La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2019)

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Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

La fiscalidad ambiental implica la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012). Con los impuestos ambientales se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, al incorporar en el coste de aquellas actividades insostenibles también sus costes medioambientales que, de lo contrario, permanecerían “no visibles”, sin contabilizar en el precio final. De este modo el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen su comportamiento para que sea más respetuoso con el medio ambiente.

Las ventajas que ofrecen los impuestos ambientales son diversas, entre las que podemos señalar las siguientes: a) favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles), b) contribuyen a un mayor empleo del transporte sostenible, c) fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente, d) reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas, e) desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables y f) refuerzan la lucha contra el cambio climático.

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

“Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes“.

Durante los últimos 25 años se han extendido los impuestos ambientales que, en sus diversos tipos, han venido aplicando en el seno de la Unión Europea los Estados miembros. Es hora de hacer balance y profundizar en las evaluaciones sobre la aplicación de este tipo de impuestos.

En una primera evaluación es de especial interés conocer si la fiscalidad verde ha ganado peso en la política tributaria de los países. Para ello, analizamos cómo se ha comportado la recaudación de los diferentes impuestos ambientales, cómo ha evolucionado la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación en función de la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2019 se recaudó en la UE-27 un total de 330.577 millones de euros en concepto de impuestos ambientales. De este total la mayor parte (el 77,9%) fueron ingresos por impuestos sobre la energía. A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,9%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (3,2%).

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En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,91% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2019. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,37%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2019, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE, a la luz del análisis de la evolución de la presión fiscal ambiental registrada durante dicho periodo.

El porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,58% de 1995 hasta el 2,37% en el último año de 2019. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Por tipos de impuestos, la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 1,98% en 1995 a 1,84% en 2019. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,52% al 0,45%, mientras que los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantiene su presión fiscal en el 0,08% en el periodo analizado.

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En un análisis por países son destacables las diferencias que se detectan dentro de la UE-27 en relación con la importancia dada a la fiscalidad verde. Así, en el año 2019 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación relativa por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 3,86%. Le siguen, en orden descendente, Croacia (3,54%), Países Bajos (3,39%), Eslovenia (3,32%), Italia (3,28%) y Dinamarca (3,27%).

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (1,41% en 2019), seguido de Luxemburgo (1,72%), Eslovaquia (1,79%), Alemania (1,77%), España (1,77%) y Lituania (1,89%).

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En resumen, durante el periodo 1995-2019 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (14 de 27), permaneciendo igual en tres y aumentando en diez. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Estonia (+2,3 p.p. entre 1995 y 2019), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-1,6 p.p.).

Para más información: 

Eurostat

La medición del desarrollo: recomendaciones del Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi

Durante décadas en los ámbitos económico y político se ha concebido el Producto Interior Bruto (PIB) como la medida hegemónica para evaluar el desarrollo y el progreso de los países y regiones. Sin embargo, son evidentes, desde hace mucho tiempo, las serias limitaciones que este indicador presenta para tal propósito. Esta es una cuestión central porque si empleamos indicadores inadecuados, la toma de decisiones públicas puede llegar a producir los resultados menos convenientes. Sabemos también que existen medidas diferentes al PIB que son más apropiadas para evaluar el desarrollo y el progreso social.

Estas dos ideas básicas fueron defendidas por la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social, que nació en 2008 fruto del encargo del presidente de la República Francesa a un equipo de economistas y especialistas en ciencias sociales, encabezado por Joseph Stiglitz (Presidente), Amartya Sen (Consejero) y Jean-Paul Fitoussi (Coordinador).

Los resultados de los trabajos de la Comisión están recogidos en un Informe que incluye importantes recomendaciones sobre cómo evaluar el desarrollo a partir de tres enfoques diferenciados: bienestar material, calidad de vida y sostenibilidad.

I. Bienestar material.

El PIB ha venido utilizándose, con mucha frecuencia, como indicador de bienestar económico. Sin embargo, nos olvidamos de que el PIB es, específicamente, una medida del valor monetario de la producción de bienes y servicios que genera un país o territorio, que poco nos dice sobre cuál es el nivel del bienestar material del que disfruta la población. De hecho, es posible que el valor monetario de la producción aumente, mientras que los ingresos y el consumo de las personas decrecen. No podemos concluir, por tanto, que a más producción, mayor bienestar. Como expresa el Informe “el PIB no es erróneo en sí, sino que se emplea de forma errónea”.

En realidad, el nivel de bienestar económico de una sociedad está más estrechamente relacionado con otras variables como el ingreso nacional real, a nivel agregado, y el ingreso real y el consumo real de los hogares, a nivel microeconómico. El ingreso real por hogar, por ejemplo, nos aproxima más al bienestar material en tanto que tiene en cuenta otras variables como los impuestos abonados al Estado y las transferencias sociales percibidas, a las que habría que añadir, siendo rigurosos, los servicios públicos recibidos, como educación y sanidad.

Otra de las recomendaciones del Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi sobre el bienestar material se centra en la necesidad de tener en cuenta, además de los ingresos reales, el patrimonio de los hogares. Un aumento del consumo con cargo al patrimonio o riqueza puede aumentar el bienestar material actual, pero lo hace a costa de reducir el bienestar futuro.

Asimismo, la evaluación del bienestar material no debe dejar de lado la distribución. Las medidas de ingreso medio, consumo medio y riqueza media son insuficientes si no van acompañadas de indicadores que reflejen su distribución. Es importante conocer qué sucede en la parte inferior (pobreza) y la superior de la escala de distribución de estas variables, si queremos evaluar el bienestar de la sociedad.

Finalmente, se propone ampliar los indicadores de ingresos a las actividades no mercantiles, como las actividades domésticas y el tiempo de ocio.

II. Calidad de vida.

El bienestar entendido como calidad de vida es pluridimensional. Para aprehender el significado del bienestar social es necesario considerar simultáneamente las siguientes dimensiones:

  • Las condiciones de vida materiales (ingreso, consumo y riqueza).
  • La salud.
  • La educación.
  • Las actividades personales, y dentro de ellas el trabajo.
  • La participación en la vida política y la gobernanza.
  • Los lazos y relaciones sociales.
  • El medio ambiente (estado presente y futuro).
  • La seguridad, tanto económica como física.

Para todas estas dimensiones han de procurarse las medidas estadísticas más adecuadas, si realmente queremos conocer la calidad de vida de las personas.

El desarrollo y el progreso social es mucho más que el bienestar material que pueda proporcionar el PIB de una economía, el consumo de bienes producidos, el nivel de ingresos adquiridos o el patrimonio acumulado. Como señala el Informe, ha llegado la hora de que nuestro sistema estadístico se centre más en la medición del bienestar de la población que en la medición de la producción económica.

Además, el Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi recomienda que los indicadores proporcionen una evaluación exhaustiva de las desigualdades de la calidad de vida entre personas, categorías socioeconómicas, sexos y generaciones.

Finalmente, los necesarios indicadores objetivos de las distintas dimensiones del bienestar deberían ser complementados con mediciones subjetivas de la calidad de vida, realizadas a través de encuestas en las que se pregunte a las personas sobre la valoración que hacen de sus vidas, experiencias y prioridades.

III. Sostenibilidad.

Bajo el enfoque de la sostenibilidad, no es suficiente con evaluar el bienestar material y otras dimensiones de la calidad de vida, sino que es necesario llegar a conocer si el desarrollo es sostenible, esto es, si podría mantenerse (o en su caso aumentarse), para las generaciones futuras. Ello implica la necesidad de disponer de indicadores que nos informen sobre cómo se encuentran y varían (aumenta o disminuye) la cantidad y la calidad de los recursos naturales, así como del capital humano y físico.

Especial atención debe recibir la dimensión medioambiental de la sostenibilidad. Ante las patentes limitaciones que presenta la valoración del medio ambiente natural en términos monetarios, se recomienda el empleo de indicadores físicos que permitan advertirnos de cuándo nos acercamos a niveles peligrosos de amenaza, en especial cuando deriven en daños irreversibles al medio ambiente. Como expresa el propio Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi:

“…nos enfrentamos a una eminente crisis medioambiental, en particular al calentamiento del planeta. Los precios del mercado están falseados por la ausencia de impuestos sobre las emisiones de carbono y las mediciones clásicas del ingreso nacional no tienen en cuenta el coste de dichas emisiones. A todas luces, la medición del desarrollo económico que tuviese en cuenta dichos costes medioambientales sería sensiblemente diferente de las mediciones habituales”.

Para más información:

Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social. Síntesis y recomendaciones

Medidas europeas para la protección del medio ambiente

La Comisión Europea llevó a cabo en diciembre de 2019 una importante encuesta a los ciudadanos de la Unión, cuyos resultados han sido publicados en el Eurobarómetro Especial: Attitudes of European citizens towards the Environment (marzo de 2020). En esta importante consulta a la opinión pública, la quinta que se realiza desde 2007 en materia medioambiental en la UE, el 94% de los ciudadanos pone de manifiesto que la protección del medio ambiente es muy importante o bastante importante para ellos.

A la hora de identificar los problemas medioambientales, los ciudadanos de la UE perciben que el más importante en la actualidad es el cambio climático, respecto al que el 76% de los encuestados ha respondido que es un problema muy serio en su país. A continuación, consideran relevantes los problemas de contaminación marina; la pérdida de especies, hábitats y ecosistemas naturales; la contaminación agrícola y la degradación del suelo; las frecuentes sequías e inundaciones; la escasez de agua potable y, finalmente, la contaminación acústica.

Ante esta preocupante situación cabe preguntarse qué tipos de medidas debemos tomar. El citado Eurobarómetro de marzo de 2020 también nos informa sobre lo que piensan los europeos acerca de cómo afrontar el deterioro del medio ambiente y qué acciones emprender para su protección. Así, de las respuestas a la pregunta ¿Cuál de las siguientes sería la forma más eficaz de abordar los problemas ambientales? (máximo 3 respuestas) se obtuvieron las siguientes conclusiones principales:

Hábitos de consumo.

El 33% de los ciudadanos opina que cambiar el modo de consumir es una de las medidas potencialmente más efectivas para hacer frente a los problemas medioambientales de la UE. De hecho, el 68% de los europeos piensa que sus hábitos de consumo afectan al medio ambiente en Europa y el resto del mundo.

Modos de producción y distribución.

Además de los necesarios cambios en nuestra forma de consumir, los europeos, en un 31%, piensan que cambiar los modos de producción y distribución es otra de las medidas potencialmente más efectivas para afrontar los problemas medioambientales.

I+D y soluciones tecnológicas.

A continuación, el 26% de los encuestados responde que invertir en investigación y desarrollo y en soluciones tecnológicas es otra de las principales medidas necesarias para proteger el medio ambiente.

Información y educación.

La siguiente medida con mayor porcentaje de respuestas es la de proveer más información y educación medioambiental a ciudadanos y empresas, por ejemplo, en materia de separación selectiva de residuos y consumo de energía. Así lo piensa el 24% de los encuestados.

Actividades empresariales sostenibles.

El 23% de los europeos considera que es necesario animar a las empresas para que se involucren en actividades sostenibles.

Multas medioambientales.

Ante infracciones de la legislación medioambiental, el 23% de los encuestados opina que es necesario introducir multas más elevadas.

Legislación medioambiental más estricta.

También el 23% de los europeos ha contestado que unas de las principales medidas para afrontar los problemas medioambientales es introducir leyes más estrictas. De hecho, el 83% de los encuestados está de acuerdo en que la legislación europea de protección del medio ambiente sigue siendo necesaria.

Sistema alimentario.

Hacer que nuestro sistema alimentario sea más sostenible es otra de las medidas aprobadas por los ciudadanos, en este caso por el 22% de los ciudadanos.

Incentivos financieros.

El 20% de los europeos ha respondido que es especialmente necesario introducir o incrementar los incentivos financieros dirigidos a empresas y personas para que apliquen acciones de protección medioambiental.

Cumplimiento de la legislación.

Según el 19% de los encuestados una de las tres medidas medioambientales potencialmente más efectivas es garantizar una mejor aplicación de las leyes.

Impuestos y ayudas.

Otra medida de protección medioambiental, que ha sido aceptada por el 16% de los ciudadanos, es la de introducir o incrementar los impuestos o eliminar las ayudas a las actividades que son perjudiciales para el medio.

En definitiva, ante el preocupante estado del medio ambiente, que se ve amenazado por el cambio climático, los diferentes tipos de contaminación y la pérdida de biodiversidad, entre otros problemas, los ciudadanos europeos no se muestran indiferentes. El necesario modelo de desarrollo sostenible pasa principalmente, según la opinión ciudadana, por cambiar nuestros modos de consumo, producción y distribución; fomentar la I+D y las soluciones tecnológicas; extender la información y educación medioambiental; aplicar una legislación eficaz; fomentar un sistema alimentario sostenible, y por la introducción de incentivos y desincentivos adecuados.

Para más información:

European Commission: Special Eurobarometer 501. Report Attitudes of European citizen towards the Environment, March 2020.

La ciudad de Pontevedra, referente de movilidad sostenible

Pontevedra, 2020.

La ciudad gallega de Pontevedra (España) ha conseguido llegar a ser un referente de sostenibilidad urbana. Mediante una gestión decidida, que ha puesto en primer plano la calidad de vida de sus ciudadanos, ha sabido aprovechar sus recursos y particulares condiciones.

Pontevedra es una ciudad, capital de la provincia homónima, que cuenta con unos 83.000 habitantes (83.029 según el Padrón Municipal de Habitantes de 2019). Partiendo de un tamaño poblacional limitado ha mostrado durante los últimos 20 años un dinamismo demográfico superior a la media de Galicia y de las cuatro provincias gallegas. Entre 1999 y 2019 la población de la ciudad de Pontevedra creció, en promedio, un 0,6% anual frente al estancamiento registrado por el conjunto de Galicia (0,0%).

Con una superficie de unos 120 km2, la densidad poblacional del municipio de Pontevedra asciende a 701 habitantes/km2 en 2019, de modo que se ha incrementado respecto a 1999 (626 hab./km2).

Durante las últimas dos décadas, Pontevedra ha puesto en práctica un modelo de movilidad sostenible que prioriza la movilidad peatonal sobre el tráfico motorizado. Para ello, desde el Concello de Pontevedra se llevaron a cabo diversos tipos de obras. Según el tipo de calle, se efectuaron peatonalizaciones (con coexistencia de tráfico de servicios) en el centro histórico y calles de menos de 10 metros de ancho, estrechamiento de los carriles y ampliación de aceras en calles de más de 10 metros, plataformas únicas y badenes, limitación de la velocidad máxima a 30 km/h, coexistencia con la bicicleta, aparcamientos gratuitos de borde urbano, estacionamientos gratuitos para servicios, aparcamientos rotatorios de pago, etc. Ello ha ido acompañado de otras actuaciones en la ciudad como la recuperación del centro histórico y otras áreas degradadas, la ampliación de la red de sendas ciclistas y peatonales por los alrededores naturales de Pontevedra y la mejora de la gestión de residuos y del sistema de depuración de aguas residuales.

Pontevedra ha experimentado una transformación integral de recuperación para los ciudadanos del espacio público que hasta entonces ocupaban los coches, que se ha traducido en resultados tangibles para la calidad de vida de sus habitantes. Entre los importantes beneficios que ha recibido el conjunto de la población, destacan los siguientes:

  • Reducción del tráfico de vehículos a motor. Según el Consistorio, entre 1996 y 2014 los vehículos motorizados se han reducido un 30,1% en la ciudad y un 70% en el centro urbano.
  • Aumento de la movilidad sostenible. Los viajes a pie se han incrementado un 67% y en bicicleta, un 5%.
  • Reducción del consumo de combustible, que se estima en un 66% en la ciudad y un 88% en el centro, entre 1996 y 2014, como consecuencia del menor tráfico motorizado.
  • Reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, que se estima en unos 500 kg de CO2 por persona y año.
  • Mejora de la calidad del aire.
  • Mayor biodiversidad de especies de árboles y animales.
  • Disminución de la contaminación acústica.
  • Mayor seguridad vial.
  • Aumento de la accesibilidad de los espacios públicos, propiciando una ciudad inclusiva e integradora.
  • Mayor pluralidad de servicios y usos del espacio público para los ciudadanos.
  • Desarrollo de los sectores del comercio de proximidad, hostelería y otros servicios en el espacio urbano que antes ocupaban los automóviles.
  • Recuperación de la ciudad como lugar de encuentro, reducción de la conflictividad y mejora de la convivencia ciudadana.

Este modelo de ciudad compacta y movilidad sostenible, que prioriza el uso del espacio público por y para las personas, ha alcanzado el reconocimiento a nivel internacional de diversos premios. Entre ellos, en 2014 ONU-Hábitat (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos) le otorgó a Pontevedra el Premio Internacional de Dubái a las Buenas Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida.

Para más información:

Instituto Gallego de Estadística.

Concello de Pontevedra.

Una cita con César Manrique y el porvenir humano

Málaga_2018.01.15

Artista total, naturalista con conciencia crítica, activista comprometido con el porvenir humano, defensor de un progreso en armonía, amante de la vida… César Manrique (1919-1992) fue esto y mucho más.

En los años ochenta del siglo XX, Manrique expresó sus sentidas preocupaciones sobre el devenir de un mundo que transcurría a gran velocidad por las autopistas de los valores sin salida. Más de treinta años después, ya en el siglo XXI, los mismos problemas de entonces continúan rodando sin frenos.

“Creo que, si en este ocaso del siglo XX, el hombre no es capaz de poner en orden las enormes injusticias, si no es capaz de frenar la ambición desmedida de poder y riqueza, pienso que nuestra existencia se reducirá a una autodestrucción paulatina e inexorable”.

Para leer más:

César Manrique: Escrito en el fuego. Edirca, Las Palmas de Gran Canaria, 1988.

Las aves, indicador de sostenibilidad

Pinzón común. Parque Nacional de Garajonay (Isla de La Gomera, España).

Las razones para procurar la conservación de la población de las aves, en particular las especies vulnerables, nativas y no invasoras, son diversas y confluyen en la necesaria defensa de la biodiversidad del planeta.

Además, gracias a la comunidad científica sabemos también que la presencia de aves es un buen indicador de la salud de los ecosistemas, de su diversidad e integridad.

La mayor o menor población de aves, así como su mayor o menor diversidad de especies, en un ecosistema determinado, nos permite conocer más sobre la calidad del propio ecosistema donde se alimentan, viven y respiran. En definitiva, las aves nos adelantan información valiosa sobre la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad real de nuestro desarrollo.

Desde un enfoque cuantitativo, a nivel europeo Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, elabora el Índice de Aves Comunes, que recoge las observaciones obtenidas en los 27 Estados miembros de la UE para un total de 168 especies de aves que viven en tierras de cultivo (39), en ecosistemas forestales (34) y en otros hábitats como parques y jardines (95).

En un análisis temporal, que comprende el periodo de 1990 a 2018, la evolución seguida por el Índice de Aves Comunes de la UE apunta hacia una continuada disminución de las poblaciones de aves durante las últimas décadas en la Unión Europea. Constatamos que el valor de dicho índice, que es igual a 100 en el año base de 2000, se ha reducido entre 1990 y 2018 desde 102,3 hasta 95,7, lo que supone una caída del 6,4%. Asimismo, la tendencia más reciente de este indicador apunta a un estancamiento de la población de aves comunes observadas durante el último decenio.

De forma complementaria al Índice de todas las Aves Comunes, Eurostat elabora otros dos índices compuestos referidos a 34 aves de bosques y 39 aves de tierras de cultivo. En el primer caso, la evolución del índice de aves comunes de bosques muestra que se ha producido un aumento del 3,8% durante el periodo 1990-2018. Por el contrario, la tendencia del índice de aves comunes de tierras de cultivo ha sido claramente descendente, habiéndose registrado una reducción del 28,3% en el periodo analizado.

En el ámbito de las aves, cabe recordar lo que ya expresaba la Directiva comunitaria relativa a la conservación de las aves silvestres en el año 2009:

“En el territorio europeo de los Estados miembros, una gran cantidad de especies de aves que viven normalmente en estado salvaje padecen de una regresión en su población, muy rápida en algunos casos, y dicha regresión constituye un grave peligro para la conservación del medio natural, en particular debido a la amenaza que supone para el equilibrio biológico”.

Para más información:

Eurostat

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

Crecimiento o desarrollo: no es lo mismo

Cuando nos referimos al progreso de las sociedades no es poco frecuente leer y escuchar cómo se emplean de forma arbitraria los conceptos de desarrollo y crecimiento, a los que, en ocasiones, se les puede añadir el calificativo de sostenible.

Con el término crecimiento impera la lógica que defiende que el objetivo prioritario de toda sociedad es el crecimiento continuo de la producción de bienes y servicios, requisito para la creación de empleo y la satisfacción de las necesidades materiales de la población. En consecuencia, se relega a un segundo plano otros objetivos que pasan a ser subsidiarios: protección medioambiental, distribución de la renta, calidad de vida…. Bajo el paradigma del crecimiento, aún hegemónico, se concluye, por tanto, que sin crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) no puede existir progreso.

Por su parte, con el concepto de desarrollo el foco se fija en la calidad. El crecimiento del PIB no es garantía de progreso social, no nos conduce per se hacia una sociedad sin desempleo, saludable, equitativa, con calidad de vida y en armonía con el medio ambiente, que le da cobijo y sustento. Bien al contrario, la producción continuada de bienes, de todo tipo, se topa con serios límites y costes, tanto medioambientales como sociales.

Consciente o inconscientemente, se confunden dos ideas, dos visiones del progreso social bien diferentes. Porque crecer no es lo mismo que desarrollarse, como bien sintetizaron en el año 1992 los autores de Más allá de los límites del crecimiento:

“Ateniéndonos a la distinción del diccionario… Crecer significa incrementar el tamaño por la asimilación o acumulación de materiales. Desarrollar significa expandir o lograr la realización de potenciales de algo; alcanzar un estado de mayor completud, tamaño o mejoría. Cuando algo crece, se hace cuantitativamente más grande; cuando se desarrolla, se hace cualitativamente mejor o, al menos, diferente. El crecimiento cuantitativo y la mejoría cualitativa siguen leyes distintas. Nuestro planeta se desarrolla a lo largo del tiempo sin crecer. Nuestra economía, un subsistema de la tierra finita y sin crecimiento, debe eventualmente adaptarse a un patrón o modelo de desarrollo similar”.

Para leer más:

Donella H. Meadows, Denis L. Meadows, Jorgen Randers: Más allá de los límites del crecimiento. El País Aguilar, Madrid, 1992.

El Pacto Verde Europeo de 2019

El Pacto Verde Europeo (PVE) nació en 2019 con una Comunicación de la Comisión Europea. Se concibe como un gran pacto que pretende promover la asociación de los ciudadanos, la sociedad civil, las autoridades públicas (nacionales, regionales y locales) y todos los sectores económicos con las instituciones comunitarias para dar respuesta a los desafíos del clima y medio ambiente que tiene ante sí la Unión Europea.

Desde sus primeras líneas el PVE pone de manifiesto la urgente necesidad de actuar. Y reconoce expresamente que:

“La atmósfera se está calentando, y el clima cambia de año en año. De los ocho millones de especies del planeta, un millón está en riesgo de extinción. Estamos contaminando y destruyendo los bosques y los océanos”

El Pacto Verde persigue afrontar los desafíos del clima y del medio ambiente, poniendo las bases para transformar la economía y la sociedad de la UE en la senda de la sostenibilidad. Como objetivo prioritario se establece alcanzar una UE neutra en emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050. Dicha transición, en la que se encuentran implicados todos los sectores económicos y a la que contribuirán todas las políticas comunitarias, habrá de ser, además, justa e integradora.

Para hacer realidad sus objetivos, el PVE presenta una hoja de ruta inicial con las medidas clave a aplicar en ocho ámbitos básicos de actuación: clima, energía, industria, construcción, movilidad, sistema alimentario, ecosistemas y biodiversidad, y contaminación y sustancias tóxicas.

1. Clima

Con las vistas puestas en una Unión Europea que alcance la neutralidad climática en 2050, las políticas comunitarias han de ir dirigidas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que en 2030 deberán haberse reducido al menos un 50%. Ello implica llevar a cabo la aprobación de nuevas leyes como la primera “Ley del Clima” europea y reformas como la revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía. Es de especial importancia garantizar una tarificación eficaz del carbono en todos los sectores económicos y que el precio de las importaciones refleje su verdadero contenido de carbono.

2. Energía

En el sector de la energía el Pacto Verde propone proseguir con su proceso de descarbonización dado que de él proviene el 75% de las emisiones de GEI. Es prioritario para ello fomentar la eficiencia energética y un sector eléctrico basado en las energías renovables. Asimismo, el PVE presta atención a la aplicación de otras medidas igualmente necesarias: presentación de los planes nacionales de energía y clima, una estrategia de integración sectorial inteligente, la descarbonización del sector del gas, una estrategia en materia de energía eólica marina, la modernización de las infraestructuras energéticas y una respuesta al riesgo de pobreza energética de los hogares.

3. Industria

La industria europea es muy dependiente de la extracción de materiales, a la vez que sigue generando importantes emisiones de GEI y una gran cantidad de residuos. En cifras, en la actualidad la industria genera aún el 20% de las emisiones de GEI y únicamente el 12% de los materiales que utiliza son materiales reciclados. Con el PVE se persigue la transición de la actual industria basada en una economía lineal hacia otra de economía circular, donde se prioriza la reducción y reutilización de los materiales. Asimismo, el PVE pone el foco en las industrias de gran consumo energético (acero, química, cemento…), que es necesario descarbonizar y modernizar, y en las industrias que hacen un uso intensivo de recursos (textil, construcción, electrónica, plásticos…). El plan de acción de la economía circular habrá de incluir medidas que fomenten la producción de bienes reutilizables, duraderos y reparables, y medidas que pongan coto a la obsolescencia programada, entre otras.

4. Construcción

La construcción, utilización y renovación de edificios supone una cantidad considerable de energía y recursos minerales (arena, grava, cemento…). En la UE el 40% del consumo de energía corresponde a los edificios, lo que obliga, ante los objetivos marcados en materia de eficiencia energética y clima, a aplicar una política decidida de renovación de edificios tanto públicos como privados. El PVE defiende medidas encaminadas a la renovación energética de escuelas y hospitales, y también de viviendas sociales para ayudar a las personas con dificultades para pagar su factura energética.

5. Movilidad

En la UE el transporte representa el 25% de las emisiones de GEI, porcentaje que sigue creciendo. Para alcanzar el objetivo de neutralidad climática es necesario que dichas emisiones se reduzcan un 90% de aquí a 2050. El PVE anuncia una estrategia de movilidad sostenible e inteligente. Las medidas propuestas van dirigidas a impulsar el transporte multimodal, que priorice el transporte por ferrocarril y acuático frente al transporte por carretera; a hacer desaparecer las subvenciones a los combustibles fósiles, y a intensificar la producción y utilización de combustibles alternativos sostenibles, con el despliegue de puntos públicos de recarga y repostaje para los vehículos de emisión cero y baja emisión. La mejora del transporte público y la adopción de normas más estrictas para las emisiones de contaminantes atmosféricos de los vehículos con motor de combustión son otras de las medidas anunciadas en el PVE.

6. Sistema alimentario

Se propone la elaboración de la Estrategia “de la granja a la mesa” que establecerá, entre otras, las siguientes medidas: el fomento de alimentos sostenibles, una orientación “ecologizante” de la políticas agrícola y pesquera comunes que contribuya a los objetivos climáticos, la protección del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad; la reducción del uso de plaguicidas, abonos y antibióticos; el aumento de la superficie dedicada a la agricultura ecológica; la reducción del impacto medioambiental del sector de la transformación alimentaria y del sector minorista; el fomento del consumo de alimentos sostenibles y saludables, y la reducción del despilfarro de alimentos.

7. Ecosistemas y biodiversidad

El PVE aboga por la aprobación de la Estrategia sobre Biodiversidad para lograr detener la pérdida de especies y espacios protegidos de la UE. Las medidas necesarias para frenar la pérdida de biodiversidad deberán ir dirigidas, entre otros objetivos, a incrementar y mejorar la Red Natura 2000, mejorar los ecosistemas dañados, aumentar la biodiversidad en las ciudades, mejorar y aumentar la superficie forestal para luchar contra la crisis climática, gestionar de forma sostenible los recursos acuáticos y marinos, y aprovechar el potencial de las energías renovables marinas.

8. Contaminación y sustancias tóxicas

El PVE recoge la preocupación por la contaminación, en todas sus formas, y la aspiración de disponer de un entorno exento de sustancias tóxicas. Es vital conseguir restablecer las funciones naturales de las aguas tanto subterráneas como superficiales, evitando la contaminación por exceso de nutrientes y contaminantes como los microplásticos y las sustancias químicas. Respecto a la contaminación del aire, se propone revisar las normas sobre calidad para conseguir un aire más puro. Se revisarán, asimismo, las medidas de la UE para hacer frente a la contaminación producida por las grandes instalaciones industriales. Finalmente, el PVE expresa que se contará con una estrategia para abordar el problema de las sustancias químicas peligrosas presentes en los productos.

Conclusiones

Para la puesta en práctica de todas estas medidas y alcanzar los ambiciosos objetivos de la UE, el Pacto Verde Europeo afirma que se requiere disponer de una “inversión considerable”. La Comisión Europea ha estimado que, en principio, serán necesarios unos 260.000 millones de euros al año (aproximadamente el 1,5% del PIB de 2018) para alcanzar los objetivos actuales en materia de clima y energía para 2030. No obstante, dicha estimación no incluye otras inversiones necesarias en materia de adaptación al cambio climático y biodiversidad ni los costes sociales de la transición y los costes de la inacción.

A modo de conclusión la Comunicación de la Comisión Europea finaliza expresando que:

“El Pacto Verde Europeo da paso a una nueva estrategia de crecimiento para la UE. Sustenta la transición de la UE hacia una sociedad equitativa y próspera que responda a los desafíos del cambio climático y la degradación del medio ambiente, mejorando la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”.

Siendo imprescindibles muchos de los objetivos y medidas planteados por el Pacto Verde Europeo, surgen, sin embargo, tras su lectura, al menos dos dudas sobre su exitosa consecución. La suficiencia de los recursos económicos estimados para hacer tal profunda transformación es la primera. Una segunda duda a despejar que se nos plantea es si el aclamado objetivo del crecimiento económico puede llegar a ser compatible con el desacoplamiento del uso de los recursos y la conservación de la biodiversidad. En otras palabras, si no habremos confundido una vez más crecimiento con desarrollo, si es sostenible seguir creciendo en un planeta con límites.

Para más información:

Comunicación de la Comisión Europea COM(2019) 640 final, de 11 de diciembre de 2019

La Carta de la Tierra y la integridad ecológica

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La Carta de la Tierra, aprobada hace dos décadas en la sede de la UNESCO en París, sigue siendo un documento imprescindible como guía para la acción hacia la sosteniblidad del planeta.

Con el firme propósito de que el planeta Tierra sea verdaderamente nuestro hogar, la Carta de la Tierra propone cuatro ámbitos de actuación, desarrollados a través de 16 principios. Uno de esos ámbitos es la integridad ecológica, que queda desarrollada en los principios 5 a 8.

A continuación se presentan las principales medidas que pueden extraerse de los cuatro principios de la Carta de la Tierra que defienden la integridad ecológica del planeta. 

Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida (Principio 5).

  • Adoptar planes de desarrollo sostenible y regulaciones, que incluyan la conservación y la rehabilitación ambientales.
  • Preservar las reservas naturales terrestres y marinas, para mantener la biodiversidad y la herencia natural.
  • Recuperar especies y ecosistemas que se encuentren en peligro.
  • Controlar los organismos exógenos o genéticamente modificados que sean dañinos.
  • Gestionar de forma sostenible los recursos naturales renovables (agua, tierra, bosques, vida marina).
  • Gestionar de forma sostenible los recursos no renovables (minerales, combustibles fósiles) para evitar su agotamiento y daños ambientales.

Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución (Principio 6).

  • Evitar toda posibilidad de daños ambientales graves o irreversibles.
  • Hacer que los responsables asuman las consecuencias de reparar el daño ambiental que han causado.
  • Considerar en la toma de decisiones las consecuencias acumulativas, a largo plazo, indirectas, de larga distancia y globales de las actividades humanas.
  • Prevenir cualquier tipo de contaminación medioambiental.
  • Evitar actividades militares dañinas para el medio ambiente.

Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario (Principio 7).

  • Gestionar los residuos procedentes de los sistemas de producción y consumo siguiendo el principio de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar.
  • Realizar un uso eficiente de la energía y aumentar la participación de las energías renovables (solar, eólica…).
  • Promover las tecnologías ambientalmente sanas.
  • Incluir los costes  ambientales y sociales de los bienes y servicios en su precio de venta y presentarlos con indicativos de sostenibilidad para informar al consumidor.
  • Garantizar el acceso universal a la salud.
  • Adoptar formas de vivir basadas en la calidad de vida y en la suficiencia material.

Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido (Principio 8).

  • Apoyar la cooperación internacional científica y técnica sobre sostenibilidad.
  • Preservar el conocimiento y la sabiduría tradicionales en las culturas que contribuyen a la protección ambiental y al bienestar humano.
  • Asegurar que la información de vital importancia para la salud humana y la protección ambiental esté disponible en la población.

Para leer más:

Carta de la Tierra

Una cita con el desarrollo sostenible y la voz de Greta Thunberg

Isla de S. Miguel, Azores

Con 16 años, la activista sueca contra el cambio climático Greta Thunberg pronunció un discurso ante el Consejo Económico y Social de la Unión Europea durante el evento “Civil Society for rEUnaissance” (Bruselas, 21 de febrero de 2019).

Sus palabras fueron una llamada a la responsabilidad para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París de 2015, una exhortación a los dirigentes políticos para que hagan sus deberes en defensa del desarrollo sostenible, tal como se recoge en el siguiente extracto:

“Una vez que uno ha hecho sus deberes, se da cuenta de que necesitamos una nueva política, necesitamos una nueva economía en la que todo se base en el presupuesto de carbono, que es extremadamente limitado y disminuye rápidamente.

Pero eso no es suficiente. Necesitamos una forma de pensar completamente nueva. El sistema político que ustedes han creado se basa en la competencia. Engañan cuando pueden, porque lo único que importa es ganar, obtener el poder. Eso debe terminar, debemos dejar de competir unos contra otros, necesitamos cooperar y trabajar juntos, y compartir de forma justa los recursos del planeta. Necesitamos empezar a vivir dentro de los límites del planeta, centrarnos en la equidad y retroceder algunos pasos por el bien de todas las especies vivas. Necesitamos proteger la biosfera, el aire, los océanos, el suelo, los bosques”.

Para leer más:

Greta Thunberg: “You’re acting like spoiled irresponsible children”

Greta Thunberg: Cambiemos el mundo. Penguin, Barcelona, 2019.