La generación de residuos municipales en la Unión Europea (2000-2021)

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La generación de residuos es uno de los principales problemas medioambientales a los que se enfrenta la sociedad moderna. Son múltiples los impactos que producen sobre los ecosistemas, en especial cuando no son objeto de una adecuada gestión. Además, conlleva, como es el caso, por ejemplo, de los envases y embalajes, la utilización de materiales y recursos naturales, que en muchos casos podrían haberse evitado, y el empleo de significativos recursos económicos para su correcto tratamiento posterior.

Por lo tanto, para avanzar en la senda del desarrollo sostenible, en materia de residuos es prioritario, incluso antes que la reutilización y el reciclaje, procurar su no generación y, en todo caso, su minimización.

Son muy diversos los tipos de residuos que se generan tanto en la producción como el consumo de bienes y servicios por parte de los distintos agentes. Entre ellos se encuentran los denominados residuos municipales, que son los generados por los hogares y otras fuentes de residuos similares (comercio, oficinas e instituciones públicas) cuya recogida compete a las autoridades locales.

El objetivo de hacer sostenible la producción y el consumo (ODS 12 de la Agenda 2030) exige un esfuerzo por parte de todos los agentes económicos para generar la menor cantidad posible de residuos. Si queremos conocer si la sociedad transita por la senda de sostenibilidad, es de especial interés, entre otros aspectos, realizar evaluaciones periódicas de la evolución que sigue la generación de residuos.

En el contexto europeo, para evaluar los progresos de los países de la Unión Europea (UE-27) en materia de generación de residuos municipales se dispone de los datos que publica  Eurostat. De acuerdo con dicho organismo estadístico, en el año 2021 se generó un total de 237 millones de toneladas de residuos municipales en la UE. Esta cantidad supone aproximadamente el 10% del total de residuos en sus diferentes tipos generados en la UE. Teniendo un modesto peso relativo, esta clase de residuos nos puede aportar, no obstante, información sobre si el consumo se encamina o se aleja de la sostenibilidad.

Desde una aproximación dinámica una primera conclusión general a la que se llega tras el análisis de los datos nos revela que durante el periodo 2000-2021 la generación de residuos municipales en la UE ha aumentado un 7,6%, al pasar de 220 a 237 millones de toneladas.

Como se observa en el siguiente gráfico, la generación total de residuos municipales en la UE ha estado afectada por el ciclo económico. En épocas como la de la Gran Recesión (2008-2014) la caída de la producción y el consumo ha comportado una menor generación de residuos domésticos. No obstante, una vez que la economía entra en una fase de recuperación, a partir de 2015 la generación de residuos vuelve a tomar una senda claramente creciente que prosigue hasta hoy. Es de destacar asimismo que incluso en el año 2020, especialmente afectado por los impactos sobre la economía de la crisis de la pandemia del COVID-19, la producción de residuos continuó aumentando.

G_residuos UE_total_2000-2021

Si analizamos la generación de residuos en términos relativos, esto es, en kilogramos de residuos generados por persona, se constata una evolución similar. En promedio un ciudadano comunitario generaba en el año 2000 un total de 513 kilogramos de residuos municipales. Dos décadas después, el valor de dicha ratio se ha incrementado, si bien con altibajos, hasta cifrarse en 530 kg per cápita en 2021. Por lo tanto, los datos apuntan a que los patrones de consumo no se han reorientado hacia la sostenibilidad sino más bien al contrario.

G_residuos UE_per cápita_2000-2021

En un análisis más detallado por países, se encuentran notables diferencias en el seno de la UE-27. En términos absolutos, los países que generan más residuos domésticos son Alemania (con el 23% del total de la UE), Francia (16%), Italia (12%) y España (9%). Estos cuatro países concentran, por tanto, el 60% del total frente al 40% restante que es generado por los otros 23 países que también pertenecen a la UE.

Si consideramos la ratio de kilogramos de residuos generados por persona, las divergencias entre países son muy significativas. En el año 2021 el país con más generación de residuos casi triplicó la cifra del que menos.

Así, con un promedio de 530 kilogramos per cápita de la UE en 2021, los Estados miembros con mayores ratios fueron Austria (834), Luxemburgo (793), Dinamarca (786), Bélgica (759) y Alemania (646). Por el contrario, los Estados con menos residuos per cápita fueron Rumanía (302), Polonia (362), Estonia (395), Bulgaria (408), Hungría (416) y Suecia (418).

G_residuos UE_Países_2021

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Eurostat

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Evolución del consumo por habitante en la UE (1995-2021)

Puerto Cruz, crisis, saldos, 2012.06.25

Para evaluar el progreso de los países el indicador del PIB per cápita ha ocupado hasta la actualidad un lugar privilegiado. Durante décadas se ha defendido el uso de esta ratio como la mejor aproximación sintética del bienestar de la población. Recordemos, no obstante, que dicha medida se refiere estrictamente a la actividad económica, es decir, al valor de todos los bienes y servicios producidos en la economía de un territorio (país, región, ciudad…) durante un periodo de tiempo (generalmente un año), relativizándolo por el número de habitantes. En consecuencia, por su propia naturaleza son múltiples las limitaciones que presenta para medir el bienestar de las personas.

Como medida alternativa al PIB per cápita se dispone del indicador de consumo individual efectivo (CIE) que se viene empleando por considerarse una medida más adecuada para evaluar el bienestar material de la población. Se define como el valor monetario del consumo de los bienes y servicios adquiridos directamente por los hogares, así como los servicios prestados por las organizaciones sin ánimo de lucro y el Estado para el consumo de los individuos (educación, sanidad…). Dicho consumo se valora en euros pps (estándar de poder de compra), con objeto de corregir las diferencias nacionales en los niveles de precios permitiendo las comparaciones entre países, y se relativiza por el número de habitantes.

Siendo un indicador más adecuado que el PIB per cápita para medir el bienestar material, no hay que olvidar que el CIE tampoco está exento de importantes limitaciones, en especial si lo que perseguimos es, en realidad, evaluar el desarrollo sostenible. Es evidente que el consumo de bienes, que satisfacen necesidades materiales (básicas y no básicas), conlleva el uso de recursos naturales (materiales, agua, energía), cuyo impacto sobre el medio ambiente puede ser muy diverso (pérdida de biodiversidad, residuos, contaminación…). Por lo tanto, el CIE no nos aporta información sobre la sostenibilidad ambiental, sobre si ese consumo es sostenible. De igual forma, este indicador de consumo medio por habitante, por su propia concepción, no nos aproxima a evaluar los avances en equidad, pilar fundamental del desarrollo sostenible.

En el contexto de la Unión Europea, para conocer la evolución de dicha medida de consumo per cápita se cuenta con la estadística que elabora la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En un análisis de los datos disponibles para el periodo 1995-2021 se evidencia, como primera conclusión general, que el nivel de consumo individual efectivo por habitante de la UE-27 ha aumentado de forma prácticamente continuada, pasando de 10.100 a 21.100 euros (pps), esto es, el nivel de consumo se ha multiplicado por 2,1 en poco más de 25 años. Como se observa en el siguiente gráfico, cabe apuntar que en dicha tendencia de generalizado crecimiento hubo sólo dos años, 2009 (con la Gran Recesión) y 2020 (con la pandemia del COVID-19), en los que el consumo por habitante se contrajo.

G_Consumo UE_1995-2021

En un análisis por países, de acuerdo con los últimos datos correspondientes al año 2021, nueve Estados miembros de la UE-27 presentan un consumo por habitante superior a la media comunitaria.

Luxemburgo encabeza la UE-27 al presentar un CIE de 144, esto es, supera en un 44% el consumo por habitante medio de la Unión. Le siguen Alemania (120), Dinamarca (119), Austria (116), los Países Bajos (115), Bélgica (115), Finlandia (112), Suecia (110) y Francia (110).

Por el contrario, 18 países de la UE-27 presentan un CEI inferior a la media. El menor consumo per cápita lo registra en 2021 Bulgaria (64), con un 36% inferior a la media comunitaria. Le siguen, a continuación, Hungría (69), Eslovaquia (71), Croacia (72) y Grecia (75), con valores que no superan el 75% de la media de la Unión.

Existe, por tanto, una amplia variación entre el país de mayor consumo por habitante, Luxemburgo (144) y el de menor consumo, Bulgaria (64), esto es, una brecha de 79 puntos en 2021. No obstante, dicha divergencia ha disminuido con el transcurso de los años. En 1995, el país de mayor consumo era igualmente Luxemburgo (156) que contrastaba en el otro extremo con Rumanía (33), registrándose entonces un diferencial de 124 puntos entre ambos. Precisamente Rumanía, junto con Lituania, Estonia, Letonia y Polonia, son los países que más han visto aumentar en términos relativos sus niveles de consumo por habitante durante el periodo 1995-2021.

CIE_UE_2021

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Eurostat

La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2021)

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Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

Con la fiscalidad ambiental o verde se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, es decir, tratar de incorporar en el coste de aquellas actividades calificadas de insostenibles los costes medioambientales que generan, ya que, de lo contrario, permanecerían “no visibles” y sin contabilizar en el precio final. Por lo tanto, el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen sus comportamientos para hacerlos más respetuosos con el medio ambiente.

Son diversas las bondades que presenta la implantación de impuestos ambientales, entre las que podemos destacar las siguientes:

a) Favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles).

b) Contribuyen a un mayor empleo del transporte sostenible.

c) Fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente.

d) Reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas.

e) Desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables.

f) Refuerzan la lucha contra el cambio climático.

En la práctica la fiscalidad ambiental se concreta en la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

«Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes«.

Durante los últimos 25 años se han extendido los impuestos ambientales que, en sus diversos tipos, han venido aplicando en el seno de la Unión Europea sus Estados miembros. Se hace necesario, por tanto, realizar de forma continuada evaluaciones periódicas sobre la aplicación real de este tipo de impuestos.

Como primera aproximación analizamos aquí si la fiscalidad verde ha ganado protagonismo en el seno de las políticas tributarias de los países de la UE. Para ello se estudia cómo se ha comportado la recaudación de las diferentes categorías de impuestos ambientales, cuál ha sido la evolución de la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación verde en relación con la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2021 se recaudó en la UE-27 un total de 325.837 millones de euros en concepto de impuestos ambientales.

De este total la mayor parte fueron ingresos por impuestos sobre la energía (el 78,4%). A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,1%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (3,5%).

G_Imp. amb. tipos_2021

En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,52% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2021. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,24%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2021, se concluye que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE.

En términos de su participación en la estructura tributaria total, el porcentaje de recaudación correspondiente a la fiscalidad verde sobre la recaudación total de impuestos de la UE-27 ha descendido desde el 6,74% en 1995 al 5,52% en 2021.

En términos comparativos con la actividad económica, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,63% de 1995 hasta el 2,24% en el último año de 2021. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Asimismo, es relevante apuntar que, como se observa en el siguiente gráfico, con la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 el papel desempeñado por la fiscalidad verde ha intensificado su caída. La recaudación de los impuestos ambientales ha retrocedido en mayor medida que la actividad económica: la presión fiscal ambiental en el conjunto de la UE se redujo desde el 2,35% de 2019 en 0,11 puntos porcentuales.

G_Imp. amb. tipos_1995_2021

Por tipos de impuestos, durante el periodo 1995-2021 la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 2,03% en 1995 a 1,76% en 2021. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,52% al 0,41%. Por su parte, los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantienen su presión fiscal del 0,08% en el periodo analizado.

En un análisis por países es destacable la diferente importancia de la fiscalidad verde dentro de la UE. Así, en el año 2021 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 3,93%. Le siguen, en orden descendente, Croacia (3,12%), Países Bajos (3,09%), Italia (3,00%), Polonia (2,89%) y Dinamarca (2,88%), principalmente.

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (1,16%), seguido de Luxemburgo (1,45%), España (1,76%), Alemania (1,80%) y República Checa (1,84%).

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En resumen, durante el periodo 1995-2021 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (16 de 27), permaneciendo igual en tres y aumentando en ocho. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Estonia (+2,3 p.p. entre 1995 y 2021), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-1,6 p.p.).

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Eurostat

La superficie de paneles solares instalados en la UE (1990-2021)

La Unión Europea, para intentar hacer frente a la dependencia energética de los combustibles fósiles y cumplir con sus compromisos climáticos, ha venido desarrollando durante las últimas décadas una política de fomento de las energías renovables. Entre éstas se encuentra la energía solar, cuya superficie instalada ha aumentado de forma continuada desde 1990.

Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), en la UE-27 la superficie total de paneles solares ascendió en el año 1990 a 3,64 millones de metros cuadrados, cifra que casi se triplicó diez años después (10,76 millones en 2000). Es en la primera década del siglo XX cuando se produce el mayor avance en la implantación de la energía solar en Europa, llegándose a contabilizar un total de 34,43 millones de m2 en 2010. Los datos más recientes apuntan que en 2021 hay un total de 57 millones de m2 de paneles solares instalados en el conjunto de los veintisiete países de la Unión Europea, es decir, 15,7 veces la cantidad registrada en 1990.

Si realizamos un análisis por países, es destacable el papel prioritario que ha venido tomando la política de implantación de energías renovables en Alemania. En este país se contabiliza en 2021 una superficie de 21,79 millones de m2 de paneles solares instalados, cifra que contrasta con los apenas 348.000 m2 registrados en 1990, que ya era superada por países como Grecia, Francia y Austria.

Es a partir del año 1999 cuando Alemania se convierte, con diferencia, en el país de la UE con mayor superficie de paneles solares instalados. En el último año de 2021 el país germano llega a concentrar el 38,2% de la superficie total de paneles solares de la UE.

Tras Alemania le siguen, a distancia, en el año 2021 los siguientes países: Grecia (con el 9,1 % del total de la UE-27), Austria (8,4%), Italia (8,2%), España (7,6%), Francia (6,1%) y Polonia (5,6 %), con pesos relativos superiores al 5%.

Durante el presente siglo XXI Alemania es el país que ha alcanzado un mayor avance en la instalación de este tipo de energías renovables, con un aumento de su participación en la UE de 8,0 puntos porcentuales entre los años 2000 y 2021. Por el contrario, es en Grecia donde se ha registrado una mayor pérdida de su peso relativo en la UE durante dicho periodo (18,3 puntos menos), si bien se mantiene como el segundo país con mayor superficie de energía solar instalada.

En el otro extremo, en los países bálticos de Estonia, Lituania y Letonia la presencia de paneles solares es nula o marginal. A ellos les siguen con bajos porcentajes de participación Malta, Luxemburgo y Finlandia (los tres con pesos relativos que no superan el 0,2 % del total de la UE en 2021).

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Eurostat

El parque automovilístico de la Unión Europea (2010-2021)

Son incuestionables los diversos impactos (o «externalidades negativas» que diría la economía neoclásica) que acarrea el uso del coche privado: contaminación atmosférica, calentamiento global del planeta, congestión, accidentes de tráfico, deterioro de la salud física y mental, contaminación acústica, dependencia de combustibles fósiles, extracción de materiales, ocupación de suelo, generación de residuos, etc., cuyos costes medioambientales y sociales no han sido aún valorados en su justa medida.

Para hacer frente a la insostenibilidad del transporte la Unión Europea aprobó en 2011 la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible, conocido como Libro Blanco del transporte.

Como expresa este documento estratégico, es clave afrontar la gran dependencia actual del petróleo y sus derivados en el sector del transporte y transitar hacia una economía descarbonizada. Se hace necesario fomentar la movilidad sostenible, como ir a pie o en bicicleta, además de dar un mayor impulso al transporte público no contaminante.

Asimismo, la estrategia del Libro Blanco establece entre sus objetivos que el uso de los automóviles de propulsión convencional en el transporte urbano habrá de verse reducido en un 50% en el año 2030, antes de su eliminación total en las ciudades en 2050.

Sin embargo, según los datos disponibles de Eurostat, el parque automovilístico no ha hecho más que crecer dentro de los límites físicos de los 4,2 millones de km2 de la UE-27.

Centrándonos en los coches de pasajeros, que son el tipo de vehículos de mayor uso, su número no ha abandonado la senda del continuo crecimiento. Si en 2010 existía un total de 211,3 millones de turismos, en 2021 el parque de estos vehículos ascendió a 253,3 millones. Por lo tanto, se ha producido un incremento acumulado del 19,9% en dicho periodo.

Asimismo, hay que anotar que, paralelamente, no se ha llevado a cabo la deseada implantación de coches eléctricos que facilite la eliminación de los coches convencionales dependientes de los combustibles fósiles. En 2021 el parque de coches eléctricos se cuantifica en solo 1,93 millones de unidades, es decir, apenas el 0,8% del parque total de turismos de la UE-27.

La presión que genera el crecimiento del parque automovilístico es palpable tanto en términos demográficos como territoriales.

En el primer caso, se constata que durante la última década el crecimiento del parque de coches de pasajeros ha sido superior al experimentado por la población de la UE-27. Como se observa en el siguiente gráfico, si tomamos como base de referencia el año 2010, el parque de turismos presenta en el año 2021 un valor índice de 119,9, que supera el 101,5 registrado por la población.

Si empleamos la ratio de número de coches de pasajeros por 1.000 habitantes, se concluye que su tendencia ascendente ha sido imparable hasta la actualidad. Para el conjunto de la UE dicho indicador ha aumentado desde los 480 coches por 1.ooo habitantes en 2010 hasta los 560 en 2020.

En el segundo caso, una primera evaluación de la presión del parque de coches sobre el territorio de la UE nos arroja que el número de coches por km2 se ha incrementado de 50 a 60 entre 2010 y 2021.

Descendiendo a un análisis por países, en el año 2021 los países de la UE con mayor número de coches de pasajeros son Alemania (48,5 millones), Italia (39,8 mill.), Francia (38,7 mill.), Polonia (25,9 mill.) y España (24,9 mill.). Estos cinco países concentran, por tanto, el 70% del total de coches de la UE.

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2012-2021 en todos los países de la UE se ha incrementado el parque automovilístico de turismos, a excepción de Lituania, donde se ha reducido un 4,8%.

En términos relativos, la ratio de número de coches de pasajeros por 1.000 habitantes revela diferencias entre países. Los mayores valores se alcanzan en Luxemburgo (682), Italia (670), Polonia (664), Finlandia (652) y Chipre (645), que superan holgadamente la media de la UE (560). Por el contrario, los menores parques de coches de pasajeros por 1.000 habitantes se registran en Rumanía (379), Letonia (390), Hungría (403), Bulgaria (414) y Croacia (433).

Para más información:

Eurostat

Comisión Europea: Libro Blanco del transporte, 2011

La productividad energética en la economía de la UE (2000-2020)

En la transición hacia una economía sostenible un aspecto crucial a perseguir es la eficiencia energética. En el ámbito energético, junto al fomento de las energías renovables, el descenso del consumo de energía primaria y final y la reducción de la dependencia exterior, la eficiencia en el uso de la energía constituye para la Unión Europea un objetivo prioritario de su estrategia de desarrollo sostenible.

Avanzar en eficiencia energética significa aumentar la productividad, esto es, facilitar la sostenibilidad de la economía en tanto que se emplea menos energía por unidad de producto o lo que es lo mismo obtener más producción de bienes y servicios con la misma cantidad de energía.

Un indicador que nos aproxima a evaluar la productividad energética en la UE es el que publica la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En concreto, se dispone del indicador de productividad energética, que queda definido por la división entre el Producto Interior Bruto (PIB, a precios constantes de 2010) y la energía bruta disponible para un año determinado.

Los datos estadísticos publicados hasta hoy nos permiten analizar cómo ha evolucionado la productividad energética de la economía comunitaria durante el periodo 2000-2020. Como primera conclusión se constata que la productividad energética en la UE-27 ha seguido una tendencia ascendente, al pasar de los 6,3 euros por kgep en 2000 a 8,6 en 2020. Es decir, si en el año 2000 por cada kilogramo equivalente de petróleo la economía de la UE produjo 6,3 euros de PIB, en el año 2020 alcanzó a obtener 8,6 euros.

Para un análisis comparativo por países, empleamos el indicador de Producto Interior Bruto en paridad de poder de compra (PIB pps) por kilogramo equivalente de petróleo (kgep). Este indicador, al igual que el anterior, nos mide la productividad energética por unidad de producción en una economía, si bien, en este caso, ajustando el PIB por las variaciones de precios nacionales.

En el último año de 2020 el Estado de la UE-27 con mayor productividad energética de su economía ha sido Irlanda, con 22,4 euros en pps por kgep, seguido de Dinamarca (14,3), Rumanía (12,9), Luxemburgo (12,5), Italia (11,6), Alemania (10,7), Portugal (10,7), Austria (10,3) y España, todos ellos con valores superiores a la media de la UE (9,7).

Por el contrario, como países con menor productividad energética figuran Malta (5,1), Finlandia (5,8), Bulgaria (6,4), Eslovaquia (7,0), Estonia (7,0), Bélgica (7,1) y República Checa (7,4), que anotaron valores inferiores a 8,0.

Para más información:

Eurostat.

La dependencia energética exterior de la UE (1990-2020)

Procurar el máximo grado de soberanía energética se convierte en una cuestión cada vez más estratégica de la política energética de los países. Una baja dependencia de las importaciones contribuye a que las economías sean menos vulnerables a problemas de provisión de recursos energéticos y a imprevistas fluctuaciones alcistas de los precios que derivan, en última instancia, en un deterioro de la capacidad adquisitiva de la población y del saldo comercial del país importador, entre otros efectos. Al mismo tiempo, una menor dependencia de las importaciones de productos energéticos (que son combustibles fósiles, principalmente) se alinea con la sostenibilidad, en tanto que de fomentarse en su lugar el empleo de energías renovables se apoya la transición hacia una economía baja en carbono.

Para evaluar el mayor o menor grado de soberanía energética, la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) publica el indicador de dependencia de las importaciones de energía que queda definido en los siguientes términos:

la proporción de las necesidades energéticas totales de un país satisfechas por las importaciones de otros países, esto es, el porcentaje de importaciones netas (importaciones menos exportaciones) sobre la energía bruta disponible.

De acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, el consumo de energía en la UE continúa dependiendo en gran medida de su abastecimiento exterior. Entre 1990 y 2020 el conjunto de la UE ha visto aumentar su grado de dependencia energética desde el 50,0% hasta el 57,5%.

Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución seguida por el indicador de dependencia energética en la UE ha estado muy condicionada por la naturaleza del ciclo que atraviesa la economía, ya sea expansivo o contractivo. Durante los años de la Gran Recesión el valor del indicador de dependencia energética se redujo, interrumpiendo de forma clara la tendencia ascendente que venía registrando desde 1990, para, después, a partir de 2014, una vez pasados los años de crisis económica, retomar su senda creciente. Más recientemente, en el último año 2020, con la irrupción de la pandemia del COVID-19, el grado de dependencia energética vuelve a retroceder, unos tres puntos porcentuales respecto a 2019, como consecuencia de las medidas de restricciones a la actividad y movilidad adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria.

En un análisis por tipos, el petróleo y sus derivados, que son los productos energéticos más demandados, presentan la mayor tasa de dependencia exterior. En 2020 el 97% de su demanda ha tenido que ser importado de terceros países, porcentaje que supera el 93,1% registrado en 1990.

A continuación, para el gas natural, el segundo producto energético más demandado, la tasa de dependencia exterior es del 83,6% en 2020, muy superior a la que tenía en 1990 (51,8%).

Respecto a los combustibles fósiles sólidos, el tercer producto energético más demandado, en 2020 el 35,8% de su consumo ha sido cubierto a través de importaciones. Este porcentaje también supera el registrado en 1990 (18,7%).

Atendiendo a un análisis por países, los últimos datos disponibles de Eurostat nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de productos energéticos continúa siendo elevado en la mayoría de los países de la UE. Un total de 17 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2020.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones netas sobre su energía bruta disponible del 97,6%, Chipre (93,1%) y Luxemburgo (92,5%). A continuación les siguen Grecia (81,4%), Bélgica (78,1%), Lituania (74,9%), Italia (73,5%) e Irlanda (71,3%), entre otros.

Por el contrario, los países con un grado de dependencia exterior menor son Estonia (10,5%), Rumanía (28,2%), Suecia (33,5%), Bulgaria (35,9%) y República Checa (38,9%)

Desde una perspectiva temporal amplia, que abarca las tres últimas décadas (1990-2020), los Estados que más han aumentado su tasa de dependencia energética exterior han sido Países Bajos (de 23,7% a 68,1%), Polonia (de 0,9% a 42,8%) y República Checa (de 15,2% a 38,9%). En sentido contrario, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más su dependencia energética exterior durante el periodo analizado: Letonia (de 89,0% a 45,5%), Estonia (de 41,0% a 10,5%) y Bulgaria (de 63,4% a 37,9%).

Para más información:

Eurostat.

El transporte y las energías renovables en la Unión Europea (2004-2020)

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La Unión Europea estableció en la Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2007 («Programa de trabajo de la energía renovable – Las energías renovables en el siglo XXI: Construcción de un futuro más sostenible») como objetivo para el sector del transporte que en el año 2020 el 10% de la energía consumida proceda de fuentes de energía renovables.

El propósito de la UE es, por tanto, potenciar que la energía consumida por el sector del transporte provenga de biocombustibles líquidos, hidrógeno, biometano y electricidad verde (a partir de energías renovables como la eólica, solar e hidráulica), en lugar de los tradicionales combustibles fósiles.

Atendiendo a los últimos datos disponibles elaborados por la Oficina Estadística de la UE (Eurostat), estamos en condiciones de realizar una primera evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos marcados en la Comunicación de la Comisión en este ámbito, quince años después de su aprobación.

Según dicho organismo estadístico europeo, en el año 2004 el porcentaje de energía consumida en el sector del transporte procedente de fuentes renovables en la UE-27 ascendía al 1,6%, porcentaje muy alejado del objetivo del 10% marcado para 2020.

Durante el periodo 2004-2020, la participación de la cuota de energía renovable en el transporte, que partió de un registro muy bajo, ha tomado una senda ascendente año a año, con la excepción de 2011 cuando se redujo. Finalmente, los últimos datos publicados nos indican que la UE como conjunto ha logrado que en 2020 el 10,2% del consumo final de energía en el sector del transporte proceda de energías renovables. De este modo se logra cumplir con el compromiso del objetivo del 10% marcado para dicho año.

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No obstante, dicho cumplimiento del objetivo necesita ser matizado. Antes de 2020, esto es, durante el periodo 2004-2019 la participación de las energías renovables en el sector del transporte aumentó a un ritmo de 0,5 p.p. al año. Por lo tanto, resulta un hecho extraordinario que en 2020 dicha cuota de participación haya aumentado en 1,4 p.p. respecto a 2019, permitiendo superar el objetivo del 10%.

Muy posiblemente estos resultados favorables vienen explicados en buena parte por tratarse de un año 2020 muy marcado por los efectos de la crisis del COVID-19. En dicho año las necesarias medidas de restricción de la movilidad y la actividad aplicadas en Europa para frenar la pandemia tuvieron su reflejo en una caída brusca del consumo de energía. De acuerdo también con los últimos datos de Eurostat, el consumo total de energía en la UE se redujo un 6% en 2020 respecto al año anterior, descenso que fue muy superior en el sector del transporte (-13%).

Además, en un análisis por países, cabe destacar que se observan diferencias importantes en el grado del cumplimiento de los objetivos, según los datos disponibles de Eurostat. Recordemos que el compromiso del 10% para 2020 es extensible a cada uno de los Estados miembros de la UE-27 por igual.

Así, en 2020 Suecia, con el 31,9%, fue, con diferencia, el país de la UE-27 con el mayor porcentaje de participación de energía de fuentes renovables en el transporte sobre el consumo final bruto de energía. Le siguen, a distancia, los siguientes países que también han conseguido alcanzar el objetivo del 10% programado para el año 2020: Finlandia (13,4%), los Países Bajos (12,6%), Luxemburgo (12,6%), Estonia (12,2%), Hungría (11,6%), Bélgica (11,0%), Eslovenia (10,9%), Italia (10,7%), Malta (10,6%), Austria (10,3%) e Irlanda (10,2%)

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En el otro extremo, los menores porcentajes de implantación de las energías renovables en el transporte correspondieron en 2020 a Grecia (5,3%), Lituania (5,5%), Polonia (6,6%), Croacia (6,6%) y Letonia (6,7%).

En suma, la mayoría de los países, un total de 15, presentaron porcentajes inferiores al objetivo del 10% marcado por la Unión Europea para el año 2020.

Para más información:

Eurostat

Electricidad y energías renovables en la Unión Europea (2004-2020)

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Entre los objetivos principales de la política energética de la Unión Europea ha tomado especial protagonismo durante los últimos años el fomento del uso de las energías renovables. 

Como establece la Directiva (UE) 2018/2001 en su artículo 3.1, la Unión Europea tiene un compromiso vinculante para cumplir a más tardar en 2030 en relación con la cuota general de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final de energía:

«Los Estados miembros velarán conjuntamente por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de al menos el 32% del consumo final bruto de energía de la UE en 2030».

Dicha cuota de energías renovables se calcula como la suma, por un lado, del consumo final bruto de electricidad generada por fuentes renovables y, por otro, del consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables en los sectores de calefacción y refrigeración y del transporte.

Para facilitar el cumplimiento del objetivo del 32% la UE se ha propuesto, en el ámbito de la generación de electricidad, reducir el empleo de los combustibles fósiles (petróleo, gas natural…), responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera que provocan el calentamiento global del planeta, para ser sustituidos por fuentes energéticas renovables (solar, eólica, hidráulica…).

Como expresa el Pacto Verde Europeo de 2019:

«Proseguir el proceso de descarbonización del sistema energético es esencial para la consecución de los objetivos climáticos de 2030 y 2050 (…) Ha de desarrollarse un sector eléctrico basado en gran medida en fuentes renovables, completado con un rápido proceso de eliminación del carbón y con la descarbonización del gas».

Los datos disponibles en Eurostat nos permiten evaluar la intensidad de los avances logrados en la introducción de las fuentes renovables en sector eléctrico de la UE desde 2004.

Según dicho organismo estadístico europeo, el porcentaje de consumo final bruto de electricidad procedente de fuentes renovables en la UE-27 ascendía en el año 2004 al 15,9% del total, porcentaje que ha ido aumentando paulatinamente en el transcurso de los años de forma ininterrumpida. En el año 2012 se logra que la cuarta parte de la electricidad consumida (el 25,2%) sea de origen renovable; en 2018, con un 32,2%, se llega a duplicar el porcentaje de 2004. 

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Finalmente, en el último año de 2020 el porcentaje de la media de la UE-27 asciende a 37,5%, esto es, 3,4 puntos porcentuales más que en el año anterior.

Por tipos de energías, según Eurostat la electricidad generada a partir de energías renovables procedió principalmente de dos fuentes: energía eólica (36%) y energía hidráulica (33%), aportando entre ambas más de dos tercios del total. En tercer lugar, la energía solar, que es la fuente que ha tenido una implantación más rápida, participa con el 14%. Le siguen los biocombustibles sólidos (8%) y otras energías renovables (8%).

En un análisis por países, continúan apreciándose diferencias notables respecto al grado de implantación de la «electricidad verde».

En 2020 Austria, con el 78,2%, fue el país de la UE-27 con el mayor porcentaje de participación de energías renovables en el consumo final bruto de electricidad. Le siguen Suecia (74,5%), Dinamarca (65,3%), Portugal (58,0%), Croacia (53,8%) y Letonia (53,4%), todos ellos con porcentajes superiores al 50%.

A continuación, otros países que también superan la media de la Unión Europea (37,5%) son Alemania (44,7%), Rumanía (43,4%), España (42,9%), Finlandia (39,6%), Irlanda (39,1%) e Italia (38,1%).

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Por el contrario, los menores porcentajes de implantación de las energías renovables en el sector eléctrico correspondieron en 2020 a Malta (9,5%), Hungría (11,9%), Chipre (12,0%), Luxemburgo (13,9%), República Checa (14,8%) y Polonia (16,2%), con valores inferiores al 20%.

Para más información:

Eurostat

El consumo de energía final en la Unión Europea (1990-2020)

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La Unión Europea en su hoja de ruta medioambiental y de lucha contra el cambio climático establece en las actuales Directivas comunitarias de eficiencia energética dos objetivos cuantificados de reducción de consumo de energía en el seno de la UE, que quedan fijados en un 20% para 2020 y un 32,5% para 2030 respecto a sus proyecciones de base.

Para evaluar los avances en el cumplimiento de dichos compromisos se propuso el seguimiento de dos indicadores principales: reducción del consumo de energía primaria y reducción del consumo de energía final.

Los últimos datos de 2020 publicados por Eurostat, que analizamos a continuación, nos permiten valorar si se están produciendo los avances programados en el cumplimiento de dichos objetivos energéticos, en especial el fijado para el primer horizonte temporal.

Respecto al segundo de los indicadores, el consumo de energía final mide la energía total consumida por los usuarios finales (hogares, administración pública, agricultura, ganadería, pesca, industria, transporte, comercio y demás servicios). De acuerdo con la definición de Eurostat, excluye la energía utilizada por el sector energético, incluso para entregas y transformación.

En términos cuantitativos, se ha establecido que para el conjunto de la UE-27 el total de consumo de energía final no supere los 959 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en 2020 ni los 846 Mtep en 2030.

A la luz de los últimos datos disponibles de Eurostat se constata que el consumo total de energía final fue de 906,8 Mtep en 2020. Ello supone, por tanto, que con dicho nivel de consumo energético la UE ha cumplido su primer objetivo de eficiencia energética establecido para 2020, incluso sobrepasándolo en un 5,4%. Respecto a 2030 el nivel de consumo de energía final se encuentra aún distanciado en un 7,2%.

Con un análisis más detallado referido al periodo 1990-2020 puede observarse que el consumo de energía primaria, que se cifró en 952 Mtep en 1990, ha seguido en general una senda de crecimiento continuado hasta alcanzar su máximo en el año 2006, con 1.046 Mtep. Posteriormente, durante los años 2008-2014 con la crisis económica de la Gran Recesión, el consumo energético inflexionó a la baja, llegando a registrar niveles inferiores a los del comienzo de la serie en 1990. A continuación, la reactivación de la economía europea supuso un retorno al incremento del consumo de energía, que solo se ha visto moderado durante los últimos dos años, en especial en 2020.

El año 2020 estuvo marcado por la irrupción de la pandemia del COVID-19 que en términos de consumo energético trajo consigo un nivel extraordinariamente bajo. Las necesarias medidas restrictivas sobre la movilidad y la actividad económica para afrontar la crisis sanitaria en los países de la UE explican el atípico descenso del 8,1% del consumo de energía final en dicho año (907 Mtep). Ello exige, por tanto, mucha cautela a la hora de concluir que la UE ha logrado alcanzar el objetivo energético fijado para el horizonte temporal de 2020 (959 Mtep).

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Además, como se ha analizado, la evolución que muestran los datos de consumo energía final (al igual que los de energía primaria) durante todo el periodo 1990-2020 nos revela que el consumo de energía sigue siendo muy sensible al ciclo, expansivo o recesivo, que presente la actividad económica, no alcanzándose el deseado desacoplamiento entre crecimiento económico y consumo energético. Todo parece indicar que, con la reactivación de la economía en los años posteriores a la pandemia, si no se implementan medidas más ambiciosas, el consumo de energía volverá a inflexionar a alza.

En un análisis por países, considerando el amplio periodo de 1990-2020, se concluye que en el seno de la Unión Europea el consumo de energía final se ha reducido en 15 de los 27 Estados miembros, mientras que en los 12 países restantes se ha incrementado.

Sin embargo, si tomamos los años 1990-2019 (excluyendo, por tanto, el año del COVID-19) los resultados son bien diferentes: ha aumentado el consumo de energía final en 18 países frente a los 9 restantes que han conseguido reducir su consumo energético. Así, los mayores aumentos porcentuales se han anotado en Malta (105,9%), Chipre (72,7%), Irlanda (68,9%), España (51,0%), Austria (46,3%), Portugal (43,3%), Luxemburgo (33,7%) y Eslovenia (31,4%). Por el contrario, los mayores descensos relativos los han registrado Estonia (-46,9%), Rumanía (-46,0%), Lituania (-42,1%), Bulgaria (-39,5%) y Letonia (-36,1%).

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Para más información:

Eurostat

Directiva 2012/27 UE de eficiencia energética

Directiva (UE) 2018/2002 de eficiencia energética revisada