Las aves, indicador de sostenibilidad

Pinzón común. Parque Nacional de Garajonay (Isla de La Gomera, España).

Las razones para procurar la conservación de la población de las aves, en particular las especies vulnerables, nativas y no invasoras, son diversas y confluyen en la necesaria defensa de la biodiversidad del planeta.

Además, gracias a la comunidad científica sabemos también que la presencia de aves es un buen indicador de la salud de los ecosistemas, de su diversidad e integridad.

La mayor o menor población de aves, así como su mayor o menor diversidad de especies, en un ecosistema determinado, nos permite conocer más sobre la calidad del propio ecosistema donde se alimentan, viven y respiran. En definitiva, las aves nos adelantan información valiosa sobre la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad real de nuestro desarrollo.

Desde un enfoque cuantitativo, a nivel europeo Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, elabora el Índice de Aves Comunes, que recoge las observaciones obtenidas en los 27 Estados miembros de la UE para un total de 168 especies de aves que viven en tierras de cultivo (39), en ecosistemas forestales (34) y en otros hábitats como parques y jardines (95).

En un análisis temporal, que comprende el periodo de 1990 a 2018, la evolución seguida por el Índice de Aves Comunes de la UE apunta hacia una continuada disminución de las poblaciones de aves durante las últimas décadas en la Unión Europea. Constatamos que el valor de dicho índice, que es igual a 100 en el año base de 2000, se ha reducido entre 1990 y 2018 desde 102,3 hasta 95,7, lo que supone una caída del 6,4%. Asimismo, la tendencia más reciente de este indicador apunta a un estancamiento de la población de aves comunes observadas durante el último decenio.

De forma complementaria al Índice de todas las Aves Comunes, Eurostat elabora otros dos índices compuestos referidos a 34 aves de bosques y 39 aves de tierras de cultivo. En el primer caso, la evolución del índice de aves comunes de bosques muestra que se ha producido un aumento del 3,8% durante el periodo 1990-2018. Por el contrario, la tendencia del índice de aves comunes de tierras de cultivo ha sido claramente descendente, habiéndose registrado una reducción del 28,3% en el periodo analizado.

En el ámbito de las aves, cabe recordar lo que ya expresaba la Directiva comunitaria relativa a la conservación de las aves silvestres en el año 2009:

“En el territorio europeo de los Estados miembros, una gran cantidad de especies de aves que viven normalmente en estado salvaje padecen de una regresión en su población, muy rápida en algunos casos, y dicha regresión constituye un grave peligro para la conservación del medio natural, en particular debido a la amenaza que supone para el equilibrio biológico”.

Para más información:

Eurostat

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE (1990-2018)

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que generan los países de la UE-27 se han cuantificado en 3.764 millones de toneladas de CO2 equivalentes en el año 2018. Ello supone un descenso del -2,3% respecto a 2017, por lo que se retoma la senda descendente que se vio interrumpida en 2015 y 2017 cuando las emisiones registraron incrementos del 1,4% y 0,7%, respectivamente.

En un análisis temporal más amplio, se constata que desde el año 1990, cuando los GEI generadores del cambo climático emitidos a la atmósfera ascendieron 4.958 millones de toneladas, se ha producido una reducción total de las emisiones del 22,5% en el conjunto de la UE.

Las principales causas que explican la reducción de las emisiones de GEI  en la UE son diversas: el aumento de la participación del uso de las energías renovables, el menor uso de los combustibles fósiles, mejoras en la eficiencia energética, cambios económicos estructurales y la recesión económica, como señala el informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente.

En un análisis por sectores, la reducción de emisiones de GEI ha sido casi generalizada, con la significativa excepción del transporte y la refrigeración y aire acondicionado. Los mayores descensos se han observado en la industria manufacturera, la construcción, la producción de electricidad y calor, la producción de hierro y acero y la combustión residencial.

Los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera son en su mayoría gases de dióxido de carbono (CO2), que representan el 81,2% del total de GEI de la UE-27 en 2018. Las emisiones de estos gases CO2 han disminuido entre 1990 y 2018 un 21,1%%. También se han reducido las emisiones de otros GEI como el metano (CH4), óxido nitroso (N2O), perfluorocarbono (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). Por el contrario, se han incrementado las emisiones de hidrofluorocarbono (HFC) y de trifluoruro de nitrógeno (NF3).

En un análisis por países, en el año 2018 dos tercios (el 65,8%) del total de emisiones de GEI de la UE-27 procedían de cinco países: Alemania (22,8%), Francia (11,8%), Italia (11,4%), Polonia (11,0%) y España (8,9%).

Durante el periodo 1990-2018 la mayoría de los países de la Unión han reducido sus emisiones de GEI, contabilizándose las disminuciones absolutas más importantes en los dos Estados miembros más emisores, Alemania (391.090 Mt menos) y Francia (103.511), y en Rumanía (131.879).

En términos porcentuales, entre 1990 y 2018 las mayores reducciones se han registrado en Lituania (-57,8%), Letonia (-55,5%), Rumanía (-53,2%) y Estonia (-50,4%).

Por el contrario, son cinco los países de la Unión Europea los que han aumentado sus emisiones de CO2 durante el periodo 1990-2018: Chipre (55,0%), España (15,5%), Portugal (15,0%), Irlanda (9,9%) y, en menor medida, Austria (0,6%).

De cara al futuro, los últimos objetivos asumidos por la UE en el Pacto Verde Europeo apuntan a proseguir por la senda de continuada reducción de las emisiones de GEI, de modo que se alcance una disminución de al menos un 50% en 2030 y se logre la neutralidad climática en 2050.

Para más información:

EEA: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2018 and inventory report 2020

Eurostat

El Pacto Verde Europeo de 2019

El Pacto Verde Europeo (PVE) nació en 2019 con una Comunicación de la Comisión Europea. Se concibe como un gran pacto que pretende promover la asociación de los ciudadanos, la sociedad civil, las autoridades públicas (nacionales, regionales y locales) y todos los sectores económicos con las instituciones comunitarias para dar respuesta a los desafíos del clima y medio ambiente que tiene ante sí la Unión Europea.

Desde sus primeras líneas el PVE pone de manifiesto la urgente necesidad de actuar. Y reconoce expresamente que:

“La atmósfera se está calentando, y el clima cambia de año en año. De los ocho millones de especies del planeta, un millón está en riesgo de extinción. Estamos contaminando y destruyendo los bosques y los océanos”

El Pacto Verde persigue afrontar los desafíos del clima y del medio ambiente, poniendo las bases para transformar la economía y la sociedad de la UE en la senda de la sostenibilidad. Como objetivo prioritario se establece alcanzar una UE neutra en emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050. Dicha transición, en la que se encuentran implicados todos los sectores económicos y a la que contribuirán todas las políticas comunitarias, habrá de ser, además, justa e integradora.

Para hacer realidad sus objetivos, el PVE presenta una hoja de ruta inicial con las medidas clave a aplicar en ocho ámbitos básicos de actuación: clima, energía, industria, construcción, movilidad, sistema alimentario, ecosistemas y biodiversidad, y contaminación y sustancias tóxicas.

1. Clima

Con las vistas puestas en una Unión Europea que alcance la neutralidad climática en 2050, las políticas comunitarias han de ir dirigidas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que en 2030 deberán haberse reducido al menos un 50%. Ello implica llevar a cabo la aprobación de nuevas leyes como la primera “Ley del Clima” europea y reformas como la revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía. Es de especial importancia garantizar una tarificación eficaz del carbono en todos los sectores económicos y que el precio de las importaciones refleje su verdadero contenido de carbono.

2. Energía

En el sector de la energía el Pacto Verde propone proseguir con su proceso de descarbonización dado que de él proviene el 75% de las emisiones de GEI. Es prioritario para ello fomentar la eficiencia energética y un sector eléctrico basado en las energías renovables. Asimismo, el PVE presta atención a la aplicación de otras medidas igualmente necesarias: presentación de los planes nacionales de energía y clima, una estrategia de integración sectorial inteligente, la descarbonización del sector del gas, una estrategia en materia de energía eólica marina, la modernización de las infraestructuras energéticas y una respuesta al riesgo de pobreza energética de los hogares.

3. Industria

La industria europea es muy dependiente de la extracción de materiales, a la vez que sigue generando importantes emisiones de GEI y una gran cantidad de residuos. En cifras, en la actualidad la industria genera aún el 20% de las emisiones de GEI y únicamente el 12% de los materiales que utiliza son materiales reciclados. Con el PVE se persigue la transición de la actual industria basada en una economía lineal hacia otra de economía circular, donde se prioriza la reducción y reutilización de los materiales. Asimismo, el PVE pone el foco en las industrias de gran consumo energético (acero, química, cemento…), que es necesario descarbonizar y modernizar, y en las industrias que hacen un uso intensivo de recursos (textil, construcción, electrónica, plásticos…). El plan de acción de la economía circular habrá de incluir medidas que fomenten la producción de bienes reutilizables, duraderos y reparables, y medidas que pongan coto a la obsolescencia programada, entre otras.

4. Construcción

La construcción, utilización y renovación de edificios supone una cantidad considerable de energía y recursos minerales (arena, grava, cemento…). En la UE el 40% del consumo de energía corresponde a los edificios, lo que obliga, ante los objetivos marcados en materia de eficiencia energética y clima, a aplicar una política decidida de renovación de edificios tanto públicos como privados. El PVE defiende medidas encaminadas a la renovación energética de escuelas y hospitales, y también de viviendas sociales para ayudar a las personas con dificultades para pagar su factura energética.

5. Movilidad

En la UE el transporte representa el 25% de las emisiones de GEI, porcentaje que sigue creciendo. Para alcanzar el objetivo de neutralidad climática es necesario que dichas emisiones se reduzcan un 90% de aquí a 2050. El PVE anuncia una estrategia de movilidad sostenible e inteligente. Las medidas propuestas van dirigidas a impulsar el transporte multimodal, que priorice el transporte por ferrocarril y acuático frente al transporte por carretera; a hacer desaparecer las subvenciones a los combustibles fósiles, y a intensificar la producción y utilización de combustibles alternativos sostenibles, con el despliegue de puntos públicos de recarga y repostaje para los vehículos de emisión cero y baja emisión. La mejora del transporte público y la adopción de normas más estrictas para las emisiones de contaminantes atmosféricos de los vehículos con motor de combustión son otras de las medidas anunciadas en el PVE.

6. Sistema alimentario

Se propone la elaboración de la Estrategia “de la granja a la mesa” que establecerá, entre otras, las siguientes medidas: el fomento de alimentos sostenibles, una orientación “ecologizante” de la políticas agrícola y pesquera comunes que contribuya a los objetivos climáticos, la protección del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad; la reducción del uso de plaguicidas, abonos y antibióticos; el aumento de la superficie dedicada a la agricultura ecológica; la reducción del impacto medioambiental del sector de la transformación alimentaria y del sector minorista; el fomento del consumo de alimentos sostenibles y saludables, y la reducción del despilfarro de alimentos.

7. Ecosistemas y biodiversidad

El PVE aboga por la aprobación de la Estrategia sobre Biodiversidad para lograr detener la pérdida de especies y espacios protegidos de la UE. Las medidas necesarias para frenar la pérdida de biodiversidad deberán ir dirigidas, entre otros objetivos, a incrementar y mejorar la Red Natura 2000, mejorar los ecosistemas dañados, aumentar la biodiversidad en las ciudades, mejorar y aumentar la superficie forestal para luchar contra la crisis climática, gestionar de forma sostenible los recursos acuáticos y marinos, y aprovechar el potencial de las energías renovables marinas.

8. Contaminación y sustancias tóxicas

El PVE recoge la preocupación por la contaminación, en todas sus formas, y la aspiración de disponer de un entorno exento de sustancias tóxicas. Es vital conseguir restablecer las funciones naturales de las aguas tanto subterráneas como superficiales, evitando la contaminación por exceso de nutrientes y contaminantes como los microplásticos y las sustancias químicas. Respecto a la contaminación del aire, se propone revisar las normas sobre calidad para conseguir un aire más puro. Se revisarán, asimismo, las medidas de la UE para hacer frente a la contaminación producida por las grandes instalaciones industriales. Finalmente, el PVE expresa que se contará con una estrategia para abordar el problema de las sustancias químicas peligrosas presentes en los productos.

Conclusiones

Para la puesta en práctica de todas estas medidas y alcanzar los ambiciosos objetivos de la UE, el Pacto Verde Europeo afirma que se requiere disponer de una “inversión considerable”. La Comisión Europea ha estimado que, en principio, serán necesarios unos 260.000 millones de euros al año (aproximadamente el 1,5% del PIB de 2018) para alcanzar los objetivos actuales en materia de clima y energía para 2030. No obstante, dicha estimación no incluye otras inversiones necesarias en materia de adaptación al cambio climático y biodiversidad ni los costes sociales de la transición y los costes de la inacción.

A modo de conclusión la Comunicación de la Comisión Europea finaliza expresando que:

“El Pacto Verde Europeo da paso a una nueva estrategia de crecimiento para la UE. Sustenta la transición de la UE hacia una sociedad equitativa y próspera que responda a los desafíos del cambio climático y la degradación del medio ambiente, mejorando la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”.

Siendo imprescindibles muchos de los objetivos y medidas planteados por el Pacto Verde Europeo, surgen, sin embargo, tras su lectura, al menos dos dudas sobre su exitosa consecución. La suficiencia de los recursos económicos estimados para hacer tal profunda transformación es la primera. Una segunda duda a despejar que se nos plantea es si el aclamado objetivo del crecimiento económico puede llegar a ser compatible con el desacoplamiento del uso de los recursos y la conservación de la biodiversidad. En otras palabras, si no habremos confundido una vez más crecimiento con desarrollo, si es sostenible seguir creciendo en un planeta con límites.

Para más información:

Comunicación de la Comisión Europea COM(2019) 640 final, de 11 de diciembre de 2019

La superficie de la Red Natura 2000 en los países de la UE

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Parque Nacional Triglav, Eslovenia.

La Red Natura 2000 es la mayor red de espacios naturales protegidos que existe en el planeta. Persigue garantizar la biodiversidad en Europa, tanto de sus especies como de los diferentes tipos de hábitat. En la actualidad esta red propicia la preservación de unos 27.000 sitios terrestres y marinos, equivalentes a casi 764.000 km2, en la Unión Europea.

Las Directivas Hábitats y Aves son las normas comunitarias básicas de la Red Natura 2000 que regulan hoy la protección natural del 18% de la superficie total de la UE27. La Directiva Hábitats establece la protección de las Zonas Especiales de Conservación, mientras que la Directiva Aves persigue la preservación de las Zonas de Especial Protección para las Aves.

En 2019 el país europeo que aporta la mayor superficie terrestre protegida a la Red Natura 2000 es España, con 138.111 km2, reflejando el alto grado de biodiversidad que se concentra en este territorio europeo. Le siguen, a continuación, Francia (70.875), Polonia (61.168), Italia (57.258), Suecia (55.611), Alemania (55.228), Rumanía (54.214) y Finlandia (42.495).

En términos relativos, si tenemos en cuenta el tamaño de los países, Eslovenia, con el 38%, presenta el mayor porcentaje de superficie protegida por la Red Natura 2000 sobre el total del territorio nacional. Tras Eslovenia los países con mayor porcentaje de superficie protegida son Croacia (37%), Bulgaria (35%), Eslovaquia (30%) y Chipre (29%).

Por el contrario, los menores porcentajes de protección dentro de la Red Natura 2000 corresponden a Dinamarca (8%), Suecia (12%) y Letonia (12%).

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Para más información:

Eurostat: Datos de superficie Natura 2000 por países.

European Environment Agency: Natura 2000 Network Viewer.

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

La Carta de la Tierra y la integridad ecológica

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La Carta de la Tierra, aprobada hace dos décadas en la sede de la UNESCO en París, sigue siendo un documento imprescindible como guía para la acción hacia la sosteniblidad del planeta.

Con el firme propósito de que el planeta Tierra sea verdaderamente nuestro hogar, la Carta de la Tierra propone cuatro ámbitos de actuación, desarrollados a través de 16 principios. Uno de esos ámbitos es la integridad ecológica, que queda desarrollada en los principios 5 a 8.

A continuación se presentan las principales medidas que pueden extraerse de los cuatro principios de la Carta de la Tierra que defienden la integridad ecológica del planeta. 

Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida (Principio 5).

  • Adoptar planes de desarrollo sostenible y regulaciones, que incluyan la conservación y la rehabilitación ambientales.
  • Preservar las reservas naturales terrestres y marinas, para mantener la biodiversidad y la herencia natural.
  • Recuperar especies y ecosistemas que se encuentren en peligro.
  • Controlar los organismos exógenos o genéticamente modificados que sean dañinos.
  • Gestionar de forma sostenible los recursos naturales renovables (agua, tierra, bosques, vida marina).
  • Gestionar de forma sostenible los recursos no renovables (minerales, combustibles fósiles) para evitar su agotamiento y daños ambientales.

Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución (Principio 6).

  • Evitar toda posibilidad de daños ambientales graves o irreversibles.
  • Hacer que los responsables asuman las consecuencias de reparar el daño ambiental que han causado.
  • Considerar en la toma de decisiones las consecuencias acumulativas, a largo plazo, indirectas, de larga distancia y globales de las actividades humanas.
  • Prevenir cualquier tipo de contaminación medioambiental.
  • Evitar actividades militares dañinas para el medio ambiente.

Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario (Principio 7).

  • Gestionar los residuos procedentes de los sistemas de producción y consumo siguiendo el principio de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar.
  • Realizar un uso eficiente de la energía y aumentar la participación de las energías renovables (solar, eólica…).
  • Promover las tecnologías ambientalmente sanas.
  • Incluir los costes  ambientales y sociales de los bienes y servicios en su precio de venta y presentarlos con indicativos de sostenibilidad para informar al consumidor.
  • Garantizar el acceso universal a la salud.
  • Adoptar formas de vivir basadas en la calidad de vida y en la suficiencia material.

Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido (Principio 8).

  • Apoyar la cooperación internacional científica y técnica sobre sostenibilidad.
  • Preservar el conocimiento y la sabiduría tradicionales en las culturas que contribuyen a la protección ambiental y al bienestar humano.
  • Asegurar que la información de vital importancia para la salud humana y la protección ambiental esté disponible en la población.

Para leer más:

Carta de la Tierra

Siete respuestas a la situación del medio ambiente en Europa (2020)

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Como expresa la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en su informe El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2020, Europa ha logrado avances significativos durante las dos últimas décadas en el ámbito medioambiental. Sin embargo, nos advierte de que la UE no alcanzará un futuro próspero y sostenible dentro de los límites ecológicos del planeta si continúa con sus mismas tendencias medioambientales y económicas. Son múltiples los desafíos que los europeos tienen por delante en materia de medio ambiente y sostenibilidad, entre ellos, la contaminación atmosférica, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que están vinculados intrínsecamente a las actividades económicas y los estilos de vida .

Ante los retos medioambientales en Europa el informe de AEMA identifica siete ámbitos importantes en los que es necesario que la política europea actúe a partir de ahora para facilitar durante los próximos diez años la transición hacia una economía hipocarbónica:

1. Aplicar al máximo todo el potencial de las políticas medioambientales vigentes.

Europa adolece de carencias en la aplicación de su política medioambiental. No ha conseguido aplicar en su totalidad su legislación vigente, lo que está suponiendo un coste estimado para la sociedad de 30-80 de euros billones al año. Es necesario fortalecer la aplicación de la política medioambiental europea vigente, mediante el aumento de la financiación, haciendo partícipes de la misma a empresas y ciudadanos, y mejorando la coordinación de las autoridades nacionales, regionales y locales.

Según AEMA es esencial una mejor integración de los objetivos medioambientales en todas las políticas sectoriales. Así, por ejemplo, en el sector agrícola, la integración de la variable ambiental en la Política Agrícola Común (PAC) ha dado frutos limitados, puesto que no ha evitado la pérdida continua de biodiversidad y la degradación medioambiental.

Desde un punto de vista más global, la integración de los objetivos medioambientales en la toma de decisiones económicas debiera plasmarse en el uso de una contabilidad ambiental y económica integrada y de indicadores de progreso social que van más allá del Producto Interior Bruto.

Finalmente, otro aspecto relacionado con la aplicación de las políticas es la necesidad de mejorar su coherencia para lograr mayores avances. Por ejemplo, tenemos unos objetivos ambiciosos en materia de energía limpia y cambio climático, pero, sin embargo, persisten aún importantes subsidios a la energía basada en combustibles fósiles.

2. Convertir la sostenibilidad en eje clave de todas las políticas.

El enfoque de marcos de políticas de largo plazo sistémicas permite la coherencia en el objetivo de la sostenibilidad para el conjunto de la economía. Tal enfoque se ha aplicado en sistemas clave como energía y movilidad, o en herramientas como las estrategias para una economía circular y baja en carbono. Este enfoque habría que extenderlo a otros sistemas como el de alimentación, productos químicos y usos del suelo.

3. Liderar la acción internacional hacia la sostenibilidad.

Los problemas medioambientales y de sostenibilidad globales necesitan respuestas globales, como ha quedado de manifiesto, por ejemplo, con los esfuerzos internacionales que han sido necesarios para alcanzar el Acuerdo de París sobre cambio climático.

Antes los retos medioambientales globales, la Unión Europea, gracias a su influencia económica y diplomática, puede desempeñar un papel de liderazgo a la hora de ponerlos en lo alto de la agenda internacional para hacerlos frente. Así, por ejemplo, la plena aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en la UE y el apoyo activo para su implementación en otras regiones pueden ser esenciales para propulsar transiciones de sostenibilidad a nivel internacional que, al mismo tiempo, se traducirán en resultados positivos para la propia UE.

4. Fomentar la innovación en el conjunto de la sociedad.

La transición hacia la sostenibilidad sigue requiriendo la aplicación de las políticas medioambientales y de acciones que fomenten la innovación, por ejemplo, mediante incentivos que fomenten las inversiones sostenibles. Pero, además, desde un enfoque sistémico la innovación requiere que las contribuciones desde los distintos ámbitos de la política (I+D, industria y otros sectores, educación, bienestar, comercio, empleo) sean coherentes.

Es también fundamental fomentar la innovación en los distintos sectores de la sociedad, para facilitar el surgimiento de nuevas formas de pensar y de vivir, más sostenibles. Se ha de estimular la creación de entornos adecuados para que administraciones públicas, emprendedores, investigadores y empresas propicien formas sostenibles de producir y consumir. Es necesario que la innovación favorezca nuevas prácticas sociales, tecnologías, modelos de negocio y soluciones basadas en la naturaleza que favorezcan la transición hacia la sostenibilidad.

5. Aumentar las inversiones y reorientar la financiación hacia la sostenibilidad.

Para AEMA es urgente priorizar y redigirir las inversiones hacia la sostenibilidad. Ciertamente la transición hacia una economía europea sostenible exige cuantiosas inversiones. Sin embargo, las ganancias para los europeos son también grandes, si tomamos en cuenta la degradación evitada a la naturaleza y la sociedad, así como las oportunidades económicas y sociales que se crean.

Se estima que la modernización y descarbonización de la economía de la UE requiere una inversión adicional en el sistema energético e infraestructura vinculada que alcanza los 175 a 290 billones de euros cada año. Esto, no obstante, conllevaría importantes beneficios para la salud, por ejemplo, reduciendo los problemas de salud relacionados con las partículas finas que se estiman en alrededor de 200.000 millones de euros al año. Asimismo, se calcula que la reducción de las importaciones de combustibles fósiles sea de 2-3 billones de euros en el periodo 2031-2050. El cambio de modelo energético hacia otro basado en fuentes renovables abre también nuevas oportunidades para los países europeos en los mercados mundiales de energía limpia.

Son diversos los instrumentos, y en distintos ámbitos, que pueden emplear las administraciones públicas para reorientar la inversión privada en la senda de la sostenibilidad: vivienda, contratación, sector financiero, infraestructuras verdes, impuestos y subsidios medioambientales, etc.

6. Gestionar los riesgos y garantizar una transición socialmente justa.

Los procesos de transición nunca son ciertos y con frecuencia producen consecuencias imprevistas y no deseadas. Por eso para el éxito de la transición hacia la sostenibilidad es necesario que las sociedades reconozcan la existencia de riegos y oportunidades, y sean capaces de fijar vías para gestionarlos.

Las políticas nacionales y comunitarias han de desempeñar un papel esencial para asegurar “transiciones socialmente justas” que garanticen que empresas, trabajadores y regiones afectadas negativamente por la transición hacia la sostenibilidad encuentren las respuestas adecuadas para que nadie quede atrás, para que los beneficios y los costes sean compartidos de forma justa en toda la sociedad.

7. Crear nuevos conocimientos vinculados con la acción hacia la sostenibilidad.

La transición hacia la sostenibilidad conlleva la toma continúa de decisiones políticas que, para que tengan buenos resultados, ha de basarse en el conocimiento completo de una realidad compleja y en acelerado cambio. Se hace necesario profundizar cada vez más en la comprensión de los sistemas que originan las presiones medioambientales y, al mismo tiempo, generar nuevos conocimientos que faciliten soluciones de sostenibilidad.

Por eso han de explorarse nuevas vías de conocimiento vinculadas con la acción hacia la sostenibilidad: aprovechar las principales oportunidades que ofrece la digitalización para la producción de conocimiento y la comunicación; potenciar los enfoques anticipadores y transdisciplinares para comprender la realidad; considerar el conocimiento basado en la práctica; desarrollar nuevas capacidades, competencias y estructuras institucionales, y fomentar la innovación social, por ejemplo para involucrar a las partes interesadas.

Para más información:

The European environment -state and outlook 2020

AEMA: El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2020 (Resumen ejecutivo).

La situación del medio ambiente en Europa (2020)

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La visión general de la Unión Europea es Vivir bien, respetando los límites ecológicos del planeta, como quedó expresado en el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, adoptado en 2013. Cabe preguntarse, por tanto, en materia medioambiental si la situación actual en la UE es coherente con esa visión.

El informe que elabora cada cinco años la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) constituye la evaluación más completa que existe sobre la situación del medio ambiente en Europa. Por eso resultan especialmente importantes las conclusiones reunidas en su último informe El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2020. Además de aportarnos una información exhaustiva y actualizada sobre la situación medioambiental de Europa en sus múltiples ámbitos (biodiversidad, agua, suelo, cambio climático, contaminación, residuos, etc.), este informe de evaluación nos permite conocer el grado de cumplimiento que está alcanzando la Unión Europea respecto a sus objetivos medioambientales para 2020 y 2030, con las vistas puestas en una economía sostenible e hipocarbónica para 2050.

En el ámbito medioambiental, como en muchos otros, la situación de Europa no es ajena a la situación que atraviesa el mundo. Nos hallamos, hoy por hoy, en un planeta donde el 75% del medio ambiente terrestre y el 40% del marino se encuentran gravemente alterados, según AEMA. Además, el cambio climático, procedente de las actividades humanas que producen emisiones de gases de efecto invernadero, es una seria amenaza para la vida. Los datos científicos nos alertan de que la sexta extinción masiva de biodiversidad ya está en curso.

Ante esta situación global, Europa no puede abstraerse, porque contribuye a ella más que muchas zonas de otros continentes. Como es conocido, sus sistemas de producción y consumo dependen en buena medida de recursos extraídos o utilizados en otras partes del mundo.

Los retos medioambientales en Europa

El informe de 2020 de AEMA subraya que Europa ha logrado avances significativos durante las dos últimas décadas. Así, destaca, por ejemplo, las reducciones registradas por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), los progresos logrados en la lucha contra la contaminación del agua y del aire y la introducción de políticas de reducción del plástico y de fomento de la economía circular.

Sin embargo, a pesar de los logros conseguidos, AEMA nos advierte de que Europa no alcanzará un futuro próspero y sostenible dentro de los límites ecológicos del planeta si continúa con sus mismas tendencias medioambientales y económicas. En realidad, la situación del medio ambiente no ha mejorado desde el anterior informe de 2015 sino que ha empeorado.

A modo de síntesis se presentan a continuación los principales rasgos y retos medioambientales que definen la situación actual del medio ambiente en Europa:

  • La contaminación atmosférica continúa afectando a la biodiversidad y los ecosistemas.
  • Persisten niveles excesivos de nitrógeno que afectan al 62% de la superficie de los ecosistemas de Europa.
  • Siguen muy presentes los efectos del cambio climático en la biodiversidad y los ecosistemas.
  • La agricultura, la pesca, el transporte y la producción de energía siguen causando pérdida de biodiversidad, extracción de recursos y emisiones nocivas.
  • No se está en vías de cumplir con el objetivo global de detener la pérdida de biodiversidad para 2020.
  • Es probable que no se alcance el objetivo de un estado ecológico adecuado para todas las masas de agua para 2020.
  • La mayoría de los objetivos fijados para 2020 no se van a alcanzar, especialmente en materia de biodiversidad, si bien todavía existe una oportunidad de lograr las metas a largo plazo para 2030 y 2050.
  • La fragmentación del paisaje sigue aumentando, perjudicando a los hábitats y a la biodiversidad.
  • El ritmo de los avances se ha frenado en ámbitos como los de emisiones de GEI, emisiones industriales, generación de residuos, eficiencia energética y cuota de energías renovables.
  • Se vuelve difícil el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética fijados para 2020.
  • El ritmo de progreso actual no será suficiente para cumplir los objetivos climáticos y energéticos para 2030 y 2050.
  • Han aumentado las emisiones nocivas procedentes del transporte y la agricultura.
  • La producción y el consumo de productos químicos peligrosos se han mantenido estables.
  • No se ha logrado una integración medioambiental que aborde las presiones medioambientales de los sectores económicos.
  • No se ha avanzado en la protección a los europeos de los riesgos medioambientales para la salud y el bienestar, como la contaminación atmosférica y el ruido.
  • La exposición a partículas finas es responsable de unas 400.000 muertes prematuras al año en Europa.

Ante esta preocupante situación, con su informe de 2020, AEMA insta a países, dirigentes y responsables políticos europeos a ampliar y acelerar radicalmente las políticas y acciones con el fin de evitar daños irreversibles.

El mensaje es claro: la trayectoria del medio ambiente y el clima es insostenible, y está vinculada al sistema actual de producción y consumo. Éste debe ser modificado cuanto antes porque se nos está acabando el tiempo para dar respuestas adecuadas que consigan invertir la tendencia.

“Quizá el factor más importante que subyace a los desafíos persistentes de Europa en materia de medio ambiente y sostenibilidad es que están vinculados intrínsecamente a las actividades económicas y los estilos de vida, en particular a los sistemas sociales que proporcionan a los europeos necesidades tales como la alimentación, la energía y la movilidad”.

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AEMA: El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2020 (Resumen ejecutivo).

Para más información:

The European environment -state and outlook 2020

AEMA: El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2020 (Resumen ejecutivo).

El gasto en protección medioambiental en España

Doñana Sur_2013.06.21

La protección del medio ambiente se ha convertido durante los últimos años en una preocupación creciente de la sociedad. Para garantizar la calidad y perdurabilidad de los ecosistemas y las especies se requieren políticas de prevención y cambios profundos en los modos de producción, consumo y distribución.

Poner en práctica todas las medidas que permitan preservar la calidad de nuestro medio ambiente implica responder con medios económicos suficientes que lo hagan posible. Pero ¿cuánto se gastan los países en la protección medioambiental?

En España, de acuerdo con los últimos datos del año 2018, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto total en protección medioambiental asciende a 18.729 millones de euros. Este gasto ha sido sufragado, con diferente proporción, por los siguientes sectores institucionales: el 47,3% por las Sociedades, el 35,2% por las Administraciones Públicas (e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares) y el 17,5% restante por los Hogares.

En 2018 el gasto en protección medioambiental se destinó a cinco grandes ámbitos de protección. En primer lugar, el 61,8% del gasto se concentró para financiar la gestión de residuos. Seguidamente, y a distancia, la gestión de aguas residuales recibió el 19,3% del gasto medioambiental.

Por lo tanto, en España ocho de cada diez euros del gasto destinado a la protección del medio ambiente se dedican a financiar la gestión de los residuos y las aguas residuales que generan las actividades de empresas, hogares y Administraciones Públicas. El 18,9% restante del gasto en protección medioambiental fue para un conjunto variado de ámbitos.

Como puede observarse en el siguiente Cuadro, el ámbito de protección del aire y del clima, protección y descontaminación de suelos, disminución de ruidos, etc. recibe el 7,1% del gasto medioambiental, y la I+D sobre medio ambiente se financia con el 6,5%.

En último lugar se encuentra el gasto en protección de la biodiversidad y el paisaje, que se cuantifica en 1.005 millones, esto es, el 5,4% del gasto medioambiental total.

C_INE_Gasto ámbitos

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2010-2018, según los datos disponibles publicados por el INE, se constata que en España el gasto en protección medioambiental ha pasado de 18.639 a 18.729 millones de euros, es decir, se ha incrementado apenas un 0,5%.

G_Gasto 2010-2018

La irrupción de la crisis económica en 2008, que devino en Gran Recesión en los años posteriores, ha repercutido de forma palpable sobre las políticas medioambientales, al ver mermados sus recursos de financiación. El gasto medioambiental en España tocó fondo en el año 2014 cuando se cifró en 16.281 millones de euros, es decir, un 12,6% menos que en 2010. A partir de 2015 el gasto sigue una senda de recuperación hasta situarse, como apuntamos, algo por encima del nivel, en euros, registrado en el año 2010.

El gasto en protección medioambiental, si bien se ha recuperado respecto al año 2010 en niveles (euros corrientes, sin descontar la inflación), no ha sido así en términos relativos, esto es, en comparación con la evolución de la economía.

Si tomamos como ratio el porcentaje de gasto medioambiental sobre el Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado, vemos que se ha reducido desde el 1,74% de 2010 hasta el 1,56% de 2018. Es decir, la producción de bienes y servicios de la economía española se ha incrementado en mayor medida (o se ha reducido en menor medida, en los años de recesión) que lo ha hecho el gasto destinado a la protección del medio ambiente.

G_Gasto s. PIB_ 2010-2018

En este caso, la evolución que toma dicha ratio parece apuntar que aún persiste una importante brecha respecto al año 2010 para que las políticas y acciones de protección medioambiental recuperen siquiera la importancia que tenían en el pasado. Para ello su financiación no debería desacoplarse de los acuciantes problemas medioambientales que preocupan a la sociedad y ponen en riesgo la perdurabilidad de los ecosistemas y especies de la geografía española.

Para más información:

INE: Cuentas Medioambientales.

Los 16 principios de la Carta de la Tierra: asignatura pendiente

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Han transcurrido dos décadas desde que en marzo de 2000 fuera aprobada en la sede de la UNESCO en París la Carta de la Tierra. Es un documento, tan imprescindible como poco conocido, que está lleno de principios orientadores para la vida en armonía dentro de nuestro hogar común, el planeta Tierra.

En su preámbulo la Carta de la Tierra proclama que vivimos en un mundo cada vez más interdependiente y frágil, lo que comporta grandes riesgos y promesas. Nos recuerda, asimismo, que somos una sola familia humana con un destino común. Tenemos el deber de “unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura en paz”.

El contenido de la Carta de la Tierra abarca cuatro ámbitos de actuación: I) respeto y cuidado de la comunidad de la vida, II) integridad ecológica, III) justicia social y económica y IV) democracia, no violencia y paz. Estos cuatro ámbitos se desarrollan a través de la defensa de 16 principios básicos, que son los siguientes:

I. Respeto y cuidado de la comunidad de la vida

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.

2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.

3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas.

4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras.

II. Integridad ecológica

5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida.

6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y, cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución.

7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario.

8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido.

III. Justicia social y económica

9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.

10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.

11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica.

12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías.

IV. Democracia, no violencia y paz

13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia.

14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible.

15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración.

16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.

En suma, la Carta de la Tierra es un llamamiento a la transformación de la sociedad para hacerla más justa, pacífica y sostenible.

Para leer más:

Carta de la Tierra

Evaluando los objetivos en consumo de energías renovables en la UE (2018)

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El consumo final de energía en la UE-27 (sin Reino Unido) ascendió a 989,5 millones de toneladas equivalentes de petróleo en 2018, una cantidad que con una participación del 18,9% provino de fuentes de energía renovables (eólica, solar, hidráulica, maremotriz, geotérmica, biomasa…).

Desde una perspectiva temporal, la participación de las energías renovables en el consumo final energético ha aumentado de forma continuada durante los últimos quince años y se mantiene en la senda de cumplir con el objetivo establecido en la Estrategia Europa 2020: el 20% del consumo final de energía total ha de provenir en el año 2020 de fuentes renovables. Para el año 2030 la UE ha acordado ampliar de dicho objetivo hasta al menos el 32%.

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En un análisis por países, se observan diferentes resultados, según los últimos datos publicados por Eurostat.

En 2018 Suecia, con el 54,6%, es el país con el mayor porcentaje de energía de fuentes renovables en su consumo final bruto de energía. Le siguen, a cierta distancia, los mayores porcentajes de Finlandia (41,2%), Letonia (40,3%), Dinamarca (36,1%), Austria (33,4%), Portugal (30,3%) y Estonia (30,0%).

Por el contrario, las menores participaciones de energías renovables sobre el consumo energético final se registraron en Países Bajos (7,4%), Malta (8,0%), Luxemburgo (9,1%), Bélgica (9,4%), Irlanda (11,1%), Polonia (11,3%) y Eslovaquia (11,9%).

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Si bien el objetivo del 20% para el año 2020 se ha establecido para el conjunto de la UE, cada país ha de cumplir un objetivo individualizado, que varía entre el 49% de Suecia y el 10% establecido para Malta.

Doce de los 27 países de la UE (sin Reino Unido) ya han cumplido en 2018 con sus objetivos individualizados para 2020 de participación de energías renovables en su consumo energético final, destacando Croacia (con 8 p.p. más que su objetivo), Dinamarca (6,1 p.p. más), Suecia (5,6 p.p. más), Estonia (5,0 p.p.), Bulgaria (4,5 p.p.) y Finlandia (3,2 p.p.).

En el otro extremo, quince países han de seguir haciendo esfuerzos para cumplir con sus compromisos de consumo de energías renovables. Los países más rezagados respecto a sus objetivos para 2020 son Países Bajos (6,6 p.p menos que su objetivo), Francia (6,4 p.p. menos), Irlanda (4,9 p.p. menos) y Eslovenia (3,9 p.p.).

Entre 2004 y 2018 la participación de la energía de fuentes renovables en el consumo final de energía se ha incrementado en todos los países. Los mayores avances se han dado en Dinamarca (21,3 puntos porcentuales más), Suecia (16,0 p.p.) y Finlandia (11,2 p.p).

Para más información:

Eurostat