Estudios, análisis e informes – Página 2

El consumo de energía final en la Unión Europea (1990-2020)

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La Unión Europea en su hoja de ruta medioambiental y de lucha contra el cambio climático establece en las actuales Directivas comunitarias de eficiencia energética dos objetivos cuantificados de reducción de consumo de energía en el seno de la UE, que quedan fijados en un 20% para 2020 y un 32,5% para 2030 respecto a sus proyecciones de base.

Para evaluar los avances en el cumplimiento de dichos compromisos se propuso el seguimiento de dos indicadores principales: reducción del consumo de energía primaria y reducción del consumo de energía final.

Los últimos datos de 2020 publicados por Eurostat, que analizamos a continuación, nos permiten valorar si se están produciendo los avances programados en el cumplimiento de dichos objetivos energéticos, en especial el fijado para el primer horizonte temporal.

Respecto al segundo de los indicadores, el consumo de energía final mide la energía total consumida por los usuarios finales (hogares, administración pública, agricultura, ganadería, pesca, industria, transporte, comercio y demás servicios). De acuerdo con la definición de Eurostat, excluye la energía utilizada por el sector energético, incluso para entregas y transformación.

En términos cuantitativos, se ha establecido que para el conjunto de la UE-27 el total de consumo de energía final no supere los 959 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en 2020 ni los 846 Mtep en 2030.

A la luz de los últimos datos disponibles de Eurostat se constata que el consumo total de energía final fue de 906,8 Mtep en 2020. Ello supone, por tanto, que con dicho nivel de consumo energético la UE ha cumplido su primer objetivo de eficiencia energética establecido para 2020, incluso sobrepasándolo en un 5,4%. Respecto a 2030 el nivel de consumo de energía final se encuentra aún distanciado en un 7,2%.

Con un análisis más detallado referido al periodo 1990-2020 puede observarse que el consumo de energía primaria, que se cifró en 952 Mtep en 1990, ha seguido en general una senda de crecimiento continuado hasta alcanzar su máximo en el año 2006, con 1.046 Mtep. Posteriormente, durante los años 2008-2014 con la crisis económica de la Gran Recesión, el consumo energético inflexionó a la baja, llegando a registrar niveles inferiores a los del comienzo de la serie en 1990. A continuación, la reactivación de la economía europea supuso un retorno al incremento del consumo de energía, que solo se ha visto moderado durante los últimos dos años, en especial en 2020.

El año 2020 estuvo marcado por la irrupción de la pandemia del COVID-19 que en términos de consumo energético trajo consigo un nivel extraordinariamente bajo. Las necesarias medidas restrictivas sobre la movilidad y la actividad económica para afrontar la crisis sanitaria en los países de la UE explican el atípico descenso del 8,1% del consumo de energía final en dicho año (907 Mtep). Ello exige, por tanto, mucha cautela a la hora de concluir que la UE ha logrado alcanzar el objetivo energético fijado para el horizonte temporal de 2020 (959 Mtep).

G_Energía final_1990_2020_UE

Además, como se ha analizado, la evolución que muestran los datos de consumo energía final (al igual que los de energía primaria) durante todo el periodo 1990-2020 nos revela que el consumo de energía sigue siendo muy sensible al ciclo, expansivo o recesivo, que presente la actividad económica, no alcanzándose el deseado desacoplamiento entre crecimiento económico y consumo energético. Todo parece indicar que, con la reactivación de la economía en los años posteriores a la pandemia, si no se implementan medidas más ambiciosas, el consumo de energía volverá a inflexionar a alza.

En un análisis por países, considerando el amplio periodo de 1990-2020, se concluye que en el seno de la Unión Europea el consumo de energía final se ha reducido en 15 de los 27 Estados miembros, mientras que en los 12 países restantes se ha incrementado.

Sin embargo, si tomamos los años 1990-2019 (excluyendo, por tanto, el año del COVID-19) los resultados son bien diferentes: ha aumentado el consumo de energía final en 18 países frente a los 9 restantes que han conseguido reducir su consumo energético. Así, los mayores aumentos porcentuales se han anotado en Malta (105,9%), Chipre (72,7%), Irlanda (68,9%), España (51,0%), Austria (46,3%), Portugal (43,3%), Luxemburgo (33,7%) y Eslovenia (31,4%). Por el contrario, los mayores descensos relativos los han registrado Estonia (-46,9%), Rumanía (-46,0%), Lituania (-42,1%), Bulgaria (-39,5%) y Letonia (-36,1%).

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Para más información:

Eurostat

Directiva 2012/27 UE de eficiencia energética

Directiva (UE) 2018/2002 de eficiencia energética revisada

El consumo de energía primaria en la Unión Europea (1990-2020)

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La eficiencia energética constituye uno de los principales compromisos asumidos por la Unión Europea en su hoja de ruta medioambiental y de lucha contra el cambio climático. Por tal motivo, las actuales Directivas comunitarias de eficiencia energética contemplan objetivos cuantificados de reducción de consumo de energía en el seno de la UE, que quedan fijados en un 20% para 2020 y un 32,5% para 2030 respecto a sus proyecciones de base.

El propósito de aumentar la eficiencia energética se viene evaluando a través del seguimiento de dos indicadores principales: reducción del consumo de energía primaria y reducción del consumo de energía final.

Respecto al primero de los indicadores, el consumo de energía primaria mide la demanda total de energía de un país procedente de fuentes primarias (petróleo, gas natural, carbón, nuclear, renovables…). De acuerdo con Eurostat incluye el consumo del propio sector energético, las pérdidas producidas durante la transformación (por ejemplo, de petróleo o gas en electricidad) y distribución de energía, y el consumo de los usuarios finales. Asimismo, excluye los consumos sin fines energéticos (por ejemplo, el petróleo no utilizado para combustión sino para la producción de plásticos).

En términos cuantitativos, se ha establecido que para el conjunto de la UE-27 el total de consumo de energía primaria no supere los 1.312 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en 2020 ni los 1.128 Mtep en 2030.

Analizando los últimos datos disponibles de Eurostat, se constata que el consumo total de energía primaria fue de 1.236 Mtep en 2020. Ello supone, por tanto, que con dicho nivel de consumo energético la UE ha cumplido su primer objetivo de eficiencia energética establecido para 2020, incluso sobrepasándolo en un 5,8%. Respecto a 2030 el nivel de consumo de energía primaria se encuentra aún distanciado en un 9,6%.

Un análisis más detallado se puede obtener a partir del siguiente gráfico referido al periodo 1990-2020. Como puede observarse el consumo de energía primaria, que se cifró en 1.367 Mtep en 1990, ha seguido en general una senda de crecimiento continuado hasta alcanzar su máximo en el año 2006, con 1.511 Mtep. Posteriormente, durante los años 2008-2014 con la crisis económica de la Gran Recesión, el consumo energético inflexionó a la baja, llegando a registrar niveles inferiores a los del comienzo de la serie en 1990. A continuación, la reactivación de la economía europea conllevó de nuevo una tendencia a aumentar el consumo de energía, que solo se ha visto moderado durante los últimos tres años, en especial en 2020.

La irrupción de la pandemia del COVID-19 ha marcado, sin duda, el nivel de consumo energético registrado en 2020. Las necesarias medidas restrictivas sobre la movilidad y la actividad económica para afrontar la crisis sanitaria en los países de la UE explican el atípico descenso del 8,7% del consumo de energía primaria en dicho año (1.236 Mtep). Ello exige, por tanto, mantener mucha cautela a la hora de concluir que la UE ha logrado alcanzar el objetivo energético marcado para el horizonte temporal de 2020 (1.312 Mtep).

G_Energía primaria_1990_2020_UE

Además, como se ha analizado, la evolución que muestran los datos de consumo energía primaria durante todo el periodo 1990-2020 nos revela que el consumo de energía sigue siendo muy sensible al ciclo, expansivo o recesivo, que presente la actividad económica, no alcanzándose el deseado desacoplamiento entre crecimiento económico y consumo energético. Todo parece indicar que, con la reactivación de la economía en los años posteriores a la pandemia, si no se implementan medidas más ambiciosas, el consumo de energía volverá a inflexionar al alza.

En un análisis por países, considerando el amplio periodo de 1990-2020, se concluye que en el seno de la Unión Europea el consumo de energía primaria se ha reducido en 19 de los 27 Estados miembros, mientras que en los ocho países restantes se ha incrementado.

Sin embargo, si tomamos los años 1990-2019 (excluyendo, por tanto, el año del COVID-19) los resultados son bien diferentes: ha aumentado el consumo de energía primaria en 16 países frente a los 11 restantes que han conseguido reducir su consumo energético. Así, los mayores aumentos porcentuales se han anotado en Chipre (57,2%), Irlanda (52,5%), España (46,2%), Portugal (46,2%), Austria (36,3%) y Luxemburgo (28,9%). Por el contrario, los mayores descensos relativos los han registrado Lituania (-58,9%), Estonia (-50,0%), Rumanía (-48,5%), Letonia (-41,6%) y Bulgaria (-32,1%).

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La lectura de los resultados hallados hasta ahora induce a pensar que solo la aplicación de medidas más decididas y extensivas de ahorro energético por parte de todos los agentes económicos de la UE y sus Estados miembros puede hacer que la senda de consumo de energía primaria dibuje una senda claramente descendente, tan necesaria en un contexto actual de crisis climática y medioambiental, de problemas de agotamiento de combustibles fósiles y de falta de soberanía energética.

Para más información:

Eurostat

Directiva 2012/27 UE de eficiencia energética

Directiva (UE) 2018/2002 de eficiencia energética revisada

El uso circular de los materiales en la UE (2000-2020)

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La Comisión Europea adoptó en 2015 una Comunicación que daba pasos importantes en el camino hacia una economía más circular: «Cerrar el circulo: un plan de acción de la UE para la economía circular».

Con las medidas establecidas en dicho plan de acción se opta por una economía en la que se persiguen dos objetivos principales:

Mantener durante el mayor tiempo posible el valor que poseen los productos, los materiales y los recursos, de modo que se ahorran materias primas al dejar de ser extraídas de la corteza terrestre.
Reducir al mínimo posible la generación de todo tipo de residuos.

El cumplimiento de ambos objetivos facilitaría el desarrollo de una economía más eficiente en el uso de los recursos.

Para evaluar los avances alcanzados en la UE en su senda de fomento de la economía circular, se dispone, como indicador principal, de la tasa de uso de material circular (tasa de circularidad), que elabora la Oficina Estadística de la UE (Eurostat)

Dicha tasa, expresada en porcentaje, mide la proporción de materiales recuperados y reintroducidos en la economía sobre el total de materiales con uso general. La tasa de circularidad define, por tanto, la relación que existe entre el uso circular de materiales y el uso general de materiales(*).

Un valor de tasa de circularidad más alto indica que hay más materiales secundarios que sustituyen materias primas extraíbles, evitando así los impactos ambientales que supone la extracción de dichos materiales finitos de la naturaleza para fabricar productos o generar energía.

Según los datos de Eurostat, en el año 2020 (último dato disponible) la tasa de circularidad en la UE-27 fue del 12,8%. Ello significa que del total de los recursos materiales que se utilizaron en la UE en dicho año el 12,8% provino de productos reciclados y materiales que han sido recuperados.

Es destacable, además, que el valor que toma la tasa de circularidad difiere de forma significativa según el tipo de materiales considerados. Así, en 2020 los metales son los materiales que toman la mayor tasa de circularidad (25,3%), seguidos por los minerales no metálicos (15,8%). Por el contrario, las menores tasas de circularidad corresponden a los combustibles fósiles (3,2%) y a la biomasa (9,6%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2004-2020 la tasa de circularidad se ha incrementado en el conjunto de la UE-27 desde el 8,3% hasta el 12,8%. Ello supone, por tanto, un avance de 4,5 puntos porcentuales (p.p.) en dicho periodo de tiempo, es decir, apenas casi 3 décimas porcentuales por año desde 2004.

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Por países se constata que la tasa de circularidad presenta diferencias muy significativas en el seno de la UE. Así, en el último año 2020 los mayores porcentajes se registraron en Países Bajos (30,9%), Bélgica (23,0%), Francia (22,2%), Italia (21,6%) y Estonia (17,3%).

Por el contrario, las menores tasas de circularidad correspondieron a Rumanía (1,3%), Irlanda (1,8%), Portugal (2,2%), Bulgaria (2,6%) y Chipre (3,4%).

Estas importantes divergencias entre los países de la UE-27 se deben, según Eurostat, a la cantidad de residuos que se recicla en cada país y a factores estructurales de las propias economías nacionales. Así, las economías que tienen mayores importaciones de materiales (incluyendo los combustibles fósiles) y mayores extracciones interiores de materiales (relacionadas con minería, construcción, etc.) son las que presentan menores tasas de circularidad.

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Además, la evolución de la tasa de circularidad de los países ha sido muy dispar durante el periodo 2004-2020. Por un lado, destacan por sus mayores avances países como Italia, que aumenta su tasa en 10,1 p.p., Bélgica (+10,0 p.p.), Estonia (8.5 p.p.) y República Checa (8,1 p.p.). Por el contrario, seis países de la UE han retrocedido en su tasa de circularidad durante dicho periodo, presentando los mayores descensos Luxemburgo (-10,5 p.p.), Finlandia (-7,3 p.p.) y Rumanía (-2,2 p.p.).

(*) El uso general de materiales se mide sumando el consumo agregado de materiales domésticos y el uso circular de materiales. El primero queda definido en las cuentas de flujos de materiales para toda la economía. Por su parte, el uso circular de materiales se aproxima por la cantidad de residuos reciclados en las plantas de recuperación doméstica, menos los residuos importados destinados a la recuperación, más los residuos exportados destinados a la recuperación en el extranjero.

Para más información:

Eurostat

La evolución de las aves en la UE (1990-2020)

Como expresa la Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030 “la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se encuentran entre las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad ante la próxima década”.

Un magnífico indicador que nos alerta de cómo está evolucionando la calidad y cantidad de los ecosistemas son las aves. Gracias a la comunidad científica sabemos que la presencia de aves es un buen semáforo de la salud de los ecosistemas, de su diversidad e integridad.

La mayor o menor población de aves, así como su mayor o menor diversidad de especies, en un ecosistema determinado, nos permite conocer más sobre la calidad del propio ecosistema donde se alimentan, viven y respiran. En definitiva, las aves nos adelantan información valiosa sobre la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad real del resultado final que originan las diversas actividades (producción, consumo…) que llevamos a cabo los humanos con nuestras metas de desarrollo.

En el contexto europeo, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) viene publicando desde hace años el Índice de Aves Comunes, que nos informa desde un punto de vista cuantitativo sobre cómo ha evolucionado la presencia de aves en Europa. Dicho índice recoge las observaciones obtenidas en los 27 Estados miembros de la UE para un total de 167 especies de aves que viven en tierras de cultivo (39), en ecosistemas forestales (34) y en otros hábitats como parques y jardines (94).

Se cuenta con un amplio horizonte temporal (1990-2020) para dicho Índice de Aves Comunes de la UE, que toma como base de referencia el año 2000 (índice 2000=100). Y los resultados obtenidos hasta hoy no son satisfactorios, bien al contrario. Todo apunta que durante las tres últimas décadas hemos asistido a una continuada disminución de las poblaciones de aves en la Unión Europea y, por tanto, también al progresivo deterioro de nuestros espacios naturales. Como se observa en el siguiente gráfico, dicho índice de aves ha descendido desde un valor de 104,2 en el año 1990 a 90,4 en 2020, lo que supone una caída del 13,3%.

De forma complementaria al Índice de todas las Aves Comunes, Eurostat elabora otros dos índices compuestos. El primero, el índice de aves comunes de bosques, circunscrito a 34 especies, nos revela que se ha producido un descenso del 3,3% durante el periodo 1990-2020, al pasar de 106,7 a 103,3. Con este indicador se aprecia que solo durante la última década se ha logrado una mejoría, si bien paulatina, tras los sucesivos descensos registrados en los veinte años previos.

Por su parte, el segundo índice, el índice de aves comunes de tierras de cultivo, que comprende 39 especies, presenta una tendencia claramente descendente entre 1990 (119,8) y 2020 (75,6), habiéndose registrado, por tanto, una reducción del 36,9% en el periodo analizado. Como afirma la propia Estrategia para la biodiversidad 2030 las aves de hábitats agrícolas son indicadores clave de la salud de los agroecosistemas y vitales para la producción agrícola y la seguridad alimentaria, concluyendo que “su alarmante disminución tiene que invertirse”.

En el ámbito de las aves, cabe recordar asimismo lo que ya expresaba la Directiva comunitaria relativa a la conservación de las aves silvestres en el año 2009:

«En el territorio europeo de los Estados miembros, una gran cantidad de especies de aves que viven normalmente en estado salvaje padecen de una regresión en su población, muy rápida en algunos casos, y dicha regresión constituye un grave peligro para la conservación del medio natural, en particular debido a la amenaza que supone para el equilibrio biológico».

Para más información:

Eurostat

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres

Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030

Evaluando la sostenibilidad de las ciudades (ODS11) en 2022

En 2015 las Naciones Unidas puso en marcha un ambicioso proyecto de carácter mundial: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este documento establece compromisos que se concretan en un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que abordan las tres dimensiones del desarrollo: social, económica y medioambiental. Uno de esos objetivos es el ODS11 dedicado a Ciudades y comunidades sostenibles.

En la Agenda 2030 el ODS11 queda definido en los siguientes términos:

«Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles»

La consecución del ODS11 compromete a los países del planeta a adoptar medidas como las siguientes:

Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público.
Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible.
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural.
Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres.
Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, con especial atención a la calidad del aire y la gestión de los residuos.
Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.

Para conocer los progresos que van alcanzando los países respecto a los 17 ODS, SDSN y Bertelsmann Stiftung han venido elaborando periódicamente Informes de evaluación desde 2015. Su metodología utiliza índices sintéticos, cuyos valores pueden oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación, y 100, cuando, por el contrario, el país se encuentra en la mejor posición respecto al cumplimiento de los ODS.

La última edición del Informe, Sustainable Development Report 2022, nos permite conocer de forma aproximada la situación más actual de las ciudades y comunidades del planeta, país por país, y en qué grado se va cumpliendo el ODS11 ante el horizonte temporal fijado para 2030.

En el caso del ODS11 se ha construido un índice sintético a partir de cuatro indicadores disponibles para un total de 162 países. Son los siguientes:

Porcentaje de población urbana que vive en barrios marginales.
Concentración anual media de partículas de menos de 2,5 micrones de diámetro en zonas urbanas (mg/m3).
Porcentaje urbana de población con acceso a agua potable.
Grado de satisfacción de la población con el transporte público.

En el Informe de 2022 se hace particular mención a los impactos que ha traído la pandemia del COVID-19. La crisis sanitaria ha afectado a las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y medioambiental) y, por tanto, a varios de los 17 ODS. Por lo que se refiere al ODS11 se concluye que, de acuerdo con los datos disponibles, los impactos socioeconómicos y sanitarios de la pandemia han sido más intensos para las personas que viven en barrios marginales o zonas desfavorecidas de las ciudades.

En un análisis por países, los resultados obtenidos correspondientes al ODS11 (Ciudades y comunidades sostenibles) concluyen que de los 162 países evaluados el mejor situado es Brunéi (99,8). No obstante, es necesario destacar que este resultado debe de interpretarse con cautela ya que para el caso de Brunéi en dos de los cuatro indicadores que miden el ODS11, en concreto “población en barrios marginales” y “satisfacción del transporte público”, el Informe de 2022 no ha dispuesto de datos.

A continuación, se encuentra con el mayor valor del índice del ODS11, con una puntuación próxima a 100, es decir, el máximo cumplimiento del ODS11 de la Agenda 2030, Suiza (99,1). Le siguen también con altas puntuaciones Luxemburgo (97,1), Países Bajos (96,5), Dinamarca (95,1), República Checa (94,9), Singapur (94,7), Noruega (94,0), Fiyi (93,5) y España (93,1).

De este grupo de países tres presentan sus cuatro indicadores del ODS11 en color «verde», es decir, progresan satisfactoriamente en el cumplimiento de este objetivo: Suiza, Luxemburgo y Dinamarca.

Por el contrario, los países con la situación relativa más desfavorable respecto al grado de sostenibilidad de sus ciudades y comunidades son Sudán del Sur (13,8) y República Centroafricana (16,2). Para ambos los cuatro indicadores del ODS11 permanecen «en rojo» (persisten grandes retos). Les siguen con bajas puntuaciones otros países también africanos: Nigeria (26,2), Chad (26,7), Liberia (28,2), Afganistán (29,3) y Sudán (30,3). Asimismo, con puntuaciones inferiores a 40 se encuentran Haití (31,7), Catar (35,7), Sierra Leona (35,9), Togo (37,2) y Mauritania (38,6).

Por su especial importancia económica y/o demográfica, cabe mencionar, en particular, a cuatro países: Estados Unidos, que ocupa la posición 19 en el ranking mundial del índice del ODS11, Federación Rusa (41), China (65) y la India (133).

Finalmente, hay que destacar que las diferencias entre países son particularmente grandes en el ODS11, cifrándose una distancia de 86 puntos entre los países mejor y peor situados. Dicha brecha es muy superior a la que existe si utilizamos el índice general de los 17 ODS, que se cuantifica en 47,5 puntos.

Para más información:

SDSN: Sustainable Development Report 2022.

Evaluando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en 2022

En 2015 la ONU puso en marcha el ambicioso proyecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de una estrategia de alcance mundial, cuyo compromiso se concreta en lograr, durante la presente década, diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (17 ODS), que cubren las tres dimensiones del desarrollo: económica, social y medioambiental.

Para evaluar los progresos en la consecución de los 17 ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) y la fundación Bertelsmann Stiftung vienen publicando desde hace varios años diferentes informes periódicos que tratan de evaluar cómo están avanzando los países en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Con carácter genérico, la metodología utilizada permite disponer de un índice ODS que resume en un único valor los resultados mostrados por la amplia batería de indicadores recabados (94 en la edición de 2022) para medir la totalidad de los 17 ODS (a los cuales se les otorga igual importancia).

El índice ODS es, por tanto, un indicador sintético de desarrollo sostenible, cuyo valor puede oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación respecto al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, y 100, cuando el país se sitúa en la mejor posición respecto a su cumplimiento.

Con la edición de 2022 del Informe de Desarrollo Sostenible, la octava desde 2015, se han podido evaluar, a través del índice ODS, los progresos en materia de desarrollo sostenible de un total de 163 países. Entre las conclusiones generales del Informe podemos destacar las siguientes:

El índice ODS de 2022 no recoge aún el impacto total de la pandemia de COVID-19 ni los posibles efectos de la guerra de Ucrania, debido a los retrasos en la disponibilidad de los datos.
Así todo, por segundo año consecutivo el mundo no realiza progresos en el cumplimiento de los ODS. La actual crisis sanitaria y de seguridad, intensificada por las crisis climática y de biodiversidad, está poniendo en tela de juicio la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. El descenso del valor del índice ODS registrado desde 2019 se debe principalmente a un retroceso en dos objetivos socioeconómicos: ODS 1 (Fin de la pobreza) y ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico). La crisis múltiple ha hecho que la proporción de personas en situación de pobreza extrema haya aumentado significativamente durante los dos últimos años. También se han visto afectados el ODS 2 (Fin del hambre), el ODS 3 (Salud y bienestar) y el ODS 4 (Educación de calidad).
El éxito de los ODS se está viendo condicionado por las graves restricciones financieras a las que se enfrentan los países en desarrollo. Se hace necesario contar con un plan de financiación de la Agenda 2030 para todos los países.
Los países ricos generan efectos indirectos socioeconómicos y ambientales negativos sobre los demás, principalmente a través de cadenas de suministro y comercio insostenibles. Aproximadamente el 40% de la huella de carbono de la Unión Europea relacionada con su consumo de bienes y servicios tiene lugar en otros países.

En un análisis más detallado por países, el informe de 2022 nos revela que siguen existiendo diferencias muy importantes respecto al grado de consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

Así, los tres países que presentan un mayor valor del índice ODS son Finlandia (86,5), Dinamarca (85,6) y Suecia (85,2), al igual que ha venido ocurriendo en años anteriores. Les siguen otros países también de alta renta per cápita y del continente europeo: Noruega (82,3), Austria (82,3,), Alemania (82,2), Francia (81,2) y Suiza (80,8).

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En el otro extremo, los menores índices de desarrollo sostenible los presentan, al igual que en la edición de 2021, tres países africanos de baja renta: Sudán del Sur (39,0), República Centroafricana (39,3) y Chad (41,3). Les siguen, a continuación, varios países también del continente africano, que anotan índices ODS no superiores a 50: Somalia (45,6), Sudán (49,6), Liberia (49,9) y República Democrática del Congo (50,0).

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Finalmente, dentro del amplio grupo intermedio de 113 países, cabe destacar, dado su peso económico y/o demográfico, a Estados Unidos, que ocupa la posición 41, de modo que desciende nueve puestos respecto a 2021 en el ranking mundial del índice de desarrollo sostenible. Asimismo, en 2022 la Federación Rusa ocupa la posición 45 , China se sitúa en la 57 y la India en la 121.

Para más información:

SDSN: Sustainable Development Report 2022.

El consumo de agua en España (2000-2018)

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El agua, un recurso imprescindible para la vida del ser humano, nos demanda un uso cada vez más eficiente. Sabemos, desde hace ya mucho tiempo, que los científicos nos vienen advirtiendo que el contrastado calentamiento global de la Tierra trae, entre otras consecuencias, mayores problemas de disponibilidad hídrica en muchos países del planeta.

En el contexto europeo, para el caso de España, país que no es ajeno al estrés hídrico, es de especial interés centrar la atención en cómo está siendo consumida el agua por los distintos actores económicos. Previamente hay que subrayar que en 2018 solo un 4,8% del agua captada procedió de desalación, siendo el origen principal el de las aguas superficiales (64,3%), seguido de las aguas subterráneas (30,9%).

Las estadísticas que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos permiten analizar cómo ha sido el consumo del agua suministrada a la red de abastecimiento público desde el año 2000.

Así, durante el periodo de 2000-2018 en España el volumen de agua suministrada a la red de abastecimiento público ha seguido, en general, una tendencia descendente, desde los 4.782 hectómetros cúbicos consumidos en 2000 hasta los 4.236 en 2018, esto es, una reducción del 11,4%. No obstante, como se observa en la siguiente gráfica, el consumo hídrico ha pasado por dos etapas bien diferenciadas según el ciclo económico. En un primer periodo (2000-2007), de expansión económica, se ha tendido a un mayor consumo de agua, llegando a casi alcanzar los 5.000 hm³. Posteriormente, en una segunda fase (2008-2018), cuando la economía atraviesa años marcados por las consecuencias de la llamada Gran Recesión, el consumo de agua se modera en España de forma continuada hasta registrar su mínimo en 2018.

Consumo total de agua_2000_2018

A la hora de aproximarnos a evaluar la eficiencia en el uso del agua no hay que desdeñar que una parte importante del agua suministrada a la red de abastecimiento son pérdidas. En España, según el INE, en 2018 se perdió un total de 653 hm³ de agua a causa de fugas, roturas y averías, es decir, un significativo 15,4% del total de agua suministrada a la red. Dicho porcentaje no es muy diferente al cuantificado en 2007, que se cifró en 15,9%.

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Si descontamos al volumen total de agua suministrada a la red dichas pérdidas reales por fugas más otras pérdidas de agua que no han sido registradas (volúmenes no medidos), se obtiene el total de agua registrada y distribuida, que en 2018 ascendió a 3.188 hm³, un 15,7% menos que en el año 2000.

Es de especial importancia evaluar cuáles son los consumidores finales del agua registrada y cómo han evolucionado sus consumos. Así, según el INE, el agua registrada en España toma como principal usuario a los hogares, que en 2018 consumieron el 71,2% del total. Le siguen, a continuación, la industria, con el 10,3% del total de agua registrada; los consumos municipales (9,0%); usos turísticos y recreativos (4,3%); servicios (comercio, transporte, oficinas…), con el 3,8%; agricultura y ganadería (0,7%) y construcción (0,6%).

Asimismo, desde un punto de vista temporal, los datos disponibles, correspondientes al periodo 2006-2018, indican que el volumen de agua consumida por los hogares se ha reducido un 13,2%. También han visto descender su consumo de agua durante dichos años los siguientes sectores: construcción (-60,0%), agricultura y ganadería (-57,1%), servicios (-39,2%), industria (-32,3%) y consumos municipales (-25,5%).

Finalmente, es significativo que el sector económico de usos turísticos y recreativos ha sido el único que ha incrementado el consumo de agua durante los años 2006-2018, en concreto un 8,4%.

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Para más información:

INE: Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua.

La felicidad en los países del mundo (2022)

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Conocer el grado de felicidad de que disfrutan, o carecen, los países del mundo es una cuestión que despierta tanto interés como complejidad implica su análisis. Son diversas las investigaciones que se han desarrollado en este campo. Entre ellas se encuentra la aproximación a la felicidad evaluada aportada por el Informe de Felicidad Mundial, que, desde 2012, viene publicando anualmente Sustainable Development Solutions Network.

Se trata de una medida de felicidad de las personas que se basa en tres indicadores principales de bienestar subjetivo: evaluaciones de vida (calidad de vida), emociones positivas (risa, disfrute, interés en aprender…) y emociones negativas (preocupación, tristeza, ira) en las experiencias diarias. La fuente principal de datos es la Encuesta Mundial Gallup.

Según la metodología empleada en su Informe de 2022 (WHR2022) la felicidad de los países viene explicada por los siguientes factores principales:

El PIB per cápita. Es el Producto Interior Bruto por habitante en paridad de poder de compra (ajustado en dólares de 2017).
El apoyo social. Se mide según la respuesta dada por los ciuddanos a la pregunta siguiente: «Si usted se encuentra con problemas, ¿tiene familiares o amigos con los que puede contar para que lo ayuden cuando los necesite, o no?».
La esperanza de vida saludable al nacer. Se basa en los datos de la Organización Mundial de la Salud.
La libertad para tomar decisiones de vida. Se mide según la respuesta dada por los ciudadanos a la pregunta: «¿Está satisfecho o insatisfecho con su libertad para elegir qué hacer con su vida?».
La generosidad. Se mide según la respuesta dada a la pregunta: «¿Ha donado dinero a una organización benéfica en el último mes?».
La percepción de corrupción. Se mide según las respuestas dadas a dos preguntas: «¿Está la corrupción generalizada en el gobierno o no?» y «¿Está la corrupción generalizada en las empresas o no?».
El afecto positivo. Se define como el promedio de medidas del efecto del día anterior para la risa, disfrute y hacer o aprender algo interesante.
El afecto negativo. Se define como el promedio del día anterior afectan las medidas de preocupación, tristeza e ira.

El indicador de felicidad que se presenta en el Informe de 2022 se obtiene a partir de las evaluaciones de la vida que efectúan los ciudadanos de los 146 países del mundo para los que se ha contado con datos, a través de encuestas realizadas durante el periodo 2019-2021.

Las puntuaciones resultantes son promedios que están en función de las respuestas que han dado las personas encuestadas en cada país para que evalúen la calidad de sus vidas en una escala de 0 a 10.

Como se observa en el siguiente cuadro las ocho primeras posiciones en cuanto a nivel de felicidad las ocupan países europeos: Finlandia (por quinto año consecutivo), Dinamarca, Islandia, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia y Noruega. A ellos les siguen países como Israel, Nueva Zelanda, Austria, Australia, Irlanda, Alemania y Canadá.

WHR2022_25 países más felices

Existe, por tanto, una gran brecha entre los países más felices y menos felices del mundo, que llega a ser de 3,3 veces entre Finlandia y Afganistán.

Según los resultados del WHR2022, los niveles generales de evaluación de la vida se han mantenido bastante estables durante los dos años de COVID-19, acompañados de cambios modestos en las clasificaciones globales.

Además, en un análisis temporal más amplio el Informe nos revela que entre 2008-2012 y 2019-2021 los diez países que han conseguido las mayores ganancias de felicidad son Serbia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Togo, Baréin, Letonia, Benín, Guinea y Armenia. Por el contrario, las mayores pérdidas de felicidad corresponden a Líbano, Venezuela, Afganistán, Lesoto, Zimbabue, Jordania, Zambia, India, México y Botsuana.

Finalmente, es destacable que, según WHR2022, en general, la desigualdad de bienestar ha aumentado desde 2011, especialmente en África subsahariana, MENA (Oriente Medio y Norte de África), América Latina y el sur y sureste de Asia.

Para más información:

Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., De Neve, J.-E., Aknin, L. B., & Wang, S. (Eds.). (2022). World Happiness Report 2022. New York: Sustainable Development Solutions Network.

El Índice del Planeta Feliz (2021)

El Índice del Planeta Feliz (IPF), publicado en octubre de 2021 por Wellbeing Economy Alliance (WEALL), es un índice que persigue evaluar el nivel de bienestar sostenible global de los países del mundo.

Se postula como una medida alternativa al crecimiento del Producto Interior Bruto, ya que este objetivo, tan presente en la agenda de la mayoría de los gobiernos, adolece de serias carencias: no garantiza una vida mejor para todos; no refleja las desigualdades materiales; no valora correctamente aspectos importantes para las personas como son las relaciones sociales, la salud o el tiempo de ocio y, en absoluto, tiene en cuenta los límites físicos del planeta Tierra.

En suma, el IPF, como indicador del bienestar sostenible, trata de apoyar un cambio de paradigma en la forma de entender el “progreso”. Con el IPF los países han de ser capaces de responder mejor a la pregunta de si es posible vivir una buena vida sin necesidad de deteriorar el planeta.

El Índice de Planeta Feliz de la edición de 2021 se construye a partir de la combinación de tres componentes básicos que permiten conocer en qué medida los ciudadanos de los países del mundo están llevando una vida feliz, larga y sostenible. Son los siguientes:

Bienestar. El grado de satisfacción que sienten los ciudadanos con su vida. Toma un valor entre 0 y 10 de acuerdo con la Encuesta Mundial Gallup.

Esperanza de vida. El número de años que en promedio se espera que vivan las personas de cada país. Se basa en PNUD.

Huella ecológica. El impacto medio que cada ciudadano produce sobre el medio ambiente. Se expresa en hectáreas globales por persona, de acuerdo con Global Footprint Network.

Por lo tanto, tenderán a tener los IPF más altos aquellos países en los que sus ciudadanos declaran tener un mayor grado de bienestar, en los que la esperanza de vida es mayor y donde la huella ecológica por habitante es inferior.

Los resultados correspondientes al informe del año 2021, con datos de 2019 relativos a un total de 152 países del mundo evaluados, reflejan una significativa diferencia entre el IPF más alto (62,1) y el más bajo (24,3).

En la primera posición se sitúa Costa Rica (con un valor del IPF de 62,1). Con un nivel de bienestar y una esperanza de vida relativamente altos, que superan incluso a los de algunas naciones «ricas», y una huella ecológica inferior a la media, Costa Rica ha conseguido mantener su destacada posición a lo largo del tiempo.

A continuación, se encuentran como países con mayor Índice del Planeta Feliz los siguientes: Vanuatu, Colombia, Suiza, Ecuador, Panamá, Jamaica, Guatemala, Honduras, Uruguay, Nueva Zelanda y Filipinas.

En el otro extremo Catar es el país con menor valor del IPF (24,3). Se trata de un país que teniendo un PIB per capita muy superior al de Costa Rica, presenta una esperanza de vida similar y un nivel de bienestar algo inferior, además de ostentar la mayor huella ecológica de los 152 países del planeta evaluados.

Les siguen a Catar, como países con menores valores del índice, los siguientes: Mongolia, República Centroafricana, Lesoto, Zimbabue, Sierra Leona, Afganistán, Chad, Luxemburgo, Botsuana, Turkmenistán, Kuwait y Baréin.

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Es de destacar, asimismo, que países llamados desarrollados como Islandia (puesto 52), Japón (58), Dinamarca (70), Australia (88), Canadá (105), Estados Unidos (122) o Luxemburgo (143) se encuentren alejados de las primeras posiciones del Índice del Planeta Feliz. En todos ellos los valores relativos al componente de huella ecológica resultaron ser significativamente altos (entre 4,7 y 12,6).

Para más información:

happyplanetindex.org

El gasto en protección medioambiental en España (2010-2020)

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Para garantizar la calidad y perdurabilidad de los ecosistemas y las especies se requieren políticas de prevención y cambios profundos en los modos de producción, consumo y distribución. Con el tiempo la protección del medio ambiente se ha convertido en una preocupación creciente de la sociedad.

La puesta en práctica de todas aquellas medidas que permitan preservar la calidad de nuestro medio ambiente implica necesariamente responder con medios económicos. Cabe preguntarse, por tanto, cuánto se gastan los países en la protección medioambiental a través de sus empresas, Administraciones Públicas y hogares, lo que permitirá aproximarnos a conocer en qué grado están comprometidos en proteger el medio ambiente.

En España, de acuerdo con los últimos datos avance del año 2020, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto total en protección medioambiental asciende a 19.160 millones de euros. Este gasto ha sido sufragado, con diferente proporción, por los siguientes sectores institucionales: el 48,0% por las Sociedades, el 35,5% por las Administraciones Públicas (e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares) y el 16,4% restante por los Hogares.

En dicho año 2020 el gasto en protección medioambiental se destinó a cinco grandes ámbitos de protección. En primer lugar, el 63,8% del gasto se concentró para financiar la gestión de residuos. Seguidamente, y a distancia, la gestión de aguas residuales recibió el 18,2% del gasto medioambiental.

Por lo tanto, en España más de ocho de cada diez euros del gasto destinado a la protección del medio ambiente se dedican a financiar la gestión de los residuos y las aguas residuales que generan las actividades de empresas, hogares y Administraciones Públicas. El 18,0% restante del gasto en protección medioambiental fue para un conjunto variado de ámbitos.

Como puede observarse en el siguiente Cuadro, el ámbito de protección del aire y del clima, protección y descontaminación de suelos, disminución de ruidos, etc. recibe el 7,3% del gasto medioambiental, y la I+D sobre medio ambiente se financia con el 6,2%.

En último lugar se sitúa el gasto en protección de la biodiversidad y el paisaje, que se cuantifica en 861 millones, esto es, el 4,5% del gasto medioambiental total.

C_INE_Gasto ámbitos_2020

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2010-2020, según los datos disponibles del INE, se constata que en España el gasto en protección medioambiental ha pasado de 18.639 a 19.160 millones de euros. Es decir, en una década el gasto dedicado a la protección medioambiental en este país ha aumentado solo un 2,8%.

G_Gasto 2010-2020

La irrupción de la crisis económica en 2008, que devino en Gran Recesión en los años posteriores, ha repercutido de forma palpable sobre las políticas medioambientales, al ver mermados sus recursos de financiación. El gasto medioambiental en España tocó fondo en el año 2014, cuando se cifró en 16.281 millones de euros, es decir, un 12,6% menos que en 2010. A partir de 2015 el gasto sigue una senda de recuperación hasta 2019, cuando se consolida un nivel en euros que supera el anotado en el año 2010. Finalmente, en 2020 el inicio de la pandemia del COVID-19, que ha traído graves impactos sanitarios y socioeconómicos en todos los países, ha derivado también en un descenso del gasto destinado a la protección medioambiental, que en el caso de la economía española ha supuesto una reducción del 3,7% respecto a 2019.

Para el conjunto del periodo 2010-2020, el gasto en protección medioambiental, si bien se ha recuperado respecto al año 2010 en niveles (euros corrientes, sin descontar la inflación), no ha sido así en términos relativos, esto es, en comparación con la evolución de la economía.

Así, el porcentaje de gasto medioambiental sobre el Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado, se observa que se ha reducido desde el 1,74% de 2010 hasta el 1,71% de 2020. Es decir, la producción de bienes y servicios de la economía española se ha incrementado en mayor medida (o se ha reducido en menor medida, en los años de recesión) que lo ha hecho el gasto destinado a proteger el medio ambiente de los efectos nocivos de las actividades económicas.

G_Gasto s. PIB_ 2010-2020

La evolución que toma dicha ratio apunta que la importancia otorgada a las políticas medioambientales vía gasto ha presentado dos etapas diferenciadas. En un primer periodo 2010-2016, los gastos medioambientales han perdido presencia de forma continuada año tras año en relación con la evolución de la actividad económica. A esta etapa le sigue un periodo 2017-2020 bien diferente, donde el porcentaje de gastos medioambientales sobre el PIB se ha ido recuperando. Así todo, no se ha alcanzado aún el registro de 2010, a pesar de que persisten los acuciantes problemas medioambientales que preocupan a la sociedad y ponen en riesgo la perdurabilidad de los ecosistemas y especies de la geografía española.

Para más información:

INE: Cuentas Medioambientales.