La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2019)

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Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

La fiscalidad ambiental implica la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012). Con los impuestos ambientales se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, al incorporar en el coste de aquellas actividades insostenibles también sus costes medioambientales que, de lo contrario, permanecerían “no visibles”, sin contabilizar en el precio final. De este modo el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen su comportamiento para que sea más respetuoso con el medio ambiente.

Las ventajas que ofrecen los impuestos ambientales son diversas, entre las que podemos señalar las siguientes: a) favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles), b) contribuyen a un mayor empleo del transporte sostenible, c) fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente, d) reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas, e) desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables y f) refuerzan la lucha contra el cambio climático.

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

“Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes“.

Durante los últimos 25 años se han extendido los impuestos ambientales que, en sus diversos tipos, han venido aplicando en el seno de la Unión Europea los Estados miembros. Es hora de hacer balance y profundizar en las evaluaciones sobre la aplicación de este tipo de impuestos.

En una primera evaluación es de especial interés conocer si la fiscalidad verde ha ganado peso en la política tributaria de los países. Para ello, analizamos cómo se ha comportado la recaudación de los diferentes impuestos ambientales, cómo ha evolucionado la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación en función de la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2019 se recaudó en la UE-27 un total de 330.577 millones de euros en concepto de impuestos ambientales. De este total la mayor parte (el 77,9%) fueron ingresos por impuestos sobre la energía. A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,9%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (3,2%).

G_Imp. amb. tipos_2019

En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,91% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2019. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,37%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2019, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE, a la luz del análisis de la evolución de la presión fiscal ambiental registrada durante dicho periodo.

El porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,58% de 1995 hasta el 2,37% en el último año de 2019. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Por tipos de impuestos, la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 1,98% en 1995 a 1,84% en 2019. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,52% al 0,45%, mientras que los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantiene su presión fiscal en el 0,08% en el periodo analizado.

G_Imp. amb. tipos_1995_2019

En un análisis por países son destacables las diferencias que se detectan dentro de la UE-27 en relación con la importancia dada a la fiscalidad verde. Así, en el año 2019 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación relativa por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 3,86%. Le siguen, en orden descendente, Croacia (3,54%), Países Bajos (3,39%), Eslovenia (3,32%), Italia (3,28%) y Dinamarca (3,27%).

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (1,41% en 2019), seguido de Luxemburgo (1,72%), Eslovaquia (1,79%), Alemania (1,77%), España (1,77%) y Lituania (1,89%).

G_Imp. amb._países_2019

En resumen, durante el periodo 1995-2019 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (14 de 27), permaneciendo igual en tres y aumentando en diez. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Estonia (+2,3 p.p. entre 1995 y 2019), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-1,6 p.p.).

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Eurostat

Evaluando la productividad energética en la economía de la UE (2000-2018)

En la transición hacia una economía sostenible un aspecto crucial es perseguir la eficiencia en el empleo de los recursos materiales y la energía. En este último ámbito, maximizar la eficiencia energética, además de la extensión de la implantación de las energías renovables, constituye un objetivo prioritario de la política medioambiental de la Unión Europea, como queda recogido en estrategias como la Estrategia Europa 2020.

Por tanto, para avanzar en eficiencia energética, facilitando la sostenibilidad de la economía, se hace necesario emplear menos energía por unidad de producto o lo que es lo mismo obtener más producción de bienes y servicios con la misma cantidad de energía.

Un indicador que nos aproxima a evaluar la eficiencia energética en la UE es el que publica la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En concreto, se dispone del indicador de productividad energética, que queda definido por la división entre el Producto Interior Bruto (PIB a precios constantes) y la energía bruta disponible para un año determinado.

Unos primeros resultados del análisis de la evolución del citado indicador durante el periodo 2000-2018 nos permiten concluir que la productividad energética en la UE-27 (sin Reino Unido) ha seguido una tendencia ascendente, al pasar de los 6,3 euros por kgep en 2000 a 8,1 en 2018. Es decir, si en el año 2000 por cada kilogramo equivalente de petróleo la economía de la UE produjo 6,3 euros de PIB, en el año 2018 alcanzó a obtener 8,1 euros.

Para un análisis comparativo por países, empleamos el indicador de Producto Interior Bruto en paridad de poder de compra (PIB pps) por kilogramo equivalente de petróleo (kgep). Este indicador, al igual que el anterior, nos mide la productividad energética por unidad de producción en una economía, si bien, en este caso, teniendo en cuenta las variaciones de precios nacionales.

En el último año de 2018 el Estado de la UE-27 con mayor productividad energética de su economía ha sido Irlanda, con 18,7 euros en pps por kgep, seguido de Dinamarca (11,9), Rumanía (11,5), Italia (11,0), Luxemburgo (10,7) y Austria (10,1).

Por el contrario, como países con menor productividad energética figuran Malta (4,7), Estonia (5,0), Finlandia (5,3), Bulgaria (5,7), Bélgica (6,3) y República Checa (6,7).

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Eurostat.

La dependencia exterior de combustibles fósiles en los países de la UE (1990-2018)

Un aspecto estratégico de toda economía es procurar el máximo grado de soberanía energética, para hacerla menos vulnerable a problemas de provisión de recursos energéticos y a imprevistas fluctuaciones alcistas de los precios que repercutirán, en última instancia, sobre la capacidad adquisitiva de la población y el saldo comercial del país importador, entre otros efectos. Al mismo tiempo, una menor dependencia del exterior de los combustibles fósiles se alinea con la sostenibilidad, al favorecer la transición hacia una economía basada en las energías renovables y baja en carbono.

En el seno de la Unión Europea, aunque de forma aún insuficiente se han obtenido progresos en ámbitos como el de la implantación de las energías renovables y la intensidad energética de la economía. Sin embargo, aún sigue pesando mucho la presencia de combustibles fósiles y su dependencia del exterior.

Los últimos datos disponibles de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de combustibles fósiles continúa siendo elevado en los países de la UE, atendiendo al indicador de dependencia de importaciones energéticas que define dicho organismo estadístico como:

la proporción de las necesidades energéticas totales de un país satisfechas por las importaciones de otros países, esto es, el porcentaje de importaciones netas (importaciones menos exportaciones) sobre la energía bruta disponible.

Así, según Eurostat entre 1990 y 2018 el conjunto de la UE27 (sin Reino Unido) ha visto aumentar su grado de dependencia exterior de combustibles fósiles desde el 50,1% hasta el 58,2%.

En un análisis por países, 17 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2018.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones sobre su energía bruta disponible del 97,8%, Luxemburgo (95,1%) y Chipre (92,5%). A continuación les siguen Bélgica (82,3%), Italia (76,3%), Portugal (75,6%), Lituania (74,2%), España (73,3%) y Grecia (70,7%), entre otros.

Por el contrario, los países con un grado de dependencia exterior menor son Estonia (0,7%), Dinamarca (23,7%), Rumanía (24,3%) y Suecia (29,2%).

Desde una perspectiva temporal durante el periodo 1990-2018 los tres Estados que más han aumentado su dependencia energética del exterior son Polonia (de 0,9% a 44,8%), los Países Bajos (de 23,7% a 59,7%) y República Checa (de 15,2% a 36,7%). En el otro extremo, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más durante el periodo 1990-2018 su dependencia de los combustibles que importan del exterior: Letonia (de 89,0% a 44,3%), Estonia (de 45,3% a 0,7%) y Bulgaria (de 63,4% a 36,4%).

Para más información:

Eurostat.

La producción de carbón en la Unión Europea (1990-2019)

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La producción de energía en la Unión Europea proviene de distintas fuentes. Entre ellas, las que tienen un origen no renovable, como son el petróleo y el carbón, requieren una atención especial por su agotamiento y por los graves efectos que generan sobre la salud y el calentamiento global del planeta.

Respecto al carbón los datos disponibles de Eurostat sobre la producción total de combustibles fósiles sólidos, que comprende carbón duro, carbón marrón (lignito) y productos derivados del carbón, nos permiten analizar cuál ha sido su evolución, en el conjunto de la UE y por países, desde 1990 hasta hoy.

Como puede observarse en el siguiente gráfico, desde 1990 la producción de estos combustibles fósiles sólidos ha seguido una tendencia de descenso casi continuado, llegando reducirse un 61,9% hasta en 2019. En el año 2019 la producción total de carbón y sus derivados ascendió en la Unión Europea (UE-27) a 414 millones de toneladas frente a las 1.086 millones de 1990.

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Estos resultados están en concordancia con los compromisos asumidos por la política medioambiental europea de ir reduciendo las fuentes energéticas contaminantes y desencadenantes de la crisis climática para transitar hacia una economía baja en carbono. No obstante, aún queda un importante camino por recorrer hasta la total sustitución de esta fuente de energía por otras de naturaleza renovable.

En un análisis por países, según Eurostat, en el año 1990, 21 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea actual (sin Reino Unido) producían carbón. Tres décadas después, en 2019, el número de países que producen carbón se había reducido a 17.

En la actualidad, los dos mayores productores de carbón siguen siendo, al igual que en 1990, Alemania, con 144,9 millones de toneladas en 2019 (el 35,0% del total de la UE), y Polonia, con 121,2 millones (el 29,3% del total), seguidos por la República Checa (10,5%), Bulgaria (6,9%), Grecia (6,5%), Rumanía (5,2%) y Hungría (1,9%), principalmente.

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Durante el periodo 1990-2019, según la información estadística disponible de Eurostat, Portugal y Croacia han dejado de producir carbón. Asimismo, en dicho periodo, entre los actuales 17 países productores de carbón, las mayores reducciones porcentuales de producción se han registrado en España (-97%), Francia (-85%), Bélgica (-81%), Italia (-73%), Alemania (-71%) y Austria (-68%), que superaron la reducción media de la UE-27 (-62%).

En el caso de Polonia, el segundo mayor productor de carbón, su producción se ha contraído un 47% durante el periodo 1990-2019, en menor medida que el conjunto de la UE, por lo que su participación en el cómputo total de producción de carbón europeo ha aumentado desde el 21,1% al 29,3%.

En el otro extremo, es de destacar los dos únicos países que han seguido la tendencia contraria de reducir o cancelar la producción de combustibles fósiles sólidos en la Unión Europea. En 2019 Finlandia produjo un total de 873.000 toneladas (básicamente de coque de horno), esto es, un incremento del 79,3% respecto a 1990. Por su parte, Suecia produjo 1.105.000 toneladas de dichos combustibles, lo que supone un aumento, en este caso, del 0,9% en el periodo analizado.

Para más información:

Eurostat

Las aves, indicador de sostenibilidad

Pinzón común. Parque Nacional de Garajonay (Isla de La Gomera, España).

Las razones para procurar la conservación de la población de las aves, en particular las especies vulnerables, nativas y no invasoras, son diversas y confluyen en la necesaria defensa de la biodiversidad del planeta.

Además, gracias a la comunidad científica sabemos también que la presencia de aves es un buen indicador de la salud de los ecosistemas, de su diversidad e integridad.

La mayor o menor población de aves, así como su mayor o menor diversidad de especies, en un ecosistema determinado, nos permite conocer más sobre la calidad del propio ecosistema donde se alimentan, viven y respiran. En definitiva, las aves nos adelantan información valiosa sobre la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad real de nuestro desarrollo.

Desde un enfoque cuantitativo, a nivel europeo Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, elabora el Índice de Aves Comunes, que recoge las observaciones obtenidas en los 27 Estados miembros de la UE para un total de 168 especies de aves que viven en tierras de cultivo (39), en ecosistemas forestales (34) y en otros hábitats como parques y jardines (95).

En un análisis temporal, que comprende el periodo de 1990 a 2018, la evolución seguida por el Índice de Aves Comunes de la UE apunta hacia una continuada disminución de las poblaciones de aves durante las últimas décadas en la Unión Europea. Constatamos que el valor de dicho índice, que es igual a 100 en el año base de 2000, se ha reducido entre 1990 y 2018 desde 102,3 hasta 95,7, lo que supone una caída del 6,4%. Asimismo, la tendencia más reciente de este indicador apunta a un estancamiento de la población de aves comunes observadas durante el último decenio.

De forma complementaria al Índice de todas las Aves Comunes, Eurostat elabora otros dos índices compuestos referidos a 34 aves de bosques y 39 aves de tierras de cultivo. En el primer caso, la evolución del índice de aves comunes de bosques muestra que se ha producido un aumento del 3,8% durante el periodo 1990-2018. Por el contrario, la tendencia del índice de aves comunes de tierras de cultivo ha sido claramente descendente, habiéndose registrado una reducción del 28,3% en el periodo analizado.

En el ámbito de las aves, cabe recordar lo que ya expresaba la Directiva comunitaria relativa a la conservación de las aves silvestres en el año 2009:

“En el territorio europeo de los Estados miembros, una gran cantidad de especies de aves que viven normalmente en estado salvaje padecen de una regresión en su población, muy rápida en algunos casos, y dicha regresión constituye un grave peligro para la conservación del medio natural, en particular debido a la amenaza que supone para el equilibrio biológico”.

Para más información:

Eurostat

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

La superficie de la Red Natura 2000 en los países de la UE

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Parque Nacional Triglav, Eslovenia.

La Red Natura 2000 es la mayor red de espacios naturales protegidos que existe en el planeta. Persigue garantizar la biodiversidad en Europa, tanto de sus especies como de los diferentes tipos de hábitat. En la actualidad esta red propicia la preservación de unos 27.000 sitios terrestres y marinos, equivalentes a casi 764.000 km2, en la Unión Europea.

Las Directivas Hábitats y Aves son las normas comunitarias básicas de la Red Natura 2000 que regulan hoy la protección natural del 18% de la superficie total de la UE27. La Directiva Hábitats establece la protección de las Zonas Especiales de Conservación, mientras que la Directiva Aves persigue la preservación de las Zonas de Especial Protección para las Aves.

En 2019 el país europeo que aporta la mayor superficie terrestre protegida a la Red Natura 2000 es España, con 138.111 km2, reflejando el alto grado de biodiversidad que se concentra en este territorio europeo. Le siguen, a continuación, Francia (70.875), Polonia (61.168), Italia (57.258), Suecia (55.611), Alemania (55.228), Rumanía (54.214) y Finlandia (42.495).

En términos relativos, si tenemos en cuenta el tamaño de los países, Eslovenia, con el 38%, presenta el mayor porcentaje de superficie protegida por la Red Natura 2000 sobre el total del territorio nacional. Tras Eslovenia los países con mayor porcentaje de superficie protegida son Croacia (37%), Bulgaria (35%), Eslovaquia (30%) y Chipre (29%).

Por el contrario, los menores porcentajes de protección dentro de la Red Natura 2000 corresponden a Dinamarca (8%), Suecia (12%) y Letonia (12%).

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Para más información:

Eurostat: Datos de superficie Natura 2000 por países.

European Environment Agency: Natura 2000 Network Viewer.

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

Evaluando los objetivos en consumo de energías renovables en la UE (2018)

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El consumo final de energía en la UE-27 (sin Reino Unido) ascendió a 989,5 millones de toneladas equivalentes de petróleo en 2018, una cantidad que con una participación del 18,9% provino de fuentes de energía renovables (eólica, solar, hidráulica, maremotriz, geotérmica, biomasa…).

Desde una perspectiva temporal, la participación de las energías renovables en el consumo final energético ha aumentado de forma continuada durante los últimos quince años y se mantiene en la senda de cumplir con el objetivo establecido en la Estrategia Europa 2020: el 20% del consumo final de energía total ha de provenir en el año 2020 de fuentes renovables. Para el año 2030 la UE ha acordado ampliar de dicho objetivo hasta al menos el 32%.

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En un análisis por países, se observan diferentes resultados, según los últimos datos publicados por Eurostat.

En 2018 Suecia, con el 54,6%, es el país con el mayor porcentaje de energía de fuentes renovables en su consumo final bruto de energía. Le siguen, a cierta distancia, los mayores porcentajes de Finlandia (41,2%), Letonia (40,3%), Dinamarca (36,1%), Austria (33,4%), Portugal (30,3%) y Estonia (30,0%).

Por el contrario, las menores participaciones de energías renovables sobre el consumo energético final se registraron en Países Bajos (7,4%), Malta (8,0%), Luxemburgo (9,1%), Bélgica (9,4%), Irlanda (11,1%), Polonia (11,3%) y Eslovaquia (11,9%).

Si bien el objetivo del 20% para el año 2020 se ha establecido para el conjunto de la UE, cada país ha de cumplir un objetivo individualizado, que varía entre el 49% de Suecia y el 10% establecido para Malta.

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Doce de los 27 países de la UE (sin Reino Unido) ya han cumplido en 2018 con sus objetivos individualizados para 2020 de participación de energías renovables en su consumo energético final, destacando Croacia (con 8 p.p. más que su objetivo), Dinamarca (6,1 p.p. más), Suecia (5,6 p.p. más), Estonia (5,0 p.p.), Bulgaria (4,5 p.p.) y Finlandia (3,2 p.p.).

En el otro extremo, quince países han de seguir haciendo esfuerzos para cumplir con sus compromisos de consumo de energías renovables. Los países más rezagados respecto a sus objetivos para 2020 son Países Bajos (6,6 p.p menos que su objetivo), Francia (6,4 p.p. menos), Irlanda (4,9 p.p. menos) y Eslovenia (3,9 p.p.).

Entre 2004 y 2018 la participación de la energía de fuentes renovables en el consumo final de energía se ha incrementado en todos los países. Los mayores avances se han dado en Dinamarca (21,3 puntos porcentuales más), Suecia (16,0 p.p.) y Finlandia (11,2 p.p).

Para más información:

Eurostat

Evaluando los avances en economía circular dentro de la Unión Europea

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La Comisión Europea adoptó en 2015 una Comunicación que daba pasos importantes en el camino hacia una economía más circular: “Cerrar el circulo: un plan de acción de la UE para la economía circular”.

Con las medidas establecidas en dicho plan de acción se opta por una economía en la que se persiguen dos objetivos principales: 1. Mantener durante el mayor tiempo posible el valor que poseen los productos, los materiales y los recursos, de modo que se ahorran materias primas al dejar de ser extraídas de la corteza terrestre, y 2. Reducir al mínimo posible la generación de todo tipo de residuos. El cumplimiento de ambos objetivos sostendrían una economía caracterizada por una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

Para evaluar los avances alcanzados en la UE en su senda de fomento de la economía circular, se cuenta como indicador con la tasa de uso circular de los materiales (tasa de circularidad).

Dicha tasa se mide en porcentaje, expresado como la proporción de materiales recuperados y retrointroducidos en la economía, lo que evita la extracción de materias primas, sobre el total de materiales con uso general. Define, por tanto, la relación que existe entre el uso circular de materiales y el uso general de materiales(*).

Un valor de tasa de circularidad más alto indica que hay más materiales secundarios que sustituyen las materias primas extraíbles, es decir, que evitan los impactos ambientales de la extracción de materiales primarios.

Según los datos elaborados por la Oficina Estadística de la UE (Eurostat) en el año 2016 (último dato disponible) la tasa de circularidad en la UE-28 fue del 11,7%. Ello significa que del total de los recursos materiales que se utilizaron en la UE en dicho año el 11,7% provino de productos reciclados y materiales que han sido recuperados.

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2004-2016 la tasa de circularidad se ha incrementado en el conjunto de la UE-28 desde el 8,3% hasta el 11,7%. Dicho incremento se ha debido principalmente al menor consumo de materias primas (materiales de la construcción, combustibles fósiles), mientras que el reciclaje sólo se ha incrementado ligeramente.

En general, durante estos doce años transcurridos se han producido avances, si bien cabe significar que han sido claramente insuficientes (3,4 puntos porcentuales), habiéndose observado, asimismo, un cierto estancamiento durante los últimos años del periodo analizado.

Hay que recordar la necesaria distinción entre la tasa de circularidad, que tiene un alcance material más amplio, y la tasa de reciclaje, que toma un valor muy superior (el 45,6% en residuos municipales en la UE en 2016) al referirse únicamente a los residuos que se recuperan.

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Por países se detectan diferencias importantes respecto a la tasa de circularidad. Así, en el último año 2016 los mayores registros se observan en Países Bajos (29,0%), Francia (19,4%), Bélgica (18,9%), Reino Unido (17,2%) e Italia (17,1%).

Por el contrario, las menores tasas de circularidad las presentan Grecia (1,3%), Rumanía (1,5%), Irlanda (1,7%), Portugal (2,1%) y Chipre (2,3%).

Estas importantes divergencias entre los países de la UE-28 se deben, según Eurostat, a la cantidad de residuos que se recicla en cada país y a factores estructurales de las propias economías nacionales. Así, las economías que tienen mayores importaciones de materiales (incluyendo los combustibles fósiles) y mayores extracciones interiores de materiales (relacionadas con minería, construcción, etc.) son las que presentan menores tasas de circularidad.

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(*) El uso general de materiales se mide sumando el consumo agregado de materiales domésticos y el uso circular de materiales. El primero queda definido en las cuentas de flujos de materiales para toda la economía. Por su parte, el uso circular de materiales se aproxima por la cantidad de residuos reciclados en las plantas de recuperación doméstica, menos los residuos importados destinados a la recuperación, más los residuos exportados destinados a la recuperación en el extranjero.

Para más información:

Eurostat

Evolución del consumo por habitante en la UE (1995-2018)

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A diferencia del indicador ampliamente conocido de PIB per cápita, que, refiriéndose a la actividad económica generada en un territorio relativizada por su población, persigue medir su nivel de desarrollo económico, el indicador de consumo individual efectivo viene empleándose como medida del bienestar material de los hogares.

Este indicador de bienestar queda definido por el consumo en bienes y servicios efectivamente realizado por los individuos, independientemente de si estos bienes y servicios son comprados y pagados por los hogares, por el Estado o por organizaciones sin ánimo de lucro. Dicho consumo se valora en euros (pps), para corregir las diferencias nacionales en los niveles de precios y permitir las comparaciones entre países.

Hay que destacar que este indicador no está exento de limitaciones, como también las tiene el PIB per cápita, en tanto que si no se profundiza en los tipos de bienes y servicios consumidos por los hogares, el hecho de equiparar consumo con bienestar material soslaya aspectos cualitativos que pueden ser de gran transcendencia tanto para el individuo y como para la colectividad.

Analizando los datos disponibles de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), correspondientes al periodo 1995-2018, se concluye que existe una amplia variabilidad del nivel de consumo por habitante entre países de la UE, si bien ha disminuido a lo largo del tiempo.

Asimismo, dicha dispersión del consumo individual entre países es menor que la observada con el indicador de PIB per cápita, donde la diferencia entre el país “más desarrollado” y el “menos desarrollado” es más amplia.

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En un análisis por países, según los datos correspondientes al año 2018, diez Estados miembros de la UE-28 registran un consumo individual efectivo (CIE) superior a la media comunitaria.

Luxemburgo encabeza la UE-28 al presentar un CEI per cápita de 132, esto es, supera en un 32% la media de la Unión. Le siguen Alemania (121), Austria (116), Dinamarca (114), Reino Unido (113), Finlandia (112), los Países Bajos (112), Bélgica (111), Suecia (109) y Francia (107).

Por el contrario, 18 países de la UE-28 presentan un CEI per cápita inferior a la media. El menor consumo per cápita lo registra en 2018 Bulgaria (56), con un 44% inferior a la media comunitaria. Le siguen Croacia (63), Hungría (64), Letonia (70), Rumanía (70) y Estonia (74).

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Para más información:

Eurostat

Evolución del parque de coches eléctricos en la Unión Europea

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Una de las principales fuentes de contaminación atmosférica y calentamiento global del planeta se encuentra en el sector del transporte. Para hacer frente a este serio problema medioambiental y de salud la Unión Europea cuenta desde 2011 con la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible, conocido como Libro Blanco del transporte.

Como expresa este documento estratégico, es clave afrontar la gran dependencia actual del petróleo y sus derivados en el sector del transporte y transitar hacia una economía descarbonizada. Se hace necesario fomentar la movilidad sostenible, como ir a pie o en bicicleta, además de dar un mayor impulso al transporte público no contaminante. Asimismo, por lo que se refiere al uso de vehículos de combustión interna, como son los coches convencionales, el Libro Blanco expresa lo siguiente:

“La eliminación progresiva de los vehículos de «propulsión convencional» en el entorno urbano es una contribución fundamental a una reducción significativa de la dependencia del petróleo, las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación atmosférica local y la contaminación acústica”.

En su estrategia el Libro Blanco establece diez objetivos cuantificados para alcanzar “un sistema de transporte competitivo y sostenible”, entre los que se encuentra el siguiente:

“Reducir a la mitad el uso de automóviles de «propulsión convencional» en el transporte urbano para 2030; eliminarlos progresivamente en las ciudades para 2050; lograr que la logística urbana de los principales centros urbanos en 2030 esté fundamentalmente libre de emisiones de CO2”.

En 2017 el parque de coches registrados en la UE-28 asciende a un total de 262 millones de vehículos. De ellos unos 2 millones son coches eléctricos o híbridos (con motores eléctrico y de combustión interna), cuya distribución por tipos es la siguiente: el 14% pertenece a la categoría de vehículos eléctricos, un 79% a la de vehículos híbridos “tradicionales” y, finalmente, el 7% de los coches son vehículos híbridos “enchufables”.

En términos de participación, el número de eléctricos o híbridos (con motores eléctrico y de combustión interna) tan sólo representa un 0,8% del total de coches registrados en 2017, un porcentaje ciertamente escaso dados los importantes retos medioambientales que tiene Europa ante sí y el conjunto del planeta.

Desde una perspectiva temporal, los mayores avances en este ámbito de la movilidad se han observado durante la última década. Según los datos disponibles en Eurostat, el número total de coches registrados en la UE-28, que no ha parado de crecer, ha experimentado un crecimiento del 6,9% durante el periodo 2012-2017, al pasar de 244,8 millones a 261,7 millones de vehículos. Paralelamente, el número de coches eléctricos e híbridos ha registrado un incremento muy superior, al multiplicarse por 19 el parque  de vehículos de esta categoría, esto es, desde unos 107.000 a unos 2 millones de vehículos entre 2012 y 2017.

Como consecuencia, la participación de los coches eléctricos e híbridos sobre el total de coches registrados en la UE-28 ha aumentado desde el 0,04% al 0,8% entre 2012 y 2017.

En un análisis por países se detectan diferencias relevantes. En términos absolutos, en 2017 los mayores parques de coches eléctricos e híbridos se encuentran en Reino Unido, Francia, Polonia, España, Italia y Suecia, que tienen entre 100.000 y 500.000 vehículos. Por el contrario, se registran las menores presencias de coches de esta categoría en países como Croacia, República Checa y Letonia.

En términos relativos, los países que presentan las mayores participaciones de coches eléctricos e híbridos sobre el parque total de coches en 2017 son los siguientes: Suecia (2,4%), Polonia (1,9%), Reino Unido (1,5%), Francia (1,4%), Bélgica (1,2%), Luxemburgo (1,0%) y Finlandia (1,0%), como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico_coches eléctricos_países_2017

Para más información:

Eurostat

Comisión Europea: Libro Blanco del transporte, 2011