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Hacia un sistema alimentario sostenible y saludable en la UE

Desde hace ya algunas décadas estamos siendo partícipes de un sistema alimentario que nos devuelve múltiples problemas. Seguimos unos patrones de producción y consumo de alimentos que no nos acercan a mejorar nuestra calidad de vida ni propician unas relaciones armónicas con la naturaleza, bien al contrario.

En las sociedades occidentales, como la europea, se extienden los problemas derivados de dietas alimenticias poco saludables, basadas en alimentos transformados, y procedentes de una actividad agraria de orientación fundamentalmente productivista que depende en exceso de plaguicidas, fertilizantes y antimicrobianos. La obesidad en la población europea sigue con su tendencia de crecimiento continuado, lo que provoca un aumento de las enfermedades relacionadas con dietas poco saludables. Al mismo tiempo un importante porcentaje de los alimentos producidos, en torno al 20%, se convierte en desperdicios. El sector agrario, si bien ha disminuido con los años sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mantiene una huella medioambiental y climática importante. Además, las actividades anexas al sector primario, como la transformación, la comercialización, el envasado y la distribución de alimentos, contribuyen también a la contaminación del aire, el suelo y el agua, y tienen un gran impacto sobre la biodiversidad.

Se hace necesario, pues, el tránsito hacia un sistema alimentario coherente que consiga elevar y reforzar sus beneficios ambientales, sanitarios y sociales. Con este fin en el año 2020 la Comisión Europea aprobó la Estrategia “de la granja a la mesa” para un sistema justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente.

Esta Estrategia se erige como una herramienta importante del Pacto Verde Europeo, que la Comisión Europea aprobó en 2019 para afrontar los desafíos del clima y del medio ambiente y poner la economía en la senda de la sostenibilidad de modo que alcance a ser neutra en GEI en el año 2050. Al mismo tiempo, la Estrategia se alinea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la ONU en 2015, en concreto a través de su ODS 2 (Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible).

A grandes rasgos, la Estrategia “de la granja a mesa” de la UE persigue los siguientes tres grandes objetivos:

1. Garantizar que la cadena alimentaria (producción, transporte, distribución, comercialización y consumo de alimentos) propicie un impacto medioambiental neutro o positivo.

Se trata de fomentar que los agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores transformen sus métodos de producción, haciéndolos sostenibles, con bajos o nulos impactos sobre el medio ambiente y el clima. Para ello se hace necesario, por ejemplo, reducir y optimizar el uso de plaguicidas y fertilizantes, minimizar las emisiones de GEI, que contaminan el suelo, el agua y aire, y contribuyen a la pérdida de biodiversidad, y aprovechar más las energías renovables (biogás, energía solar…). En concreto, algunas de las medidas propuestas en la Estrategia por la Comisión Europea son las siguientes:

    -Reducir el uso y el riesgo globales de los plaguicidas químicos en un 50% de aquí a 2030.

    -Reducir el uso de fertilizantes en al menos un 20% de aquí a 2030, para afrontar las reducciones necesarias de la carga de nutrientes en el medio ambiente, y fomentar el reciclado de residuos orgánicos como fertilizantes renovables.

    -Reducir a venta general de antimicrobianos en la UE para animales de granja y de acuicultura en un 50% de aquí a 2030.

    -Continuar fomentando la agricultura sostenible, de modo que el 25% de las tierras agrícolas de la UE se utilicen en agricultura ecológica de aquí a 2030.

    -Reforzar la vigilancia de la importación y el control de vegetales en el territorio de la Unión, ante las nuevas amenazas fitosanitarias.

    -Propiciar un mayor bienestar animal, para mejorar la salud de los animales y la calidad de los alimentos, lo que reduce a su vez la necesidad de medicación y contribuye a preservar la biodiversidad.

    -Intensificar los esfuerzos para que las poblaciones de peces se sitúen en niveles sostenibles.

    2. Garantizar la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud pública.

    El sistema alimentario sostenible propuesto en la Estrategia también debe garantizar que la población disponga en todo momento de un suministro suficiente y variado de “alimentos inocuos, nutritivos, asequibles y sostenibles”.

    La cadena de valor alimentaria, dada su complejidad y número de agentes que intervienen en ella, se enfrenta a amenazas inminentes y duraderas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la aparición de nuevas plagas.

    Por ello cobra especial importancia el apoyo a los trabajadores agroalimentarios, tomando en consideración la protección social, las condiciones de trabajo y vivienda, así como la protección de la salud y la seguridad.

    La Comisión elaborará un plan de contingencia para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria que se deberá activar en tiempos de crisis.

    3. Preservar la asequibilidad de los alimentos, fomentando que los alimentos más sostenibles sean también los más asequibles para la población.

    Para transitar hacia un sistema alimentario sostenible, es preciso que todos los agentes económicos que intervienen en la producción, distribución y comercialización de los alimentos que se ofrecen a los consumidores modifiquen sus prácticas empresariales. A este fin la Comisión elaborará un “código de conducta de la UE para una práctica empresarial y de comercialización responsable, acompañado de un marco de seguimiento”.

    En suma, se persigue que las empresas agroalimentarias incorporen la sostenibilidad en su actividad. Algunas de las medidas propuestas son las siguientes:

    -Reformulación de los productos orientándolos para dietas saludables y sostenibles.

    -Reducción de la huella ambiental y aumento de la eficiencia energética.

    -Modificación de las estrategias de comercialización y publicidad. Por ejemplo, evitar las campañas de comercialización que anuncian carne a precios muy bajos o restringir la promoción de alimentos con alto contenido en grasas, azúcares o sal.

    -Reducción de los envases y utilización de materiales reutilizables y reciclables.

    -Contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos. La Comisión se ha comprometido a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante en el comercio minorista y por los consumidores de aquí a 2030.

    -Aumentar la resiliencia de los sistemas alimentarios locales y regionales, para crear cadenas de suministro de corta distancia.

    -Implementar el etiquetado obligatorio armonizado sobre propiedades nutritivas en los envases para facilitar que los consumidores opten por alimentos saludables y sostenibles.

    -Aplicación de incentivos fiscales para apoyar la transición hacia un sistema alimentario sostenible, por ejemplo, para apoyar el consumo de frutas y verduras ecológicas. Al mismo tiempo los sistemas fiscales deben garantizar que el precio de los alimentos refleje sus costes reales en términos de uso de recursos naturales finitos y de impactos medioambientales (contaminación, GEI, etc.).

    Para más información:

    Comisión Europea: Estrategia «de la granja a la mesa». COM(2020) 381 final.

    El uso circular de los materiales en la UE (2004-2023)

    Actualmente prevalece la economía lineal caracterizada por unos modos de producción y consumo insostenibles que se basan en la extracción ilimitada de los recursos naturales con los que fabricar productos, con frecuencia de corto periodo de uso, y en la consiguiente generación y depósito de residuos. Frente a este modelo el enfoque de la economía circular trata de abrirse camino en favor de la sostenibilidad.

    La Comisión Europea adoptó en 2015 una Comunicación que daba pasos importantes en el camino hacia una economía más circular: «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular».

    Con las medidas establecidas en dicho plan de acción se opta por una economía en la que se persiguen dos objetivos principales:

    1. Mantener durante el mayor tiempo posible el valor que poseen los productos, los materiales y los recursos, de modo que se ahorran materias primas al dejar de ser extraídas de la corteza terrestre.
    2. Reducir al mínimo posible la generación de todo tipo de residuos.

    El cumplimiento de ambos objetivos facilitaría el desarrollo de una economía más eficiente en el uso de los recursos y, por tanto, con menores impactos medioambientales (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación).

    Para evaluar los avances alcanzados en la UE en su senda de fomento de la economía circular, se dispone, como indicador principal, de la tasa de uso de materiales circulares (tasa de circularidad), que elabora la Oficina Estadística de la UE (Eurostat)

    Dicha tasa, expresada en porcentaje, mide la proporción de materiales recuperados y reintroducidos en la economía sobre el total de materiales con uso general. La tasa de circularidad define, por tanto, la relación que existe entre el uso circular de materiales y el uso general de materiales(*).

    Un valor de tasa de circularidad más alto indica que hay más materiales secundarios que sustituyen materias primas extraíbles, evitando así los impactos ambientales que supone la extracción de dichos materiales finitos de la naturaleza para fabricar productos o generar energía.

    De acuerdo con Eurostat, la tasa de circularidad en la UE-27 fue del 11,8% en 2023, tras el 11,5% de 2022. Ello significa que del total de los recursos materiales que se utilizaron en la UE en dicho año el 11,8% provino de productos reciclados y materiales que han sido recuperados.

    Es destacable, además, que el valor que toma la tasa de circularidad difiere de forma significativa según el tipo de materiales considerados. Así, en 2023 los metales son los materiales que toman la mayor tasa de circularidad (25%), seguidos por los minerales no metálicos (14%). Por el contrario, las menores tasas de circularidad corresponden a los combustibles fósiles (3%) y la biomasa (10%).

    Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2004-2022 la tasa de circularidad se ha incrementado en el conjunto de la UE-27 desde el 8,2% hasta el 11,8%. Ello supone, por tanto, un avance de 3,6 puntos porcentuales (p.p.) en dicho periodo de tiempo, es decir, apenas dos décimas porcentuales por año desde 2004. Además, como se observa en el siguiente gráfico, la tasa de circularidad ha experimentado una tendencia al estancamiento durante los últimos años que contrasta con los avances registrados a comienzos de la serie.

    Por países se constata que la tasa de circularidad presenta diferencias muy significativas en el seno de la UE. Así, en el último año 2023 los mayores porcentajes se registraron en Países Bajos (30,6%), Italia (20,8%), Malta (19,8%), Bélgica (19,7%), Estonia (18,1%) y Francia (17,6%).

    Por el contrario, las menores tasas de circularidad correspondieron a Rumanía (1,3%), Irlanda (2,3%), Finlandia (2,4%), Portugal (2,8%) y Lituania (3,9%).

    Estas importantes divergencias entre los países de la UE-27 se deben, según Eurostat, a la cantidad de residuos que se recicla en cada país y a factores estructurales de las propias economías nacionales. Así, las economías que tienen mayores importaciones de materiales (incluyendo los combustibles fósiles) y mayores extracciones interiores de materiales (relacionadas con minería, construcción, etc.) son las que presentan menores tasas de circularidad.

    Además, la evolución de la tasa de circularidad dentro de la UE ha sido muy dispar, en particular durante 2010-2023, periodo para el que Eurostat ha publicado datos actualizados por países. Por un lado, destacan los mayores avances de Malta, cuya tasa de circularidad ha aumentado en 14,5 p.p., Italia (+9,2 p.p.) y Estonia (+9,1 p.p.). Por el contrario, cinco países de la UE han retrocedido en su tasa de circularidad durante dicho periodo, presentando los mayores descensos Luxemburgo (-13,2 p.p.), Finlandia (-8,3 p.p.) y Polonia (-3,6 p.p.).

    (*) El uso general de materiales se mide sumando el consumo agregado de materiales domésticos y el uso circular de materiales. El primero queda definido en las cuentas de flujos de materiales para toda la economía. Por su parte, el uso circular de materiales se aproxima por la cantidad de residuos reciclados en las plantas de recuperación doméstica, menos los residuos importados destinados a la recuperación, más los residuos exportados destinados a la recuperación en el extranjero.

    Para más información:

    Eurostat

    La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2023)

    Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

    Con la fiscalidad ambiental o verde se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, es decir, tratar de incorporar en el coste de aquellas actividades calificadas de insostenibles los costes medioambientales que generan, ya que, de lo contrario, permanecerían “no visibles” y sin contabilizar en el precio final. Por lo tanto, el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen sus comportamientos para hacerlos más respetuosos con el medio ambiente.

    Son diversas las bondades que presenta la implantación de impuestos ambientales, entre las que podemos destacar las siguientes:

    a) Favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles).

    b) Contribuyen a un mayor uso del transporte sostenible.

    c) Fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente.

    d) Reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas.

    e) Desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables.

    f) Refuerzan la lucha contra el cambio climático.

    En la práctica la fiscalidad ambiental se concreta en la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012).

    Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

    «Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes«.

    Durante los últimos tres decenios se ha extendido la aplicación de los impuestos ambientales, a través de sus diversos tipos, en el seno de la Unión Europea. Para conocer su efectividad las evaluaciones periódicas sobre la aplicación real de este tipo de impuestos se convierten en más que necesarias.

    Como primera aproximación analizamos aquí si la fiscalidad verde ha ganado protagonismo en el seno de las políticas tributarias de los países de la UE. De este modo se estudia cómo se ha comportado la recaudación de las diferentes categorías de impuestos ambientales, cuál ha sido la evolución de la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación verde en relación con la actividad económica.

    Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2023 se recaudó en la UE-27 un total de 348.575 millones de euros en concepto de impuestos ambientales.

    De este total la mayor parte fueron ingresos por impuestos sobre la energía (el 77,9%). A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,0%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (4,1%).

    En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,2% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2023. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,0%.

    Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los últimos datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2023, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE.

    En términos de su participación en la estructura tributaria total, el porcentaje de recaudación correspondiente a la fiscalidad verde sobre la recaudación total de impuestos de la UE-27 ha descendido desde el 6,6% en 1995 al 5,2% en 2023.

    En términos comparativos con la actividad económica, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,6% de 1995 hasta el 2,0% en el último año de 2023. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

    Asimismo, es relevante apuntar que con la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 la fiscalidad verde como instrumento para promover la protección ambiental ha intensificado su pérdida de protagonismo. Desde 2019 hasta 2023 la presión fiscal ambiental en el conjunto de la UE se ha reducido en 0,54 puntos porcentuales.

    Por tipos de impuestos, durante el periodo 1995-2023 la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 2,0% en 1995 a 1,6% en 2023. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,5% al 0,4%. Finalmente, los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantienen su presión fiscal del 0,1% en el periodo analizado.

    En un análisis por países es destacable la diferente importancia de la fiscalidad verde dentro de la UE. Así, en el año 2023 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 4,11%. Le siguen, en orden descendente, Bulgaria (3,35%), Croacia (3,30%), Países Bajos (2,81%), Eslovenia (2,80%), Estonia (2,61%), Polonia (2,56%) e Italia (2,55%), principalmente.

    Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (0,96%), seguido de Luxemburgo (1,28%), Malta (1,54%), República Checa (1,56%), Lituania (1,61%) España (1,64%), Alemania (1,71%) y Francia (1,77%).

    En resumen, durante el periodo 1995-2023 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (20 de 27), habiendo aumentado en sólo siete países. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Bulgaria (+2,2 p.p. entre 1995 y 2023), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-2,0 p.p.).

    Para más información: 

    Eurostat

    La evolución de las aves en la UE (1990-2023)

    Como expresa la Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030 “la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se encuentran entre las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad ante la próxima década”.

    Un magnífico indicador que nos alerta de cómo está evolucionando la calidad y cantidad de los ecosistemas naturales son las aves. Gracias a la comunidad científica sabemos que la presencia de aves es un buen semáforo de la salud de los ecosistemas, de su diversidad e integridad.

    La mayor o menor población de aves, así como su mayor o menor diversidad de especies, en un ecosistema determinado, nos permite conocer más sobre la calidad del propio ecosistema donde se alimentan, viven y respiran. En definitiva, las aves nos adelantan información valiosa sobre la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad real de las actuaciones que llevamos a cabo los humanos a la hora de producir, consumir y movernos.

    En el contexto europeo, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) viene publicando desde hace años el Índice de Aves Comunes, que nos informa de forma cuantitativa sobre cómo ha evolucionado la presencia de aves en Europa. Dicho índice recoge las observaciones obtenidas en los 27 Estados miembros de la UE para un total de 168 especies de aves que viven en tierras de cultivo (39), en ecosistemas forestales (34) y en otros hábitats como parques y jardines (95).

    Se cuenta con un amplio horizonte temporal (1990-2023) para evaluar la tendencia de dicho Índice de Aves Comunes de la UE. Los resultados obtenidos hasta hoy apuntan que durante las tres últimas décadas hemos asistido a una continuada disminución de las poblaciones de aves en la Unión Europea y, por tanto, también al progresivo deterioro de nuestros espacios naturales. Como se observa en el siguiente gráfico, dicho índice de aves, que toma como año base 1990, ha descendido desde un valor de 100,0 en el año 1990 a 85,0 en 2023, lo que supone una caída del 15,0%.

    De forma complementaria al Índice de todas las Aves Comunes, Eurostat elabora otros dos índices compuestos. El primero, el índice de aves comunes de bosques, circunscrito a 34 especies, nos revela que se ha producido un descenso del 4,5% durante el periodo 1990-2023, al pasar de 100,0 a 95,5. Con este indicador se aprecia que sólo durante el último decenio se ha logrado una tendencia de recuperación, si bien no completa, tras los continuados descensos registrados en los veinte primeros años del periodo.

    Por su parte, el segundo índice, el índice de aves comunes de tierras de cultivo, que comprende 39 especies, presenta una tendencia significativamente descendente entre 1990 (100,0) y 2023 (57,9), habiéndose registrado, por tanto, una reducción del 42,1% en el periodo analizado. Como afirma la propia Estrategia para la biodiversidad 2030 las aves de hábitats agrícolas son indicadores clave de la salud de los agroecosistemas y vitales para la producción agrícola y la seguridad alimentaria, concluyendo que “su alarmante disminución tiene que invertirse”.

    En el ámbito de las aves, cabe recordar asimismo lo que ya expresaba la Directiva comunitaria relativa a la conservación de las aves silvestres en el año 2009:

    «En el territorio europeo de los Estados miembros, una gran cantidad de especies de aves que viven normalmente en estado salvaje padecen de una regresión en su población, muy rápida en algunos casos, y dicha regresión constituye un grave peligro para la conservación del medio natural, en particular debido a la amenaza que supone para el equilibrio biológico».

    Para más información:

    Eurostat

    Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres

    Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030

    El parque de coches eléctricos en la Unión Europea (2013-2023)

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    Una de las principales fuentes de contaminación atmosférica y calentamiento global del planeta reside en el sector del transporte. Para hacer frente a este serio problema medioambiental y de salud la Unión Europea cuenta desde 2011 con la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible, conocido como Libro Blanco del transporte.

    En su estrategia el Libro Blanco establece diez objetivos cuantificados para alcanzar «un sistema de transporte competitivo y sostenible», entre los que se encuentra el siguiente:

    «Reducir a la mitad el uso de automóviles de «propulsión convencional» en el transporte urbano para 2030; eliminarlos progresivamente en las ciudades para 2050; lograr que la logística urbana de los principales centros urbanos en 2030 esté fundamentalmente libre de emisiones de CO2″.

    Posteriormente, en diciembre de 2019 la Comisión Europea puso en marcha el Pacto Verde Europeo, un ambicioso proyecto que pretende alcanzar la neutralidad climática en la Unión antes del año 2050. Ello exige un amplio paquete de medidas que deben adoptar los Estados miembros, entre ellas las que afectan al sector de transporte. En este ámbito, la Estrategia de movilidad urbana y sostenible (2020) establece entre sus objetivos que “de aquí a 2030 al menos treinta millones de vehículos de emisión cero circularán por las carreteras europeas”. Además, para 2050 el objetivo marcado se eleva para perseguir que “prácticamente todos los automóviles, furgonetas, autobuses y los nuevos vehículos pesados serán de emisión cero”.

    De esta forma la política común de transportes aboga por la progresiva implantación de los vehículos eléctricos en detrimento de los automóviles de propulsión convencional. Sin embargo, los avances alcanzados hasta la fecha se presentan claramente escasos.

    Según Eurostat, en 2023 se contabilizó en la UE-27 un total de casi 4,5 millones coches eléctricos de pasajeros, constatándose desde una perspectiva temporal que el parque de estos vehículos ha seguido una senda de crecimiento continuado, desde los apenas 50.278 registrados en 2013.

    G_UE_2013_2023

    Durante este periodo 2013-2023, el crecimiento medio anual de coches eléctricos ha sido superior al registrado por el parque total de coches de pasajeros, de modo que ha aumentado su porcentaje de participación. Sin embargo, hay que resaltar que el número de este tipo de coches «sostenibles o menos contaminantes» tan sólo representa un 1,7% del total de coches de pasajeros en 2023, un porcentaje ciertamente exiguo que contrasta con los objetivos marcados por la Comisión Europea.

    En un análisis por países se detectan diferencias relevantes respecto a la implantación de coches eléctricos, no existiendo ningún Estado miembro de la UE que registre un porcentaje de participación de estos vehículos superior al 8%.

    En términos absolutos, en 2023 los mayores parques de coches eléctricos se encuentran en Alemania (1.408.681 vehículos), Francia (916.082) y Países Bajos (442.409), que concentran el 62% de parque total de estos vehículos de la Unión. Por el contrario, se registran los menores parques de coches eléctricos en países como Chipre, Malta, Estonia, Letonia, Croacia y Eslovaquia.

    En términos relativos, los países que presentan las mayores ratios de vehículos eléctricos sobre el parque total de coches de pasajeros en 2023 son los siguientes: Dinamarca (7,1%), Suecia (5,9%), Luxemburgo (5,1%) y Países Bajos (5,0%).

    G_UE_Países_2023

    Para más información:

    Eurostat

    Comisión Europea: Libro Blanco del transporte, 2011.

    Comisión Europea: Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el transporte europeo de cara al futuro, 2020.

    Evaluando la productividad energética en la economía de la UE (2000-2022)

    En la transición hacia una economía sostenible un aspecto crucial a perseguir es la eficiencia energética. En el ámbito energético, junto al fomento de las energías renovables, el descenso del consumo de energía primaria y final y la reducción de la dependencia exterior, la eficiencia en el uso de la energía constituye para la Unión Europea un objetivo prioritario de su estrategia de desarrollo sostenible.

    Avanzar en eficiencia energética significa aumentar la productividad, esto es, facilitar la sostenibilidad de la economía en tanto que se emplea menos energía por unidad de producto o lo que es lo mismo obtener más producción de bienes y servicios con la misma cantidad de energía.

    Un indicador que nos aproxima a evaluar la productividad energética en la UE es el que publica la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En concreto, se dispone del indicador de productividad energética, que queda definido por la división entre el Producto Interior Bruto (PIB, a precios constantes de 2010) y la energía bruta disponible.

    Los datos estadísticos publicados hasta hoy nos permiten analizar cómo ha evolucionado la productividad energética de la economía comunitaria durante el periodo 2000-2022. Como primera conclusión se constata que la productividad energética en la UE-27 ha seguido una tendencia ascendente, al pasar de los 6,3 euros por kgep en 2000 a los 9,3 en 2022. Es decir, si en el año 2000 por cada kilogramo equivalente de petróleo la economía de la UE produjo 6,3 euros de PIB, en el año 2022 alcanzó a obtener 9,3 euros.

    Para un análisis comparativo por países, empleamos el indicador de Producto Interior Bruto en paridad de poder de compra (PIB pps) por kilogramo equivalente de petróleo (kgep). Este indicador, al igual que el anterior, nos mide la productividad energética por unidad de producción en una economía, si bien, en este caso, ajustando el PIB por las variaciones de precios nacionales.

    En el último año de 2022 el país de la Unión Europea con mayor productividad energética de su economía ha sido Irlanda, con 28,8 euros en pps por kgep, seguido de Dinamarca (16,6), Rumanía (16,0), Luxemburgo (15,5), Italia (13,6), Portugal (12,3), Lituania (12,3), Austria (10,3), Alemania (12,2) y Croacia (11,9), todos ellos con valores superiores a la media de la UE (11,4).

    Por el contrario, como países con menor productividad energética figuran Malta (6,4), Finlandia (6,6), Bulgaria (7,3), Estonia (7,8), República Checa (8,2), Bélgica (8,3), Eslovaquia (8,3) y Suecia (9,3), que anotaron valores inferiores a 10,0.

    Para más información:

    Eurostat.

    El parque automovilístico de la Unión Europea (2012-2023)

    Son incuestionables los diversos impactos (o «externalidades negativas» que diría la economía neoclásica) que acarrea el uso del coche privado: contaminación atmosférica, calentamiento global del planeta, congestión, accidentes de tráfico, deterioro de la salud física y mental, contaminación acústica, dependencia de combustibles fósiles, extracción de materiales, ocupación de suelo, generación de residuos, etc., cuyos costes medioambientales y sociales no han sido aún valorados en su justa medida.

    Para hacer frente a la insostenibilidad del transporte la Unión Europea aprobó en 2011 la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible, conocido como Libro Blanco del transporte.

    Como expresa este documento estratégico, es clave afrontar la gran dependencia actual del petróleo y sus derivados en el sector del transporte y transitar hacia una economía descarbonizada. Se hace necesario fomentar la movilidad sostenible, como ir a pie o en bicicleta, además de dar un mayor impulso al transporte público no contaminante.

    Asimismo, la estrategia del Libro Blanco establece entre sus objetivos que el uso de los automóviles de propulsión convencional en el transporte urbano habrá de verse reducido en un 50% en el año 2030, antes de su eliminación total en las ciudades en 2050.

    Sin embargo, según los datos disponibles de Eurostat, el parque automovilístico no ha hecho más que crecer dentro de los límites físicos de los 4,2 millones de km2 de la UE-27.

    Centrándonos en los coches de pasajeros, que son el tipo de vehículos de mayor uso, su número no ha abandonado la senda del continuo crecimiento. Si en 2012 existía un total de 219,5 millones de turismos, en 2023 el parque de estos vehículos ascendió a 256,5 millones, es decir, se ha producido un incremento acumulado del 16,9% en dicho periodo. En otras palabras: el parque de coches ha aumentado ininterrumpidamente cada año a un ritmo promedio del 1,4% desde 2012 en la Unión Europea.

    Asimismo, hay que anotar que, paralelamente, no se ha llevado a cabo la deseada implantación de coches eléctricos que facilite la eliminación de los coches convencionales dependientes de los combustibles fósiles. En 2023 el parque de coches eléctricos se cuantifica en sólo 4,5 millones de unidades, es decir, apenas el 1,7% del parque total de turismos de la UE-27.

    La presión que genera el crecimiento del parque automovilístico es palpable tanto en términos demográficos como territoriales.

    En el primer caso, se constata que durante el último decenio el crecimiento del parque de coches de pasajeros ha sido superior al experimentado por la población en el seno de la Unión. Como se observa en el siguiente gráfico, si tomamos como base de referencia el año 2012, el parque de turismos presenta en el año 2023 un valor índice de 116,9, que supera el 101,9 registrado por la población.

    Si empleamos la ratio de número de coches de pasajeros por 1.000 habitantes, se concluye que su tendencia ascendente ha sido imparable hasta la actualidad. Para el conjunto de la UE dicho indicador ha aumentado desde los 490 coches por 1.000 habitantes en 2012 hasta los 571 en 2023.

    En el segundo caso, una primera evaluación de la presión del parque de coches sobre el territorio de la UE nos arroja que el número de coches por km2 se ha incrementado de 52 a 61 entre 2012 y 2023.

    Descendiendo a un análisis por países, en el año 2023 los países de la UE con mayor número de coches de pasajeros son Alemania (49,1 millones), Italia (40,9 mill.), Francia (39,5 mill.), España (26,8 mill.) y Polonia (22,0 mill.) Estos cinco países concentran, por tanto, el 70% del total de coches de la UE.

    Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2012-2023 en todos los países de la UE se ha incrementado el parque automovilístico de turismos, a excepción de Lituania, donde se ha reducido un 6,0%.

    En términos relativos, la ratio de número de coches de pasajeros por 1.000 habitantes revela diferencias entre países. Los mayores valores se alcanzan en Italia (694), Luxemburgo (675), Chipre (665), Finlandia (664) y Estonia (630), que superan holgadamente la media de la UE (571). Por el contrario, los menores parques de coches de pasajeros por 1.000 habitantes se registran en Letonia (418), Rumanía (425), Hungría (435), Irlanda (453) y Bulgaria (466).

    Para más información:

    Eurostat

    Comisión Europea: Libro Blanco del transporte, 2011

    El reciclaje en la Unión Europea (2000-2022)

    _DSF0066

    Uno de los principales frentes de las políticas medioambientales es la gestión de los residuos producidos por la actividad humana.

    Para alcanzar una buena gestión de residuos se ha de tener presente la aplicación del conocido principio de las 3R que prioriza la reducción a la reutilización y el reciclaje.

    No siempre es posible evitar la generación de los residuos procedentes de nuestras actividades de producción y consumo, ni tampoco promover su reutilización directa. En estos casos, la respuesta de gestión ha de centrarse en promover el reciclaje de los residuos, antes que destinarlos a la incineración o depositarlos en vertederos.

    En el marco de la Unión Europea, durante los últimos años la política medioambiental enfocada en la maximización del reciclaje ha perseguido su consolidación. Ello conlleva fomentar, entre otros objetivos cuantificables, que todos los países de la Unión alcancen altas tasas de reciclaje de residuos municipales.

    Dicho indicador queda definido, según Eurostat, como el porcentaje de residuos municipales generados por los hogares y por fuentes de residuos similares (comercio, oficinas e instituciones públicas) sobre el total de residuos generados. El reciclaje de este tipo de residuos comprende el reciclaje de materiales, el compostaje y la digestión anaeróbica.

    Para evaluar los resultados obtenidos por la política comunitaria de reciclaje, se dispone de la estadística que anualmente publica Eurostat en el ámbito de los residuos. Así, de acuerdo con el organismo europeo, durante el periodo 2000-2022, la tasa de reciclaje de residuos municipales de la UE-27 ha mostrado de forma continuada una senda, en general, ascendente.

    En el año 2000 se reciclaba el 27,3% de los residuos municipales generados en el conjunto de la Unión. Más de dos décadas después, en el año 2022 dicha tasa de reciclaje asciende a 48,6%, como se observa en el siguiente gráfico.

    G_UE27_Reciclaje_2000-2022

    Nótese, no obstante, que en el último año 2022 la tasa de reciclaje ha retrocedido (-1,2 puntos porcentuales) respecto al año anterior, contrastando con el aumento registrado en 2021 (+1,1 puntos porcentuales). En todo caso, hay que advertir de que estos últimos resultados son datos estimativos y aún no definitivos.

    Siendo notable el progreso alcanzado en materia de reciclaje, los resultados obtenidos hasta la fecha no son del todo satisfactorios dados los más que probables incumplimientos de las metas fijadas. La Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea establece expresamente como objetivos a alcanzar por todos los Estados miembros tasas de reciclaje de residuos municipales del 50% para 2020 y del 55% para 2025.

    En un análisis por países se detectan diferencias muy marcadas de la tasa de reciclaje en el seno de la Unión.

    De los 27 Estados de la UE, nueve superaron en 2022 la tasa media comunitaria (48,6%). La tasa de reciclaje más elevada la sigue ostentando, como en años anteriores, Alemania (69,1%). A continuación se encuentran Eslovenia (62,6%), Austria (62,5%), Países Bajos (57,5%), Luxemburgo (54,6%), Bélgica (52,7%), Dinamarca (52,3%), Italia (51,9%) y Eslovaquia (49,5%).

    Por el contrario, los países europeos que presentan en 2022 las tasas de reciclaje más bajas son Rumanía (12,1%), Malta (12,2%), Chipre (14,8%) y Grecia (17,5%).

    G_Países_Reciclaje_2022

    Hay que significar, asimismo, los notables progresos que han logrado algunos países europeos durante los últimos años. En el transcurso del periodo 2000-2022 cabe destacar los mayores avances relativos alcanzados por países como Eslovenia, cuya tasa de reciclaje de residuos municipales ha aumentado desde el 6,0% en 2000 hasta el 62,6% en 2022 (la segunda más alta de la UE-27), y Lituania (desde el 0,0% al 48,4%). En el otro extremo, Austria ha visto retroceder en 0,9 puntos su tasa de reciclaje respecto al año 2000, si bien sigue ostentando una de las tasas más altas.

    Para más información:

    Eurostat

    La generación de residuos municipales en la Unión Europea (1995-2022)

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    La generación de residuos es uno de los principales problemas medioambientales a los que se enfrenta nuestra sociedad. Son múltiples los impactos que producen sobre los ecosistemas, en especial cuando no son objeto de una adecuada gestión. Además, conlleva, como es el caso, por ejemplo, de los envases y embalajes, la utilización de materiales y recursos naturales, que en muchos casos podrían haberse evitado, y el empleo de significativos recursos económicos para su correcto tratamiento posterior.

    Por lo tanto, para avanzar en la senda del desarrollo sostenible, en materia de residuos es prioritario, incluso antes que la reutilización y el reciclaje, procurar su no generación y, en todo caso, su minimización.

    Son muy diversos los tipos de residuos que se generan tanto en la producción como el consumo de bienes y servicios por parte de los distintos agentes. Entre ellos se encuentran los denominados residuos municipales, que son los generados por los hogares y otras fuentes de residuos similares (comercio, oficinas e instituciones públicas) cuya recogida compete a las autoridades locales.

    El objetivo de hacer sostenible la producción y el consumo (ODS 12 de la Agenda 2030) exige un esfuerzo por parte de todos los agentes económicos para generar la menor cantidad posible de residuos. Si queremos conocer si la sociedad transita por la senda de la sostenibilidad, es de especial interés, entre otros aspectos, realizar evaluaciones periódicas de la evolución que sigue la generación de residuos.

    En el contexto europeo, para evaluar los progresos de los países de la Unión Europea (UE-27) en materia de generación de residuos municipales se dispone de los datos que publica  Eurostat. De acuerdo con dicho organismo estadístico, en el año 2022 se generó un total de 229 millones de toneladas de residuos municipales en la UE. Esta cantidad supone sólo una parte del total residuos generados en sus diferentes tipos en la UE, pero nos aporta señales sobre si nuestros modos de producción y consumo se encaminan o alejan de la sostenibilidad.

    Desde una aproximación temporal, una primera conclusión general que nos revela el análisis de los datos es que la generación de residuos municipales ha seguido una tendencia creciente desde 1995. Durante el periodo 1995-2022 la generación de residuos municipales en la UE ha aumentado un 16%, al pasar de 198 a 229 millones de toneladas.

    Como se observa en el siguiente gráfico, la generación total de residuos municipales en la UE ha estado afectada por el ciclo económico. En épocas como la de la Gran Recesión (2008-2014) la caída de la producción y el consumo ha comportado una menor generación de residuos domésticos. No obstante, una vez que la economía entra en una fase de recuperación, a partir de 2015 la generación de residuos vuelve a tomar una senda claramente creciente que prosigue hasta hoy. Es de destacar asimismo que incluso en el año 2020, especialmente afectado por los impactos sobre la economía de la crisis de la pandemia del COVID-19, la producción de residuos continúo aumentando. Sólo en el último añ0 2022 se aprecia una ligera disminución anual del -3,4%.

    G_residuos UE_total_1995-2022

    Si analizamos la generación de residuos en términos relativos, esto es, en kilogramos de residuos generados por persona, se constata una evolución similar. En promedio un ciudadano comunitario generaba en el año 1995 un total de 467 kilogramos de residuos municipales. Más de cinco lustros después, el valor de dicha ratio se ha incrementado, si bien con altibajos, hasta cifrarse en 513 kg per cápita en 2022. Por lo tanto, los datos indican que los patrones de producción y consumo siguen sin reorientarse hacia la sostenibilidad, a pesar del descenso puntual del último año 2022.

    G_residuos UE_per cápita_1995-2022

    En un análisis más detallado por países, se encuentran notables diferencias en el seno de la UE-27. En términos absolutos, los países que generan más residuos domésticos son Alemania (con el 22% del total de la UE), Francia (16%), Italia (13%) y España (10%). Estos cuatro países concentran, por tanto, el 60% del total frente al 40% restante que es generado por los otros 23 países miembros de la Unión.

    Si consideramos la ratio de kilogramos de residuos generados por persona, las divergencias entre países son muy marcadas. En el año 2022 el país con más generación de residuos casi triplicó la cifra del que menos.

    Así, con un promedio de 513 kilogramos per cápita de la UE en 2022, los Estados miembros con mayores ratios fueron Austria (835), Dinamarca (787), Luxemburgo (721), Bélgica (677) y Chipre (646). Por el contrario, los Estados con menos residuos municipales generados per cápita fueron Rumanía (301), Polonia (364), Estonia (373), Suecia (395) y Hungría (406).

    G_residuos UE_Países_2022

    Para más información:

    Eurostat

    La satisfacción general con la vida en los países de la UE (2022)

    Rumanía.

    Viene siendo habitual que la evaluación del desarrollo de los países se vincule fundamentalmente al análisis de la evolución de la variable del PIB (Producto Interior Bruto), a pesar de conocerse que éste de lo que realmente nos informa es del valor monetario de todos los bienes y servicios de mercado producidos en una economía.

    Contamos, no obstante, con otros enfoques e indicadores diferentes al tradicional PIB, no tan conocidos, que se aproximan de forma más realista a evaluar el progreso de las sociedades y la calidad de vida de sus ciudadanos. Uno de estos indicadores es el de satisfacción general con la vida, cuya valoración la otorgan los propios ciudadanos de acuerdo con su percepción personal revelada a través de encuestas.

    La medida de satisfacción general con la vida es un indicador de bienestar subjetivo que suele comprender la valoración de tres aspectos: la satisfacción con la vida (apreciación cognitiva), los afectos (los sentimientos o estados emocionales de una persona, positivos o negativos) y la eudemonía (la sensación de tener propósito en la vida y una buena estabilidad sicológica).

    En el contexto europeo, contamos con los datos que publica la Oficina Europea de Estadística de la UE (Eurostat) que nos permite conocer la valoración que tienen los ciudadanos de la UE sobre la satisfacción general de sus vidas.

    Así, partiendo de una escala comprendida entre 0 (muy insatisfecho) y 10 (muy satisfecho), los últimos resultados correspondientes al año 2022 nos revelan que los ciudadanos de la UE valoran, en promedio, con 7,1 puntos su satisfacción general con la vida.

    En una comparativa temporal, los datos publicados nos constatan que ha disminuido la satisfacción general con la vida de los ciudadanos comunitarios entre 2018 y 2022, al reducirse su puntuación media de 7,3 a 7,1 entre dichos años.

    En análisis por países, los resultados obtenidos en 2022 expresan también que existen divergencias respecto la valoración de la satisfacción general con la vida entre los veintisiete Estados miembros.

    Así, los países con mayor grado de satisfacción general con la vida en 2022 son Finlandia (7,9) y Austria (7,9), seguidos de Rumanía (7,7), Países Bajos (7,7), Eslovenia (7,6), Dinamarca (7,6) y Bélgica (7,6).

    En el extremo contrario, los menores niveles de satisfacción general con la vida los declaran en 2022 los ciudadanos de Bulgaria (5,6), Alemania (6,5), Grecia (6,7), Croacia (6,8) y Letonia (6,8).

    Desde una aproximación temporal, respecto al año 2018 cuatro países destacan por haber aumentado su satisfacción general con la vida en 2022: Lituania (+0,7 puntos), Croacia (+0,5), Hungría (+0,4) y Eslovenia (+0,4), según los últimos datos de Eurostat. Por el contrario, se han registrado las mayores pérdidas de satisfacción con la vida en dos países: Alemania (-0,9 puntos) e Irlanda (-0,7).

    Los resultados obtenidos nos muestran asimismo un hecho importante: que un país tenga un alto PIB per cápita no es determinante para que su población disfrute de un alto grado de satisfacción con la vida.

    En países como Rumanía y Polonia, que tienen un PIB per cápita (pps) inferior a la media de la UE (un -25% y un -20%, respectivamente, en 2022), sus ciudadanos declaran unos niveles de satisfacción con la vida que superan claramente la media de la UE. En el otro extremo, de acuerdo también con Eurostat, en Alemania, un país cuyo PIB per cápita (pps) supera en un 17% el promedio de la UE, sus ciudadanos son, tras los de Bulgaria, los que menor puntuación han dado a la satisfacción general con la vida en el año 2022.

    Para más información:

    Eurostat