bienestar económico de una sociedad está más estrechamente relacionado con otras variables como el ingreso nacional real, a nivel agregado, y el ingreso real y el consumo real de los hogares, a nivel microeconómico. El ingreso real por hogar, por ejemplo, nos aproxima más al bienestar material en tanto que tiene en cuenta otras variables como los impuestos abonados al Estado y las transferencias sociales percibidas, a las que habría que añadir, siendo rigurosos, los servicios públicos recibidos, como educación y sanidad.

Otra de las recomendaciones del Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi sobre el bienestar material se centra en la necesidad de tener en cuenta, además de los ingresos reales, el patrimonio de los hogares. Un aumento del consumo con cargo al patrimonio o riqueza puede aumentar el bienestar material actual, pero lo hace a costa de reducir el bienestar futuro.

Asimismo, la evaluación del bienestar material no debe dejar de lado la distribución. Las medidas de ingreso medio, consumo medio y riqueza media son insuficientes si no van acompañadas de indicadores que reflejen su distribución. Es importante conocer qué sucede en la parte inferior (pobreza) y la superior de la escala de distribución de estas variables, si queremos evaluar el bienestar de la sociedad.

Finalmente, se propone ampliar los indicadores de ingresos a las actividades no mercantiles, como las actividades domésticas y el tiempo de ocio.

II. Calidad de vida.

El bienestar entendido como calidad de vida es pluridimensional. Para aprehender el significado del bienestar social es necesario considerar simultáneamente las siguientes dimensiones:

  • Las condiciones de vida materiales (ingreso, consumo y riqueza).
  • La salud.
  • La educación.
  • Las actividades personales, y dentro de ellas el trabajo.
  • La participación en la vida política y la gobernanza.
  • Los lazos y relaciones sociales.
  • El medio ambiente (estado presente y futuro).
  • La seguridad, tanto económica como física.

Para todas estas dimensiones han de procurarse las medidas estadísticas más adecuadas, si realmente queremos conocer la calidad de vida de las personas.

El desarrollo y el progreso social es mucho más que el bienestar material que pueda proporcionar el PIB de una economía, el consumo de bienes producidos, el nivel de ingresos adquiridos o el patrimonio acumulado. Como señala el Informe, ha llegado la hora de que nuestro sistema estadístico se centre más en la medición del bienestar de la población que en la medición de la producción económica.

Además, el Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi recomienda que los indicadores proporcionen una evaluación exhaustiva de las desigualdades de la calidad de vida entre personas, categorías socioeconómicas, sexos y generaciones.

Finalmente, los necesarios indicadores objetivos de las distintas dimensiones del bienestar deberían ser complementados con mediciones subjetivas de la calidad de vida, realizadas a través de encuestas en las que se pregunte a las personas sobre la valoración que hacen de sus vidas, experiencias y prioridades.

III. Sostenibilidad.

Bajo el enfoque de la sostenibilidad, no es suficiente con evaluar el bienestar material y otras dimensiones de la calidad de vida, sino que es necesario llegar a conocer si el desarrollo es sostenible, esto es, si podría mantenerse (o en su caso aumentarse), para las generaciones futuras. Ello implica la necesidad de disponer de indicadores que nos informen sobre cómo se encuentran y varían (aumenta o disminuye) la cantidad y la calidad de los recursos naturales, así como del capital humano y físico.

Especial atención debe recibir la dimensión medioambiental de la sostenibilidad. Ante las patentes limitaciones que presenta la valoración del medio ambiente natural en términos monetarios, se recomienda el empleo de indicadores físicos que permitan advertirnos de cuándo nos acercamos a niveles peligrosos de amenaza, en especial cuando deriven en daños irreversibles al medio ambiente. Como expresa el propio Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi:

“…nos enfrentamos a una eminente crisis medioambiental, en particular al calentamiento del planeta. Los precios del mercado están falseados por la ausencia de impuestos sobre las emisiones de carbono y las mediciones clásicas del ingreso nacional no tienen en cuenta el coste de dichas emisiones. A todas luces, la medición del desarrollo económico que tuviese en cuenta dichos costes medioambientales sería sensiblemente diferente de las mediciones habituales”.

Para más información:

Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social. Síntesis y recomendaciones

Una cita con el desarrollo sostenible y la voz de Greta Thunberg

Isla de S. Miguel, Azores

Con 16 años, la activista sueca contra el cambio climático Greta Thunberg pronunció un discurso ante el Consejo Económico y Social de la Unión Europea durante el evento «Civil Society for rEUnaissance» (Bruselas, 21 de febrero de 2019).

Sus palabras fueron una llamada a la responsabilidad para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París de 2015, una exhortación a los dirigentes políticos para que hagan sus deberes en defensa del desarrollo sostenible, tal como se recoge en el siguiente extracto:

«Una vez que uno ha hecho sus deberes, se da cuenta de que necesitamos una nueva política, necesitamos una nueva economía en la que todo se base en el presupuesto de carbono, que es extremadamente limitado y disminuye rápidamente.

Pero eso no es suficiente. Necesitamos una forma de pensar completamente nueva. El sistema político que ustedes han creado se basa en la competencia. Engañan cuando pueden, porque lo único que importa es ganar, obtener el poder. Eso debe terminar, debemos dejar de competir unos contra otros, necesitamos cooperar y trabajar juntos, y compartir de forma justa los recursos del planeta. Necesitamos empezar a vivir dentro de los límites del planeta, centrarnos en la equidad y retroceder algunos pasos por el bien de todas las especies vivas. Necesitamos proteger la biosfera, el aire, los océanos, el suelo, los bosques».

Para leer más:

Greta Thunberg: «You’re acting like spoiled irresponsible children»

Greta Thunberg: Cambiemos el mundo. Penguin, Barcelona, 2019.