Evaluando la sostenibilidad de las ciudades europeas (2020)

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En 2015 las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un ambicioso plan de acción para los próximos 15 años que, a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas conexas, persigue el desarrollo de todos los países del planeta en sus tres dimensiones económica, social y ambiental.

Uno de los 17 ODS de la Agenda 2030, en concreto el ODS 11, se focaliza en la sostenibilidad de las ciudades y comunidades locales: “Ayudar a que las ciudades y los asentamientos humanos sean más incluyentes, seguros, resilientes y sostenibles”. La evaluación del ODS 11 es de especial interés porque es en las áreas urbanas donde se concentra la mayor parte de la población y de la riqueza, y donde con mayor intensidad se producen y consumen bienes y servicios, que provocan múltiples impactos.

En el contexto europeo, la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) evalúa de forma periódica, mediante el empleo de una amplia batería de indicadores, los progresos respecto a los ODS que han alcanzado los actuales 27 países miembros de la UE. En su edición del año 2020, el informe ‘Sustainable Development in the European Union – Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context’ nos aporta una evaluación actualizada del ODS 11, es decir, de las tendencias que están siguiendo las ciudades y asentamientos humanos de la UE respecto a los compromisos fijados en la Agenda 2030.

Como apunta el citado informe, casi las tres cuartas partes de la población de la UE reside en áreas urbanas y se prevé que para 2050 la población urbana sobrepase el 80%. Estos hechos conllevan importantes retos económicos, sociales y medioambientales, que habrá que afrontar en el seno de las propias ciudades y asentamientos humanos. Entre dichos desafíos el ODS 11 delimita tres ámbitos de actuación que son objeto de evaluación: calidad de vida, movilidad sostenible e impactos medioambientales.

A continuación se exponen las principales conclusiones recogidas respecto al ODS 11 en el citado informe de seguimiento realizado por Eurostat:

a) Calidad de vida. Se evalúa a partir de indicadores relativos a la calidad de la vivienda, la contaminación acústica, la contaminación atmosférica y la seguridad.

  • El 13,6% de la población de la UE residía en viviendas con déficits habitacionales básicos (goteras, humedades…) en 2018. Este porcentaje ha disminuido en 2,7 p.p. respecto al registrado en 2010.
  • El 17,1% de la población vive en hogares hacinados, es decir, 2 p.p. menos que en 2010.
  • El 18,2% de la población declara que vive con molestias de ruido en 2018, frente al 20,6% en 2010.
  • El 11,5% de la población percibe en su localidad que existen crimen, violencia y vandalismo, un porcentaje que ligeramente inferior al de 2010 (13,1%).
  • La concentración media anual ponderada por población de partículas finas (PM2,5) en las áreas urbanas ha disminuido desde 17,5 μg/m3 en 2012 a 15,0 μg/m3 en 2017. Sin embargo, de acuerdo con la OMS el 77% de los habitantes de las ciudades de la UE viven expuestos a niveles de concentración de PM2,5 que se consideran nocivos para la salud humana.
  • El grado de urbanización afecta al nivel de hacinamiento de los hogares y a la percepción de contaminación acústica e inseguridad ciudadana, siendo estos problemas mayores en las grandes ciudades que en las ciudades pequeñas y áreas rurales.

b) Movilidad sostenible. En este ámbito se evalúan los avances alcanzados en materia de transporte sostenible y seguro.

  • La participación de transporte público (autobuses y trenes) en el transporte total de pasajeros se ha estancado, representando solo el 17,1% en 2017, porcentaje inferior al de 2012, frente a la mayor proporción de los turismos.
  • Si bien se han reducido las víctimas mortales de accidentes de tráfico durante los últimos quince años (de 47.331 personas en 2003 a 23.339 en 2018), se ha producido un estancamiento desde 2013 que aleja a la UE de sus objetivos iniciales.

c) Impactos medioambientales. Diversos son los impactos medioambientales que tienen su origen en las ciudades. Se evalúan los progresos alcanzados en materia de gestión de los residuos, tratamiento de las aguas residuales y ocupación del suelo.

  • La tasa de reciclaje de residuos municipales alcanzó el 47,4% en 2018. Dicha tasa ha aumentado de forma continuada desde el 27,3% del año 2000, si bien aún se encuentra distante del objetivo del 60% para 2030.
  • Entre 2014 y 2017 en quince Estados de la UE el 80% o más de su  población estaba conectada al menos a plantas de tratamiento secundario de aguas residuales, y en nueve Estados miembros, más del 90% de su población. Estos porcentajes han aumentado respecto al año 2002, si bien se viene manifestando como tarea compleja y costosa el objetivo de cubrir al 100% de la población.
  • Con la extensión de las ciudades la degradación del suelo y la pérdida de ecosistemas se convierten en un desafío medioambiental principal. El área de asentamiento (edificios, áreas industriales y comerciales, infraestructuras…) per cápita fue de 703,4 m2 en 2018, esto es, un 3,3% más que en 2015.

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Fuente: Eurostat: Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progess towards the SDGs in an EU context, 2020 edition.

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Eurostat

El reciclaje en la Unión Europea (2000-2019)

Eslovenia

Uno de los principales frentes de las políticas medioambientales es el de la gestión de los residuos producidos por la actividad humana. Aplicando el principio de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar), cuando no es posible evitar la generación de los residuos procedentes de nuestras actividades de producción y consumo, ni tampoco promover su reutilización, la respuesta ha de centrarse en maximizar el reciclaje.

Durante las dos últimas décadas el tratamiento de los residuos se ha venido consolidando en la Unión Europea, a la luz de la evolución que han seguido indicadores como la tasa de reciclaje de residuos municipales.

De acuerdo con Eurostat, dicha tasa de reciclaje se define como el porcentaje de residuos municipales, generados por los hogares y por fuentes de residuos similares (comercio, oficinas e instituciones públicas) sobre el total de residuos generados. El reciclaje de este tipo de residuos comprende el reciclaje de materiales, el compostaje y la digestión anaeróbica.

En un análisis temporal amplio, en el promedio de la UE-27 la tasa de reciclaje de residuos municipales ha mostrado de forma continuada una senda ascendente durante el periodo 2000-2019 .

En el año 2000 el 27,3% de los residuos municipales generados en el conjunto de la UE-27 se reciclaban. Veinte años más tarde dicha tasa de reciclaje ascendía a 47,7%, como se observa en el siguiente gráfico.

G_UE27_Reciclaje_2000-2019

Estos resultados positivos, si bien no suficientes, presentan diferencias por países muy marcadas.

De los 27 Estados de la Unión Europea, nueve superaron en 2019 la tasa media comunitaria (47,7%). La tasa de reciclaje más elevada la alcanzó Alemania (66,1%), a la que sigue, a distancia, Eslovenia (59,2%), Austria (58,2%), Países Bajos (56,9%) y Bélgica (54,7%), con las mayores tasas. 

Por el contrario, los países europeos que presentan en 2019 las tasas de reciclaje más bajas fueron Malta (8,9%), Rumanía (11,5%), Chipre (15,0%) y Grecia (21,0%).

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Hay que destacar, asimismo, los significativos progresos que han logrado algunos países europeos durante los últimos años. En el transcurso del periodo 2000-2019 cabe destacar los mayores avances relativo alcanzado por Eslovenia, cuya tasa de reciclaje de residuos municipales ha aumentado desde el 6,0% en 2000 hasta el 59,2% en 2019 (la segunda más alta de la UE-27), y por Lituania (desde el 0,0% al 49,4%). Por el contrario, Austria y Malta han reducido su tasa de reciclaje durante el periodo 2000-2019, en 5,2 y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente.

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Eurostat

La dependencia de los combustibles fósiles en los países de la UE (1990-2019)

Al mismo tiempo, una menor dependencia del exterior de los combustibles fósiles se alinea con la sostenibilidad, al favorecer la transición hacia una economía basada en las energías renovables y baja en carbono.

Los objetivos de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático están estrechamente relacionados con el propósito de reducir el consumo de combustibles fósiles en sus diferentes tipos (petróleo, carbón, gas natural…).

Los últimos datos disponibles de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) nos confirman que el grado de dependencia de los combustibles fósiles continúa siendo elevado en el seno de los países de la Unión Europea. En el promedio de la UE-27, en el año 2019 los combustibles fósiles representan el 71,5% de la energía bruta disponible.

No obstante, también se observa que durante las últimas tres décadas la hegemonía de estos combustibles contaminantes en la total ha seguido una tendencia descendente. Así, según el organismo estadístico europeo, entre 1990 y 2019 el conjunto de la UE-27 (sin Reino Unido) ha visto reducir el porcentaje de combustibles fósiles sobre la energía bruta disponible en 10,9 puntos, desde el 82,4% hasta el 71,5%. Dicho descenso viene explicado en gran medida por la creciente implantación de las energías renovables.

En un análisis por países, en el año 2019, 24 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea tienen un grado de dependencia de los combustibles fósiles superior al 50% de su energía bruta disponible .

El país más dependiente energéticamente de los combustibles fósiles es el Estado insular de Malta, con un porcentaje sobre la energía bruta disponible del 96,7%. A continuación, le siguen Países Bajos (92,4%), Chipre (91,5%), Polonia (89,6%), Irlanda (88,9%) y Grecia (85,7%), entre otros.

Por el contrario, Suecia es el país comunitario con el menor grado de dependencia fósil, con el 31,8% de su energía disponible, seguido de Finlandia (42,8%) y Francia (49,6%). Estos tres países son los únicos de la UE que presentan porcentajes inferiores al 50%.

Considerando el conjunto del periodo 1990-2019, es de destacar que los 27 Estados de la UE han logrado reducir el consumo relativo de combustibles fósiles.

Las mayores disminuciones del peso de estos combustibles sobre el total de energía disponible se han dado en Estonia, Dinamarca, Rumanía y Letonia, con más de 20 p.p. de caídas en dicho periodo. En el otro extremo, los menores descensos de la participación energética de los combustibles fósiles se han registrado en Bélgica, Malta, España y Países Bajos, que sólo han rebajado entre 3 y 5 p.p la proporción de dichos combustibles durante 1990-2019.

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Eurostat.

El índice de progreso social de la UE (2020)

Porvoo, Finlandia

Tradicionalmente la evaluación del progreso o desarrollo de los países ha estado vinculada al análisis de una única variable: el valor monetario de la producción de bienes y servicios, esto es, el conocido PIB (Producto Interior Bruto), bien en su versión de tasas de crecimiento, bien en términos relativos (PIB per cápita).

Existen, no obstante, enfoques alternativos, más recientes y menos conocidos, que, desde una visión holística y menos productivista, persiguen conocer de forma más realista la evolución del progreso de las sociedades, como el que promueve desde 2014 Social Progress Imperative, con su Índice de Progreso Social (IPS) a nivel mundial.

Tomando como marco general el IPS global, en el contexto europeo la Comisión ha liderado el Índice de Progreso Social Europeo (IPS-UE) que mide el progreso social de los países y regiones de la Unión. Para ello se ha valido de una amplia batería de indicadores sociales y medioambientales (55 en 2020), provistos en su mayoría por Eurostat.

Al igual que el IPS global, el IPS-UE parte de la siguiente definición de progreso social: “la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer los pilares que permitan a los ciudadanos y las comunidades mejorar y mantener la calidad de sus vidas y crear las condiciones para que todas las personas alcancen sus máximo potencial”.

Esta definición de progreso se sustenta, por tanto, en tres dimensiones principales: las necesidades humanas básicas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades. Cada una de estas tres dimensiones del progreso social se concreta en cuatro componentes.

Fuente: European Commission

A partir de los indicadores simples seleccionados, que evalúan los doce componentes del progreso social, se construye el indicador compuesto del IPS-UE, cuyo valor oscila entre 0 (el peor resultado) y 100 (el resultado ideal). De esta forma, se consigue conocer la posición relativa del progreso social, y de sus tres dimensiones, que tiene un país o región europea respecto a los demás.

Tras una primera edición de 2016, los últimos datos del Índice de Progreso Social de la UE son los publicados en el año 2020. En una primera valoración de los resultados por países del IPS-UE de 2020, destacamos, a continuación, las siguientes conclusiones:

-El IPS para el conjunto de la UE-27 toma un valor de 66,7 en 2020.

-Por dimensiones del progreso social, los mejores resultados se obtienen en Necesidades humanas básicas (80,0). Le siguen, a continuación, las dimensiones de Fundamentos del bienestar (63,9) y Oportunidades (57,5).

-Existen diferencias marcadas en el progreso social entre los países de la UE. Las mayores divergencias se constatan en la dimensión de Oportunidades: 43,30 puntos separan el país mejor valorado del peor situado. La menor divergencia entre países se registra en la dimensión de Necesidades humanas básicas, con una distancia de 25,4o puntos.

-Por países, Finlandia, con 82,8, es el país de la UE con un Índice de Progreso Social más alto en 2020, seguido por Suecia (82,4) y Dinamarca (81,7).

-A continuación los siguientes siete países europeos también anotan valores del IPS superiores a 70: los Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Austria, Francia, Alemania y Estonia.

-En el extremo contrario, el menor nivel de progreso social dentro de la UE lo presenta Rumanía (47,9), seguido de Bulgaria (50,1).

-A continuación los cinco países siguientes también obtienen valores del IPS inferiores a 60: Grecia, Croacia, Hungría, Italia y Eslovaquia.

Para más información:

European Social Progress Index

El índice de progreso social mundial (2020)

Ha sentado cátedra, desde hace ya varias décadas, la corriente económica que defiende que la evaluación de los avances en el desarrollo de las naciones o territorios queda sintetizada en una única variable: el valor monetario de la producción de bienes y servicios, con sus diferentes versiones técnicas.

Bajo este pensamiento económico y político hegemónico se infiere que el indicador más adecuado para medir el desarrollo de un país o región es el PIB (Producto Interior Bruto), ya sea en forma dinámica (a través de sus tasas de crecimiento), ya sea en términos relativos (PIB per cápita).

Sin embargo, existen enfoques alternativos, más recientes y menos conocidos, que desde una visión holística y menos productivista incorporan en su medición del desarrollo otros indicadores más centrados en el bienestar, como el del Índice de Desarrollo Humano, que desde 1990 publica la ONU.

Otra de esas aproximaciones alternativas de evaluación del desarrollo más allá del PIB, es la que desde 2014 promueve Social Progress Imperative, con su Índice de Progreso Social (IPS).

El enfoque del IPS persigue conocer mejor el bienestar real de las sociedades; dar respuestas a las preguntas que importan a la gente, pero que el PIB no puede responder, como son las relacionadas, por ejemplo, con la satisfacción de las necesidades básicas, la calidad del medio ambiente y la justicia.

El punto de partida del IPS es la definición de progreso social que queda expresada en los siguientes términos: “la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer los pilares que permitan a los ciudadanos y las comunidades mejorar y mantener la calidad de sus vidas y crear las condiciones para que todas las personas alcancen sus máximo potencial”. Esta definición de progreso se sustenta, por tanto, en tres dimensiones principales: las necesidades humanas básicas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades.

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Fuente: socialprogress.org

Cada una de estas tres dimensiones del progreso social se materializa en cuatro componentes. Así, la dimensión de Necesidades humanas básicas incluye los componentes de nutrición y atención médica básica, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal. La segunda dimensión de Fundamentos del bienestar queda definida por los componentes de acceso al conocimiento, acceso a la información y comunicaciones, salud y calidad medioambiental. Finalmente, la dimensión de Oportunidades contiene los cuatro componentes siguientes: derechos personales, libertad y elección personal, inclusión y acceso a la educación superior.

A su vez los doce componentes del progreso social se concretan y evalúan mediante un conjunto de indicadores de resultados (unos 50 en 2020). A partir de estos indicadores simples se construye el indicador compuesto del IPS, cuya metodología se basa en el análisis de componentes principales. El valor del IPS abarca una escala de 0 a 100, permitiendo conocer la posición relativa del progreso social y sus tres dimensiones que tiene un país respecto a los demás. Asimismo, el IPS nos informa sobre si ha habido avances o retrocesos en cada país a lo largo del tiempo.

Los últimos datos del Índice de Progreso Social, publicados en el año 2020, nos aportan varias conclusiones generales relevantes:

-En promedio, el mundo ha mejorado en progreso social desde 2011 hasta 2020, (al pasar el valor del IPS de 60,63 a 64,24). Sin embargo, dicho progreso ha sido lento y desigual.

-Entre 2011 y 2020 el mundo ha mejorado en acceso a la información y comunicaciones, acceso a educación superior, vivienda y agua y saneamiento. Por el contrario, la población mundial ha retrocedido en derechos personales e inclusión, y se ha estancado en seguridad personal y calidad medioambiental.

-De los doce componentes del IPS de 2020 (64,24) el que obtiene una mayor puntuación es el de nutrición y atención médica básica (84,63), mientras que el peor resultado es el registrado por el componente de calidad medioambiental (36,87).

Finalmente, con una cobertura geográfica de 163 países del IPS, se concluye que en 2020 Noruega es el país que, con un IPS igual a 92,73, encabeza el ranking mundial. Le siguen, a continuación, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, Canadá, Australia, Islandia y los Países Bajos, en décimo lugar.

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Por el contrario, en el otro extremo del ranking se sitúan países del continente africano como Sudán del Sur, Chad, República Centroafricana, Somalia, Burundi, Níger y República Democrática del Congo, con valores de IPS que no alcanzan a la mitad de los valores obtenidos por el grupo de países más aventajados en progreso social.

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La relación que existe entre Índice de Progreso Social y el PIB per cápita es fuerte y positiva. Sin embargo, un análisis más detallado de dicha correlación nos muestra que el PIB per cápita no explica completamente el progreso social. Los países obtienen niveles dispares de progreso social a niveles similares de PIB per cápita. Asimismo, como expresa el informe de IPS 2020, para los países con niveles de PIB per cápita más bajos, pequeñas diferencias en este indicador se asocian con grandes mejoras en progreso social. Por el contrario, a medida que los países alcanzan altos niveles de PIB per cápita la tasa de cambio se ralentiza.

Para más información:

Social Progress Index

Las emisiones de gases de efecto invernadero de los hogares de la UE (2010-2019)

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GIE) causantes, en gran medida, de la crisis climática actual que sufre el planeta proceden, principalmente, del desarrollo de diversas actividades económicas (industria manufacturera, producción de electricidad, agricultura, ganadería, transporte, construcción…). Además, no hay que olvidar que las actividades desarrolladas por los hogares también son fuente de emisión de GEI.

En el contexto de la Unión Europea (UE-27) las emisiones de GEI de los hogares representaron en 2019 el 19,8% de total de emisiones frente al 80,2% generado por las actividades de los diferentes sectores económicos.

Si analizamos en concreto las actividades realizadas dentro de los hogares (calefacción, aire acondicionado, cocina…) los datos apuntan a una paulatina mejoría de la eficiencia energética y a un menor empleo de los combustibles fósiles en la medida en que se constata que se han reducido los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera por los hogares durante los últimos años.

Así, de acuerdo con la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en la UE-27 dichas emisiones de GEI de los hogares han descendido desde las 406,5 toneladas de CO2 equivalente del año 2010 hasta las 299,1 de 2019. Ello supone, por tanto, una caída acumulada del 26,4%, lo que muestra el mejor comportamiento relativo de los hogares en comparación con la evolución del conjunto de las actividades que emiten GEI en la UE-27, cuya reducción fue del 12,8% en dicho periodo de 2010-2019.

Si analizamos la evolución de las emisiones de los hogares, en términos relativos, por habitante, en la UE-27 se emitieron 669 kg de CO2 equivalente per cápita en el año 2019. Este dato también apunta una mejoría respecto a 2010, cuando dicha ratio se cifró en 922 kg/habitante, de modo que se ha producido una reducción del 27,4% en dicho periodo.

Sin desdeñar estos avances en la lucha contra el cambio climático, la realidad actual sigue siendo mejorable, presentándose aún importantes diferencias entre los países que conforman la Unión Europea.

En 2019 tres países excedían con mucho el promedio de emisiones de 669 kg de CO2 equivalente per cápita de la Unión Europea: Luxemburgo (1.662 kg/hab.), Bélgica (1.244) e Irlanda (1.236). A continuación, otros países que emitieron más del 25% del valor promedio europeo son Polonia, Países Bajos, República Checa y Alemania.

Por el contrario, los hogares de la UE que emitieron, con diferencia, menos GEI per cápita son los pertenecientes a Suecia (35 kg de CO2 equivalente/hab.) y Malta (96). Les sigue un grupo de nueve países que también destacan por presentar una ratio de emisiones que es menos de la mitad del promedio europeo: Finlandia, Portugal, Letonia, Bulgaria, Rumanía, Estonia, España y Lituania.

Finalmente, es de resaltar, desde un enfoque dinámico, que, durante el periodo analizado (2010-2019), 22 de los 27 países de la UE han conseguido reducir los GEI emitidos a la atmósfera por las actividades realizadas en las viviendas, significándose los mayores descensos porcentuales en Suecia (-62,8%), Finlandia (-47,8%) y Eslovenia (-44,9%).

Para más información:

Eurostat

La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2019)

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Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

La fiscalidad ambiental implica la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012). Con los impuestos ambientales se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, al incorporar en el coste de aquellas actividades insostenibles también sus costes medioambientales que, de lo contrario, permanecerían “no visibles”, sin contabilizar en el precio final. De este modo el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen su comportamiento para que sea más respetuoso con el medio ambiente.

Las ventajas que ofrecen los impuestos ambientales son diversas, entre las que podemos señalar las siguientes: a) favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles), b) contribuyen a un mayor empleo del transporte sostenible, c) fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente, d) reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas, e) desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables y f) refuerzan la lucha contra el cambio climático.

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

“Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes“.

Durante los últimos 25 años se han extendido los impuestos ambientales que, en sus diversos tipos, han venido aplicando en el seno de la Unión Europea los Estados miembros. Es hora de hacer balance y profundizar en las evaluaciones sobre la aplicación de este tipo de impuestos.

En una primera evaluación es de especial interés conocer si la fiscalidad verde ha ganado peso en la política tributaria de los países. Para ello, analizamos cómo se ha comportado la recaudación de los diferentes impuestos ambientales, cómo ha evolucionado la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación en función de la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2019 se recaudó en la UE-27 un total de 330.577 millones de euros en concepto de impuestos ambientales. De este total la mayor parte (el 77,9%) fueron ingresos por impuestos sobre la energía. A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,9%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (3,2%).

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En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,91% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2019. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,37%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2019, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE, a la luz del análisis de la evolución de la presión fiscal ambiental registrada durante dicho periodo.

El porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,58% de 1995 hasta el 2,37% en el último año de 2019. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Por tipos de impuestos, la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 1,98% en 1995 a 1,84% en 2019. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,52% al 0,45%, mientras que los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantiene su presión fiscal en el 0,08% en el periodo analizado.

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En un análisis por países son destacables las diferencias que se detectan dentro de la UE-27 en relación con la importancia dada a la fiscalidad verde. Así, en el año 2019 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación relativa por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 3,86%. Le siguen, en orden descendente, Croacia (3,54%), Países Bajos (3,39%), Eslovenia (3,32%), Italia (3,28%) y Dinamarca (3,27%).

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (1,41% en 2019), seguido de Luxemburgo (1,72%), Eslovaquia (1,79%), Alemania (1,77%), España (1,77%) y Lituania (1,89%).

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En resumen, durante el periodo 1995-2019 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (14 de 27), permaneciendo igual en tres y aumentando en diez. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Estonia (+2,3 p.p. entre 1995 y 2019), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-1,6 p.p.).

Para más información: 

Eurostat

Los impuestos ambientales en España (2008-2019)

La fiscalidad verde constituye un importante instrumento de política pública cuyo objetivo principal es orientar la producción y el consumo hacia una asignación eficiente de los recursos naturales, fomentando comportamientos de los agentes económicos menos extractivos y no contaminantes. Con la adecuada aplicación de impuestos ambientales es posible favorecer una mayor calidad del medioambiente, gravando, por ejemplo, las emisiones de CO2 a la atmósfera, la generación de residuos, los combustibles fósiles y el transporte no sostenible.

Dicho instrumento fiscal conlleva ingresos para las arcas públicas como resultado de la aplicación de diferentes tipos de impuestos ambientales, en un determinado territorio, que son definidos como “aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medioambiente” (de acuerdo con la definición oficial que emplea el INE).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la extensión de la aplicación de impuestos ambientales para mitigar el cambio climático y desincentivar la producción y consumo insostenibles. La política fiscal de los Estados debería, en consecuencia, tender a otorgar un mayor peso a la recaudación por la vía de este tipo de tributos.

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los datos avance del año 2019 muestran que la recaudación de los impuestos ambientales ascendió a 22.050 millones de euros. En términos relativos, dicha cuantía representa el 7,9% del total de impuestos de la economía española. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se situó en el 1,77% en 2019.

Por tipos de impuestos ambientales, destacan, con diferencia, los impuestos sobre la energía, con el 82,2% del total. Les siguen los impuestos sobre el transporte, con el 13,4%, y, en tercer lugar, los impuestos sobre la contaminación y los recursos, con el 4,4% restante.

Por ramas de actividad y hogares, fueron los hogares los que abonaron más impuestos ambientales en 2019, en concreto, unos 11.801 millones euros, esto es, el 53,5% del total, frente al 46,5% que fue pagado por la actividad productiva.

Respecto a la actividad productiva, las ramas económicas que pagaron más impuestos ambientales fueron Transporte y almacenamiento, con el 15,5% del total, e Industria manufacturera (9,8%). Les siguen las ramas de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua (6,9%); Otros servicios (6,3%); Comercio (4,5%); Construcción (1,9%); Industrias extractivas (0,8%) y Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (0,8%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2008-2019 los impuestos ambientales han aumentado un 21,3%, al pasar de 18.179 a 22.050 millones de euros (en precios corrientes).

Por tipos de impuestos dicho crecimiento ha resultado ser desigual. Se han incrementado los ingresos de los impuestos sobre la contaminación y los recursos un 311,4% y, en menor medida, los de los impuestos sobre la energía (los de mayor peso), un 25,4%. Por el contrario, se ha reducido la recaudación de los impuestos sobre el transporte en un 15,2% durante dicho periodo.

Finalmente, para conocer mejor la evolución de la importancia real de la fiscalidad ambiental en España, es de especial interés analizar la recaudación en términos relativos, es decir, sobre la evolución de la actividad económica (PIB). De este modo, se observa que la recaudación fiscal ambiental sobre el PIB ha aumentado desde el 1,64% en 2008 hasta el 1,77% en 2019. No obstante, hay que hacer constar que en 2015 dicho indicador llegó a alcanzar el 1,93% para, a continuación, entrar en una tendencia de continuo descenso, año tras año, que perdura hasta la actualidad.

Para más información:

INE.

La medición del desarrollo: recomendaciones del Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi

Durante décadas en los ámbitos económico y político se ha concebido el Producto Interior Bruto (PIB) como la medida hegemónica para evaluar el desarrollo y el progreso de los países y regiones. Sin embargo, son evidentes, desde hace mucho tiempo, las serias limitaciones que este indicador presenta para tal propósito. Esta es una cuestión central porque si empleamos indicadores inadecuados, la toma de decisiones públicas puede llegar a producir los resultados menos convenientes. Sabemos también que existen medidas diferentes al PIB que son más apropiadas para evaluar el desarrollo y el progreso social.

Estas dos ideas básicas fueron defendidas por la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social, que nació en 2008 fruto del encargo del presidente de la República Francesa a un equipo de economistas y especialistas en ciencias sociales, encabezado por Joseph Stiglitz (Presidente), Amartya Sen (Consejero) y Jean-Paul Fitoussi (Coordinador).

Los resultados de los trabajos de la Comisión están recogidos en un Informe que incluye importantes recomendaciones sobre cómo evaluar el desarrollo a partir de tres enfoques diferenciados: bienestar material, calidad de vida y sostenibilidad.

I. Bienestar material.

El PIB ha venido utilizándose, con mucha frecuencia, como indicador de bienestar económico. Sin embargo, nos olvidamos de que el PIB es, específicamente, una medida del valor monetario de la producción de bienes y servicios que genera un país o territorio, que poco nos dice sobre cuál es el nivel del bienestar material del que disfruta la población. De hecho, es posible que el valor monetario de la producción aumente, mientras que los ingresos y el consumo de las personas decrecen. No podemos concluir, por tanto, que a más producción, mayor bienestar. Como expresa el Informe “el PIB no es erróneo en sí, sino que se emplea de forma errónea”.

En realidad, el nivel de bienestar económico de una sociedad está más estrechamente relacionado con otras variables como el ingreso nacional real, a nivel agregado, y el ingreso real y el consumo real de los hogares, a nivel microeconómico. El ingreso real por hogar, por ejemplo, nos aproxima más al bienestar material en tanto que tiene en cuenta otras variables como los impuestos abonados al Estado y las transferencias sociales percibidas, a las que habría que añadir, siendo rigurosos, los servicios públicos recibidos, como educación y sanidad.

Otra de las recomendaciones del Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi sobre el bienestar material se centra en la necesidad de tener en cuenta, además de los ingresos reales, el patrimonio de los hogares. Un aumento del consumo con cargo al patrimonio o riqueza puede aumentar el bienestar material actual, pero lo hace a costa de reducir el bienestar futuro.

Asimismo, la evaluación del bienestar material no debe dejar de lado la distribución. Las medidas de ingreso medio, consumo medio y riqueza media son insuficientes si no van acompañadas de indicadores que reflejen su distribución. Es importante conocer qué sucede en la parte inferior (pobreza) y la superior de la escala de distribución de estas variables, si queremos evaluar el bienestar de la sociedad.

Finalmente, se propone ampliar los indicadores de ingresos a las actividades no mercantiles, como las actividades domésticas y el tiempo de ocio.

II. Calidad de vida.

El bienestar entendido como calidad de vida es pluridimensional. Para aprehender el significado del bienestar social es necesario considerar simultáneamente las siguientes dimensiones:

  • Las condiciones de vida materiales (ingreso, consumo y riqueza).
  • La salud.
  • La educación.
  • Las actividades personales, y dentro de ellas el trabajo.
  • La participación en la vida política y la gobernanza.
  • Los lazos y relaciones sociales.
  • El medio ambiente (estado presente y futuro).
  • La seguridad, tanto económica como física.

Para todas estas dimensiones han de procurarse las medidas estadísticas más adecuadas, si realmente queremos conocer la calidad de vida de las personas.

El desarrollo y el progreso social es mucho más que el bienestar material que pueda proporcionar el PIB de una economía, el consumo de bienes producidos, el nivel de ingresos adquiridos o el patrimonio acumulado. Como señala el Informe, ha llegado la hora de que nuestro sistema estadístico se centre más en la medición del bienestar de la población que en la medición de la producción económica.

Además, el Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi recomienda que los indicadores proporcionen una evaluación exhaustiva de las desigualdades de la calidad de vida entre personas, categorías socioeconómicas, sexos y generaciones.

Finalmente, los necesarios indicadores objetivos de las distintas dimensiones del bienestar deberían ser complementados con mediciones subjetivas de la calidad de vida, realizadas a través de encuestas en las que se pregunte a las personas sobre la valoración que hacen de sus vidas, experiencias y prioridades.

III. Sostenibilidad.

Bajo el enfoque de la sostenibilidad, no es suficiente con evaluar el bienestar material y otras dimensiones de la calidad de vida, sino que es necesario llegar a conocer si el desarrollo es sostenible, esto es, si podría mantenerse (o en su caso aumentarse), para las generaciones futuras. Ello implica la necesidad de disponer de indicadores que nos informen sobre cómo se encuentran y varían (aumenta o disminuye) la cantidad y la calidad de los recursos naturales, así como del capital humano y físico.

Especial atención debe recibir la dimensión medioambiental de la sostenibilidad. Ante las patentes limitaciones que presenta la valoración del medio ambiente natural en términos monetarios, se recomienda el empleo de indicadores físicos que permitan advertirnos de cuándo nos acercamos a niveles peligrosos de amenaza, en especial cuando deriven en daños irreversibles al medio ambiente. Como expresa el propio Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi:

“…nos enfrentamos a una eminente crisis medioambiental, en particular al calentamiento del planeta. Los precios del mercado están falseados por la ausencia de impuestos sobre las emisiones de carbono y las mediciones clásicas del ingreso nacional no tienen en cuenta el coste de dichas emisiones. A todas luces, la medición del desarrollo económico que tuviese en cuenta dichos costes medioambientales sería sensiblemente diferente de las mediciones habituales”.

Para más información:

Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social. Síntesis y recomendaciones

Evaluando la productividad energética en la economía de la UE (2000-2018)

En la transición hacia una economía sostenible un aspecto crucial es perseguir la eficiencia en el empleo de los recursos materiales y la energía. En este último ámbito, maximizar la eficiencia energética, además de la extensión de la implantación de las energías renovables, constituye un objetivo prioritario de la política medioambiental de la Unión Europea, como queda recogido en estrategias como la Estrategia Europa 2020.

Por tanto, para avanzar en eficiencia energética, facilitando la sostenibilidad de la economía, se hace necesario emplear menos energía por unidad de producto o lo que es lo mismo obtener más producción de bienes y servicios con la misma cantidad de energía.

Un indicador que nos aproxima a evaluar la eficiencia energética en la UE es el que publica la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En concreto, se dispone del indicador de productividad energética, que queda definido por la división entre el Producto Interior Bruto (PIB a precios constantes) y la energía bruta disponible para un año determinado.

Unos primeros resultados del análisis de la evolución del citado indicador durante el periodo 2000-2018 nos permiten concluir que la productividad energética en la UE-27 (sin Reino Unido) ha seguido una tendencia ascendente, al pasar de los 6,3 euros por kgep en 2000 a 8,1 en 2018. Es decir, si en el año 2000 por cada kilogramo equivalente de petróleo la economía de la UE produjo 6,3 euros de PIB, en el año 2018 alcanzó a obtener 8,1 euros.

Para un análisis comparativo por países, empleamos el indicador de Producto Interior Bruto en paridad de poder de compra (PIB pps) por kilogramo equivalente de petróleo (kgep). Este indicador, al igual que el anterior, nos mide la productividad energética por unidad de producción en una economía, si bien, en este caso, teniendo en cuenta las variaciones de precios nacionales.

En el último año de 2018 el Estado de la UE-27 con mayor productividad energética de su economía ha sido Irlanda, con 18,7 euros en pps por kgep, seguido de Dinamarca (11,9), Rumanía (11,5), Italia (11,0), Luxemburgo (10,7) y Austria (10,1).

Por el contrario, como países con menor productividad energética figuran Malta (4,7), Estonia (5,0), Finlandia (5,3), Bulgaria (5,7), Bélgica (6,3) y República Checa (6,7).

Para más información:

Eurostat.