Desarrollo sostenible – Página 2

Los impuestos ambientales en España (2008-2023)

La fiscalidad ambiental constituye un importante instrumento de política pública. Su objetivo principal es orientar la producción y el consumo hacia una asignación eficiente de los recursos naturales, fomentando comportamientos de los agentes económicos menos extractivos y no contaminantes. Con la adecuada aplicación de los impuestos ambientales es posible favorecer una mayor calidad del medioambiente, gravando, por ejemplo, las emisiones de CO2 a la atmósfera, la generación de residuos, los combustibles fósiles y el transporte no sostenible.

Dicho instrumento fiscal conlleva ingresos para las arcas públicas como resultado de la aplicación de un conjunto de impuestos ambientales, en un determinado territorio, que son definidos como “aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medioambiente” (de acuerdo con la definición oficial que emplea el INE).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la extensión de la aplicación de impuestos ambientales para mitigar el cambio climático y desincentivar la producción y consumo insostenibles. La política fiscal de los Estados debería, en consecuencia, tender a otorgar un mayor peso a la recaudación por la vía de este tipo de tributos.

En el caso de España, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos permiten conocer la importancia que las instituciones públicas otorga a la fiscalidad verde en este país. Según los datos avance del año 2023 la recaudación de los impuestos ambientales ascendió a 22.880 millones de euros. En términos relativos, dicha cuantía representa el 6,5% del total de impuestos de la economía española. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se situó en el 1,53% en 2023.

Los impuestos ambientales se suelen agrupar en tres grandes tipos. Destacan, en primer lugar, con diferencia, los impuestos sobre la energía, cuya recaudación concentra el 77,5% de la recaudación fiscal verde española. Se trata, principalmente, del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Les siguen, en segundo lugar, los impuestos sobre el transporte, con el 13,7% de la recaudación de todos los impuestos ambientales en 2023, materializada a través de dos tributos básicos: el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Finalmente, el grupo de los impuestos sobre la contaminación y los recursos, recauda el 8,8% restante de la recaudación de carácter ambiental en España.

Por sectores, en 2023 los hogares abonaron un total de 9.795 millones euros, esto es, el 42,8% de la recaudación ambiental total de España, frente al 57,2% que fue aportado por la actividad productiva.

Respecto a la actividad productiva, la rama económica que abonó más impuestos ambientales en 2023 fue Industria manufacturera, con el 20,3% del total. Les siguen las ramas de Transporte y almacenamiento (14,5%); Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua (9,2%); Otros servicios (6,0%); Comercio (2,6%); Construcción (1,8%); Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (1,1%); Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (1,0%) e Industrias extractivas (0,5%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2008-2023 los impuestos ambientales han aumentado un 15,9%, al pasar de 18.179 a 22.880 millones de euros (en precios corrientes).

Por tipos de impuestos la recaudación ha sido desigual. Se han incrementado los ingresos procedentes de los impuestos sobre la contaminación y los recursos un 753,2% y, en menor medida, los de los impuestos sobre la energía (los de mayor peso), un 22,7%. Por el contrario, se ha reducido la recaudación de los impuestos sobre el transporte en un 10,3% durante dicho periodo.

En términos relativos, si analizamos la participación de los impuestos ambientales, se observa que han perdido peso sobre el total de impuestos de España durante el periodo 2008-2023

La recaudación ambiental ha pasado de representar el 8,10% de la recaudación total en 2008 al 5,20% en 2023. De hecho, como se aprecia en el siguiente gráfico, los impuestos ambientales han perdido protagonismo en la estructura fiscal española, dibujando una tendencia de continuo descenso desde el año 2015 hasta 2022, que sólo se ha podido amortiguar en el último año de 2023.

Finalmente, como indicador complementario para conocer mejor la evolución de la importancia real de este tipo de impuestos en España, se ha calculado la presión fiscal ambiental, es decir, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB). De este modo, se concluye que la recaudación fiscal ambiental sobre el PIB español ha aumentado desde el 1,63% en 2008 hasta alcanzar un máximo en el año 2015. A partir de entonces, se constata, año a año, una senda de marcado descenso, hasta finalmente llegar a registrar su valor mínimo en el año 2022, con un 1,50%, que apenas se recupera en 2023.

Para más información:

INE.

La generación de residuos municipales en la Unión Europea (1995-2022)

_DSF4319

La generación de residuos es uno de los principales problemas medioambientales a los que se enfrenta nuestra sociedad. Son múltiples los impactos que producen sobre los ecosistemas, en especial cuando no son objeto de una adecuada gestión. Además, conlleva, como es el caso, por ejemplo, de los envases y embalajes, la utilización de materiales y recursos naturales, que en muchos casos podrían haberse evitado, y el empleo de significativos recursos económicos para su correcto tratamiento posterior.

Por lo tanto, para avanzar en la senda del desarrollo sostenible, en materia de residuos es prioritario, incluso antes que la reutilización y el reciclaje, procurar su no generación y, en todo caso, su minimización.

Son muy diversos los tipos de residuos que se generan tanto en la producción como el consumo de bienes y servicios por parte de los distintos agentes. Entre ellos se encuentran los denominados residuos municipales, que son los generados por los hogares y otras fuentes de residuos similares (comercio, oficinas e instituciones públicas) cuya recogida compete a las autoridades locales.

El objetivo de hacer sostenible la producción y el consumo (ODS 12 de la Agenda 2030) exige un esfuerzo por parte de todos los agentes económicos para generar la menor cantidad posible de residuos. Si queremos conocer si la sociedad transita por la senda de la sostenibilidad, es de especial interés, entre otros aspectos, realizar evaluaciones periódicas de la evolución que sigue la generación de residuos.

En el contexto europeo, para evaluar los progresos de los países de la Unión Europea (UE-27) en materia de generación de residuos municipales se dispone de los datos que publica Eurostat. De acuerdo con dicho organismo estadístico, en el año 2022 se generó un total de 229 millones de toneladas de residuos municipales en la UE. Esta cantidad supone sólo una parte del total residuos generados en sus diferentes tipos en la UE, pero nos aporta señales sobre si nuestros modos de producción y consumo se encaminan o alejan de la sostenibilidad.

Desde una aproximación temporal, una primera conclusión general que nos revela el análisis de los datos es que la generación de residuos municipales ha seguido una tendencia creciente desde 1995. Durante el periodo 1995-2022 la generación de residuos municipales en la UE ha aumentado un 16%, al pasar de 198 a 229 millones de toneladas.

Como se observa en el siguiente gráfico, la generación total de residuos municipales en la UE ha estado afectada por el ciclo económico. En épocas como la de la Gran Recesión (2008-2014) la caída de la producción y el consumo ha comportado una menor generación de residuos domésticos. No obstante, una vez que la economía entra en una fase de recuperación, a partir de 2015 la generación de residuos vuelve a tomar una senda claramente creciente que prosigue hasta hoy. Es de destacar asimismo que incluso en el año 2020, especialmente afectado por los impactos sobre la economía de la crisis de la pandemia del COVID-19, la producción de residuos continúo aumentando. Sólo en el último añ0 2022 se aprecia una ligera disminución anual del -3,4%.

G_residuos UE_total_1995-2022

Si analizamos la generación de residuos en términos relativos, esto es, en kilogramos de residuos generados por persona, se constata una evolución similar. En promedio un ciudadano comunitario generaba en el año 1995 un total de 467 kilogramos de residuos municipales. Más de cinco lustros después, el valor de dicha ratio se ha incrementado, si bien con altibajos, hasta cifrarse en 513 kg per cápita en 2022. Por lo tanto, los datos indican que los patrones de producción y consumo siguen sin reorientarse hacia la sostenibilidad, a pesar del descenso puntual del último año 2022.

G_residuos UE_per cápita_1995-2022

En un análisis más detallado por países, se encuentran notables diferencias en el seno de la UE-27. En términos absolutos, los países que generan más residuos domésticos son Alemania (con el 22% del total de la UE), Francia (16%), Italia (13%) y España (10%). Estos cuatro países concentran, por tanto, el 60% del total frente al 40% restante que es generado por los otros 23 países miembros de la Unión.

Si consideramos la ratio de kilogramos de residuos generados por persona, las divergencias entre países son muy marcadas. En el año 2022 el país con más generación de residuos casi triplicó la cifra del que menos.

Así, con un promedio de 513 kilogramos per cápita de la UE en 2022, los Estados miembros con mayores ratios fueron Austria (835), Dinamarca (787), Luxemburgo (721), Bélgica (677) y Chipre (646). Por el contrario, los Estados con menos residuos municipales generados per cápita fueron Rumanía (301), Polonia (364), Estonia (373), Suecia (395) y Hungría (406).

G_residuos UE_Países_2022

Para más información:

Eurostat

España y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2024)

España_ODS_resumen_2024

Fuente: SDSN: Sustainable Development Report 2024.

En 2015 Naciones Unidas puso en marcha la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para conocer su grado de cumplimiento, se ha construido el índice ODS que permite evaluar los progresos en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que van alcanzando los países del planeta.

En su edición de 2024 el Informe Sustainable Development Report 2024 de Sustainable Development Solutions Network (SDSN) nos revela que, de un total de 167 países del mundo para los que se ha contado con datos suficientes, España toma la posición 14 en términos de cumplimiento global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. Para dicho año 2024 el valor del índice ODS de España se cifra en 80,7 sobre un máximo de 100. Respecto al año anterior España mejora en dos posiciones dentro del ranking mundial y su índice aumenta levemente (tres décimas).

A partir de un análisis más pormenorizado del valor del índice ODS global que toma España en 2024, se detecta que el grado de cumplimiento de los 17 Objetivos presenta una evolución muy dispar.

En primer lugar, se observa que España se sitúa entre los 25 países del planeta con mayor puntuación en 5 de los 17 ODS. Los mejores resultados relativos, en un contexto mundial, los alcanza España en los siguientes ODS:

Salud y bienestar (ODS3), objetivo para el que se encuentra en el puesto número 12, con un valor de 94,8 sobre 100.
Igualdad de género (ODS5), para el que España se sitúa en la posición número 9 (valor 86,5).
Agua limpia y saneamiento (ODS6), para el que toma la posición 17 (valor 85,9).
Trabajo decente y crecimiento económico (ODS8), para el que España se sitúa en el puesto 20 (valor 78,3).
Ciudades y comunidades sostenibles (ODS11), en la posición 12 (valor 97,5).

Por el contrario, los Objetivos para los que España toma los peores resultados relativos son los siguientes:

Producción y consumo responsables (ODS12) que, con un valor de 65,8 sobre 100, hace que España se sitúe en la posición 124 a nivel mundial respecto a este ODS.
Acción por el clima (ODS 13), objetivo que, tomando un valor de 82,9, coloca a España en la posición 113.
Vida submarina (ODS14), objetivo para el que, con un valor de 60,1, toma la posición 90.
Vida de ecosistemas terrestres (ODS15) para el que, con un valor de 67,9, ocupa la posición 70.
Alianzas para lograr los objetivos (ODS17), con un valor de 61,9, que sitúa a España en la posición 73 a nivel mundial.

Cuadro ODS_España_2024

De forma complementaria al índice ODS el Informe de 2024 aporta también un análisis de panel, que valora el mayor o menor grado de cumplimiento de cada Objetivo, así como su tendencia con vistas al horizonte de 2030, mediante una asignación de colores (verde, amarillo, naranja y rojo).

De la evaluación del panel de los ODS de España correspondiente a 2024 destacamos las siguientes conclusiones principales:

España ha alcanzado el cumplimiento de uno de los 17 ODS: el ODS5 Igualdad de género (en color verde).
Para cuatro Objetivos (en color amarillo), España afronta unos retos que, en general, se encuentran en la senda de lograr los valores deseados para 2030. Son los relativos a los siguientes Objetivos: Fin de la pobreza (ODS1), Salud y bienestar (ODS3), Agua limpia y saneamiento (ODS6) y Energía asequible y no contaminante (ODS7).
Para los siguientes ocho Objetivos (en color naranja), España afronta retos significativos para llegar a cumplir con la Agenda 2030: Educación de calidad (ODS4), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS8), Industria, innovación e infraestructura (ODS9), Reducción de las desigualdades (ODS10), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS11), Producción y consumo responsables (ODS12), Vida submarina (ODS14) y Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS16).
Cuatro ODS se encuentran en rojo, dos menos que en 2023, lo que significa que España soporta aún grandes retos para cumplir con la Agenda 2030. Son los siguientes: Hambre cero -incluyendo seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y agricultura sostenible- (ODS2), Acción por el clima (ODS13), Vida de ecosistemas terrestres (ODS15) y Alianzas para lograr los objetivos (ODS17).

España_Panel 2024

Fuente: SDSN: Sustainable Development Report 2024.

Asimismo, en un análisis de tendencia, la ficha de los ODS de España pone de manifiesto, en primer lugar, que este país está registrando, según los últimos datos disponibles, una tendencia favorable en el cumplimiento de sólo uno de los Objetivos de la Agenda 2030. Se trata del Objetivo de Igualdad de género (ODS5).

En segundo lugar, el panel de 2024 concluye que España no está retrocediendo en ningún objetivo, si bien tiene estancado el cumplimiento de siete ODS: Fin de la pobreza (ODS1), Educación de calidad (ODS4), Agua limpia y saneamiento (ODS6), Reducción de las desigualdades (OD10), Producción y consumo responsables (ODS12), Vida de ecosistemas terrestres (ODS15) y Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS16).

Finalmente, para la mayoría de los Objetivos, los nueve restantes, España presenta una tendencia de moderado avance para lograr su cumplimiento de aquí a 2030.

Para más información:

SDSN: Sustainable Development Report 2024.

La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2022)

201_DSF3027

Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

Con la fiscalidad ambiental o verde se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, es decir, tratar de incorporar en el coste de aquellas actividades calificadas de insostenibles los costes medioambientales que generan, ya que, de lo contrario, permanecerían “no visibles” y sin contabilizar en el precio final. Por lo tanto, el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen sus comportamientos para hacerlos más respetuosos con el medio ambiente.

Son diversas las bondades que presenta la implantación de impuestos ambientales, entre las que podemos destacar las siguientes:

a) Favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles).

b) Contribuyen a un mayor empleo del transporte sostenible.

c) Fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente.

d) Reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas.

e) Desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables.

f) Refuerzan la lucha contra el cambio climático.

En la práctica la fiscalidad ambiental se concreta en la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

«Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes«.

Durante los últimos 25 años se han extendido los impuestos ambientales que, en sus diversos tipos, han venido aplicando en el seno de la Unión Europea sus Estados miembros. Se hace necesario, por tanto, realizar de forma continuada evaluaciones periódicas sobre la aplicación real de este tipo de impuestos.

Como primera aproximación analizamos aquí si la fiscalidad verde ha ganado protagonismo en el seno de las políticas tributarias de los países de la UE. Para ello se estudia cómo se ha comportado la recaudación de las diferentes categorías de impuestos ambientales, cuál ha sido la evolución de la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación verde en relación con la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2022 se recaudó en la UE-27 un total de 320.824 millones de euros en concepto de impuestos ambientales.

De este total la mayor parte fueron ingresos por impuestos sobre la energía (el 77%). A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (19%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (4%).

G_Imp. amb. tipos_2022

En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,0% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2022. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,0%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los últimos datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2022, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE.

En términos de su participación en la estructura tributaria total, el porcentaje de recaudación correspondiente a la fiscalidad verde sobre la recaudación total de impuestos de la UE-27 ha descendido desde el 6,8% en 1995 al 5,0% en 2022.

En términos comparativos con la actividad económica, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,6% de 1995 hasta el 2,0% en el último año de 2022. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Asimismo, es relevante apuntar que, como se observa en el siguiente gráfico, con la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 el papel desempeñado por la fiscalidad verde ha intensificado su caída: la presión fiscal ambiental en el conjunto de la UE se ha reducido en 0,34 puntos porcentuales desde 2019.

G_Imp. amb. tipos_1995_2022

Por tipos de impuestos, durante el periodo 1995-2022 la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 2,0% en 1995 a 1,6% en 2022. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,5% al 0,4%. Finalmente, los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantienen su presión fiscal del 0,1% en el periodo analizado.

En un análisis por países es destacable la diferente importancia de la fiscalidad verde dentro de la UE. Así, en el año 2022 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 5,6%. Le siguen, en orden descendente, Bulgaria (4,8%), Croacia (3,3%), Eslovenia (2,9%), Polonia (2,8%), Rumanía (2,7%), Eslovaquia (2,5%), Dinamarca (2,4%), Finlandia (2,4%) y Países Bajos (2,4%), principalmente.

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (0,9% en 2021), seguido de Luxemburgo (1,2%), República Checa (1,5%), España (1,5%) y Lituania (1,5%).

G_Imp. amb._países_2022

En resumen, durante el periodo 1995-2022 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (19 de 27), habiendo aumentado en los ocho países restantes. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Bulgaria (+3,6 p.p. entre 1995 y 2022), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-2,1 p.p.).

Para más información:

Eurostat

El uso circular de los materiales en la UE (2004-2022)

800px-Material_flow.EU.2022

La Comisión Europea adoptó en 2015 una Comunicación que daba pasos importantes en el camino hacia una economía más circular: «Cerrar el circulo: un plan de acción de la UE para la economía circular».

Con las medidas establecidas en dicho plan de acción se opta por una economía en la que se persiguen dos objetivos principales:

Mantener durante el mayor tiempo posible el valor que poseen los productos, los materiales y los recursos, de modo que se ahorran materias primas al dejar de ser extraídas de la corteza terrestre.
Reducir al mínimo posible la generación de todo tipo de residuos.

El cumplimiento de ambos objetivos facilitaría el desarrollo de una economía más eficiente en el uso de los recursos.

Para evaluar los avances alcanzados en la UE en su senda de fomento de la economía circular, se dispone, como indicador principal, de la tasa de uso de materiales circulares (tasa de circularidad), que elabora la Oficina Estadística de la UE (Eurostat)

Dicha tasa, expresada en porcentaje, mide la proporción de materiales recuperados y reintroducidos en la economía sobre el total de materiales con uso general. La tasa de circularidad define, por tanto, la relación que existe entre el uso circular de materiales y el uso general de materiales(*).

Un valor de tasa de circularidad más alto indica que hay más materiales secundarios que sustituyen materias primas extraíbles, evitando así los impactos ambientales que supone la extracción de dichos materiales finitos de la naturaleza para fabricar productos o generar energía.

De acuerdo con Eurostat, que recientemente (noviembre de 2023) ha revisado los datos de los últimos años, la tasa de circularidad en la UE-27 fue del 11,5% en 2022. Ello significa que del total de los recursos materiales que se utilizaron en la UE en dicho año el 11,5% provino de productos reciclados y materiales que han sido recuperados.

Es destacable, además, que el valor que toma la tasa de circularidad difiere de forma significativa según el tipo de materiales considerados. Así, en 2022 los metales son los materiales que toman la mayor tasa de circularidad (23,9%), seguidos por los minerales no metálicos (13,7%). Por el contrario, las menores tasas de circularidad corresponden a los combustibles fósiles (3,2%) y la biomasa (10,0%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2004-2022 la tasa de circularidad se ha incrementado en el conjunto de la UE-27 desde el 8,2% hasta el 11,5%. Ello supone, por tanto, un avance de 3,3 puntos porcentuales (p.p.) en dicho periodo de tiempo, es decir, menos de 2 décimas porcentuales por año desde 2004. Además, como se observa en el siguiente gráfico, la tasa de circularidad ha experimentado un estancamiento durante los últimos años que contrasta con los avances registrados a comienzos de la serie.

G_Tasa Circularidad_UE_2004_2022

Por países se constata que la tasa de circularidad presenta diferencias muy significativas en el seno de la UE. Así, en el último año 2022 los mayores porcentajes se registraron en Países Bajos (27,5%), Bélgica (22,2%), Francia (19,3%), Italia (18,7%) y Estonia (16,0%).

Por el contrario, las menores tasas de circularidad correspondieron a Finlandia (0,6%), Rumanía (1,4%), Irlanda (1,8%), Portugal (2,6%) y Grecia (3,1%).

Estas importantes divergencias entre los países de la UE-27 se deben, según Eurostat, a la cantidad de residuos que se recicla en cada país y a factores estructurales de las propias economías nacionales. Así, las economías que tienen mayores importaciones de materiales (incluyendo los combustibles fósiles) y mayores extracciones interiores de materiales (relacionadas con minería, construcción, etc.) son las que presentan menores tasas de circularidad.

G_Tasa circularidad_Países UE_2022

Además, la evolución de la tasa de circularidad dentro de la UE ha sido muy dispar, en particular durante 2010-2022, periodo para el que Eurostat ha publicado datos actualizados por países. Por un lado, destacan los mayores avances de Malta, cuya tasa de circularidad ha aumentado en 9,8 p.p., Bélgica (+8,6 p.p.), Italia (+7,2 p.p.), Austria (+7,0 p.p.) y Estonia (+6,9 p.p.). Por el contrario, siete países de la UE han retrocedido en su tasa de circularidad durante dicho periodo, presentando los mayores descensos Luxemburgo (-18,2 p.p.), Finlandia (-10,1 p.p.) y España (-3,3 p.p.).

(*) El uso general de materiales se mide sumando el consumo agregado de materiales domésticos y el uso circular de materiales. El primero queda definido en las cuentas de flujos de materiales para toda la economía. Por su parte, el uso circular de materiales se aproxima por la cantidad de residuos reciclados en las plantas de recuperación doméstica, menos los residuos importados destinados a la recuperación, más los residuos exportados destinados a la recuperación en el extranjero.

Para más información:

Eurostat

La Declaración Universal de Derechos Humanos: 75 años hacia el progreso social

Se cumplen 75 años desde que el 10 de octubre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas en París proclamara la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Se trata de un documento histórico que establece por vez primera los derechos humanos fundamentales que deben garantizarse en todos los pueblos y países del mundo.

De entre los Considerandos recogidos en el Preámbulo de la Declaración destacamos dos ideas fundamentales:

1. Todas las personas formamos parte de la gran familia humana que se mueve por los valores supremos de la libertad, la justicia y la paz. Todas ellas, por igual, gozamos del reconocimiento de una dignidad intrínseca y de unos derechos inalienables.

2. El propósito de todos países firmantes de promover el progreso social y elevar el nivel de vida de sus habitantes.

Tras el Preámbulo la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en sus 30 artículos cuáles son esos derechos fundamentales que los seres humanos tienen reconocidos independientemente de su condición. Son derechos inalienables que posee toda persona sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, posición económica, nacimiento, etc.

Así, en este documento de Naciones Unidas quedan reconocidos derechos y libertades como los siguientes: el derecho a la vida y a la seguridad, la prohibición de la esclavitud y la tortura, el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia, el derecho a circular libremente, el derecho a buscar asilo, la libertad de opinión y de expresión, la libertad de reunión y de asociación pacíficas, el derecho a participar en el gobierno, el derecho a la propiedad individual y colectiva, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, etc.

Junto a estos derechos de carácter civil, para la promoción del progreso social de los pueblos la Declaración reconoce que los seres humanos poseen también derechos fundamentales de naturaleza socioeconómica. Son derechos que aún hoy conservan su plena validez y siguen demandando una incondicional defensa 75 años después de su reconocimiento. Entre ellos merecen especial atención los recogidos en los siguientes seis artículos por ser esenciales para todo propósito de bienestar social y desarrollo sostenible:

Artículo 22:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener (…) la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24:

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25. 1:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidad, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientemente de su voluntad.

Artículo 26.1:

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental (…)

Artículo 27.1:

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

En suma, son todos ellos derechos socioeconómicos fundamentales que, habiendo sido reconocidos en 1948, su defensa permanece como una necesidad ineludible para procurar el progreso social. El bienestar social no es posible si los seres humanos no tienen garantizados sus derechos al trabajo y el descanso, a la alimentación y la vivienda, a la asistencia médica y los servicios sociales, a la educación y la cultura…

Siendo el estado actual del planeta bien diferente al de hace 75 años, no cabe duda que otro derecho fundamental universal llama a la puerta: el derecho de todo ser humano a un medio ambiente sano y sostenible.

Esta ausencia en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 fue abordada, inicialmente, en la Declaración de Estocolmo (1972) de Naciones Unidas que en su Principio 1 afirma que el ser humano tiene el derecho a disfrutar de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad. Pero no ha sido hasta el 26 julio de 2022 cuando mediante Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas se reconoce expresamente “el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano”.

Para leer más:

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)

Las emisiones de gases de efecto invernadero de los hogares de la UE (2010-2021)

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GIE) causantes, en gran medida, de la crisis climática actual que sufre el planeta proceden, principalmente, del desarrollo de diversas actividades económicas (industria manufacturera, producción de electricidad, agricultura, ganadería, transporte, construcción…). Sin embargo, no hay que olvidar que las actividades desarrolladas por los hogares también son fuente de emisión de GEI.

En el contexto de la Unión Europea (UE-27) las emisiones de GEI de todas las actividades realizadas por los hogares (calefacción refrigeración, transporte…) representan el 20,5% del total de emisiones en 2021 frente al 79,5% generado por las actividades de los diferentes sectores económicos.

Si analizamos en concreto las actividades de calefacción y refrigeración realizadas dentro de los hogares (que suponen el 44% de sus emisiones), los datos apuntan a un descenso de las emisiones de GEI en el horizonte temporal 2010-2021, lo que viene explicado en gran medida por mejoras de eficiencia energética y el menor empleo de los combustibles fósiles

Así, de acuerdo con la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en la UE-27 dichas emisiones de GEI de los hogares han descendido desde los 403,1 millones de toneladas de CO2 equivalente del año 2010 hasta los 327,4 millones de 2021. Ello supone, por tanto, una caída acumulada del 18,8%, que supera la registrada por el conjunto de las actividades que emiten GEI en la UE, esto es, un -17,5% en dicho periodo de 2010-2021.

No obstante, como se advierte de la tendencia dibujada en el siguiente gráfico, los últimos dos años rompen con la evolución de mejoría registrada hasta 2019. Como es conocido, los años 2020 y 2021 estuvieron marcados por la pandemia del COVID-19, con múltiples impactos para la vida y movilidad de las personas y el desarrollo de las actividades económicas.

Los resultados del análisis de la evolución de las emisiones generadas por los hogares en sus actividades de calefacción y refrigeración, en términos relativos, es decir, por habitante, nos constatan igualmente una reducción durante la última década.

En año 2021 los hogares de la UE emitieron a la atmósfera 732,7 kg de CO2 equivalente per cápita. Este dato mejora respecto a 2010, cuando dicha ratio se cifró en 913,4 kg/habitante, de modo que se ha producido una reducción del 19,8% en dicho periodo. No obstante, los datos más recientes apuntan, al igual que en términos absolutos, que durante el periodo de la crisis sanitaria (2020-2021) la situación ha empeorado: las emisiones per cápita sobrepasan en un 4,6% las registradas en 2019 (700,4 kg de CO2 equivalente).

Por tanto, el estado de las emisiones de GEI de los hogares sigue presentando un amplio margen de mejora en el actual marco de lucha contra el cambio climático. Además, persisten importantes diferencias entre los países que conforman la Unión Europea persisten.

En 2021 tres países excedían con mucho el promedio de emisiones de 733 kg de CO2 equivalente per cápita de la Unión Europea: Luxemburgo (1.636 kg/hab.), Bélgica (1.400) e Irlanda (1.3476). A continuación, otros países que emitieron más que el valor promedio comunitario son Países Bajos, Alemania, Polonia, Hungría, Italia, República Checa y Austria.

Por el contrario, los hogares de la UE que en 2021 emitieron, con diferencia, menos GEI per cápita son los pertenecientes a Suecia (26 kg de CO2 equivalente/hab.). Le sigue un grupo de once países que también destacan por presentar una ratio de emisiones que es menos de la mitad del promedio de la UE: Portugal, Malta, Finlandia, Estonia, Letonia, Bulgaria, Dinamarca, Rumanía, España, Lituania y Croacia.

Finalmente, es de resaltar, desde un enfoque dinámico, que, durante el periodo analizado (2010-2021), 23 de los 27 países de la UE han conseguido reducir los GEI emitidos a la atmósfera por las actividades de calefacción y refrigeración realizadas en las viviendas, significándose los mayores descensos porcentuales en Suecia (-72,1%), Finlandia (-56,2%) y Dinamarca (-51,3%) frente los mayores incrementos en Rumanía (32,7%), Bulgaria (15,9%) y Lituania (11,8%).

Para más información:

Eurostat

España y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2023)

España_ODS_resumen_2023

Fuente: SDSN: Sustainable Development Report 2023.

En su edición de 2023 el Informe Sustainable Development Report 2023 de Sustainable Development Solutions Network (SDSN) nos revela que, de un total de 166 países del mundo para los que se ha contado con datos suficientes, España toma la posición 16 en términos de cumplimiento global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. Para dicho año 2023 el valor del índice ODS de España se cifra en 80,4 sobre un máximo de 100. Respecto al año anterior España se mantiene en la misma posición dentro del ranking mundial y su índice aumenta levemente (cinco décimas).

A partir de un análisis más pormenorizado del valor del índice ODS global que toma España en 2023, se detecta que el grado de cumplimiento de los 17 Objetivos presenta una evolución muy dispar.

Igualdad de género (ODS5), para el que España se sitúa en la posición número 10, con un valor de 86,9 sobre 100.
Ciudades y comunidades sostenibles (ODS11), en el puesto número 12 (valor 91,9).
Salud y bienestar (ODS3), objetivo para el que se encuentra en el puesto número 14 (valor 94,2).
Agua limpia y saneamiento (ODS6), para el que toma la posición 15 (valor 87,4).
Industria, innovación e infraestructura (ODS9), para el que España se sitúa en la posición 18 (valor 90,2).

Por el contrario, los Objetivos para los que España toma los peores resultados relativos son los siguientes:

Producción y consumo responsables (ODS12) que, con un valor de 67,9 sobre 100, hace que España se sitúe en la posición 126 a nivel mundial respecto a este ODS.
Acción por el clima (ODS 13), objetivo que, tomando un valor de 80,2, coloca a España en la posición 116.
Vida submarina (ODS14), objetivo para el que, con un valor de 59,5, toma la posición 92.
Vida de ecosistemas terrestres (ODS15) para el que, con un valor de 66,4, ocupa la posición 80.
Alianzas para lograr los objetivos (ODS17) , con un valor de 63,0, que sitúa a España en la posición 73 a nivel mundial.

Cuadro ODS_España_2023

De forma complementaria al índice ODS el Informe de 2023 aporta también un análisis de panel, que valora el mayor o menor grado de cumplimiento de cada Objetivo, así como su tendencia con vistas al horizonte de 2030, mediante una asignación de colores (verde, amarillo, naranja y rojo).

De la evaluación del panel de los ODS de España correspondiente a 2023 destacamos las siguientes conclusiones principales:

España sigue sin haber alcanzado aún ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ausencia de ODS en color verde).
Para ocho Objetivos (en color amarillo), España afronta unos retos que, en general, se encuentran en la senda de lograr los valores deseados para 2030. Son los relativos a los siguientes Objetivos: Fin de la pobreza (ODS1), Salud y bienestar (ODS3), Educación de calidad (ODS4), Igualdad de género (ODS5), Agua limpia y saneamiento (ODS6), Energía asequible y no contaminante (ODS7), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS11) y Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS16).
Para los siguientes tres Objetivos (en color naranja) de los 17 ODS, España afronta retos significativos para llegar a cumplir con la Agenda 2030: Industria, innovación e infraestructura (ODS9); Reducción de las desigualdades (ODS10) y Vida submarina (ODS14).
Seis ODS se encuentran en rojo, dos más que en 2022, lo que significa que España soporta aún grandes retos para cumplir con la Agenda 2030. Son los siguientes: Trabajo decente y crecimiento económico (ODS8), Hambre cero -incluyendo seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y agricultura sostenible- (ODS2), Acción por el clima (ODS13), Vida de ecosistemas terrestres (ODS15), a los que se suman en 2023 Producción y consumo responsables (ODS12) y Alianzas para lograr los objetivos (ODS17), que empeoran respecto a la edición de 2022.

España_Panel 2023

Fuente: SDSN: Sustainable Development Report 2023.

Asimismo, en un análisis de tendencia, la ficha de los ODS de España nos revela, en primer lugar, que este país está mostrando, según los últimos datos disponibles, una tendencia favorable en el cumplimiento de sólo uno de los Objetivos de la Agenda 2030, es decir, dos Objetivos menos que en 2022 y cinco menos que en 2021. Se trata del Objetivo de Igualdad de género (ODS5).

En segundo lugar, el panel de 2023 concluye que España no está retrocediendo en ningún objetivo, si bien tiene estancado el cumplimiento de tres ODS: Fin de la pobreza (ODS1), Educación de calidad (ODS4) y Vida de ecosistemas terrestres (ODS15).

Finalmente, para la mayoría de los Objetivos, los trece restantes, España presenta una tendencia de moderado avance para lograr su cumplimiento de aquí a 2030.

Para más información:

SDSN: Sustainable Development Report 2023.

La generación de residuos municipales en la Unión Europea (2000-2021)

_DSF0108

La generación de residuos es uno de los principales problemas medioambientales a los que se enfrenta la sociedad moderna. Son múltiples los impactos que producen sobre los ecosistemas, en especial cuando no son objeto de una adecuada gestión. Además, conlleva, como es el caso, por ejemplo, de los envases y embalajes, la utilización de materiales y recursos naturales, que en muchos casos podrían haberse evitado, y el empleo de significativos recursos económicos para su correcto tratamiento posterior.

El objetivo de hacer sostenible la producción y el consumo (ODS 12 de la Agenda 2030) exige un esfuerzo por parte de todos los agentes económicos para generar la menor cantidad posible de residuos. Si queremos conocer si la sociedad transita por la senda de sostenibilidad, es de especial interés, entre otros aspectos, realizar evaluaciones periódicas de la evolución que sigue la generación de residuos.

En el contexto europeo, para evaluar los progresos de los países de la Unión Europea (UE-27) en materia de generación de residuos municipales se dispone de los datos que publica Eurostat. De acuerdo con dicho organismo estadístico, en el año 2021 se generó un total de 237 millones de toneladas de residuos municipales en la UE. Esta cantidad supone aproximadamente el 10% del total de residuos en sus diferentes tipos generados en la UE. Teniendo un modesto peso relativo, esta clase de residuos nos puede aportar, no obstante, información sobre si el consumo se encamina o se aleja de la sostenibilidad.

Desde una aproximación dinámica una primera conclusión general a la que se llega tras el análisis de los datos nos revela que durante el periodo 2000-2021 la generación de residuos municipales en la UE ha aumentado un 7,6%, al pasar de 220 a 237 millones de toneladas.

G_residuos UE_total_2000-2021

Si analizamos la generación de residuos en términos relativos, esto es, en kilogramos de residuos generados por persona, se constata una evolución similar. En promedio un ciudadano comunitario generaba en el año 2000 un total de 513 kilogramos de residuos municipales. Dos décadas después, el valor de dicha ratio se ha incrementado, si bien con altibajos, hasta cifrarse en 530 kg per cápita en 2021. Por lo tanto, los datos apuntan a que los patrones de consumo no se han reorientado hacia la sostenibilidad sino más bien al contrario.

G_residuos UE_per cápita_2000-2021

En un análisis más detallado por países, se encuentran notables diferencias en el seno de la UE-27. En términos absolutos, los países que generan más residuos domésticos son Alemania (con el 23% del total de la UE), Francia (16%), Italia (12%) y España (9%). Estos cuatro países concentran, por tanto, el 60% del total frente al 40% restante que es generado por los otros 23 países que también pertenecen a la UE.

Si consideramos la ratio de kilogramos de residuos generados por persona, las divergencias entre países son muy significativas. En el año 2021 el país con más generación de residuos casi triplicó la cifra del que menos.

Así, con un promedio de 530 kilogramos per cápita de la UE en 2021, los Estados miembros con mayores ratios fueron Austria (834), Luxemburgo (793), Dinamarca (786), Bélgica (759) y Alemania (646). Por el contrario, los Estados con menos residuos per cápita fueron Rumanía (302), Polonia (362), Estonia (395), Bulgaria (408), Hungría (416) y Suecia (418).

G_residuos UE_Países_2021

Para más información:

Eurostat

La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2021)

_1190160

Son diversas las bondades que presenta la implantación de impuestos ambientales, entre las que podemos destacar las siguientes:

a) Favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles).

b) Contribuyen a un mayor empleo del transporte sostenible.

c) Fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente.

d) Reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas.

e) Desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables.

f) Refuerzan la lucha contra el cambio climático.

«Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes«.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2021 se recaudó en la UE-27 un total de 325.837 millones de euros en concepto de impuestos ambientales.

De este total la mayor parte fueron ingresos por impuestos sobre la energía (el 78,4%). A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,1%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (3,5%).

G_Imp. amb. tipos_2021

En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,52% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2021. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,24%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2021, se concluye que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE.

En términos comparativos con la actividad económica, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,63% de 1995 hasta el 2,24% en el último año de 2021. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Asimismo, es relevante apuntar que, como se observa en el siguiente gráfico, con la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 el papel desempeñado por la fiscalidad verde ha intensificado su caída. La recaudación de los impuestos ambientales ha retrocedido en mayor medida que la actividad económica: la presión fiscal ambiental en el conjunto de la UE se redujo desde el 2,35% de 2019 en 0,11 puntos porcentuales.

G_Imp. amb. tipos_1995_2021

Por tipos de impuestos, durante el periodo 1995-2021 la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 2,03% en 1995 a 1,76% en 2021. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,52% al 0,41%. Por su parte, los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantienen su presión fiscal del 0,08% en el periodo analizado.

En un análisis por países es destacable la diferente importancia de la fiscalidad verde dentro de la UE. Así, en el año 2021 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 3,93%. Le siguen, en orden descendente, Croacia (3,12%), Países Bajos (3,09%), Italia (3,00%), Polonia (2,89%) y Dinamarca (2,88%), principalmente.

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (1,16%), seguido de Luxemburgo (1,45%), España (1,76%), Alemania (1,80%) y República Checa (1,84%).

G_Imp. amb._países_2021

En resumen, durante el periodo 1995-2021 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (16 de 27), permaneciendo igual en tres y aumentando en ocho. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Estonia (+2,3 p.p. entre 1995 y 2021), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-1,6 p.p.).

Para más información:

Eurostat