Europa ante el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (2022)

21. Porvoo

En 2015 la ONU puso en marcha el ambicioso proyecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de una estrategia de alcance mundial, cuyo compromiso se concreta en lograr, durante la presente década, diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (17 ODS), que cubren las tres dimensiones del desarrollo: económica, social y medioambiental.

Para evaluar los progresos en la consecución de los 17 ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) y la fundación Bertelsmann Stiftung vienen publicando desde hace varios años diferentes informes periódicos que tratan de evaluar cómo están avanzando los países en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para el caso de Europa, SDSN ha publicado hasta la fecha cuatro Informes que muestran los avances alcanzados respecto a los ODS por la Unión Europea y sus países socios  europeos desde 2015.

La metodología utilizada permite disponer de un índice ODS que resume en un único valor los resultados mostrados por la amplia batería de indicadores (un total de 110 para Europa) recabados para medir la totalidad de los 17 ODS (a los cuales se les otorga igual ponderación).

El índice ODS es, por tanto, un indicador sintético de desarrollo sostenible, cuyo valor puede oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación respecto al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, y 100, cuando el país se sitúa en la mejor posición respecto a su cumplimiento.

Con la edición de 2022 del Informe de Desarrollo Sostenible en Europa se han podido evaluar, a través del índice ODS, los progresos en materia de desarrollo sostenible de los 27 Estados miembros de la UE, además de siete socios  o candidatos europeos (Noruega, Suiza, Islandia, Reino Unido, Macedonia del  Norte, Serbia y Turquía). Entre las conclusiones generales del Informe destacamos las siguientes:

  • Las múltiples crisis (sanitaria, de seguridad, climática y económica) que atraviesa Europa y el mundo están haciendo que los avances en el cumplimiento de los ODS se hayan estancado. En 2020, antes de la pandemia, los progresos en materia de desarrollo sostenible eran ya muy lentos y desiguales. A partir de entonces, con los impactos del COVID-19, la guerra en Ucrania y la intensificación de las crisis climática y de biodiversidad, el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 está en tela de juicio y pone en riesgo los resultados alcanzados hasta ahora.
  • Muchos países europeos presentan retrocesos principalmente en los objetivos ODS1 (fin de la pobreza), ODS3 (salud y bienestar) y ODS8 (trabajo decente y crecimiento económico).
  • La UE ha alcanzado o está en la senda de alcanzar alrededor del 66% de los ODS. Sin embargo, el 20% de los ODS presenta un avance insuficiente y el 13% restante va en dirección equivocada.
  • Los mayores retos a lo que se enfrenta la UE están relacionados con los objetivos ODS2 (hambre cero) y ODS 12-15 (clima y biodiversidad). La pobre ejecución de estos objetivos proviene de la existencia de sistemas alimenticios y dietas insostenibles, las emisiones de gases de efecto invernadero y de las amenazas a la biodiversidad.
  • Las desigualdades se han incrementado en el interior de varios países europeos.
  • La UE sigue generando, debido a su consumo y comercio insostenibles, importantes efectos indirectos negativos sobre el resto del mundo. Por ejemplo, el 40% de los gases de efecto invernadero generados para satisfacer el consumo de bienes y servicios en la UE tiene lugar en otros países.

En un análisis más detallado por países, el Informe de 2022 nos revela que en Europa siguen existiendo diferencias muy importantes respecto al grado de consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

Así, en esta edición, el país con un mayor valor del índice ODS es Finlandia (81,7), por tercer año consecutivo. Le siguen, a continuación, Suecia (80,6), Dinamarca (79,2), Austria (78,2,), Noruega (77,2), Alemania (74,8), República Checa (74,2), Eslovenia (74,0), Suiza (73,7) y Estonia (73,2). Todos ellos ocupan las primeras diez posiciones.

C_Europa_Index ODS2022

En el otro extremo, los diez menores valores del índice ODS los presentan los siguientes países: Turquía (56,7), Bulgaria (60,7), Chipre (60,7), Serbia (61,1), Macedonia del Norte (62,9), Rumanía (63,4), Malta (64,9), Grecia (65,7), Lituania (66,1) y Luxemburgo (68,7).

De cara al futuro, el Informe de 2022 formula diversas recomendaciones para impulsar el cumplimiento de los ODS, entre las que destacamos las siguientes:

  • Impulsar las seis transformaciones clave de los ODS propuestas en el Informe de 2020:

     1. Educación, formación, trabajo decente e innovación.
     2. Energía sostenible. 
     3. Vivienda, movilidad y ciudades y asentamientos sostenibles.
     4. Producción sostenible de alimentos, alimentación saludable y protección de la biodiversidad.
    5. Economía circular y limpia, con contaminación cero.
    6. Transformación digital.

  • Publicar una Declaración política conjunta de las instituciones comunitarias en la que la UE reafirme su compromiso con la Agenda 2030.
  • Preparar una Comunicación de la Comisión Europea que clarifique cómo la UE va a cumplir los ODS en Europa y en la se establezcan metas, calendarios y hojas de ruta.

Para más información:

SDSN: Europe Sustainable Development Report 2022.

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La productividad energética en la economía de la UE (2000-2020)

En la transición hacia una economía sostenible un aspecto crucial a perseguir es la eficiencia energética. En el ámbito energético, junto al fomento de las energías renovables, el descenso del consumo de energía primaria y final y la reducción de la dependencia exterior, la eficiencia en el uso de la energía constituye para la Unión Europea un objetivo prioritario de su estrategia de desarrollo sostenible.

Avanzar en eficiencia energética significa aumentar la productividad, esto es, facilitar la sostenibilidad de la economía en tanto que se emplea menos energía por unidad de producto o lo que es lo mismo obtener más producción de bienes y servicios con la misma cantidad de energía.

Un indicador que nos aproxima a evaluar la productividad energética en la UE es el que publica la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En concreto, se dispone del indicador de productividad energética, que queda definido por la división entre el Producto Interior Bruto (PIB, a precios constantes de 2010) y la energía bruta disponible para un año determinado.

Los datos estadísticos publicados hasta hoy nos permiten analizar cómo ha evolucionado la productividad energética de la economía comunitaria durante el periodo 2000-2020. Como primera conclusión se constata que la productividad energética en la UE-27 ha seguido una tendencia ascendente, al pasar de los 6,3 euros por kgep en 2000 a 8,6 en 2020. Es decir, si en el año 2000 por cada kilogramo equivalente de petróleo la economía de la UE produjo 6,3 euros de PIB, en el año 2020 alcanzó a obtener 8,6 euros.

Para un análisis comparativo por países, empleamos el indicador de Producto Interior Bruto en paridad de poder de compra (PIB pps) por kilogramo equivalente de petróleo (kgep). Este indicador, al igual que el anterior, nos mide la productividad energética por unidad de producción en una economía, si bien, en este caso, ajustando el PIB por las variaciones de precios nacionales.

En el último año de 2020 el Estado de la UE-27 con mayor productividad energética de su economía ha sido Irlanda, con 22,4 euros en pps por kgep, seguido de Dinamarca (14,3), Rumanía (12,9), Luxemburgo (12,5), Italia (11,6), Alemania (10,7), Portugal (10,7), Austria (10,3) y España, todos ellos con valores superiores a la media de la UE (9,7).

Por el contrario, como países con menor productividad energética figuran Malta (5,1), Finlandia (5,8), Bulgaria (6,4), Eslovaquia (7,0), Estonia (7,0), Bélgica (7,1) y República Checa (7,4), que anotaron valores inferiores a 8,0.

Para más información:

Eurostat.

La producción de energía nuclear en los países de la Unión Europea (1996-2020)

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La producción de energía nuclear en la Unión Europea (UE-27) ascendió  en el año 2020 a 175,2 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep). Su destino principal es la generación de electricidad.

De acuerdo con los datos publicados por Eurostat, durante los años 1990-2020 la producción de energía nuclear se ha reducido un 7,1% en la UE.

En dicho periodo de tiempo cabe diferenciar dos fases. En un primer subperiodo 1990-2004 la producción de este tipo de energía traza una senda de continuo aumento hasta llegar a su nivel máximo de 240 millones de tep en el año 2004. A esta primera fase, en la que se incrementó un 27,2%, sigue una segunda en la que se va recortando la producción de energía nuclear hasta alcanzar su valor mínimo en el año 2020.

G_UE27_nuclear_1990_2020

En un análisis por países, son trece los Estados miembros de la UE que tienen operativos reactores nucleares para la producción de energía.

En el año 2020 Francia continúa siendo, con diferencia, el mayor productor de energía nuclear de la Unión Europea. Su peso se ha situado durante todo el periodo (1990-2020) por encima del 39% del total de energía nuclear de la UE. De hecho, la participación francesa se ha incrementado desde el 43,0% en 1990 hasta el 52,6% en 2020.

Les siguen, a distancia, las participaciones de Alemania (9,5% del total en 2020), España (8,7%), Suecia (6,9%), Bélgica (4,8%), República Checa (4,3%), Finlandia (3,2%), Bulgaria (2,5%), Hungría (2,3%), Eslovaquia (2,3%), Rumanía (1,6%), Eslovenia (0,9%) y los Países Bajos (0,5%).

En cuatro países (Francia, Alemania, España y Suecia) se concentra, por tanto, más del 77% de la producción total de energía nuclear de la Unión Europea.

G_Nuclear_países UE27

Desde una perspectiva temporal, es destacable la evolución diferenciada que se ha dado entre países durante el periodo 1990-2020. Así, Alemania ha decidido tomar el camino de reducir su producción de energía nuclear, hecho que empieza a observarse en el año 2007 siendo más palpable a partir de 2011. Entre 1990-2020 este país ha visto descender su producción de energía nuclear en un 58,2%, de modo que su peso sobre el total de la UE disminuye desde el 21,0% hasta el 9,5%.

Asimismo, Lituania, cuya producción energética nuclear representaba el 2,2% de la UE en 1990, decidió cesar esta actividad en 2009, de modo que anotó la mayor reducción relativa (-100%) en el periodo analizado.

Junto a estos dos países se une también Suecia, cuya producción de energía nuclear registró un descenso del 31,6% entre 1990-2020, hasta tener una participación del 6,9% en el último año 2020 frente al 9,3% en 1990. Y, finalmente, Bélgica también reduce su producción nuclear durante el periodo analizado, en este caso un 24,0%, que propicia el descenso de su participación relativa en total de la UE.

En sentido contrario, nueve países de la UE han incrementado su producción de energía nuclear durante los años 1990-2020. Los mayores aumentos se han registrado en la República Checa (+130,9) y Eslovaquia (+30,3%), seguidos de Eslovenia (+25,5%), Bulgaria (+14,6%), Hungría (+14,4%), Francia (13,8%), Finlandia (+11,9%), España (+8,4%), los Países Bajos (+5,8%) y Rumanía, que comenzó su producción en 1996.

Para más información:

Eurostat: Datos

El parque de coches eléctricos en la Unión Europea (2013-2019)

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Una de las principales fuentes de contaminación atmosférica y calentamiento global del planeta reside en el sector del transporte. Para hacer frente a este serio problema medioambiental y de salud la Unión Europea cuenta desde 2011 con la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible, conocido como Libro Blanco del transporte.

En su estrategia el Libro Blanco establece diez objetivos cuantificados para alcanzar «un sistema de transporte competitivo y sostenible», entre los que se encuentra el siguiente:

«Reducir a la mitad el uso de automóviles de «propulsión convencional» en el transporte urbano para 2030; eliminarlos progresivamente en las ciudades para 2050; lograr que la logística urbana de los principales centros urbanos en 2030 esté fundamentalmente libre de emisiones de CO2″.

Además, se afirma que «el transporte individual ha de utilizarse preferentemente para los últimos kilómetros del viaje y realizarse con vehículos no contaminantes».

En definitiva, la política europea de transporte aboga por la progresiva implantación de los vehículos eléctricos en detrimento de los automóviles de propulsión convencional. Sin embargo, los avances alcanzados hasta la fecha se presentan claramente escasos.

Según Eurostat, en 2019 se contabilizó en la UE-27 un total de 2,8 millones coches eléctricos e híbridos (con motores eléctrico y de combustión interna). Por tipos, este parque automovilístico presenta la siguiente distribución: el 21,8% pertenece a la categoría de vehículos eléctricos, un 60,5% corresponde a vehículos híbridos «tradicionales» y, finalmente, el 11,5%% de los coches son vehículos híbridos «enchufables».

Desde una perspectiva temporal, se constata que el parque de coches eléctricos e híbridos ha seguido una senda creciente en la UE, desde los apenas 300.000 registrados en 2013 hasta los 2,8 millones de 2019.

G_UE_2013 Y 2019

Durante este periodo el crecimiento medio anual de coches eléctricos e híbridos ha sido superior al registrado por el parque total de coches de pasajeros, de modo que ha aumentado su porcentaje de participación. Sin embargo, hay que resaltar que el número de este tipo de coches «sostenibles o menos contaminantes» tan sólo representa un 1,15% del total de coches de pasajeros en 2019, un porcentaje ciertamente exiguo que contrasta con los objetivos marcados en el Libro Blanco.

En un análisis por países se detectan diferencias relevantes, si bien ningún país presenta porcentajes de participación de estos vehículos superiores al 5%.

En términos absolutos, en 2019 los mayores parques de coches eléctricos e híbridos se encuentran en Francia, Países Bajos, España, Italia y Suecia, que tienen entre 750.000 y 200.000 vehículos. Por el contrario, se registran los menores parques de coches de esta categoría en países como Croacia, Letonia y Eslovenia.

En términos relativos, los países que presentan las mayores participaciones de coches eléctricos e híbridos sobre el parque total de coches de pasajeros en 2019 son los siguientes: Países Bajos (4,6%), Suecia (4,3%), Finlandia (2,4%), Francia (2,3%) y Bélgica (2,1%).

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Para más información:

Eurostat

Comisión Europea: Libro Blanco del transporte, 2011

Evaluando la sostenibilidad de las ciudades europeas (2020)

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En 2015 las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un ambicioso plan de acción para los próximos 15 años que, a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas conexas, persigue el desarrollo de todos los países del planeta en sus tres dimensiones económica, social y ambiental.

Uno de los 17 ODS de la Agenda 2030, en concreto el ODS 11, se focaliza en la sostenibilidad de las ciudades y comunidades locales: «Ayudar a que las ciudades y los asentamientos humanos sean más incluyentes, seguros, resilientes y sostenibles». La evaluación del ODS 11 es de especial interés porque es en las áreas urbanas donde se concentra la mayor parte de la población y de la riqueza, y donde con mayor intensidad se producen y consumen bienes y servicios, que provocan múltiples impactos.

En el contexto europeo, la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) evalúa de forma periódica, mediante el empleo de una amplia batería de indicadores, los progresos respecto a los ODS que han alcanzado los actuales 27 países miembros de la UE. En su edición del año 2020, el informe ‘Sustainable Development in the European Union – Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context’ nos aporta una evaluación actualizada del ODS 11, es decir, de las tendencias que están siguiendo las ciudades y asentamientos humanos de la UE respecto a los compromisos fijados en la Agenda 2030.

Como apunta el citado informe, casi las tres cuartas partes de la población de la UE reside en áreas urbanas y se prevé que para 2050 la población urbana sobrepase el 80%. Estos hechos conllevan importantes retos económicos, sociales y medioambientales, que habrá que afrontar en el seno de las propias ciudades y asentamientos humanos. Entre dichos desafíos el ODS 11 delimita tres ámbitos de actuación que son objeto de evaluación: calidad de vida, movilidad sostenible e impactos medioambientales.

A continuación se exponen las principales conclusiones recogidas respecto al ODS 11 en el citado informe de seguimiento realizado por Eurostat:

a) Calidad de vida. Se evalúa a partir de indicadores relativos a la calidad de la vivienda, la contaminación acústica, la contaminación atmosférica y la seguridad.

  • El 13,6% de la población de la UE residía en viviendas con déficits habitacionales básicos (goteras, humedades…) en 2018. Este porcentaje ha disminuido en 2,7 p.p. respecto al registrado en 2010.
  • El 17,1% de la población vive en hogares hacinados, es decir, 2 p.p. menos que en 2010.
  • El 18,2% de la población declara que vive con molestias de ruido en 2018, frente al 20,6% en 2010.
  • El 11,5% de la población percibe en su localidad que existen crimen, violencia y vandalismo, un porcentaje que ligeramente inferior al de 2010 (13,1%).
  • La concentración media anual ponderada por población de partículas finas (PM2,5) en las áreas urbanas ha disminuido desde 17,5 μg/m3 en 2012 a 15,0 μg/m3 en 2017. Sin embargo, de acuerdo con la OMS el 77% de los habitantes de las ciudades de la UE viven expuestos a niveles de concentración de PM2,5 que se consideran nocivos para la salud humana.
  • El grado de urbanización afecta al nivel de hacinamiento de los hogares y a la percepción de contaminación acústica e inseguridad ciudadana, siendo estos problemas mayores en las grandes ciudades que en las ciudades pequeñas y áreas rurales.

b) Movilidad sostenible. En este ámbito se evalúan los avances alcanzados en materia de transporte sostenible y seguro.

  • La participación de transporte público (autobuses y trenes) en el transporte total de pasajeros se ha estancado, representando solo el 17,1% en 2017, porcentaje inferior al de 2012, frente a la mayor proporción de los turismos.
  • Si bien se han reducido las víctimas mortales de accidentes de tráfico durante los últimos quince años (de 47.331 personas en 2003 a 23.339 en 2018), se ha producido un estancamiento desde 2013 que aleja a la UE de sus objetivos iniciales.

c) Impactos medioambientales. Diversos son los impactos medioambientales que tienen su origen en las ciudades. Se evalúan los progresos alcanzados en materia de gestión de los residuos, tratamiento de las aguas residuales y ocupación del suelo.

  • La tasa de reciclaje de residuos municipales alcanzó el 47,4% en 2018. Dicha tasa ha aumentado de forma continuada desde el 27,3% del año 2000, si bien aún se encuentra distante del objetivo del 60% para 2030.
  • Entre 2014 y 2017 en quince Estados de la UE el 80% o más de su  población estaba conectada al menos a plantas de tratamiento secundario de aguas residuales, y en nueve Estados miembros, más del 90% de su población. Estos porcentajes han aumentado respecto al año 2002, si bien se viene manifestando como tarea compleja y costosa el objetivo de cubrir al 100% de la población.
  • Con la extensión de las ciudades la degradación del suelo y la pérdida de ecosistemas se convierten en un desafío medioambiental principal. El área de asentamiento (edificios, áreas industriales y comerciales, infraestructuras…) per cápita fue de 703,4 m2 en 2018, esto es, un 3,3% más que en 2015.

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Fuente: Eurostat: Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progess towards the SDGs in an EU context, 2020 edition.

Para más información:

Eurostat

El reciclaje en la Unión Europea (2000-2019)

Eslovenia

Uno de los principales frentes de las políticas medioambientales es el de la gestión de los residuos producidos por la actividad humana. Aplicando el principio de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar), cuando no es posible evitar la generación de los residuos procedentes de nuestras actividades de producción y consumo, ni tampoco promover su reutilización, la respuesta ha de centrarse en maximizar el reciclaje.

Durante las dos últimas décadas el tratamiento de los residuos se ha venido consolidando en la Unión Europea, a la luz de la evolución que han seguido indicadores como la tasa de reciclaje de residuos municipales.

De acuerdo con Eurostat, dicha tasa de reciclaje se define como el porcentaje de residuos municipales, generados por los hogares y por fuentes de residuos similares (comercio, oficinas e instituciones públicas) sobre el total de residuos generados. El reciclaje de este tipo de residuos comprende el reciclaje de materiales, el compostaje y la digestión anaeróbica.

En un análisis temporal amplio, en el promedio de la UE-27 la tasa de reciclaje de residuos municipales ha mostrado de forma continuada una senda ascendente durante el periodo 2000-2019 .

En el año 2000 el 27,3% de los residuos municipales generados en el conjunto de la UE-27 se reciclaban. Veinte años más tarde dicha tasa de reciclaje ascendía a 47,7%, como se observa en el siguiente gráfico.

G_UE27_Reciclaje_2000-2019

Estos resultados positivos, si bien no suficientes, presentan diferencias por países muy marcadas.

De los 27 Estados de la Unión Europea, nueve superaron en 2019 la tasa media comunitaria (47,7%). La tasa de reciclaje más elevada la alcanzó Alemania (66,1%), a la que sigue, a distancia, Eslovenia (59,2%), Austria (58,2%), Países Bajos (56,9%) y Bélgica (54,7%), con las mayores tasas. 

Por el contrario, los países europeos que presentan en 2019 las tasas de reciclaje más bajas fueron Malta (8,9%), Rumanía (11,5%), Chipre (15,0%) y Grecia (21,0%).

G_Países_Reciclaje_2019

Hay que destacar, asimismo, los significativos progresos que han logrado algunos países europeos durante los últimos años. En el transcurso del periodo 2000-2019 cabe destacar los mayores avances relativo alcanzado por Eslovenia, cuya tasa de reciclaje de residuos municipales ha aumentado desde el 6,0% en 2000 hasta el 59,2% en 2019 (la segunda más alta de la UE-27), y por Lituania (desde el 0,0% al 49,4%). Por el contrario, Austria y Malta han reducido su tasa de reciclaje durante el periodo 2000-2019, en 5,2 y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente.

Para más información:

Eurostat

Las emisiones de gases de efecto invernadero de los hogares de la UE (2010-2019)

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GIE) causantes, en gran medida, de la crisis climática actual que sufre el planeta proceden, principalmente, del desarrollo de diversas actividades económicas (industria manufacturera, producción de electricidad, agricultura, ganadería, transporte, construcción…). Además, no hay que olvidar que las actividades desarrolladas por los hogares también son fuente de emisión de GEI.

En el contexto de la Unión Europea (UE-27) las emisiones de GEI de los hogares representaron en 2019 el 19,8% de total de emisiones frente al 80,2% generado por las actividades de los diferentes sectores económicos.

Si analizamos en concreto las actividades realizadas dentro de los hogares (calefacción, aire acondicionado, cocina…) los datos apuntan a una paulatina mejoría de la eficiencia energética y a un menor empleo de los combustibles fósiles en la medida en que se constata que se han reducido los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera por los hogares durante los últimos años.

Así, de acuerdo con la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en la UE-27 dichas emisiones de GEI de los hogares han descendido desde las 406,5 toneladas de CO2 equivalente del año 2010 hasta las 299,1 de 2019. Ello supone, por tanto, una caída acumulada del 26,4%, lo que muestra el mejor comportamiento relativo de los hogares en comparación con la evolución del conjunto de las actividades que emiten GEI en la UE-27, cuya reducción fue del 12,8% en dicho periodo de 2010-2019.

Si analizamos la evolución de las emisiones de los hogares, en términos relativos, por habitante, en la UE-27 se emitieron 669 kg de CO2 equivalente per cápita en el año 2019. Este dato también apunta una mejoría respecto a 2010, cuando dicha ratio se cifró en 922 kg/habitante, de modo que se ha producido una reducción del 27,4% en dicho periodo.

Sin desdeñar estos avances en la lucha contra el cambio climático, la realidad actual sigue siendo mejorable, presentándose aún importantes diferencias entre los países que conforman la Unión Europea.

En 2019 tres países excedían con mucho el promedio de emisiones de 669 kg de CO2 equivalente per cápita de la Unión Europea: Luxemburgo (1.662 kg/hab.), Bélgica (1.244) e Irlanda (1.236). A continuación, otros países que emitieron más del 25% del valor promedio europeo son Polonia, Países Bajos, República Checa y Alemania.

Por el contrario, los hogares de la UE que emitieron, con diferencia, menos GEI per cápita son los pertenecientes a Suecia (35 kg de CO2 equivalente/hab.) y Malta (96). Les sigue un grupo de nueve países que también destacan por presentar una ratio de emisiones que es menos de la mitad del promedio europeo: Finlandia, Portugal, Letonia, Bulgaria, Rumanía, Estonia, España y Lituania.

Finalmente, es de resaltar, desde un enfoque dinámico, que, durante el periodo analizado (2010-2019), 22 de los 27 países de la UE han conseguido reducir los GEI emitidos a la atmósfera por las actividades realizadas en las viviendas, significándose los mayores descensos porcentuales en Suecia (-62,8%), Finlandia (-47,8%) y Eslovenia (-44,9%).

Para más información:

Eurostat

La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2019)

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Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

La fiscalidad ambiental implica la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012). Con los impuestos ambientales se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, al incorporar en el coste de aquellas actividades insostenibles también sus costes medioambientales que, de lo contrario, permanecerían “no visibles”, sin contabilizar en el precio final. De este modo el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen su comportamiento para que sea más respetuoso con el medio ambiente.

Las ventajas que ofrecen los impuestos ambientales son diversas, entre las que podemos señalar las siguientes: a) favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles), b) contribuyen a un mayor empleo del transporte sostenible, c) fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente, d) reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas, e) desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables y f) refuerzan la lucha contra el cambio climático.

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

«Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes«.

Durante los últimos 25 años se han extendido los impuestos ambientales que, en sus diversos tipos, han venido aplicando en el seno de la Unión Europea los Estados miembros. Es hora de hacer balance y profundizar en las evaluaciones sobre la aplicación de este tipo de impuestos.

En una primera evaluación es de especial interés conocer si la fiscalidad verde ha ganado peso en la política tributaria de los países. Para ello, analizamos cómo se ha comportado la recaudación de los diferentes impuestos ambientales, cómo ha evolucionado la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación en función de la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2019 se recaudó en la UE-27 un total de 330.577 millones de euros en concepto de impuestos ambientales. De este total la mayor parte (el 77,9%) fueron ingresos por impuestos sobre la energía. A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,9%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (3,2%).

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En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,91% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2019. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,37%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2019, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE, a la luz del análisis de la evolución de la presión fiscal ambiental registrada durante dicho periodo.

El porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,58% de 1995 hasta el 2,37% en el último año de 2019. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Por tipos de impuestos, la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 1,98% en 1995 a 1,84% en 2019. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,52% al 0,45%, mientras que los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantiene su presión fiscal en el 0,08% en el periodo analizado.

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En un análisis por países son destacables las diferencias que se detectan dentro de la UE-27 en relación con la importancia dada a la fiscalidad verde. Así, en el año 2019 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación relativa por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 3,86%. Le siguen, en orden descendente, Croacia (3,54%), Países Bajos (3,39%), Eslovenia (3,32%), Italia (3,28%) y Dinamarca (3,27%).

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (1,41% en 2019), seguido de Luxemburgo (1,72%), Eslovaquia (1,79%), Alemania (1,77%), España (1,77%) y Lituania (1,89%).

G_Imp. amb._países_2019

En resumen, durante el periodo 1995-2019 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (14 de 27), permaneciendo igual en tres y aumentando en diez. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Estonia (+2,3 p.p. entre 1995 y 2019), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-1,6 p.p.).

Para más información: 

Eurostat

Evaluando la productividad energética en la economía de la UE (2000-2018)

En la transición hacia una economía sostenible un aspecto crucial es perseguir la eficiencia en el empleo de los recursos materiales y la energía. En este último ámbito, maximizar la eficiencia energética, además de la extensión de la implantación de las energías renovables, constituye un objetivo prioritario de la política medioambiental de la Unión Europea, como queda recogido en estrategias como la Estrategia Europa 2020.

Por tanto, para avanzar en eficiencia energética, facilitando la sostenibilidad de la economía, se hace necesario emplear menos energía por unidad de producto o lo que es lo mismo obtener más producción de bienes y servicios con la misma cantidad de energía.

Un indicador que nos aproxima a evaluar la eficiencia energética en la UE es el que publica la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En concreto, se dispone del indicador de productividad energética, que queda definido por la división entre el Producto Interior Bruto (PIB a precios constantes) y la energía bruta disponible para un año determinado.

Unos primeros resultados del análisis de la evolución del citado indicador durante el periodo 2000-2018 nos permiten concluir que la productividad energética en la UE-27 (sin Reino Unido) ha seguido una tendencia ascendente, al pasar de los 6,3 euros por kgep en 2000 a 8,1 en 2018. Es decir, si en el año 2000 por cada kilogramo equivalente de petróleo la economía de la UE produjo 6,3 euros de PIB, en el año 2018 alcanzó a obtener 8,1 euros.

Para un análisis comparativo por países, empleamos el indicador de Producto Interior Bruto en paridad de poder de compra (PIB pps) por kilogramo equivalente de petróleo (kgep). Este indicador, al igual que el anterior, nos mide la productividad energética por unidad de producción en una economía, si bien, en este caso, teniendo en cuenta las variaciones de precios nacionales.

En el último año de 2018 el Estado de la UE-27 con mayor productividad energética de su economía ha sido Irlanda, con 18,7 euros en pps por kgep, seguido de Dinamarca (11,9), Rumanía (11,5), Italia (11,0), Luxemburgo (10,7) y Austria (10,1).

Por el contrario, como países con menor productividad energética figuran Malta (4,7), Estonia (5,0), Finlandia (5,3), Bulgaria (5,7), Bélgica (6,3) y República Checa (6,7).

Para más información:

Eurostat.

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE (1990-2018)

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que generan los países de la UE-27 se han cuantificado en 3.764 millones de toneladas de CO2 equivalentes en el año 2018. Ello supone un descenso del -2,3% respecto a 2017, por lo que se retoma la senda descendente que se vio interrumpida en 2015 y 2017 cuando las emisiones registraron incrementos del 1,4% y 0,7%, respectivamente.

En un análisis temporal más amplio, se constata que desde el año 1990, cuando los GEI generadores del cambio climático emitidos a la atmósfera ascendieron 4.958 millones de toneladas, se ha producido una reducción total de las emisiones del 22,5% en el conjunto de la UE.

Las principales causas que explican la reducción de las emisiones de GEI  en la UE son diversas: el aumento de la participación del uso de las energías renovables, el menor uso de los combustibles fósiles, mejoras en la eficiencia energética, cambios económicos estructurales y la recesión económica, como señala el informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente.

En un análisis por sectores, la reducción de emisiones de GEI ha sido casi generalizada, con la significativa excepción del transporte y la refrigeración y aire acondicionado. Los mayores descensos se han observado en la industria manufacturera, la construcción, la producción de electricidad y calor, la producción de hierro y acero y la combustión residencial.

Los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera son en su mayoría gases de dióxido de carbono (CO2), que representan el 81,2% del total de GEI de la UE-27 en 2018. Las emisiones de estos gases CO2 han disminuido entre 1990 y 2018 un 21,1%%. También se han reducido las emisiones de otros GEI como el metano (CH4), óxido nitroso (N2O), perfluorocarbono (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). Por el contrario, se han incrementado las emisiones de hidrofluorocarbono (HFC) y de trifluoruro de nitrógeno (NF3).

En un análisis por países, en el año 2018 dos tercios (el 65,8%) del total de emisiones de GEI de la UE-27 procedían de cinco países: Alemania (22,8%), Francia (11,8%), Italia (11,4%), Polonia (11,0%) y España (8,9%).

Durante el periodo 1990-2018 la mayoría de los países de la Unión han reducido sus emisiones de GEI, contabilizándose las disminuciones absolutas más importantes en los dos Estados miembros más emisores, Alemania (391.090 Mt menos) y Francia (103.511), y en Rumanía (131.879).

En términos porcentuales, entre 1990 y 2018 las mayores reducciones se han registrado en Lituania (-57,8%), Letonia (-55,5%), Rumanía (-53,2%) y Estonia (-50,4%).

Por el contrario, son cinco los países de la Unión Europea los que han aumentado sus emisiones de CO2 durante el periodo 1990-2018: Chipre (55,0%), España (15,5%), Portugal (15,0%), Irlanda (9,9%) y, en menor medida, Austria (0,6%).

De cara al futuro, los últimos objetivos asumidos por la UE en el Pacto Verde Europeo apuntan a proseguir por la senda de continuada reducción de las emisiones de GEI, de modo que se alcance una disminución de al menos un 50% en 2030 y se logre la neutralidad climática en 2050.

Para más información:

EEA: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2018 and inventory report 2020

Eurostat