El índice de progreso social de la UE (2024)

Sofía, Bulgaria

Tradicionalmente la evaluación del progreso o desarrollo de los países ha estado vinculada al análisis de una única variable: el valor monetario de la producción de bienes y servicios, esto es, el conocido PIB (Producto Interior Bruto), bien en su versión de tasas de crecimiento, bien en términos relativos (PIB per cápita).

Existen, no obstante, enfoques alternativos, más recientes y menos conocidos, que, desde una visión holística y menos productivista, persiguen conocer de forma más realista la evolución del progreso de las sociedades, como el que promueve desde 2014 Social Progress Imperative, con su Índice de Progreso Social (IPS) a nivel mundial.

Tomando como marco general el IPS global, en el contexto europeo la Comisión ha liderado el Índice de Progreso Social Europeo (IPS-UE) que mide el progreso social de los países y regiones de la Unión.

Al igual que el IPS global, el IPS-UE parte de la siguiente definición de progreso social: «la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer los pilares que permitan a los ciudadanos y las comunidades mejorar y mantener la calidad de sus vidas y crear las condiciones para que todas las personas alcancen su máximo potencial».

Esta definición de progreso se sustenta en tres dimensiones principales: Necesidades básicas, Fundamentos del bienestar y Oportunidades. Cada una de estas tres dimensiones del progreso social se concreta en cuatro componentes.

La dimensión de Necesidades básicas incluye aquellos elementos que son, aunque no suficientes, al menos necesarios para logar unos niveles aceptables de desarrollo social: nutrición y cuidados médicos, abastecimiento de agua y saneamiento, vivienda y seguridad.

La dimensión de Fundamentos del bienestar se refiere a aquellos factores que miden aspectos más avanzados del progreso social, tales como educación básica, información y comunicaciones, salud y calidad medioambiental.

La dimensión de Oportunidades comprende elementos incluso más avanzados, que se encuentran presentes normalmente en sociedades cohesionadas y tolerantes: confianza y gobernanza, libertad y elección, sociedad inclusiva y educación superior.

Fuente: Comisión Europea

A partir de la selección de una amplia batería de indicadores sociales y medioambientales (53 en el año 2024) se evalúan los doce componentes del progreso social, para terminar construyendo el indicador compuesto del IPS-UE, cuyo valor oscila entre 0 (el peor resultado) y 100 (el resultado ideal). Ello permite conocer finalmente la posición relativa del progreso social, y de sus tres dimensiones, que tiene un país o región respecto a los demás.

Tras las dos anteriores ediciones de los años 2016 y 2020, los últimos datos del Índice de Progreso Social de la UE son los publicados en el año 2024.

Los resultados obtenidos en este último informe nos revelan que existen divergencias muy marcadas entre los Estados miembros, que quedan expresadas en relación con la referencia del IPS promedio de la UE que toma valor 100.

Así, los países con los mayores valores del Índice de Progreso Social en 2024 son Finlandia (129,6), seguido de Suecia (128,7) y Dinamarca (128,6), que también ocupaban las tres primeras posiciones en la edición de 2020.

A continuación se encuentra un grupo de países que también toman un IPS superior a la media de la UE (100), entre los que destacan Países Bajos (122,0), Irlanda (118,0), Austria (113,2), Estonia (113,2) y Luxemburgo (112,9).

En el extremo contrario, los menores niveles de progreso social dentro de la UE los presentan Bulgaria (60,8) y Rumanía (63,4), seguidos de Grecia (79,7), Croacia (79,9), Chipre (84,4), Eslovaquia (84,8) y Hungría (84,9).

Por dimensiones del progreso social, la mayor divergencia entre los países de la UE se constata en la dimensión de Oportunidades: 104 puntos separan el país mejor valorado (Dinamarca) del peor situado (Bulgaria). Por su parte, la menor divergencia entre países se registra en la dimensión de Necesidades básicas, con una distancia de 48,5 puntos, entre Suecia y Rumanía.

El índice de progreso social de la Comisión Europea permite también descender del nivel territorial estatal, de modo que se enfoca en evaluar el nivel de progreso social de las regiones de la Unión, observándose en este caso unas mayores disparidades. Así, en la edición de 2024 el mayor valor del IPS lo ostenta la región finlandesa de Helsinki-Uusimaa (132,1) frente a la región búlgara de Severozapaden (52,2).

Para más información:

EU Social Progress Index 2.0. 2024 edition

Qué piensan los ciudadanos europeos sobre el cambio climático

Los científicos y la propia evidencia nos vienen demostrando desde hace tiempo que el calentamiento climático del planeta y sus impactos son una realidad.

En Europa la temperatura del verano de 2022 marcó un récord histórico, provocando serios impactos sobre la salud de la población. Más de 61.000 muertes fueron atribuidas a causas relacionadas con el calor ese año. Desde el punto de vista económico, los costes provocados por episodios derivados de la crisis climática, como inundaciones de ríos e incendios forestales, han sido millonarias desde hace 40 años.

Pero ¿qué piensan los ciudadanos?, ¿cuál es la percepción que tienen sobre el cambio climático?

En el contexto europeo, la Comisión Europea llevó a cabo entre el 10 de mayo y el 5 de junio de 2023 una encuesta que nos permite conocer la opinión de los ciudadanos de los 27 Estados miembros sobre el problema del cambio climático. Sus resultados han sido publicados en el Eurobarómetro Especial Climate Change (mayo-junio de 2023).

A continuación se exponen algunas de las conclusiones más relevantes:

El cambio climático como el problema global más grave

Ante la pregunta de cuál es el problema más grave al que se enfrenta el mundo en su conjunto, entre un total de once problemas enunciados los ciudadanos europeos encuestados respondieron que el cambio climático es el tercer problema global más serio, tras la pobreza, el hambre y la escasez de agua potable, y los conflictos armados.

En 2023 el 17% de los europeos percibe que el cambio climático es el problema más serio. Dicho porcentaje ha disminuido un punto porcentual respecto al año 2021, cuando el cambio climático fue percibido como el más grave.

Es significativo, además, que existe una muy diferente percepción del problema global del cambio climático entre los distintos países de la Unión Europea. Así, los mayores porcentajes de europeos que consideran dicho problema como el más grave a nivel mundial son los de Suecia (41%), los Países Bajos (35%) y Dinamarca (35%). Por el contrario, los menores porcentajes corresponden a Letonia (6%), Bulgaria (6%), Rumanía (6%) y Polonia (7%).

Los ciudadanos de nueve de los 27 países de la UE consideran que el cambio climático es el problema más grave al que se enfrenta el mundo: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Malta, Países Bajos, Austria, Finlandia y Suecia.

La gravedad del cambio climático

Ante la pregunta qué nivel de gravedad presenta el problema del cambio climático, el 77% de los europeos encuestados piensa que en la actualidad es un problema muy grave. El 31% de los ciudadanos llega incluso a percibirlo como un problema extremadamente grave.

Desde una perspectiva temporal, el porcentaje de encuestados que opinan que el cambio climático es un problema muy grave ha permanecido relativamente estable desde abril de 2019.

La responsabilidad frente al cambio climático

Ante la pregunta qué actor o actores, de una lista de seis, son los responsables de afrontar el problema del cambio climático, los mayores porcentajes de responsabilidad recaen en la Unión Europea (56%) y los gobiernos nacionales (56%), seguidos de las empresas (53%).

Por su parte, los menores porcentajes corresponden a los grupos medioambientales (29%), los propios ciudadanos (35%) y los gobiernos regionales y locales (36%).

Acciones frente al cambio climático

Respecto a las acciones personales tomadas para afrontar el cambio climático el 63% de los europeos declara que ha tomado alguna acción en los últimos seis meses frente al 36% que revela que no ha tomado ninguna y un 1% que responde que no sabe.

La acción personal más mencionada es tratar de reducir los residuos y su separación para el reciclaje, con el 70% de los encuestados. Este porcentaje se ha reducido en 5 puntos porcentuales respecto al año 2021.

Por lo que se refiere al ámbito público, el 67% de los europeos piensa que los gobiernos nacionales no están haciendo lo suficiente para hacer frente al cambio climático. Este porcentaje ha disminuido en ocho puntos desde 2021. Por su parte, el 23% de los ciudadanos opina que sus gobiernos nacionales están haciendo lo suficiente y un 5% que no están haciendo bastante.

La reducción de los gases de efecto invernadero

Los encuestados fueron también preguntados por su grado de conformidad con la siguiente frase: “Debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al mínimo mientras que se compensan las emisiones restantes, por ejemplo incrementando los bosques, para hacer de la economía de la UE climáticamente neutra en 2050”.

El 88% de los europeos respondió que está de acuerdo con la reducción, porcentaje que disminuye dos puntos respecto a 2021. Por el contrario, el 9% de los europeos declara que está en desacuerdo (un punto más que en 2021).

Para más información:

European Commission: Special Eurobarometer 538. Climate Change, May-June 2023.

El índice de progreso social mundial (2024)

Ha sentado cátedra, desde hace ya varias décadas, la corriente económica que defiende que la evaluación de los avances en el desarrollo de las naciones o territorios queda sintetizada en una única variable: el valor monetario de la producción de bienes y servicios.

Bajo este pensamiento económico y político hegemónico se sigue postulando que la vía más adecuada para medir el desarrollo de un país o región es analizar la evolución del indicador del Producto Interior Bruto (PIB), ya sea en términos reales (PIB a precios constantes), ya sea en términos relativos (PIB per cápita).

Sin embargo, existen enfoques alternativos, más recientes y menos conocidos, que, desde una visión holística y menos productivista, incorporan en su medición del desarrollo otros indicadores más centrados en el bienestar, como es el caso del Índice de Desarrollo Humano, que desde 1990 publica la ONU.

Otra de esas aproximaciones alternativas de evaluación del desarrollo más allá del PIB es la que desde 2014 promueve Social Progress Imperative, con su Índice de Progreso Social (IPS).

El enfoque del IPS persigue conocer mejor el bienestar real de las sociedades, y dar respuestas a las preguntas que importan a la gente, y que el PIB no puede responder, como son las relacionadas con la satisfacción de las necesidades básicas, la calidad del medio ambiente y la justicia.

El punto de partida del IPS es la definición de progreso social, que queda expresado en los siguientes términos: «la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer los pilares que permitan a los ciudadanos y las comunidades mejorar y mantener la calidad de sus vidas y crear las condiciones para que todas las personas alcancen su máximo potencial». Esta definición de progreso se sustenta, por tanto, en tres dimensiones principales: las necesidades humanas básicas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades.

Fuente: socialprogress.org

Cada una de estas tres dimensiones del progreso social se materializa en cuatro componentes. Así, la dimensión de Necesidades humanas básicas incluye los componentes de nutrición y atención médica básica, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal. La segunda dimensión de Fundamentos del bienestar queda definida por los componentes de acceso a la educación básica, acceso a la información y comunicaciones, salud y calidad medioambiental. Finalmente, la dimensión de Oportunidades contiene los cuatro componentes siguientes: derechos personales, libertad y elección personal, inclusión y acceso a la educación superior.

A su vez los doce componentes del progreso social se concretan y evalúan mediante un conjunto de indicadores de resultados (unos 57 en 2024). A partir de estos indicadores simples se construye el indicador compuesto del IPS, cuya metodología se basa en el análisis de componentes principales. El valor del IPS abarca una escala de 0 a 100, permitiendo conocer la posición relativa del progreso social que tiene un país respecto a los demás. Asimismo, la metodología actual del IPS nos permite conocer si ha habido avances o retrocesos en el progreso social y sus componentes, en la mayoría de los países del mundo a lo largo del tiempo.

Cabe señalar, asimismo, que entre Índice de Progreso Social y el PIB per cápita existe una relación positiva y fuerte. Sin embargo, un análisis más detallado de dicha correlación nos muestra que el PIB per cápita no explica completamente el progreso social. Los países pueden presentar niveles dispares de progreso social a niveles similares de PIB per cápita. Además, como expresa el informe de IPS 2024, dicha relación entre IPS y PIB per cápita no es lineal: para los países con niveles de PIB per cápita más bajos, pequeñas diferencias en este indicador se asocian con grandes mejoras en progreso social; por el contrario, a medida que los países alcanzan altos niveles de PIB per cápita la tasa de cambio se ralentiza.

Con últimos datos del Índice de Progreso Social, referidos a 2023 y publicados en el Informe de 2024, se obtienen varias conclusiones generales relevantes:

-En 2023 el mundo alcanzó un índice de progreso social de 63,44, que equivaldría a un valor comprendido entre los IPS de Bolivia y Azerbaiyán. Por componentes, los valores más altos se registraron en vivienda y agua y saneamiento. Los peores resultados se presentaron en educación superior y calidad medioambiental.

-Desde 2011 hasta 2023, en promedio el mundo ha mejorado en progreso social. Sin embargo, se observa que dicho progreso se ha ralentizado en los últimos años, llegando incluso a reducirse por primera vez en todo el periodo, al pasar el IPS de 63,75 en 2022 a 63,44 en 2023.

-Desde 2011 el mundo ha mejorado en 11 de los 12 componentes, presentándose los mayores avances en acceso a la información y comunicaciones, vivienda y agua y saneamiento. Por el contrario, la población mundial ha retrocedido en derechos personales.

-Desde 2022 diez de los doce componentes del IPS mundial han empeorado o estancando. En 2023 se han producido retrocesos importantes en educación básica, información y comunicaciones, vivienda, derechos personales e inclusión.

-De un total de 170 países evaluados, 62 registraron un descenso significativo del progreso social en 2023 y otros 72 países acusaron un estancamiento. Solamente 34 países experimentaron algún progreso real.

En un análisis más detallado del IPS, se concluye que Dinamarca es el país que, con un IPS igual a 90,38, encabeza el ranking mundial en el año 2023. Le siguen, a continuación, Noruega, Finlandia, Islandia, Suecia, Suiza, Luxemburgo, Australia, los Países Bajos y, en décimo lugar, Alemania.

Por el contrario, en el otro extremo del ranking se sitúan países principalmente de continente africano, y en menor de medida de Asia: Sudán del Sur, República Centroafricana, Chad, Afganistán, Somalia, Eritrea, República Democrática, Yemen, Burundi y Níger, con valores de IPS que no alcanzan ni la mitad de los valores obtenidos por el grupo de países más aventajados en progreso social.

Para más información:

Social Progress Index

El consumo de energía final en la Unión Europea (1990-2022)

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La Unión Europea en su hoja de ruta medioambiental y de lucha contra el cambio climático establece en sus Directivas comunitarias de eficiencia energética objetivos cuantificados de reducción de consumo de energía, que han sido revisados en diversas ocasiones con el fin de impulsar la meta prioritaria de la eficiencia.

Para evaluar los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de eficiencia energética, se dispone, entre otros, del indicador del consumo de energía final. Este tipo de consumo energético se refiere a la energía total consumida por los usuarios finales (hogares, administración pública, agricultura, ganadería, pesca, industria, transporte, comercio y demás servicios). De acuerdo con la definición de Eurostat, excluye la energía utilizada por el sector energético, incluso para entregas y transformación.

La actual Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2023 ha fijado que “Los Estados miembros garantizarán colectivamente una reducción del consumo de energía de al menos el 11,7 % en 2030 en comparación con las previsiones de la hipótesis de referencia de 2020, de modo que el consumo de energía final de la Unión no supere los 763 Mtep”.

Analizando los últimos datos publicados por Eurostat, se concluye que el consumo total de energía final de la Unión Europea ascendió a 940 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en 2022, de modo que se redujo un 2,8% respecto al año anterior. No obstante, dicho consumo sigue siendo claramente superior al objetivo marcado para 2030, en concreto un 23,3% por encima.

Desde una perspectiva temporal amplia, periodo 1990-2020, se observa que el consumo de energía final, que se cifró en 952 Mtep en 1990, ha seguido en general una senda de crecimiento continuado hasta alcanzar su máximo en el año 2006, con 1.046 Mtep. Posteriormente, durante los años 2008-2014 marcados por la crisis económica de la Gran Recesión, el consumo energético inflexionó a la baja, llegando incluso a registrar niveles inferiores a los del comienzo de la serie. A continuación, la reactivación de la economía europea supuso un retorno al incremento del consumo de energía, hasta verse contraído de forma significativa en 2020 con la irrupción de la pandemia del COVID-19. Las necesarias medidas restrictivas sobre la movilidad y la actividad económica para afrontar la crisis sanitaria en los países de la UE explican el atípico descenso del 8,1% del consumo de energía final en dicho año (907 Mtep). A partir de entonces el consumo de energía final, tras reactivarse en 2021 después de la fuerte contracción del año anterior, podría estar iniciando una nueva senda de moderación, que, sin duda, tendrá que acelerar su ritmo de descenso si realmente se desea alcanzar el objetivo comprometido para el año 2030 (763 Mtep).

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En un análisis por países, considerando el periodo 1990-2022, se concluye que en el seno de la Unión Europea el consumo de energía final se ha incrementado en 15 de los 27 Estados miembros, mientras que en los 12 países restantes se ha reducido.

Así, los mayores aumentos porcentuales se han anotado en Malta (105,9%), Chipre (65,5%), Irlanda (62,9%), España (41,8%), Portugal (40,1%), Austria (36,1%), Eslovenia (26,5%) y Polonia (21,0%). Por el contrario, los mayores descensos relativos los han registrado Estonia (-47,7%), Rumanía (-45,8%), Lituania (-44,3%), Bulgaria (-38,7%), Letonia (-38,3%), Eslovaquia (-29,1%) y República Checa (-23,6%).

G_Energía final_1990_2022_países

Para más información:

Eurostat

Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2023

El consumo de energía primaria en la Unión Europea (1990-2022)

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Ante los grandes retos medioambientales y de lucha contra el cambio climático, una de las metas energéticas principales que tiene fijadas la Unión Europea es la de avanzar en el campo de la eficiencia.

Para evaluar los progresos en eficiencia energética se dispone, entre otros, del indicador del consumo de energía primaria. Este tipo de consumo energético se refiere a la demanda total de energía procedente de fuentes primarias (petróleo, gas natural, carbón, nuclear, renovables…) de un país. De acuerdo con Eurostat incluye el consumo del propio sector energético, las pérdidas producidas durante la transformación (por ejemplo, de petróleo o gas a electricidad) y distribución de energía, así como el consumo de los usuarios finales. Quedan excluidos los consumos sin fines energéticos, por ejemplo, el petróleo no utilizado para combustión sino para la producción de plásticos.

Desde hace años sucesivas Directivas comunitarias vienen estableciendo y revisando objetivos cuantificados de reducción de consumo de energía. Así, la Directiva 2012/27/UE determinó el objetivo de reducir un 20% el consumo total de energía primaria de la UE en 2020 respecto a su proyección base, esto es, no superar el nivel de 1.312 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep). Habiéndose cumplido dicho objetivo, la actual Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2023 ha fijado que “los Estados miembros se esforzarán por contribuir colectivamente a que el objetivo orientativo de consumo de energía primaria de la Unión no supere los 992,5 Mtep en 2030”. Ello supondría, de cumplirse, una disminución del consumo energético del 27% respecto al año 1990.

Analizando los últimos datos publicados por Eurostat, se concluye que el consumo total de energía primaria de la Unión Europea ascendió a 1.257 Mtep en 2022, de modo que se redujo un 4,1% respecto al año anterior. No obstante, dicho consumo sigue siendo claramente superior al objetivo marcado para 2030, en concreto un 26,7% por encima.

Como puede observarse en el siguiente gráfico referido al periodo 1990-2022, el consumo de energía primaria, que se cifró en 1.368 Mtep en 1990, ha seguido en general una senda de crecimiento continuado hasta alcanzar su máximo en el año 2006, con 1.511 Mtep. Posteriormente, durante los años 2008-2014 con la irrupción de la crisis económica de la Gran Recesión, el consumo energético inflexionó a la baja, llegando incluso a registrar niveles inferiores a los del comienzo de la serie en 1990. A continuación, la reactivación de la economía conllevó de nuevo una tendencia ascendente del consumo de energía hasta 2018. A partir de entonces el consumo ha tendido a moderarse, apoyado por los efectos de la irrupción de la pandemia del COVID-19.

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En un análisis por países, considerando el amplio periodo de 1990-2022, se concluye que en el seno de la Unión Europea el consumo de energía primaria se ha reducido en 17 de los 27 Estados miembros, mientras que en los diez países restantes se ha incrementado.

Así, los mayores aumentos porcentuales se han anotado en Chipre (56,0%), Irlanda (48,8%), España (37,4%), Portugal (37,4%), Austria (27,2%) y Malta (1719%). Por el contrario, los mayores descensos relativos los han registrado Lituania (-58,9%), Estonia (-55,0%), Rumanía (-50,3%), Letonia (-45,2%) y Bulgaria (-29,3%).

G_Energía primaria_1990_2022_países

La lectura de los resultados hallados hasta ahora induce a pensar que solo la aplicación de medidas más decididas y extensivas de ahorro energético por parte de todos los agentes económicos de la UE y sus Estados miembros puede hacer que la senda de consumo de energía primaria dibuje una senda claramente descendente, tan necesaria en un contexto actual de crisis climática y medioambiental, de problemas de agotamiento de combustibles fósiles y de falta de soberanía energética.

Para más información:

Eurostat

Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2023

La participación de las energías renovables en la UE (2022)

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En el ámbito de las energías renovables, la Estrategia Europa 2020 y la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo dejaron fijado como objetivo estratégico que para el año 2020 el 20% del consumo final de energía de la UE debe tener su origen en fuentes renovables (eólica, solar, hidráulica, maremotriz, geotérmica, biomasa…). De este modo se persigue favorecer el desplazamiento del consumo de los combustibles fósiles que propician el calentamiento global.

Los últimos datos de Eurostat siguen confirmando que dicho objetivo del 20% se cumplió en el horizonte marcado de 2020. Así, en el año 2022 el consumo final de energía en la UE-27 ascendió a 989 millones de toneladas equivalentes de petróleo. De este total el 23,0% provino de fuentes de energías renovables, porcentaje que se ha venido incrementado de forma continuada desde el año 2004.

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En un análisis por países, entre 2004 y 2022 la participación de la energía de fuentes renovables en el consumo final de energía se ha incrementado en todos los Estados miembros. Los mayores avances relativos se han dado en Suecia (27,6 puntos porcentuales más) y Dinamarca (+26,8 p.p.), y los menores, en Croacia (+6,0 p.p) y Eslovenia (+6,6 p.p.), si bien estos dos últimos países ya partían en 2004 con altos porcentajes de introducción de renovables.

Asimismo, se sigue observando, de acuerdo con los últimos datos publicados por Eurostat, que persiste la disparidad en el grado de implantación de las energías renovables.

En 2022 Suecia, con el 66,0%, es el país con el mayor porcentaje de energía de fuentes renovables en su consumo final bruto energético. Le siguen, a cierta distancia, los mayores porcentajes de Finlandia (47,9%), Letonia (43,3%), Dinamarca (41,6%), Estonia (38,5%), Portugal (34,7%) y Austria (33,8%).

Por el contrario, las menores participaciones de energías renovables sobre el consumo energético final se registraron en Irlanda (13,1%), Malta (13,4%), Bélgica (13,8%), Luxemburgo (14,4%), Países Bajos (15,0%), Hungría (15,2%) y Polonia (16,9%).

G_Países_2022

De cara al futuro, los nuevos objetivos de lucha contra el cambio climático han conducido a la Unión a revisar su objetivo general de impulso de las fuentes de energía renovables acelerando su implantación. La Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de octubre de 2023 establece que los Estados miembros velarán conjuntamente por que en el año 2030 la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de al menos el 42,5% del consumo final bruto de energía de la Unión, y deberán esforzarse por alcanzar el 45%. Este ambicioso objetivo implica que la cuota de las energías renovables ha registrar un crecimiento medio entre 2022 y 2030 de 2,7 p.p. cada año, lo que supone un ritmo muy superior al registrado en el decenio anterior (0,8 p.p.).

Para más información:

Eurostat

Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de octubre de 2023

La felicidad en los países del mundo (2024)

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El grado de éxito de un país va más allá del valor de su PIB, indicador que se ha demostrado presenta serias limitaciones. En su lugar, existen enfoques alternativos a dicho indicador convencional, entre los que se encuentran los que proponen medidas de bienestar subjetivo o felicidad.

Así, desde 2012 Sustainable Development Solutions Network viene publicando anualmente el Informe de Felicidad Mundial, en el que se postula que el éxito de los países ha de ser evaluado principalmente por el nivel de felicidad de sus ciudadanos.

En concreto, la medida de felicidad recogida en estos informes se basa en tres indicadores principales sobre el bienestar subjetivo declarado por los ciudadanos encuestados: evaluaciones de vida (calidad de vida), emociones positivas (risa, disfrute, interés en aprender…) y emociones negativas (preocupación, tristeza, ira) en las experiencias diarias. La fuente principal para la obtención de esta información es la Encuesta Mundial Gallup.

Los datos empleados corresponden al promedio de los tres años precedentes, como en informes anteriores, comprendiendo en este caso el periodo 2021-2023, marcado en buena parte por las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y su posterior aminoración. A este respecto el Informe de 2024 (WHR2024) apunta que los indudables daños de vivir una pandemia fueron compensados por aumentos en las fuerzas contrarias, como el grado en que los encuestados habían podido descubrir y compartir la capacidad de cuidarnos unos a otros en tiempos difíciles.

En el Informe de 2024 se evalúa un total de 143 países del mundo para los que se contó con información estadística. Las puntuaciones resultantes están en función de las respuestas que han dado las personas encuestadas en cada país para que evalúen la calidad de sus vidas en una escala de 10 (mejor vida posible) a 0 (peor vida posible). Ello nos permite, finalmente, establecer un ranking mundial de países de mayor a menor nivel de felicidad.

Como se observa en el siguiente cuadro, Finlandia es el país con mayor nivel de felicidad, posición que ocupa por séptimo año consecutivo. Le siguen, a continuación, con valores superiores a 7,00 los siguientes 10 países: Dinamarca, Islandia, Suecia, Israel, Países Bajos, Noruega, Luxemburgo, Suiza, Australia y Nueva Zelanda.

WHR2024_25 países más felices

En otro extremo, se concluye que los países menos felices se encuentran principalmente en los continentes africano, en mayor medida, y asiático. Las últimas posiciones en la medida de felicidad corresponden a Afganistán y Líbano, cuyas poblaciones sufren las consecuencias de sendos conflictos bélicos. Les siguen, a continuación, como países con los menores niveles de felicidad, Lesoto, Sierra Leona, Congo, Zimbabue, Botsuana, Malaui, Esuatini, Zambia, Yemen y Comoras.

WHR2024_25 países menos felices

Sigue existiendo, por tanto, una gran brecha entre los países más felices y menos felices del mundo, que llega a ser de 4,5 veces entre Finlandia y Afganistán, distancia que se amplía respecto a la de un año antes (4,2).

Según el Informe de 2024, desde 2006-2010 ha habido un gran aumento en la desigualdad de la felicidad en todas las regiones del mundo, excepto en Europa. Asimismo, el mayor aumento de la desigualdad se ha producido en el África subsahariana.

De acuerdo con la metodología empleada en el Informe las variaciones de las puntuaciones de felicidad registradas entre los países pueden venir explicadas por seis factores principales: el PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida saludable al nacer, la libertad para tomar decisiones de vida, la generosidad y la percepción de corrupción.

Para más información:

Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., De Neve, J.-E., Aknin, L. B., & Wang, S. (Eds.). (2024). World Happiness Report 2024. University of Oxford: Wellbeing Research Centre.

El índice de desarrollo humano de los países del mundo (2022)

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En los estudios que se dedican a la evaluación del desarrollo es habitual emplear el tradicional indicador del Producto Interior Bruto per cápita. Sin embargo, son conocidas las incuestionables limitaciones de esta variable si queremos conocer de forma más real las condiciones de vida de las personas.

Con el fin de disponer de una comprensión más completa del desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) viene calculando desde 1990 el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de prácticamente todos los países de mundo. Siendo un indicador sintético elaborado a partir de unas pocas variables, este enfoque del desarrollo humano constituye un importante avance que se ha ido consolidando a lo largo de los años.

Desde esta aproximación alternativa el nivel de desarrollo de un país o región está condicionado no sólo por los ingresos de sus habitantes sino también por ámbitos tan importantes para el ser humano como la salud y la educación.

En esencia, el desarrollo humano lo conforman tres dimensiones básicas que son susceptibles de ser evaluadas a través de indicadores que son definidos selectivamente:

  1. Salud. Se toma como indicador para su evaluación la Esperanza de vida al nacer.
  2. Educación. Se evalúa a través de dos indicadores: Años de escolaridad esperados y Promedio de años de educación recibidos.
  3. Nivel de vida. Para evaluar los progresos respecto a un nivel de vida decente se emplea como indicador la Renta Nacional Bruta per cápita (2017 PPP $).

A partir de estos cuatro indicadores se calculan los tres índices normalizados que corresponden a las dimensiones de salud, educación y nivel de vida, con los que, posteriormente, aplicando la media geométrica, se construye el IDH.

Con la publicación de carácter anual del Informe sobre Desarrollo Humano, que elabora PNUD, disponemos de los resultados del IDH a nivel global y por los países desde el año 1990 hasta hoy. La última edición de dicho Informe es la correspondiente a 2023/2024 que recoge los resultados del IDH relativos al año 2022, permitiéndonos conocer el nivel de desarrollo humano de un total de 193 países del planeta.

Por lo tanto, desde una perspectiva temporal, con los datos publicados hasta la fecha podemos analizar cómo ha evolucionado el índice de desarrollo humano a nivel global durante el periodo comprendido entre los años 1990 y 2022.

Los resultados obtenidos concluyen que el IDH del mundo ha seguido una trayectoria ascendente, pasando de un valor de 0,600 en 1990 a otro de 0,739 en 2022.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, los años de 2020 y 2021 han estado marcados por importantes retrocesos en el desarrollo humano como consecuencia de la irrupción de la pandemia de COVID-19 que ha causado enormes estragos en las vidas y los medios de subsistencia en todo el mundo. Ya en el año 2022 el IDH global se recupera, aunque no se llega a mejorar el valor registrado en 2019, previo a la crisis sanitaria.

HDI_Mundo_1990_2022

Además, como recoge el Informe 2023/24, esta recuperación relativa del IDH global está siendo muy desigual: mientras que los países ricos experimentan niveles máximos de desarrollo humano, más de la mitad de los países más pobres no han alcanzado los niveles del IDH de 2019. Se constata, por tanto, un aumento de la brecha de desarrollo humano, que rompe con la tendencia de dos decenios de reducción constante de las desigualdades entre las naciones.

En un análisis más detallado por países, tenemos que dentro del grupo de los de mayor índice de desarrollo humano se encuentra, en primer lugar, Suiza, con una puntuación de 0,962. Se trata de un país que, a pesar de no ser el de mayor renta per cápita del mundo, ya que toma la posición sexta en la dimensión de nivel de vida, logra alcanzar, dados los buenos resultados en salud y educación, el primer puesto en desarrollo humano.

Tras Suiza, le siguen con mayores puntuaciones del IDH Noruega, Islandia, Hong Kong (China SAR), Dinamarca, Suecia, Alemania, Irlanda,  Singapur, Australia, Países Bajos, Bélgica, Finlandia y Liechtenstein, todos ellos con un valor del IDH superior o igual a 0,940. Cierra el grupo de los 30 países con mayor IDH Italia  (0,906), cuya posición en nivel de desarrollo humano (30) es similar a la que toma en renta per cápita (31).

HDI_30 países más_2022

Es significativo que países como Catar, con el segundo mayor nivel de renta per cápita del mundo, tras Liechtenstein, ocupa la posición 40 en el índice de desarrollo humano. Asimismo, en el caso de Brunéi, que ostenta la posición 12 de mayor renta per cápita mundial, su índice de desarrollo humano queda relegado hasta la posición 55, dada su peor situación relativa en los ámbitos de educación y salud.

En el otro extremo del mundo, se encuentra Somalia, que toma el menor nivel de desarrollo humano, con un valor del IDH (0,380) que es 2,5 veces inferior al de Suiza (0,967). La posición de Somalia en desarrollo humano (193) es similar a la que ocupa en la dimensión de nivel de vida o renta per cápita (190), presentando también posiciones muy bajas en esperanza de vida y en los dos indicadores de educación.

Le siguen dentro del grupo de países con menor IDH Sudán del Sur, República Centroafricana, Níger, Chad, Malí, Burundi, Yemen, Burkina Faso, Sierra Leona, y Mozambique, todos ellos con un valor del IDH inferior a 0,460. Los demás países que completan el grupo de los 30 con menor IDH se encuentran también mayoritariamente en el continente africano y presentan igualmente valores muy bajos en renta per cápita, esperanza de vida y educación.

HDI_30 países menos_2022

Para más información:

UNDP: Human Development Report 2023-24.

Europa ante el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (2023)

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En 2015 la ONU puso en marcha el ambicioso proyecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de una estrategia de alcance mundial, cuyo compromiso se concreta en lograr, durante la presente década, diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (17 ODS), que cubren las tres dimensiones del desarrollo: económica, social y medioambiental.

Para evaluar los progresos en la consecución de los 17 ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) viene publicando desde hace varios años diferentes informes periódicos que tratan de evaluar cómo están avanzando los países en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para el caso de Europa, SDSN ha publicado hasta la fecha cinco Informes que muestran los avances alcanzados respecto a los ODS por la Unión Europea y sus países socios europeos desde 2015.

La metodología utilizada permite disponer de un índice ODS que resume en un único valor los resultados mostrados por la amplia batería de indicadores (un total de 109 para Europa) recabados para medir la totalidad de los 17 ODS (a los cuales se les otorga igual ponderación).

El índice ODS es, por tanto, un indicador sintético de desarrollo sostenible, cuyo valor puede oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación respecto al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, y 100, cuando el país se sitúa en la mejor posición respecto a su cumplimiento.

Con la edición de 2023/24 del Informe de Desarrollo Sostenible en Europa se han podido evaluar, a través del índice ODS, los progresos en materia de desarrollo sostenible de los 27 Estados miembros de la UE, además de otros siete países que son socios o candidatos europeos (Noruega, Suiza, Islandia, Reino Unido, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía).

Entre las conclusiones generales del Informe destacamos las siguientes:

  • La UE ha logrado o está en camino de lograr un poco más de dos tercios de las metas de los ODS.
  • Si antes de la irrupción de la pandemia los avances en la UE eran demasiado lentos para alcanzar todos los ODS en 2030, desde 2020 el progreso de los ODS se ha estancado. Así, el progreso del índice de los ODS fue tres veces más rápido durante el periodo 2015-2019 (con 0,73 puntos por año) que durante el periodo 2019-2022 (0,24 puntos por año).
  • Las múltiples crisis que atraviesa Europa, y el mundo, desde 2020 han provocado un estancamiento e incluso una reversión del progreso en los indicadores de “No dejar a nadie atrás”, especialmente en la evaluación de las desigualdades dentro de los países.
  • Persisten los desafíos relacionados con los objetivos medioambientales y de biodiversidad, incluyendo los sistemas alimentario y terrestre sostenibles (ODS 2, ODS 12 a 15).
  • La UE, y los países de la OCDE, generan en comparación con otras regiones del mundo importantes impactos negativos del consumo y las cadenas de suministro insostenibles a través de los efectos indirectos internacionales. Dichos impactos están impulsados principalmente por el consumo y las cadenas de suministro insostenibles, que conducen a la deforestación y otros impactos ambientales y sociales negativos, satisfaciendo las necesidades de consumo de dichos países desarrollados. En algunos países europeos, la competencia fiscal desleal, los paraísos fiscales y la transferencia de beneficios de las multinacionales también explican las puntuaciones relativamente bajas (malas) de los efectos indirectos internacionales.
  • Existen grandes brechas y un ritmo lento de convergencia en los resultados de los ODS en los países europeos.

En un análisis más detallado por países, el Informe de 2023/24 nos revela que en Europa persisten diferencias muy importantes respecto al grado de consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

Así, en esta edición de 2023/24, el país con un mayor valor del índice ODS sigue siendo, como en los últimos años, Finlandia (80,6), al que se une, con la misma puntuación, Suecia (80,6). Le siguen, a continuación, Dinamarca (80,0), Austria (77,7,), Noruega (77,0), Alemania (75,4), República Checa (74,4), Eslovenia (73,7), Islandia (73,7) y Estonia (73,0). Todos ellos ocupan las diez primeras posiciones.

C_Europa_Index ODS2023

En el otro extremo, los diez menores valores del índice ODS los presentan los siguientes países: Turquía (57,1), Bulgaria (59,5), Chipre (61,0), Macedonia del Norte (62,2), Serbia (62,5), Rumanía (62,6), Grecia (65,2), Malta (65,9), Lituania (67,7) y Luxemburgo (67,8).

Finalmente, de cara al futuro, el Informe de 2023/24 postula que la Unión Europea debe emprender diez acciones prioritarias para impulsar el cumplimiento de los ODS. Son las siguientes:

  1. Responder al grave peligro de los “puntos críticos sociales” reduciendo significativamente el riesgo de pobreza y exclusión social de los ciudadanos europeos.
  2. Redoblar los esfuerzos para lograr emisiones netas cero en la UE para 2050, incluyendo avances importantes para 2030.
  3. Fortalecer a las autoridades regionales y locales para lograr los ODS, incluido el seguimiento y la presentación de informes periódicos sobre el progreso de los ODS en todos los niveles.
  4. Frenar las repercusiones indirectas negativas y apoyar la transformación hacia un sistema de comercio sostenible.
  5. Hacer uso de Equipo Europa para la diplomacia global de los ODS y fortalecer espacios de debate diversos y universales, especialmente las Naciones Unidas.
  6. Intensificar el papel multilateral de Europa liderando los esfuerzos globales para reformar la arquitectura financiera global.
  7. Reorientar las alianzas internacionales de la UE hacia los ODS y avanzar hacia una cooperación mutuamente transformadora.
  8. Movilizar los medios financieros para apoyar las transformaciones necesarias para un futuro sostenible.
  9. Institucionalizar la integración de los ODS en la planificación estratégica, la coordinación macroeconómica, los procesos presupuestarios, las misiones de investigación e innovación y otros instrumentos de políticas.
  10. Establecer dentro del Parlamento Europeo nuevos mecanismos permanentes para una participación estructurada y significativa con la sociedad civil, incluida la juventud, que permitan una incidencia en las hojas de ruta y las políticas con enfoque ODS.

Para más información:

SDSN: Europe Sustainable Development Report 2023/24.

La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2022)

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Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

Con la fiscalidad ambiental o verde se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, es decir, tratar de incorporar en el coste de aquellas actividades calificadas de insostenibles los costes medioambientales que generan, ya que, de lo contrario, permanecerían “no visibles” y sin contabilizar en el precio final. Por lo tanto, el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen sus comportamientos para hacerlos más respetuosos con el medio ambiente.

Son diversas las bondades que presenta la implantación de impuestos ambientales, entre las que podemos destacar las siguientes:

a) Favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles).

b) Contribuyen a un mayor empleo del transporte sostenible.

c) Fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente.

d) Reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas.

e) Desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables.

f) Refuerzan la lucha contra el cambio climático.

En la práctica la fiscalidad ambiental se concreta en la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

«Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes«.

Durante los últimos 25 años se han extendido los impuestos ambientales que, en sus diversos tipos, han venido aplicando en el seno de la Unión Europea sus Estados miembros. Se hace necesario, por tanto, realizar de forma continuada evaluaciones periódicas sobre la aplicación real de este tipo de impuestos.

Como primera aproximación analizamos aquí si la fiscalidad verde ha ganado protagonismo en el seno de las políticas tributarias de los países de la UE. Para ello se estudia cómo se ha comportado la recaudación de las diferentes categorías de impuestos ambientales, cuál ha sido la evolución de la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación verde en relación con la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2022 se recaudó en la UE-27 un total de 320.824 millones de euros en concepto de impuestos ambientales.

De este total la mayor parte fueron ingresos por impuestos sobre la energía (el 77%). A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (19%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (4%).

G_Imp. amb. tipos_2022

En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,0% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2022. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,0%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los últimos datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2022, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE.

En términos de su participación en la estructura tributaria total, el porcentaje de recaudación correspondiente a la fiscalidad verde sobre la recaudación total de impuestos de la UE-27 ha descendido desde el 6,8% en 1995 al 5,0% en 2022.

En términos comparativos con la actividad económica, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,6% de 1995 hasta el 2,0% en el último año de 2022. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Asimismo, es relevante apuntar que, como se observa en el siguiente gráfico, con la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 el papel desempeñado por la fiscalidad verde ha intensificado su caída: la presión fiscal ambiental en el conjunto de la UE se ha reducido en 0,34 puntos porcentuales desde 2019.

G_Imp. amb. tipos_1995_2022

Por tipos de impuestos, durante el periodo 1995-2022 la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 2,0% en 1995 a 1,6% en 2022. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,5% al 0,4%. Finalmente, los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantienen su presión fiscal del 0,1% en el periodo analizado.

En un análisis por países es destacable la diferente importancia de la fiscalidad verde dentro de la UE. Así, en el año 2022 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 5,6%. Le siguen, en orden descendente, Bulgaria (4,8%), Croacia (3,3%), Eslovenia (2,9%), Polonia (2,8%), Rumanía (2,7%), Eslovaquia (2,5%), Dinamarca (2,4%), Finlandia (2,4%) y Países Bajos (2,4%), principalmente.

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (0,9% en 2021), seguido de Luxemburgo (1,2%), República Checa (1,5%), España (1,5%) y Lituania (1,5%).

G_Imp. amb._países_2022

En resumen, durante el periodo 1995-2022 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (19 de 27), habiendo aumentado en los ocho países restantes. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Bulgaria (+3,6 p.p. entre 1995 y 2022), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-2,1 p.p.).

Para más información: 

Eurostat