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La participación de las energías renovables en la UE (2022)

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En el ámbito de las energías renovables, la Estrategia Europa 2020 y la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo dejaron fijado como objetivo estratégico que para el año 2020 el 20% del consumo final de energía de la UE debe tener su origen en fuentes renovables (eólica, solar, hidráulica, maremotriz, geotérmica, biomasa…). De este modo se persigue favorecer el desplazamiento del consumo de los combustibles fósiles que propician el calentamiento global.

Los últimos datos de Eurostat siguen confirmando que dicho objetivo del 20% se cumplió en el horizonte marcado de 2020. Así, en el año 2022 el consumo final de energía en la UE-27 ascendió a 989 millones de toneladas equivalentes de petróleo. De este total el 23,0% provino de fuentes de energías renovables, porcentaje que se ha venido incrementado de forma continuada desde el año 2004.

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En un análisis por países, entre 2004 y 2022 la participación de la energía de fuentes renovables en el consumo final de energía se ha incrementado en todos los Estados miembros. Los mayores avances relativos se han dado en Suecia (27,6 puntos porcentuales más) y Dinamarca (+26,8 p.p.), y los menores, en Croacia (+6,0 p.p) y Eslovenia (+6,6 p.p.), si bien estos dos últimos países ya partían en 2004 con altos porcentajes de introducción de renovables.

Asimismo, se sigue observando, de acuerdo con los últimos datos publicados por Eurostat, que persiste la disparidad en el grado de implantación de las energías renovables.

En 2022 Suecia, con el 66,0%, es el país con el mayor porcentaje de energía de fuentes renovables en su consumo final bruto energético. Le siguen, a cierta distancia, los mayores porcentajes de Finlandia (47,9%), Letonia (43,3%), Dinamarca (41,6%), Estonia (38,5%), Portugal (34,7%) y Austria (33,8%).

Por el contrario, las menores participaciones de energías renovables sobre el consumo energético final se registraron en Irlanda (13,1%), Malta (13,4%), Bélgica (13,8%), Luxemburgo (14,4%), Países Bajos (15,0%), Hungría (15,2%) y Polonia (16,9%).

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De cara al futuro, los nuevos objetivos de lucha contra el cambio climático han conducido a la Unión a revisar su objetivo general de impulso de las fuentes de energía renovables acelerando su implantación. La Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de octubre de 2023 establece que los Estados miembros velarán conjuntamente por que en el año 2030 la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de al menos el 42,5% del consumo final bruto de energía de la Unión, y deberán esforzarse por alcanzar el 45%. Este ambicioso objetivo implica que la cuota de las energías renovables ha registrar un crecimiento medio entre 2022 y 2030 de 2,7 p.p. cada año, lo que supone un ritmo muy superior al registrado en el decenio anterior (0,8 p.p.).

Para más información:

Eurostat

Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de octubre de 2023

Europa ante el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (2023)

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En 2015 la ONU puso en marcha el ambicioso proyecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de una estrategia de alcance mundial, cuyo compromiso se concreta en lograr, durante la presente década, diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (17 ODS), que cubren las tres dimensiones del desarrollo: económica, social y medioambiental.

Para evaluar los progresos en la consecución de los 17 ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) viene publicando desde hace varios años diferentes informes periódicos que tratan de evaluar cómo están avanzando los países en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para el caso de Europa, SDSN ha publicado hasta la fecha cinco Informes que muestran los avances alcanzados respecto a los ODS por la Unión Europea y sus países socios europeos desde 2015.

La metodología utilizada permite disponer de un índice ODS que resume en un único valor los resultados mostrados por la amplia batería de indicadores (un total de 109 para Europa) recabados para medir la totalidad de los 17 ODS (a los cuales se les otorga igual ponderación).

El índice ODS es, por tanto, un indicador sintético de desarrollo sostenible, cuyo valor puede oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación respecto al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, y 100, cuando el país se sitúa en la mejor posición respecto a su cumplimiento.

Con la edición de 2023/24 del Informe de Desarrollo Sostenible en Europa se han podido evaluar, a través del índice ODS, los progresos en materia de desarrollo sostenible de los 27 Estados miembros de la UE, además de otros siete países que son socios o candidatos europeos (Noruega, Suiza, Islandia, Reino Unido, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía).

Entre las conclusiones generales del Informe destacamos las siguientes:

  • La UE ha logrado o está en camino de lograr un poco más de dos tercios de las metas de los ODS.
  • Si antes de la irrupción de la pandemia los avances en la UE eran demasiado lentos para alcanzar todos los ODS en 2030, desde 2020 el progreso de los ODS se ha estancado. Así, el progreso del índice de los ODS fue tres veces más rápido durante el periodo 2015-2019 (con 0,73 puntos por año) que durante el periodo 2019-2022 (0,24 puntos por año).
  • Las múltiples crisis que atraviesa Europa, y el mundo, desde 2020 han provocado un estancamiento e incluso una reversión del progreso en los indicadores de “No dejar a nadie atrás”, especialmente en la evaluación de las desigualdades dentro de los países.
  • Persisten los desafíos relacionados con los objetivos medioambientales y de biodiversidad, incluyendo los sistemas alimentario y terrestre sostenibles (ODS 2, ODS 12 a 15).
  • La UE, y los países de la OCDE, generan en comparación con otras regiones del mundo importantes impactos negativos del consumo y las cadenas de suministro insostenibles a través de los efectos indirectos internacionales. Dichos impactos están impulsados principalmente por el consumo y las cadenas de suministro insostenibles, que conducen a la deforestación y otros impactos ambientales y sociales negativos, satisfaciendo las necesidades de consumo de dichos países desarrollados. En algunos países europeos, la competencia fiscal desleal, los paraísos fiscales y la transferencia de beneficios de las multinacionales también explican las puntuaciones relativamente bajas (malas) de los efectos indirectos internacionales.
  • Existen grandes brechas y un ritmo lento de convergencia en los resultados de los ODS en los países europeos.

En un análisis más detallado por países, el Informe de 2023/24 nos revela que en Europa persisten diferencias muy importantes respecto al grado de consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

Así, en esta edición de 2023/24, el país con un mayor valor del índice ODS sigue siendo, como en los últimos años, Finlandia (80,6), al que se une, con la misma puntuación, Suecia (80,6). Le siguen, a continuación, Dinamarca (80,0), Austria (77,7,), Noruega (77,0), Alemania (75,4), República Checa (74,4), Eslovenia (73,7), Islandia (73,7) y Estonia (73,0). Todos ellos ocupan las diez primeras posiciones.

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En el otro extremo, los diez menores valores del índice ODS los presentan los siguientes países: Turquía (57,1), Bulgaria (59,5), Chipre (61,0), Macedonia del Norte (62,2), Serbia (62,5), Rumanía (62,6), Grecia (65,2), Malta (65,9), Lituania (67,7) y Luxemburgo (67,8).

Finalmente, de cara al futuro, el Informe de 2023/24 postula que la Unión Europea debe emprender diez acciones prioritarias para impulsar el cumplimiento de los ODS. Son las siguientes:

  1. Responder al grave peligro de los “puntos críticos sociales” reduciendo significativamente el riesgo de pobreza y exclusión social de los ciudadanos europeos.
  2. Redoblar los esfuerzos para lograr emisiones netas cero en la UE para 2050, incluyendo avances importantes para 2030.
  3. Fortalecer a las autoridades regionales y locales para lograr los ODS, incluido el seguimiento y la presentación de informes periódicos sobre el progreso de los ODS en todos los niveles.
  4. Frenar las repercusiones indirectas negativas y apoyar la transformación hacia un sistema de comercio sostenible.
  5. Hacer uso de Equipo Europa para la diplomacia global de los ODS y fortalecer espacios de debate diversos y universales, especialmente las Naciones Unidas.
  6. Intensificar el papel multilateral de Europa liderando los esfuerzos globales para reformar la arquitectura financiera global.
  7. Reorientar las alianzas internacionales de la UE hacia los ODS y avanzar hacia una cooperación mutuamente transformadora.
  8. Movilizar los medios financieros para apoyar las transformaciones necesarias para un futuro sostenible.
  9. Institucionalizar la integración de los ODS en la planificación estratégica, la coordinación macroeconómica, los procesos presupuestarios, las misiones de investigación e innovación y otros instrumentos de políticas.
  10. Establecer dentro del Parlamento Europeo nuevos mecanismos permanentes para una participación estructurada y significativa con la sociedad civil, incluida la juventud, que permitan una incidencia en las hojas de ruta y las políticas con enfoque ODS.

Para más información:

SDSN: Europe Sustainable Development Report 2023/24.

La dependencia de los combustibles fósiles en los países de la UE (1990-2022)

Los objetivos de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático están estrechamente relacionados con el propósito de reducir el consumo de combustibles fósiles en sus diferentes tipos (petróleo, carbón, gas natural…).

Al mismo tiempo, una menor dependencia de los combustibles fósiles se alinea con la sostenibilidad, al favorecer la transición hacia una economía basada en las energías renovables y baja en carbono.

Los últimos datos disponibles de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) nos confirman que el grado de dependencia de los combustibles fósiles continúa siendo muy elevado en el seno de los países de la Unión Europea.

En el año 2022 los combustibles fósiles representan el 70,9% de la energía bruta disponible de la UE-27.

Desde una perspectiva temporal, se observa que durante las últimas tres décadas la hegemonía de estos combustibles contaminantes en la energía total ha seguido una tendencia descendente. Así, según el organismo estadístico europeo, entre 1990 y 2022 el conjunto de la UE-27 (sin Reino Unido) ha visto reducir el porcentaje de combustibles fósiles sobre la energía bruta disponible en 11,5 puntos, desde el 82,4% hasta el 70,9%. Dicho descenso viene explicado en gran medida por la creciente implantación de las energías renovables.

Más recientemente, en los últimos tres años esta tendencia a la baja se ha visto afectada, en mayor o menor medida, por algunos acontecimientos excepcionales. En el año 2020 la irrupción de la pandemia del COVID-19, que conllevó fuertes impactos sociales y económicos, probablemente ha contribuido a intensificar puntualmente la caída de la participación de los combustibles fósiles (que ha pasado de 71,4% en 2019 a 69,8% en 2020). De hecho, superada la crisis sanitaria, y levantadas las restricciones a la actividad y la movilidad, la dependencia de los combustibles fósiles ha inflexionado al alza, hasta situarse en el 70,9% en 2022.

Además, en dicho el 2022, con la finalización de la pandemia y el repunte de la demanda de los requerimientos energéticos, se produjo un nuevo contexto internacional marcado por una tendencia alcista de los precios de las materias primas energéticas, que se vio agravada por los impactos de la invasión rusa de Ucrania iniciada en marzo.

En un análisis por países, en el año 2022, de los 27 Estados miembros de la Unión Europea 25 tienen un grado de dependencia de los combustibles fósiles superior al 50% de su energía bruta disponible.

El país más dependiente energéticamente de los combustibles fósiles es el Estado insular de Malta, con un porcentaje sobre la energía bruta disponible del 96,1%. A continuación, le siguen Chipre (89,3%), Países Bajos (87,6%), Irlanda (87,4%), Polonia (87,1%), Grecia (83,4%) y Alemania (80,3%), entre otros.

Por el contrario, Suecia es el país comunitario con el menor grado de dependencia fósil, con el 30,3% de su energía disponible, seguido de Finlandia (38,3%). Estos dos países son los únicos de la UE que presentan porcentajes inferiores al 50%.

Considerando el conjunto del periodo 1990-2022, es de destacar que los 27 Estados de la UE han logrado reducir el consumo relativo de combustibles fósiles.

Las mayores disminuciones del peso de estos combustibles sobre el total de energía disponible se han dado en Dinamarca, Estonia, Letonia, Rumanía, Finlandia, Eslovaquia y República Checa, con reducciones de más de 20,0 p.p. en dicho periodo. En el otro extremo, los menores descensos de la participación energética de los combustibles fósiles se han registrado en Malta, España y Bélgica, que sólo han rebajado entre 3 y 5 p.p. la proporción de dichos combustibles durante 1990-2022.

Para más información:

Eurostat.

La dependencia energética exterior de la UE (1990-2021)

Procurar el máximo grado de soberanía energética se convierte en una cuestión cada vez más estratégica de la política energética de los países. Una baja dependencia de las importaciones contribuye a que las economías sean menos vulnerables a problemas de provisión de recursos energéticos y a imprevistas fluctuaciones alcistas de los precios que derivan, en última instancia, en un deterioro de la capacidad adquisitiva de la población y del saldo comercial del país importador, entre otros efectos.

Al mismo tiempo, una menor dependencia de las importaciones de productos energéticos (que son combustibles fósiles, principalmente) se alinea con la sostenibilidad, en tanto que de fomentarse en su lugar el empleo de energías renovables se apoya la transición hacia una economía baja en carbono.

Para evaluar el mayor o menor grado de soberanía energética, la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) publica el indicador de dependencia de las importaciones de energía que queda definido en los siguientes términos:

la proporción de las necesidades energéticas totales de un país satisfechas por las importaciones de otros países, esto es, el porcentaje de importaciones netas (importaciones menos exportaciones) sobre la energía bruta disponible.

De acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, el consumo de energía en la UE continúa dependiendo en gran medida de su abastecimiento exterior. Entre 1990 y 2021 el conjunto de la UE ha visto aumentar su grado de dependencia energética desde el 50,0% hasta el 55,5%.

Como se observa en el siguiente gráfico la evolución seguida por el indicador de dependencia energética en la UE ha estado muy condicionada por la naturaleza del ciclo que atraviesa la economía, ya sea expansivo o contractivo. Durante los años de la Gran Recesión el valor del indicador de dependencia energética se redujo, interrumpiendo de forma clara la tendencia ascendente que venía registrando desde 1990, para, después, a partir de 2014, una vez pasados los años de crisis económica, retomar su senda creciente hasta alcanzar su máximo en 2019, con el 60,5%. Más recientemente con la irrupción de la pandemia del COVID-19, que conllevó fuertes impactos sociales y económicos, el grado de dependencia energética vuelve a retroceder. La contracción de la economía de la UE, en buena medida por las necesarias medidas de restricción a la actividad y la movilidad adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, derivó en menores requerimientos energéticos que hicieron descender el grado de dependencia del exterior hasta el 57,5% en 2020 y el 55,5% en 2021.

Está por ver si en el 2022, con la finalización de la pandemia, el grado de dependencia energética de la UE retornó al crecimiento, sin olvidar, además, el nuevo contexto internacional derivado de los posteriores incrementos de los precios energéticos, a los que se unen los impactos de la guerra en Ucrania iniciada en marzo con la invasión rusa.

En un análisis por tipos, el petróleo y sus derivados, que son los productos energéticos más demandados, presentan la mayor tasa de dependencia exterior. En 2021 el 91,7% de su demanda ha tenido que ser importado de terceros países. Este porcentaje se redujo en 7 puntos respecto al año 2020, de modo que se vuelve inferior al 93,1% registrado en 1990.

A continuación, para el gas natural, el segundo producto energético más demandado, la tasa de dependencia exterior es del 83,4% en 2021. En este caso desciende sólo 0,2 p.p. respecto a 2020 y continúa siendo muy superior al 51,8% de 1990.

Respecto a los combustibles fósiles sólidos, el tercer producto energético más demandado, en 2021 el 37,5% de su consumo ha sido cubierto a través de importaciones. A diferencia de los anteriores productos energéticos, en 2021 aumentó la dependencia energética de los combustibles fósiles sólidos, hasta el 37,5%, casi dos puntos más que en 2020. Este porcentaje también supera el registrado en 1990 (18,7%).

Atendiendo a un análisis por países, los últimos datos disponibles de Eurostat nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de productos energéticos continúa siendo elevado en la mayoría de los países de la UE. Un total de 17 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2021.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones netas sobre su energía bruta disponible del 97,1%, Luxemburgo (92,5%) y Chipre (89,5%). A continuación, les siguen Irlanda (77,0%), Grecia (73,8%), Italia (73,5%), Lituania (73,3%), Bélgica (70,8%) y España (69,1%), entre otros.

Por el contrario, los países con un grado de dependencia exterior menor son Estonia (1,4%), Suecia (21,0%), Rumanía (31,6%), Dinamarca (32,3%), Bulgaria (36,1%), Finlandia (38,0%) y Letonia (38,3%).

Desde una perspectiva temporal amplia, que abarca el periodo 1990-2021, los Estados que más han aumentado su tasa de dependencia energética exterior han sido Polonia (de 0,9% a 40,4%), Países Bajos (de 23,7% a 58,4%) y República Checa (de 15,2% a 40,0%). En sentido contrario, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más su dependencia energética exterior durante el periodo analizado: Letonia (de 89,0% a 38,3%), Estonia (de 41,0% a 1,4%) y Bulgaria (de 63,4% a 36,1%).

Para más información:

Eurostat.

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE (1990-2021)

El calentamiento global del planeta es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad, como así lo contempla la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en concreto en su ODS 13, puesta en marcha por Naciones Unidas en 2015.

Para encarar el desafío de la crisis climática se vuelve imperioso orientar hacia la sostenibilidad los sistemas económicos actuales basados en modos de producción y consumo que son el origen de cuantiosas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

En el marco de la Unión Europea, uno de los principales emisores de GEI del planeta, se han establecido compromisos de reducción de las emisiones de estos gases que requieren una evaluación continuada.

De acuerdo con la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en el año 2021 las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que produjo el conjunto de los 27 países de la UE se han cuantificado en 3.311 millones de toneladas (Mt) de CO2 equivalentes, incluyendo las emisiones netas del sector de “uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura” (LULUCF, por sus siglas en inglés) y la aviación internacional. Respecto al año anterior las emisiones, por tanto, experimentaron un incremento del 6,2%. La recuperación económica registrada en 2021 viene a explicar este repunte, una vez sobrellevados los peores efectos de la contracción de la actividad que supuso la irrupción de la pandemia del COVID-19 en 2020.

En un análisis temporal más amplio, desde el año 1990, cuando los GEI generadores del cambio climático emitidos a la atmósfera por las actividades humanas ascendieron 4.712 Mt, se ha producido una reducción total de las emisiones del 29,5% en la UE. En términos absolutos, en 2021 se emitieron 1.401 Mt de CO2 equivalentes menos que en el año 1990.

En términos acumulados, durante el periodo 1990-2021 los países de la Unión Europea han enviado a la atmósfera un total de 129.097 millones de toneladas de CO2 equivalentes.

Como señala el informe de 2023 de la Agencia Europea del Medio Ambiente, las principales causas que explican que se hayan reducido las emisiones de GEI entre 1990 y 2021 en la UE son diversas: el aumento de la participación del uso de las energías renovables, el menor uso de los combustibles fósiles, mejoras en la eficiencia energética tanto en las empresas como en los hogares, cambios económicos estructurales y la recesión económica como la provocada por la pandemia.

En un análisis por sectores, la reducción de emisiones de GEI ha sido casi generalizada, con las significativas excepciones del transporte y la refrigeración y aire acondicionado, donde las emisiones se incrementaron, y de la superficie forestal, donde las absorciones netas decrecieron, debido principalmente al envejecimiento de los bosques. Los mayores descensos de las emisiones se han observado en la industria manufacturera, la construcción, la producción de electricidad y calor, la producción de hierro y acero y la combustión residencial.

Por tipos, los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera son en su mayoría gases de dióxido de carbono (CO2), que representan el 80% del total de GEI de la UE en 2021. Las emisiones de estos gases CO2 (incluyendo LULUCF y aviación internacional) han disminuido entre 1990 y 2021 un 29%. También se han reducido durante el periodo las emisiones de otros GEI como metano (CH4), óxido nitroso (N2O), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6). Por el contrario, se han incrementado las emisiones de los hidrofluorocarbonos (HFCs).

En un análisis por países, en el año 2021 dos tercios (el 67,0%) del total de emisiones de GEI de la UE-27 procedían de cinco países: Alemania (23,6%), Francia (12,3%), Italia (11,9%), Polonia (11,5%) y España (7,6%).

Durante el periodo 1990-2021 la mayoría de los países de la Unión han reducido sus emisiones de GEI, contabilizándose las disminuciones absolutas más importantes en Alemania (-516.725 Mt), Rumanía (-162.936), Italia (-127.191) y Francia (-124.883).

En términos porcentuales, entre 1990 y 2021 las mayores reducciones se han registrado en Suecia (-73,2%), Rumanía (-71,0%), Lituania (-66,7%), Estonia (-57,4%), Eslovaquia (-47,8%) y Bulgaria (-45,6%).

Por el contrario, son cuatro países de la Unión Europea los que han aumentado sus emisiones de GEI durante el periodo 1990-2021: Chipre (45,7%), Irlanda (12,8%), Finlandia (5,8%) y Austria (0,9%). Cabe destacar que el crecimiento de las emisiones de estos dos últimos países ha venido determinado por la evolución seguida por el sector LULUCF, principalmente en el caso de Finlandia, donde se volvió desfavorable, de modo que de contabilizarse las emisiones sin LULUCF habrían descendido un 32,6% en este país.

De cara al futuro, la palpable realidad del calentamiento global está demandando a los países acelerar la senda de reducción de sus emisiones de GEI. En la actualidad los compromisos asumidos por la UE  apuntan que las emisiones han de disminuir al menos un 55% en 2030 respecto a 1990, con las vistas puestas en lograr una economía con neutralidad climática en el año 2050.

Para más información:

EEA: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2021 and inventory report 2023

Eurostat

La generación de residuos municipales en la Unión Europea (2000-2021)

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La generación de residuos es uno de los principales problemas medioambientales a los que se enfrenta la sociedad moderna. Son múltiples los impactos que producen sobre los ecosistemas, en especial cuando no son objeto de una adecuada gestión. Además, conlleva, como es el caso, por ejemplo, de los envases y embalajes, la utilización de materiales y recursos naturales, que en muchos casos podrían haberse evitado, y el empleo de significativos recursos económicos para su correcto tratamiento posterior.

Por lo tanto, para avanzar en la senda del desarrollo sostenible, en materia de residuos es prioritario, incluso antes que la reutilización y el reciclaje, procurar su no generación y, en todo caso, su minimización.

Son muy diversos los tipos de residuos que se generan tanto en la producción como el consumo de bienes y servicios por parte de los distintos agentes. Entre ellos se encuentran los denominados residuos municipales, que son los generados por los hogares y otras fuentes de residuos similares (comercio, oficinas e instituciones públicas) cuya recogida compete a las autoridades locales.

El objetivo de hacer sostenible la producción y el consumo (ODS 12 de la Agenda 2030) exige un esfuerzo por parte de todos los agentes económicos para generar la menor cantidad posible de residuos. Si queremos conocer si la sociedad transita por la senda de sostenibilidad, es de especial interés, entre otros aspectos, realizar evaluaciones periódicas de la evolución que sigue la generación de residuos.

En el contexto europeo, para evaluar los progresos de los países de la Unión Europea (UE-27) en materia de generación de residuos municipales se dispone de los datos que publica  Eurostat. De acuerdo con dicho organismo estadístico, en el año 2021 se generó un total de 237 millones de toneladas de residuos municipales en la UE. Esta cantidad supone aproximadamente el 10% del total de residuos en sus diferentes tipos generados en la UE. Teniendo un modesto peso relativo, esta clase de residuos nos puede aportar, no obstante, información sobre si el consumo se encamina o se aleja de la sostenibilidad.

Desde una aproximación dinámica una primera conclusión general a la que se llega tras el análisis de los datos nos revela que durante el periodo 2000-2021 la generación de residuos municipales en la UE ha aumentado un 7,6%, al pasar de 220 a 237 millones de toneladas.

Como se observa en el siguiente gráfico, la generación total de residuos municipales en la UE ha estado afectada por el ciclo económico. En épocas como la de la Gran Recesión (2008-2014) la caída de la producción y el consumo ha comportado una menor generación de residuos domésticos. No obstante, una vez que la economía entra en una fase de recuperación, a partir de 2015 la generación de residuos vuelve a tomar una senda claramente creciente que prosigue hasta hoy. Es de destacar asimismo que incluso en el año 2020, especialmente afectado por los impactos sobre la economía de la crisis de la pandemia del COVID-19, la producción de residuos continuó aumentando.

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Si analizamos la generación de residuos en términos relativos, esto es, en kilogramos de residuos generados por persona, se constata una evolución similar. En promedio un ciudadano comunitario generaba en el año 2000 un total de 513 kilogramos de residuos municipales. Dos décadas después, el valor de dicha ratio se ha incrementado, si bien con altibajos, hasta cifrarse en 530 kg per cápita en 2021. Por lo tanto, los datos apuntan a que los patrones de consumo no se han reorientado hacia la sostenibilidad sino más bien al contrario.

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En un análisis más detallado por países, se encuentran notables diferencias en el seno de la UE-27. En términos absolutos, los países que generan más residuos domésticos son Alemania (con el 23% del total de la UE), Francia (16%), Italia (12%) y España (9%). Estos cuatro países concentran, por tanto, el 60% del total frente al 40% restante que es generado por los otros 23 países que también pertenecen a la UE.

Si consideramos la ratio de kilogramos de residuos generados por persona, las divergencias entre países son muy significativas. En el año 2021 el país con más generación de residuos casi triplicó la cifra del que menos.

Así, con un promedio de 530 kilogramos per cápita de la UE en 2021, los Estados miembros con mayores ratios fueron Austria (834), Luxemburgo (793), Dinamarca (786), Bélgica (759) y Alemania (646). Por el contrario, los Estados con menos residuos per cápita fueron Rumanía (302), Polonia (362), Estonia (395), Bulgaria (408), Hungría (416) y Suecia (418).

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Para más información:

Eurostat

Evolución del consumo por habitante en la UE (1995-2021)

Puerto Cruz, crisis, saldos, 2012.06.25

Para evaluar el progreso de los países el indicador del PIB per cápita ha ocupado hasta la actualidad un lugar privilegiado. Durante décadas se ha defendido el uso de esta ratio como la mejor aproximación sintética del bienestar de la población. Recordemos, no obstante, que dicha medida se refiere estrictamente a la actividad económica, es decir, al valor de todos los bienes y servicios producidos en la economía de un territorio (país, región, ciudad…) durante un periodo de tiempo (generalmente un año), relativizándolo por el número de habitantes. En consecuencia, por su propia naturaleza son múltiples las limitaciones que presenta para medir el bienestar de las personas.

Como medida alternativa al PIB per cápita se dispone del indicador de consumo individual efectivo (CIE) que se viene empleando por considerarse una medida más adecuada para evaluar el bienestar material de la población. Se define como el valor monetario del consumo de los bienes y servicios adquiridos directamente por los hogares, así como los servicios prestados por las organizaciones sin ánimo de lucro y el Estado para el consumo de los individuos (educación, sanidad…). Dicho consumo se valora en euros pps (estándar de poder de compra), con objeto de corregir las diferencias nacionales en los niveles de precios permitiendo las comparaciones entre países, y se relativiza por el número de habitantes.

Siendo un indicador más adecuado que el PIB per cápita para medir el bienestar material, no hay que olvidar que el CIE tampoco está exento de importantes limitaciones, en especial si lo que perseguimos es, en realidad, evaluar el desarrollo sostenible. Es evidente que el consumo de bienes, que satisfacen necesidades materiales (básicas y no básicas), conlleva el uso de recursos naturales (materiales, agua, energía), cuyo impacto sobre el medio ambiente puede ser muy diverso (pérdida de biodiversidad, residuos, contaminación…). Por lo tanto, el CIE no nos aporta información sobre la sostenibilidad ambiental, sobre si ese consumo es sostenible. De igual forma, este indicador de consumo medio por habitante, por su propia concepción, no nos aproxima a evaluar los avances en equidad, pilar fundamental del desarrollo sostenible.

En el contexto de la Unión Europea, para conocer la evolución de dicha medida de consumo per cápita se cuenta con la estadística que elabora la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En un análisis de los datos disponibles para el periodo 1995-2021 se evidencia, como primera conclusión general, que el nivel de consumo individual efectivo por habitante de la UE-27 ha aumentado de forma prácticamente continuada, pasando de 10.100 a 21.100 euros (pps), esto es, el nivel de consumo se ha multiplicado por 2,1 en poco más de 25 años. Como se observa en el siguiente gráfico, cabe apuntar que en dicha tendencia de generalizado crecimiento hubo sólo dos años, 2009 (con la Gran Recesión) y 2020 (con la pandemia del COVID-19), en los que el consumo por habitante se contrajo.

G_Consumo UE_1995-2021

En un análisis por países, de acuerdo con los últimos datos correspondientes al año 2021, nueve Estados miembros de la UE-27 presentan un consumo por habitante superior a la media comunitaria.

Luxemburgo encabeza la UE-27 al presentar un CIE de 144, esto es, supera en un 44% el consumo por habitante medio de la Unión. Le siguen Alemania (120), Dinamarca (119), Austria (116), los Países Bajos (115), Bélgica (115), Finlandia (112), Suecia (110) y Francia (110).

Por el contrario, 18 países de la UE-27 presentan un CEI inferior a la media. El menor consumo per cápita lo registra en 2021 Bulgaria (64), con un 36% inferior a la media comunitaria. Le siguen, a continuación, Hungría (69), Eslovaquia (71), Croacia (72) y Grecia (75), con valores que no superan el 75% de la media de la Unión.

Existe, por tanto, una amplia variación entre el país de mayor consumo por habitante, Luxemburgo (144) y el de menor consumo, Bulgaria (64), esto es, una brecha de 79 puntos en 2021. No obstante, dicha divergencia ha disminuido con el transcurso de los años. En 1995, el país de mayor consumo era igualmente Luxemburgo (156) que contrastaba en el otro extremo con Rumanía (33), registrándose entonces un diferencial de 124 puntos entre ambos. Precisamente Rumanía, junto con Lituania, Estonia, Letonia y Polonia, son los países que más han visto aumentar en términos relativos sus niveles de consumo por habitante durante el periodo 1995-2021.

CIE_UE_2021

Para más información:

Eurostat

Europa ante el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (2022)

21. Porvoo

En 2015 la ONU puso en marcha el ambicioso proyecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de una estrategia de alcance mundial, cuyo compromiso se concreta en lograr, durante la presente década, diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (17 ODS), que cubren las tres dimensiones del desarrollo: económica, social y medioambiental.

Para evaluar los progresos en la consecución de los 17 ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) y la fundación Bertelsmann Stiftung vienen publicando desde hace varios años diferentes informes periódicos que tratan de evaluar cómo están avanzando los países en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para el caso de Europa, SDSN ha publicado hasta la fecha cuatro Informes que muestran los avances alcanzados respecto a los ODS por la Unión Europea y sus países socios  europeos desde 2015.

La metodología utilizada permite disponer de un índice ODS que resume en un único valor los resultados mostrados por la amplia batería de indicadores (un total de 110 para Europa) recabados para medir la totalidad de los 17 ODS (a los cuales se les otorga igual ponderación).

El índice ODS es, por tanto, un indicador sintético de desarrollo sostenible, cuyo valor puede oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación respecto al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, y 100, cuando el país se sitúa en la mejor posición respecto a su cumplimiento.

Con la edición de 2022 del Informe de Desarrollo Sostenible en Europa se han podido evaluar, a través del índice ODS, los progresos en materia de desarrollo sostenible de los 27 Estados miembros de la UE, además de siete socios  o candidatos europeos (Noruega, Suiza, Islandia, Reino Unido, Macedonia del  Norte, Serbia y Turquía). Entre las conclusiones generales del Informe destacamos las siguientes:

  • Las múltiples crisis (sanitaria, de seguridad, climática y económica) que atraviesa Europa y el mundo están haciendo que los avances en el cumplimiento de los ODS se hayan estancado. En 2020, antes de la pandemia, los progresos en materia de desarrollo sostenible eran ya muy lentos y desiguales. A partir de entonces, con los impactos del COVID-19, la guerra en Ucrania y la intensificación de las crisis climática y de biodiversidad, el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 está en tela de juicio y pone en riesgo los resultados alcanzados hasta ahora.
  • Muchos países europeos presentan retrocesos principalmente en los objetivos ODS1 (fin de la pobreza), ODS3 (salud y bienestar) y ODS8 (trabajo decente y crecimiento económico).
  • La UE ha alcanzado o está en la senda de alcanzar alrededor del 66% de los ODS. Sin embargo, el 20% de los ODS presenta un avance insuficiente y el 13% restante va en dirección equivocada.
  • Los mayores retos a lo que se enfrenta la UE están relacionados con los objetivos ODS2 (hambre cero) y ODS 12-15 (clima y biodiversidad). La pobre ejecución de estos objetivos proviene de la existencia de sistemas alimenticios y dietas insostenibles, las emisiones de gases de efecto invernadero y de las amenazas a la biodiversidad.
  • Las desigualdades se han incrementado en el interior de varios países europeos.
  • La UE sigue generando, debido a su consumo y comercio insostenibles, importantes efectos indirectos negativos sobre el resto del mundo. Por ejemplo, el 40% de los gases de efecto invernadero generados para satisfacer el consumo de bienes y servicios en la UE tiene lugar en otros países.

En un análisis más detallado por países, el Informe de 2022 nos revela que en Europa siguen existiendo diferencias muy importantes respecto al grado de consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

Así, en esta edición, el país con un mayor valor del índice ODS es Finlandia (81,7), por tercer año consecutivo. Le siguen, a continuación, Suecia (80,6), Dinamarca (79,2), Austria (78,2,), Noruega (77,2), Alemania (74,8), República Checa (74,2), Eslovenia (74,0), Suiza (73,7) y Estonia (73,2). Todos ellos ocupan las primeras diez posiciones.

C_Europa_Index ODS2022

En el otro extremo, los diez menores valores del índice ODS los presentan los siguientes países: Turquía (56,7), Bulgaria (60,7), Chipre (60,7), Serbia (61,1), Macedonia del Norte (62,9), Rumanía (63,4), Malta (64,9), Grecia (65,7), Lituania (66,1) y Luxemburgo (68,7).

De cara al futuro, el Informe de 2022 formula diversas recomendaciones para impulsar el cumplimiento de los ODS, entre las que destacamos las siguientes:

  • Impulsar las seis transformaciones clave de los ODS propuestas en el Informe de 2020:

     1. Educación, formación, trabajo decente e innovación.
     2. Energía sostenible. 
     3. Vivienda, movilidad y ciudades y asentamientos sostenibles.
     4. Producción sostenible de alimentos, alimentación saludable y protección de la biodiversidad.
    5. Economía circular y limpia, con contaminación cero.
    6. Transformación digital.

  • Publicar una Declaración política conjunta de las instituciones comunitarias en la que la UE reafirme su compromiso con la Agenda 2030.
  • Preparar una Comunicación de la Comisión Europea que clarifique cómo la UE va a cumplir los ODS en Europa y en la se establezcan metas, calendarios y hojas de ruta.

Para más información:

SDSN: Europe Sustainable Development Report 2022.

La dependencia energética exterior de la UE (1990-2020)

Procurar el máximo grado de soberanía energética se convierte en una cuestión cada vez más estratégica de la política energética de los países. Una baja dependencia de las importaciones contribuye a que las economías sean menos vulnerables a problemas de provisión de recursos energéticos y a imprevistas fluctuaciones alcistas de los precios que derivan, en última instancia, en un deterioro de la capacidad adquisitiva de la población y del saldo comercial del país importador, entre otros efectos. Al mismo tiempo, una menor dependencia de las importaciones de productos energéticos (que son combustibles fósiles, principalmente) se alinea con la sostenibilidad, en tanto que de fomentarse en su lugar el empleo de energías renovables se apoya la transición hacia una economía baja en carbono.

Para evaluar el mayor o menor grado de soberanía energética, la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) publica el indicador de dependencia de las importaciones de energía que queda definido en los siguientes términos:

la proporción de las necesidades energéticas totales de un país satisfechas por las importaciones de otros países, esto es, el porcentaje de importaciones netas (importaciones menos exportaciones) sobre la energía bruta disponible.

De acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, el consumo de energía en la UE continúa dependiendo en gran medida de su abastecimiento exterior. Entre 1990 y 2020 el conjunto de la UE ha visto aumentar su grado de dependencia energética desde el 50,0% hasta el 57,5%.

Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución seguida por el indicador de dependencia energética en la UE ha estado muy condicionada por la naturaleza del ciclo que atraviesa la economía, ya sea expansivo o contractivo. Durante los años de la Gran Recesión el valor del indicador de dependencia energética se redujo, interrumpiendo de forma clara la tendencia ascendente que venía registrando desde 1990, para, después, a partir de 2014, una vez pasados los años de crisis económica, retomar su senda creciente. Más recientemente, en el último año 2020, con la irrupción de la pandemia del COVID-19, el grado de dependencia energética vuelve a retroceder, unos tres puntos porcentuales respecto a 2019, como consecuencia de las medidas de restricciones a la actividad y movilidad adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria.

En un análisis por tipos, el petróleo y sus derivados, que son los productos energéticos más demandados, presentan la mayor tasa de dependencia exterior. En 2020 el 97% de su demanda ha tenido que ser importado de terceros países, porcentaje que supera el 93,1% registrado en 1990.

A continuación, para el gas natural, el segundo producto energético más demandado, la tasa de dependencia exterior es del 83,6% en 2020, muy superior a la que tenía en 1990 (51,8%).

Respecto a los combustibles fósiles sólidos, el tercer producto energético más demandado, en 2020 el 35,8% de su consumo ha sido cubierto a través de importaciones. Este porcentaje también supera el registrado en 1990 (18,7%).

Atendiendo a un análisis por países, los últimos datos disponibles de Eurostat nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de productos energéticos continúa siendo elevado en la mayoría de los países de la UE. Un total de 17 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2020.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones netas sobre su energía bruta disponible del 97,6%, Chipre (93,1%) y Luxemburgo (92,5%). A continuación les siguen Grecia (81,4%), Bélgica (78,1%), Lituania (74,9%), Italia (73,5%) e Irlanda (71,3%), entre otros.

Por el contrario, los países con un grado de dependencia exterior menor son Estonia (10,5%), Rumanía (28,2%), Suecia (33,5%), Bulgaria (35,9%) y República Checa (38,9%)

Desde una perspectiva temporal amplia, que abarca las tres últimas décadas (1990-2020), los Estados que más han aumentado su tasa de dependencia energética exterior han sido Países Bajos (de 23,7% a 68,1%), Polonia (de 0,9% a 42,8%) y República Checa (de 15,2% a 38,9%). En sentido contrario, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más su dependencia energética exterior durante el periodo analizado: Letonia (de 89,0% a 45,5%), Estonia (de 41,0% a 10,5%) y Bulgaria (de 63,4% a 37,9%).

Para más información:

Eurostat.

El transporte y las energías renovables en la Unión Europea (2004-2020)

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La Unión Europea estableció en la Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2007 («Programa de trabajo de la energía renovable – Las energías renovables en el siglo XXI: Construcción de un futuro más sostenible») como objetivo para el sector del transporte que en el año 2020 el 10% de la energía consumida proceda de fuentes de energía renovables.

El propósito de la UE es, por tanto, potenciar que la energía consumida por el sector del transporte provenga de biocombustibles líquidos, hidrógeno, biometano y electricidad verde (a partir de energías renovables como la eólica, solar e hidráulica), en lugar de los tradicionales combustibles fósiles.

Atendiendo a los últimos datos disponibles elaborados por la Oficina Estadística de la UE (Eurostat), estamos en condiciones de realizar una primera evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos marcados en la Comunicación de la Comisión en este ámbito, quince años después de su aprobación.

Según dicho organismo estadístico europeo, en el año 2004 el porcentaje de energía consumida en el sector del transporte procedente de fuentes renovables en la UE-27 ascendía al 1,6%, porcentaje muy alejado del objetivo del 10% marcado para 2020.

Durante el periodo 2004-2020, la participación de la cuota de energía renovable en el transporte, que partió de un registro muy bajo, ha tomado una senda ascendente año a año, con la excepción de 2011 cuando se redujo. Finalmente, los últimos datos publicados nos indican que la UE como conjunto ha logrado que en 2020 el 10,2% del consumo final de energía en el sector del transporte proceda de energías renovables. De este modo se logra cumplir con el compromiso del objetivo del 10% marcado para dicho año.

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No obstante, dicho cumplimiento del objetivo necesita ser matizado. Antes de 2020, esto es, durante el periodo 2004-2019 la participación de las energías renovables en el sector del transporte aumentó a un ritmo de 0,5 p.p. al año. Por lo tanto, resulta un hecho extraordinario que en 2020 dicha cuota de participación haya aumentado en 1,4 p.p. respecto a 2019, permitiendo superar el objetivo del 10%.

Muy posiblemente estos resultados favorables vienen explicados en buena parte por tratarse de un año 2020 muy marcado por los efectos de la crisis del COVID-19. En dicho año las necesarias medidas de restricción de la movilidad y la actividad aplicadas en Europa para frenar la pandemia tuvieron su reflejo en una caída brusca del consumo de energía. De acuerdo también con los últimos datos de Eurostat, el consumo total de energía en la UE se redujo un 6% en 2020 respecto al año anterior, descenso que fue muy superior en el sector del transporte (-13%).

Además, en un análisis por países, cabe destacar que se observan diferencias importantes en el grado del cumplimiento de los objetivos, según los datos disponibles de Eurostat. Recordemos que el compromiso del 10% para 2020 es extensible a cada uno de los Estados miembros de la UE-27 por igual.

Así, en 2020 Suecia, con el 31,9%, fue, con diferencia, el país de la UE-27 con el mayor porcentaje de participación de energía de fuentes renovables en el transporte sobre el consumo final bruto de energía. Le siguen, a distancia, los siguientes países que también han conseguido alcanzar el objetivo del 10% programado para el año 2020: Finlandia (13,4%), los Países Bajos (12,6%), Luxemburgo (12,6%), Estonia (12,2%), Hungría (11,6%), Bélgica (11,0%), Eslovenia (10,9%), Italia (10,7%), Malta (10,6%), Austria (10,3%) e Irlanda (10,2%). 

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En el otro extremo, los menores porcentajes de implantación de las energías renovables en el transporte correspondieron en 2020 a Grecia (5,3%), Lituania (5,5%), Polonia (6,6%), Croacia (6,6%) y Letonia (6,7%).

En suma, la mayoría de los países, un total de 15, presentaron porcentajes inferiores al objetivo del 10% marcado por la Unión Europea para el año 2020.

Para más información:

Eurostat