El consumo de energías renovables en la Unión Europea

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El conjunto de Estados miembros de la Unión Europea ha efectuado un consumo final de energía en 2015 que ascendió a unos 1.120.000 ktoe (miles de toneladas equivalentes de petróleo). De esa cantidad el 16,7% provino de fuentes de energía renovables (eólica, solar, hidráulica, maremotriz, geotérmica, biomasa…).

Desde una perspectiva temporal se constata que dicha participación de las energías renovables ha aumentado durante la última década, si bien aún está en la senda de alcanzar el objetivo establecido en la Estrategia Europa 2020, que establece un porcentaje del 20% de energía de fuentes renovables sobre el consumo final de energía para el año 2020. Con posterioridad, se ha acordado en el seno de la UE-28 la ampliación de dicho objetivo hasta al menos el 27% para el año 2030.

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Si realizamos un análisis por países, se observan diferentes resultados, según los últimos datos disponibles de Eurostat.

En 2015 Suecia, con el 53,9%, es el país con el mayor porcentaje de energía de fuentes renovables en su consumo final bruto de energía. Le siguen, a distancia, Finlandia (39,3%), Letonia (37,6%), Austria (33,0%) y Dinamarca (30,8%). También han alcanzado el objetivo global del 20% los Estados miembros de Croacia, Estonia, Portugal, Lituania, Rumanía y Eslovenia, si bien hay que anotar que se han establecido objetivos individualizados para cada país. Así, por ejemplo, para Suecia su objetivo a alcanzar en el año 2020 es el 49% frente al 10% establecido para Malta.

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En el otro extremo, los menores pesos de energías renovables sobre el consumo energético se presentan en Luxemburgo y Malta (ambos, el 5%), Países Bajos (5,8%), Bélgica (7,9%), Reino Unido (8,2%), Irlanda (9,2%) y Chipre (9,4%).

Entre 2004 y 2015 la participación de la energía de fuentes renovables en el consumo final de energía creció en todos los países. Los mayores avances se han dado en Dinamarca (15,9 puntos porcentuales más), Suecia (15,2 p.p.) e Italia (11,2 p.p).

Para más información:

Eurostat

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La dependencia de los combustibles fósiles de la Unión Europea

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La actividad económica desarrollada en el conjunto de Estados miembros de la Unión Europea ha requerido un consumo interior bruto de energía que en 2015 ascendió a 1.626 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep). Desde una perspectiva temporal se ha observado un ligero descenso del 2,5% respecto al consumo de energía registrado en 1990 (1.668 Mtep), habiéndose  marcado su máximo en el año 2006 (con 1.840 Mtep).

El origen del consumo de energía procede de fuentes renovables (solar, eólica, hidráulica…), y de fuentes no renovables. Estas últimas, bajo el término genérico de combustibles fósiles, comprenden el carbón, el petróleo, el gas natural y los residuos no renovables, cuya combustión es el origen aproximadamente del 80% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero y CO2 de origen humano que causan el calentamiento global. Es de especial interés, por tanto, conocer cuál el grado dependencia energética de los combustibles fósiles y cómo ha evolucionado durante los últimos años.

Según los últimos datos disponibles de Eurostat, en 2015 el 73% del consumo energético proviene de combustibles fósiles. Es una cifra notoriamente elevada que, no obstante, alcanzaba el 83% en el año 1990.

Si realizamos un análisis por países de la UE-28, se constata que en 1990 sólo un Estado miembro conseguía que menos del 50% de su consumo energético provenga de combustibles fósiles: Suecia, con el 39%. En el otro extremo, países como Estonia, Chipre y Malta dependían en su totalidad de dichos combustibles.

Década y media más tarde, en el año 2015, la gran mayoría de países de la UE seguía siendo dependiente de los combustibles fósiles. Sólo tres Estados muestran una dependencia de los combustibles fósiles menor del 50%: Suecia (30%), Finlandia (46%) y Francia (49%). Por su parte, la mayor participación de consumo de combustibles fósiles se presenta en Chipre (94%), Países Bajos (93%), Irlanda (92%) y Polonia (91%).

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Otro aspecto de interés es conocer el grado de soberanía energética con que cuentan los países. Así, se confirma que el grado de dependencia de las importaciones de combustibles fósiles sigue siendo elevado en el seno de la UE. De hecho, a pesar de que se ha reducido, como vimos, el consumo de estos combustibles, el grado de dependencia del exterior se ha incrementado: desde el 53% en 1990 hasta el 73% en 2015.

Entre 1990 y 2015 la mayoría de los Estados miembros de la UE ha visto reducir su soberanía energética respecto a los combustibles fósiles. Destacan en 2015 como países con menor dependencia energética exterior Dinamarca, Estonia, Rumanía y Polonia.

Para más información:

Eurostat

Los compromisos medioambientales de la Nueva Agenda Urbana (Hábitat III)

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Ciudad de Quito, Ecuador

En octubre de 2016 se celebró en Quito (Ecuador) la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III). Tras las Conferencias de Vancouver en 1976 (Hábitat I) y Estambul en 1996 (Hábitat II), en Quito (2016) la comunidad internacional proyecta una Nueva Agenda Urbana de alcance mundial para los próximos años.  Con ella se pretende revitalizar el compromiso en favor de la vivienda y el desarrollo urbano sostenible.

En materia medioambiental, la Nueva Agenda Urbana establece como guía el siguiente principio:

“Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, promoviendo el uso de la energía no contaminante y el uso sostenible de la tierra y los recursos en el desarrollo urbano; protegiendo los ecosistemas y la diversidad biológica, entre otras cosas alentando la adopción de estilos de vida saludables en armonía con la naturaleza; alentando modalidades de consumo y producción sostenibles; fortaleciendo la resiliencia urbana; reduciendo los riesgos de desastre; y mitigando el cambio climático y poniendo en práctica medidas de adaptación a este”.

Entre los compromisos medioambientales recogidos en la Nueva Agenda Urbana destacamos los siguientes:

  • Facilitar la ordenación sostenible de los recursos naturales en las ciudades y los asentamientos humanos.
  • Adoptar un enfoque sobre ciudades inteligentes en el que se aprovechen energías y tecnologías no contaminantes.
  • Incrementar la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático y los desastres (inundaciones, sequías…).
  • Mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud física y mental y la calidad del aire en los hogares y el ambiente.
  • Reducir el ruido y promover ciudades y paisajes urbanos que sean atractivos y habitables.
  • Priorizar la conservación de especies endémicas.
  • Prestar especial atención a las zonas urbanas donde existen deltas fluviales, costas y otras áreas especialmente vulnerables desde el punto de vista ambiental.
  • Preservar y promover la función social y ecológica de las tierras, incluidas las zonas costeras que dan apoyo a las ciudades.
  • Fomentar soluciones que garanticen pautas de consumo y producción sostenibles.
  • Mantener unas densidades y una compacidad urbanas adecuadas para prevenir y contener el crecimiento incontrolado.
  • Promover el uso sostenible de la tierra y prevenir la pérdida de tierras productivas y ecosistemas frágiles e importantes.
  • Apoyar la prestación local de bienes y servicios básicos y aprovechar la proximidad de los recursos (energía, agua, alimentos y materiales).
  • Favorecer la gestión sostenible de los recursos (tierra, agua dulce, océanos, energía, materiales, bosques, alimentos).
  • Fomentar la reducción al mínimo de los residuos y contaminantes y luchar por lograr una transición hacia una economía circular.
  • Aplicar procesos de planificación urbana y territorial y prácticas de gestión y planificación integradas de los recursos hídricos, teniendo en cuenta la continuidad entre las zonas urbanas y las rurales.
  • Promover la conservación y la utilización sostenible del agua.
  • Favorecer la gestión racional de los desechos, mediante su reducción, reutilización y reciclaje, así como la reducción de la contaminación marina.
  • Alentar modos de construcción sostenibles, edificios eficaces desde el punto de vista energético y fuentes de energía renovables.
  • Fortalecer la resiliencia de las ciudades y los asentamientos humanos, mediante la adopción y aplicación de políticas y planes integrados, con un enfoque holístico.
  • Promover el desarrollo de infraestructuras resilientes y eficientes en el uso de los recursos.
  • Reducir los riesgos y los efectos de los desastres, mediante la rehabilitación y la mejora de los barrios marginales y asentamientos informales.
  • Promover la acción por el clima, incluida la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos.

La Nueva Agenda Urbana tendrá un seguimiento y examen periódicos. Para ello se realizará un informe cada cuatro años en el que se recoja un análisis cualitativo y cuantitativo de los progresos alcanzados así como de las dificultades encontradas durante su ejecución. Asimismo, dicho proceso de seguimiento y evaluación deberá tener vínculos efectivos con el de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible, a fin de asegurar la coordinación y coherencia  en su aplicación.

Para leer másHábitat III

La fiscalidad ambiental en la UE

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La fiscalidad ambiental constituye un instrumento de política pública cuya utilidad viene justificada por sus implicaciones positivas tanto sobre la calidad del medio ambiente como sobre la eficiencia de la economía.

Dicho instrumento fiscal conlleva la recaudación derivada de la aplicación de un conjunto de impuestos ambientales en un territorio determinado, país o región. A los impuestos ambientales se los suele definir como aquellos impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et.al., 2012).

La fiscalidad verde viene, por tanto, a gravar principalmente las siguientes categorías ambientales: emisiones al aire, sustancias que reducen la capa de ozono, efluentes al agua, fuentes difusas de polución al agua, gestión de residuos, ruido, productos energéticos (gasolinas, carbón, gas, fuels, electricidad…), transporte y recursos  naturales (agua, bosques…).

Son diversas las ventajas que puede ofrecer una adecuada aplicación de la fiscalidad verde. Entre otras, podemos señalar las siguientes: a) favorece la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles), b) contribuye a un mayor empleo del transporte sostenible, c) fomenta la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente, d) reduce los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas, e) desincentiva el consumo de recursos naturales no renovables y f) refuerza la lucha contra el cambio climático.

Estos impuestos permiten que se aplique el principio de “quien contamina, paga”, al internalizarse las externalidades negativas, es decir, al incorporarse al precio de los bienes los costes medioambientales que supone su producción/consumo. Se conforman, por tanto, como un incentivo para que productores y consumidores modifiquen su comportamiento, de modo que sea más respetuoso con el medio ambiente.

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de este instrumento económico y medioambiental recomendando su implantación. Así, en el marco de la Unión Europea, el Sexto Programa comunitario de acción en materia de Medio Ambiente (2002) recomendaba el empleo de impuestos sobre los recursos y sobre productos y procesos intensivos en residuos, con el fin de mitigar el cambio climático y fomentar una producción y consumo sostenibles.

Igualmente, la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

“Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes“.

En las dos últimas décadas se ha producido una tendencia general de aumento en el número y tipos de impuestos que gravan diferentes categorías del medio ambiente y la energía. Pero ¿cómo se ha comportado su recaudación? ¿Cómo ha evolucionado en el conjunto de la UE y por países la participación de los ingresos de los tributos ambientales respecto a la evolución que han seguido la recaudación total y la actividad económica?

Según Eurostat, en la UE-28 se recaudó en 2014 un total de 343.726 millones de euros en concepto de impuestos ambientales. De este total la mayor parte (el 76%) fueron ingresos por impuestos sobre la energía. Les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (20%) y sobre la contaminación y los recursos (4%).

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En términos relativos, los impuestos ambientales suponen el 6,35% de la recaudación total de la UE-28 en 2014. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,46%.

Desde una aproximación temporal, se comprueba cómo, a pesar de haber aumentado el número de impuestos ambientales, la presión fiscal ambiental se ha reducido durante el periodo 2004-2014, disminuyendo desde el 2,56% hasta el 2,46% en el último año. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica. No obstante, hay que diferenciar dos etapas: una primera (2004-2008), previa a la crisis económica, en la que dicha ratio ha descendido desde el 2,56% al 2,29%, y una segunda en la que se ha incrementado gradualmente año a año, si bien hasta un 2,46% que sigue siendo inferior al valor registrado en 2004.

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Finalmente, en un análisis por países son destacables las diferencias que se detectan dentro de la UE-28. Dinamarca es el país con el mayor porcentaje de recaudación por impuestos ambientales sobre el PIB (4,08% en 2014). Le siguen en importancia Eslovenia (3,89%), Croacia (3,86%), Grecia (3,68%), Italia (3,59%) y Países Bajos (3,36%).

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Lituania (1,70%), seguido de Eslovaquia (1,79%), España (1,85%), Luxemburgo (1,99%) y Alemania (2,oo%).

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Durante el periodo 2004-2014 la presión fiscal ambiental ha disminuido en la mayoría de los Estados miembros (18 de 28), permaneciendo igual en cuatro y aumentando en seis. El mayor avance se ha registrado en Grecia (+1,6  p.p) y el mayor retroceso en Lituania y Luxemburgo (-1,0 p.p., ambos).

Para más información: 

Eurostat

La situación de los países ante los objetivos de desarrollo sostenible

En 2016 entró en vigor la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En ella se establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), relativos a sus tres dimensiones (económica, social y medioambiental), que han de alcanzar los países del planeta en los próximos 15 años.

Para evaluar los progresos que realicen los países de aquí al año 2030 respecto al cumplimiento de los 17 ODS, es pertinente conocer el punto de partida en el que se encuentran. Esta labor queda recogida en el Informe de Índice y Paneles de los ODS, publicado en julio de 2016, que se ocupa de medir la situación en 2015 respecto a los ODS de los 149 países (el 77% de los 193 Estados miembros de la ONU) para los que se ha contado con datos suficientes.

La primera herramienta analítica empleada en el citado Informe es el Índice de los ODS. Se trata de un índice compuesto que se elabora a partir de uno o varios indicadores para cada uno de los 17 ODS. Pretende, por tanto, evaluar de forma sintética los diversos aspectos del desarrollo sostenible, tales como pobreza, seguridad alimentaria, salud, educación, igualdad de género, abastecimiento de agua y saneamiento, energía, inclusión social, acceso a infraestructuras básicas, consumo y producción sostenibles, cambio climático, océanos, ecosistemas terrestres, paz y seguridad.

Para cada país se obtiene una puntuación ajustada del Índice, que toma un valor comprendido entre 0 (el caso peor) y 100 y (el caso mejor). Ello permite conocer la distancia a la que se encuentra el país de conseguir el mejor resultado posible respecto al cumplimiento de los ODS previstos para 2030.

Del análisis de los principales resultados preliminares obtenidos para el Índice general de los ODS recogidos en el citado Informe, se concluye que son tres países escandinavos (Suecia, Dinamarca y Noruega) los que presentan una mejor situación para conseguir los valores óptimos de cumplimiento de los 17 ODS. Así, Suecia con una puntuación máxima de 84,5 se encuentra al 84,5% de conseguir el mejor resultado posible teniendo en cuenta los 17 ODS.

Se observa, asimismo, que son los países más ricos los que tienden a situarse en la parte más alta de la clasificación. Entre los países que más se acercan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible predominan los países europeos, a los que se suman otros como Canadá, Japón, Singapur, Australia, Nueva Zelanda y EE.UU.

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Por su parte, los países que más se alejan del cumplimiento de los ODS se corresponden con los más pobres del planeta, localizados principalmente en África y Asia. Es la República Centroafricana (26,1) el país que se encuentra a mayor distancia de obtener el valor óptimo de cumplimiento de los ODS, al que siguen Liberia y República Democrática del Congo.

Grupo de los 50 países que menos cumplen los ODSindice-50-paises_peor

Finalmente, dentro del grupo intermedio, que lo conforman 49 países, las puntuaciones sobre el cumplimiento de los ODS oscilan entre el 65,1 de Túnez y 53,8 de Sudáfrica. En este grupo se encuentran, además, países como Brasil (con la posición 54 sobre el total de 149), México (56), Marruecos (64), Ecuador (71), China (76), Arabia Saudí (85) e Indonesia (98), entre otros.

Como herramienta complementaria al Índice, los Paneles de los ODS representan los datos disponibles sobre el grado de cumplimiento de los 17 ODS empleando un esquema de códigos de color, de modo que los objetivos se resaltan en verde, amarillo o rojo. Un objetivo con color verde significa que el país está en buen camino para cumplirlo antes de 2030. Con el color amarillo se advierte de que para ese objetivo el país tiene desafíos significativos. Finalmente, el objetivo en rojo indica que el país tiene que superar los retos más graves.

Los resultados obtenidos nos dan luz sobre la agenda de acciones que tiene que implementar cada país. Así, por ejemplo, Suecia, que obtiene la puntuación máxima del Índice general (84,5), debe afrontar aún retos importantes en materia de cambio climático y conservación de ecosistemas terrestres.

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En el caso de España (con la posición nº 30) los mayores retos (objetivos “en rojo”) abarcan 9 de los 17 ODS.

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A modo de resumen, para el grupo de países de la OCDE, en promedio, obtienen una clasificación “en rojo” en más de un tercio de los objetivos. Los mayores retos se presentan en cambio climático, en conservación de los ecosistemas terrestres y marinos y en consumo y producción sostenibles.

Para leer más:

Índice y Paneles de los ODS, julio de 2016

El grado de satisfacción con la calidad del aire de los ciudadanos europeos

La calidad de vida en las ciudades depende de diversos factores, tales como las dotaciones de infraestructuras y equipamientos, las oportunidades de empleo, la situación de la vivienda, la seguridad y el estado del medio ambiente. Por lo que se refiere a este último la calidad del aire es, sin duda, un aspecto básico del bienestar en una ciudad.

Pero, ¿están los habitantes de las ciudades europeas satisfechos con el aire que respiran? ¿Se constatan progresos en este ámbito?

Centrándonos en las 28 ciudades capitales de la UE, los últimos Eurobarómetros permiten obtener conclusiones relevantes.

Así, en 2015 las urbes con mayor calidad del aire según sus ciudadanos son Helsinki, Viena y Dublín. En las tres el 88% de la población declara que está muy satisfecha o bastante satisfecha con la calidad del aire donde residen.

Helsinki, Finlandia
Helsinki, Finlandia

Les siguen, a continuación, las ciudades de Luxemburgo (83%), Estocolmo (77%), Liubliana (76%) y Tallin (75%).

Por el contrario, las ciudades donde los ciudadanos están más descontentos con la calidad del aire que respiran son Bucarest (28%), Sofía (22%), París (30%), Madrid (31%) y Roma (32%). En todas ellas solamente menos de un tercio de sus habitantes está muy satisfecho o bastante satisfecho  con el aire  de sus ciudades o, lo que es lo mismo, más de dos tercios está bastante insatisfecho o no del todo satisfecho.

Analizando el periodo 2012-2015, de las 28 ciudades capitales de la UE, 19 han mejorado en calidad del aire, 6 han empeorado y 3 se han mantenido, según las respuestas aportadas por sus ciudadanos.

Respecto a las ciudades donde sus habitantes perciben que ha aumentado más la calidad del aire entre 2012 y 2015 se sitúan en las primeras posiciones Praga, Liubliana y Tallin.

En el otro extremo durante los últimos años ha disminuido con mayor intensidad la satisfacción con la calidad del aire de los ciudadanos de las grandes urbes de París y Londres.

Finalmente, se mantiene entre 2012 y 2015 la misma percepción de la calidad del aire en las ciudades de La Valeta, Bruselas y Riga.

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Para más información:

Eurostat: Eurobarómetros, 2012 y 2015.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

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En septiembre de 2015 se presentó en la Cumbre de las Naciones Unidas para su aprobación el documento titulado “Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Se trata de un ambicioso plan de acción para los próximos 15 años que se centra en las personas, el planeta, la prosperidad y la paz mediante una alianza de colaboración mundial.

Algunos de los rasgos más destacables que definen la actual Agenda 2030 son los siguientes:

  • Concluida la vigencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015, la Agenda 2030 toma su relevo para el cumplimiento de objetivos renovados durante el periodo 2016-2030, que tendrán un alcance mundial.
  • Nunca hasta ahora se habían comprometido los líderes del mundo en una acción y un empeño comunes en pro de una agenda de políticas tan amplia y universal.
  • Pretende implicar a gobiernos, parlamentos, el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, autoridades locales, pueblos indígenas, sociedad civil, empresas y sector privado, comunidad científica y académica, y a toda la población en general. Como expresa el propio el documento aprobado, es “una Agenda del pueblo y para el pueblo”.
  • Se reconoce que “la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible”.
  • Se reafirma que “el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar común y que la ‘Madre Tierra’ es su expresión corriente en muchos países y regiones”.
  • Establece la necesidad de un proceso sistemático de seguimiento y examen de los progresos conseguidos. Para la rendición de cuentas a los ciudadanos se llevará a cabo un sistema de indicadores y se intensificará y mejorará la capacidad estadística de los países.
  • El plan de acción se estructura en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas conexas, que de forma integrada conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Supone un aumento significativo de objetivos respecto a los 8 ODM vigentes durante el periodo 2000- 2015. A continuación enunciamos los 17 ODS:

 

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Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

2_ODSObjetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3_ODS

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

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Objetivo 4. Garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

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Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

6_ODS

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

7_ODS

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

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Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

9_ODS

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

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Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países

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Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

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Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

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Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

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Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

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Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

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Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

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Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Como afirma el profesor Jeffrey Sachs en su obra “La Era del Desarrollo Sostenible” (2015), los ODS constituyen una herramienta poderosa para poner sobre la mesa una nueva agenda global que implicará a toda la comunidad mundial. Deben ser “la brújula y la estrella polar del desarrollo del planeta”.

Para más información: ONU: Agenda 2030