Evaluando la sostenibilidad de las ciudades europeas (2020)

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En 2015 las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un ambicioso plan de acción para los próximos 15 años que, a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas conexas, persigue el desarrollo de todos los países del planeta en sus tres dimensiones económica, social y ambiental.

Uno de los 17 ODS de la Agenda 2030, en concreto el ODS 11, se focaliza en la sostenibilidad de las ciudades y comunidades locales: “Ayudar a que las ciudades y los asentamientos humanos sean más incluyentes, seguros, resilientes y sostenibles”. La evaluación del ODS 11 es de especial interés porque es en las áreas urbanas donde se concentra la mayor parte de la población y de la riqueza, y donde con mayor intensidad se producen y consumen bienes y servicios, que provocan múltiples impactos.

En el contexto europeo, la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) evalúa de forma periódica, mediante el empleo de una amplia batería de indicadores, los progresos respecto a los ODS que han alcanzado los actuales 27 países miembros de la UE. En su edición del año 2020, el informe ‘Sustainable Development in the European Union – Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context’ nos aporta una evaluación actualizada del ODS 11, es decir, de las tendencias que están siguiendo las ciudades y asentamientos humanos de la UE respecto a los compromisos fijados en la Agenda 2030.

Como apunta el citado informe, casi las tres cuartas partes de la población de la UE reside en áreas urbanas y se prevé que para 2050 la población urbana sobrepase el 80%. Estos hechos conllevan importantes retos económicos, sociales y medioambientales, que habrá que afrontar en el seno de las propias ciudades y asentamientos humanos. Entre dichos desafíos el ODS 11 delimita tres ámbitos de actuación que son objeto de evaluación: calidad de vida, movilidad sostenible e impactos medioambientales.

A continuación se exponen las principales conclusiones recogidas respecto al ODS 11 en el citado informe de seguimiento realizado por Eurostat:

a) Calidad de vida. Se evalúa a partir de indicadores relativos a la calidad de la vivienda, la contaminación acústica, la contaminación atmosférica y la seguridad.

  • El 13,6% de la población de la UE residía en viviendas con déficits habitacionales básicos (goteras, humedades…) en 2018. Este porcentaje ha disminuido en 2,7 p.p. respecto al registrado en 2010.
  • El 17,1% de la población vive en hogares hacinados, es decir, 2 p.p. menos que en 2010.
  • El 18,2% de la población declara que vive con molestias de ruido en 2018, frente al 20,6% en 2010.
  • El 11,5% de la población percibe en su localidad que existen crimen, violencia y vandalismo, un porcentaje que ligeramente inferior al de 2010 (13,1%).
  • La concentración media anual ponderada por población de partículas finas (PM2,5) en las áreas urbanas ha disminuido desde 17,5 μg/m3 en 2012 a 15,0 μg/m3 en 2017. Sin embargo, de acuerdo con la OMS el 77% de los habitantes de las ciudades de la UE viven expuestos a niveles de concentración de PM2,5 que se consideran nocivos para la salud humana.
  • El grado de urbanización afecta al nivel de hacinamiento de los hogares y a la percepción de contaminación acústica e inseguridad ciudadana, siendo estos problemas mayores en las grandes ciudades que en las ciudades pequeñas y áreas rurales.

b) Movilidad sostenible. En este ámbito se evalúan los avances alcanzados en materia de transporte sostenible y seguro.

  • La participación de transporte público (autobuses y trenes) en el transporte total de pasajeros se ha estancado, representando solo el 17,1% en 2017, porcentaje inferior al de 2012, frente a la mayor proporción de los turismos.
  • Si bien se han reducido las víctimas mortales de accidentes de tráfico durante los últimos quince años (de 47.331 personas en 2003 a 23.339 en 2018), se ha producido un estancamiento desde 2013 que aleja a la UE de sus objetivos iniciales.

c) Impactos medioambientales. Diversos son los impactos medioambientales que tienen su origen en las ciudades. Se evalúan los progresos alcanzados en materia de gestión de los residuos, tratamiento de las aguas residuales y ocupación del suelo.

  • La tasa de reciclaje de residuos municipales alcanzó el 47,4% en 2018. Dicha tasa ha aumentado de forma continuada desde el 27,3% del año 2000, si bien aún se encuentra distante del objetivo del 60% para 2030.
  • Entre 2014 y 2017 en quince Estados de la UE el 80% o más de su  población estaba conectada al menos a plantas de tratamiento secundario de aguas residuales, y en nueve Estados miembros, más del 90% de su población. Estos porcentajes han aumentado respecto al año 2002, si bien se viene manifestando como tarea compleja y costosa el objetivo de cubrir al 100% de la población.
  • Con la extensión de las ciudades la degradación del suelo y la pérdida de ecosistemas se convierten en un desafío medioambiental principal. El área de asentamiento (edificios, áreas industriales y comerciales, infraestructuras…) per cápita fue de 703,4 m2 en 2018, esto es, un 3,3% más que en 2015.

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Fuente: Eurostat: Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progess towards the SDGs in an EU context, 2020 edition.

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Eurostat

El reciclaje en la Unión Europea (2000-2019)

Eslovenia

Uno de los principales frentes de las políticas medioambientales es el de la gestión de los residuos producidos por la actividad humana. Aplicando el principio de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar), cuando no es posible evitar la generación de los residuos procedentes de nuestras actividades de producción y consumo, ni tampoco promover su reutilización, la respuesta ha de centrarse en maximizar el reciclaje.

Durante las dos últimas décadas el tratamiento de los residuos se ha venido consolidando en la Unión Europea, a la luz de la evolución que han seguido indicadores como la tasa de reciclaje de residuos municipales.

De acuerdo con Eurostat, dicha tasa de reciclaje se define como el porcentaje de residuos municipales, generados por los hogares y por fuentes de residuos similares (comercio, oficinas e instituciones públicas) sobre el total de residuos generados. El reciclaje de este tipo de residuos comprende el reciclaje de materiales, el compostaje y la digestión anaeróbica.

En un análisis temporal amplio, en el promedio de la UE-27 la tasa de reciclaje de residuos municipales ha mostrado de forma continuada una senda ascendente durante el periodo 2000-2019 .

En el año 2000 el 27,3% de los residuos municipales generados en el conjunto de la UE-27 se reciclaban. Veinte años más tarde dicha tasa de reciclaje ascendía a 47,7%, como se observa en el siguiente gráfico.

G_UE27_Reciclaje_2000-2019

Estos resultados positivos, si bien no suficientes, presentan diferencias por países muy marcadas.

De los 27 Estados de la Unión Europea, nueve superaron en 2019 la tasa media comunitaria (47,7%). La tasa de reciclaje más elevada la alcanzó Alemania (66,1%), a la que sigue, a distancia, Eslovenia (59,2%), Austria (58,2%), Países Bajos (56,9%) y Bélgica (54,7%), con las mayores tasas. 

Por el contrario, los países europeos que presentan en 2019 las tasas de reciclaje más bajas fueron Malta (8,9%), Rumanía (11,5%), Chipre (15,0%) y Grecia (21,0%).

G_Países_Reciclaje_2019

Hay que destacar, asimismo, los significativos progresos que han logrado algunos países europeos durante los últimos años. En el transcurso del periodo 2000-2019 cabe destacar los mayores avances relativo alcanzado por Eslovenia, cuya tasa de reciclaje de residuos municipales ha aumentado desde el 6,0% en 2000 hasta el 59,2% en 2019 (la segunda más alta de la UE-27), y por Lituania (desde el 0,0% al 49,4%). Por el contrario, Austria y Malta han reducido su tasa de reciclaje durante el periodo 2000-2019, en 5,2 y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente.

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Eurostat

La dependencia de los combustibles fósiles en los países de la UE (1990-2019)

Al mismo tiempo, una menor dependencia del exterior de los combustibles fósiles se alinea con la sostenibilidad, al favorecer la transición hacia una economía basada en las energías renovables y baja en carbono.

Los objetivos de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático están estrechamente relacionados con el propósito de reducir el consumo de combustibles fósiles en sus diferentes tipos (petróleo, carbón, gas natural…).

Los últimos datos disponibles de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) nos confirman que el grado de dependencia de los combustibles fósiles continúa siendo elevado en el seno de los países de la Unión Europea. En el promedio de la UE-27, en el año 2019 los combustibles fósiles representan el 71,5% de la energía bruta disponible.

No obstante, también se observa que durante las últimas tres décadas la hegemonía de estos combustibles contaminantes en la total ha seguido una tendencia descendente. Así, según el organismo estadístico europeo, entre 1990 y 2019 el conjunto de la UE-27 (sin Reino Unido) ha visto reducir el porcentaje de combustibles fósiles sobre la energía bruta disponible en 10,9 puntos, desde el 82,4% hasta el 71,5%. Dicho descenso viene explicado en gran medida por la creciente implantación de las energías renovables.

En un análisis por países, en el año 2019, 24 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea tienen un grado de dependencia de los combustibles fósiles superior al 50% de su energía bruta disponible .

El país más dependiente energéticamente de los combustibles fósiles es el Estado insular de Malta, con un porcentaje sobre la energía bruta disponible del 96,7%. A continuación, le siguen Países Bajos (92,4%), Chipre (91,5%), Polonia (89,6%), Irlanda (88,9%) y Grecia (85,7%), entre otros.

Por el contrario, Suecia es el país comunitario con el menor grado de dependencia fósil, con el 31,8% de su energía disponible, seguido de Finlandia (42,8%) y Francia (49,6%). Estos tres países son los únicos de la UE que presentan porcentajes inferiores al 50%.

Considerando el conjunto del periodo 1990-2019, es de destacar que los 27 Estados de la UE han logrado reducir el consumo relativo de combustibles fósiles.

Las mayores disminuciones del peso de estos combustibles sobre el total de energía disponible se han dado en Estonia, Dinamarca, Rumanía y Letonia, con más de 20 p.p. de caídas en dicho periodo. En el otro extremo, los menores descensos de la participación energética de los combustibles fósiles se han registrado en Bélgica, Malta, España y Países Bajos, que sólo han rebajado entre 3 y 5 p.p la proporción de dichos combustibles durante 1990-2019.

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Eurostat.

Las emisiones de gases de efecto invernadero de los hogares de la UE (2010-2019)

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GIE) causantes, en gran medida, de la crisis climática actual que sufre el planeta proceden, principalmente, del desarrollo de diversas actividades económicas (industria manufacturera, producción de electricidad, agricultura, ganadería, transporte, construcción…). Además, no hay que olvidar que las actividades desarrolladas por los hogares también son fuente de emisión de GEI.

En el contexto de la Unión Europea (UE-27) las emisiones de GEI de los hogares representaron en 2019 el 19,8% de total de emisiones frente al 80,2% generado por las actividades de los diferentes sectores económicos.

Si analizamos en concreto las actividades realizadas dentro de los hogares (calefacción, aire acondicionado, cocina…) los datos apuntan a una paulatina mejoría de la eficiencia energética y a un menor empleo de los combustibles fósiles en la medida en que se constata que se han reducido los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera por los hogares durante los últimos años.

Así, de acuerdo con la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en la UE-27 dichas emisiones de GEI de los hogares han descendido desde las 406,5 toneladas de CO2 equivalente del año 2010 hasta las 299,1 de 2019. Ello supone, por tanto, una caída acumulada del 26,4%, lo que muestra el mejor comportamiento relativo de los hogares en comparación con la evolución del conjunto de las actividades que emiten GEI en la UE-27, cuya reducción fue del 12,8% en dicho periodo de 2010-2019.

Si analizamos la evolución de las emisiones de los hogares, en términos relativos, por habitante, en la UE-27 se emitieron 669 kg de CO2 equivalente per cápita en el año 2019. Este dato también apunta una mejoría respecto a 2010, cuando dicha ratio se cifró en 922 kg/habitante, de modo que se ha producido una reducción del 27,4% en dicho periodo.

Sin desdeñar estos avances en la lucha contra el cambio climático, la realidad actual sigue siendo mejorable, presentándose aún importantes diferencias entre los países que conforman la Unión Europea.

En 2019 tres países excedían con mucho el promedio de emisiones de 669 kg de CO2 equivalente per cápita de la Unión Europea: Luxemburgo (1.662 kg/hab.), Bélgica (1.244) e Irlanda (1.236). A continuación, otros países que emitieron más del 25% del valor promedio europeo son Polonia, Países Bajos, República Checa y Alemania.

Por el contrario, los hogares de la UE que emitieron, con diferencia, menos GEI per cápita son los pertenecientes a Suecia (35 kg de CO2 equivalente/hab.) y Malta (96). Les sigue un grupo de nueve países que también destacan por presentar una ratio de emisiones que es menos de la mitad del promedio europeo: Finlandia, Portugal, Letonia, Bulgaria, Rumanía, Estonia, España y Lituania.

Finalmente, es de resaltar, desde un enfoque dinámico, que, durante el periodo analizado (2010-2019), 22 de los 27 países de la UE han conseguido reducir los GEI emitidos a la atmósfera por las actividades realizadas en las viviendas, significándose los mayores descensos porcentuales en Suecia (-62,8%), Finlandia (-47,8%) y Eslovenia (-44,9%).

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Eurostat

La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2019)

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Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

La fiscalidad ambiental implica la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012). Con los impuestos ambientales se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, al incorporar en el coste de aquellas actividades insostenibles también sus costes medioambientales que, de lo contrario, permanecerían “no visibles”, sin contabilizar en el precio final. De este modo el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen su comportamiento para que sea más respetuoso con el medio ambiente.

Las ventajas que ofrecen los impuestos ambientales son diversas, entre las que podemos señalar las siguientes: a) favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles), b) contribuyen a un mayor empleo del transporte sostenible, c) fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente, d) reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas, e) desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables y f) refuerzan la lucha contra el cambio climático.

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

“Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes“.

Durante los últimos 25 años se han extendido los impuestos ambientales que, en sus diversos tipos, han venido aplicando en el seno de la Unión Europea los Estados miembros. Es hora de hacer balance y profundizar en las evaluaciones sobre la aplicación de este tipo de impuestos.

En una primera evaluación es de especial interés conocer si la fiscalidad verde ha ganado peso en la política tributaria de los países. Para ello, analizamos cómo se ha comportado la recaudación de los diferentes impuestos ambientales, cómo ha evolucionado la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación en función de la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2019 se recaudó en la UE-27 un total de 330.577 millones de euros en concepto de impuestos ambientales. De este total la mayor parte (el 77,9%) fueron ingresos por impuestos sobre la energía. A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,9%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (3,2%).

G_Imp. amb. tipos_2019

En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,91% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2019. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,37%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2019, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE, a la luz del análisis de la evolución de la presión fiscal ambiental registrada durante dicho periodo.

El porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,58% de 1995 hasta el 2,37% en el último año de 2019. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Por tipos de impuestos, la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 1,98% en 1995 a 1,84% en 2019. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,52% al 0,45%, mientras que los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantiene su presión fiscal en el 0,08% en el periodo analizado.

G_Imp. amb. tipos_1995_2019

En un análisis por países son destacables las diferencias que se detectan dentro de la UE-27 en relación con la importancia dada a la fiscalidad verde. Así, en el año 2019 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación relativa por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 3,86%. Le siguen, en orden descendente, Croacia (3,54%), Países Bajos (3,39%), Eslovenia (3,32%), Italia (3,28%) y Dinamarca (3,27%).

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (1,41% en 2019), seguido de Luxemburgo (1,72%), Eslovaquia (1,79%), Alemania (1,77%), España (1,77%) y Lituania (1,89%).

G_Imp. amb._países_2019

En resumen, durante el periodo 1995-2019 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (14 de 27), permaneciendo igual en tres y aumentando en diez. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Estonia (+2,3 p.p. entre 1995 y 2019), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-1,6 p.p.).

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Eurostat

Evaluando la productividad energética en la economía de la UE (2000-2018)

En la transición hacia una economía sostenible un aspecto crucial es perseguir la eficiencia en el empleo de los recursos materiales y la energía. En este último ámbito, maximizar la eficiencia energética, además de la extensión de la implantación de las energías renovables, constituye un objetivo prioritario de la política medioambiental de la Unión Europea, como queda recogido en estrategias como la Estrategia Europa 2020.

Por tanto, para avanzar en eficiencia energética, facilitando la sostenibilidad de la economía, se hace necesario emplear menos energía por unidad de producto o lo que es lo mismo obtener más producción de bienes y servicios con la misma cantidad de energía.

Un indicador que nos aproxima a evaluar la eficiencia energética en la UE es el que publica la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En concreto, se dispone del indicador de productividad energética, que queda definido por la división entre el Producto Interior Bruto (PIB a precios constantes) y la energía bruta disponible para un año determinado.

Unos primeros resultados del análisis de la evolución del citado indicador durante el periodo 2000-2018 nos permiten concluir que la productividad energética en la UE-27 (sin Reino Unido) ha seguido una tendencia ascendente, al pasar de los 6,3 euros por kgep en 2000 a 8,1 en 2018. Es decir, si en el año 2000 por cada kilogramo equivalente de petróleo la economía de la UE produjo 6,3 euros de PIB, en el año 2018 alcanzó a obtener 8,1 euros.

Para un análisis comparativo por países, empleamos el indicador de Producto Interior Bruto en paridad de poder de compra (PIB pps) por kilogramo equivalente de petróleo (kgep). Este indicador, al igual que el anterior, nos mide la productividad energética por unidad de producción en una economía, si bien, en este caso, teniendo en cuenta las variaciones de precios nacionales.

En el último año de 2018 el Estado de la UE-27 con mayor productividad energética de su economía ha sido Irlanda, con 18,7 euros en pps por kgep, seguido de Dinamarca (11,9), Rumanía (11,5), Italia (11,0), Luxemburgo (10,7) y Austria (10,1).

Por el contrario, como países con menor productividad energética figuran Malta (4,7), Estonia (5,0), Finlandia (5,3), Bulgaria (5,7), Bélgica (6,3) y República Checa (6,7).

Para más información:

Eurostat.

La dependencia exterior de combustibles fósiles en los países de la UE (1990-2018)

Un aspecto estratégico de toda economía es procurar el máximo grado de soberanía energética, para hacerla menos vulnerable a problemas de provisión de recursos energéticos y a imprevistas fluctuaciones alcistas de los precios que repercutirán, en última instancia, sobre la capacidad adquisitiva de la población y el saldo comercial del país importador, entre otros efectos. Al mismo tiempo, una menor dependencia del exterior de los combustibles fósiles se alinea con la sostenibilidad, al favorecer la transición hacia una economía basada en las energías renovables y baja en carbono.

En el seno de la Unión Europea, aunque de forma aún insuficiente se han obtenido progresos en ámbitos como el de la implantación de las energías renovables y la intensidad energética de la economía. Sin embargo, aún sigue pesando mucho la presencia de combustibles fósiles y su dependencia del exterior.

Los últimos datos disponibles de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de combustibles fósiles continúa siendo elevado en los países de la UE, atendiendo al indicador de dependencia de importaciones energéticas que define dicho organismo estadístico como:

la proporción de las necesidades energéticas totales de un país satisfechas por las importaciones de otros países, esto es, el porcentaje de importaciones netas (importaciones menos exportaciones) sobre la energía bruta disponible.

Así, según Eurostat entre 1990 y 2018 el conjunto de la UE27 (sin Reino Unido) ha visto aumentar su grado de dependencia exterior de combustibles fósiles desde el 50,1% hasta el 58,2%.

En un análisis por países, 17 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2018.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones sobre su energía bruta disponible del 97,8%, Luxemburgo (95,1%) y Chipre (92,5%). A continuación les siguen Bélgica (82,3%), Italia (76,3%), Portugal (75,6%), Lituania (74,2%), España (73,3%) y Grecia (70,7%), entre otros.

Por el contrario, los países con un grado de dependencia exterior menor son Estonia (0,7%), Dinamarca (23,7%), Rumanía (24,3%) y Suecia (29,2%).

Desde una perspectiva temporal durante el periodo 1990-2018 los tres Estados que más han aumentado su dependencia energética del exterior son Polonia (de 0,9% a 44,8%), los Países Bajos (de 23,7% a 59,7%) y República Checa (de 15,2% a 36,7%). En el otro extremo, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más durante el periodo 1990-2018 su dependencia de los combustibles que importan del exterior: Letonia (de 89,0% a 44,3%), Estonia (de 45,3% a 0,7%) y Bulgaria (de 63,4% a 36,4%).

Para más información:

Eurostat.

La producción de carbón en la Unión Europea (1990-2019)

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La producción de energía en la Unión Europea proviene de distintas fuentes. Entre ellas, las que tienen un origen no renovable, como son el petróleo y el carbón, requieren una atención especial por su agotamiento y por los graves efectos que generan sobre la salud y el calentamiento global del planeta.

Respecto al carbón los datos disponibles de Eurostat sobre la producción total de combustibles fósiles sólidos, que comprende carbón duro, carbón marrón (lignito) y productos derivados del carbón, nos permiten analizar cuál ha sido su evolución, en el conjunto de la UE y por países, desde 1990 hasta hoy.

Como puede observarse en el siguiente gráfico, desde 1990 la producción de estos combustibles fósiles sólidos ha seguido una tendencia de descenso casi continuado, llegando reducirse un 61,9% hasta en 2019. En el año 2019 la producción total de carbón y sus derivados ascendió en la Unión Europea (UE-27) a 414 millones de toneladas frente a las 1.086 millones de 1990.

G_Carbón UE27_1990-2019

Estos resultados están en concordancia con los compromisos asumidos por la política medioambiental europea de ir reduciendo las fuentes energéticas contaminantes y desencadenantes de la crisis climática para transitar hacia una economía baja en carbono. No obstante, aún queda un importante camino por recorrer hasta la total sustitución de esta fuente de energía por otras de naturaleza renovable.

En un análisis por países, según Eurostat, en el año 1990, 21 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea actual (sin Reino Unido) producían carbón. Tres décadas después, en 2019, el número de países que producen carbón se había reducido a 17.

En la actualidad, los dos mayores productores de carbón siguen siendo, al igual que en 1990, Alemania, con 144,9 millones de toneladas en 2019 (el 35,0% del total de la UE), y Polonia, con 121,2 millones (el 29,3% del total), seguidos por la República Checa (10,5%), Bulgaria (6,9%), Grecia (6,5%), Rumanía (5,2%) y Hungría (1,9%), principalmente.

G_Carbón_Países_1990 y 2019

Durante el periodo 1990-2019, según la información estadística disponible de Eurostat, Portugal y Croacia han dejado de producir carbón. Asimismo, en dicho periodo, entre los actuales 17 países productores de carbón, las mayores reducciones porcentuales de producción se han registrado en España (-97%), Francia (-85%), Bélgica (-81%), Italia (-73%), Alemania (-71%) y Austria (-68%), que superaron la reducción media de la UE-27 (-62%).

En el caso de Polonia, el segundo mayor productor de carbón, su producción se ha contraído un 47% durante el periodo 1990-2019, en menor medida que el conjunto de la UE, por lo que su participación en el cómputo total de producción de carbón europeo ha aumentado desde el 21,1% al 29,3%.

En el otro extremo, es de destacar los dos únicos países que han seguido la tendencia contraria de reducir o cancelar la producción de combustibles fósiles sólidos en la Unión Europea. En 2019 Finlandia produjo un total de 873.000 toneladas (básicamente de coque de horno), esto es, un incremento del 79,3% respecto a 1990. Por su parte, Suecia produjo 1.105.000 toneladas de dichos combustibles, lo que supone un aumento, en este caso, del 0,9% en el periodo analizado.

Para más información:

Eurostat

Las aves, indicador de sostenibilidad

Pinzón común. Parque Nacional de Garajonay (Isla de La Gomera, España).

Las razones para procurar la conservación de la población de las aves, en particular las especies vulnerables, nativas y no invasoras, son diversas y confluyen en la necesaria defensa de la biodiversidad del planeta.

Además, gracias a la comunidad científica sabemos también que la presencia de aves es un buen indicador de la salud de los ecosistemas, de su diversidad e integridad.

La mayor o menor población de aves, así como su mayor o menor diversidad de especies, en un ecosistema determinado, nos permite conocer más sobre la calidad del propio ecosistema donde se alimentan, viven y respiran. En definitiva, las aves nos adelantan información valiosa sobre la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad real de nuestro desarrollo.

Desde un enfoque cuantitativo, a nivel europeo Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, elabora el Índice de Aves Comunes, que recoge las observaciones obtenidas en los 27 Estados miembros de la UE para un total de 168 especies de aves que viven en tierras de cultivo (39), en ecosistemas forestales (34) y en otros hábitats como parques y jardines (95).

En un análisis temporal, que comprende el periodo de 1990 a 2018, la evolución seguida por el Índice de Aves Comunes de la UE apunta hacia una continuada disminución de las poblaciones de aves durante las últimas décadas en la Unión Europea. Constatamos que el valor de dicho índice, que es igual a 100 en el año base de 2000, se ha reducido entre 1990 y 2018 desde 102,3 hasta 95,7, lo que supone una caída del 6,4%. Asimismo, la tendencia más reciente de este indicador apunta a un estancamiento de la población de aves comunes observadas durante el último decenio.

De forma complementaria al Índice de todas las Aves Comunes, Eurostat elabora otros dos índices compuestos referidos a 34 aves de bosques y 39 aves de tierras de cultivo. En el primer caso, la evolución del índice de aves comunes de bosques muestra que se ha producido un aumento del 3,8% durante el periodo 1990-2018. Por el contrario, la tendencia del índice de aves comunes de tierras de cultivo ha sido claramente descendente, habiéndose registrado una reducción del 28,3% en el periodo analizado.

En el ámbito de las aves, cabe recordar lo que ya expresaba la Directiva comunitaria relativa a la conservación de las aves silvestres en el año 2009:

“En el territorio europeo de los Estados miembros, una gran cantidad de especies de aves que viven normalmente en estado salvaje padecen de una regresión en su población, muy rápida en algunos casos, y dicha regresión constituye un grave peligro para la conservación del medio natural, en particular debido a la amenaza que supone para el equilibrio biológico”.

Para más información:

Eurostat

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

La superficie de la Red Natura 2000 en los países de la UE

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Parque Nacional Triglav, Eslovenia.

La Red Natura 2000 es la mayor red de espacios naturales protegidos que existe en el planeta. Persigue garantizar la biodiversidad en Europa, tanto de sus especies como de los diferentes tipos de hábitat. En la actualidad esta red propicia la preservación de unos 27.000 sitios terrestres y marinos, equivalentes a casi 764.000 km2, en la Unión Europea.

Las Directivas Hábitats y Aves son las normas comunitarias básicas de la Red Natura 2000 que regulan hoy la protección natural del 18% de la superficie total de la UE27. La Directiva Hábitats establece la protección de las Zonas Especiales de Conservación, mientras que la Directiva Aves persigue la preservación de las Zonas de Especial Protección para las Aves.

En 2019 el país europeo que aporta la mayor superficie terrestre protegida a la Red Natura 2000 es España, con 138.111 km2, reflejando el alto grado de biodiversidad que se concentra en este territorio europeo. Le siguen, a continuación, Francia (70.875), Polonia (61.168), Italia (57.258), Suecia (55.611), Alemania (55.228), Rumanía (54.214) y Finlandia (42.495).

En términos relativos, si tenemos en cuenta el tamaño de los países, Eslovenia, con el 38%, presenta el mayor porcentaje de superficie protegida por la Red Natura 2000 sobre el total del territorio nacional. Tras Eslovenia los países con mayor porcentaje de superficie protegida son Croacia (37%), Bulgaria (35%), Eslovaquia (30%) y Chipre (29%).

Por el contrario, los menores porcentajes de protección dentro de la Red Natura 2000 corresponden a Dinamarca (8%), Suecia (12%) y Letonia (12%).

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Para más información:

Eurostat: Datos de superficie Natura 2000 por países.

European Environment Agency: Natura 2000 Network Viewer.

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.