Estudios, análisis e informes – Página 3

La superficie de los espacios protegidos terrestres en la UE (2022)

Los ecosistemas y la diversidad de especies que habitan el planeta desempeñan funciones ecológicas que guardan un intrincado equilibrio que hace posible la continuidad de la vida en la Tierra. Son áreas de un gran valor intrínseco que proporcionan importantes beneficios medioambientales, sociales, culturales y económicos, además de contribuir a la salud y bienestar del ser humano.

Sin embargo, los espacios naturales terrestres se encuentran sometidos a intensas presiones como las derivadas del desarrollo urbano, la intensificación agrícola, la extensión de la red de transporte, la contaminación y el cambio climático. Es por ello que su protección se convierte en una herramienta política y legal de primer orden. En el contexto actual de pérdida de biodiversidad y de crisis climática que atraviesa el planeta se vuelve inexcusable la preservación de las áreas naturales que poseen un gran valor, cuya pérdida sería irreversible.

En la Unión Europea los espacios naturales terrestres que están sujetos a protección comprenden una superficie de 1.079.412 km2, de acuerdo con los últimos datos de 2022 publicados por Eurostat. Ello equivale al 26,1% del territorio total de la UE: un 18,6% designado como espacios de la Red Natura 2000 (áreas protegidas por las Directivas de Aves y Hábitats) y un 7,5% como otras designaciones nacionales complementarias.

Desde un enfoque temporal, el porcentaje de superficie protegida ha aumentado desde el año 2011, cuando se cifró en el 24,3%, hasta el último dato del 26,1% en 2022. Sin embargo, como se observa en el siguiente gráfico, durante los últimos años no se han producido avances en la superficie protegida, ya que dicho porcentaje ha permanecido prácticamente estancado. Este hecho está provocando una mayor incertidumbre en el cumplimiento del objetivo de alcanzar el 30% en el año 2030, establecido en la vigente Estrategia sobre Biodiversidad de la UE.

Además, hay que tener en cuenta que para garantizar la biodiversidad no es suficiente con aumentar la cobertura de los espacios naturales protegidos. Es igualmente necesario que, al mismo tiempo, los países apliquen sistemas eficaces de gestión en sus áreas de gran valor natural.

En un análisis por países, en 2022 el país de la Unión Europea con mayor superficie de espacios naturales terrestres protegidos es Francia, con 154.571 km2, reflejando el alto grado de biodiversidad que se concentra en este territorio europeo. Le siguen, a continuación, España (142.152), Alemania (137.704) y Polonia (123.491), principalmente.

En términos relativos, si tenemos en cuenta el tamaño de los países, Bulgaria, con el 41,0%, presenta el mayor porcentaje de superficie protegida sobre el total del territorio nacional. Tras Bulgaria los países con mayor porcentaje de superficie de espacios naturales protegidos son Eslovenia (40,5%), Polonia (39,6%), Alemania (38,5%), Croacia (38,2%), Luxemburgo (37,9%), Chipre (37,8%) y Eslovaquia (37,3%).

Por el contrario, los menores porcentajes de protección corresponden a Finlandia (13,4%), Irlanda (13,9%), Bélgica (14,7%), Suecia (15,0%), Dinamarca (15,1%), Lituania (17,8%) y Letonia (18,1%).

Para más información:

Eurostat

European Environment Agency

El índice de desarrollo humano de los países del mundo (2023)

Desde hace décadas, son conocidas las limitaciones del indicador del Producto Interior Bruto per cápita para evaluar el desarrollo de los países y los territorios, y para conocer realmente las condiciones de vida de sus habitantes.

Como enfoque alternativo a dicha variable productivista tradicional, aún hegemónica en los distintos foros sociales (político, académico, mediático…), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) viene calculando desde 1990 el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de prácticamente todos los países de mundo. Siendo un indicador sintético elaborado a partir de unas pocas variables, este enfoque del desarrollo humano constituye un importante avance que se ha ido consolidando a lo largo de los años.

Desde esta aproximación el nivel de desarrollo de un país o región está condicionado no sólo por los ingresos de sus habitantes sino también por ámbitos tan importantes para el ser humano como la salud y la educación.

En esencia, el desarrollo humano lo conforman tres dimensiones básicas que son susceptibles de ser evaluadas a través de cuatro indicadores que han sido rigurosamente definidos y seleccionados:

Salud. Se toma como indicador para su evaluación la Esperanza de vida al nacer.
Educación. Se evalúa a través de dos indicadores: Años de escolaridad esperados y Promedio de años de educación recibidos.
Nivel de vida. Para evaluar los progresos respecto a un nivel de vida decente se emplea como indicador la Renta Nacional Bruta per cápita (2021 PPP $).

A partir de estos indicadores se calculan los tres índices normalizados que corresponden a las dimensiones de salud, educación y nivel de vida, con los que, posteriormente, aplicando la media geométrica, se construye el IDH.

Con la publicación de carácter anual del Informe sobre Desarrollo Humano, que elabora PNUD, disponemos de los resultados del IDH a nivel global y por países desde el año 1990 hasta hoy. La última edición de dicho Informe es la correspondiente a 2025 que recoge los resultados del IDH relativos al año 2023, permitiéndonos conocer el nivel de desarrollo humano de un total de 193 países del planeta.

Por lo tanto, desde una perspectiva temporal, con los datos publicados hasta la fecha podemos analizar cómo ha evolucionado el índice de desarrollo humano a nivel global durante el periodo comprendido entre los años 1990 y 2023.

Los resultados obtenidos concluyen que el IDH del mundo ha seguido una trayectoria ascendente, pasando de un valor de 0,608 en 1990 a otro de 0,756 en 2023.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, los años de 2020 y 2021 han estado marcados por importantes retrocesos en el desarrollo humano como consecuencia de la irrupción de la pandemia de COVID-19 que ha causado enormes estragos en las vidas y los medios de subsistencia en todo el mundo. Ya en el año 2022 el IDH dibuja una senda de recuperación, que prosigue en el año 2023, llegando a mejorar el valor registrado en 2019, previo a la crisis sanitaria.

No obstante, como expone el Informe 2025, a pesar de que el IDH global ha tomado un valor históricamente alto, los impactos causados por la crisis sanitaria durante el periodo 2020-2021 han dejado importantes huellas que aún no se han desvanecido, ya que se constata que la recuperación posterior está perdiendo impulso. Un análisis en términos de tendencia nos revela que el IDH presenta un crecimiento promedio anual durante el periodo 2010-2023 significativamente inferior al de 1990-2010.

Además, como recoge el Informe, las desigualdades entre los países ricos y pobres siguen aumentado. Por cuarto año consecutivo, se aprecia una ampliación de la desigualdad entre los países con un IDH bajo y los de IDH muy alto.

En un análisis más detallado por países, dentro del grupo de los que presentan un índice de desarrollo humano muy alto se encuentra, en primer lugar, Islandia, con una puntuación de 0,972. Se trata de un país que, a pesar de no ser el de mayor renta per cápita del mundo, ya que toma la posición decimotercera en la dimensión de nivel de vida, logra alcanzar, dados los buenos resultados en salud y educación, el primer puesto en desarrollo humano.

Tras Islandia, le siguen, con mayores puntuaciones del IDH, Noruega, Suiza, Dinamarca, Alemania, Suecia, Australia, Hong Kong (China SAR), Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Finlandia, Singapur y Reino Unido, todos ellos con un valor del IDH superior a 0,940. Cierra el grupo de los 35 países con mayor IDH Polonia (con 0,906), cuya posición en nivel de desarrollo humano (35) es ligeramente mejor a la que toma en renta per cápita (40).

Sigue siendo destacable que países como Catar, con el cuarto mayor nivel de renta per cápita del mundo, tras Liechtenstein, Noruega y Singapur, ocupa la posición 43 en el índice de desarrollo humano. Asimismo, en el caso de Brunéi, que ostenta la posición novena de mayor renta per cápita mundial, su índice de desarrollo humano queda relegado hasta la posición 60, dada su peor situación relativa en los ámbitos de educación y salud.

En el otro extremo del mundo, se encuentra Sudán del Sur, que toma el menor nivel de desarrollo humano, con un valor del IDH (0,388), que es 2,5 veces inferior al de Islandia (0,972). La posición de Sudán del Sur en desarrollo humano (193) coincide con la que ocupa en la dimensión de nivel de vida o renta per cápita, tomando también posiciones muy bajas en esperanza de vida y en los dos indicadores de educación.

Le siguen, dentro del grupo de países con menor IDH, Somalia, República Centroafricana, Chad, Níger, Malí, Burundi, Burkina Faso, Sierra Leona, Yemen y Madagascar, todos ellos con un valor del IDH inferior a 0,490. Los demás países que completan el grupo de los 35 con menor IDH se encuentran mayoritariamente también en el continente africano y registran igualmente valores muy bajos en renta per cápita, esperanza de vida y educación.

Para más información:

UNDP: Human Development Report 2025.

La participación de las energías renovables en la UE (2004-2023)

En el ámbito de las energías renovables, la Estrategia Europa 2020 y la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo dejaron fijado como objetivo estratégico que para el año 2020 el 20% del consumo final de energía de la UE debe tener su origen en fuentes renovables (eólica, solar, hidráulica, maremotriz, geotérmica, biomasa…). De acuerdo con los datos de Eurostat dicho objetivo del 20% se cumplió en el horizonte marcado de 2020, al registrase una cuota de participación del 22,0% en dicho año.

De cara al futuro, los nuevos objetivos de lucha contra el cambio climático han conducido a la Unión Europea a revisar su objetivo general de participación de las energías renovables para acelerar su implantación, de modo que se fuerce el desplazamiento del consumo de los combustibles fósiles que propician el calentamiento global.

Así, la Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de octubre de 2023 establece que los Estados miembros velarán conjuntamente por que en el año 2030 la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de al menos el 42,5% del consumo final bruto de energía de la Unión, y deberán esforzarse por alcanzar el 45%.

Los últimos datos de Eurostat nos informan que en el año 2023 el consumo final de energía en la UE-27 ascendió a 960 millones de toneladas equivalentes de petróleo. De este total el 24,6% provino de fuentes de energía renovables, porcentaje que desde 2004 se ha venido incrementado de forma continuada año tras año, a excepción de 2021, año marcado por los impactos de la pandemia de la COVID-19.

Se concluye, por tanto, que el ambicioso objetivo fijado para 2030 implica que la cuota de las energías renovables ha de registrar un crecimiento medio entre 2023 y 2030 de 2,9 puntos porcentuales cada año, lo que supone un ritmo muy superior al registrado en el decenio anterior (0,8 p.p.).

En un análisis por países, entre 2004 y 2023 la participación de la energía de fuentes renovables en el consumo final de energía se ha incrementado en todos los Estados miembros. Los mayores avances relativos se han dado en Dinamarca (29,6 puntos porcentuales más) y Suecia (+28,0 p.p.), y los menores en Croacia (+4,6 p.p) y Eslovenia (+6,7 p.p.), si bien estos dos últimos países ya partían en 2004 con altos porcentajes de introducción de renovables.

Asimismo, se sigue observando, de acuerdo con los últimos datos publicados por Eurostat, que persiste la disparidad en el grado de implantación de las energías renovables dentro de la Unión.

En 2023 Suecia, con el 66,4%, es el país con el mayor porcentaje de energía de fuentes renovables en su consumo final bruto energético. Le siguen, a cierta distancia, los mayores porcentajes de Finlandia (50,8%), Dinamarca (44,4%), Letonia (43,2%), Estonia (41,0%), Austria (40,8%) y Portugal (35,2%).

Por el contrario, las menores participaciones de energías renovables sobre el consumo energético final se registraron en Luxemburgo (14,4%), Bélgica (14,7%), Malta (15,1%), Irlanda (15,3%), Polonia (16,6%), Eslovaquia (17,0%), Hungría (17,1%) y Países Bajos (17,4%).

Para más información:

Eurostat

Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de octubre de 2023

La dependencia energética exterior de la UE (1990-2023)

El objetivo de la soberanía energética adquiere cada vez más significado para convertirse en una cuestión estratégica de la política energética de los países. Una baja dependencia de las importaciones posibilita que las economías sean menos vulnerables a problemas de provisión de recursos energéticos y a imprevistas fluctuaciones alcistas de los precios que derivan, en última instancia, en un deterioro de la capacidad adquisitiva de la población y en una merma del saldo comercial del país importador.

Al mismo tiempo, el procurar una menor dependencia de las importaciones de productos energéticos, que fundamentalmente son combustibles fósiles, viene a apuntar en la práctica que se han podido implementar medidas de eficiencia energética y/o se está produciendo un mayor empleo de las energías renovables. De esta forma se consigue actuar a favor de la sostenibilidad y del tránsito hacia una economía baja en carbono, al propiciarse la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que provocan el calentamiento climático.

En el marco de la Unión Europeo, para evaluar el mayor o menor grado de soberanía energética, la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) publica el indicador de dependencia de las importaciones de energía que queda definido en los siguientes términos:

la proporción de las necesidades energéticas totales de un país satisfechas por las importaciones de otros países, esto es, el porcentaje de importaciones netas (importaciones menos exportaciones) sobre la energía bruta disponible.

De acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, el consumo de energía en la UE continúa dependiendo en gran medida de su abastecimiento exterior. Entre 1990 y 2023 el conjunto de la UE ha visto aumentar su grado de dependencia energética desde el 50,0% hasta el 58,3%.

Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución seguida por el indicador de dependencia energética en la UE ha estado muy condicionada por la naturaleza del ciclo que atraviesa la economía, ya sea expansivo o contractivo. Durante los años de la Gran Recesión el valor del indicador de dependencia energética se redujo, interrumpiendo de forma clara la tendencia ascendente que venía registrando desde 1990, para, después, a partir de 2014, una vez pasados los años de crisis económica, retomar su senda creciente hasta alcanzar un máximo en 2019, con el 60,5%. Más recientemente, con la irrupción de la pandemia del COVID-19, que conllevó fuertes impactos sociales y económicos, el grado de dependencia energética vuelve a retroceder. La contracción de la economía de la UE, en buena medida por las necesarias medidas de restricción a la actividad y la movilidad adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, derivó en menores requerimientos energéticos que hicieron descender el grado de dependencia del exterior hasta el 57,5% en 2020 y el 55,5% en 2021.

A continuación, en el 2022, con la finalización de la pandemia, el grado de dependencia energética de la UE retoma su senda ascendente, repuntando hasta el 62,5%, en un contexto internacional marcado por la fuerte inflexión al alza de los precios energéticos. A ello hay que añadir los impactos de la guerra en Ucrania iniciada en marzo con la invasión rusa. Finalmente, en 2023 la ratio de dependencia energética de la UE se modera hasta situarse en el 58,3%, si bien se consolida en un nivel que sólo ha sido superado en los años 2019 y 2022 en toda la serie histórica.

En un análisis por tipos, el petróleo y sus derivados, que son los productos energéticos más demandados, presentan la mayor tasa de dependencia exterior. En 2023 el 94,5% de su demanda ha tenido que ser importado de terceros países. Este porcentaje supera en 1,4 puntos el registrado en 1990 (93,1%).

A continuación, para el gas natural, el segundo producto energético más demandado, la tasa de dependencia exterior es del 90,0% en 2023. En este caso continúa siendo muy superior al 51,8% de 1990.

Respecto a los combustibles fósiles sólidos, el tercer producto energético más demandado, en 2023 el 40,8% de su consumo ha sido cubierto a través de importaciones. Este porcentaje también supera el registrado en 1990 (18,7%).

Atendiendo a un análisis por países, los últimos datos disponibles de Eurostat nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de productos energéticos continúa siendo elevado en la mayoría de los países de la UE. Un total de 16 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2023.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones netas sobre su energía bruta disponible del 97,6%, Chipre (92,2%) y Luxemburgo (90,6%). A continuación, les siguen Irlanda (77,9%), Bélgica (76,1%), Grecia (75,6%), Italia (74,8%), Países Bajos (70,4%), España (68,4%) y Lituania (68,4%), entre otros.

Por el contrario, el país con un grado de dependencia exterior menor es Estonia (3,5%), al que siguen, a distancia, Suecia (26,4%), Rumanía (27,9%), Dinamarca (32,3%), Finlandia (29,6%), Letonia (32,7%) y Dinamarca (38,9%). Desde una perspectiva temporal amplia, que abarca el periodo 1990-2023, los Estados que más han aumentado su tasa de dependencia energética exterior han sido Polonia (de 0,9% a 48,0%), Países Bajos (de 23,7% a 70,4%) y República Checa (de 15,2% a 41,7%). En sentido contrario, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más su dependencia energética exterior durante el periodo analizado: Letonia (de 89,0% a 32,7%), Estonia (de 41,0% a 3,5%) y Finlandia (de 61,0% a 29,6%), entre 1990 y 2023.

Para más información:

Eurostat.

El transporte y las energías renovables en la Unión Europea (2004-2023)

La Unión Europea se ha marcado el propósito de potenciar que la energía consumida por el sector del transporte provenga de biocombustibles líquidos, hidrógeno, biometano y electricidad verde (a partir de energías renovables como la eólica, solar e hidráulica), en lugar de los tradicionales combustibles fósiles.

Por tal motivo, en un principio, con la Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2007 («Programa de trabajo de la energía renovable – Las energías renovables en el siglo XXI: Construcción de un futuro más sostenible»), la UE estableció como objetivo para el sector del transporte de los Estados miembros que en el año 2020 el 10% de la energía consumida proceda de fuentes de energía renovables.

Posteriormente, la Directiva 2023/2413 sobre fuentes de energía renovables, que modifica la Directiva de 2018, estableció nuevos objetivos más ambiciosos para el sector del transporte. En concreto fija los siguientes objetivos obligatorios para los países:

i) una cuota de energía renovable en el consumo final de energía en el sector del transporte de al menos el 29 % a más tardar en 2030, o

ii) una reducción de la intensidad de gases de efecto invernadero de al menos el 14,5 % a más tardar en 2030, en comparación con la base de referencia establecida…

Atendiendo a los datos disponibles elaborados por la Oficina Estadística de la UE (Eurostat), es posible y pertinente realizar evaluaciones periódicas para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en el sector del transporte, en aras de potenciar la senda hacia una economía sostenible y baja en carbono en todos los países de la Unión.

Según dicho organismo estadístico europeo, en el año 2004 el porcentaje de energía consumida en el sector del transporte procedente de fuentes renovables en la UE-27 ascendía al 1,4%, porcentaje muy alejado del objetivo del 10% marcado para 2020.

Durante el periodo 2004-2020, la participación de la cuota de energía renovable en el transporte, que partió de un registro muy bajo, ha tomado una senda ascendente año a año, con la excepción de 2011 cuando se redujo, en un contexto de grave crisis económica. Finalmente, en el año 2020 los datos de Eurostat nos indican que la UE como conjunto logró que el 10,3% del consumo final de energía en el sector del transporte proceda de energías renovables, superando el objetivo del 10% inicialmente marcado para dicho año.

No obstante, dicho cumplimiento del objetivo necesita ser matizado. Antes de 2020, esto es, durante el periodo 2004-2019 la participación de las energías renovables en el sector del transporte se incrementó a un ritmo de 0,5 p.p. al año. Por lo tanto, resulta un hecho extraordinario que en 2020 dicha cuota de participación haya aumentado en 1,5 p.p. respecto a 2019, permitiendo superar el objetivo del 10%. Cabe pensar que estos resultados favorables vienen explicados en buena parte por tratarse de un año 2020 muy marcado por los efectos de la crisis del COVID-19. En dicho año las necesarias medidas de restricción de la movilidad y la actividad aplicadas en Europa para frenar la pandemia tuvieron su reflejo en una caída brusca del consumo de energía.

En los años siguientes, tras el extraordinario repunte de 2020 y posterior retroceso en 2021, se observa que la participación de las energías renovables en el sector del transporte retorna a su tendencia normal. Se llega así al año 2023 con una ratio del 10,8% para el conjunto de la UE, porcentaje que se encuentra muy alejado del nuevo objetivo del 29% para 2030 establecido en la Directiva.

En un análisis por países, cabe destacar que se siguen observando diferencias importantes en el grado de penetración de las energías renovables en el sector del transporte.

Así, en 2023 Suecia, con el 33,6%, fue el país de la UE-27 con el mayor porcentaje de participación de energía de fuentes renovables en el transporte sobre el consumo final bruto de energía. Le siguen, a distancia, Finlandia (20,6%), los Países Bajos (13,4%), Austria (13,2%), Bélgica (12,1%), España (12,0%), Alemania (11,9%) y Portugal, todos ellos superando la media de la UE (10,8%).

En el otro extremo, los menores porcentajes de implantación de las energías renovables en el transporte correspondieron en 2023 a Croacia (0,9%), Letonia (1,4%), Grecia (3,9%), República Checa (5,7%), Polonia (6,0%) y Lituania (7,2%). Es significativo que en dicho año 2023, 14 países de los 27 de la UE presentaron porcentajes inferiores al objetivo del 10% que había marcado la Unión Europea para el año 2020.

Para más información:

Eurostat

La felicidad en los países del mundo (2025)

El grado de éxito de un país va más allá del valor de su PIB, indicador que se ha demostrado presenta serias limitaciones. En su lugar, existen enfoques alternativos a dicho indicador convencional, entre los que se encuentran los que proponen medidas de bienestar subjetivo o felicidad.

Así, desde 2012 Sustainable Development Solutions Network viene publicando anualmente el Informe de Felicidad Mundial, en el que se postula que el éxito de los países ha de ser evaluado principalmente por el nivel de felicidad de sus ciudadanos.

En concreto, la medida de felicidad recogida en estos informes se basa en tres indicadores principales sobre el bienestar subjetivo declarado por los ciudadanos encuestados: evaluaciones de vida (calidad de vida), emociones positivas (risa, disfrute, interés en aprender…) y emociones negativas (preocupación, tristeza, ira) en las experiencias diarias. La fuente principal para la obtención de esta información es la Encuesta Mundial Gallup.

Los datos empleados en el Informe de 2025 corresponden al promedio de los tres años precedentes, como en informes anteriores, comprendiendo en este caso el periodo 2022-2024.

Se valúa un total de 147 países del mundo para los que se contó con información estadística. Las puntuaciones resultantes están en función de las respuestas que han dado las personas encuestadas en cada país para que evalúen la calidad de sus vidas en una escala de 10 (mejor vida posible) a 0 (peor vida posible). Ello nos permite, finalmente, establecer un ranking mundial de países de mayor a menor nivel de felicidad.

Como se observa en el siguiente cuadro, Finlandia es el país con mayor nivel de felicidad (7,74), posición que ocupa por octavo año consecutivo. Le siguen, al igual que el año anterior, otros tres países nórdicos: Dinamarca, Islandia, Suecia. A continuación, también con valores superiores a 7,00, se encuentran Países Bajos, Costa Rica, Noruega, Israel y Luxemburgo. Es de destacar que, en esta edición 2025 del Informe, entran dos países latinoamericanos entre los diez más felices: Costa Rica y México. Son precisamente estos dos países, junto con Suecia, los únicos de los diez más valorados que no han visto descender en 2025 su índice de felicidad respecto a 2024.

En otro extremo, se concluye que los países menos felices se encuentran principalmente en los continentes africano, en mayor medida, y asiático, siendo con frecuencia países implicados en conflictos bélicos o próximos a ellos. La última posición en la medida de felicidad corresponde a Afganistán (1,36), que incluso retrocede respecto a 2024. Les siguen, a continuación, como países con los menores niveles de felicidad, Sierra Leona, Líbano, Malaui, Zimbabue, Botsuana, Congo, Yemen, Comoras, Lesoto y Esuatini, que no llegan a alcanzar una puntuación de 3,80.

Sigue existiendo, por tanto, una gran brecha entre los países más felices y menos felices del mundo, que llega a ser de 5,7 veces entre Finlandia y Afganistán, distancia que sigue ampliándose respecto al año anterior (4,5 en 2024).

De acuerdo con la metodología empleada en el Informe las variaciones de las puntuaciones de felicidad registradas entre los países pueden venir explicadas por seis factores principales: el PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida saludable al nacer, la libertad para tomar decisiones de vida, la generosidad y la percepción de corrupción.

Para más información:

Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., De Neve, J.-E., Aknin, L. B., & Wang, S. (Eds.). (2025). World Happiness Report 2025. University of Oxford: Wellbeing Research Centre.

Evolución del consumo por habitante en la UE (1995-2023)

Para evaluar el progreso de los países el indicador del PIB per cápita ha ocupado hasta la actualidad un lugar privilegiado. Durante décadas se ha defendido el uso de esta ratio como la mejor aproximación sintética del bienestar de la población. Recordemos, no obstante, que dicha medida se refiere estrictamente a la actividad económica, es decir, al valor de todos los bienes y servicios producidos en la economía de un territorio (país, región, ciudad…) durante un periodo de tiempo (generalmente un año), relativizándolo por el número de habitantes. En consecuencia, por su propia naturaleza son múltiples las limitaciones que presenta para medir el bienestar de las personas.

Como medida alternativa al PIB per cápita se dispone del indicador de consumo individual efectivo (CIE) por considerarse una medida más adecuada para evaluar el bienestar material de la población. Se define como el valor monetario del consumo de los bienes y servicios adquiridos directamente por los hogares, así como los servicios prestados por las organizaciones sin ánimo de lucro y el Estado para el consumo de los individuos (educación, sanidad…). Dicho consumo se valora en euros pps (estándar de poder de compra), con objeto de corregir las diferencias nacionales en los niveles de precios permitiendo las comparaciones entre países, y se relativiza por el número de habitantes.

Siendo un indicador más adecuado que el PIB per cápita para medir el bienestar material, no hay que olvidar que el CIE tampoco está exento de importantes limitaciones, en especial si lo que perseguimos es, en realidad, evaluar el desarrollo sostenible. Es evidente que el consumo de bienes, que satisfacen necesidades materiales (básicas y no básicas), conlleva la extracción y el uso de recursos naturales (materiales, agua, energía), cuyo impacto sobre el medio ambiente puede ser muy diverso (pérdida de biodiversidad, residuos, contaminación, cambio climático…). Por lo tanto, a la hora de analizar el CIE hay que tener en cuenta que no nos aporta información sobre la sostenibilidad ambiental, sobre si ese consumo es sostenible. De igual forma, este indicador de consumo medio por habitante, por su propia concepción, no nos aproxima a evaluar los avances en equidad, pilar fundamental del desarrollo sostenible.

En el contexto de la Unión Europea, para conocer la evolución de dicha medida de consumo per cápita se cuenta con la estadística que elabora la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En un análisis de los datos disponibles para el periodo 1995-2023 se evidencia, como primera conclusión general, que el nivel de consumo individual efectivo por habitante de la UE-27 ha aumentado de forma prácticamente continuada, pasando de 10.100 a 25.200 euros (pps), esto es, el nivel de consumo se ha multiplicado por 2,5 en 28 años. Como se observa en el siguiente gráfico, cabe apuntar que en dicha tendencia de generalizado crecimiento hubo sólo dos años, 2009 (con la Gran Recesión) y 2020 (con la pandemia del COVID-19), en los que el consumo por habitante se contrajo. Superada la última crisis sanitaria, el CIE por habitante repunta, hasta anotar en 2023 un crecimiento del 21% respecto a 2019.

En un análisis por países, de acuerdo con los últimos datos correspondientes al año 2023, diez Estados miembros de la UE-27 presentan un consumo por habitante superior a la media comunitaria.

Luxemburgo encabeza la UE-27 al presentar un CIE de 136, esto es, supera en un 36% el consumo por habitante medio de la Unión. Le siguen los Países Bajos (119), Alemania (119), Austria (114), Bélgica (112), Dinamarca (108), Suecia (106), Francia (106) y Finlandia (105).

Por el contrario, 18 países de la UE-27 presentan un CEI inferior a la media. El menor consumo per cápita lo registra en 2023 Hungría y Bulgaria (70), con un 30% inferior a la media comunitaria. Le siguen, a continuación, Letonia (73), Estonia (75), Croacia (75) y Eslovaquia (77), con valores que no superan el 80% de la media de la Unión.

Existe, por tanto, una amplia variación entre el país de mayor consumo por habitante, Luxemburgo (136) y los de menor consumo, Hungría y Bulgaria (70), esto es, una brecha de unos 66 puntos en 2023. No obstante, dicha divergencia ha disminuido con el transcurso de los años. En 1995, el país de mayor consumo era igualmente Luxemburgo (156) que contrastaba en el otro extremo con Rumanía (33), registrándose entonces un diferencial de 124 puntos entre ambos. Precisamente Rumanía, junto con Lituania, Letonia, Estonia y Polonia, son los países que más han visto aumentar en términos relativos sus niveles de consumo por habitante durante el periodo 1995-2023.

Para más información:

Eurostat

El uso circular de los materiales en la UE (2004-2023)

Actualmente prevalece la economía lineal caracterizada por unos modos de producción y consumo insostenibles que se basan en la extracción ilimitada de los recursos naturales con los que fabricar productos, con frecuencia de corto periodo de uso, y en la consiguiente generación y depósito de residuos. Frente a este modelo el enfoque de la economía circular trata de abrirse camino en favor de la sostenibilidad.

La Comisión Europea adoptó en 2015 una Comunicación que daba pasos importantes en el camino hacia una economía más circular: «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular».

Con las medidas establecidas en dicho plan de acción se opta por una economía en la que se persiguen dos objetivos principales:

Mantener durante el mayor tiempo posible el valor que poseen los productos, los materiales y los recursos, de modo que se ahorran materias primas al dejar de ser extraídas de la corteza terrestre.
Reducir al mínimo posible la generación de todo tipo de residuos.

El cumplimiento de ambos objetivos facilitaría el desarrollo de una economía más eficiente en el uso de los recursos y, por tanto, con menores impactos medioambientales (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación).

Para evaluar los avances alcanzados en la UE en su senda de fomento de la economía circular, se dispone, como indicador principal, de la tasa de uso de materiales circulares (tasa de circularidad), que elabora la Oficina Estadística de la UE (Eurostat)

Dicha tasa, expresada en porcentaje, mide la proporción de materiales recuperados y reintroducidos en la economía sobre el total de materiales con uso general. La tasa de circularidad define, por tanto, la relación que existe entre el uso circular de materiales y el uso general de materiales(*).

Un valor de tasa de circularidad más alto indica que hay más materiales secundarios que sustituyen materias primas extraíbles, evitando así los impactos ambientales que supone la extracción de dichos materiales finitos de la naturaleza para fabricar productos o generar energía.

De acuerdo con Eurostat, la tasa de circularidad en la UE-27 fue del 11,8% en 2023, tras el 11,5% de 2022. Ello significa que del total de los recursos materiales que se utilizaron en la UE en dicho año el 11,8% provino de productos reciclados y materiales que han sido recuperados.

Es destacable, además, que el valor que toma la tasa de circularidad difiere de forma significativa según el tipo de materiales considerados. Así, en 2023 los metales son los materiales que toman la mayor tasa de circularidad (25%), seguidos por los minerales no metálicos (14%). Por el contrario, las menores tasas de circularidad corresponden a los combustibles fósiles (3%) y la biomasa (10%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2004-2022 la tasa de circularidad se ha incrementado en el conjunto de la UE-27 desde el 8,2% hasta el 11,8%. Ello supone, por tanto, un avance de 3,6 puntos porcentuales (p.p.) en dicho periodo de tiempo, es decir, apenas dos décimas porcentuales por año desde 2004. Además, como se observa en el siguiente gráfico, la tasa de circularidad ha experimentado una tendencia al estancamiento durante los últimos años que contrasta con los avances registrados a comienzos de la serie.

Por países se constata que la tasa de circularidad presenta diferencias muy significativas en el seno de la UE. Así, en el último año 2023 los mayores porcentajes se registraron en Países Bajos (30,6%), Italia (20,8%), Malta (19,8%), Bélgica (19,7%), Estonia (18,1%) y Francia (17,6%).

Por el contrario, las menores tasas de circularidad correspondieron a Rumanía (1,3%), Irlanda (2,3%), Finlandia (2,4%), Portugal (2,8%) y Lituania (3,9%).

Estas importantes divergencias entre los países de la UE-27 se deben, según Eurostat, a la cantidad de residuos que se recicla en cada país y a factores estructurales de las propias economías nacionales. Así, las economías que tienen mayores importaciones de materiales (incluyendo los combustibles fósiles) y mayores extracciones interiores de materiales (relacionadas con minería, construcción, etc.) son las que presentan menores tasas de circularidad.

Además, la evolución de la tasa de circularidad dentro de la UE ha sido muy dispar, en particular durante 2010-2023, periodo para el que Eurostat ha publicado datos actualizados por países. Por un lado, destacan los mayores avances de Malta, cuya tasa de circularidad ha aumentado en 14,5 p.p., Italia (+9,2 p.p.) y Estonia (+9,1 p.p.). Por el contrario, cinco países de la UE han retrocedido en su tasa de circularidad durante dicho periodo, presentando los mayores descensos Luxemburgo (-13,2 p.p.), Finlandia (-8,3 p.p.) y Polonia (-3,6 p.p.).

(*) El uso general de materiales se mide sumando el consumo agregado de materiales domésticos y el uso circular de materiales. El primero queda definido en las cuentas de flujos de materiales para toda la economía. Por su parte, el uso circular de materiales se aproxima por la cantidad de residuos reciclados en las plantas de recuperación doméstica, menos los residuos importados destinados a la recuperación, más los residuos exportados destinados a la recuperación en el extranjero.

Para más información:

Eurostat

La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2023)

Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

Con la fiscalidad ambiental o verde se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, es decir, tratar de incorporar en el coste de aquellas actividades calificadas de insostenibles los costes medioambientales que generan, ya que, de lo contrario, permanecerían “no visibles” y sin contabilizar en el precio final. Por lo tanto, el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen sus comportamientos para hacerlos más respetuosos con el medio ambiente.

Son diversas las bondades que presenta la implantación de impuestos ambientales, entre las que podemos destacar las siguientes:

a) Favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles).

b) Contribuyen a un mayor uso del transporte sostenible.

c) Fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente.

d) Reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas.

e) Desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables.

f) Refuerzan la lucha contra el cambio climático.

En la práctica la fiscalidad ambiental se concreta en la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

«Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes«.

Durante los últimos tres decenios se ha extendido la aplicación de los impuestos ambientales, a través de sus diversos tipos, en el seno de la Unión Europea. Para conocer su efectividad las evaluaciones periódicas sobre la aplicación real de este tipo de impuestos se convierten en más que necesarias.

Como primera aproximación analizamos aquí si la fiscalidad verde ha ganado protagonismo en el seno de las políticas tributarias de los países de la UE. De este modo se estudia cómo se ha comportado la recaudación de las diferentes categorías de impuestos ambientales, cuál ha sido la evolución de la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación verde en relación con la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2023 se recaudó en la UE-27 un total de 348.575 millones de euros en concepto de impuestos ambientales.

De este total la mayor parte fueron ingresos por impuestos sobre la energía (el 77,9%). A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,0%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (4,1%).

En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,2% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2023. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,0%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los últimos datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2023, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE.

En términos de su participación en la estructura tributaria total, el porcentaje de recaudación correspondiente a la fiscalidad verde sobre la recaudación total de impuestos de la UE-27 ha descendido desde el 6,6% en 1995 al 5,2% en 2023.

En términos comparativos con la actividad económica, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,6% de 1995 hasta el 2,0% en el último año de 2023. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Asimismo, es relevante apuntar que con la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 la fiscalidad verde como instrumento para promover la protección ambiental ha intensificado su pérdida de protagonismo. Desde 2019 hasta 2023 la presión fiscal ambiental en el conjunto de la UE se ha reducido en 0,54 puntos porcentuales.

Por tipos de impuestos, durante el periodo 1995-2023 la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 2,0% en 1995 a 1,6% en 2023. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,5% al 0,4%. Finalmente, los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantienen su presión fiscal del 0,1% en el periodo analizado.

En un análisis por países es destacable la diferente importancia de la fiscalidad verde dentro de la UE. Así, en el año 2023 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 4,11%. Le siguen, en orden descendente, Bulgaria (3,35%), Croacia (3,30%), Países Bajos (2,81%), Eslovenia (2,80%), Estonia (2,61%), Polonia (2,56%) e Italia (2,55%), principalmente.

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (0,96%), seguido de Luxemburgo (1,28%), Malta (1,54%), República Checa (1,56%), Lituania (1,61%) España (1,64%), Alemania (1,71%) y Francia (1,77%).

En resumen, durante el periodo 1995-2023 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (20 de 27), habiendo aumentado en sólo siete países. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Bulgaria (+2,2 p.p. entre 1995 y 2023), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-2,0 p.p.).

Para más información:

Eurostat

Europa ante el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (2025)

En 2015 la ONU puso en marcha el ambicioso proyecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de una estrategia de alcance mundial, cuyo compromiso se concreta en lograr, durante la presente década, diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (17 ODS), que cubren las tres dimensiones del desarrollo: económica, social y medioambiental.

Para evaluar los progresos en la consecución de los 17 ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) viene publicando desde hace varios años diferentes informes periódicos que tratan de evaluar cómo están avanzando los países en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para el caso de Europa, SDSN ha publicado hasta la fecha seis Informes que muestran los avances alcanzados desde 2015 respecto a los ODS por los 27 Estados miembros de la Unión Europea y otros países europeos más.

La metodología utilizada permite disponer de un índice ODS que resume en un único valor los resultados mostrados por la amplia batería de indicadores (un total de 111 para Europa) recabados para medir la totalidad de los 17 ODS (a los cuales se les otorga igual ponderación).

El índice ODS es, por tanto, un indicador sintético de desarrollo sostenible, cuyo valor puede oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación respecto al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, y 100, cuando el país se sitúa en la mejor posición respecto a su cumplimiento.

Con la edición de 2025 del Informe de Desarrollo Sostenible en Europa se han podido evaluar, a través del índice ODS, los progresos en materia de desarrollo sostenible de los 27 Estados miembros de la UE, además de otros siete países europeos (Noruega, Suiza, Islandia, Reino Unido, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía).

Entre las conclusiones generales del Informe destacamos las siguientes:

A nivel mundial 19 de los 20 países con mayor índice de los ODS son europeos. Sin embargo, se constata un retraso general en el progreso de los ODS en Europa. El avance en el cumplimiento de la Agenda 2030 es cada vez menor: +0,8 puntos durante el periodo 2020-2023 frente a +1,9 puntos del periodo 2016-2019.
El informe destaca especialmente el reto del ODS 2 y los sistemas agroalimentarios sostenibles. Es prioritario promover la transición hacia dietas sanas para transformar los sistemas agroalimentarios y alcanzar otros objetivos de salud, clima y biodiversidad. Asimismo, se enfatiza la necesidad de aplicar políticas que salvaguarden los medios de subsistencia de los agricultores y los pequeños productores de alimentos.
Estancamiento e incluso retroceso del progreso en los indicadores de “No dejar a nadie atrás desde 2020, que miden las desigualdades dentro de los países en materia de oportunidades, bienestar y equidad en el acceso a los servicios y su calidad.
Persisten los desafíos relacionados con los objetivos medioambientales y de biodiversidad, incluyendo los sistemas alimentario y terrestre sostenibles (ODS 2, ODS 12 a 15).
Europa genera importantes efectos indirectos medioambientales y sociales incorporados al comercio. Se estima que estos efectos negativos representan con frecuencia entre el 20% y el 30% de la huella total en muchos Estados miembros de la UE.
Progreso lento e incluso retroceso en el progreso en algunos indicadores del ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos).
Persisten grandes brechas y un ritmo lento de convergencia en los resultados de los ODS entre los países europeos.

En un análisis más detallado por países, el Informe de 2025 nos sigue revelando que en Europa persisten diferencias muy importantes respecto al grado de consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

Así, en esta edición de 2025, el país con un mayor valor del índice ODS sigue siendo, como en los últimos años, Finlandia (81,1). Le siguen, a continuación, Dinamarca (79,7), Suecia (79,4), Austria (77,3), Noruega (76,2), Alemania (75,0), Francia (73,9), Eslovenia (73,8), República Checa (73,7) e Islandia (73,4). Todos ellos ocupan las diez primeras posiciones.

En el otro extremo, los diez menores valores del índice ODS los presentan los siguientes países: Turquía (59,1), Macedonia del Norte (62,5), Chipre (62,7), Bulgaria (62,9), Serbia (63,2), Rumanía (64,2), Grecia (66,5), Luxemburgo (67,6), Lituania (67,8) y Hungría (68,8).

De cara al futuro, el Informe de 2025 postula que la Unión Europea debe emprender cuatro prioridades generales para impulsar el cumplimiento de los ODS. Son las siguientes:

1. Aumentar las inversiones en energías limpias y tecnologías digitales, con la adopción de un ambicioso Clean Industrial Deal (acuerdo industrial limpio) y del Marco Financiero Plurianual 2028-2035.

2. Reforzar las medidas prosociales para hacer frente a las consecuencias de la inflación y del aumento de las tensiones geopolíticas.

3. Abordar las repercusiones negativas para la salud y el medio ambiente del consumo insostenible, mediante una transición justa hacia dietas más sanas y sostenibles.

4. Aprovechar la diplomacia de los ODS y el Pacto Verde con todas las regiones, defender los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y apoyar una reforma ambiciosa del sistema de las Naciones Unidas y de la arquitectura financiera mundial.

Finalmente, el Informe de 2025 hace un llamamiento la nueva dirección de la UE para que lance una declaración política conjunta en la que reafirme el compromiso de la UE con la consecución de los ODS.

Para más información:

SDSN: Europe Sustainable Development Report 2025.