
La fiscalidad ambiental constituye un importante instrumento de política pública. Su objetivo principal es orientar la producción y el consumo hacia una asignación eficiente de los recursos naturales, fomentando comportamientos de los agentes económicos menos extractivos y no contaminantes. Con la adecuada aplicación de los impuestos ambientales es posible favorecer una mayor calidad del medioambiente, gravando, por ejemplo, las emisiones de CO2 a la atmósfera, la generación de residuos, los combustibles fósiles y el transporte no sostenible.
Dicho instrumento fiscal conlleva ingresos para las arcas públicas como resultado de la aplicación de un conjunto de impuestos ambientales, en un determinado territorio, que son definidos como “aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medioambiente” (de acuerdo con la definición oficial que emplea el INE).
Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la extensión de la implantación de impuestos ambientales para mitigar el cambio climático y desincentivar modos de producción y consumo insostenibles. La política fiscal de los Estados debería, en consecuencia, tender a otorgar un mayor peso a la recaudación por la vía de este tipo de tributos.
En el caso de España, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos permiten conocer la importancia que las instituciones públicas otorga a la fiscalidad verde en este país. Según los datos avance del año 2024 la recaudación de los impuestos ambientales ascendió a 26.830 millones de euros. En términos relativos, dicha cuantía representa el 7,0% del total de impuestos de la economía española. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se situó en el 1,68% en 2024.
Los impuestos ambientales se suelen agrupar en tres grandes tipos. Destacan, en primer lugar, con diferencia, los impuestos sobre la energía, cuya recaudación concentra el 79,4% de la recaudación fiscal verde española. Se trata, principalmente, del Impuesto sobre Hidrocarburos y, a distancia, la imposición sobre la energía eléctrica.
Les siguen, en segundo lugar, los impuestos sobre el transporte, con el 12,0% de la recaudación de todos los impuestos ambientales en 2024, materializada a través de dos tributos básicos: el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
Finalmente, el grupo de los impuestos sobre la contaminación y los recursos, entre los que figuran los impuestos sobre los envases de plástico y sobre los residuos, recauda el 8,5% restante de la recaudación de carácter ambiental en España.

Por sectores, en 2024 los hogares abonaron un total de 10.813 millones euros, esto es, el 40,3% de la recaudación ambiental total de España, frente al 59,7% que fue aportado por la actividad productiva.
La rama económica que abonó más impuestos ambientales en 2024 fue la Industria manufacturera, con el 33,7% de la recaudación total soportada por el tejido productivo. Les siguen las ramas de Transporte y almacenamiento (20,4%); Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (20,2%); Otros servicios (12,4%); Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (5,0%); Comercio (3,9%); Construcción (2,0%); Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (1,6%) e Industrias extractivas (0,8%).
Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2008-2024 los impuestos ambientales han aumentado un 47,6%, al pasar de 18.179 a 26.830 millones de euros (en precios corrientes).
Por tipos de impuestos la recaudación ha sido desigual. Se han incrementado los ingresos procedentes de los impuestos sobre la contaminación y los recursos un 866,7% y, en menor medida, los de los impuestos sobre la energía (los de mayor peso), un 47,5%. Por el contrario, se ha reducido la recaudación de los impuestos sobre el transporte en un 7,7% durante dicho periodo.

En términos relativos, si analizamos la implantación de la fiscalidad verde en España, se concluye que la participación de los impuestos ambientales ha perdido peso sobre el total de impuestos de España durante el periodo 2008-2024
La recaudación ambiental ha pasado de representar el 8,10% de la recaudación total en 2008 al 7,00% en 2024. Como se aprecia en el siguiente gráfico, los impuestos ambientales han cedido protagonismo en la estructura fiscal española dibujando una tendencia de continuo descenso desde el año 2015 hasta 2022, que sólo se ha podido amortiguar en los dos últimos años.

Finalmente, como indicador complementario para conocer mejor la evolución de la importancia real de este tipo de impuestos en España, se ha calculado la presión fiscal ambiental, es decir, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB). De este modo, se concluye que la recaudación fiscal ambiental sobre el PIB español ha aumentado desde el 1,63% en 2008 hasta alcanzar un máximo en el año 2015 (1,92%). A partir de entonces, se constata, año a año, una senda de marcado descenso, hasta finalmente llegar a registrar su valor mínimo en el año 2022, con un 1,50%. Durante los últimos dos años se observa una ligera recuperación de dicha ratio hasta cifrarse en el 1,68% en 2024, porcentaje que permanece aún lejos del registrado en 2019 (1,76%), año previo a la crisis sanitaria.

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