indicadores – ECOPALABRAS

La dependencia energética exterior de la UE (1990-2023)

El objetivo de la soberanía energética adquiere cada vez más significado para convertirse en una cuestión estratégica de la política energética de los países. Una baja dependencia de las importaciones posibilita que las economías sean menos vulnerables a problemas de provisión de recursos energéticos y a imprevistas fluctuaciones alcistas de los precios que derivan, en última instancia, en un deterioro de la capacidad adquisitiva de la población y en una merma del saldo comercial del país importador.

Al mismo tiempo, el procurar una menor dependencia de las importaciones de productos energéticos, que fundamentalmente son combustibles fósiles, viene a apuntar en la práctica que se han podido implementar medidas de eficiencia energética y/o se está produciendo un mayor empleo de las energías renovables. De esta forma se consigue actuar a favor de la sostenibilidad y del tránsito hacia una economía baja en carbono, al propiciarse la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que provocan el calentamiento climático.

En el marco de la Unión Europeo, para evaluar el mayor o menor grado de soberanía energética, la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) publica el indicador de dependencia de las importaciones de energía que queda definido en los siguientes términos:

la proporción de las necesidades energéticas totales de un país satisfechas por las importaciones de otros países, esto es, el porcentaje de importaciones netas (importaciones menos exportaciones) sobre la energía bruta disponible.

De acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, el consumo de energía en la UE continúa dependiendo en gran medida de su abastecimiento exterior. Entre 1990 y 2023 el conjunto de la UE ha visto aumentar su grado de dependencia energética desde el 50,0% hasta el 58,3%.

Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución seguida por el indicador de dependencia energética en la UE ha estado muy condicionada por la naturaleza del ciclo que atraviesa la economía, ya sea expansivo o contractivo. Durante los años de la Gran Recesión el valor del indicador de dependencia energética se redujo, interrumpiendo de forma clara la tendencia ascendente que venía registrando desde 1990, para, después, a partir de 2014, una vez pasados los años de crisis económica, retomar su senda creciente hasta alcanzar un máximo en 2019, con el 60,5%. Más recientemente, con la irrupción de la pandemia del COVID-19, que conllevó fuertes impactos sociales y económicos, el grado de dependencia energética vuelve a retroceder. La contracción de la economía de la UE, en buena medida por las necesarias medidas de restricción a la actividad y la movilidad adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, derivó en menores requerimientos energéticos que hicieron descender el grado de dependencia del exterior hasta el 57,5% en 2020 y el 55,5% en 2021.

A continuación, en el 2022, con la finalización de la pandemia, el grado de dependencia energética de la UE retoma su senda ascendente, repuntando hasta el 62,5%, en un contexto internacional marcado por la fuerte inflexión al alza de los precios energéticos. A ello hay que añadir los impactos de la guerra en Ucrania iniciada en marzo con la invasión rusa. Finalmente, en 2023 la ratio de dependencia energética de la UE se modera hasta situarse en el 58,3%, si bien se consolida en un nivel que sólo ha sido superado en los años 2019 y 2022 en toda la serie histórica.

En un análisis por tipos, el petróleo y sus derivados, que son los productos energéticos más demandados, presentan la mayor tasa de dependencia exterior. En 2023 el 94,5% de su demanda ha tenido que ser importado de terceros países. Este porcentaje supera en 1,4 puntos el registrado en 1990 (93,1%).

A continuación, para el gas natural, el segundo producto energético más demandado, la tasa de dependencia exterior es del 90,0% en 2023. En este caso continúa siendo muy superior al 51,8% de 1990.

Respecto a los combustibles fósiles sólidos, el tercer producto energético más demandado, en 2023 el 40,8% de su consumo ha sido cubierto a través de importaciones. Este porcentaje también supera el registrado en 1990 (18,7%).

Atendiendo a un análisis por países, los últimos datos disponibles de Eurostat nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de productos energéticos continúa siendo elevado en la mayoría de los países de la UE. Un total de 16 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2023.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones netas sobre su energía bruta disponible del 97,6%, Chipre (92,2%) y Luxemburgo (90,6%). A continuación, les siguen Irlanda (77,9%), Bélgica (76,1%), Grecia (75,6%), Italia (74,8%), Países Bajos (70,4%), España (68,4%) y Lituania (68,4%), entre otros.

Por el contrario, el país con un grado de dependencia exterior menor es Estonia (3,5%), al que siguen, a distancia, Suecia (26,4%), Rumanía (27,9%), Dinamarca (32,3%), Finlandia (29,6%), Letonia (32,7%) y Dinamarca (38,9%). Desde una perspectiva temporal amplia, que abarca el periodo 1990-2023, los Estados que más han aumentado su tasa de dependencia energética exterior han sido Polonia (de 0,9% a 48,0%), Países Bajos (de 23,7% a 70,4%) y República Checa (de 15,2% a 41,7%). En sentido contrario, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más su dependencia energética exterior durante el periodo analizado: Letonia (de 89,0% a 32,7%), Estonia (de 41,0% a 3,5%) y Finlandia (de 61,0% a 29,6%), entre 1990 y 2023.

Para más información:

Eurostat.

Evolución del consumo por habitante en la UE (1995-2023)

Para evaluar el progreso de los países el indicador del PIB per cápita ha ocupado hasta la actualidad un lugar privilegiado. Durante décadas se ha defendido el uso de esta ratio como la mejor aproximación sintética del bienestar de la población. Recordemos, no obstante, que dicha medida se refiere estrictamente a la actividad económica, es decir, al valor de todos los bienes y servicios producidos en la economía de un territorio (país, región, ciudad…) durante un periodo de tiempo (generalmente un año), relativizándolo por el número de habitantes. En consecuencia, por su propia naturaleza son múltiples las limitaciones que presenta para medir el bienestar de las personas.

Como medida alternativa al PIB per cápita se dispone del indicador de consumo individual efectivo (CIE) por considerarse una medida más adecuada para evaluar el bienestar material de la población. Se define como el valor monetario del consumo de los bienes y servicios adquiridos directamente por los hogares, así como los servicios prestados por las organizaciones sin ánimo de lucro y el Estado para el consumo de los individuos (educación, sanidad…). Dicho consumo se valora en euros pps (estándar de poder de compra), con objeto de corregir las diferencias nacionales en los niveles de precios permitiendo las comparaciones entre países, y se relativiza por el número de habitantes.

Siendo un indicador más adecuado que el PIB per cápita para medir el bienestar material, no hay que olvidar que el CIE tampoco está exento de importantes limitaciones, en especial si lo que perseguimos es, en realidad, evaluar el desarrollo sostenible. Es evidente que el consumo de bienes, que satisfacen necesidades materiales (básicas y no básicas), conlleva la extracción y el uso de recursos naturales (materiales, agua, energía), cuyo impacto sobre el medio ambiente puede ser muy diverso (pérdida de biodiversidad, residuos, contaminación, cambio climático…). Por lo tanto, a la hora de analizar el CIE hay que tener en cuenta que no nos aporta información sobre la sostenibilidad ambiental, sobre si ese consumo es sostenible. De igual forma, este indicador de consumo medio por habitante, por su propia concepción, no nos aproxima a evaluar los avances en equidad, pilar fundamental del desarrollo sostenible.

En el contexto de la Unión Europea, para conocer la evolución de dicha medida de consumo per cápita se cuenta con la estadística que elabora la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En un análisis de los datos disponibles para el periodo 1995-2023 se evidencia, como primera conclusión general, que el nivel de consumo individual efectivo por habitante de la UE-27 ha aumentado de forma prácticamente continuada, pasando de 10.100 a 25.200 euros (pps), esto es, el nivel de consumo se ha multiplicado por 2,5 en 28 años. Como se observa en el siguiente gráfico, cabe apuntar que en dicha tendencia de generalizado crecimiento hubo sólo dos años, 2009 (con la Gran Recesión) y 2020 (con la pandemia del COVID-19), en los que el consumo por habitante se contrajo. Superada la última crisis sanitaria, el CIE por habitante repunta, hasta anotar en 2023 un crecimiento del 21% respecto a 2019.

En un análisis por países, de acuerdo con los últimos datos correspondientes al año 2023, diez Estados miembros de la UE-27 presentan un consumo por habitante superior a la media comunitaria.

Luxemburgo encabeza la UE-27 al presentar un CIE de 136, esto es, supera en un 36% el consumo por habitante medio de la Unión. Le siguen los Países Bajos (119), Alemania (119), Austria (114), Bélgica (112), Dinamarca (108), Suecia (106), Francia (106) y Finlandia (105).

Por el contrario, 18 países de la UE-27 presentan un CEI inferior a la media. El menor consumo per cápita lo registra en 2023 Hungría y Bulgaria (70), con un 30% inferior a la media comunitaria. Le siguen, a continuación, Letonia (73), Estonia (75), Croacia (75) y Eslovaquia (77), con valores que no superan el 80% de la media de la Unión.

Existe, por tanto, una amplia variación entre el país de mayor consumo por habitante, Luxemburgo (136) y los de menor consumo, Hungría y Bulgaria (70), esto es, una brecha de unos 66 puntos en 2023. No obstante, dicha divergencia ha disminuido con el transcurso de los años. En 1995, el país de mayor consumo era igualmente Luxemburgo (156) que contrastaba en el otro extremo con Rumanía (33), registrándose entonces un diferencial de 124 puntos entre ambos. Precisamente Rumanía, junto con Lituania, Letonia, Estonia y Polonia, son los países que más han visto aumentar en términos relativos sus niveles de consumo por habitante durante el periodo 1995-2023.

Para más información:

Eurostat

Una evaluación del entorno y medioambiente en la calidad de vida de España (2023)

Uno de los aspectos básicos que determinan la calidad de vida de las personas es, sin duda, la situación de su entorno y medioambiente.

En el caso de España, disponemos del Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un indicador sintético que se construye a partir de la agregación de un conjunto amplio pero limitado de indicadores individuales que cubren la evaluación de nueve dimensiones básicas relacionadas con la calidad de vida, entre las que se encuentra Entorno y medioambiente. Son las siguientes:

Condiciones materiales de vida.
Trabajo.
Salud.
Educación.
Ocio y relaciones sociales.
Seguridad física y personal.
Gobernanza y derechos básicos.
Entorno y medioambiente.
Experiencia general de la vida.

Desde el punto de vista metodológico la evaluación de cada una de estas dimensiones comporta la selección de los indicadores disponibles más apropiados. En el caso de la dimensión Entorno y medioambiente el INE ha escogido para su evaluación indicadores que abarcan los siguientes ámbitos:

Los últimos datos desagregados del IMCV publicados por el INE, que corresponden al año 2023, permiten aproximarnos a evaluar la situación más actual de la dimensión Entorno y medioambiente en España y sus Comunidades y Ciudades Autónomas, así como conocer su evolución desde el año 2008.

De acuerdo con el IMCV, en 2023 el indicador de valoración de la dimensión Entorno y medioambiente en España se situó en 102,0 puntos, esto es, 0,5 puntos más que en el año anterior. Asimismo, supera ligeramente el 101,5, que es el valor que toma el índice general de calidad de vida (IMCV) en dicho año, mejorando, en este caso, solamente 0,1 puntos respecto a 2022.

Analizando las nueve dimensiones que comprenden el IMCV, el Entorno y medioambiente (102,0) es la tercera mejor valorada por la población española, tras Experiencia general de la vida (103,0) y Educación (110,0).

Desde un enfoque territorial, se detectan significativas diferencias en la valoración del entorno y medioambiente, según la Comunidad Autónoma donde se resida. En 2023, los mayores valores de esa dimensión del IMCV general los presentan las Autonomías de Navarra, Castilla y León, Cantabria, La Rioja y País Vasco. Por el contrario, los menores valores para el medio ambiente los otorgan los habitantes de Ceuta, Melilla, Canarias, Galicia y Andalucía.

Desde una perspectiva temporal, el IMCV apunta que globalmente durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2023, la calidad de vida en España se ha incrementado, pasando de 100 a 101,5 puntos. Por su parte, la dimensión Entorno y medioambiente ha aumentado desde 100 a 102,0 puntos en dicho periodo.

Centrándonos en los diferentes aspectos que conforman la calidad del entorno y el medioambiente, cabe destacar que, de acuerdo con los datos del INE, durante el periodo 2008-2023, se ha producido una mejoría respecto a la exposición de la población a la contaminación del aire, mientras que, por el contrario, se ha intensificado el problema de la contaminación acústica.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, durante el periodo 2008-2023 la valoración de la calidad del entorno y medioambiente ha pasado por diversas fases. Se registran unos primeros años de mejoría, a los que siguen otros de estancamiento y de repunte, que se ve interrumpido por la crisis sanitaria del COVID-19, pues provoca un significativo retroceso. Sólo en 2023 se detecta una ligera recuperación que, sin embargo, no permite que la población española retorne a la situación que tenía en 2019, año previo a la pandemia. Asimismo, la mejor valoración de la dimensión Entorno y medioambiente respecto al IMCV ha tendido a estrecharse durante el periodo analizado.

Para más información:

Instituto Nacional de Estadística.

Evaluando la calidad de vida en España (2023)

La cuestión de la evaluación del desarrollo de los países ha sido tradicionalmente estudiada desde un enfoque exclusivamente productivista. Aún hoy se continúa postulando que un mayor crecimiento de la actividad económica conlleva necesariamente más desarrollo y bienestar para la población. De esta forma, el indicador del Producto Interior Bruto (PIB) ha llegado a alzarse como el indicador primordial, soslayando las incuestionables limitaciones de esta variable si queremos conocer las reales condiciones de vida de las personas.

No obstante, con el tiempo, poco a poco, han venido apareciendo nuevas aproximaciones metodológicas de evaluación del desarrollo, entre ellas las que se centran en la calidad de vida de la población, empleando para ello un enfoque multidimensional que suele articularse a través del uso de una amplia batería de indicadores.

En el caso de España, disponemos del Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un indicador sintético que se construye a partir de la agregación de un conjunto amplio pero limitado de indicadores individuales (actualmente 55), que cubren la evaluación de diversas dimensiones relacionadas con la calidad de vida (más allá de la dimensión material o monetaria) en España. En esencia el IMCV lo conforman nueve dimensiones básicas, a las que en su agregación se les otorga igual ponderación. Son las siguientes:

Condiciones materiales de vida.
Trabajo.
Salud.
Educación.
Ocio y relaciones sociales.
Seguridad física y personal.
Gobernanza y derechos básicos.
Entorno y medioambiente.
Experiencia general de la vida.

Con una periodicidad anual, los últimos datos publicados por el INE, que corresponden al año 2023, permiten aproximarnos a evaluar la situación más actual de la calidad de vida en España y sus Comunidades y Ciudades Autónomas, así como su evolución desde el año 2008.

De acuerdo con el IMCV, en 2023 la calidad de vida en España se situó en 101,54 puntos frente a los 101,40 del año anterior.

Analizando las nueve dimensiones que comprenden el IMCV, las más valoradas por la población española han sido Educación, Experiencia general de la vida, Entorno y medioambiente, Trabajo y Salud. Por el contrario, se sitúan por debajo de la puntuación media (101,54 puntos en 2023) las siguientes dimensiones: Ocio y relaciones sociales, Gobernanza y derechos básicos, Condiciones materiales de vida y Seguridad física y personal.

Desde un enfoque territorial, se detectan significativas diferencias en la calidad de vida de la población según la Comunidad Autónoma donde se resida. En 2023, los mayores valores del IMCV general los presentan las Autonomías de Navarra, La Rioja, Aragón y País Vasco y Cantabria. Por el contrario, los menores niveles de calidad de vida se registran en Ceuta, Canarias, Galicia, Andalucía y Melilla.

Desde una perspectiva temporal, el IMCV nos apunta que globalmente durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2023, la calidad de vida en España se ha incrementado, pasando de 100 a 101,54 puntos.

No obstante, como se aprecia en el siguiente gráfico, se han registrado periodos durante los que la población española ha visto empeorar su calidad de vida, en especial en dos. Primeramente, durante la Gran Recesión, los impactos de esta gran crisis económica han hecho descender el IMCV en España, en particular durante los años 2009, 2010 y 2013. Con posterioridad, en 2020 la irrupción de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha lastrado la calidad de vida en España durante tres años (2020-2022). Sólo en 2023 se detecta una ligera recuperación, si bien se constata que la población española aún no ha recuperado el nivel que tenía en 2019, previo a la crisis sanitaria.

Para más información:

Instituto Nacional de Estadística.

El índice de progreso social de la UE (2024)

Tradicionalmente la evaluación del progreso o desarrollo de los países ha estado vinculada al análisis de una única variable: el valor monetario de la producción de bienes y servicios, esto es, el conocido PIB (Producto Interior Bruto), bien en su versión de tasas de crecimiento, bien en términos relativos (PIB per cápita).

Existen, no obstante, enfoques alternativos, más recientes y menos conocidos, que, desde una visión holística y menos productivista, persiguen conocer de forma más realista la evolución del progreso de las sociedades, como el que promueve desde 2014 Social Progress Imperative, con su Índice de Progreso Social (IPS) a nivel mundial.

Tomando como marco general el IPS global, en el contexto europeo la Comisión ha liderado el Índice de Progreso Social Europeo (IPS-UE) que mide el progreso social de los países y regiones de la Unión.

Al igual que el IPS global, el IPS-UE parte de la siguiente definición de progreso social: «la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer los pilares que permitan a los ciudadanos y las comunidades mejorar y mantener la calidad de sus vidas y crear las condiciones para que todas las personas alcancen su máximo potencial».

Esta definición de progreso se sustenta en tres dimensiones principales: Necesidades básicas, Fundamentos del bienestar y Oportunidades. Cada una de estas tres dimensiones del progreso social se concreta en cuatro componentes.

La dimensión de Necesidades básicas incluye aquellos elementos que son, aunque no suficientes, al menos necesarios para logar unos niveles aceptables de desarrollo social: nutrición y cuidados médicos, abastecimiento de agua y saneamiento, vivienda y seguridad.

La dimensión de Fundamentos del bienestar se refiere a aquellos factores que miden aspectos más avanzados del progreso social, tales como educación básica, información y comunicaciones, salud y calidad medioambiental.

La dimensión de Oportunidades comprende elementos incluso más avanzados, que se encuentran presentes normalmente en sociedades cohesionadas y tolerantes: confianza y gobernanza, libertad y elección, sociedad inclusiva y educación superior.

A partir de la selección de una amplia batería de indicadores sociales y medioambientales (53 en el año 2024) se evalúan los doce componentes del progreso social, para terminar construyendo el indicador compuesto del IPS-UE, cuyo valor oscila entre 0 (el peor resultado) y 100 (el resultado ideal). Ello permite conocer finalmente la posición relativa del progreso social, y de sus tres dimensiones, que tiene un país o región respecto a los demás.

Tras las dos anteriores ediciones de los años 2016 y 2020, los últimos datos del Índice de Progreso Social de la UE son los publicados en el año 2024.

Los resultados obtenidos en este último informe nos revelan que existen divergencias muy marcadas entre los Estados miembros, que quedan expresadas en relación con la referencia del IPS promedio de la UE que toma valor 100.

Así, los países con los mayores valores del Índice de Progreso Social en 2024 son Finlandia (129,6), seguido de Suecia (128,7) y Dinamarca (128,6), que también ocupaban las tres primeras posiciones en la edición de 2020.

A continuación se encuentra un grupo de países que también toman un IPS superior a la media de la UE (100), entre los que destacan Países Bajos (122,0), Irlanda (118,0), Austria (113,2), Estonia (113,2) y Luxemburgo (112,9).

En el extremo contrario, los menores niveles de progreso social dentro de la UE los presentan Bulgaria (60,8) y Rumanía (63,4), seguidos de Grecia (79,7), Croacia (79,9), Chipre (84,4), Eslovaquia (84,8) y Hungría (84,9).

Por dimensiones del progreso social, la mayor divergencia entre los países de la UE se constata en la dimensión de Oportunidades: 104 puntos separan el país mejor valorado (Dinamarca) del peor situado (Bulgaria). Por su parte, la menor divergencia entre países se registra en la dimensión de Necesidades básicas, con una distancia de 48,5 puntos, entre Suecia y Rumanía.

El índice de progreso social de la Comisión Europea permite también descender del nivel territorial estatal, de modo que se enfoca en evaluar el nivel de progreso social de las regiones de la Unión, observándose en este caso unas mayores disparidades. Así, en la edición de 2024 el mayor valor del IPS lo ostenta la región finlandesa de Helsinki-Uusimaa (132,1) frente a la región búlgara de Severozapaden (52,2).

Para más información:

EU Social Progress Index 2.0. 2024 edition

El índice de progreso social mundial (2024)

Ha sentado cátedra, desde hace ya varias décadas, la corriente económica que defiende que la evaluación de los avances en el desarrollo de las naciones o territorios queda sintetizada en una única variable: el valor monetario de la producción de bienes y servicios.

Bajo este pensamiento económico y político hegemónico se sigue postulando que la vía más adecuada para medir el desarrollo de un país o región es analizar la evolución del indicador del Producto Interior Bruto (PIB), ya sea en términos reales (PIB a precios constantes), ya sea en términos relativos (PIB per cápita).

Sin embargo, existen enfoques alternativos, más recientes y menos conocidos, que, desde una visión holística y menos productivista, incorporan en su medición del desarrollo otros indicadores más centrados en el bienestar, como es el caso del Índice de Desarrollo Humano, que desde 1990 publica la ONU.

Otra de esas aproximaciones alternativas de evaluación del desarrollo más allá del PIB es la que desde 2014 promueve Social Progress Imperative, con su Índice de Progreso Social (IPS).

El enfoque del IPS persigue conocer mejor el bienestar real de las sociedades, y dar respuestas a las preguntas que importan a la gente, y que el PIB no puede responder, como son las relacionadas con la satisfacción de las necesidades básicas, la calidad del medio ambiente y la justicia.

El punto de partida del IPS es la definición de progreso social, que queda expresado en los siguientes términos: «la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer los pilares que permitan a los ciudadanos y las comunidades mejorar y mantener la calidad de sus vidas y crear las condiciones para que todas las personas alcancen su máximo potencial». Esta definición de progreso se sustenta, por tanto, en tres dimensiones principales: las necesidades humanas básicas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades.

Cada una de estas tres dimensiones del progreso social se materializa en cuatro componentes. Así, la dimensión de Necesidades humanas básicas incluye los componentes de nutrición y atención médica básica, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal. La segunda dimensión de Fundamentos del bienestar queda definida por los componentes de acceso a la educación básica, acceso a la información y comunicaciones, salud y calidad medioambiental. Finalmente, la dimensión de Oportunidades contiene los cuatro componentes siguientes: derechos personales, libertad y elección personal, inclusión y acceso a la educación superior.

A su vez los doce componentes del progreso social se concretan y evalúan mediante un conjunto de indicadores de resultados (unos 57 en 2024). A partir de estos indicadores simples se construye el indicador compuesto del IPS, cuya metodología se basa en el análisis de componentes principales. El valor del IPS abarca una escala de 0 a 100, permitiendo conocer la posición relativa del progreso social que tiene un país respecto a los demás. Asimismo, la metodología actual del IPS nos permite conocer si ha habido avances o retrocesos en el progreso social y sus componentes, en la mayoría de los países del mundo a lo largo del tiempo.

Cabe señalar, asimismo, que entre Índice de Progreso Social y el PIB per cápita existe una relación positiva y fuerte. Sin embargo, un análisis más detallado de dicha correlación nos muestra que el PIB per cápita no explica completamente el progreso social. Los países pueden presentar niveles dispares de progreso social a niveles similares de PIB per cápita. Además, como expresa el informe de IPS 2024, dicha relación entre IPS y PIB per cápita no es lineal: para los países con niveles de PIB per cápita más bajos, pequeñas diferencias en este indicador se asocian con grandes mejoras en progreso social; por el contrario, a medida que los países alcanzan altos niveles de PIB per cápita la tasa de cambio se ralentiza.

Con últimos datos del Índice de Progreso Social, referidos a 2023 y publicados en el Informe de 2024, se obtienen varias conclusiones generales relevantes:

-En 2023 el mundo alcanzó un índice de progreso social de 63,44, que equivaldría a un valor comprendido entre los IPS de Bolivia y Azerbaiyán. Por componentes, los valores más altos se registraron en vivienda y agua y saneamiento. Los peores resultados se presentaron en educación superior y calidad medioambiental.

-Desde 2011 hasta 2023, en promedio el mundo ha mejorado en progreso social. Sin embargo, se observa que dicho progreso se ha ralentizado en los últimos años, llegando incluso a reducirse por primera vez en todo el periodo, al pasar el IPS de 63,75 en 2022 a 63,44 en 2023.

-Desde 2011 el mundo ha mejorado en 11 de los 12 componentes, presentándose los mayores avances en acceso a la información y comunicaciones, vivienda y agua y saneamiento. Por el contrario, la población mundial ha retrocedido en derechos personales.

-Desde 2022 diez de los doce componentes del IPS mundial han empeorado o estancando. En 2023 se han producido retrocesos importantes en educación básica, información y comunicaciones, vivienda, derechos personales e inclusión.

-De un total de 170 países evaluados, 62 registraron un descenso significativo del progreso social en 2023 y otros 72 países acusaron un estancamiento. Solamente 34 países experimentaron algún progreso real.

En un análisis más detallado del IPS, se concluye que Dinamarca es el país que, con un IPS igual a 90,38, encabeza el ranking mundial en el año 2023. Le siguen, a continuación, Noruega, Finlandia, Islandia, Suecia, Suiza, Luxemburgo, Australia, los Países Bajos y, en décimo lugar, Alemania.

Por el contrario, en el otro extremo del ranking se sitúan países principalmente de continente africano, y en menor de medida de Asia: Sudán del Sur, República Centroafricana, Chad, Afganistán, Somalia, Eritrea, República Democrática, Yemen, Burundi y Níger, con valores de IPS que no alcanzan ni la mitad de los valores obtenidos por el grupo de países más aventajados en progreso social.

Para más información:

Social Progress Index

La dependencia de los combustibles fósiles en los países de la UE (1990-2022)

Los objetivos de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático están estrechamente relacionados con el propósito de reducir el consumo de combustibles fósiles en sus diferentes tipos (petróleo, carbón, gas natural…).

Al mismo tiempo, una menor dependencia de los combustibles fósiles se alinea con la sostenibilidad, al favorecer la transición hacia una economía basada en las energías renovables y baja en carbono.

Los últimos datos disponibles de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) nos confirman que el grado de dependencia de los combustibles fósiles continúa siendo muy elevado en el seno de los países de la Unión Europea.

En el año 2022 los combustibles fósiles representan el 70,9% de la energía bruta disponible de la UE-27.

Desde una perspectiva temporal, se observa que durante las últimas tres décadas la hegemonía de estos combustibles contaminantes en la energía total ha seguido una tendencia descendente. Así, según el organismo estadístico europeo, entre 1990 y 2022 el conjunto de la UE-27 (sin Reino Unido) ha visto reducir el porcentaje de combustibles fósiles sobre la energía bruta disponible en 11,5 puntos, desde el 82,4% hasta el 70,9%. Dicho descenso viene explicado en gran medida por la creciente implantación de las energías renovables.

Más recientemente, en los últimos tres años esta tendencia a la baja se ha visto afectada, en mayor o menor medida, por algunos acontecimientos excepcionales. En el año 2020 la irrupción de la pandemia del COVID-19, que conllevó fuertes impactos sociales y económicos, probablemente ha contribuido a intensificar puntualmente la caída de la participación de los combustibles fósiles (que ha pasado de 71,4% en 2019 a 69,8% en 2020). De hecho, superada la crisis sanitaria, y levantadas las restricciones a la actividad y la movilidad, la dependencia de los combustibles fósiles ha inflexionado al alza, hasta situarse en el 70,9% en 2022.

Además, en dicho el 2022, con la finalización de la pandemia y el repunte de la demanda de los requerimientos energéticos, se produjo un nuevo contexto internacional marcado por una tendencia alcista de los precios de las materias primas energéticas, que se vio agravada por los impactos de la invasión rusa de Ucrania iniciada en marzo.

En un análisis por países, en el año 2022, de los 27 Estados miembros de la Unión Europea 25 tienen un grado de dependencia de los combustibles fósiles superior al 50% de su energía bruta disponible.

El país más dependiente energéticamente de los combustibles fósiles es el Estado insular de Malta, con un porcentaje sobre la energía bruta disponible del 96,1%. A continuación, le siguen Chipre (89,3%), Países Bajos (87,6%), Irlanda (87,4%), Polonia (87,1%), Grecia (83,4%) y Alemania (80,3%), entre otros.

Por el contrario, Suecia es el país comunitario con el menor grado de dependencia fósil, con el 30,3% de su energía disponible, seguido de Finlandia (38,3%). Estos dos países son los únicos de la UE que presentan porcentajes inferiores al 50%.

Considerando el conjunto del periodo 1990-2022, es de destacar que los 27 Estados de la UE han logrado reducir el consumo relativo de combustibles fósiles.

Las mayores disminuciones del peso de estos combustibles sobre el total de energía disponible se han dado en Dinamarca, Estonia, Letonia, Rumanía, Finlandia, Eslovaquia y República Checa, con reducciones de más de 20,0 p.p. en dicho periodo. En el otro extremo, los menores descensos de la participación energética de los combustibles fósiles se han registrado en Malta, España y Bélgica, que sólo han rebajado entre 3 y 5 p.p. la proporción de dichos combustibles durante 1990-2022.

Para más información:

Eurostat.

La dependencia energética exterior de la UE (1990-2021)

Al mismo tiempo, una menor dependencia de las importaciones de productos energéticos (que son combustibles fósiles, principalmente) se alinea con la sostenibilidad, en tanto que de fomentarse en su lugar el empleo de energías renovables se apoya la transición hacia una economía baja en carbono.

Para evaluar el mayor o menor grado de soberanía energética, la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) publica el indicador de dependencia de las importaciones de energía que queda definido en los siguientes términos:

De acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, el consumo de energía en la UE continúa dependiendo en gran medida de su abastecimiento exterior. Entre 1990 y 2021 el conjunto de la UE ha visto aumentar su grado de dependencia energética desde el 50,0% hasta el 55,5%.

Como se observa en el siguiente gráfico la evolución seguida por el indicador de dependencia energética en la UE ha estado muy condicionada por la naturaleza del ciclo que atraviesa la economía, ya sea expansivo o contractivo. Durante los años de la Gran Recesión el valor del indicador de dependencia energética se redujo, interrumpiendo de forma clara la tendencia ascendente que venía registrando desde 1990, para, después, a partir de 2014, una vez pasados los años de crisis económica, retomar su senda creciente hasta alcanzar su máximo en 2019, con el 60,5%. Más recientemente con la irrupción de la pandemia del COVID-19, que conllevó fuertes impactos sociales y económicos, el grado de dependencia energética vuelve a retroceder. La contracción de la economía de la UE, en buena medida por las necesarias medidas de restricción a la actividad y la movilidad adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, derivó en menores requerimientos energéticos que hicieron descender el grado de dependencia del exterior hasta el 57,5% en 2020 y el 55,5% en 2021.

Está por ver si en el 2022, con la finalización de la pandemia, el grado de dependencia energética de la UE retornó al crecimiento, sin olvidar, además, el nuevo contexto internacional derivado de los posteriores incrementos de los precios energéticos, a los que se unen los impactos de la guerra en Ucrania iniciada en marzo con la invasión rusa.

En un análisis por tipos, el petróleo y sus derivados, que son los productos energéticos más demandados, presentan la mayor tasa de dependencia exterior. En 2021 el 91,7% de su demanda ha tenido que ser importado de terceros países. Este porcentaje se redujo en 7 puntos respecto al año 2020, de modo que se vuelve inferior al 93,1% registrado en 1990.

A continuación, para el gas natural, el segundo producto energético más demandado, la tasa de dependencia exterior es del 83,4% en 2021. En este caso desciende sólo 0,2 p.p. respecto a 2020 y continúa siendo muy superior al 51,8% de 1990.

Respecto a los combustibles fósiles sólidos, el tercer producto energético más demandado, en 2021 el 37,5% de su consumo ha sido cubierto a través de importaciones. A diferencia de los anteriores productos energéticos, en 2021 aumentó la dependencia energética de los combustibles fósiles sólidos, hasta el 37,5%, casi dos puntos más que en 2020. Este porcentaje también supera el registrado en 1990 (18,7%).

Atendiendo a un análisis por países, los últimos datos disponibles de Eurostat nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de productos energéticos continúa siendo elevado en la mayoría de los países de la UE. Un total de 17 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2021.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones netas sobre su energía bruta disponible del 97,1%, Luxemburgo (92,5%) y Chipre (89,5%). A continuación, les siguen Irlanda (77,0%), Grecia (73,8%), Italia (73,5%), Lituania (73,3%), Bélgica (70,8%) y España (69,1%), entre otros.

Por el contrario, los países con un grado de dependencia exterior menor son Estonia (1,4%), Suecia (21,0%), Rumanía (31,6%), Dinamarca (32,3%), Bulgaria (36,1%), Finlandia (38,0%) y Letonia (38,3%).

Desde una perspectiva temporal amplia, que abarca el periodo 1990-2021, los Estados que más han aumentado su tasa de dependencia energética exterior han sido Polonia (de 0,9% a 40,4%), Países Bajos (de 23,7% a 58,4%) y República Checa (de 15,2% a 40,0%). En sentido contrario, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más su dependencia energética exterior durante el periodo analizado: Letonia (de 89,0% a 38,3%), Estonia (de 41,0% a 1,4%) y Bulgaria (de 63,4% a 36,1%).

Para más información:

Eurostat.

Evolución del consumo por habitante en la UE (1995-2021)

Puerto Cruz, crisis, saldos, 2012.06.25

Como medida alternativa al PIB per cápita se dispone del indicador de consumo individual efectivo (CIE) que se viene empleando por considerarse una medida más adecuada para evaluar el bienestar material de la población. Se define como el valor monetario del consumo de los bienes y servicios adquiridos directamente por los hogares, así como los servicios prestados por las organizaciones sin ánimo de lucro y el Estado para el consumo de los individuos (educación, sanidad…). Dicho consumo se valora en euros pps (estándar de poder de compra), con objeto de corregir las diferencias nacionales en los niveles de precios permitiendo las comparaciones entre países, y se relativiza por el número de habitantes.

Siendo un indicador más adecuado que el PIB per cápita para medir el bienestar material, no hay que olvidar que el CIE tampoco está exento de importantes limitaciones, en especial si lo que perseguimos es, en realidad, evaluar el desarrollo sostenible. Es evidente que el consumo de bienes, que satisfacen necesidades materiales (básicas y no básicas), conlleva el uso de recursos naturales (materiales, agua, energía), cuyo impacto sobre el medio ambiente puede ser muy diverso (pérdida de biodiversidad, residuos, contaminación…). Por lo tanto, el CIE no nos aporta información sobre la sostenibilidad ambiental, sobre si ese consumo es sostenible. De igual forma, este indicador de consumo medio por habitante, por su propia concepción, no nos aproxima a evaluar los avances en equidad, pilar fundamental del desarrollo sostenible.

En el contexto de la Unión Europea, para conocer la evolución de dicha medida de consumo per cápita se cuenta con la estadística que elabora la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En un análisis de los datos disponibles para el periodo 1995-2021 se evidencia, como primera conclusión general, que el nivel de consumo individual efectivo por habitante de la UE-27 ha aumentado de forma prácticamente continuada, pasando de 10.100 a 21.100 euros (pps), esto es, el nivel de consumo se ha multiplicado por 2,1 en poco más de 25 años. Como se observa en el siguiente gráfico, cabe apuntar que en dicha tendencia de generalizado crecimiento hubo sólo dos años, 2009 (con la Gran Recesión) y 2020 (con la pandemia del COVID-19), en los que el consumo por habitante se contrajo.

G_Consumo UE_1995-2021

En un análisis por países, de acuerdo con los últimos datos correspondientes al año 2021, nueve Estados miembros de la UE-27 presentan un consumo por habitante superior a la media comunitaria.

Luxemburgo encabeza la UE-27 al presentar un CIE de 144, esto es, supera en un 44% el consumo por habitante medio de la Unión. Le siguen Alemania (120), Dinamarca (119), Austria (116), los Países Bajos (115), Bélgica (115), Finlandia (112), Suecia (110) y Francia (110).

Por el contrario, 18 países de la UE-27 presentan un CEI inferior a la media. El menor consumo per cápita lo registra en 2021 Bulgaria (64), con un 36% inferior a la media comunitaria. Le siguen, a continuación, Hungría (69), Eslovaquia (71), Croacia (72) y Grecia (75), con valores que no superan el 75% de la media de la Unión.

Existe, por tanto, una amplia variación entre el país de mayor consumo por habitante, Luxemburgo (144) y el de menor consumo, Bulgaria (64), esto es, una brecha de 79 puntos en 2021. No obstante, dicha divergencia ha disminuido con el transcurso de los años. En 1995, el país de mayor consumo era igualmente Luxemburgo (156) que contrastaba en el otro extremo con Rumanía (33), registrándose entonces un diferencial de 124 puntos entre ambos. Precisamente Rumanía, junto con Lituania, Estonia, Letonia y Polonia, son los países que más han visto aumentar en términos relativos sus niveles de consumo por habitante durante el periodo 1995-2021.

CIE_UE_2021

Para más información:

Eurostat

La dependencia energética exterior de la UE (1990-2020)

Procurar el máximo grado de soberanía energética se convierte en una cuestión cada vez más estratégica de la política energética de los países. Una baja dependencia de las importaciones contribuye a que las economías sean menos vulnerables a problemas de provisión de recursos energéticos y a imprevistas fluctuaciones alcistas de los precios que derivan, en última instancia, en un deterioro de la capacidad adquisitiva de la población y del saldo comercial del país importador, entre otros efectos. Al mismo tiempo, una menor dependencia de las importaciones de productos energéticos (que son combustibles fósiles, principalmente) se alinea con la sostenibilidad, en tanto que de fomentarse en su lugar el empleo de energías renovables se apoya la transición hacia una economía baja en carbono.

De acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, el consumo de energía en la UE continúa dependiendo en gran medida de su abastecimiento exterior. Entre 1990 y 2020 el conjunto de la UE ha visto aumentar su grado de dependencia energética desde el 50,0% hasta el 57,5%.

Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución seguida por el indicador de dependencia energética en la UE ha estado muy condicionada por la naturaleza del ciclo que atraviesa la economía, ya sea expansivo o contractivo. Durante los años de la Gran Recesión el valor del indicador de dependencia energética se redujo, interrumpiendo de forma clara la tendencia ascendente que venía registrando desde 1990, para, después, a partir de 2014, una vez pasados los años de crisis económica, retomar su senda creciente. Más recientemente, en el último año 2020, con la irrupción de la pandemia del COVID-19, el grado de dependencia energética vuelve a retroceder, unos tres puntos porcentuales respecto a 2019, como consecuencia de las medidas de restricciones a la actividad y movilidad adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria.

En un análisis por tipos, el petróleo y sus derivados, que son los productos energéticos más demandados, presentan la mayor tasa de dependencia exterior. En 2020 el 97% de su demanda ha tenido que ser importado de terceros países, porcentaje que supera el 93,1% registrado en 1990.

A continuación, para el gas natural, el segundo producto energético más demandado, la tasa de dependencia exterior es del 83,6% en 2020, muy superior a la que tenía en 1990 (51,8%).

Respecto a los combustibles fósiles sólidos, el tercer producto energético más demandado, en 2020 el 35,8% de su consumo ha sido cubierto a través de importaciones. Este porcentaje también supera el registrado en 1990 (18,7%).

Atendiendo a un análisis por países, los últimos datos disponibles de Eurostat nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de productos energéticos continúa siendo elevado en la mayoría de los países de la UE. Un total de 17 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2020.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones netas sobre su energía bruta disponible del 97,6%, Chipre (93,1%) y Luxemburgo (92,5%). A continuación les siguen Grecia (81,4%), Bélgica (78,1%), Lituania (74,9%), Italia (73,5%) e Irlanda (71,3%), entre otros.

Por el contrario, los países con un grado de dependencia exterior menor son Estonia (10,5%), Rumanía (28,2%), Suecia (33,5%), Bulgaria (35,9%) y República Checa (38,9%)

Desde una perspectiva temporal amplia, que abarca las tres últimas décadas (1990-2020), los Estados que más han aumentado su tasa de dependencia energética exterior han sido Países Bajos (de 23,7% a 68,1%), Polonia (de 0,9% a 42,8%) y República Checa (de 15,2% a 38,9%). En sentido contrario, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más su dependencia energética exterior durante el periodo analizado: Letonia (de 89,0% a 45,5%), Estonia (de 41,0% a 10,5%) y Bulgaria (de 63,4% a 37,9%).

Para más información:

Eurostat.