Eurostat – ECOPALABRAS

La satisfacción general con la vida en los países de la UE (2024)

Viene siendo habitual que la evaluación del desarrollo de los países se vincule fundamentalmente al análisis de la evolución de la variable del PIB (Producto Interior Bruto), a pesar de conocerse que éste de lo que realmente nos informa es del valor monetario de todos los bienes y servicios de mercado producidos en una economía.

Contamos, no obstante, con otros enfoques e indicadores diferentes al tradicional PIB, no tan conocidos, que se aproximan de forma más realista a evaluar el progreso de las sociedades y la calidad de vida de sus ciudadanos. Uno de estos indicadores es el de satisfacción general con la vida, cuya valoración la otorgan los propios ciudadanos de acuerdo con su percepción personal revelada a través de encuestas.

La medida de satisfacción general con la vida es un indicador de bienestar subjetivo que suele comprender la valoración de tres aspectos: la satisfacción con la vida (apreciación cognitiva), los afectos (los sentimientos o estados emocionales de una persona, positivos o negativos) y la eudemonía (la sensación de tener propósito en la vida y una buena estabilidad sicológica).

En el contexto europeo, contamos con los datos que publica la Oficina Europea de Estadística de la UE (Eurostat) que nos permiten analizar la valoración que tienen los ciudadanos europeos sobre la satisfacción general de sus vidas.

Así, partiendo de una escala comprendida entre 0 (muy insatisfecho) y 10 (muy satisfecho), los últimos resultados correspondientes al año 2024 nos revelan que los ciudadanos de la UE valoran, en promedio, en 7,2 puntos su satisfacción general con la vida.

En una comparativa temporal, los datos publicados nos constatan que ha disminuido la satisfacción general con la vida de los ciudadanos comunitarios entre 2018 y 2024, al reducirse su puntuación media de 7,3 a 7,2 entre dichos años.

En un análisis por países, los resultados obtenidos en 2024 expresan también que existen divergencias respecto la valoración de la satisfacción general con la vida entre los veintisiete Estados miembros.

Así, el país con mayor grado de satisfacción general con la vida en 2024 es Finlandia (7,8), seguido de Eslovenia (7,7), Rumanía (7,7), Polonia (7,6), Austria (7,6), Países Bajos (7,6), Dinamarca (7,6) y Bélgica (también 7,6).

En el extremo contrario, los menores niveles de satisfacción general con la vida los declaran en 2024 los ciudadanos de Bulgaria (6,2), Grecia (6,7), Letonia (6,9) y Alemania (7,0).

Desde una aproximación temporal, respecto al año 2018 cinco países destacan por registrar los mayores aumentos de su satisfacción general con la vida en 2024: Croacia (+0,9 puntos), Lituania (+0,8), Bulgaria (+0,8), Portugal (+0,6) y Hungría (+0,6), según los últimos datos de Eurostat. Por el contrario, se han registrado las mayores pérdidas de satisfacción con la vida en Irlanda (-0,6 puntos), Alemania (-0,4), Austria (-0,4) y Suecia (-0,4).

Los resultados obtenidos nos muestran asimismo un hecho importante: que un país tenga un alto PIB per cápita no es necesariamente determinante para que su población disfrute de un alto grado de satisfacción con la vida.

En países como Rumanía y Polonia, que tienen un PIB per cápita (pps) inferior a la media de la UE (un -22% y un -23%, respectivamente, en 2023), sus ciudadanos declaran unos niveles de satisfacción con la vida que superan claramente la media de la UE. En el otro extremo, de acuerdo también con Eurostat, en Alemania, un país cuyo PIB per cápita (pps) supera en un 16% el promedio de la UE, sus ciudadanos son, tras los de Bulgaria, Grecia y Letonia, los que menor puntuación han dado a la satisfacción general con la vida en el año 2024.

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Eurostat

El gasto en protección medioambiental en la Unión Europea (2006-2024)

A medida que los problemas medioambientales han venido aumentando en número e intensidad, como los derivados de la crisis climática que atraviesa el planeta, garantizar la calidad y perdurabilidad de los ecosistemas y especies naturales se convierte en una necesidad cada vez más imperiosa. Ello hace que la puesta en práctica de múltiples medidas dirigidas a la protección medioambiental, que conllevan ineludiblemente los correspondientes compromisos de financiación, esté llamada a continuar siendo una prioridad.

En el ámbito de la Unión Europea, sobre la base del Pacto Verde Europeo, en la actualidad la política medioambiental tiene como objetivo principal para la presente década acelerar la transición hacia una economía climáticamente neutra y eficiente en el uso de los recursos, tal y como expresa el VIII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, vigente desde el año 2022. Evidentemente, este objetivo obliga no sólo asegurar una tendencia ascendente del gasto de protección medioambiental sino a intensificar su ritmo de crecimiento durante los próximos años en áreas como las siguientes: gestión de residuos, gestión de aguas residuales, protección del aire y del clima, protección de las aguas subterráneas, protección y descontaminación de suelos, disminución de ruidos, I+D sobre medio ambiente, y protección de la biodiversidad y el paisaje.

En la Unión Europea (UE-27), de acuerdo con los últimos datos publicados por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), el gasto total en protección medioambiental asciende a 359.921 millones de euros en 2024. Este gasto ha sido sufragado, con diferente proporción, por los siguientes sectores institucionales: el 51,4% por las empresas, el 31,1% por las Administraciones Públicas (e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares) y el 17,5% restante por los hogares.

Desde una perspectiva temporal, de acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, el gasto en protección medioambiental en la UE ha pasado de 207.736 millones de euros en 2006 a 359.921 millones en 2024, lo que supone un incremento acumulado del 75,3% en dicho periodo.

Como puede observarse en el siguiente gráfico, dicho gasto medioambiental, medido en euros corrientes, no ha seguido una tendencia de crecimiento lineal durante todo el periodo 2006-2024.

Durante este largo periodo de tiempo, cabe destacar especialmente los efectos, en primer lugar, de la irrupción de la crisis económica de 2008 que repercutió de forma notaria sobre las políticas medioambientales al verse restringida su financiación, en particular en los años 2009 y 2013-2014. Posteriormente, el gasto de protección medioambiental siguió una senda de recuperación que se interrumpe en el año 2020 con el inicio de la pandemia del COVID-19. Finalmente, a partir del 2021 hasta la actualidad el gasto medioambiental muestra un mayor impulso.

Es necesario apuntar, asimismo, que para tener una visión más real de la evolución del gasto de protección medioambiental (que es medido en euros corrientes) en la UE es pertinente analizarlo en términos relativos, esto es, en comparación con la evolución de la actividad económica. Para ello, el indicador habitualmente empleado es el de porcentaje de gasto de protección medioambiental sobre el Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado.

Así, los datos disponibles de Eurostat nos permiten concluir que para conjunto del periodo 2006-2024, el porcentaje de gasto medioambiental sobre el PIB total de la UE-27 se ha mantenido prácticamente invariable durante todos estos años, cifrándose en el 2,0% en 2024, igual porcentaje que en 2006. Por lo tanto, el gasto destinado a proteger el medio ambiente de los efectos nocivos de las actividades económicas se ha venido incrementado en similar medida que el valor de la producción de bienes y servicios de la economía. Sólo en 2020 alcanzó un máximo del 2,2%, pero dándose la circunstancia de que fue un año en el que el gasto medioambiental no se incrementó, sino que se contrajo en menor grado que la actividad económica. Estos resultados añaden mayor incertidumbre sobre si realmente se está en la senda adecuada para dar cumplimiento a los actuales objetivos de la política medioambiental europea demandante de recursos económicos adicionales.

En un análisis por países es destacable la diferente importancia que otorgan los Estados al gasto de protección medioambiental en el seno de la UE. Así, según los últimos datos disponibles correspondientes al año 2022, Bélgica, con una ratio del 3,40%, es el país que gasta más en protección medioambiental en comparación con el tamaño de su economía, porcentaje significativamente superior a la de media de la UE (2,10% en 2022). Le siguen, en orden descendente, Austria (3,20%), Rumanía (2,70%), Chequia (2,70%), Suecia (2,60%), Italia (2,60%) y Eslovenia (2,50%), principalmente.

Por el contrario, el país con menor gasto en protección medioambiental sobre el PIB es Irlanda (0,60%), seguido de Luxemburgo (1,00%), Letonia (1,20%), Chipre (1,30%), Hungría (1,30%) y Grecia (1,40%).

Desde una aproximación dinámica, durante el periodo 2018-2022 (años con datos disponibles) el gasto en protección medioambiental sobre el PIB se ha incrementado en 13 de los 27 países de la UE, destacando los mayores esfuerzos realizados por Eslovenia (+0,4 puntos porcentuales), y se ha reducido en ocho países, con la mayor disminución registrada por Estonia (-0,4 p.p.). En los seis países restantes la ratio de gasto medioambiental se ha mantenido estable.

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Eurostat

La superficie de los espacios protegidos marinos en la UE (2022)

La pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se encuentran entre las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad ante la próxima década. Así lo afirma la Estrategia sobre Biodiversidad de la UE para 2030.

En el caso de los ecosistemas marinos, en particular, la biodiversidad se encuentra afectada por múltiples prácticas insostenibles (sobrepesca, vertidos, contaminación…), a las que se suman los graves impactos del calentamiento del planeta.

La protección de los espacios marinos se convierte, por tanto, en una herramienta política y legal de primer orden para garantizar la biodiversidad y el pleno funcionamiento de los ecosistemas y especies, así como los servicios medioambientales que ofrecen, sin olvidar los beneficios sanitarios, sociales y económicos que proporcionan a la población.

Con la designación de espacios marinos protegidos y su eficaz gestión se persigue preservar la biodiversidad marina, al mismo tiempo que se procura la seguridad alimentaria de la población y los medios de subsistencia a largo plazo de los pescadores y agentes del sector de la pesca y el marisco de un modo sostenible. En el marco de la UE, la citada Estrategia sobre Biodiversidad establece expresamente un compromiso cuantitativo fundamental: Conferir protección jurídica al 30% de la superficie marina de la UE, como mínimo, de aquí a 2030. Este claro compromiso obliga, en primer lugar, a conocer en qué situación de protección se encuentran hoy los ecosistemas marinos de la Unión y, en segundo lugar, a realizar evaluaciones periódicas sobre el grado de cumplimiento de dicho objetivo hasta 2030.

De acuerdo con los últimos datos de 2022 publicados por Eurostat, en el conjunto de la Unión Europea los espacios naturales marinos que están sujetos a protección comprenden una superficie de 628.749 km2. Ello equivale al 12,3% de la superficie marina de la UE.

Desde un enfoque temporal, el porcentaje de superficie marina protegida ha aumentado desde 4,2% en el año 2012 hasta el 12,3% en 2022. Este aumento se ha debido a los avances en la protección de nuevas áreas marinas, ya sea dentro de la Red Natura 2000 o mediante designaciones nacionales complementarias como bajo el paraguas de los Convenios Internacionales de Mares Regionales.

Sin embargo, con este porcentaje del 12,3% la Unión Europea queda muy lejos de poder alcanzar el objetivo de proteger al menos el 30% de sus mares en el año 2030, establecido en la vigente Estrategia sobre Biodiversidad. En los próximos años se requieren esfuerzos extraordinarios de los países para no incumplir dicho objetivo de conservación natural, a la vez que se hace necesario implementar una gestión eficaz de todas las áreas marinas protegidas.

En un análisis por países, de los 22 Estados miembros de la UE-27 que tienen mar, el que presenta una mayor superficie de espacios naturales marinos protegidos en 2022 es Francia, con 168.577 km2. Le siguen, a continuación, España (132.934), Portugal (78.364) e Italia (56.957), principalmente.

En términos relativos, si tenemos en cuenta la superficie marina total de cada país, Francia y Alemania, ambos con el 45,3% cada uno, presentan el mayor porcentaje de superficie marina protegida nacional en 2022. Seguidamente, los países con los mayores porcentajes son Bélgica (37,8%), Países Bajos (26,8%), Lituania (22,8%), Polonia (21,9%), Rumanía (21,4%) y Grecia (19,8%). Por lo tanto, en 2022, sólo tres países (Francia, Alemania y Bélgica) ya han conseguido proteger el 30% de la superficie de sus espacios marinos.

En el otro extremo, los menores porcentajes de protección de áreas marinas corresponden a Irlanda (2,1%), Portugal (4,5%), Eslovenia (5,0%), Malta (5,5%), Bulgaria (8,0%) y Chipre (8,6%).

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Eurostat

European Environment Agency

La superficie de los espacios protegidos terrestres en la UE (2022)

Los ecosistemas y la diversidad de especies que habitan el planeta desempeñan funciones ecológicas que guardan un intrincado equilibrio que hace posible la continuidad de la vida en la Tierra. Son áreas de un gran valor intrínseco que proporcionan importantes beneficios medioambientales, sociales, culturales y económicos, además de contribuir a la salud y bienestar del ser humano.

Sin embargo, los espacios naturales terrestres se encuentran sometidos a intensas presiones como las derivadas del desarrollo urbano, la intensificación agrícola, la extensión de la red de transporte, la contaminación y el cambio climático. Es por ello que su protección se convierte en una herramienta política y legal de primer orden. En el contexto actual de pérdida de biodiversidad y de crisis climática que atraviesa el planeta se vuelve inexcusable la preservación de las áreas naturales que poseen un gran valor, cuya pérdida sería irreversible.

En la Unión Europea los espacios naturales terrestres que están sujetos a protección comprenden una superficie de 1.079.412 km2, de acuerdo con los últimos datos de 2022 publicados por Eurostat. Ello equivale al 26,1% del territorio total de la UE: un 18,6% designado como espacios de la Red Natura 2000 (áreas protegidas por las Directivas de Aves y Hábitats) y un 7,5% como otras designaciones nacionales complementarias.

Desde un enfoque temporal, el porcentaje de superficie protegida ha aumentado desde el año 2011, cuando se cifró en el 24,3%, hasta el último dato del 26,1% en 2022. Sin embargo, como se observa en el siguiente gráfico, durante los últimos años no se han producido avances en la superficie protegida, ya que dicho porcentaje ha permanecido prácticamente estancado. Este hecho está provocando una mayor incertidumbre en el cumplimiento del objetivo de alcanzar el 30% en el año 2030, establecido en la vigente Estrategia sobre Biodiversidad de la UE.

Además, hay que tener en cuenta que para garantizar la biodiversidad no es suficiente con aumentar la cobertura de los espacios naturales protegidos. Es igualmente necesario que, al mismo tiempo, los países apliquen sistemas eficaces de gestión en sus áreas de gran valor natural.

En un análisis por países, en 2022 el país de la Unión Europea con mayor superficie de espacios naturales terrestres protegidos es Francia, con 154.571 km2, reflejando el alto grado de biodiversidad que se concentra en este territorio europeo. Le siguen, a continuación, España (142.152), Alemania (137.704) y Polonia (123.491), principalmente.

En términos relativos, si tenemos en cuenta el tamaño de los países, Bulgaria, con el 41,0%, presenta el mayor porcentaje de superficie protegida sobre el total del territorio nacional. Tras Bulgaria los países con mayor porcentaje de superficie de espacios naturales protegidos son Eslovenia (40,5%), Polonia (39,6%), Alemania (38,5%), Croacia (38,2%), Luxemburgo (37,9%), Chipre (37,8%) y Eslovaquia (37,3%).

Por el contrario, los menores porcentajes de protección corresponden a Finlandia (13,4%), Irlanda (13,9%), Bélgica (14,7%), Suecia (15,0%), Dinamarca (15,1%), Lituania (17,8%) y Letonia (18,1%).

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Eurostat

European Environment Agency

La participación de las energías renovables en la UE (2004-2023)

En el ámbito de las energías renovables, la Estrategia Europa 2020 y la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo dejaron fijado como objetivo estratégico que para el año 2020 el 20% del consumo final de energía de la UE debe tener su origen en fuentes renovables (eólica, solar, hidráulica, maremotriz, geotérmica, biomasa…). De acuerdo con los datos de Eurostat dicho objetivo del 20% se cumplió en el horizonte marcado de 2020, al registrase una cuota de participación del 22,0% en dicho año.

De cara al futuro, los nuevos objetivos de lucha contra el cambio climático han conducido a la Unión Europea a revisar su objetivo general de participación de las energías renovables para acelerar su implantación, de modo que se fuerce el desplazamiento del consumo de los combustibles fósiles que propician el calentamiento global.

Así, la Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de octubre de 2023 establece que los Estados miembros velarán conjuntamente por que en el año 2030 la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de al menos el 42,5% del consumo final bruto de energía de la Unión, y deberán esforzarse por alcanzar el 45%.

Los últimos datos de Eurostat nos informan que en el año 2023 el consumo final de energía en la UE-27 ascendió a 960 millones de toneladas equivalentes de petróleo. De este total el 24,6% provino de fuentes de energía renovables, porcentaje que desde 2004 se ha venido incrementado de forma continuada año tras año, a excepción de 2021, año marcado por los impactos de la pandemia de la COVID-19.

Se concluye, por tanto, que el ambicioso objetivo fijado para 2030 implica que la cuota de las energías renovables ha de registrar un crecimiento medio entre 2023 y 2030 de 2,9 puntos porcentuales cada año, lo que supone un ritmo muy superior al registrado en el decenio anterior (0,8 p.p.).

En un análisis por países, entre 2004 y 2023 la participación de la energía de fuentes renovables en el consumo final de energía se ha incrementado en todos los Estados miembros. Los mayores avances relativos se han dado en Dinamarca (29,6 puntos porcentuales más) y Suecia (+28,0 p.p.), y los menores en Croacia (+4,6 p.p) y Eslovenia (+6,7 p.p.), si bien estos dos últimos países ya partían en 2004 con altos porcentajes de introducción de renovables.

Asimismo, se sigue observando, de acuerdo con los últimos datos publicados por Eurostat, que persiste la disparidad en el grado de implantación de las energías renovables dentro de la Unión.

En 2023 Suecia, con el 66,4%, es el país con el mayor porcentaje de energía de fuentes renovables en su consumo final bruto energético. Le siguen, a cierta distancia, los mayores porcentajes de Finlandia (50,8%), Dinamarca (44,4%), Letonia (43,2%), Estonia (41,0%), Austria (40,8%) y Portugal (35,2%).

Por el contrario, las menores participaciones de energías renovables sobre el consumo energético final se registraron en Luxemburgo (14,4%), Bélgica (14,7%), Malta (15,1%), Irlanda (15,3%), Polonia (16,6%), Eslovaquia (17,0%), Hungría (17,1%) y Países Bajos (17,4%).

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Eurostat

Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de octubre de 2023

La dependencia energética exterior de la UE (1990-2023)

El objetivo de la soberanía energética adquiere cada vez más significado para convertirse en una cuestión estratégica de la política energética de los países. Una baja dependencia de las importaciones posibilita que las economías sean menos vulnerables a problemas de provisión de recursos energéticos y a imprevistas fluctuaciones alcistas de los precios que derivan, en última instancia, en un deterioro de la capacidad adquisitiva de la población y en una merma del saldo comercial del país importador.

Al mismo tiempo, el procurar una menor dependencia de las importaciones de productos energéticos, que fundamentalmente son combustibles fósiles, viene a apuntar en la práctica que se han podido implementar medidas de eficiencia energética y/o se está produciendo un mayor empleo de las energías renovables. De esta forma se consigue actuar a favor de la sostenibilidad y del tránsito hacia una economía baja en carbono, al propiciarse la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que provocan el calentamiento climático.

En el marco de la Unión Europeo, para evaluar el mayor o menor grado de soberanía energética, la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) publica el indicador de dependencia de las importaciones de energía que queda definido en los siguientes términos:

la proporción de las necesidades energéticas totales de un país satisfechas por las importaciones de otros países, esto es, el porcentaje de importaciones netas (importaciones menos exportaciones) sobre la energía bruta disponible.

De acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, el consumo de energía en la UE continúa dependiendo en gran medida de su abastecimiento exterior. Entre 1990 y 2023 el conjunto de la UE ha visto aumentar su grado de dependencia energética desde el 50,0% hasta el 58,3%.

Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución seguida por el indicador de dependencia energética en la UE ha estado muy condicionada por la naturaleza del ciclo que atraviesa la economía, ya sea expansivo o contractivo. Durante los años de la Gran Recesión el valor del indicador de dependencia energética se redujo, interrumpiendo de forma clara la tendencia ascendente que venía registrando desde 1990, para, después, a partir de 2014, una vez pasados los años de crisis económica, retomar su senda creciente hasta alcanzar un máximo en 2019, con el 60,5%. Más recientemente, con la irrupción de la pandemia del COVID-19, que conllevó fuertes impactos sociales y económicos, el grado de dependencia energética vuelve a retroceder. La contracción de la economía de la UE, en buena medida por las necesarias medidas de restricción a la actividad y la movilidad adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, derivó en menores requerimientos energéticos que hicieron descender el grado de dependencia del exterior hasta el 57,5% en 2020 y el 55,5% en 2021.

A continuación, en el 2022, con la finalización de la pandemia, el grado de dependencia energética de la UE retoma su senda ascendente, repuntando hasta el 62,5%, en un contexto internacional marcado por la fuerte inflexión al alza de los precios energéticos. A ello hay que añadir los impactos de la guerra en Ucrania iniciada en marzo con la invasión rusa. Finalmente, en 2023 la ratio de dependencia energética de la UE se modera hasta situarse en el 58,3%, si bien se consolida en un nivel que sólo ha sido superado en los años 2019 y 2022 en toda la serie histórica.

En un análisis por tipos, el petróleo y sus derivados, que son los productos energéticos más demandados, presentan la mayor tasa de dependencia exterior. En 2023 el 94,5% de su demanda ha tenido que ser importado de terceros países. Este porcentaje supera en 1,4 puntos el registrado en 1990 (93,1%).

A continuación, para el gas natural, el segundo producto energético más demandado, la tasa de dependencia exterior es del 90,0% en 2023. En este caso continúa siendo muy superior al 51,8% de 1990.

Respecto a los combustibles fósiles sólidos, el tercer producto energético más demandado, en 2023 el 40,8% de su consumo ha sido cubierto a través de importaciones. Este porcentaje también supera el registrado en 1990 (18,7%).

Atendiendo a un análisis por países, los últimos datos disponibles de Eurostat nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de productos energéticos continúa siendo elevado en la mayoría de los países de la UE. Un total de 16 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2023.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones netas sobre su energía bruta disponible del 97,6%, Chipre (92,2%) y Luxemburgo (90,6%). A continuación, les siguen Irlanda (77,9%), Bélgica (76,1%), Grecia (75,6%), Italia (74,8%), Países Bajos (70,4%), España (68,4%) y Lituania (68,4%), entre otros.

Por el contrario, el país con un grado de dependencia exterior menor es Estonia (3,5%), al que siguen, a distancia, Suecia (26,4%), Rumanía (27,9%), Dinamarca (32,3%), Finlandia (29,6%), Letonia (32,7%) y Dinamarca (38,9%). Desde una perspectiva temporal amplia, que abarca el periodo 1990-2023, los Estados que más han aumentado su tasa de dependencia energética exterior han sido Polonia (de 0,9% a 48,0%), Países Bajos (de 23,7% a 70,4%) y República Checa (de 15,2% a 41,7%). En sentido contrario, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más su dependencia energética exterior durante el periodo analizado: Letonia (de 89,0% a 32,7%), Estonia (de 41,0% a 3,5%) y Finlandia (de 61,0% a 29,6%), entre 1990 y 2023.

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Eurostat.

El transporte y las energías renovables en la Unión Europea (2004-2023)

La Unión Europea se ha marcado el propósito de potenciar que la energía consumida por el sector del transporte provenga de biocombustibles líquidos, hidrógeno, biometano y electricidad verde (a partir de energías renovables como la eólica, solar e hidráulica), en lugar de los tradicionales combustibles fósiles.

Por tal motivo, en un principio, con la Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2007 («Programa de trabajo de la energía renovable – Las energías renovables en el siglo XXI: Construcción de un futuro más sostenible»), la UE estableció como objetivo para el sector del transporte de los Estados miembros que en el año 2020 el 10% de la energía consumida proceda de fuentes de energía renovables.

Posteriormente, la Directiva 2023/2413 sobre fuentes de energía renovables, que modifica la Directiva de 2018, estableció nuevos objetivos más ambiciosos para el sector del transporte. En concreto fija los siguientes objetivos obligatorios para los países:

i) una cuota de energía renovable en el consumo final de energía en el sector del transporte de al menos el 29 % a más tardar en 2030, o

ii) una reducción de la intensidad de gases de efecto invernadero de al menos el 14,5 % a más tardar en 2030, en comparación con la base de referencia establecida…

Atendiendo a los datos disponibles elaborados por la Oficina Estadística de la UE (Eurostat), es posible y pertinente realizar evaluaciones periódicas para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en el sector del transporte, en aras de potenciar la senda hacia una economía sostenible y baja en carbono en todos los países de la Unión.

Según dicho organismo estadístico europeo, en el año 2004 el porcentaje de energía consumida en el sector del transporte procedente de fuentes renovables en la UE-27 ascendía al 1,4%, porcentaje muy alejado del objetivo del 10% marcado para 2020.

Durante el periodo 2004-2020, la participación de la cuota de energía renovable en el transporte, que partió de un registro muy bajo, ha tomado una senda ascendente año a año, con la excepción de 2011 cuando se redujo, en un contexto de grave crisis económica. Finalmente, en el año 2020 los datos de Eurostat nos indican que la UE como conjunto logró que el 10,3% del consumo final de energía en el sector del transporte proceda de energías renovables, superando el objetivo del 10% inicialmente marcado para dicho año.

No obstante, dicho cumplimiento del objetivo necesita ser matizado. Antes de 2020, esto es, durante el periodo 2004-2019 la participación de las energías renovables en el sector del transporte se incrementó a un ritmo de 0,5 p.p. al año. Por lo tanto, resulta un hecho extraordinario que en 2020 dicha cuota de participación haya aumentado en 1,5 p.p. respecto a 2019, permitiendo superar el objetivo del 10%. Cabe pensar que estos resultados favorables vienen explicados en buena parte por tratarse de un año 2020 muy marcado por los efectos de la crisis del COVID-19. En dicho año las necesarias medidas de restricción de la movilidad y la actividad aplicadas en Europa para frenar la pandemia tuvieron su reflejo en una caída brusca del consumo de energía.

En los años siguientes, tras el extraordinario repunte de 2020 y posterior retroceso en 2021, se observa que la participación de las energías renovables en el sector del transporte retorna a su tendencia normal. Se llega así al año 2023 con una ratio del 10,8% para el conjunto de la UE, porcentaje que se encuentra muy alejado del nuevo objetivo del 29% para 2030 establecido en la Directiva.

En un análisis por países, cabe destacar que se siguen observando diferencias importantes en el grado de penetración de las energías renovables en el sector del transporte.

Así, en 2023 Suecia, con el 33,6%, fue el país de la UE-27 con el mayor porcentaje de participación de energía de fuentes renovables en el transporte sobre el consumo final bruto de energía. Le siguen, a distancia, Finlandia (20,6%), los Países Bajos (13,4%), Austria (13,2%), Bélgica (12,1%), España (12,0%), Alemania (11,9%) y Portugal, todos ellos superando la media de la UE (10,8%).

En el otro extremo, los menores porcentajes de implantación de las energías renovables en el transporte correspondieron en 2023 a Croacia (0,9%), Letonia (1,4%), Grecia (3,9%), República Checa (5,7%), Polonia (6,0%) y Lituania (7,2%). Es significativo que en dicho año 2023, 14 países de los 27 de la UE presentaron porcentajes inferiores al objetivo del 10% que había marcado la Unión Europea para el año 2020.

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Eurostat

Evolución del consumo por habitante en la UE (1995-2023)

Para evaluar el progreso de los países el indicador del PIB per cápita ha ocupado hasta la actualidad un lugar privilegiado. Durante décadas se ha defendido el uso de esta ratio como la mejor aproximación sintética del bienestar de la población. Recordemos, no obstante, que dicha medida se refiere estrictamente a la actividad económica, es decir, al valor de todos los bienes y servicios producidos en la economía de un territorio (país, región, ciudad…) durante un periodo de tiempo (generalmente un año), relativizándolo por el número de habitantes. En consecuencia, por su propia naturaleza son múltiples las limitaciones que presenta para medir el bienestar de las personas.

Como medida alternativa al PIB per cápita se dispone del indicador de consumo individual efectivo (CIE) por considerarse una medida más adecuada para evaluar el bienestar material de la población. Se define como el valor monetario del consumo de los bienes y servicios adquiridos directamente por los hogares, así como los servicios prestados por las organizaciones sin ánimo de lucro y el Estado para el consumo de los individuos (educación, sanidad…). Dicho consumo se valora en euros pps (estándar de poder de compra), con objeto de corregir las diferencias nacionales en los niveles de precios permitiendo las comparaciones entre países, y se relativiza por el número de habitantes.

Siendo un indicador más adecuado que el PIB per cápita para medir el bienestar material, no hay que olvidar que el CIE tampoco está exento de importantes limitaciones, en especial si lo que perseguimos es, en realidad, evaluar el desarrollo sostenible. Es evidente que el consumo de bienes, que satisfacen necesidades materiales (básicas y no básicas), conlleva la extracción y el uso de recursos naturales (materiales, agua, energía), cuyo impacto sobre el medio ambiente puede ser muy diverso (pérdida de biodiversidad, residuos, contaminación, cambio climático…). Por lo tanto, a la hora de analizar el CIE hay que tener en cuenta que no nos aporta información sobre la sostenibilidad ambiental, sobre si ese consumo es sostenible. De igual forma, este indicador de consumo medio por habitante, por su propia concepción, no nos aproxima a evaluar los avances en equidad, pilar fundamental del desarrollo sostenible.

En el contexto de la Unión Europea, para conocer la evolución de dicha medida de consumo per cápita se cuenta con la estadística que elabora la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En un análisis de los datos disponibles para el periodo 1995-2023 se evidencia, como primera conclusión general, que el nivel de consumo individual efectivo por habitante de la UE-27 ha aumentado de forma prácticamente continuada, pasando de 10.100 a 25.200 euros (pps), esto es, el nivel de consumo se ha multiplicado por 2,5 en 28 años. Como se observa en el siguiente gráfico, cabe apuntar que en dicha tendencia de generalizado crecimiento hubo sólo dos años, 2009 (con la Gran Recesión) y 2020 (con la pandemia del COVID-19), en los que el consumo por habitante se contrajo. Superada la última crisis sanitaria, el CIE por habitante repunta, hasta anotar en 2023 un crecimiento del 21% respecto a 2019.

En un análisis por países, de acuerdo con los últimos datos correspondientes al año 2023, diez Estados miembros de la UE-27 presentan un consumo por habitante superior a la media comunitaria.

Luxemburgo encabeza la UE-27 al presentar un CIE de 136, esto es, supera en un 36% el consumo por habitante medio de la Unión. Le siguen los Países Bajos (119), Alemania (119), Austria (114), Bélgica (112), Dinamarca (108), Suecia (106), Francia (106) y Finlandia (105).

Por el contrario, 18 países de la UE-27 presentan un CEI inferior a la media. El menor consumo per cápita lo registra en 2023 Hungría y Bulgaria (70), con un 30% inferior a la media comunitaria. Le siguen, a continuación, Letonia (73), Estonia (75), Croacia (75) y Eslovaquia (77), con valores que no superan el 80% de la media de la Unión.

Existe, por tanto, una amplia variación entre el país de mayor consumo por habitante, Luxemburgo (136) y los de menor consumo, Hungría y Bulgaria (70), esto es, una brecha de unos 66 puntos en 2023. No obstante, dicha divergencia ha disminuido con el transcurso de los años. En 1995, el país de mayor consumo era igualmente Luxemburgo (156) que contrastaba en el otro extremo con Rumanía (33), registrándose entonces un diferencial de 124 puntos entre ambos. Precisamente Rumanía, junto con Lituania, Letonia, Estonia y Polonia, son los países que más han visto aumentar en términos relativos sus niveles de consumo por habitante durante el periodo 1995-2023.

Para más información:

Eurostat

El uso circular de los materiales en la UE (2004-2023)

Actualmente prevalece la economía lineal caracterizada por unos modos de producción y consumo insostenibles que se basan en la extracción ilimitada de los recursos naturales con los que fabricar productos, con frecuencia de corto periodo de uso, y en la consiguiente generación y depósito de residuos. Frente a este modelo el enfoque de la economía circular trata de abrirse camino en favor de la sostenibilidad.

La Comisión Europea adoptó en 2015 una Comunicación que daba pasos importantes en el camino hacia una economía más circular: «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular».

Con las medidas establecidas en dicho plan de acción se opta por una economía en la que se persiguen dos objetivos principales:

Mantener durante el mayor tiempo posible el valor que poseen los productos, los materiales y los recursos, de modo que se ahorran materias primas al dejar de ser extraídas de la corteza terrestre.
Reducir al mínimo posible la generación de todo tipo de residuos.

El cumplimiento de ambos objetivos facilitaría el desarrollo de una economía más eficiente en el uso de los recursos y, por tanto, con menores impactos medioambientales (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación).

Para evaluar los avances alcanzados en la UE en su senda de fomento de la economía circular, se dispone, como indicador principal, de la tasa de uso de materiales circulares (tasa de circularidad), que elabora la Oficina Estadística de la UE (Eurostat)

Dicha tasa, expresada en porcentaje, mide la proporción de materiales recuperados y reintroducidos en la economía sobre el total de materiales con uso general. La tasa de circularidad define, por tanto, la relación que existe entre el uso circular de materiales y el uso general de materiales(*).

Un valor de tasa de circularidad más alto indica que hay más materiales secundarios que sustituyen materias primas extraíbles, evitando así los impactos ambientales que supone la extracción de dichos materiales finitos de la naturaleza para fabricar productos o generar energía.

De acuerdo con Eurostat, la tasa de circularidad en la UE-27 fue del 11,8% en 2023, tras el 11,5% de 2022. Ello significa que del total de los recursos materiales que se utilizaron en la UE en dicho año el 11,8% provino de productos reciclados y materiales que han sido recuperados.

Es destacable, además, que el valor que toma la tasa de circularidad difiere de forma significativa según el tipo de materiales considerados. Así, en 2023 los metales son los materiales que toman la mayor tasa de circularidad (25%), seguidos por los minerales no metálicos (14%). Por el contrario, las menores tasas de circularidad corresponden a los combustibles fósiles (3%) y la biomasa (10%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2004-2022 la tasa de circularidad se ha incrementado en el conjunto de la UE-27 desde el 8,2% hasta el 11,8%. Ello supone, por tanto, un avance de 3,6 puntos porcentuales (p.p.) en dicho periodo de tiempo, es decir, apenas dos décimas porcentuales por año desde 2004. Además, como se observa en el siguiente gráfico, la tasa de circularidad ha experimentado una tendencia al estancamiento durante los últimos años que contrasta con los avances registrados a comienzos de la serie.

Por países se constata que la tasa de circularidad presenta diferencias muy significativas en el seno de la UE. Así, en el último año 2023 los mayores porcentajes se registraron en Países Bajos (30,6%), Italia (20,8%), Malta (19,8%), Bélgica (19,7%), Estonia (18,1%) y Francia (17,6%).

Por el contrario, las menores tasas de circularidad correspondieron a Rumanía (1,3%), Irlanda (2,3%), Finlandia (2,4%), Portugal (2,8%) y Lituania (3,9%).

Estas importantes divergencias entre los países de la UE-27 se deben, según Eurostat, a la cantidad de residuos que se recicla en cada país y a factores estructurales de las propias economías nacionales. Así, las economías que tienen mayores importaciones de materiales (incluyendo los combustibles fósiles) y mayores extracciones interiores de materiales (relacionadas con minería, construcción, etc.) son las que presentan menores tasas de circularidad.

Además, la evolución de la tasa de circularidad dentro de la UE ha sido muy dispar, en particular durante 2010-2023, periodo para el que Eurostat ha publicado datos actualizados por países. Por un lado, destacan los mayores avances de Malta, cuya tasa de circularidad ha aumentado en 14,5 p.p., Italia (+9,2 p.p.) y Estonia (+9,1 p.p.). Por el contrario, cinco países de la UE han retrocedido en su tasa de circularidad durante dicho periodo, presentando los mayores descensos Luxemburgo (-13,2 p.p.), Finlandia (-8,3 p.p.) y Polonia (-3,6 p.p.).

(*) El uso general de materiales se mide sumando el consumo agregado de materiales domésticos y el uso circular de materiales. El primero queda definido en las cuentas de flujos de materiales para toda la economía. Por su parte, el uso circular de materiales se aproxima por la cantidad de residuos reciclados en las plantas de recuperación doméstica, menos los residuos importados destinados a la recuperación, más los residuos exportados destinados a la recuperación en el extranjero.

Para más información:

Eurostat

La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2023)

Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

Con la fiscalidad ambiental o verde se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, es decir, tratar de incorporar en el coste de aquellas actividades calificadas de insostenibles los costes medioambientales que generan, ya que, de lo contrario, permanecerían “no visibles” y sin contabilizar en el precio final. Por lo tanto, el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen sus comportamientos para hacerlos más respetuosos con el medio ambiente.

Son diversas las bondades que presenta la implantación de impuestos ambientales, entre las que podemos destacar las siguientes:

a) Favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles).

b) Contribuyen a un mayor uso del transporte sostenible.

c) Fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente.

d) Reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas.

e) Desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables.

f) Refuerzan la lucha contra el cambio climático.

En la práctica la fiscalidad ambiental se concreta en la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

«Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes«.

Durante los últimos tres decenios se ha extendido la aplicación de los impuestos ambientales, a través de sus diversos tipos, en el seno de la Unión Europea. Para conocer su efectividad las evaluaciones periódicas sobre la aplicación real de este tipo de impuestos se convierten en más que necesarias.

Como primera aproximación analizamos aquí si la fiscalidad verde ha ganado protagonismo en el seno de las políticas tributarias de los países de la UE. De este modo se estudia cómo se ha comportado la recaudación de las diferentes categorías de impuestos ambientales, cuál ha sido la evolución de la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación verde en relación con la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2023 se recaudó en la UE-27 un total de 348.575 millones de euros en concepto de impuestos ambientales.

De este total la mayor parte fueron ingresos por impuestos sobre la energía (el 77,9%). A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,0%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (4,1%).

En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,2% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2023. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,0%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los últimos datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2023, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE.

En términos de su participación en la estructura tributaria total, el porcentaje de recaudación correspondiente a la fiscalidad verde sobre la recaudación total de impuestos de la UE-27 ha descendido desde el 6,6% en 1995 al 5,2% en 2023.

En términos comparativos con la actividad económica, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,6% de 1995 hasta el 2,0% en el último año de 2023. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Asimismo, es relevante apuntar que con la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 la fiscalidad verde como instrumento para promover la protección ambiental ha intensificado su pérdida de protagonismo. Desde 2019 hasta 2023 la presión fiscal ambiental en el conjunto de la UE se ha reducido en 0,54 puntos porcentuales.

Por tipos de impuestos, durante el periodo 1995-2023 la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 2,0% en 1995 a 1,6% en 2023. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,5% al 0,4%. Finalmente, los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantienen su presión fiscal del 0,1% en el periodo analizado.

En un análisis por países es destacable la diferente importancia de la fiscalidad verde dentro de la UE. Así, en el año 2023 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 4,11%. Le siguen, en orden descendente, Bulgaria (3,35%), Croacia (3,30%), Países Bajos (2,81%), Eslovenia (2,80%), Estonia (2,61%), Polonia (2,56%) e Italia (2,55%), principalmente.

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (0,96%), seguido de Luxemburgo (1,28%), Malta (1,54%), República Checa (1,56%), Lituania (1,61%) España (1,64%), Alemania (1,71%) y Francia (1,77%).

En resumen, durante el periodo 1995-2023 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (20 de 27), habiendo aumentado en sólo siete países. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Bulgaria (+2,2 p.p. entre 1995 y 2023), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-2,0 p.p.).

Para más información:

Eurostat