UE – ECOPALABRAS

La generación de residuos municipales en la Unión Europea (2000-2021)

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La generación de residuos es uno de los principales problemas medioambientales a los que se enfrenta la sociedad moderna. Son múltiples los impactos que producen sobre los ecosistemas, en especial cuando no son objeto de una adecuada gestión. Además, conlleva, como es el caso, por ejemplo, de los envases y embalajes, la utilización de materiales y recursos naturales, que en muchos casos podrían haberse evitado, y el empleo de significativos recursos económicos para su correcto tratamiento posterior.

Por lo tanto, para avanzar en la senda del desarrollo sostenible, en materia de residuos es prioritario, incluso antes que la reutilización y el reciclaje, procurar su no generación y, en todo caso, su minimización.

Son muy diversos los tipos de residuos que se generan tanto en la producción como el consumo de bienes y servicios por parte de los distintos agentes. Entre ellos se encuentran los denominados residuos municipales, que son los generados por los hogares y otras fuentes de residuos similares (comercio, oficinas e instituciones públicas) cuya recogida compete a las autoridades locales.

El objetivo de hacer sostenible la producción y el consumo (ODS 12 de la Agenda 2030) exige un esfuerzo por parte de todos los agentes económicos para generar la menor cantidad posible de residuos. Si queremos conocer si la sociedad transita por la senda de sostenibilidad, es de especial interés, entre otros aspectos, realizar evaluaciones periódicas de la evolución que sigue la generación de residuos.

En el contexto europeo, para evaluar los progresos de los países de la Unión Europea (UE-27) en materia de generación de residuos municipales se dispone de los datos que publica Eurostat. De acuerdo con dicho organismo estadístico, en el año 2021 se generó un total de 237 millones de toneladas de residuos municipales en la UE. Esta cantidad supone aproximadamente el 10% del total de residuos en sus diferentes tipos generados en la UE. Teniendo un modesto peso relativo, esta clase de residuos nos puede aportar, no obstante, información sobre si el consumo se encamina o se aleja de la sostenibilidad.

Desde una aproximación dinámica una primera conclusión general a la que se llega tras el análisis de los datos nos revela que durante el periodo 2000-2021 la generación de residuos municipales en la UE ha aumentado un 7,6%, al pasar de 220 a 237 millones de toneladas.

Como se observa en el siguiente gráfico, la generación total de residuos municipales en la UE ha estado afectada por el ciclo económico. En épocas como la de la Gran Recesión (2008-2014) la caída de la producción y el consumo ha comportado una menor generación de residuos domésticos. No obstante, una vez que la economía entra en una fase de recuperación, a partir de 2015 la generación de residuos vuelve a tomar una senda claramente creciente que prosigue hasta hoy. Es de destacar asimismo que incluso en el año 2020, especialmente afectado por los impactos sobre la economía de la crisis de la pandemia del COVID-19, la producción de residuos continuó aumentando.

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Si analizamos la generación de residuos en términos relativos, esto es, en kilogramos de residuos generados por persona, se constata una evolución similar. En promedio un ciudadano comunitario generaba en el año 2000 un total de 513 kilogramos de residuos municipales. Dos décadas después, el valor de dicha ratio se ha incrementado, si bien con altibajos, hasta cifrarse en 530 kg per cápita en 2021. Por lo tanto, los datos apuntan a que los patrones de consumo no se han reorientado hacia la sostenibilidad sino más bien al contrario.

G_residuos UE_per cápita_2000-2021

En un análisis más detallado por países, se encuentran notables diferencias en el seno de la UE-27. En términos absolutos, los países que generan más residuos domésticos son Alemania (con el 23% del total de la UE), Francia (16%), Italia (12%) y España (9%). Estos cuatro países concentran, por tanto, el 60% del total frente al 40% restante que es generado por los otros 23 países que también pertenecen a la UE.

Si consideramos la ratio de kilogramos de residuos generados por persona, las divergencias entre países son muy significativas. En el año 2021 el país con más generación de residuos casi triplicó la cifra del que menos.

Así, con un promedio de 530 kilogramos per cápita de la UE en 2021, los Estados miembros con mayores ratios fueron Austria (834), Luxemburgo (793), Dinamarca (786), Bélgica (759) y Alemania (646). Por el contrario, los Estados con menos residuos per cápita fueron Rumanía (302), Polonia (362), Estonia (395), Bulgaria (408), Hungría (416) y Suecia (418).

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Para más información:

Eurostat

La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2021)

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Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

Con la fiscalidad ambiental o verde se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, es decir, tratar de incorporar en el coste de aquellas actividades calificadas de insostenibles los costes medioambientales que generan, ya que, de lo contrario, permanecerían “no visibles” y sin contabilizar en el precio final. Por lo tanto, el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen sus comportamientos para hacerlos más respetuosos con el medio ambiente.

Son diversas las bondades que presenta la implantación de impuestos ambientales, entre las que podemos destacar las siguientes:

a) Favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles).

b) Contribuyen a un mayor empleo del transporte sostenible.

c) Fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente.

d) Reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas.

e) Desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables.

f) Refuerzan la lucha contra el cambio climático.

En la práctica la fiscalidad ambiental se concreta en la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

«Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes«.

Durante los últimos 25 años se han extendido los impuestos ambientales que, en sus diversos tipos, han venido aplicando en el seno de la Unión Europea sus Estados miembros. Se hace necesario, por tanto, realizar de forma continuada evaluaciones periódicas sobre la aplicación real de este tipo de impuestos.

Como primera aproximación analizamos aquí si la fiscalidad verde ha ganado protagonismo en el seno de las políticas tributarias de los países de la UE. Para ello se estudia cómo se ha comportado la recaudación de las diferentes categorías de impuestos ambientales, cuál ha sido la evolución de la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación verde en relación con la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2021 se recaudó en la UE-27 un total de 325.837 millones de euros en concepto de impuestos ambientales.

De este total la mayor parte fueron ingresos por impuestos sobre la energía (el 78,4%). A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,1%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (3,5%).

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En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,52% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2021. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,24%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2021, se concluye que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE.

En términos de su participación en la estructura tributaria total, el porcentaje de recaudación correspondiente a la fiscalidad verde sobre la recaudación total de impuestos de la UE-27 ha descendido desde el 6,74% en 1995 al 5,52% en 2021.

En términos comparativos con la actividad económica, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,63% de 1995 hasta el 2,24% en el último año de 2021. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Asimismo, es relevante apuntar que, como se observa en el siguiente gráfico, con la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 el papel desempeñado por la fiscalidad verde ha intensificado su caída. La recaudación de los impuestos ambientales ha retrocedido en mayor medida que la actividad económica: la presión fiscal ambiental en el conjunto de la UE se redujo desde el 2,35% de 2019 en 0,11 puntos porcentuales.

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Por tipos de impuestos, durante el periodo 1995-2021 la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 2,03% en 1995 a 1,76% en 2021. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,52% al 0,41%. Por su parte, los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantienen su presión fiscal del 0,08% en el periodo analizado.

En un análisis por países es destacable la diferente importancia de la fiscalidad verde dentro de la UE. Así, en el año 2021 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 3,93%. Le siguen, en orden descendente, Croacia (3,12%), Países Bajos (3,09%), Italia (3,00%), Polonia (2,89%) y Dinamarca (2,88%), principalmente.

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (1,16%), seguido de Luxemburgo (1,45%), España (1,76%), Alemania (1,80%) y República Checa (1,84%).

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En resumen, durante el periodo 1995-2021 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (16 de 27), permaneciendo igual en tres y aumentando en ocho. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Estonia (+2,3 p.p. entre 1995 y 2021), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-1,6 p.p.).

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Eurostat

La superficie de paneles solares instalados en la UE (1990-2021)

La Unión Europea, para intentar hacer frente a la dependencia energética de los combustibles fósiles y cumplir con sus compromisos climáticos, ha venido desarrollando durante las últimas décadas una política de fomento de las energías renovables. Entre éstas se encuentra la energía solar, cuya superficie instalada ha aumentado de forma continuada desde 1990.

Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), en la UE-27 la superficie total de paneles solares ascendió en el año 1990 a 3,64 millones de metros cuadrados, cifra que casi se triplicó diez años después (10,76 millones en 2000). Es en la primera década del siglo XX cuando se produce el mayor avance en la implantación de la energía solar en Europa, llegándose a contabilizar un total de 34,43 millones de m2 en 2010. Los datos más recientes apuntan que en 2021 hay un total de 57 millones de m2 de paneles solares instalados en el conjunto de los veintisiete países de la Unión Europea, es decir, 15,7 veces la cantidad registrada en 1990.

Si realizamos un análisis por países, es destacable el papel prioritario que ha venido tomando la política de implantación de energías renovables en Alemania. En este país se contabiliza en 2021 una superficie de 21,79 millones de m2 de paneles solares instalados, cifra que contrasta con los apenas 348.000 m2 registrados en 1990, que ya era superada por países como Grecia, Francia y Austria.

Es a partir del año 1999 cuando Alemania se convierte, con diferencia, en el país de la UE con mayor superficie de paneles solares instalados. En el último año de 2021 el país germano llega a concentrar el 38,2% de la superficie total de paneles solares de la UE.

Tras Alemania le siguen, a distancia, en el año 2021 los siguientes países: Grecia (con el 9,1 % del total de la UE-27), Austria (8,4%), Italia (8,2%), España (7,6%), Francia (6,1%) y Polonia (5,6 %), con pesos relativos superiores al 5%.

Durante el presente siglo XXI Alemania es el país que ha alcanzado un mayor avance en la instalación de este tipo de energías renovables, con un aumento de su participación en la UE de 8,0 puntos porcentuales entre los años 2000 y 2021. Por el contrario, es en Grecia donde se ha registrado una mayor pérdida de su peso relativo en la UE durante dicho periodo (18,3 puntos menos), si bien se mantiene como el segundo país con mayor superficie de energía solar instalada.

En el otro extremo, en los países bálticos de Estonia, Lituania y Letonia la presencia de paneles solares es nula o marginal. A ellos les siguen con bajos porcentajes de participación Malta, Luxemburgo y Finlandia (los tres con pesos relativos que no superan el 0,2 % del total de la UE en 2021).

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Eurostat

El parque automovilístico de la Unión Europea (2010-2021)

Son incuestionables los diversos impactos (o «externalidades negativas» que diría la economía neoclásica) que acarrea el uso del coche privado: contaminación atmosférica, calentamiento global del planeta, congestión, accidentes de tráfico, deterioro de la salud física y mental, contaminación acústica, dependencia de combustibles fósiles, extracción de materiales, ocupación de suelo, generación de residuos, etc., cuyos costes medioambientales y sociales no han sido aún valorados en su justa medida.

Para hacer frente a la insostenibilidad del transporte la Unión Europea aprobó en 2011 la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible, conocido como Libro Blanco del transporte.

Como expresa este documento estratégico, es clave afrontar la gran dependencia actual del petróleo y sus derivados en el sector del transporte y transitar hacia una economía descarbonizada. Se hace necesario fomentar la movilidad sostenible, como ir a pie o en bicicleta, además de dar un mayor impulso al transporte público no contaminante.

Asimismo, la estrategia del Libro Blanco establece entre sus objetivos que el uso de los automóviles de propulsión convencional en el transporte urbano habrá de verse reducido en un 50% en el año 2030, antes de su eliminación total en las ciudades en 2050.

Sin embargo, según los datos disponibles de Eurostat, el parque automovilístico no ha hecho más que crecer dentro de los límites físicos de los 4,2 millones de km2 de la UE-27.

Centrándonos en los coches de pasajeros, que son el tipo de vehículos de mayor uso, su número no ha abandonado la senda del continuo crecimiento. Si en 2010 existía un total de 211,3 millones de turismos, en 2021 el parque de estos vehículos ascendió a 253,3 millones. Por lo tanto, se ha producido un incremento acumulado del 19,9% en dicho periodo.

Asimismo, hay que anotar que, paralelamente, no se ha llevado a cabo la deseada implantación de coches eléctricos que facilite la eliminación de los coches convencionales dependientes de los combustibles fósiles. En 2021 el parque de coches eléctricos se cuantifica en solo 1,93 millones de unidades, es decir, apenas el 0,8% del parque total de turismos de la UE-27.

La presión que genera el crecimiento del parque automovilístico es palpable tanto en términos demográficos como territoriales.

En el primer caso, se constata que durante la última década el crecimiento del parque de coches de pasajeros ha sido superior al experimentado por la población de la UE-27. Como se observa en el siguiente gráfico, si tomamos como base de referencia el año 2010, el parque de turismos presenta en el año 2021 un valor índice de 119,9, que supera el 101,5 registrado por la población.

Si empleamos la ratio de número de coches de pasajeros por 1.000 habitantes, se concluye que su tendencia ascendente ha sido imparable hasta la actualidad. Para el conjunto de la UE dicho indicador ha aumentado desde los 480 coches por 1.ooo habitantes en 2010 hasta los 560 en 2020.

En el segundo caso, una primera evaluación de la presión del parque de coches sobre el territorio de la UE nos arroja que el número de coches por km2 se ha incrementado de 50 a 60 entre 2010 y 2021.

Descendiendo a un análisis por países, en el año 2021 los países de la UE con mayor número de coches de pasajeros son Alemania (48,5 millones), Italia (39,8 mill.), Francia (38,7 mill.), Polonia (25,9 mill.) y España (24,9 mill.). Estos cinco países concentran, por tanto, el 70% del total de coches de la UE.

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2012-2021 en todos los países de la UE se ha incrementado el parque automovilístico de turismos, a excepción de Lituania, donde se ha reducido un 4,8%.

En términos relativos, la ratio de número de coches de pasajeros por 1.000 habitantes revela diferencias entre países. Los mayores valores se alcanzan en Luxemburgo (682), Italia (670), Polonia (664), Finlandia (652) y Chipre (645), que superan holgadamente la media de la UE (560). Por el contrario, los menores parques de coches de pasajeros por 1.000 habitantes se registran en Rumanía (379), Letonia (390), Hungría (403), Bulgaria (414) y Croacia (433).

Para más información:

Eurostat

Comisión Europea: Libro Blanco del transporte, 2011

La productividad energética en la economía de la UE (2000-2020)

En la transición hacia una economía sostenible un aspecto crucial a perseguir es la eficiencia energética. En el ámbito energético, junto al fomento de las energías renovables, el descenso del consumo de energía primaria y final y la reducción de la dependencia exterior, la eficiencia en el uso de la energía constituye para la Unión Europea un objetivo prioritario de su estrategia de desarrollo sostenible.

Avanzar en eficiencia energética significa aumentar la productividad, esto es, facilitar la sostenibilidad de la economía en tanto que se emplea menos energía por unidad de producto o lo que es lo mismo obtener más producción de bienes y servicios con la misma cantidad de energía.

Un indicador que nos aproxima a evaluar la productividad energética en la UE es el que publica la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En concreto, se dispone del indicador de productividad energética, que queda definido por la división entre el Producto Interior Bruto (PIB, a precios constantes de 2010) y la energía bruta disponible para un año determinado.

Los datos estadísticos publicados hasta hoy nos permiten analizar cómo ha evolucionado la productividad energética de la economía comunitaria durante el periodo 2000-2020. Como primera conclusión se constata que la productividad energética en la UE-27 ha seguido una tendencia ascendente, al pasar de los 6,3 euros por kgep en 2000 a 8,6 en 2020. Es decir, si en el año 2000 por cada kilogramo equivalente de petróleo la economía de la UE produjo 6,3 euros de PIB, en el año 2020 alcanzó a obtener 8,6 euros.

Para un análisis comparativo por países, empleamos el indicador de Producto Interior Bruto en paridad de poder de compra (PIB pps) por kilogramo equivalente de petróleo (kgep). Este indicador, al igual que el anterior, nos mide la productividad energética por unidad de producción en una economía, si bien, en este caso, ajustando el PIB por las variaciones de precios nacionales.

En el último año de 2020 el Estado de la UE-27 con mayor productividad energética de su economía ha sido Irlanda, con 22,4 euros en pps por kgep, seguido de Dinamarca (14,3), Rumanía (12,9), Luxemburgo (12,5), Italia (11,6), Alemania (10,7), Portugal (10,7), Austria (10,3) y España, todos ellos con valores superiores a la media de la UE (9,7).

Por el contrario, como países con menor productividad energética figuran Malta (5,1), Finlandia (5,8), Bulgaria (6,4), Eslovaquia (7,0), Estonia (7,0), Bélgica (7,1) y República Checa (7,4), que anotaron valores inferiores a 8,0.

Para más información:

Eurostat.

La dependencia energética exterior de la UE (1990-2020)

Procurar el máximo grado de soberanía energética se convierte en una cuestión cada vez más estratégica de la política energética de los países. Una baja dependencia de las importaciones contribuye a que las economías sean menos vulnerables a problemas de provisión de recursos energéticos y a imprevistas fluctuaciones alcistas de los precios que derivan, en última instancia, en un deterioro de la capacidad adquisitiva de la población y del saldo comercial del país importador, entre otros efectos. Al mismo tiempo, una menor dependencia de las importaciones de productos energéticos (que son combustibles fósiles, principalmente) se alinea con la sostenibilidad, en tanto que de fomentarse en su lugar el empleo de energías renovables se apoya la transición hacia una economía baja en carbono.

Para evaluar el mayor o menor grado de soberanía energética, la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) publica el indicador de dependencia de las importaciones de energía que queda definido en los siguientes términos:

la proporción de las necesidades energéticas totales de un país satisfechas por las importaciones de otros países, esto es, el porcentaje de importaciones netas (importaciones menos exportaciones) sobre la energía bruta disponible.

De acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, el consumo de energía en la UE continúa dependiendo en gran medida de su abastecimiento exterior. Entre 1990 y 2020 el conjunto de la UE ha visto aumentar su grado de dependencia energética desde el 50,0% hasta el 57,5%.

Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución seguida por el indicador de dependencia energética en la UE ha estado muy condicionada por la naturaleza del ciclo que atraviesa la economía, ya sea expansivo o contractivo. Durante los años de la Gran Recesión el valor del indicador de dependencia energética se redujo, interrumpiendo de forma clara la tendencia ascendente que venía registrando desde 1990, para, después, a partir de 2014, una vez pasados los años de crisis económica, retomar su senda creciente. Más recientemente, en el último año 2020, con la irrupción de la pandemia del COVID-19, el grado de dependencia energética vuelve a retroceder, unos tres puntos porcentuales respecto a 2019, como consecuencia de las medidas de restricciones a la actividad y movilidad adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria.

En un análisis por tipos, el petróleo y sus derivados, que son los productos energéticos más demandados, presentan la mayor tasa de dependencia exterior. En 2020 el 97% de su demanda ha tenido que ser importado de terceros países, porcentaje que supera el 93,1% registrado en 1990.

A continuación, para el gas natural, el segundo producto energético más demandado, la tasa de dependencia exterior es del 83,6% en 2020, muy superior a la que tenía en 1990 (51,8%).

Respecto a los combustibles fósiles sólidos, el tercer producto energético más demandado, en 2020 el 35,8% de su consumo ha sido cubierto a través de importaciones. Este porcentaje también supera el registrado en 1990 (18,7%).

Atendiendo a un análisis por países, los últimos datos disponibles de Eurostat nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de productos energéticos continúa siendo elevado en la mayoría de los países de la UE. Un total de 17 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2020.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones netas sobre su energía bruta disponible del 97,6%, Chipre (93,1%) y Luxemburgo (92,5%). A continuación les siguen Grecia (81,4%), Bélgica (78,1%), Lituania (74,9%), Italia (73,5%) e Irlanda (71,3%), entre otros.

Por el contrario, los países con un grado de dependencia exterior menor son Estonia (10,5%), Rumanía (28,2%), Suecia (33,5%), Bulgaria (35,9%) y República Checa (38,9%)

Desde una perspectiva temporal amplia, que abarca las tres últimas décadas (1990-2020), los Estados que más han aumentado su tasa de dependencia energética exterior han sido Países Bajos (de 23,7% a 68,1%), Polonia (de 0,9% a 42,8%) y República Checa (de 15,2% a 38,9%). En sentido contrario, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más su dependencia energética exterior durante el periodo analizado: Letonia (de 89,0% a 45,5%), Estonia (de 41,0% a 10,5%) y Bulgaria (de 63,4% a 37,9%).

Para más información:

Eurostat.

El consumo de energía final en la Unión Europea (1990-2020)

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La Unión Europea en su hoja de ruta medioambiental y de lucha contra el cambio climático establece en las actuales Directivas comunitarias de eficiencia energética dos objetivos cuantificados de reducción de consumo de energía en el seno de la UE, que quedan fijados en un 20% para 2020 y un 32,5% para 2030 respecto a sus proyecciones de base.

Para evaluar los avances en el cumplimiento de dichos compromisos se propuso el seguimiento de dos indicadores principales: reducción del consumo de energía primaria y reducción del consumo de energía final.

Los últimos datos de 2020 publicados por Eurostat, que analizamos a continuación, nos permiten valorar si se están produciendo los avances programados en el cumplimiento de dichos objetivos energéticos, en especial el fijado para el primer horizonte temporal.

Respecto al segundo de los indicadores, el consumo de energía final mide la energía total consumida por los usuarios finales (hogares, administración pública, agricultura, ganadería, pesca, industria, transporte, comercio y demás servicios). De acuerdo con la definición de Eurostat, excluye la energía utilizada por el sector energético, incluso para entregas y transformación.

En términos cuantitativos, se ha establecido que para el conjunto de la UE-27 el total de consumo de energía final no supere los 959 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en 2020 ni los 846 Mtep en 2030.

A la luz de los últimos datos disponibles de Eurostat se constata que el consumo total de energía final fue de 906,8 Mtep en 2020. Ello supone, por tanto, que con dicho nivel de consumo energético la UE ha cumplido su primer objetivo de eficiencia energética establecido para 2020, incluso sobrepasándolo en un 5,4%. Respecto a 2030 el nivel de consumo de energía final se encuentra aún distanciado en un 7,2%.

Con un análisis más detallado referido al periodo 1990-2020 puede observarse que el consumo de energía primaria, que se cifró en 952 Mtep en 1990, ha seguido en general una senda de crecimiento continuado hasta alcanzar su máximo en el año 2006, con 1.046 Mtep. Posteriormente, durante los años 2008-2014 con la crisis económica de la Gran Recesión, el consumo energético inflexionó a la baja, llegando a registrar niveles inferiores a los del comienzo de la serie en 1990. A continuación, la reactivación de la economía europea supuso un retorno al incremento del consumo de energía, que solo se ha visto moderado durante los últimos dos años, en especial en 2020.

El año 2020 estuvo marcado por la irrupción de la pandemia del COVID-19 que en términos de consumo energético trajo consigo un nivel extraordinariamente bajo. Las necesarias medidas restrictivas sobre la movilidad y la actividad económica para afrontar la crisis sanitaria en los países de la UE explican el atípico descenso del 8,1% del consumo de energía final en dicho año (907 Mtep). Ello exige, por tanto, mucha cautela a la hora de concluir que la UE ha logrado alcanzar el objetivo energético fijado para el horizonte temporal de 2020 (959 Mtep).

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Además, como se ha analizado, la evolución que muestran los datos de consumo energía final (al igual que los de energía primaria) durante todo el periodo 1990-2020 nos revela que el consumo de energía sigue siendo muy sensible al ciclo, expansivo o recesivo, que presente la actividad económica, no alcanzándose el deseado desacoplamiento entre crecimiento económico y consumo energético. Todo parece indicar que, con la reactivación de la economía en los años posteriores a la pandemia, si no se implementan medidas más ambiciosas, el consumo de energía volverá a inflexionar a alza.

En un análisis por países, considerando el amplio periodo de 1990-2020, se concluye que en el seno de la Unión Europea el consumo de energía final se ha reducido en 15 de los 27 Estados miembros, mientras que en los 12 países restantes se ha incrementado.

Sin embargo, si tomamos los años 1990-2019 (excluyendo, por tanto, el año del COVID-19) los resultados son bien diferentes: ha aumentado el consumo de energía final en 18 países frente a los 9 restantes que han conseguido reducir su consumo energético. Así, los mayores aumentos porcentuales se han anotado en Malta (105,9%), Chipre (72,7%), Irlanda (68,9%), España (51,0%), Austria (46,3%), Portugal (43,3%), Luxemburgo (33,7%) y Eslovenia (31,4%). Por el contrario, los mayores descensos relativos los han registrado Estonia (-46,9%), Rumanía (-46,0%), Lituania (-42,1%), Bulgaria (-39,5%) y Letonia (-36,1%).

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Para más información:

Eurostat

Directiva 2012/27 UE de eficiencia energética

Directiva (UE) 2018/2002 de eficiencia energética revisada

El consumo de energía primaria en la Unión Europea (1990-2020)

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La eficiencia energética constituye uno de los principales compromisos asumidos por la Unión Europea en su hoja de ruta medioambiental y de lucha contra el cambio climático. Por tal motivo, las actuales Directivas comunitarias de eficiencia energética contemplan objetivos cuantificados de reducción de consumo de energía en el seno de la UE, que quedan fijados en un 20% para 2020 y un 32,5% para 2030 respecto a sus proyecciones de base.

El propósito de aumentar la eficiencia energética se viene evaluando a través del seguimiento de dos indicadores principales: reducción del consumo de energía primaria y reducción del consumo de energía final.

Respecto al primero de los indicadores, el consumo de energía primaria mide la demanda total de energía de un país procedente de fuentes primarias (petróleo, gas natural, carbón, nuclear, renovables…). De acuerdo con Eurostat incluye el consumo del propio sector energético, las pérdidas producidas durante la transformación (por ejemplo, de petróleo o gas en electricidad) y distribución de energía, y el consumo de los usuarios finales. Asimismo, excluye los consumos sin fines energéticos (por ejemplo, el petróleo no utilizado para combustión sino para la producción de plásticos).

En términos cuantitativos, se ha establecido que para el conjunto de la UE-27 el total de consumo de energía primaria no supere los 1.312 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en 2020 ni los 1.128 Mtep en 2030.

Analizando los últimos datos disponibles de Eurostat, se constata que el consumo total de energía primaria fue de 1.236 Mtep en 2020. Ello supone, por tanto, que con dicho nivel de consumo energético la UE ha cumplido su primer objetivo de eficiencia energética establecido para 2020, incluso sobrepasándolo en un 5,8%. Respecto a 2030 el nivel de consumo de energía primaria se encuentra aún distanciado en un 9,6%.

Un análisis más detallado se puede obtener a partir del siguiente gráfico referido al periodo 1990-2020. Como puede observarse el consumo de energía primaria, que se cifró en 1.367 Mtep en 1990, ha seguido en general una senda de crecimiento continuado hasta alcanzar su máximo en el año 2006, con 1.511 Mtep. Posteriormente, durante los años 2008-2014 con la crisis económica de la Gran Recesión, el consumo energético inflexionó a la baja, llegando a registrar niveles inferiores a los del comienzo de la serie en 1990. A continuación, la reactivación de la economía europea conllevó de nuevo una tendencia a aumentar el consumo de energía, que solo se ha visto moderado durante los últimos tres años, en especial en 2020.

La irrupción de la pandemia del COVID-19 ha marcado, sin duda, el nivel de consumo energético registrado en 2020. Las necesarias medidas restrictivas sobre la movilidad y la actividad económica para afrontar la crisis sanitaria en los países de la UE explican el atípico descenso del 8,7% del consumo de energía primaria en dicho año (1.236 Mtep). Ello exige, por tanto, mantener mucha cautela a la hora de concluir que la UE ha logrado alcanzar el objetivo energético marcado para el horizonte temporal de 2020 (1.312 Mtep).

G_Energía primaria_1990_2020_UE

Además, como se ha analizado, la evolución que muestran los datos de consumo energía primaria durante todo el periodo 1990-2020 nos revela que el consumo de energía sigue siendo muy sensible al ciclo, expansivo o recesivo, que presente la actividad económica, no alcanzándose el deseado desacoplamiento entre crecimiento económico y consumo energético. Todo parece indicar que, con la reactivación de la economía en los años posteriores a la pandemia, si no se implementan medidas más ambiciosas, el consumo de energía volverá a inflexionar al alza.

En un análisis por países, considerando el amplio periodo de 1990-2020, se concluye que en el seno de la Unión Europea el consumo de energía primaria se ha reducido en 19 de los 27 Estados miembros, mientras que en los ocho países restantes se ha incrementado.

Sin embargo, si tomamos los años 1990-2019 (excluyendo, por tanto, el año del COVID-19) los resultados son bien diferentes: ha aumentado el consumo de energía primaria en 16 países frente a los 11 restantes que han conseguido reducir su consumo energético. Así, los mayores aumentos porcentuales se han anotado en Chipre (57,2%), Irlanda (52,5%), España (46,2%), Portugal (46,2%), Austria (36,3%) y Luxemburgo (28,9%). Por el contrario, los mayores descensos relativos los han registrado Lituania (-58,9%), Estonia (-50,0%), Rumanía (-48,5%), Letonia (-41,6%) y Bulgaria (-32,1%).

G_Energía primaria_1990_2019_países

La lectura de los resultados hallados hasta ahora induce a pensar que solo la aplicación de medidas más decididas y extensivas de ahorro energético por parte de todos los agentes económicos de la UE y sus Estados miembros puede hacer que la senda de consumo de energía primaria dibuje una senda claramente descendente, tan necesaria en un contexto actual de crisis climática y medioambiental, de problemas de agotamiento de combustibles fósiles y de falta de soberanía energética.

Para más información:

Eurostat

Directiva 2012/27 UE de eficiencia energética

Directiva (UE) 2018/2002 de eficiencia energética revisada

El uso circular de los materiales en la UE (2000-2020)

Eurostat_Material_flow.EU.2020

La Comisión Europea adoptó en 2015 una Comunicación que daba pasos importantes en el camino hacia una economía más circular: «Cerrar el circulo: un plan de acción de la UE para la economía circular».

Con las medidas establecidas en dicho plan de acción se opta por una economía en la que se persiguen dos objetivos principales:

Mantener durante el mayor tiempo posible el valor que poseen los productos, los materiales y los recursos, de modo que se ahorran materias primas al dejar de ser extraídas de la corteza terrestre.
Reducir al mínimo posible la generación de todo tipo de residuos.

El cumplimiento de ambos objetivos facilitaría el desarrollo de una economía más eficiente en el uso de los recursos.

Para evaluar los avances alcanzados en la UE en su senda de fomento de la economía circular, se dispone, como indicador principal, de la tasa de uso de material circular (tasa de circularidad), que elabora la Oficina Estadística de la UE (Eurostat)

Dicha tasa, expresada en porcentaje, mide la proporción de materiales recuperados y reintroducidos en la economía sobre el total de materiales con uso general. La tasa de circularidad define, por tanto, la relación que existe entre el uso circular de materiales y el uso general de materiales(*).

Un valor de tasa de circularidad más alto indica que hay más materiales secundarios que sustituyen materias primas extraíbles, evitando así los impactos ambientales que supone la extracción de dichos materiales finitos de la naturaleza para fabricar productos o generar energía.

Según los datos de Eurostat, en el año 2020 (último dato disponible) la tasa de circularidad en la UE-27 fue del 12,8%. Ello significa que del total de los recursos materiales que se utilizaron en la UE en dicho año el 12,8% provino de productos reciclados y materiales que han sido recuperados.

Es destacable, además, que el valor que toma la tasa de circularidad difiere de forma significativa según el tipo de materiales considerados. Así, en 2020 los metales son los materiales que toman la mayor tasa de circularidad (25,3%), seguidos por los minerales no metálicos (15,8%). Por el contrario, las menores tasas de circularidad corresponden a los combustibles fósiles (3,2%) y a la biomasa (9,6%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2004-2020 la tasa de circularidad se ha incrementado en el conjunto de la UE-27 desde el 8,3% hasta el 12,8%. Ello supone, por tanto, un avance de 4,5 puntos porcentuales (p.p.) en dicho periodo de tiempo, es decir, apenas casi 3 décimas porcentuales por año desde 2004.

G_Tasa Circularidad_UE_2004_2020

Por países se constata que la tasa de circularidad presenta diferencias muy significativas en el seno de la UE. Así, en el último año 2020 los mayores porcentajes se registraron en Países Bajos (30,9%), Bélgica (23,0%), Francia (22,2%), Italia (21,6%) y Estonia (17,3%).

Por el contrario, las menores tasas de circularidad correspondieron a Rumanía (1,3%), Irlanda (1,8%), Portugal (2,2%), Bulgaria (2,6%) y Chipre (3,4%).

Estas importantes divergencias entre los países de la UE-27 se deben, según Eurostat, a la cantidad de residuos que se recicla en cada país y a factores estructurales de las propias economías nacionales. Así, las economías que tienen mayores importaciones de materiales (incluyendo los combustibles fósiles) y mayores extracciones interiores de materiales (relacionadas con minería, construcción, etc.) son las que presentan menores tasas de circularidad.

G_Tasa circularidad_Países UE_2020

Además, la evolución de la tasa de circularidad de los países ha sido muy dispar durante el periodo 2004-2020. Por un lado, destacan por sus mayores avances países como Italia, que aumenta su tasa en 10,1 p.p., Bélgica (+10,0 p.p.), Estonia (8.5 p.p.) y República Checa (8,1 p.p.). Por el contrario, seis países de la UE han retrocedido en su tasa de circularidad durante dicho periodo, presentando los mayores descensos Luxemburgo (-10,5 p.p.), Finlandia (-7,3 p.p.) y Rumanía (-2,2 p.p.).

(*) El uso general de materiales se mide sumando el consumo agregado de materiales domésticos y el uso circular de materiales. El primero queda definido en las cuentas de flujos de materiales para toda la economía. Por su parte, el uso circular de materiales se aproxima por la cantidad de residuos reciclados en las plantas de recuperación doméstica, menos los residuos importados destinados a la recuperación, más los residuos exportados destinados a la recuperación en el extranjero.

Para más información:

Eurostat

La evolución de las aves en la UE (1990-2020)

Como expresa la Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030 “la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se encuentran entre las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad ante la próxima década”.

Un magnífico indicador que nos alerta de cómo está evolucionando la calidad y cantidad de los ecosistemas son las aves. Gracias a la comunidad científica sabemos que la presencia de aves es un buen semáforo de la salud de los ecosistemas, de su diversidad e integridad.

La mayor o menor población de aves, así como su mayor o menor diversidad de especies, en un ecosistema determinado, nos permite conocer más sobre la calidad del propio ecosistema donde se alimentan, viven y respiran. En definitiva, las aves nos adelantan información valiosa sobre la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad real del resultado final que originan las diversas actividades (producción, consumo…) que llevamos a cabo los humanos con nuestras metas de desarrollo.

En el contexto europeo, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) viene publicando desde hace años el Índice de Aves Comunes, que nos informa desde un punto de vista cuantitativo sobre cómo ha evolucionado la presencia de aves en Europa. Dicho índice recoge las observaciones obtenidas en los 27 Estados miembros de la UE para un total de 167 especies de aves que viven en tierras de cultivo (39), en ecosistemas forestales (34) y en otros hábitats como parques y jardines (94).

Se cuenta con un amplio horizonte temporal (1990-2020) para dicho Índice de Aves Comunes de la UE, que toma como base de referencia el año 2000 (índice 2000=100). Y los resultados obtenidos hasta hoy no son satisfactorios, bien al contrario. Todo apunta que durante las tres últimas décadas hemos asistido a una continuada disminución de las poblaciones de aves en la Unión Europea y, por tanto, también al progresivo deterioro de nuestros espacios naturales. Como se observa en el siguiente gráfico, dicho índice de aves ha descendido desde un valor de 104,2 en el año 1990 a 90,4 en 2020, lo que supone una caída del 13,3%.

De forma complementaria al Índice de todas las Aves Comunes, Eurostat elabora otros dos índices compuestos. El primero, el índice de aves comunes de bosques, circunscrito a 34 especies, nos revela que se ha producido un descenso del 3,3% durante el periodo 1990-2020, al pasar de 106,7 a 103,3. Con este indicador se aprecia que solo durante la última década se ha logrado una mejoría, si bien paulatina, tras los sucesivos descensos registrados en los veinte años previos.

Por su parte, el segundo índice, el índice de aves comunes de tierras de cultivo, que comprende 39 especies, presenta una tendencia claramente descendente entre 1990 (119,8) y 2020 (75,6), habiéndose registrado, por tanto, una reducción del 36,9% en el periodo analizado. Como afirma la propia Estrategia para la biodiversidad 2030 las aves de hábitats agrícolas son indicadores clave de la salud de los agroecosistemas y vitales para la producción agrícola y la seguridad alimentaria, concluyendo que “su alarmante disminución tiene que invertirse”.

En el ámbito de las aves, cabe recordar asimismo lo que ya expresaba la Directiva comunitaria relativa a la conservación de las aves silvestres en el año 2009:

«En el territorio europeo de los Estados miembros, una gran cantidad de especies de aves que viven normalmente en estado salvaje padecen de una regresión en su población, muy rápida en algunos casos, y dicha regresión constituye un grave peligro para la conservación del medio natural, en particular debido a la amenaza que supone para el equilibrio biológico».

Para más información:

Eurostat

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres

Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030