La generación de residuos es uno de los principales problemas medioambientales a los que se enfrenta la sociedad moderna. Son múltiples los impactos que producen sobre los ecosistemas, en especial cuando no son objeto de una adecuada gestión. Además, conlleva, como es el caso, por ejemplo, de los envases y embalajes, la utilización de materiales y recursos naturales, que en muchos casos podrían haberse evitado, y el empleo de significativos recursos económicos para su correcto tratamiento posterior.
Por lo tanto, para avanzar en la senda del desarrollo sostenible, en materia de residuos es prioritario, incluso antes que la reutilización y el reciclaje, procurar su no generación y, en todo caso, su minimización.
Son muy diversos los tipos de residuos que se generan tanto en la producción como el consumo de bienes y servicios por parte de los distintos agentes. Entre ellos se encuentran los denominados residuos municipales, que son los generados por los hogares y otras fuentes de residuos similares (comercio, oficinas e instituciones públicas) cuya recogida compete a las autoridades locales.
El objetivo de hacer sostenible la producción y el consumo (ODS 12 de la Agenda 2030) exige un esfuerzo por parte de todos los agentes económicos para generar la menor cantidad posible de residuos. Si queremos conocer si la sociedad transita por la senda de sostenibilidad, es de especial interés, entre otros aspectos, realizar evaluaciones periódicas de la evolución que sigue la generación de residuos.
En el contexto europeo, para evaluar los progresos de los países de la Unión Europea (UE-27) en materia de generación de residuos municipales se dispone de los datos que publica Eurostat. De acuerdo con dicho organismo estadístico, en el año 2021 se generó un total de 237 millones de toneladas de residuos municipales en la UE. Esta cantidad supone aproximadamente el 10% del total de residuos en sus diferentes tipos generados en la UE. Teniendo un modesto peso relativo, esta clase de residuos nos puede aportar, no obstante, información sobre si el consumo se encamina o se aleja de la sostenibilidad.
Desde una aproximación dinámica una primera conclusión general a la que se llega tras el análisis de los datos nos revela que durante el periodo 2000-2021 la generación de residuos municipales en la UE ha aumentado un 7,6%, al pasar de 220 a 237 millones de toneladas.
Como se observa en el siguiente gráfico, la generación total de residuos municipales en la UE ha estado afectada por el ciclo económico. En épocas como la de la Gran Recesión (2008-2014) la caída de la producción y el consumo ha comportado una menor generación de residuos domésticos. No obstante, una vez que la economía entra en una fase de recuperación, a partir de 2015 la generación de residuos vuelve a tomar una senda claramente creciente que prosigue hasta hoy. Es de destacar asimismo que incluso en el año 2020, especialmente afectado por los impactos sobre la economía de la crisis de la pandemia del COVID-19, la producción de residuos continuó aumentando.
Si analizamos la generación de residuos en términos relativos, esto es, en kilogramos de residuos generados por persona, se constata una evolución similar. En promedio un ciudadano comunitario generaba en el año 2000 un total de 513 kilogramos de residuos municipales. Dos décadas después, el valor de dicha ratio se ha incrementado, si bien con altibajos, hasta cifrarse en 530 kg per cápita en 2021. Por lo tanto, los datos apuntan a que los patrones de consumo no se han reorientado hacia la sostenibilidad sino más bien al contrario.
En un análisis más detallado por países, se encuentran notables diferencias en el seno de la UE-27. En términos absolutos, los países que generan más residuos domésticos son Alemania (con el 23% del total de la UE), Francia (16%), Italia (12%) y España (9%). Estos cuatro países concentran, por tanto, el 60% del total frente al 40% restante que es generado por los otros 23 países que también pertenecen a la UE.
Si consideramos la ratio de kilogramos de residuos generados por persona, las divergencias entre países son muy significativas. En el año 2021 el país con más generación de residuos casi triplicó la cifra del que menos.
Así, con un promedio de 530 kilogramos per cápita de la UE en 2021, los Estados miembros con mayores ratios fueron Austria (834), Luxemburgo (793), Dinamarca (786), Bélgica (759) y Alemania (646). Por el contrario, los Estados con menos residuos per cápita fueron Rumanía (302), Polonia (362), Estonia (395), Bulgaria (408), Hungría (416) y Suecia (418).
Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.
Con la fiscalidad ambiental o verde se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, es decir, tratar de incorporar en el coste de aquellas actividades calificadas de insostenibles los costes medioambientales que generan, ya que, de lo contrario, permanecerían “no visibles” y sin contabilizar en el precio final. Por lo tanto, el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen sus comportamientos para hacerlos más respetuosos con el medio ambiente.
Son diversas las bondades que presenta la implantación de impuestos ambientales, entre las que podemos destacar las siguientes:
a) Favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles).
b) Contribuyen a un mayor empleo del transporte sostenible.
c) Fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente.
d) Reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas.
e) Desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables.
f) Refuerzan la lucha contra el cambio climático.
En la práctica la fiscalidad ambiental se concreta en la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012).
Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:
«Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes«.
Durante los últimos 25 años se han extendido los impuestos ambientales que, en sus diversos tipos, han venido aplicando en el seno de la Unión Europea sus Estados miembros. Se hace necesario, por tanto, realizar de forma continuada evaluaciones periódicas sobre la aplicación real de este tipo de impuestos.
Como primera aproximación analizamos aquí si la fiscalidad verde ha ganado protagonismo en el seno de las políticas tributarias de los países de la UE. Para ello se estudia cómo se ha comportado la recaudación de las diferentes categorías de impuestos ambientales, cuál ha sido la evolución de la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación verde en relación con la actividad económica.
Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2021 se recaudó en la UE-27 un total de 325.837 millones de euros en concepto de impuestos ambientales.
De este total la mayor parte fueron ingresos por impuestos sobre la energía (el 78,4%). A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,1%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (3,5%).
En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,52% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2021. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,24%.
Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2021, se concluye que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE.
En términos de su participación en la estructura tributaria total, el porcentaje de recaudación correspondiente a la fiscalidad verde sobre la recaudación total de impuestos de la UE-27 ha descendido desde el 6,74% en 1995 al 5,52% en 2021.
En términos comparativos con la actividad económica, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,63% de 1995 hasta el 2,24% en el último año de 2021. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.
Asimismo, es relevante apuntar que, como se observa en el siguiente gráfico, con la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 el papel desempeñado por la fiscalidad verde ha intensificado su caída. La recaudación de los impuestos ambientales ha retrocedido en mayor medida que la actividad económica: la presión fiscal ambiental en el conjunto de la UE se redujo desde el 2,35% de 2019 en 0,11 puntos porcentuales.
Por tipos de impuestos, durante el periodo 1995-2021 la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 2,03% en 1995 a 1,76% en 2021. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,52% al 0,41%. Por su parte, los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantienen su presión fiscal del 0,08% en el periodo analizado.
En un análisis por países es destacable la diferente importancia de la fiscalidad verde dentro de la UE. Así, en el año 2021 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 3,93%. Le siguen, en orden descendente, Croacia (3,12%), Países Bajos (3,09%), Italia (3,00%), Polonia (2,89%) y Dinamarca (2,88%), principalmente.
Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (1,16%), seguido de Luxemburgo (1,45%), España (1,76%), Alemania (1,80%) y República Checa (1,84%).
En resumen, durante el periodo 1995-2021 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (16 de 27), permaneciendo igual en tres y aumentando en ocho. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Estonia (+2,3 p.p. entre 1995 y 2021), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-1,6 p.p.).
El economista alemán Ernst Friedrich Schumacher (1911-1977) publicó en 1973, hace ya medio siglo, su célebre obra Lo pequeño es hermoso, una colección de ensayos que aportan una visión más amplia (humanista y ecológica) del pensamiento económico hegemónico.
Ya desde sus primeras páginas Schumacher nos recuerda una verdad largamente olvidada: el progreso material del hombre no ha sido ajeno a la naturaleza de la que formamos parte. Como expresa en su obra, la realidad nos demuestra que la actitud del hombre hacia la naturaleza en los últimos tres o cuatro siglos ha sido de conquista y dominación:
“Tal vez debería decir: la actitud del hombre occidental hacia la naturaleza. Pero dado que todo el mundo está sufriendo un proceso de occidentalización, la afirmación general parece justificada. El hombre no se siente parte de la naturaleza, sino más bien como una fuerza externa destinada a dominarla y conquistarla. Aún habla de una batalla contra la naturaleza olvidándose que, en el caso de ganar, se encontraría él mismo en el bando perdedor. Hasta hace poco la batalla parecía ir lo bastante bien como para darle la ilusión de poderes ilimitados, pero no tan bien como para permitirle vislumbrar la posibilidad de la victoria total. Ésta es ahora evidente y mucha gente, aunque sólo será una minoría, está comenzando a comprender lo que ello significa para la continuación de la existencia de la humanidad”.
Para leer más:
E. F. Schumacher: Lo pequeño es hermoso. Ediciones Akal, Madrid, 2011.
Como expresa la economista británica Kate Raworth en su obra Economía rosquilla, en el último siglo las sociedades han logrado extraordinarios progresos (aumento de la esperanza de vida, reducción de personas en extrema pobreza…). Sin embargo, las desigualdades han aumentado, la pobreza persiste y la degradación del medioambiente se acrecienta. Además, el futuro no se presenta halagüeño si se cumplen las proyecciones que hoy conocemos. Se prevé, por ejemplo, que el tamaño de la economía mundial se duplicará para 2037 y casi triplique para 2050, año en que se espera que en nuestro planeta habiten cerca de 10.000 millones de personas.
Ante estos retos, a los que no ha sido capaz de dar respuesta la teoría económica convencional, que se basa en “supuestos erróneos” y “puntos ciegos”, es necesario repensar la economía. Tenemos que desaprender y reaprender los fundamentos de la economía.
A este cambio de paradigma quiere contribuir la Economía rosquilla, que se centra en siete principios esenciales que deben guiar el nuevo pensamiento económico del siglo XXI. Son los siguientes:
1. Cambiar de objetivo
Durante más de setenta años el objetivo de la economía se ha identificado con el crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto). Este no es más que la suma del valor de mercado que tienen todos los bienes y servicios producidos en un territorio durante un periodo de tiempo de un año. Como sugiere Kate Raworth, este objetivo se nos ha sido impuesto subrepticiamente a lo largo del siglo XX, haciéndonos olvidar la advertencia de su propio creador el economista Simon Kuznets en los años treinta: “casi nunca puede inferirse el bienestar de una nación a partir de una medida de la renta nacional”. Porque, realmente, ¿nos preguntamos acaso que tipo de crecimiento queremos?, ¿qué, por qué y para quién producir?, ¿conocemos los costes medioambientales y sociales… del crecimiento económico?
Con un indicador “tan voluble, parcial y superficial” como el PIB los economistas han quedado desconectados del propósito al que deberían servir: garantizar la prosperidad de todas las personas dentro de los medios de nuestro planeta. Kate Raworth nos invita a que, en lugar de enfocarnos en el crecimiento del PIB, “empecemos de nuevo planteando una cuestión fundamental: ¿qué permite prosperar a los seres humanos? Un mundo en el que cada persona pueda vivir una existencia caracterizada por tres elementos: dignidad, oportunidad y comunidad; y donde todos podamos hacerlo conforme a los medios de nuestro planeta engendrador de vida”.
Este cambio de perspectiva nos lo aporta la Economía rosquilla, que queda representada por un diagrama con dos anillos concéntricos. En primer lugar, tenemos un anillo interior que constituye el fundamento social de bienestar que no debería faltarle a ninguna persona y a ninguna sociedad: alimentación, salud, educación, renta y trabajo, agua y saneamiento, energía, redes, vivienda, igualdad de género, equidad social, participación política y paz y justicia.
Por debajo de este anillo interior (fundamento social), se encuentran, por tanto, las privaciones humanas críticas (hambre, analfabetismo…). Raworth nos recuerda que muchos millones de personas viven aún por debajo de las dimensiones que constituyen el fundamento social: una de cada nueve personas no tiene suficiente para comer, una de cada cuatro vive con menos de tres dólares diarios, uno de cada ocho jóvenes no encuentra trabajo…
El segundo anillo, el anillo exterior es el techo ecológico de presión planetaria que no deberíamos superar. Por encima de él se sitúan los elementos críticos de degradación medioambiental. Desgraciadamente el ser humano ha transgredido ya al menos cuatro límites planetarios: cambio climático, conversión de tierras, carga de nitrógeno y fósforo en los suelos y pérdida de biodiversidad.
El gran reto que tiene la humanidad en este siglo XXI es situarse entre estos dos anillos (fundamento social y techo ecológico), donde se encuentra un espacio seguro y justo en el que podemos satisfacer nuestras necesidades vitales básicas sin sobrepasar los límites biofísicos del planeta.
Kate Raworth (2018): Economía rosquilla.
En consecuencia estamos obligados a cambiar de objetivo: pasar del crecimiento infinito del PIB de la teoría económica tradicional a la prosperidad en equilibrio de la Economía rosquilla. Para ello existen cinco factores clave que van a determinar si podemos situarnos en el espacio seguro y justo: 1) la estabilización de la población, 2) una distribución más equitativa de los recursos, 3) aspiraciones de estilos de vida no consumistas, 4) tecnologías sostenibles y 5) formas de gobernanzas más eficaces.
2. Ver el panorama general
El pensamiento macroeconómico predominante se enfoca en describir el flujo circular de la renta entre los agentes que intervienen en la producción y el consumo, partiendo de unos cuestionables supuestos, tales como la eficiencia del mercado, la hegemonía de la empresa, la incompetencia del Estado, el correcto funcionamiento de los mercados financieros, la no regulación del comercio internacional… Al mismo tiempo, se ignora, por ejemplo, el valor social de los recursos naturales comunales, que se prefiere privatizarlos, o se actúa como si los materiales y la energía fueran inagotables.
Frente a esta concepción de la economía sustentada en el mercado independiente y autosuficiente, Raworth defiende una economía incardinada. Esta considera, en primer lugar, la Tierra (el medio natural), dentro de la cual se encuentra la sociedad humana “y, dentro de ella, la actividad económica, donde la familia, el mercado, los comunes y el Estado constituyen todos ellos importantes ámbitos de satisfacción de las carencias y necesidades humanas, y cuyo funcionamiento se ve posibilitado por los flujos financieros”.
3. Cultivar la naturaleza humana
Otra de las ideas que sustentan la teoría económica convencional es la representación egocéntrica de la humanidad, que nos concibe como “hombres económicos racionales”. Bajo este paradigma los seres humanos siempre han de comportarse como seres individuales, competitivos, insaciables y calculadores. Por el contrario, en la Economía rosquilla el ser humano presenta mayor complejidad y riqueza de matices. Somos seres sociales propensos a la reciprocidad, antes que seres estrictamente egoístas; con valores fluidos en lugar de preferencias fijas; interdependientes en vez de seres aislados; que hacemos aproximaciones más que cálculos, y que estamos profundamente incardinados en la red de la vida, lejos de dominar la naturaleza.
4. Aprender a dominar los sistemas
El lenguaje habitual de la teoría económica ortodoxa es el matemático, con el que trata de describir la economía mediante un conjunto de axiomas y ecuaciones. Desde finales del siglo XIX se ha pretendido, imitando la mecánica newtoniana, que la economía llegue a ser algún día una ciencia tan acreditada como la física. Sin embargo, el propio devenir de los hechos, las sucesivas crisis económicas como la de 2008, nos confirman cada vez con mayor rotundidad que la economía no es una máquina, sino un sistema complejo en continua evolución, y que las extendidas teorías del equilibrio general, basadas en supuestos tan simplificadores, no están dando las respuestas que de ellas se esperan. Ante esta realidad Raworth nos propone abandonar el pensamiento económico basado en el equilibrio para pasar a pensar en términos de sistemas, que nos permiten entender mejor los bucles de retroalimentación que existen, por ejemplo, entre el crecimiento económico y las emisiones de dióxido de carbono o el aumento de las desigualdades.
5. Diseñar para distribuir
El pensamiento económico convencional defiende a ultranza el crecimiento de la economía. Por eso se justifica la aplicación de medidas de austeridad en aras del objetivo del crecimiento del PIB porque, se arguye, el consecuente aumento de las desigualdades sociales dará paso a la larga a una sociedad más rica y equitativa.
Por el contrario, para el modelo de la Economía rosquilla dicha tesis neoliberal (crecimiento igual a sacrificio) no es más que una falsa creencia, una opción política más que una fase necesaria del progreso. La experiencia de países como Japón, Corea del Sur, Indonesia y Malasia corroboran que el crecimiento económico puede coexistir con una baja desigualdad y unas decrecientes tasas de pobreza. Además, son cada vez más evidentes los efectos perjudiciales (sociales, políticos, ecológicos y económicos) que trae consigo la desigualdad. En definitiva, la economía del siglo XXI será más eficaz si somos capaces de poner en primera fila la redistribución de la renta, y también de la riqueza, que radica especialmente en el control de la tierra, el poder de crear dinero, la empresa, la tecnología y el conocimiento.
6. Crear para regenerar
La teoría económica ortodoxa se sustenta también en otro principio que se ha demostrado que es otra falsa creencia: el crecimiento económico en una fase inicial comporta degradación medioambiental, pero a largo plazo todo mejorará. En realidad los datos apuntan que el modelo económico hoy predominante es intrínsecamente degenerativo e intensifica la degradación ambiental (extracción de materiales, contaminación, generación de residuos…). La huella ecológica global de los países de renta elevada no ha hecho más que aumentar a medida que crece su PIB. Por el contrario, en la Economía rosquilla, que reconoce los límites planetarios de la Tierra, se parte de la idea del diseño regenerativo, que aspira a que la actividad económica ejerza un impacto neto cero sobre el medioambiente y, por qué no, procurar una mejora de su calidad. Para ello han de estar más presentes, entre otras, las propuestas de la economía circular, a la par que se hace necesario una redefinición de las responsabilidades de la empresa, del sistema financiero y del Estado.
7. Ser agnóstico con respecto al crecimiento
La teoría económica ortodoxa defiende la idea, “la creencia casi religiosa”, de que el crecimiento económico infinito es indispensable, olvidando que nuestro planeta y sus recursos tienen límites. Es evidente que las prioridades de desarrollo no son las mismas entre los países de renta baja y los de renta alta. En los países “pobres” el crecimiento del PIB suele ir paralelo a mejoras sociales como el aumento de la esperanza de vida y una mayor escolarización. Por su parte, los países “ricos”, con el crecimiento de sus economías, presentan unas huellas ecológicas globales que se encuentran en niveles ya inasumibles. Por eso se va extendiendo la idea de lograr el desacoplamiento del crecimiento económico respecto a sus impactos ecológicos. Pero, en este punto, es pertinente analizar qué entendemos exactamente por desacoplamiento. Lo deseable es que de darse el crecimiento económico éste vaya acompañado de una disminución, en términos absolutos, del consumo de los recursos (materiales, energéticos…). Así todo, ello puede no ser suficiente, ya que dicho desacoplamiento absoluto ha de ser tal que sea capaz de situarnos de nuevo dentro de los límites planetarios.
En suma, la Economía rosquilla supone un cambio de perspectiva. Nos plantea el reto de diseñar economías que favorezcan la prosperidad humana, erradicando al mismo tiempo las privaciones sociales y la degradación ecológica, independientemente de si el PIB crece, decrece o se estanca.
Para leer más:
Kate Raworth: Economía rosquilla. Siete maneras de pensar como un economista del siglo XXI. Paidós, Barcelona, 2018.
Fuente: SDSN: Sustainable Development Report 2022.
En 2015 Naciones Unidas puso en marcha la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con el fin de conocer su grado de cumplimiento, se ha construido el índice ODS que permite evaluar los progresos en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que van alcanzando los países del planeta.
En su edición de 2022 el Informe de SDN y Bertelsmann Stiftung (Sustainable Development Report 2022) nos revela que, de un total de 163 países del mundo para los que se ha contado con datos suficientes, España toma la posición 16 en términos de cumplimiento global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. Para dicho año 2022 el valor del índice ODS de España se cifra en 79,9 sobre un máximo de 100. De este modo respecto a 2021 España avanza cuatro puestos en el ranking mundial y su índice aumenta cuatro décimas.
En un análisis más pormenorizado del valor del índice ODS global que toma España en 2022, se detecta unos avances dispares entre los 17 Objetivos.
Así, los resultados obtenidos muestran, en primer lugar, que para 6 de los 17 ODS España se sitúa entre los 25 países del planeta con mayor puntuación. De este modo los mejores resultados relativos, en un contexto mundial, los alcanza España en los siguientes ODS:
Igualdad de género (ODS5), para el que España se sitúa en la posición número 7, con un valor de 86,7 sobre 100.
Salud y bienestar (ODS3), objetivo para el que se encuentra en el puesto número 10 (valor 95,0).
Ciudades y comunidades sostenibles (ODS11), en el puesto número 10 (valor 93,1).
Industria, innovación e infraestructura (ODS9), para el que toma la posición 19 (valor 87,8).
Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS16), para el que toma la posición 24 (valor 83,1).
Por el contrario, los Objetivos para los que España toma los peores resultados relativos son los siguientes:
Producción y consumo responsables (ODS12) que, con un valor de 72,5 sobre 100, hace que España se sitúe en la posición 127 a nivel mundial respecto a este ODS.
Acción por el clima (ODS 13), objetivo que, tomando un valor de 76,3, coloca a España en la posición número 116.
Vida submarina (ODS14), objetivo para el que, con un valor de 57,6, toma la posición 91.
Vida de ecosistemas terrestres (ODS15) para el que, con un valor de 66,6, ocupa la posición 74.
Alianzas para lograr los objetivos, con un valor de 62,1, que sitúa a España en la posición 68 a nivel mundial.
De forma complementaria al índice ODS el Informe de 2022 aporta también un análisis de panel, que valora el mayor o menor grado de cumplimiento de cada Objetivo, así como su tendencia con vistas al horizonte de 2030, mediante una asignación de colores (verde, amarillo, naranja y rojo).
De la evaluación del panel de los ODS de España destacamos las siguientes conclusiones principales:
España no ha alcanzado aún ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ausencia de ODS en color verde).
Para ocho Objetivos (en color amarillo), España afronta unos retos que, en general, se encuentran en la senda de lograr los valores deseados para 2030. Son los relativos a los siguientes Objetivos: Fin de la pobreza (ODS1), Salud y bienestar (ODS3), Educación de calidad (ODS4), Igualdad de género (ODS5), Agua limpia y saneamiento (ODS6), Energía asequible y no contaminante (ODS7), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS11) y Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS16).
De los 17 ODS, cinco (con color naranja) España se enfrenta retos significativos para llegar a cumplir con la Agenda 2030. Son los siguientes: Industria, innovación e infraestructura (ODS9); Reducción de las desigualdades (ODS10); Producción y consumo responsables (ODS12); Vida submarina (ODS14), y Alianzas para lograr los objetivos (ODS17).
Para cuatro ODS (en rojo), uno más que en 2021, España afronta grandes retos para cumplir con la Agenda 2030: Trabajo decente y crecimiento económico (ODS8), que empeora respecto a 2021; Hambre cero -incluyendo seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y agricultura sostenible- (ODS2); Acción por el clima (ODS13) y Vida de ecosistemas terrestres (ODS15).
Fuente: SDSN: Sustainable Development Report 2022.
Asimismo, en un análisis de tendencia, la ficha de los ODS de España nos revela, en primer lugar, que este país está mostrando, según los últimos datos disponibles, una tendencia favorable en el cumplimiento de sólo tres Objetivos de la Agenda 2030, es decir, tres Objetivos menos que en el Informe de 2021. Son los siguientes: Igualdad de género (ODS5), Agua limpia y saneamiento (ODS6) y Trabajo decente y crecimiento económico (ODS8).
En segundo lugar, el panel de 2022 concluye que España no está retrocediendo en ningún objetivo, si bien tiene estancado el cumplimiento de dos ODS: Producción y consumo responsables (ODS12) y Vida de ecosistemas terrestres (ODS15).
Finalmente, para la mayoría de los Objetivos, los doce restantes, España presenta una tendencia de moderado avance para lograr su cumplimiento de aquí a 2030.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, puesta en marcha por Naciones Unidas en 2015, establece compromisos concretos para un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abarcan la triple dimensión social, económica y medioambiental. Uno de esos objetivos es el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), que queda definido en los siguientes términos:
«Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica».
Este objetivo compromete a los países del planeta a adoptar medidas para:
Velar por la conservación de los bosques, humedales y ecosistemas montañosos.
Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques y poner fin a la deforestación.
Luchar contra la desertificación y rehabilitar las tierras y los suelos degradados.
Proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.
Poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna.
Prevenir la introducción de especies exóticas invasoras.
Integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad.
Los indicadores empleados en el informe elaborado por SDSN y Bertelsmann Stiftung, Sustainable Development Report 2022, permiten evaluar los progresos que van alcanzando los países respecto a los 17 OD. Los resultados obtenidos en su edición de 2022 nos aproximan a conocer cuál es la situación de los ecosistemas terrestres, país por país, y en qué grado se van alcanzando las metas establecidas en la Agenda 2030.
Para dicha evaluación se utiliza una metodología de índices sintéticos, cuyos valores pueden oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación, y 100, cuando, por el contrario, el país se encuentra en la mejor posición respecto al cumplimiento de los ODS.
Respecto al ODS15 para el cálculo de su índice sintético se ha contado con los siguientes indicadores:
Área media protegida en sitios terrestres importantes para la biodiversidad (%).
Área media protegida en sitios de agua dulce importantes para la biodiversidad (%).
Índice de Lista Roja de supervivencia de especies (0-1, peor-mejor).
Deforestación permanente (% de área forestal, media de 3 años).
Amenazas a la biodiversidad terrestre y agua dulce incorporadas en las importaciones (por millón de especies).
Esta selección de indicadores ha dejado sin evaluar, por carecer de estadísticas, como indica el propio Informe de 2022, otros aspectos importantes del ODS15: la salud de los ecosistemas, el comercio de especies en peligro de extinción y las áreas protegidas por nivel de protección.
Con las puntuaciones obtenidas para el índice del ODS15 (Vida de ecosistemas terrestres) se obtienen resultados que nos permiten conocer cuál es la posición relativa de cada uno de los 163 países para los que se dispone de datos, dos países menos que en 2021. A diferencia del año anterior, en esta edición 2022 del Informe no se ha contado con información estadística de Cabo Verde y Vanuatu.
Así, como se recoge en el siguiente cuadro, los países mejor situados en el cumplimiento del objetivo de preservar la vida de los ecosistemas terrestres, establecido en la Agenda 2030, son los países bálticos de Letonia (97,9), Estonia (96,0) y Lituania (95,1). Les siguen, a continuación, con puntuaciones también superiores a 90, otros países europeos: Bulgaria (93,7), Dinamarca (92,8), República Checa (92,4) y Polonia (92,3).
El análisis realizado de los datos recogidos en el Informe de 2022 nos lleva a concluir que en la actualidad de un total de 163 países sólo los tres países bálticos están en condiciones de cumplir completamente con el ODS15 de aquí a 2030. Hace un año eran siete los países que se encontraban en dicha situación favorable.
Por el contrario, la situación relativa más desfavorable respecto al estado de los ecosistemas terrestres la presenta Mauricio (26,4), seguido de Singapur (31,6), Yibuti (38,1), Malasia (39,8), Iraq (40,4), Camboya (43,8) y Fiji (44,1).
Si nos centramos en cuatro países que tienen un peso económico y/o demográfico importante, es destacable que ocupan posiciones relativas rezagadas en cuanto al cumplimiento del ODS15: Federación Rusa presenta la posición 79 en el ranking mundial del cumplimiento del ODS15, seguido por Estados Unidos (122), India (141) y China (148). De estos cuatro países sobresale, principalmente, la pérdida de posiciones que experimenta Estados Unidos respecto al año anterior (22 puestos menos que en 2021).
Desde hace ya varias décadas los científicos nos vienen advirtiendo de que con el calentamiento global de la Tierra la disponibilidad de recursos hídricos se está convirtiendo en un problema creciente en cada vez más países del mundo. Esta nueva realidad nos demanda que hagamos un uso más eficiente y responsable del agua, recurso imprescindible para la vida.
En el contexto europeo, España es un país que no es ajeno al estrés hídrico. Por ello es de especial interés analizar cómo se está distribuyendo y consumiendo el agua, teniendo en cuenta que del total de agua captada para el consumo en 2020 el 66,5% proviene de aguas superficiales, el 27,6% es de origen subterráneo y el 5,9% restante procede de la desalación.
Las estadísticas que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos permiten conocer la evolución del consumo del agua suministrada a la red de abastecimiento público desde el año 2000.
Así, durante el periodo de 2000-2020 en España el volumen de agua suministrada a la red de abastecimiento público ha seguido, en general, una tendencia descendente, desde los 4.782 hectómetros cúbicos consumidos en 2000 hasta los 4.244 en 2020, esto es, una reducción del 11,3%. No obstante, como se observa en la siguiente gráfica, el consumo hídrico ha pasado por etapas bien diferenciadas según el ciclo económico. En un primer periodo (2000-2007), de expansión económica, se ha tendido a un mayor consumo de agua, llegando a casi alcanzar los 5.000 hm³. Posteriormente, en una segunda fase (2008-2018), cuando la economía atraviesa años marcados por las consecuencias de la llamada Gran Recesión, el consumo de agua se modera en España de forma continuada hasta registrar su mínimo en 2018, para después inflexionar ligeramente al alza en 2020.
Cuando evaluamos la eficiencia en el uso del agua hay que recordar que una parte importante del agua suministrada a la red de abastecimiento son pérdidas. En España, según el INE, en 2020 se perdió un total de 652 hm³ de agua a causa de fugas, roturas y averías, cifra equivalente a la que se contabilizó en el año 2014. En términos relativos las pérdidas reales de agua representan un significativo 15,4% del total de agua suministrada a la red en 2020, porcentaje no es muy diferente al cuantificado en el año 2007, que se cifró en 15,9%.
Si descontamos al volumen total de agua suministrada a la red dichas pérdidas reales (por fugas, roturas y averías) más las pérdidas aparentes (volúmenes de agua no medidos), se concluye que el total de agua registrada y distribuida ascendió a 3.178 hm³ en 2020, es decir, un 16,0% menos que en el año 2000.
Otro punto de especial interés es conocer cuáles son los consumidores finales del agua registrada y cómo han evolucionado sus consumos. De acuerdo con los datos del INE, el agua registrada en España tiene como principal usuario los hogares, cuyo consumo concentró el 72,1% del total en 2020. Le siguen, a continuación, la industria, con el 10,1% del total de agua registrada; los consumos municipales (8,5%); los usos turísticos y recreativos (4,2%); otros servicios (comercio, transporte, oficinas…), con el 3,9%; la agricultura y ganadería (0,6%) y la construcción (0,5%).
Asimismo, desde una perspectiva temporal, los datos disponibles, correspondientes al periodo 2006-2020, indican que el volumen de agua consumida por los hogares se ha reducido un 12,4%. También han visto descender su consumo de agua durante dichos años los siguientes sectores: construcción (-63,8%), agricultura y ganadería (-61,3%), otros servicios (-37,3%), industria (-34,2%) y consumos municipales (-29,9%).
Finalmente, es significativo destacar que la actividad económica de usos turísticos y recreativos ha sido la única que ha incrementado el consumo de agua durante los años 2006-2020, en concreto un 5,7%.
Son incuestionables los diversos impactos (o «externalidades negativas» que diría la economía neoclásica) que acarrea el uso del coche privado: contaminación atmosférica, calentamiento global del planeta, congestión, accidentes de tráfico, deterioro de la salud física y mental, contaminación acústica, dependencia de combustibles fósiles, extracción de materiales, ocupación de suelo, generación de residuos, etc., cuyos costes medioambientales y sociales no han sido aún valorados en su justa medida.
Para hacer frente a la insostenibilidad del transporte la Unión Europea aprobó en 2011 la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible, conocido como Libro Blanco del transporte.
Como expresa este documento estratégico, es clave afrontar la gran dependencia actual del petróleo y sus derivados en el sector del transporte y transitar hacia una economía descarbonizada. Se hace necesario fomentar la movilidad sostenible, como ir a pie o en bicicleta, además de dar un mayor impulso al transporte público no contaminante.
Asimismo, la estrategia del Libro Blanco establece entre sus objetivos que el uso de los automóviles de propulsión convencional en el transporte urbano habrá de verse reducido en un 50% en el año 2030, antes de su eliminación total en las ciudades en 2050.
Sin embargo, según los datos disponibles de Eurostat, el parque automovilístico no ha hecho más que crecer dentro de los límites físicos de los 4,2 millones de km2 de la UE-27.
Centrándonos en los coches de pasajeros, que son el tipo de vehículos de mayor uso, su número no ha abandonado la senda del continuo crecimiento. Si en 2010 existía un total de 211,3 millones de turismos, en 2021 el parque de estos vehículos ascendió a 253,3 millones. Por lo tanto, se ha producido un incremento acumulado del 19,9% en dicho periodo.
Asimismo, hay que anotar que, paralelamente, no se ha llevado a cabo la deseada implantación de coches eléctricos que facilite la eliminación de los coches convencionales dependientes de los combustibles fósiles. En 2021 el parque de coches eléctricos se cuantifica en solo 1,93 millones de unidades, es decir, apenas el 0,8% del parque total de turismos de la UE-27.
La presión que genera el crecimiento del parque automovilístico es palpable tanto en términos demográficos como territoriales.
En el primer caso, se constata que durante la última década el crecimiento del parque de coches de pasajeros ha sido superior al experimentado por la población de la UE-27. Como se observa en el siguiente gráfico, si tomamos como base de referencia el año 2010, el parque de turismos presenta en el año 2021 un valor índice de 119,9, que supera el 101,5 registrado por la población.
Si empleamos la ratio de número de coches de pasajeros por 1.000 habitantes, se concluye que su tendencia ascendente ha sido imparable hasta la actualidad. Para el conjunto de la UE dicho indicador ha aumentado desde los 480 coches por 1.ooo habitantes en 2010 hasta los 560 en 2020.
En el segundo caso, una primera evaluación de la presión del parque de coches sobre el territorio de la UE nos arroja que el número de coches por km2 se ha incrementado de 50 a 60 entre 2010 y 2021.
Descendiendo a un análisis por países, en el año 2021 los países de la UE con mayor número de coches de pasajeros son Alemania (48,5 millones), Italia (39,8 mill.), Francia (38,7 mill.), Polonia (25,9 mill.) y España (24,9 mill.). Estos cinco países concentran, por tanto, el 70% del total de coches de la UE.
Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2012-2021 en todos los países de la UE se ha incrementado el parque automovilístico de turismos, a excepción de Lituania, donde se ha reducido un 4,8%.
En términos relativos, la ratio de número de coches de pasajeros por 1.000 habitantes revela diferencias entre países. Los mayores valores se alcanzan en Luxemburgo (682), Italia (670), Polonia (664), Finlandia (652) y Chipre (645), que superan holgadamente la media de la UE (560). Por el contrario, los menores parques de coches de pasajeros por 1.000 habitantes se registran en Rumanía (379), Letonia (390), Hungría (403), Bulgaria (414) y Croacia (433).
Son múltiples las crisis que atraviesa el actual sistema económico, conocido como capitalismo, que toman la forma de burbujas especulativas, desempleo, desigualdades, cambio climático o déficit democrático y de valores.
Ante esta realidad nace una alternativa, el modelo de Economía del Bien Común (EBC), que fue presentado por el economista austriaco Christian Felber en 2009. Los inicios del movimiento del bien común arrancan por aquel entonces con un pequeño grupo de empresas de Attac y ha ido extendiéndose a cada vez más empresas y ámbitos institucionales.
La esencia de la EBC se encuentra en la recuperación del verdadero concepto de la economía y su finalidad última. Ya Aristóteles diferenció claramente la oikonomía, cuyo objetivo es la “buena vida”, de la crematística, en la que la ganancia de dinero se convierte en el fin. Además, como queda expresamente recogido en las actuales Constituciones de los países democráticos, como las de España o Baviera, la riqueza y la actividad económica están supeditadas al interés general y han de servir al bien común.
En consecuencia, se hace necesario redefinir el concepto de éxito económico. El dinero no es el objetivo de la economía sino solo el medio. Ya no se trata de que las empresas persigan únicamente aumentar sus ganancias sino de que contemplen otras dimensiones no crematísticas.
Bajo el modelo de ECB, el nuevo objetivo de las empresas pasa a ser el bien común. Ello no impide que pueda existir un nexo entre beneficio y bien común ni tampoco implica que las empresas pasen a tener pérdidas. La novedad estriba en que ahora su balance financiero se convierte en balance de bien común. Se propone que la actividad de las empresas quede orientada por su contribución a los siguientes cinco puntos centrales, que definen el bien común:
Dignidad.
Solidaridad.
Sostenibilidad ecológica.
Justicia social.
Participación democrática y transparencia.
Así, en la ECB se valora no solo si una empresa tiene beneficios financieros sino también, por ejemplo, aspectos como:
La utilidad de sus productos o servicios.
las condiciones laborales de sus trabajadores.
La oferta de productos ecológicos.
La venta ética.
la cooperación con otras empresas.
La distribución de los ingresos.
La igualdad de género.
La toma democrática de decisiones.
El paso del único balance financiero, que se mide en términos monetarios, al balance del bien común, requiere la aplicación de una nueva metodología que sustituye los conocidos indicadores de beneficio, rentabilidad y PIB por una serie de criterios e indicadores de actuación para evaluar el desempeño de las empresas en este nuevo paradigma.
Bajo el modelo de EBC, aquellas empresas que obtengan un mayor balance de bien común (que estará sujeto a auditorías) se encontrarán en disposición de disfrutar de más ventajas legales (menores impuestos, ayudas directas, aranceles más bajos…) que las que tengan menores balances.
Finalmente, hay que tener presente que en la economía del bien común seguirá existiendo la competencia, ya que no deja de ser una economía de mercado que se fundamenta en la empresa privada y el dinero como medio de cambio. Pero ahora con el modelo de EBC la cooperación ganará protagonismo: “las empresas no deben actuar unas contra otras, sino unas junto a otras, y, al hacerlo, deben al menos ser recompensadas por ello”.
Para leer más:
Christian Felber: La economía del bien común. Ediciones Deusto, Barcelona, 2015.
En 2015 la ONU puso en marcha el ambicioso proyecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de una estrategia de alcance mundial, cuyo compromiso se concreta en lograr, durante la presente década, diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (17 ODS), que cubren las tres dimensiones del desarrollo: económica, social y medioambiental.
Para evaluar los progresos en la consecución de los 17 ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) y la fundación Bertelsmann Stiftung vienen publicando desde hace varios años diferentes informes periódicos que tratan de evaluar cómo están avanzando los países en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para el caso de Europa, SDSN ha publicado hasta la fecha cuatro Informes que muestran los avances alcanzados respecto a los ODS por la Unión Europea y sus países socios europeos desde 2015.
La metodología utilizada permite disponer de un índice ODS que resume en un único valor los resultados mostrados por la amplia batería de indicadores (un total de 110 para Europa) recabados para medir la totalidad de los 17 ODS (a los cuales se les otorga igual ponderación).
El índice ODS es, por tanto, un indicador sintético de desarrollo sostenible, cuyo valor puede oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación respecto al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, y 100, cuando el país se sitúa en la mejor posición respecto a su cumplimiento.
Con la edición de 2022 del Informe de Desarrollo Sostenible en Europa se han podido evaluar, a través del índice ODS, los progresos en materia de desarrollo sostenible de los 27 Estados miembros de la UE, además de siete socios o candidatos europeos (Noruega, Suiza, Islandia, Reino Unido, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía). Entre las conclusiones generales del Informe destacamos las siguientes:
Las múltiples crisis (sanitaria, de seguridad, climática y económica) que atraviesa Europa y el mundo están haciendo que los avances en el cumplimiento de los ODS se hayan estancado. En 2020, antes de la pandemia, los progresos en materia de desarrollo sostenible eran ya muy lentos y desiguales. A partir de entonces, con los impactos del COVID-19, la guerra en Ucrania y la intensificación de las crisis climática y de biodiversidad, el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 está en tela de juicio y pone en riesgo los resultados alcanzados hasta ahora.
Muchos países europeos presentan retrocesos principalmente en los objetivos ODS1 (fin de la pobreza), ODS3 (salud y bienestar) y ODS8 (trabajo decente y crecimiento económico).
La UE ha alcanzado o está en la senda de alcanzar alrededor del 66% de los ODS. Sin embargo, el 20% de los ODS presenta un avance insuficiente y el 13% restante va en dirección equivocada.
Los mayores retos a lo que se enfrenta la UE están relacionados con los objetivos ODS2 (hambre cero) y ODS 12-15 (clima y biodiversidad). La pobre ejecución de estos objetivos proviene de la existencia de sistemas alimenticios y dietas insostenibles, las emisiones de gases de efecto invernadero y de las amenazas a la biodiversidad.
Las desigualdades se han incrementado en el interior de varios países europeos.
La UE sigue generando, debido a su consumo y comercio insostenibles, importantes efectos indirectos negativos sobre el resto del mundo. Por ejemplo, el 40% de los gases de efecto invernadero generados para satisfacer el consumo de bienes y servicios en la UE tiene lugar en otros países.
En un análisis más detallado por países, el Informe de 2022 nos revela que en Europa siguen existiendo diferencias muy importantes respecto al grado de consecución de los objetivos de la Agenda 2030.
Así, en esta edición, el país con un mayor valor del índice ODS es Finlandia (81,7), por tercer año consecutivo. Le siguen, a continuación, Suecia (80,6), Dinamarca (79,2), Austria (78,2,), Noruega (77,2), Alemania (74,8), República Checa (74,2), Eslovenia (74,0), Suiza (73,7) y Estonia (73,2). Todos ellos ocupan las primeras diez posiciones.
En el otro extremo, los diez menores valores del índice ODS los presentan los siguientes países: Turquía (56,7), Bulgaria (60,7), Chipre (60,7), Serbia (61,1), Macedonia del Norte (62,9), Rumanía (63,4), Malta (64,9), Grecia (65,7), Lituania (66,1) y Luxemburgo (68,7).
De cara al futuro, el Informe de 2022 formula diversas recomendaciones para impulsar el cumplimiento de los ODS, entre las que destacamos las siguientes:
Impulsar las seis transformaciones clave de los ODS propuestas en el Informe de 2020:
1. Educación, formación, trabajo decente e innovación. 2. Energía sostenible. 3. Vivienda, movilidad y ciudades y asentamientos sostenibles. 4. Producción sostenible de alimentos, alimentación saludable y protección de la biodiversidad. 5. Economía circular y limpia, con contaminación cero. 6. Transformación digital.
Publicar una Declaración política conjunta de las instituciones comunitarias en la que la UE reafirme su compromiso con la Agenda 2030.
Preparar una Comunicación de la Comisión Europea que clarifique cómo la UE va a cumplir los ODS en Europa y en la se establezcan metas, calendarios y hojas de ruta.
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