La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2019)

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Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

La fiscalidad ambiental implica la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012). Con los impuestos ambientales se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, al incorporar en el coste de aquellas actividades insostenibles también sus costes medioambientales que, de lo contrario, permanecerían “no visibles”, sin contabilizar en el precio final. De este modo el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen su comportamiento para que sea más respetuoso con el medio ambiente.

Las ventajas que ofrecen los impuestos ambientales son diversas, entre las que podemos señalar las siguientes: a) favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles), b) contribuyen a un mayor empleo del transporte sostenible, c) fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente, d) reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas, e) desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables y f) refuerzan la lucha contra el cambio climático.

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

“Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes“.

Durante los últimos 25 años se han extendido los impuestos ambientales que, en sus diversos tipos, han venido aplicando en el seno de la Unión Europea los Estados miembros. Es hora de hacer balance y profundizar en las evaluaciones sobre la aplicación de este tipo de impuestos.

En una primera evaluación es de especial interés conocer si la fiscalidad verde ha ganado peso en la política tributaria de los países. Para ello, analizamos cómo se ha comportado la recaudación de los diferentes impuestos ambientales, cómo ha evolucionado la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación en función de la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2019 se recaudó en la UE-27 un total de 330.577 millones de euros en concepto de impuestos ambientales. De este total la mayor parte (el 77,9%) fueron ingresos por impuestos sobre la energía. A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,9%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (3,2%).

G_Imp. amb. tipos_2019

En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,91% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2019. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,37%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2019, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE, a la luz del análisis de la evolución de la presión fiscal ambiental registrada durante dicho periodo.

El porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,58% de 1995 hasta el 2,37% en el último año de 2019. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Por tipos de impuestos, la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 1,98% en 1995 a 1,84% en 2019. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,52% al 0,45%, mientras que los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantiene su presión fiscal en el 0,08% en el periodo analizado.

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En un análisis por países son destacables las diferencias que se detectan dentro de la UE-27 en relación con la importancia dada a la fiscalidad verde. Así, en el año 2019 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación relativa por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 3,86%. Le siguen, en orden descendente, Croacia (3,54%), Países Bajos (3,39%), Eslovenia (3,32%), Italia (3,28%) y Dinamarca (3,27%).

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (1,41% en 2019), seguido de Luxemburgo (1,72%), Eslovaquia (1,79%), Alemania (1,77%), España (1,77%) y Lituania (1,89%).

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En resumen, durante el periodo 1995-2019 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (14 de 27), permaneciendo igual en tres y aumentando en diez. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Estonia (+2,3 p.p. entre 1995 y 2019), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-1,6 p.p.).

Para más información: 

Eurostat

Los impuestos ambientales en España (2008-2019)

La fiscalidad verde constituye un importante instrumento de política pública cuyo objetivo principal es orientar la producción y el consumo hacia una asignación eficiente de los recursos naturales, fomentando comportamientos de los agentes económicos menos extractivos y no contaminantes. Con la adecuada aplicación de impuestos ambientales es posible favorecer una mayor calidad del medioambiente, gravando, por ejemplo, las emisiones de CO2 a la atmósfera, la generación de residuos, los combustibles fósiles y el transporte no sostenible.

Dicho instrumento fiscal conlleva ingresos para las arcas públicas como resultado de la aplicación de diferentes tipos de impuestos ambientales, en un determinado territorio, que son definidos como “aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medioambiente” (de acuerdo con la definición oficial que emplea el INE).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la extensión de la aplicación de impuestos ambientales para mitigar el cambio climático y desincentivar la producción y consumo insostenibles. La política fiscal de los Estados debería, en consecuencia, tender a otorgar un mayor peso a la recaudación por la vía de este tipo de tributos.

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los datos avance del año 2019 muestran que la recaudación de los impuestos ambientales ascendió a 22.050 millones de euros. En términos relativos, dicha cuantía representa el 7,9% del total de impuestos de la economía española. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se situó en el 1,77% en 2019.

Por tipos de impuestos ambientales, destacan, con diferencia, los impuestos sobre la energía, con el 82,2% del total. Les siguen los impuestos sobre el transporte, con el 13,4%, y, en tercer lugar, los impuestos sobre la contaminación y los recursos, con el 4,4% restante.

Por ramas de actividad y hogares, fueron los hogares los que abonaron más impuestos ambientales en 2019, en concreto, unos 11.801 millones euros, esto es, el 53,5% del total, frente al 46,5% que fue pagado por la actividad productiva.

Respecto a la actividad productiva, las ramas económicas que pagaron más impuestos ambientales fueron Transporte y almacenamiento, con el 15,5% del total, e Industria manufacturera (9,8%). Les siguen las ramas de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua (6,9%); Otros servicios (6,3%); Comercio (4,5%); Construcción (1,9%); Industrias extractivas (0,8%) y Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (0,8%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2008-2019 los impuestos ambientales han aumentado un 21,3%, al pasar de 18.179 a 22.050 millones de euros (en precios corrientes).

Por tipos de impuestos dicho crecimiento ha resultado ser desigual. Se han incrementado los ingresos de los impuestos sobre la contaminación y los recursos un 311,4% y, en menor medida, los de los impuestos sobre la energía (los de mayor peso), un 25,4%. Por el contrario, se ha reducido la recaudación de los impuestos sobre el transporte en un 15,2% durante dicho periodo.

Finalmente, para conocer mejor la evolución de la importancia real de la fiscalidad ambiental en España, es de especial interés analizar la recaudación en términos relativos, es decir, sobre la evolución de la actividad económica (PIB). De este modo, se observa que la recaudación fiscal ambiental sobre el PIB ha aumentado desde el 1,64% en 2008 hasta el 1,77% en 2019. No obstante, hay que hacer constar que en 2015 dicho indicador llegó a alcanzar el 1,93% para, a continuación, entrar en una tendencia de continuo descenso, año tras año, que perdura hasta la actualidad.

Para más información:

INE.

La medición del desarrollo: recomendaciones del Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi

Durante décadas en los ámbitos económico y político se ha concebido el Producto Interior Bruto (PIB) como la medida hegemónica para evaluar el desarrollo y el progreso de los países y regiones. Sin embargo, son evidentes, desde hace mucho tiempo, las serias limitaciones que este indicador presenta para tal propósito. Esta es una cuestión central porque si empleamos indicadores inadecuados, la toma de decisiones públicas puede llegar a producir los resultados menos convenientes. Sabemos también que existen medidas diferentes al PIB que son más apropiadas para evaluar el desarrollo y el progreso social.

Estas dos ideas básicas fueron defendidas por la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social, que nació en 2008 fruto del encargo del presidente de la República Francesa a un equipo de economistas y especialistas en ciencias sociales, encabezado por Joseph Stiglitz (Presidente), Amartya Sen (Consejero) y Jean-Paul Fitoussi (Coordinador).

Los resultados de los trabajos de la Comisión están recogidos en un Informe que incluye importantes recomendaciones sobre cómo evaluar el desarrollo a partir de tres enfoques diferenciados: bienestar material, calidad de vida y sostenibilidad.

I. Bienestar material.

El PIB ha venido utilizándose, con mucha frecuencia, como indicador de bienestar económico. Sin embargo, nos olvidamos de que el PIB es, específicamente, una medida del valor monetario de la producción de bienes y servicios que genera un país o territorio, que poco nos dice sobre cuál es el nivel del bienestar material del que disfruta la población. De hecho, es posible que el valor monetario de la producción aumente, mientras que los ingresos y el consumo de las personas decrecen. No podemos concluir, por tanto, que a más producción, mayor bienestar. Como expresa el Informe “el PIB no es erróneo en sí, sino que se emplea de forma errónea”.

En realidad, el nivel de bienestar económico de una sociedad está más estrechamente relacionado con otras variables como el ingreso nacional real, a nivel agregado, y el ingreso real y el consumo real de los hogares, a nivel microeconómico. El ingreso real por hogar, por ejemplo, nos aproxima más al bienestar material en tanto que tiene en cuenta otras variables como los impuestos abonados al Estado y las transferencias sociales percibidas, a las que habría que añadir, siendo rigurosos, los servicios públicos recibidos, como educación y sanidad.

Otra de las recomendaciones del Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi sobre el bienestar material se centra en la necesidad de tener en cuenta, además de los ingresos reales, el patrimonio de los hogares. Un aumento del consumo con cargo al patrimonio o riqueza puede aumentar el bienestar material actual, pero lo hace a costa de reducir el bienestar futuro.

Asimismo, la evaluación del bienestar material no debe dejar de lado la distribución. Las medidas de ingreso medio, consumo medio y riqueza media son insuficientes si no van acompañadas de indicadores que reflejen su distribución. Es importante conocer qué sucede en la parte inferior (pobreza) y la superior de la escala de distribución de estas variables, si queremos evaluar el bienestar de la sociedad.

Finalmente, se propone ampliar los indicadores de ingresos a las actividades no mercantiles, como las actividades domésticas y el tiempo de ocio.

II. Calidad de vida.

El bienestar entendido como calidad de vida es pluridimensional. Para aprehender el significado del bienestar social es necesario considerar simultáneamente las siguientes dimensiones:

  • Las condiciones de vida materiales (ingreso, consumo y riqueza).
  • La salud.
  • La educación.
  • Las actividades personales, y dentro de ellas el trabajo.
  • La participación en la vida política y la gobernanza.
  • Los lazos y relaciones sociales.
  • El medio ambiente (estado presente y futuro).
  • La seguridad, tanto económica como física.

Para todas estas dimensiones han de procurarse las medidas estadísticas más adecuadas, si realmente queremos conocer la calidad de vida de las personas.

El desarrollo y el progreso social es mucho más que el bienestar material que pueda proporcionar el PIB de una economía, el consumo de bienes producidos, el nivel de ingresos adquiridos o el patrimonio acumulado. Como señala el Informe, ha llegado la hora de que nuestro sistema estadístico se centre más en la medición del bienestar de la población que en la medición de la producción económica.

Además, el Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi recomienda que los indicadores proporcionen una evaluación exhaustiva de las desigualdades de la calidad de vida entre personas, categorías socioeconómicas, sexos y generaciones.

Finalmente, los necesarios indicadores objetivos de las distintas dimensiones del bienestar deberían ser complementados con mediciones subjetivas de la calidad de vida, realizadas a través de encuestas en las que se pregunte a las personas sobre la valoración que hacen de sus vidas, experiencias y prioridades.

III. Sostenibilidad.

Bajo el enfoque de la sostenibilidad, no es suficiente con evaluar el bienestar material y otras dimensiones de la calidad de vida, sino que es necesario llegar a conocer si el desarrollo es sostenible, esto es, si podría mantenerse (o en su caso aumentarse), para las generaciones futuras. Ello implica la necesidad de disponer de indicadores que nos informen sobre cómo se encuentran y varían (aumenta o disminuye) la cantidad y la calidad de los recursos naturales, así como del capital humano y físico.

Especial atención debe recibir la dimensión medioambiental de la sostenibilidad. Ante las patentes limitaciones que presenta la valoración del medio ambiente natural en términos monetarios, se recomienda el empleo de indicadores físicos que permitan advertirnos de cuándo nos acercamos a niveles peligrosos de amenaza, en especial cuando deriven en daños irreversibles al medio ambiente. Como expresa el propio Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi:

“…nos enfrentamos a una eminente crisis medioambiental, en particular al calentamiento del planeta. Los precios del mercado están falseados por la ausencia de impuestos sobre las emisiones de carbono y las mediciones clásicas del ingreso nacional no tienen en cuenta el coste de dichas emisiones. A todas luces, la medición del desarrollo económico que tuviese en cuenta dichos costes medioambientales sería sensiblemente diferente de las mediciones habituales”.

Para más información:

Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social. Síntesis y recomendaciones

Evaluando la productividad energética en la economía de la UE (2000-2018)

En la transición hacia una economía sostenible un aspecto crucial es perseguir la eficiencia en el empleo de los recursos materiales y la energía. En este último ámbito, maximizar la eficiencia energética, además de la extensión de la implantación de las energías renovables, constituye un objetivo prioritario de la política medioambiental de la Unión Europea, como queda recogido en estrategias como la Estrategia Europa 2020.

Por tanto, para avanzar en eficiencia energética, facilitando la sostenibilidad de la economía, se hace necesario emplear menos energía por unidad de producto o lo que es lo mismo obtener más producción de bienes y servicios con la misma cantidad de energía.

Un indicador que nos aproxima a evaluar la eficiencia energética en la UE es el que publica la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En concreto, se dispone del indicador de productividad energética, que queda definido por la división entre el Producto Interior Bruto (PIB a precios constantes) y la energía bruta disponible para un año determinado.

Unos primeros resultados del análisis de la evolución del citado indicador durante el periodo 2000-2018 nos permiten concluir que la productividad energética en la UE-27 (sin Reino Unido) ha seguido una tendencia ascendente, al pasar de los 6,3 euros por kgep en 2000 a 8,1 en 2018. Es decir, si en el año 2000 por cada kilogramo equivalente de petróleo la economía de la UE produjo 6,3 euros de PIB, en el año 2018 alcanzó a obtener 8,1 euros.

Para un análisis comparativo por países, empleamos el indicador de Producto Interior Bruto en paridad de poder de compra (PIB pps) por kilogramo equivalente de petróleo (kgep). Este indicador, al igual que el anterior, nos mide la productividad energética por unidad de producción en una economía, si bien, en este caso, teniendo en cuenta las variaciones de precios nacionales.

En el último año de 2018 el Estado de la UE-27 con mayor productividad energética de su economía ha sido Irlanda, con 18,7 euros en pps por kgep, seguido de Dinamarca (11,9), Rumanía (11,5), Italia (11,0), Luxemburgo (10,7) y Austria (10,1).

Por el contrario, como países con menor productividad energética figuran Malta (4,7), Estonia (5,0), Finlandia (5,3), Bulgaria (5,7), Bélgica (6,3) y República Checa (6,7).

Para más información:

Eurostat.

La dependencia exterior de combustibles fósiles en los países de la UE (1990-2018)

Un aspecto estratégico de toda economía es procurar el máximo grado de soberanía energética, para hacerla menos vulnerable a problemas de provisión de recursos energéticos y a imprevistas fluctuaciones alcistas de los precios que repercutirán, en última instancia, sobre la capacidad adquisitiva de la población y el saldo comercial del país importador, entre otros efectos. Al mismo tiempo, una menor dependencia del exterior de los combustibles fósiles se alinea con la sostenibilidad, al favorecer la transición hacia una economía basada en las energías renovables y baja en carbono.

En el seno de la Unión Europea, aunque de forma aún insuficiente se han obtenido progresos en ámbitos como el de la implantación de las energías renovables y la intensidad energética de la economía. Sin embargo, aún sigue pesando mucho la presencia de combustibles fósiles y su dependencia del exterior.

Los últimos datos disponibles de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de combustibles fósiles continúa siendo elevado en los países de la UE, atendiendo al indicador de dependencia de importaciones energéticas que define dicho organismo estadístico como:

la proporción de las necesidades energéticas totales de un país satisfechas por las importaciones de otros países, esto es, el porcentaje de importaciones netas (importaciones menos exportaciones) sobre la energía bruta disponible.

Así, según Eurostat entre 1990 y 2018 el conjunto de la UE27 (sin Reino Unido) ha visto aumentar su grado de dependencia exterior de combustibles fósiles desde el 50,1% hasta el 58,2%.

En un análisis por países, 17 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2018.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones sobre su energía bruta disponible del 97,8%, Luxemburgo (95,1%) y Chipre (92,5%). A continuación les siguen Bélgica (82,3%), Italia (76,3%), Portugal (75,6%), Lituania (74,2%), España (73,3%) y Grecia (70,7%), entre otros.

Por el contrario, los países con un grado de dependencia exterior menor son Estonia (0,7%), Dinamarca (23,7%), Rumanía (24,3%) y Suecia (29,2%).

Desde una perspectiva temporal durante el periodo 1990-2018 los tres Estados que más han aumentado su dependencia energética del exterior son Polonia (de 0,9% a 44,8%), los Países Bajos (de 23,7% a 59,7%) y República Checa (de 15,2% a 36,7%). En el otro extremo, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más durante el periodo 1990-2018 su dependencia de los combustibles que importan del exterior: Letonia (de 89,0% a 44,3%), Estonia (de 45,3% a 0,7%) y Bulgaria (de 63,4% a 36,4%).

Para más información:

Eurostat.

Medidas europeas para la protección del medio ambiente

La Comisión Europea llevó a cabo en diciembre de 2019 una importante encuesta a los ciudadanos de la Unión, cuyos resultados han sido publicados en el Eurobarómetro Especial: Attitudes of European citizens towards the Environment (marzo de 2020). En esta importante consulta a la opinión pública, la quinta que se realiza desde 2007 en materia medioambiental en la UE, el 94% de los ciudadanos pone de manifiesto que la protección del medio ambiente es muy importante o bastante importante para ellos.

A la hora de identificar los problemas medioambientales, los ciudadanos de la UE perciben que el más importante en la actualidad es el cambio climático, respecto al que el 76% de los encuestados ha respondido que es un problema muy serio en su país. A continuación, consideran relevantes los problemas de contaminación marina; la pérdida de especies, hábitats y ecosistemas naturales; la contaminación agrícola y la degradación del suelo; las frecuentes sequías e inundaciones; la escasez de agua potable y, finalmente, la contaminación acústica.

Ante esta preocupante situación cabe preguntarse qué tipos de medidas debemos tomar. El citado Eurobarómetro de marzo de 2020 también nos informa sobre lo que piensan los europeos acerca de cómo afrontar el deterioro del medio ambiente y qué acciones emprender para su protección. Así, de las respuestas a la pregunta ¿Cuál de las siguientes sería la forma más eficaz de abordar los problemas ambientales? (máximo 3 respuestas) se obtuvieron las siguientes conclusiones principales:

Hábitos de consumo.

El 33% de los ciudadanos opina que cambiar el modo de consumir es una de las medidas potencialmente más efectivas para hacer frente a los problemas medioambientales de la UE. De hecho, el 68% de los europeos piensa que sus hábitos de consumo afectan al medio ambiente en Europa y el resto del mundo.

Modos de producción y distribución.

Además de los necesarios cambios en nuestra forma de consumir, los europeos, en un 31%, piensan que cambiar los modos de producción y distribución es otra de las medidas potencialmente más efectivas para afrontar los problemas medioambientales.

I+D y soluciones tecnológicas.

A continuación, el 26% de los encuestados responde que invertir en investigación y desarrollo y en soluciones tecnológicas es otra de las principales medidas necesarias para proteger el medio ambiente.

Información y educación.

La siguiente medida con mayor porcentaje de respuestas es la de proveer más información y educación medioambiental a ciudadanos y empresas, por ejemplo, en materia de separación selectiva de residuos y consumo de energía. Así lo piensa el 24% de los encuestados.

Actividades empresariales sostenibles.

El 23% de los europeos considera que es necesario animar a las empresas para que se involucren en actividades sostenibles.

Multas medioambientales.

Ante infracciones de la legislación medioambiental, el 23% de los encuestados opina que es necesario introducir multas más elevadas.

Legislación medioambiental más estricta.

También el 23% de los europeos ha contestado que unas de las principales medidas para afrontar los problemas medioambientales es introducir leyes más estrictas. De hecho, el 83% de los encuestados está de acuerdo en que la legislación europea de protección del medio ambiente sigue siendo necesaria.

Sistema alimentario.

Hacer que nuestro sistema alimentario sea más sostenible es otra de las medidas aprobadas por los ciudadanos, en este caso por el 22% de los ciudadanos.

Incentivos financieros.

El 20% de los europeos ha respondido que es especialmente necesario introducir o incrementar los incentivos financieros dirigidos a empresas y personas para que apliquen acciones de protección medioambiental.

Cumplimiento de la legislación.

Según el 19% de los encuestados una de las tres medidas medioambientales potencialmente más efectivas es garantizar una mejor aplicación de las leyes.

Impuestos y ayudas.

Otra medida de protección medioambiental, que ha sido aceptada por el 16% de los ciudadanos, es la de introducir o incrementar los impuestos o eliminar las ayudas a las actividades que son perjudiciales para el medio.

En definitiva, ante el preocupante estado del medio ambiente, que se ve amenazado por el cambio climático, los diferentes tipos de contaminación y la pérdida de biodiversidad, entre otros problemas, los ciudadanos europeos no se muestran indiferentes. El necesario modelo de desarrollo sostenible pasa principalmente, según la opinión ciudadana, por cambiar nuestros modos de consumo, producción y distribución; fomentar la I+D y las soluciones tecnológicas; extender la información y educación medioambiental; aplicar una legislación eficaz; fomentar un sistema alimentario sostenible, y por la introducción de incentivos y desincentivos adecuados.

Para más información:

European Commission: Special Eurobarometer 501. Report Attitudes of European citizen towards the Environment, March 2020.

Cómo valoran los europeos el estado del medio ambiente

Son ya muchos los científicos de diversas disciplinas que convergen en una misma idea: los problemas medioambientales están cada vez más presentes en nuestras vidas y lejos de su completa resolución. Se acumulan los estudios académicos e informes oficiales que ahondan en la misma preocupación: la salud del planeta que habitamos está en peligro. Los registros que certifican el proceso de calentamiento global que está experimentando la Tierra son solo una prueba de ello.

Pero ¿qué piensan los ciudadanos?, ¿cuál es la percepción que tienen sobre la situación del medio ambiente?

En el contexto europeo, la Comisión Europea llevó a cabo en diciembre de 2019 una importante encuesta a los ciudadanos de la Unión, que han sido publicados en su Eurobarómetro Especial Attitudes of European citizens towards the Environment (marzo de 2020). Esta importante consulta a la opinión pública, la quinta que se realiza desde 2007 en esta materia en la UE, nos aporta algunas conclusiones relevantes sobre las actitudes de los ciudadanos hacia el medio ambiente que es de especial interés tener muy presentes. A continuación se exponen tres resultados principales.

Importancia de la protección del medio ambiente

Ante la pregunta de cuán importante es la protección del medio ambiente, el 53% de los europeos encuestados respondió que es muy importante para ellos, y un 41% adicional, bastante importante.

Desde una perspectiva temporal, es de resaltar que ha disminuido el porcentaje ciudadanos que perciben que la protección del medio ambiente es “muy importante”: desde el 64% del Eurobarómetro de 2007 hasta el 53% de 2019. Si consideramos el conjunto de ciudadanos que respondieron “muy importante” y “bastante importante” la evolución nos indica también un descenso, si bien en este caso muy inferior: desde el 96% en 2007 al 94% en 2019. Así todo los europeos continúan expresando unos niveles altos de preocupación sobre la situación del medio ambiente, cuya pérdida de calidad perciben que les afecta personalmente, y aprueban su necesaria preservación.

En un análisis por países, de los 28 Estados de la UE (incluyendo Reino Unido), en trece de ellos al menos el 50% de sus ciudadanos otorga la máxima importancia a la protección del medio ambiente.

Se detecta, asimismo, una destacada disparidad respecto al nivel de importancia que le conceden a la protección del medio ambiente los ciudadanos de los distintos estados. Las mayores proporciones de ciudadanos que consideran que la protección del medio ambiente es “muy importante” se registran en Suecia (81%) y Chipre (76%), y las menores, en Estonia y Letonia (ambas 36%).

Gravedad del cambio climático

Respecto al cambio climático, el 76% de los europeos piensa que es un problema muy serio en su país, incluyendo un 31% que responde que es un problema extremadamente serio. En el otro extremo, sólo un 7% considera que no es un problema serio.

Los países con la mayor proporción de ciudadanos que perciben que el cambio climático es un problema muy serio son España (90%), Italia (86%) y Chipre, Francia, Bulgaria y Grecia (82% lo cuatro). Por el contrario, los menores porcentajes se registran en Estonia (46%) y Letonia (50%).

Fuente: European Commission: Special Eurobarometer 501. Report ‘Attitudes of European citizen towards the Environment’, March 2020.

Problemas medioambientales más preocupantes

Para los ciudadanos de la UE el problema medioambiental más importante en la actualidad es el cambio climático, seguido de la contaminación atmosférica y la generación de residuos.

A continuación, se consideran importantes los problemas de contaminación marina, la pérdida de especies, hábitats y ecosistemas naturales, la contaminación agrícola y la degradación del suelo, las frecuentes sequías e inundaciones, la escasez de agua potable y, finalmente, la contaminación acústica.

Fuente: European Commission: Special Eurobarometer 501. Report ‘Attitudes of European citizen towards the Environment’, March 2020

En trece Estados miembros, sus ciudadanos valoran que el cambio climático es la cuestión medioambiental más importante.

Los mayores porcentajes de ciudadanos que consideran que el cambio climático es uno de los problemas medioambientales más importantes se registran en Reino Unido, Dinamarca y Chipre, Suecia, Finlandia y España.

Para más información:

European Commission: Special Eurobarometer 501. Report Attitudes of European citizen towards the Environment, March 2020.

La producción de carbón en la Unión Europea (1990-2019)

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La producción de energía en la Unión Europea proviene de distintas fuentes. Entre ellas, las que tienen un origen no renovable, como son el petróleo y el carbón, requieren una atención especial por su agotamiento y por los graves efectos que generan sobre la salud y el calentamiento global del planeta.

Respecto al carbón los datos disponibles de Eurostat sobre la producción total de combustibles fósiles sólidos, que comprende carbón duro, carbón marrón (lignito) y productos derivados del carbón, nos permiten analizar cuál ha sido su evolución, en el conjunto de la UE y por países, desde 1990 hasta hoy.

Como puede observarse en el siguiente gráfico, desde 1990 la producción de estos combustibles fósiles sólidos ha seguido una tendencia de descenso casi continuado, llegando reducirse un 61,9% hasta en 2019. En el año 2019 la producción total de carbón y sus derivados ascendió en la Unión Europea (UE-27) a 414 millones de toneladas frente a las 1.086 millones de 1990.

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Estos resultados están en concordancia con los compromisos asumidos por la política medioambiental europea de ir reduciendo las fuentes energéticas contaminantes y desencadenantes de la crisis climática para transitar hacia una economía baja en carbono. No obstante, aún queda un importante camino por recorrer hasta la total sustitución de esta fuente de energía por otras de naturaleza renovable.

En un análisis por países, según Eurostat, en el año 1990, 21 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea actual (sin Reino Unido) producían carbón. Tres décadas después, en 2019, el número de países que producen carbón se había reducido a 17.

En la actualidad, los dos mayores productores de carbón siguen siendo, al igual que en 1990, Alemania, con 144,9 millones de toneladas en 2019 (el 35,0% del total de la UE), y Polonia, con 121,2 millones (el 29,3% del total), seguidos por la República Checa (10,5%), Bulgaria (6,9%), Grecia (6,5%), Rumanía (5,2%) y Hungría (1,9%), principalmente.

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Durante el periodo 1990-2019, según la información estadística disponible de Eurostat, Portugal y Croacia han dejado de producir carbón. Asimismo, en dicho periodo, entre los actuales 17 países productores de carbón, las mayores reducciones porcentuales de producción se han registrado en España (-97%), Francia (-85%), Bélgica (-81%), Italia (-73%), Alemania (-71%) y Austria (-68%), que superaron la reducción media de la UE-27 (-62%).

En el caso de Polonia, el segundo mayor productor de carbón, su producción se ha contraído un 47% durante el periodo 1990-2019, en menor medida que el conjunto de la UE, por lo que su participación en el cómputo total de producción de carbón europeo ha aumentado desde el 21,1% al 29,3%.

En el otro extremo, es de destacar los dos únicos países que han seguido la tendencia contraria de reducir o cancelar la producción de combustibles fósiles sólidos en la Unión Europea. En 2019 Finlandia produjo un total de 873.000 toneladas (básicamente de coque de horno), esto es, un incremento del 79,3% respecto a 1990. Por su parte, Suecia produjo 1.105.000 toneladas de dichos combustibles, lo que supone un aumento, en este caso, del 0,9% en el periodo analizado.

Para más información:

Eurostat

Las aves, indicador de sostenibilidad

Pinzón común. Parque Nacional de Garajonay (Isla de La Gomera, España).

Las razones para procurar la conservación de la población de las aves, en particular las especies vulnerables, nativas y no invasoras, son diversas y confluyen en la necesaria defensa de la biodiversidad del planeta.

Además, gracias a la comunidad científica sabemos también que la presencia de aves es un buen indicador de la salud de los ecosistemas, de su diversidad e integridad.

La mayor o menor población de aves, así como su mayor o menor diversidad de especies, en un ecosistema determinado, nos permite conocer más sobre la calidad del propio ecosistema donde se alimentan, viven y respiran. En definitiva, las aves nos adelantan información valiosa sobre la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad real de nuestro desarrollo.

Desde un enfoque cuantitativo, a nivel europeo Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, elabora el Índice de Aves Comunes, que recoge las observaciones obtenidas en los 27 Estados miembros de la UE para un total de 168 especies de aves que viven en tierras de cultivo (39), en ecosistemas forestales (34) y en otros hábitats como parques y jardines (95).

En un análisis temporal, que comprende el periodo de 1990 a 2018, la evolución seguida por el Índice de Aves Comunes de la UE apunta hacia una continuada disminución de las poblaciones de aves durante las últimas décadas en la Unión Europea. Constatamos que el valor de dicho índice, que es igual a 100 en el año base de 2000, se ha reducido entre 1990 y 2018 desde 102,3 hasta 95,7, lo que supone una caída del 6,4%. Asimismo, la tendencia más reciente de este indicador apunta a un estancamiento de la población de aves comunes observadas durante el último decenio.

De forma complementaria al Índice de todas las Aves Comunes, Eurostat elabora otros dos índices compuestos referidos a 34 aves de bosques y 39 aves de tierras de cultivo. En el primer caso, la evolución del índice de aves comunes de bosques muestra que se ha producido un aumento del 3,8% durante el periodo 1990-2018. Por el contrario, la tendencia del índice de aves comunes de tierras de cultivo ha sido claramente descendente, habiéndose registrado una reducción del 28,3% en el periodo analizado.

En el ámbito de las aves, cabe recordar lo que ya expresaba la Directiva comunitaria relativa a la conservación de las aves silvestres en el año 2009:

“En el territorio europeo de los Estados miembros, una gran cantidad de especies de aves que viven normalmente en estado salvaje padecen de una regresión en su población, muy rápida en algunos casos, y dicha regresión constituye un grave peligro para la conservación del medio natural, en particular debido a la amenaza que supone para el equilibrio biológico”.

Para más información:

Eurostat

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE (1990-2018)

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que generan los países de la UE-27 se han cuantificado en 3.764 millones de toneladas de CO2 equivalentes en el año 2018. Ello supone un descenso del -2,3% respecto a 2017, por lo que se retoma la senda descendente que se vio interrumpida en 2015 y 2017 cuando las emisiones registraron incrementos del 1,4% y 0,7%, respectivamente.

En un análisis temporal más amplio, se constata que desde el año 1990, cuando los GEI generadores del cambio climático emitidos a la atmósfera ascendieron 4.958 millones de toneladas, se ha producido una reducción total de las emisiones del 22,5% en el conjunto de la UE.

Las principales causas que explican la reducción de las emisiones de GEI  en la UE son diversas: el aumento de la participación del uso de las energías renovables, el menor uso de los combustibles fósiles, mejoras en la eficiencia energética, cambios económicos estructurales y la recesión económica, como señala el informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente.

En un análisis por sectores, la reducción de emisiones de GEI ha sido casi generalizada, con la significativa excepción del transporte y la refrigeración y aire acondicionado. Los mayores descensos se han observado en la industria manufacturera, la construcción, la producción de electricidad y calor, la producción de hierro y acero y la combustión residencial.

Los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera son en su mayoría gases de dióxido de carbono (CO2), que representan el 81,2% del total de GEI de la UE-27 en 2018. Las emisiones de estos gases CO2 han disminuido entre 1990 y 2018 un 21,1%%. También se han reducido las emisiones de otros GEI como el metano (CH4), óxido nitroso (N2O), perfluorocarbono (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). Por el contrario, se han incrementado las emisiones de hidrofluorocarbono (HFC) y de trifluoruro de nitrógeno (NF3).

En un análisis por países, en el año 2018 dos tercios (el 65,8%) del total de emisiones de GEI de la UE-27 procedían de cinco países: Alemania (22,8%), Francia (11,8%), Italia (11,4%), Polonia (11,0%) y España (8,9%).

Durante el periodo 1990-2018 la mayoría de los países de la Unión han reducido sus emisiones de GEI, contabilizándose las disminuciones absolutas más importantes en los dos Estados miembros más emisores, Alemania (391.090 Mt menos) y Francia (103.511), y en Rumanía (131.879).

En términos porcentuales, entre 1990 y 2018 las mayores reducciones se han registrado en Lituania (-57,8%), Letonia (-55,5%), Rumanía (-53,2%) y Estonia (-50,4%).

Por el contrario, son cinco los países de la Unión Europea los que han aumentado sus emisiones de CO2 durante el periodo 1990-2018: Chipre (55,0%), España (15,5%), Portugal (15,0%), Irlanda (9,9%) y, en menor medida, Austria (0,6%).

De cara al futuro, los últimos objetivos asumidos por la UE en el Pacto Verde Europeo apuntan a proseguir por la senda de continuada reducción de las emisiones de GEI, de modo que se alcance una disminución de al menos un 50% en 2030 y se logre la neutralidad climática en 2050.

Para más información:

EEA: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2018 and inventory report 2020

Eurostat