Europa – ECOPALABRAS

Evaluando la productividad energética en la economía de la UE (2000-2024)

En toda transición hacia una economía sostenible, la energía constituye un sector estratégico. Son objetivos clave de una política energética sostenible el fomento de las energías renovables, la reducción de consumo de energía tanto primaria como final, la disminución de la dependencia exterior y el aumento de la eficiencia energética.

Respecto a este último objetivo, la eficiencia en el uso de la energía constituye para la Unión Europea un propósito explícito de su estrategia de desarrollo sostenible, que se alinea con el objetivo 7 (ODS 7 “Energía asequible y no contaminante”) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

Avanzar en eficiencia energética significa aumentar la productividad, esto es, facilitar la sostenibilidad de la economía en tanto que se emplea menos energía por unidad de producto o lo que es lo mismo obtener más producción de bienes y servicios con la misma cantidad de energía.

Un indicador que nos aproxima a evaluar la productividad energética en la UE es el que publica la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En concreto, se dispone del indicador de productividad energética, que queda definido por la división entre el Producto Interior Bruto (PIB, a precios constantes de 2010) y la energía bruta disponible.

Los datos estadísticos publicados hasta hoy nos permiten analizar cómo ha evolucionado la productividad energética de la economía comunitaria durante el periodo 2000-2024. Como primera conclusión destacable se constata que la productividad energética en la UE-27 ha seguido una tendencia ascendente, al pasar de los 6,3 euros por kgep en 2000 a los 10,0 en 2024. Es decir, si en el año 2000 por cada kilogramo equivalente de petróleo la economía de la UE produjo 6,3 euros de PIB, en el año 2024 alcanzó a obtener 10,0 euros.

Para un análisis comparativo por países, empleamos el indicador de Producto Interior Bruto en paridad de poder de compra (PIB pps) por kilogramo equivalente de petróleo (kgep). Este indicador, al igual que el anterior, nos mide la productividad energética por unidad de producción en una economía, si bien, en este caso, ajustando el PIB por las variaciones de precios nacionales.

En el último año de 2024 el país de la Unión Europea con mayor productividad energética de su economía ha sido Irlanda, con 32,3 euros en pps por kgep, seguido de Rumanía (19,1), Luxemburgo (18,1), Dinamarca (17,5), Italia (16,2), Portugal (15,7), Alemania (15,3), España (13,9) y Austria (13,7), todos ellos con valores superiores a la media de la UE (13,5).

Por el contrario, como países con menor productividad energética figuran Finlandia (7,0), Malta (8,2), Estonia (9,6), Bélgica (9,7), Bulgaria (9,8) y Suecia (10,0).

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Eurostat.

La generación de residuos municipales en la Unión Europea (1995-2024)

La generación de residuos es uno de los principales problemas medioambientales a los que se enfrenta nuestra sociedad. Son múltiples los impactos que producen sobre los ecosistemas, en especial cuando no son objeto de una adecuada gestión. Además, conlleva, como es el caso por ejemplo de los envases y embalajes, la utilización de materiales y recursos naturales, que podrían haberse evitado, y el empleo de significativos recursos económicos para su correcto tratamiento posterior.

Por lo tanto, para avanzar en la senda del desarrollo sostenible, en materia de residuos es prioritario, incluso más que la reutilización y el reciclaje, procurar su no generación y, en todo caso, su minimización.

Son muy diversos los tipos de residuos que se generan tanto en la producción como el consumo de bienes y servicios por parte de los distintos agentes. Entre ellos se encuentran los denominados residuos municipales, que son los generados por los hogares y otras fuentes de residuos similares (comercio, oficinas e instituciones públicas) cuya recogida compete a las autoridades locales.

El objetivo de hacer sostenible la producción y el consumo (ODS 12 de la Agenda 2030) exige un esfuerzo por parte de todos los agentes económicos para generar la menor cantidad posible de residuos. Si queremos conocer si la sociedad transita por la senda de la sostenibilidad, es de especial interés, entre otros ámbitos, realizar evaluaciones periódicas de la evolución que sigue la generación de residuos.

En el contexto europeo, para evaluar los progresos de los países de la Unión Europea (UE-27) en materia de generación de residuos municipales se dispone de los datos que publica Eurostat. De acuerdo con dicho organismo estadístico, en el año 2024 se generó un total de 232 millones de toneladas de residuos municipales en la UE. Esta cantidad supone sólo una parte de la cuantía total de residuos generados por los diferentes agentes que actúan en las economías de los países de la UE, pero su análisis temporal nos aporta señales importantes sobre si los patrones de consumo se encaminan o alejan de la senda de la sostenibilidad.

Así, una primera conclusión general destacable que nos revela el análisis de los datos es que la generación de residuos municipales en la UE ha seguido una tendencia creciente desde 1995. Durante el periodo 1995-2024 la generación de residuos municipales en la UE ha aumentado un 17,4%, al pasar de 198 a 232 millones de toneladas.

Como se observa en el siguiente gráfico, la generación total de residuos municipales en la UE ha estado afectada por los diferentes ciclos de la economía. En etapas como la de la Gran Recesión (2008-2014) la caída de la producción y el consumo ha comportado una menor generación de residuos domésticos. No obstante, una vez que la economía entra en una fase de recuperación, a partir de 2015 la generación de residuos vuelve a tomar una senda claramente ascendente que prosiguió de forma ininterrumpida hasta 2021. Es de destacar asimismo que incluso en los años 2020-2021, especialmente afectados por los impactos sobre la economía de la crisis de la pandemia del COVID-19, la producción de residuos continuó aumentando. Posteriormente, se constatan dos años con sendas tasas de descensos que, sin embargo, se han visto interrumpidas en el último año de 2024, al incrementarse la generación de residuos un 1,5%.

Si analizamos la generación de residuos en términos relativos, esto es, en kilogramos de residuos generados por persona, se constata una evolución similar. En promedio un ciudadano comunitario generaba en el año 1995 un total de 467 kilogramos de residuos municipales. Casi tres décadas después, el valor de dicha ratio se ha incrementado, si bien con altibajos, hasta cifrarse en 517 kg per cápita en 2024. Por lo tanto, los datos indican que los patrones de consumo siguen sin reorientarse hacia la sostenibilidad, a pesar de los descensos puntuales registrados en los años 2022-2023.

En un análisis más detallado por países, se encuentran notables diferencias en el seno de la UE-27. En términos absolutos, los países que generan más residuos domésticos son Alemania (con el 23% del total de la UE), Francia (16%), Italia (12%) y España (10%). Estos cuatro países concentran, por tanto, el 60% del total frente al 40% restante que es generado por los otros 23 países miembros de la Unión.

Si consideramos la ratio de kilogramos de residuos generados por persona, las divergencias entre países siguen siendo muy marcadas. En el año 2024 la tasa del país con más generación de residuos fue 2,6 veces la del país con menos generación.

Así, con un promedio de 517 kilogramos per cápita de la UE en 2024, los Estados miembros con mayores ratios fueron Austria (782 kg/hab.), Dinamarca (755), Bélgica (699), Chipre (688) y Luxemburgo (681). Por el contrario, los Estados con menos residuos municipales generados per cápita fueron Rumanía (305), Estonia (375), Polonia (387), Hungría (414) y Suecia (427).

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Eurostat

El reciclaje de residuos municipales en la Unión Europea (2000-2024)

Uno de los principales frentes de las políticas medioambientales es la gestión de los residuos producidos por la actividad humana.

Para alcanzar una buena gestión de residuos se ha de tener presente la aplicación del conocido principio de las 3R que prioriza la reducción a la reutilización y el reciclaje.

No siempre es posible evitar la generación de los residuos que proceden de nuestras actividades de producción y consumo, ni tampoco promover su reutilización directa. En estos casos, la respuesta de gestión ha de centrarse en promover el reciclaje de los residuos, antes que destinarlos a la incineración o a su depósito en vertederos.

En el marco de la Unión Europea, durante los últimos años la política medioambiental enfocada en la maximización del reciclaje ha tratado de consolidarse. Ello conlleva, principalmente, fomentar, entre otros objetivos, que todos los países de la Unión alcancen altas tasas de reciclaje de residuos municipales.

Dicho indicador queda definido, según Eurostat, como el porcentaje de residuos municipales generados por los hogares y por fuentes de residuos similares (comercio, oficinas e instituciones públicas) sobre el total de residuos generados. El reciclaje de este tipo de residuos comprende el reciclaje de materiales, el compostaje y la digestión anaeróbica. La disponibilidad de una estadística anual sobre esta ratio nos permite evaluar cómo de eficaz ha venido siendo la política comunitaria de reciclaje en el seno de la UE.

Así, de acuerdo con el organismo estadístico europeo, se constata, como primera conclusión general, que durante el periodo 2000-2024 la tasa de reciclaje de residuos municipales de la UE-27 ha mostrado de forma continuada una senda, en general, ascendente.

En el año 2000 se reciclaba el 27,3% de los residuos municipales generados en el conjunto de la Unión. Casi 25 años después, en el año 2024 dicha tasa de reciclaje asciende al 48,1%, como puede observarse en el siguiente gráfico.

Nótese, no obstante, que durante los últimos tres años la tasa de reciclaje ha interrumpido su senda ascendente para estancarse e incluso retroceder respecto a la registrada en 2021 (49,7%).

Siendo notable el progreso alcanzado en materia de reciclaje, los resultados obtenidos hasta la fecha no son del todo satisfactorios dadas las metas fijadas en la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea. Entre otros objetivos se establece expresamente que todos Estados miembros deberán para 2025 aumentar la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos municipales hasta un mínimo del 55 % en peso, porcentaje que se incrementa hasta el 60% para 2030 y el 65% para 2035.

En un análisis por países se detectan diferencias muy marcadas de la tasa de reciclaje en el seno de la Unión.

En el año 2024, de los 27 Estados de la UE diez superaron la tasa media comunitaria (48,1%). La tasa de reciclaje más elevada la sigue ostentando, como en años anteriores, Alemania (66,9%). A continuación se encuentran Austria (62,8%), Eslovenia (62,4%), Países Bajos (58,0%), Luxemburgo (57,3%) y Bélgica (56,2%)

Por el contrario, los países europeos que presentaron las tasas de reciclaje más bajas son Rumanía (12,4%), Chipre (15,8%), Bulgaria (16,7%), Malta (16,7%) y Grecia (17,4%).

Hay que significar, asimismo, los notables progresos que han logrado algunos países europeos durante el periodo analizado. En el transcurso de los años 2000-2024 cabe destacar los mayores avances relativos alcanzados por países como Eslovenia, cuya tasa de reciclaje de residuos municipales ha aumentado desde el 6,0% en 2000 hasta el 62,4% en 2024 (la tercera más alta de la UE), Letonia (desde el 0,0% al 52,7%) y Lituania (desde el 0,0% al 52,5%). En el otro extremo, Austria ha visto retroceder en 0,6 puntos su tasa de reciclaje respecto al año 2000, si bien sigue ostentando una de las tasas más altas.

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Eurostat

Los bosques y los gases de efecto de gases de efecto invernadero en la UE (1990-2023)

Son múltiples las funciones que desempeñan los bosques. Constituyen los ecosistemas con mayor biodiversidad en tierra, llegando a acoger a más de la mitad de las especies del planeta. Los ecosistemas forestales atesoran una gran diversidad genética, que es fundamental para los avances de la ciencia y la salud de hombre. Además, los bosques nos proporcionan valiosos y variados recursos (madera, leña, carbón, plantas medicinales, alimentos…) a la vez que ayudan a regular la cantidad y la calidad del agua, facilitando su abastecimiento a buena parte de la población mundial.

También sabemos que los bosques son unos valiosos sumideros naturales de CO₂: absorben el dióxido de carbono presente en la atmósfera y lo incorporan a su biomasa a la vez que liberan oxígeno. Por lo tanto, desempeñan un papel fundamental para la calidad del aire y en la lucha contra el cambio climático. Respecto a esta última función de los bosques -su capacidad para mitigar los impactos que generan las emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero (GEI)- los datos de Eurostat nos aportan una información relevante.

En la Unión Europea los bosques cubren una superficie 1,61 millones de kilómetros cuadrados en 2023, esto es, ocupan el 39,0% de su superficie total. Los países que concentran, en términos absolutos, mayor superficie forestal son Suecia, con 279.330 km2, Finlandia (225.100), España (190.725), Francia (177.170) y Alemania (114.884).

Gracias a la pervivencia de estos espacios arbolados es posible reducir los gases contaminantes que se emiten cada año a la atmósfera. Así, en el año 2023 las emisiones de GEI ascendieron a 3.106 millones de toneladas de CO₂equivalente. De este total los bosques de la UE absorbieron unos 274 millones de toneladas, lo que representa un 8,8% del total de emisiones de GEI.

Sin embargo, como se observa en el siguiente gráfico, las absorciones de GEI por los bosques de la UE han apuntando hacia una tendencia descendente desde 1990, año en el que la captura por estos sumideros naturales ascendía a 370,7 millones de toneladas, esto es, se ha producido una reducción del 26,1% en dicho periodo (1990-2023). Diversas son las causas que han provocado este descenso, entre las que cabe señalar la pérdida de impulso de los proyectos de forestación, el aumento de la mortalidad de los árboles y el incremento de la extracción de madera.

En un análisis por países, los bosques que más contribuyeron en 2023 a la captura de emisiones de GEI fueron los pertenecientes a Italia, con el 20,0% del total de las emisiones capturadas por la superficie forestal de la UE, Francia (18,6%), España (16,6%), Polonia (14,7%), Suecia (11,5%) y Rumania (10,5%).

Por el contrario, cinco países no han contribuido con sus bosques a la captura de carbono 2023, sino bien al contrario: Alemania, Austria, Finlandia, Letonia y Estonia.

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Eurostat

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE (1990-2023)

El calentamiento global del planeta es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad, como así lo contempla la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en concreto en su ODS 13, puesta en marcha por Naciones Unidas en 2015.

Para encarar el desafío de la crisis climática se vuelve imperioso orientar hacia la sostenibilidad los sistemas económicos actuales basados en modos de producción y consumo que son el origen de cuantiosas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

En el marco de la Unión Europea, uno de los principales emisores de GEI del planeta, se han establecido compromisos de reducción de las emisiones de estos gases que requieren una evaluación continuada.

De acuerdo con la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en el año 2023 las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que produjo el conjunto de los 27 países de la UE se han cuantificado en 2.907 millones de toneladas (Mt) de CO2 equivalentes, incluyendo las emisiones netas del sector de “uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura” (LULUCF, en sus siglas en inglés) y la aviación internacional. Respecto al año anterior las emisiones, por tanto, experimentaron un descenso del 8,9%, continuando con la tendencia descendente mostrada en los últimos años, a excepción del repunte registrado en 2021 una vez sobrellevados los peores efectos de la contracción de la actividad que supuso la irrupción de la pandemia del COVID-19 en 2020.

En un análisis temporal más amplio, desde el año 1990, cuando los GEI generadores del cambio climático emitidos a la atmósfera por las actividades humanas ascendieron 4.635 Mt, se ha producido una reducción total de las emisiones del 37,3% en la UE. En términos absolutos, en 2023 se emitieron 1.728 Mt de CO₂ equivalentes menos que en el año 1990.

En términos acumulados, durante el periodo 1990-2023 los países de la Unión Europea han enviado a la atmósfera un total de 132.398 millones de toneladas de CO₂ equivalentes.

Como señala el informe de 2025 de la Agencia Europea del Medio Ambiente, (AEMA) las principales causas que explican que se hayan reducido las emisiones de GEI entre 1990 y 2023 en la UE son diversas: el aumento de la participación del uso de las energías renovables, el menor uso de los combustibles fósiles, mejoras en la eficiencia energética tanto en las empresas como en los hogares, cambios económicos estructurales y la recesión económica como la provocada por la pandemia.

En un análisis por sectores, según AEMA, las principales fuentes de emisiones de GEI son la energía (combustión y emisiones fugitivas), responsable del 81% del total de emisiones netas en 2023; la agricultura, con el 13 % del total, y la industria, con el 9%. Por su parte, el sector LULUCF representó el -7% de las emisiones netas de la UE en 2023.

Durante el periodo 1990-2023 la reducción de emisiones de GEI ha sido casi generalizada, con las significativas excepciones del transporte y la refrigeración y el aire acondicionado, donde las emisiones se incrementaron, y de la superficie forestal, donde las absorciones netas decrecieron, debido principalmente al envejecimiento de los bosques, el incremento de la tala y los efectos negativos del cambio climático.

Los mayores descensos de las emisiones se han observado en la industria manufacturera, la construcción, la producción de electricidad y calor, la producción de hierro y acero y la combustión residencial. Varios factores explican la disminución de las emisiones de GEI en el sector industrial: mejora de la eficiencia, menor intensidad de carbono, terciarización de la economía y una menor participación de las industrias con mayor consumo de energía, entre otros. Asimismo, la reducción de las emisiones procedentes de la producción de electricidad y calor se ha sustentado, principalmente, en la mejora de la eficiencia energética, en la transición hacia combustibles con menor intensidad de carbono y en el incremento sustancial del uso de fuentes de energía renovables. Por su parte, las importantes reducciones de emisiones en el sector residencial registradas durante el periodo 1990-2023 han sido impulsadas, entre otros factores, por las ganancias de eficiencia energética derivadas de mejores estándares de aislamiento en los edificios y por una combinación de combustibles con menor intensidad de carbono.

Por tipos, los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera son en su mayoría gases de dióxido de carbono (CO2), que representan el 78,0% del total de GEI de la UE en 2023. Las emisiones de estos gases CO2 (incluyendo LULUCF y aviación internacional) han disminuido entre 1990 y 2023 un 37,3%. También se han reducido durante el periodo las emisiones de otros GEI como metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF₆). Por el contrario, se han incrementado de forma significativa las emisiones de los hidrofluorocarbonos (HFCs), gases que se emplean, entre otros usos, en refrigeración y aire acondicionado.

En un análisis por países, en el año 2023 dos tercios (el 66,9%) del total de emisiones de GEI de la UE-27 procedían de cinco países: Alemania (25,5%), Francia (11,7%), Italia (11,4%), Polonia (10,9%) y España (7,5%).

Durante el periodo 1990-2023 la mayoría de los países de la Unión han reducido sus emisiones de GEI, contabilizándose las disminuciones absolutas más importantes en Alemania (-547.752 Mt), Italia (-187.995), Francia (-185.193) y Rumanía (-172.960).

En términos porcentuales, entre 1990 y 2023 las mayores reducciones se han registrado en Rumanía (-75,1%), Lituania (-70,7%), Estonia (-63,2%), Eslovaquia (-56,1%) y Bulgaria (-55,0%).

Por el contrario, son cinco países de la Unión Europea los que han aumentado sus emisiones de GEI durante el periodo 1990-2023: Chipre (50,9%), Austria (15,7%), Suecia (11,0%), Letonia (7,9%) y Finlandia (7,5%).

De cara al futuro, la palpable realidad del calentamiento global sigue demandando a los países acelerar la senda de reducción de sus emisiones de GEI. En la actualidad los compromisos asumidos por la UE apuntan que las emisiones han de disminuir al menos un 55% en 2030 respecto a 1990, con las vistas puestas en lograr una economía con neutralidad climática en el año 2050.

Para más información:

EEA: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2023 and inventory report 2025

Eurostat

La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2023)

Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

Con la fiscalidad ambiental o verde se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, es decir, tratar de incorporar en el coste de aquellas actividades calificadas de insostenibles los costes medioambientales que generan, ya que, de lo contrario, permanecerían “no visibles” y sin contabilizar en el precio final. Por lo tanto, el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen sus comportamientos para hacerlos más respetuosos con el medio ambiente.

Son diversas las bondades que presenta la implantación de impuestos ambientales, entre las que podemos destacar las siguientes:

a) Favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles).

b) Contribuyen a un mayor uso del transporte sostenible.

c) Fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente.

d) Reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas.

e) Desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables.

f) Refuerzan la lucha contra el cambio climático.

En la práctica la fiscalidad ambiental se concreta en la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

«Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes«.

Durante los últimos tres decenios se ha extendido la aplicación de los impuestos ambientales, a través de sus diversos tipos, en el seno de la Unión Europea. Para conocer su efectividad las evaluaciones periódicas sobre la aplicación real de este tipo de impuestos se convierten en más que necesarias.

Como primera aproximación analizamos aquí si la fiscalidad verde ha ganado protagonismo en el seno de las políticas tributarias de los países de la UE. De este modo se estudia cómo se ha comportado la recaudación de las diferentes categorías de impuestos ambientales, cuál ha sido la evolución de la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación verde en relación con la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2023 se recaudó en la UE-27 un total de 348.575 millones de euros en concepto de impuestos ambientales.

De este total la mayor parte fueron ingresos por impuestos sobre la energía (el 77,9%). A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,0%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (4,1%).

En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,2% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2023. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,0%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los últimos datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2023, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE.

En términos de su participación en la estructura tributaria total, el porcentaje de recaudación correspondiente a la fiscalidad verde sobre la recaudación total de impuestos de la UE-27 ha descendido desde el 6,6% en 1995 al 5,2% en 2023.

En términos comparativos con la actividad económica, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,6% de 1995 hasta el 2,0% en el último año de 2023. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Asimismo, es relevante apuntar que con la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 la fiscalidad verde como instrumento para promover la protección ambiental ha intensificado su pérdida de protagonismo. Desde 2019 hasta 2023 la presión fiscal ambiental en el conjunto de la UE se ha reducido en 0,54 puntos porcentuales.

Por tipos de impuestos, durante el periodo 1995-2023 la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 2,0% en 1995 a 1,6% en 2023. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,5% al 0,4%. Finalmente, los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantienen su presión fiscal del 0,1% en el periodo analizado.

En un análisis por países es destacable la diferente importancia de la fiscalidad verde dentro de la UE. Así, en el año 2023 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 4,11%. Le siguen, en orden descendente, Bulgaria (3,35%), Croacia (3,30%), Países Bajos (2,81%), Eslovenia (2,80%), Estonia (2,61%), Polonia (2,56%) e Italia (2,55%), principalmente.

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (0,96%), seguido de Luxemburgo (1,28%), Malta (1,54%), República Checa (1,56%), Lituania (1,61%) España (1,64%), Alemania (1,71%) y Francia (1,77%).

En resumen, durante el periodo 1995-2023 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (20 de 27), habiendo aumentado en sólo siete países. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Bulgaria (+2,2 p.p. entre 1995 y 2023), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-2,0 p.p.).

Para más información:

Eurostat

Europa ante el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (2025)

En 2015 la ONU puso en marcha el ambicioso proyecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de una estrategia de alcance mundial, cuyo compromiso se concreta en lograr, durante la presente década, diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (17 ODS), que cubren las tres dimensiones del desarrollo: económica, social y medioambiental.

Para evaluar los progresos en la consecución de los 17 ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) viene publicando desde hace varios años diferentes informes periódicos que tratan de evaluar cómo están avanzando los países en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para el caso de Europa, SDSN ha publicado hasta la fecha seis Informes que muestran los avances alcanzados desde 2015 respecto a los ODS por los 27 Estados miembros de la Unión Europea y otros países europeos más.

La metodología utilizada permite disponer de un índice ODS que resume en un único valor los resultados mostrados por la amplia batería de indicadores (un total de 111 para Europa) recabados para medir la totalidad de los 17 ODS (a los cuales se les otorga igual ponderación).

El índice ODS es, por tanto, un indicador sintético de desarrollo sostenible, cuyo valor puede oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación respecto al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, y 100, cuando el país se sitúa en la mejor posición respecto a su cumplimiento.

Con la edición de 2025 del Informe de Desarrollo Sostenible en Europa se han podido evaluar, a través del índice ODS, los progresos en materia de desarrollo sostenible de los 27 Estados miembros de la UE, además de otros siete países europeos (Noruega, Suiza, Islandia, Reino Unido, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía).

Entre las conclusiones generales del Informe destacamos las siguientes:

A nivel mundial 19 de los 20 países con mayor índice de los ODS son europeos. Sin embargo, se constata un retraso general en el progreso de los ODS en Europa. El avance en el cumplimiento de la Agenda 2030 es cada vez menor: +0,8 puntos durante el periodo 2020-2023 frente a +1,9 puntos del periodo 2016-2019.
El informe destaca especialmente el reto del ODS 2 y los sistemas agroalimentarios sostenibles. Es prioritario promover la transición hacia dietas sanas para transformar los sistemas agroalimentarios y alcanzar otros objetivos de salud, clima y biodiversidad. Asimismo, se enfatiza la necesidad de aplicar políticas que salvaguarden los medios de subsistencia de los agricultores y los pequeños productores de alimentos.
Estancamiento e incluso retroceso del progreso en los indicadores de “No dejar a nadie atrás desde 2020, que miden las desigualdades dentro de los países en materia de oportunidades, bienestar y equidad en el acceso a los servicios y su calidad.
Persisten los desafíos relacionados con los objetivos medioambientales y de biodiversidad, incluyendo los sistemas alimentario y terrestre sostenibles (ODS 2, ODS 12 a 15).
Europa genera importantes efectos indirectos medioambientales y sociales incorporados al comercio. Se estima que estos efectos negativos representan con frecuencia entre el 20% y el 30% de la huella total en muchos Estados miembros de la UE.
Progreso lento e incluso retroceso en el progreso en algunos indicadores del ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos).
Persisten grandes brechas y un ritmo lento de convergencia en los resultados de los ODS entre los países europeos.

En un análisis más detallado por países, el Informe de 2025 nos sigue revelando que en Europa persisten diferencias muy importantes respecto al grado de consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

Así, en esta edición de 2025, el país con un mayor valor del índice ODS sigue siendo, como en los últimos años, Finlandia (81,1). Le siguen, a continuación, Dinamarca (79,7), Suecia (79,4), Austria (77,3), Noruega (76,2), Alemania (75,0), Francia (73,9), Eslovenia (73,8), República Checa (73,7) e Islandia (73,4). Todos ellos ocupan las diez primeras posiciones.

En el otro extremo, los diez menores valores del índice ODS los presentan los siguientes países: Turquía (59,1), Macedonia del Norte (62,5), Chipre (62,7), Bulgaria (62,9), Serbia (63,2), Rumanía (64,2), Grecia (66,5), Luxemburgo (67,6), Lituania (67,8) y Hungría (68,8).

De cara al futuro, el Informe de 2025 postula que la Unión Europea debe emprender cuatro prioridades generales para impulsar el cumplimiento de los ODS. Son las siguientes:

1. Aumentar las inversiones en energías limpias y tecnologías digitales, con la adopción de un ambicioso Clean Industrial Deal (acuerdo industrial limpio) y del Marco Financiero Plurianual 2028-2035.

2. Reforzar las medidas prosociales para hacer frente a las consecuencias de la inflación y del aumento de las tensiones geopolíticas.

3. Abordar las repercusiones negativas para la salud y el medio ambiente del consumo insostenible, mediante una transición justa hacia dietas más sanas y sostenibles.

4. Aprovechar la diplomacia de los ODS y el Pacto Verde con todas las regiones, defender los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y apoyar una reforma ambiciosa del sistema de las Naciones Unidas y de la arquitectura financiera mundial.

Finalmente, el Informe de 2025 hace un llamamiento la nueva dirección de la UE para que lance una declaración política conjunta en la que reafirme el compromiso de la UE con la consecución de los ODS.

Para más información:

SDSN: Europe Sustainable Development Report 2025.

El parque de coches eléctricos en la Unión Europea (2013-2023)

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Una de las principales fuentes de contaminación atmosférica y calentamiento global del planeta reside en el sector del transporte. Para hacer frente a este serio problema medioambiental y de salud la Unión Europea cuenta desde 2011 con la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible, conocido como Libro Blanco del transporte.

En su estrategia el Libro Blanco establece diez objetivos cuantificados para alcanzar «un sistema de transporte competitivo y sostenible», entre los que se encuentra el siguiente:

«Reducir a la mitad el uso de automóviles de «propulsión convencional» en el transporte urbano para 2030; eliminarlos progresivamente en las ciudades para 2050; lograr que la logística urbana de los principales centros urbanos en 2030 esté fundamentalmente libre de emisiones de CO2″.

Posteriormente, en diciembre de 2019 la Comisión Europea puso en marcha el Pacto Verde Europeo, un ambicioso proyecto que pretende alcanzar la neutralidad climática en la Unión antes del año 2050. Ello exige un amplio paquete de medidas que deben adoptar los Estados miembros, entre ellas las que afectan al sector de transporte. En este ámbito, la Estrategia de movilidad urbana y sostenible (2020) establece entre sus objetivos que “de aquí a 2030 al menos treinta millones de vehículos de emisión cero circularán por las carreteras europeas”. Además, para 2050 el objetivo marcado se eleva para perseguir que “prácticamente todos los automóviles, furgonetas, autobuses y los nuevos vehículos pesados serán de emisión cero”.

De esta forma la política común de transportes aboga por la progresiva implantación de los vehículos eléctricos en detrimento de los automóviles de propulsión convencional. Sin embargo, los avances alcanzados hasta la fecha se presentan claramente escasos.

Según Eurostat, en 2023 se contabilizó en la UE-27 un total de casi 4,5 millones coches eléctricos de pasajeros, constatándose desde una perspectiva temporal que el parque de estos vehículos ha seguido una senda de crecimiento continuado, desde los apenas 50.278 registrados en 2013.

G_UE_2013_2023

Durante este periodo 2013-2023, el crecimiento medio anual de coches eléctricos ha sido superior al registrado por el parque total de coches de pasajeros, de modo que ha aumentado su porcentaje de participación. Sin embargo, hay que resaltar que el número de este tipo de coches «sostenibles o menos contaminantes» tan sólo representa un 1,7% del total de coches de pasajeros en 2023, un porcentaje ciertamente exiguo que contrasta con los objetivos marcados por la Comisión Europea.

En un análisis por países se detectan diferencias relevantes respecto a la implantación de coches eléctricos, no existiendo ningún Estado miembro de la UE que registre un porcentaje de participación de estos vehículos superior al 8%.

En términos absolutos, en 2023 los mayores parques de coches eléctricos se encuentran en Alemania (1.408.681 vehículos), Francia (916.082) y Países Bajos (442.409), que concentran el 62% de parque total de estos vehículos de la Unión. Por el contrario, se registran los menores parques de coches eléctricos en países como Chipre, Malta, Estonia, Letonia, Croacia y Eslovaquia.

En términos relativos, los países que presentan las mayores ratios de vehículos eléctricos sobre el parque total de coches de pasajeros en 2023 son los siguientes: Dinamarca (7,1%), Suecia (5,9%), Luxemburgo (5,1%) y Países Bajos (5,0%).

G_UE_Países_2023

Para más información:

Eurostat

Comisión Europea: Libro Blanco del transporte, 2011.

Comisión Europea: Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el transporte europeo de cara al futuro, 2020.

Evaluando la productividad energética en la economía de la UE (2000-2022)

En la transición hacia una economía sostenible un aspecto crucial a perseguir es la eficiencia energética. En el ámbito energético, junto al fomento de las energías renovables, el descenso del consumo de energía primaria y final y la reducción de la dependencia exterior, la eficiencia en el uso de la energía constituye para la Unión Europea un objetivo prioritario de su estrategia de desarrollo sostenible.

Los datos estadísticos publicados hasta hoy nos permiten analizar cómo ha evolucionado la productividad energética de la economía comunitaria durante el periodo 2000-2022. Como primera conclusión se constata que la productividad energética en la UE-27 ha seguido una tendencia ascendente, al pasar de los 6,3 euros por kgep en 2000 a los 9,3 en 2022. Es decir, si en el año 2000 por cada kilogramo equivalente de petróleo la economía de la UE produjo 6,3 euros de PIB, en el año 2022 alcanzó a obtener 9,3 euros.

En el último año de 2022 el país de la Unión Europea con mayor productividad energética de su economía ha sido Irlanda, con 28,8 euros en pps por kgep, seguido de Dinamarca (16,6), Rumanía (16,0), Luxemburgo (15,5), Italia (13,6), Portugal (12,3), Lituania (12,3), Austria (10,3), Alemania (12,2) y Croacia (11,9), todos ellos con valores superiores a la media de la UE (11,4).

Por el contrario, como países con menor productividad energética figuran Malta (6,4), Finlandia (6,6), Bulgaria (7,3), Estonia (7,8), República Checa (8,2), Bélgica (8,3), Eslovaquia (8,3) y Suecia (9,3), que anotaron valores inferiores a 10,0.

Para más información:

Eurostat.

El reciclaje en la Unión Europea (2000-2022)

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Uno de los principales frentes de las políticas medioambientales es la gestión de los residuos producidos por la actividad humana.

Para alcanzar una buena gestión de residuos se ha de tener presente la aplicación del conocido principio de las 3R que prioriza la reducción a la reutilización y el reciclaje.

No siempre es posible evitar la generación de los residuos procedentes de nuestras actividades de producción y consumo, ni tampoco promover su reutilización directa. En estos casos, la respuesta de gestión ha de centrarse en promover el reciclaje de los residuos, antes que destinarlos a la incineración o depositarlos en vertederos.

En el marco de la Unión Europea, durante los últimos años la política medioambiental enfocada en la maximización del reciclaje ha perseguido su consolidación. Ello conlleva fomentar, entre otros objetivos cuantificables, que todos los países de la Unión alcancen altas tasas de reciclaje de residuos municipales.

Para evaluar los resultados obtenidos por la política comunitaria de reciclaje, se dispone de la estadística que anualmente publica Eurostat en el ámbito de los residuos. Así, de acuerdo con el organismo europeo, durante el periodo 2000-2022, la tasa de reciclaje de residuos municipales de la UE-27 ha mostrado de forma continuada una senda, en general, ascendente.

En el año 2000 se reciclaba el 27,3% de los residuos municipales generados en el conjunto de la Unión. Más de dos décadas después, en el año 2022 dicha tasa de reciclaje asciende a 48,6%, como se observa en el siguiente gráfico.

G_UE27_Reciclaje_2000-2022

Nótese, no obstante, que en el último año 2022 la tasa de reciclaje ha retrocedido (-1,2 puntos porcentuales) respecto al año anterior, contrastando con el aumento registrado en 2021 (+1,1 puntos porcentuales). En todo caso, hay que advertir de que estos últimos resultados son datos estimativos y aún no definitivos.

Siendo notable el progreso alcanzado en materia de reciclaje, los resultados obtenidos hasta la fecha no son del todo satisfactorios dados los más que probables incumplimientos de las metas fijadas. La Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea establece expresamente como objetivos a alcanzar por todos los Estados miembros tasas de reciclaje de residuos municipales del 50% para 2020 y del 55% para 2025.

En un análisis por países se detectan diferencias muy marcadas de la tasa de reciclaje en el seno de la Unión.

De los 27 Estados de la UE, nueve superaron en 2022 la tasa media comunitaria (48,6%). La tasa de reciclaje más elevada la sigue ostentando, como en años anteriores, Alemania (69,1%). A continuación se encuentran Eslovenia (62,6%), Austria (62,5%), Países Bajos (57,5%), Luxemburgo (54,6%), Bélgica (52,7%), Dinamarca (52,3%), Italia (51,9%) y Eslovaquia (49,5%).

Por el contrario, los países europeos que presentan en 2022 las tasas de reciclaje más bajas son Rumanía (12,1%), Malta (12,2%), Chipre (14,8%) y Grecia (17,5%).

G_Países_Reciclaje_2022

Hay que significar, asimismo, los notables progresos que han logrado algunos países europeos durante los últimos años. En el transcurso del periodo 2000-2022 cabe destacar los mayores avances relativos alcanzados por países como Eslovenia, cuya tasa de reciclaje de residuos municipales ha aumentado desde el 6,0% en 2000 hasta el 62,6% en 2022 (la segunda más alta de la UE-27), y Lituania (desde el 0,0% al 48,4%). En el otro extremo, Austria ha visto retroceder en 0,9 puntos su tasa de reciclaje respecto al año 2000, si bien sigue ostentando una de las tasas más altas.

Para más información:

Eurostat