Desarrollo sostenible – Página 4

Evaluando la sostenibilidad de las ciudades (ODS11) en 2024

En 2015 las Naciones Unidas puso en marcha un ambicioso proyecto de alcance mundial: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este documento establece compromisos que se concretan en un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que abordan las tres dimensiones del desarrollo: social, económica y medioambiental. Uno de esos objetivos es el ODS11 dedicado a Ciudades y comunidades sostenibles.

En la Agenda 2030 el ODS11 queda definido en los siguientes términos:

«Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles»

La consecución del ODS11 compromete a los países del planeta a adoptar medidas como las siguientes:

Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público.
Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible.
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural.
Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres.
Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, con especial atención a la calidad del aire y la gestión de los residuos.
Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.

Para conocer los progresos que van alcanzando los países del mundo respecto a los 17 ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) ha venido elaborando periódicamente Informes de evaluación desde 2016. Su metodología utiliza índices sintéticos, cuyos valores pueden oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación, y 100, cuando, por el contrario, el país se encuentra en la mejor posición respecto al cumplimiento de los ODS.

La edición del Informe de Desarrollo Sostenible 2024 de SDSN nos revela de forma aproximada cuál es la situación más actual del cumplimiento del objetivo de Ciudades y comunidades sostenibles, país por país, y en qué grado se va alcanzando ante el horizonte temporal fijado para 2030.

En el caso del ODS11 se ha construido un índice sintético a partir de los cuatro indicadores siguientes, que están disponibles para un total de 167 países:

Porcentaje de población urbana que vive en barrios marginales.
Concentración media anual de partículas (PM2.5).
Porcentaje de población urbana con acceso a fuentes de agua potable mejoradas, canalizadas.
Porcentaje de población con acceso adecuado al transporte público en las ciudades.

En términos generales, según los datos del Informe de 2024, el índice del ODS11 del mundo toma un valor de 65,2, cifra similar a la puntuación media correspondiente a los 17 ODS en dicho año (66,3). De acuerdo con el Panel de control de los ODS, el objetivo de Ciudades y comunidades sostenibles de la Agenda 2030, mostrado en color rojo, presenta en la actualidad grandes desafíos, presentando, además, una tendencia de estancamiento o tasas de crecimientos muy por debajo de las necesarias para lograr su total cumplimiento en 2030.

En un análisis por países, los resultados obtenidos correspondientes al ODS11 (Ciudades y comunidades sostenibles) concluyen que de los 167 países evaluados el mejor situado es Bahamas que, con una puntuación de 100, presenta el mayor valor del índice, es decir, el máximo cumplimiento del ODS11 de la Agenda 2030. Es necesario anotar que dicha puntuación resulta de los valores disponibles para sólo dos indicadores de los cuatro seleccionados, al igual que en caso de Brunéi (99,6), en segundo lugar.

Le siguen, a continuación, también con altas puntuaciones, Estonia (98,8), Finlandia (98,8), Luxemburgo (98,4), Nueva Zelanda (98,1) y Noruega (97,7). Este grupo de cinco países lo conforman los únicos que presentan sus cuatro indicadores del ODS11 en color «verde», es decir, progresan satisfactoriamente en el cumplimiento de este objetivo. A continuación se encuentran también con altas posiciones Francia (97,7), Reino Unido (97,6), Islandia (97,6), Malta (97,6) y España (97,5).

Por el contrario, la situación relativa más desfavorable respecto al grado de sostenibilidad de las ciudades y comunidades recae sobre Nigeria (26,1) y Sudán del Sur (27,5). Les siguen, también con muy bajas puntuaciones, inferiores a 40, Bangladés (34,1), Afganistán (34,5), Níger (35,0), Chad (35,6), Pakistán (36,2), República Democrática del Congo (37,1), Haití (37,6), Benín (39,7) y Liberia (39,7). Para todos ellos, de acuerdo con el Panel de control de los ODS, el ODS11 permanece «en rojo», es decir, persisten grandes desafíos para su cumplimiento de aquí a 2030.

Por su especial importancia económica y/o demográfica, cabe mencionar, en particular, a cuatro países: Federación Rusa que ocupa la posición 43 en el ranking mundial del índice del ODS11, Estados Unidos (53), China (96) y la India (135). De ellos Estados Unidos y China han perdido posiciones respecto al año anterior (28 y 19 puestos, respectivamente).

Hay que destacar que las diferencias entre países son particularmente grandes en el ODS11, cifrándose una distancia de 74 puntos entre los países mejor y peor situados. Dicha brecha es superior a la que existe si utilizamos el índice general de los 17 ODS, que se cuantifica en 46 puntos. Ello es especialmente llamativo si tenemos en cuenta que ambos índices (ODS11 y ODS general) presentan valores muy similares, según el Informe de 2024.

Para más información:

SDSN: Sustainable Development Report 2024.

Evaluando el objetivo de Acción por el clima (ODS13) en 2024

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, puesta en marcha por Naciones Unidas en 2015, establece compromisos concretos para un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abarcan la triple dimensión del desarrollo: social, económica y medioambiental. Uno de esos objetivos es el ODS13 (Acción por el clima), que queda definido en los siguientes términos:

«Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático»

Este objetivo compromete a los países del planeta a adoptar medidas como las siguientes que están recogidas en la Agenda 2030:

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales.
Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Para conocer los progresos que van alcanzando los países respecto a los 17 ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) ha venido elaborando periódicamente Informes de evaluación desde 2016. Su metodología utiliza índices sintéticos, cuyos valores pueden oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación, y 100, cuando, por el contrario, el país se encuentra en la mejor posición respecto al cumplimiento de los ODS.

La edición del Informe de Desarrollo Sostenible 2024 de SDSN nos revela de forma aproximada cuál es la situación más actual del cumplimiento del objetivo de Acción por el clima, país por país, y en qué grado se va alcanzando ante el horizonte temporal fijado para 2030.

En el caso del ODS13 se ha construido un índice sintético a partir de los tres indicadores siguientes que están disponiblespara un total de 167 países:

Emisiones de CO2 de la combustión de combustibles fósiles y producción de cemento (t CO₂/cápita).
Emisiones de gases de efecto invernadero incorporadas en las importaciones de bienes y servicios (t CO₂/cápita).
Emisiones de CO2 incorporadas en las exportaciones de combustibles fósiles (kg/capita).

Analizando los datos aportados en el Informe, se concluye, en primer lugar, que el índice del ODS13 del mundo toma un valor de 87,3, cifra que se sitúa 21 puntos por encima del valor medio correspondiente a los 17 ODS en dicho año. No obstante, de acuerdo con el Panel de control de los ODS, el objetivo de Acción por el clima de la Agenda 2030 presenta en la actualidad retos significativos, registrando una tendencia de estancamiento o tasas de crecimientos muy por debajo de las necesarias para lograr su total cumplimiento en 2030.

Otra conclusión general que merece ser destacada, como se puso de manifiesto en Informes anteriores, es que existe una correlación inversa entre el nivel de desarrollo (medido tanto en rentaper cápita como con el índice de los 17 ODS) y el grado de cumplimiento del ODS13. En otras palabras, son los países de renta alta (y también con mayor IDS general) los que menos están cumpliendo con el objetivo de Acción por el clima. Por el contrario, los países “menos desarrollados” son los que están cumpliendo mejor el objetivo de Acción por el clima (ODS13) de la Agenda 2030.aíses “menos desarrollados” son los que están cumpliendo mejor el objetivo de Acción por el clima (ODS13) de la Agenda 2030.

No hay que olvidar, además, que la mayoría de los países “más desarrollados” generan impactos medioambientales negativos fuera de sus fronteras como consecuencia de sus altos niveles de producción y consumo, y a través del comercio internacional, que terminan afectando a otros países y al planeta en su conjunto.

En un análisis más detallado por países, los resultados obtenidos para el ODS13 (Acción por el clima) muestran que, de los 167 países para los que se dispone de datos, los mejor situados en el cumplimiento de dicho objetivo son Guinea-Bisáu (99,6) y Burundi (99,6). Les siguen, a continuación, Liberia (99,5), Madagascar (99,5), Níger (99,4), República Centroafricana (99,4), Etiopía (99,4), Sierra Leona (99,4), República Democrática del Congo (99,4), Uganda (99,2) y Sudán del Sur (99,2). Son todos ellos países del continente africano que poseen bajos niveles de renta.

Por el contrario, la situación relativa más desfavorable respecto al cumplimiento del objetivo de Acción por el clima corresponde a Catar (0,0), para el que el Informe de 2024 apunta valores nulos en los tres indicadores que componen el índice. Le siguen Brunéi (7,7), Emiratos Árabes (27,9), Australia (28,1), Baréin (32,2), Kuwait (33,0), Omán (35,8), Arabia Saudíta (37,2), Noruega (39,5), Trinidad y Tobago (42,0) y Países Bajos (46,5). Son países, en su gran mayoría, que destacan por disfrutar de altos niveles de renta.

Centrándonos en cuatro países que sobresalen por su peso económico y/o demográfico, el Informe de 2024 nos revela que Estados Unidos ocupa la posición 148 en el ranking mundial del índice del ODS13, que es mejorada por Federación Rusa (138), China (130) y la India (62).

Finalmente, es significativo señalar que las diferencias entre países son particularmente extremas en el ODS13, cifrándose una distancia de 99,6 puntos entre los dos países mejor situados (Guinea-Bisáu y Burundi) y el peor (Catar). Dicha brecha es muy superior a la que existe con el índice general de los 17 ODS, que se cuantifica en 46 puntos.

Para más información:

SDSN: Sustainable Development Report 2024.

Evaluando el objetivo energético (ODS7) en 2024

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, puesta en marcha por Naciones Unidas en 2015, establece compromisos concretos para un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abarcan la triple dimensión del desarrollo: social, económica y medioambiental. Uno de esos objetivos es el ODS7 (Energía asequible y no contaminante), que queda definido en los siguientes términos:

«Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos«

Este objetivo compromete a los países del planeta a adoptar medidas para de aquí a 2030:

Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.
Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo.

La edición del Informe de Desarrollo Sostenible 2024 de SDSN nos revela de forma aproximada cuál es la situación más actual del cumplimiento del objetivo de Energía asequible y no contaminante, país por país, y en qué grado se va alcanzando ante el horizonte temporal fijado para 2030.

En el caso del ODS7 se ha construido un índice sintético a partir de los cuatro indicadores siguientes, que están disponibles para un total de 167 países:

Porcentaje de población que tiene acceso a electricidad.
Porcentaje de población que utiliza para cocinar combustibles y tecnologías limpios.
Emisiones de CO2 de la quema de combustibles fósiles para electricidad y calefacción por producción total de electricidad.
Participación de las energías renovables en consumo total de energía final.

En términos generales, según los datos del Informe de 2024, el índice del ODS7 del mundo toma un valor de 63,4, cifra que se sitúa por debajo de la puntuación media correspondiente a los 17 ODS en dicho año. De acuerdo con el Panel de control de los ODS, el objetivo energético de la Agenda 2030 presenta en la actualidad retos significativos, registrando una tasa de crecimiento que es aún insuficiente para lograr su total cumplimiento en 2030.

En un análisis por países los resultados obtenidos para el ODS7 (Energía asequible y no contaminante) muestran que de los 167 países para los que se dispone de datos, los mejor situados en el cumplimiento de dicho objetivo son Islandia (99,2) y Suecia (99,1). Les siguen, a continuación, Noruega (98,8), Uruguay (97,7), Finlandia (94,2), Brasil (91,8) y Dinamarca (89,0). Estos países se encuentran, según el índice empleado, en la senda de cumplir con este objetivo de la Agenda 2030 sin necesidad hasta el momento de afrontar mayores retos.

Por el contrario, la situación relativa más desfavorable respecto al cumplimiento del objetivo energético la presenta un amplio grupo de países pertenecientes al continente africano que cuentan con bajos niveles de renta per cápita, como son Chad (2,1), Burkina Faso (5,2), Níger (11,4), Benín (12,1), Sudán del Sur (12,5), Burundi (15,8), Sierra Leona (16,4), Guinea-Bisáu (18,6) y República Centroafricana (20,5). Para todos ellos siguen existiendo grandes desafíos para alcanzar las metas energéticas del ODS7 de aquí a 2030.

Si nos centramos en cuatro países que destacan por su peso económico y/o demográfico, observamos que Estados Unidos ocupa la posición 52 en el ranking mundial del cumplimiento del ODS7, seguido por China (82), India (92) y Federación Rusa (105).

Finalmente, hay que remarcar que en el ODS7 las diferencias entre países continúan siendo considerables, llegando a ser extremas entre el país mejor situado (Islandia, con 99,2) y el peor (Chad, con 2,1). Dicha brecha es muy superior a la que existe con el índice general de los 17 ODS, que se cuantifica en 46 puntos.

Para más información:

SDSN: Sustainable Development Report 2024.

Evaluando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en 2024

En 2015 la ONU puso en marcha el ambicioso proyecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de una estrategia de alcance mundial, cuyo compromiso se concreta en lograr, durante la presente década, diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (17 ODS), que cubren las tres dimensiones del desarrollo: económica, social y medioambiental.

Para evaluar los progresos en la consecución de los 17 ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) viene publicando desde el año 2016 diferentes informes periódicos que tratan de evaluar cómo están avanzando los países del mundo en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Con carácter genérico, la metodología utilizada permite disponer de un índice ODS que resume en un único valor los resultados mostrados por la amplia batería de indicadores recabados (98 en la edición de 2024) para medir la totalidad de los 17 ODS, a los cuales se les otorga igual importancia.

El índice ODS es, en definitiva, un indicador sintético de desarrollo sostenible, cuyo valor puede oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación respecto al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, y 100, cuando el país se sitúa en la mejor posición respecto a su cumplimiento.

Con la edición de 2024 del Informe de Desarrollo Sostenible, se han podido evaluar, a través del índice ODS, los progresos en materia de desarrollo sostenible de un total de 167 países, uno más que en el informe anterior. Entre las conclusiones generales del Informe podemos destacar las siguientes:

A nivel mundial el cumplimento de los ODS siguen estancados desde el año 2020. Incluso antes de la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 los avances en desarrollo sostenible marcaban un ritmo demasiado lento.
De continuar con el mismo ritmo de progreso de la Agenda observado desde 2015 ninguno de los 17 ODS se podrá alcanzar para 2030.
Se estima que, en promedio, sólo alrededor del 16% de las metas de los ODS está en camino de alcanzarse a nivel mundial para 2030. El 84% restante muestra un progreso limitado (insuficiente para alcanzar la meta de 2030) o incluso un retroceso.
La mayoría de los objetivos que se encuentran lejos de cumplirse están relacionados con los sistemas alimentarios, la biodiversidad, el uso sostenible de la tierra, la paz y las instituciones fuertes.
El ODS 2 (Hambre cero) es el único objetivo que ninguno de los 193 países integrantes de la ONU ha cumplido o está en camino de cumplir, debido a la desnutrición, la obesidad, la agricultura insostenible y/o las dietas insostenibles (o una combinación de ellos).
Las diferencias entre grupos de países se han ampliado. Desde 2020 la puntuación media del índice de los ODS de los países ricos ha mejorado ligeramente (+0,3 puntos), mientras que se ha estancado en los países pobres (+0,1 puntos).
Un año más los países europeos, en particular los países nórdicos, encabezan el índice ODS. Sin embargo, estos países se enfrentan a desafíos importantes, especialmente el ODS2 (Hambre cero), el ODS12 (Producción y consumo responsables), el ODS13 (Acción por el clima) y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres).
Los países con menor índice ODS tienden a ser aquellos que se encuentran afectados por conflictos militares, problemas de seguridad e inestabilidad política o socieconómica.
El informe concluye que el desarrollo sostenible continúa siendo un reto de inversión a largo plazo. La reforma de la arquitectura financiera mundial se vuelve más urgente que nunca.

Fuente: SDSN: Sustainable Devolpment Report 2024.

En un análisis más detallado por países, el informe de 2024 nos revela que persisten las grandes diferencias respecto al grado de consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

Así, los tres países que presentan un mayor valor del índice ODS son Finlandia (86,4), Suecia (85,7) y Dinamarca (85,0). En años anteriores estos países también han ocupado las tres primeras posiciones. A continuación, les siguen otros Estados que presentan igualmente altos niveles de renta per cápita y pertenecen a Europa: Alemania (83,4), Francia (82,8), Austria (82,5), Noruega (82,2), Croacia (82,2), Reino Unido (81,2), Polonia (81,7), Eslovenia (81,3) y República Checa (81,3).

En el otro extremo, los menores índices de desarrollo sostenible los presentan, al igual que en las dos ediciones anteriores, tres países africanos de baja renta: Sudán del Sur (40,1), República Centroafricana (44,2) y Chad (45,1). Les siguen, a continuación, varios países principalmente también del continente africano, que anotan índices ODS no superiores a 50: Somalia (45,4), Yemen (46,9), Afganistán (48,2), República Democrática del Congo (48,7) y Níger (49,9).

Finalmente, dentro del amplio grupo intermedio de 117 países, cabe destacar, dado su peso económico y/o demográfico, a Estados Unidos, que ocupa la posición 49 en el ranking mundial del índice de desarrollo sostenible. Asimismo, en 2024 la Federación Rusa ocupa la posición 56, China se sitúa en la 68 y la India en la 109.

Para más información:

SDSN: Sustainable Development Report 2024.

El índice de progreso social de la UE (2024)

Tradicionalmente la evaluación del progreso o desarrollo de los países ha estado vinculada al análisis de una única variable: el valor monetario de la producción de bienes y servicios, esto es, el conocido PIB (Producto Interior Bruto), bien en su versión de tasas de crecimiento, bien en términos relativos (PIB per cápita).

Existen, no obstante, enfoques alternativos, más recientes y menos conocidos, que, desde una visión holística y menos productivista, persiguen conocer de forma más realista la evolución del progreso de las sociedades, como el que promueve desde 2014 Social Progress Imperative, con su Índice de Progreso Social (IPS) a nivel mundial.

Tomando como marco general el IPS global, en el contexto europeo la Comisión ha liderado el Índice de Progreso Social Europeo (IPS-UE) que mide el progreso social de los países y regiones de la Unión.

Al igual que el IPS global, el IPS-UE parte de la siguiente definición de progreso social: «la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer los pilares que permitan a los ciudadanos y las comunidades mejorar y mantener la calidad de sus vidas y crear las condiciones para que todas las personas alcancen su máximo potencial».

Esta definición de progreso se sustenta en tres dimensiones principales: Necesidades básicas, Fundamentos del bienestar y Oportunidades. Cada una de estas tres dimensiones del progreso social se concreta en cuatro componentes.

La dimensión de Necesidades básicas incluye aquellos elementos que son, aunque no suficientes, al menos necesarios para logar unos niveles aceptables de desarrollo social: nutrición y cuidados médicos, abastecimiento de agua y saneamiento, vivienda y seguridad.

La dimensión de Fundamentos del bienestar se refiere a aquellos factores que miden aspectos más avanzados del progreso social, tales como educación básica, información y comunicaciones, salud y calidad medioambiental.

La dimensión de Oportunidades comprende elementos incluso más avanzados, que se encuentran presentes normalmente en sociedades cohesionadas y tolerantes: confianza y gobernanza, libertad y elección, sociedad inclusiva y educación superior.

A partir de la selección de una amplia batería de indicadores sociales y medioambientales (53 en el año 2024) se evalúan los doce componentes del progreso social, para terminar construyendo el indicador compuesto del IPS-UE, cuyo valor oscila entre 0 (el peor resultado) y 100 (el resultado ideal). Ello permite conocer finalmente la posición relativa del progreso social, y de sus tres dimensiones, que tiene un país o región respecto a los demás.

Tras las dos anteriores ediciones de los años 2016 y 2020, los últimos datos del Índice de Progreso Social de la UE son los publicados en el año 2024.

Los resultados obtenidos en este último informe nos revelan que existen divergencias muy marcadas entre los Estados miembros, que quedan expresadas en relación con la referencia del IPS promedio de la UE que toma valor 100.

Así, los países con los mayores valores del Índice de Progreso Social en 2024 son Finlandia (129,6), seguido de Suecia (128,7) y Dinamarca (128,6), que también ocupaban las tres primeras posiciones en la edición de 2020.

A continuación se encuentra un grupo de países que también toman un IPS superior a la media de la UE (100), entre los que destacan Países Bajos (122,0), Irlanda (118,0), Austria (113,2), Estonia (113,2) y Luxemburgo (112,9).

En el extremo contrario, los menores niveles de progreso social dentro de la UE los presentan Bulgaria (60,8) y Rumanía (63,4), seguidos de Grecia (79,7), Croacia (79,9), Chipre (84,4), Eslovaquia (84,8) y Hungría (84,9).

Por dimensiones del progreso social, la mayor divergencia entre los países de la UE se constata en la dimensión de Oportunidades: 104 puntos separan el país mejor valorado (Dinamarca) del peor situado (Bulgaria). Por su parte, la menor divergencia entre países se registra en la dimensión de Necesidades básicas, con una distancia de 48,5 puntos, entre Suecia y Rumanía.

El índice de progreso social de la Comisión Europea permite también descender del nivel territorial estatal, de modo que se enfoca en evaluar el nivel de progreso social de las regiones de la Unión, observándose en este caso unas mayores disparidades. Así, en la edición de 2024 el mayor valor del IPS lo ostenta la región finlandesa de Helsinki-Uusimaa (132,1) frente a la región búlgara de Severozapaden (52,2).

Para más información:

EU Social Progress Index 2.0. 2024 edition

El índice de progreso social mundial (2024)

Ha sentado cátedra, desde hace ya varias décadas, la corriente económica que defiende que la evaluación de los avances en el desarrollo de las naciones o territorios queda sintetizada en una única variable: el valor monetario de la producción de bienes y servicios.

Bajo este pensamiento económico y político hegemónico se sigue postulando que la vía más adecuada para medir el desarrollo de un país o región es analizar la evolución del indicador del Producto Interior Bruto (PIB), ya sea en términos reales (PIB a precios constantes), ya sea en términos relativos (PIB per cápita).

Sin embargo, existen enfoques alternativos, más recientes y menos conocidos, que, desde una visión holística y menos productivista, incorporan en su medición del desarrollo otros indicadores más centrados en el bienestar, como es el caso del Índice de Desarrollo Humano, que desde 1990 publica la ONU.

Otra de esas aproximaciones alternativas de evaluación del desarrollo más allá del PIB es la que desde 2014 promueve Social Progress Imperative, con su Índice de Progreso Social (IPS).

El enfoque del IPS persigue conocer mejor el bienestar real de las sociedades, y dar respuestas a las preguntas que importan a la gente, y que el PIB no puede responder, como son las relacionadas con la satisfacción de las necesidades básicas, la calidad del medio ambiente y la justicia.

El punto de partida del IPS es la definición de progreso social, que queda expresado en los siguientes términos: «la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer los pilares que permitan a los ciudadanos y las comunidades mejorar y mantener la calidad de sus vidas y crear las condiciones para que todas las personas alcancen su máximo potencial». Esta definición de progreso se sustenta, por tanto, en tres dimensiones principales: las necesidades humanas básicas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades.

Cada una de estas tres dimensiones del progreso social se materializa en cuatro componentes. Así, la dimensión de Necesidades humanas básicas incluye los componentes de nutrición y atención médica básica, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal. La segunda dimensión de Fundamentos del bienestar queda definida por los componentes de acceso a la educación básica, acceso a la información y comunicaciones, salud y calidad medioambiental. Finalmente, la dimensión de Oportunidades contiene los cuatro componentes siguientes: derechos personales, libertad y elección personal, inclusión y acceso a la educación superior.

A su vez los doce componentes del progreso social se concretan y evalúan mediante un conjunto de indicadores de resultados (unos 57 en 2024). A partir de estos indicadores simples se construye el indicador compuesto del IPS, cuya metodología se basa en el análisis de componentes principales. El valor del IPS abarca una escala de 0 a 100, permitiendo conocer la posición relativa del progreso social que tiene un país respecto a los demás. Asimismo, la metodología actual del IPS nos permite conocer si ha habido avances o retrocesos en el progreso social y sus componentes, en la mayoría de los países del mundo a lo largo del tiempo.

Cabe señalar, asimismo, que entre Índice de Progreso Social y el PIB per cápita existe una relación positiva y fuerte. Sin embargo, un análisis más detallado de dicha correlación nos muestra que el PIB per cápita no explica completamente el progreso social. Los países pueden presentar niveles dispares de progreso social a niveles similares de PIB per cápita. Además, como expresa el informe de IPS 2024, dicha relación entre IPS y PIB per cápita no es lineal: para los países con niveles de PIB per cápita más bajos, pequeñas diferencias en este indicador se asocian con grandes mejoras en progreso social; por el contrario, a medida que los países alcanzan altos niveles de PIB per cápita la tasa de cambio se ralentiza.

Con últimos datos del Índice de Progreso Social, referidos a 2023 y publicados en el Informe de 2024, se obtienen varias conclusiones generales relevantes:

-En 2023 el mundo alcanzó un índice de progreso social de 63,44, que equivaldría a un valor comprendido entre los IPS de Bolivia y Azerbaiyán. Por componentes, los valores más altos se registraron en vivienda y agua y saneamiento. Los peores resultados se presentaron en educación superior y calidad medioambiental.

-Desde 2011 hasta 2023, en promedio el mundo ha mejorado en progreso social. Sin embargo, se observa que dicho progreso se ha ralentizado en los últimos años, llegando incluso a reducirse por primera vez en todo el periodo, al pasar el IPS de 63,75 en 2022 a 63,44 en 2023.

-Desde 2011 el mundo ha mejorado en 11 de los 12 componentes, presentándose los mayores avances en acceso a la información y comunicaciones, vivienda y agua y saneamiento. Por el contrario, la población mundial ha retrocedido en derechos personales.

-Desde 2022 diez de los doce componentes del IPS mundial han empeorado o estancando. En 2023 se han producido retrocesos importantes en educación básica, información y comunicaciones, vivienda, derechos personales e inclusión.

-De un total de 170 países evaluados, 62 registraron un descenso significativo del progreso social en 2023 y otros 72 países acusaron un estancamiento. Solamente 34 países experimentaron algún progreso real.

En un análisis más detallado del IPS, se concluye que Dinamarca es el país que, con un IPS igual a 90,38, encabeza el ranking mundial en el año 2023. Le siguen, a continuación, Noruega, Finlandia, Islandia, Suecia, Suiza, Luxemburgo, Australia, los Países Bajos y, en décimo lugar, Alemania.

Por el contrario, en el otro extremo del ranking se sitúan países principalmente de continente africano, y en menor de medida de Asia: Sudán del Sur, República Centroafricana, Chad, Afganistán, Somalia, Eritrea, República Democrática, Yemen, Burundi y Níger, con valores de IPS que no alcanzan ni la mitad de los valores obtenidos por el grupo de países más aventajados en progreso social.

Para más información:

Social Progress Index

Europa ante el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (2023)

6. Karhunkieros Trail_Día 2

Para evaluar los progresos en la consecución de los 17 ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) viene publicando desde hace varios años diferentes informes periódicos que tratan de evaluar cómo están avanzando los países en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para el caso de Europa, SDSN ha publicado hasta la fecha cinco Informes que muestran los avances alcanzados respecto a los ODS por la Unión Europea y sus países socios europeos desde 2015.

La metodología utilizada permite disponer de un índice ODS que resume en un único valor los resultados mostrados por la amplia batería de indicadores (un total de 109 para Europa) recabados para medir la totalidad de los 17 ODS (a los cuales se les otorga igual ponderación).

El índice ODS es, por tanto, un indicador sintético de desarrollo sostenible, cuyo valor puede oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación respecto al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, y 100, cuando el país se sitúa en la mejor posición respecto a su cumplimiento.

Con la edición de 2023/24 del Informe de Desarrollo Sostenible en Europa se han podido evaluar, a través del índice ODS, los progresos en materia de desarrollo sostenible de los 27 Estados miembros de la UE, además de otros siete países que son socios o candidatos europeos (Noruega, Suiza, Islandia, Reino Unido, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía).

Entre las conclusiones generales del Informe destacamos las siguientes:

La UE ha logrado o está en camino de lograr un poco más de dos tercios de las metas de los ODS.
Si antes de la irrupción de la pandemia los avances en la UE eran demasiado lentos para alcanzar todos los ODS en 2030, desde 2020 el progreso de los ODS se ha estancado. Así, el progreso del índice de los ODS fue tres veces más rápido durante el periodo 2015-2019 (con 0,73 puntos por año) que durante el periodo 2019-2022 (0,24 puntos por año).
Las múltiples crisis que atraviesa Europa, y el mundo, desde 2020 han provocado un estancamiento e incluso una reversión del progreso en los indicadores de “No dejar a nadie atrás”, especialmente en la evaluación de las desigualdades dentro de los países.
Persisten los desafíos relacionados con los objetivos medioambientales y de biodiversidad, incluyendo los sistemas alimentario y terrestre sostenibles (ODS 2, ODS 12 a 15).
La UE, y los países de la OCDE, generan en comparación con otras regiones del mundo importantes impactos negativos del consumo y las cadenas de suministro insostenibles a través de los efectos indirectos internacionales. Dichos impactos están impulsados principalmente por el consumo y las cadenas de suministro insostenibles, que conducen a la deforestación y otros impactos ambientales y sociales negativos, satisfaciendo las necesidades de consumo de dichos países desarrollados. En algunos países europeos, la competencia fiscal desleal, los paraísos fiscales y la transferencia de beneficios de las multinacionales también explican las puntuaciones relativamente bajas (malas) de los efectos indirectos internacionales.
Existen grandes brechas y un ritmo lento de convergencia en los resultados de los ODS en los países europeos.

En un análisis más detallado por países, el Informe de 2023/24 nos revela que en Europa persisten diferencias muy importantes respecto al grado de consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

Así, en esta edición de 2023/24, el país con un mayor valor del índice ODS sigue siendo, como en los últimos años, Finlandia (80,6), al que se une, con la misma puntuación, Suecia (80,6). Le siguen, a continuación, Dinamarca (80,0), Austria (77,7,), Noruega (77,0), Alemania (75,4), República Checa (74,4), Eslovenia (73,7), Islandia (73,7) y Estonia (73,0). Todos ellos ocupan las diez primeras posiciones.

C_Europa_Index ODS2023

En el otro extremo, los diez menores valores del índice ODS los presentan los siguientes países: Turquía (57,1), Bulgaria (59,5), Chipre (61,0), Macedonia del Norte (62,2), Serbia (62,5), Rumanía (62,6), Grecia (65,2), Malta (65,9), Lituania (67,7) y Luxemburgo (67,8).

Finalmente, de cara al futuro, el Informe de 2023/24 postula que la Unión Europea debe emprender diez acciones prioritarias para impulsar el cumplimiento de los ODS. Son las siguientes:

Responder al grave peligro de los “puntos críticos sociales” reduciendo significativamente el riesgo de pobreza y exclusión social de los ciudadanos europeos.
Redoblar los esfuerzos para lograr emisiones netas cero en la UE para 2050, incluyendo avances importantes para 2030.
Fortalecer a las autoridades regionales y locales para lograr los ODS, incluido el seguimiento y la presentación de informes periódicos sobre el progreso de los ODS en todos los niveles.
Frenar las repercusiones indirectas negativas y apoyar la transformación hacia un sistema de comercio sostenible.
Hacer uso de Equipo Europa para la diplomacia global de los ODS y fortalecer espacios de debate diversos y universales, especialmente las Naciones Unidas.
Intensificar el papel multilateral de Europa liderando los esfuerzos globales para reformar la arquitectura financiera global.
Reorientar las alianzas internacionales de la UE hacia los ODS y avanzar hacia una cooperación mutuamente transformadora.
Movilizar los medios financieros para apoyar las transformaciones necesarias para un futuro sostenible.
Institucionalizar la integración de los ODS en la planificación estratégica, la coordinación macroeconómica, los procesos presupuestarios, las misiones de investigación e innovación y otros instrumentos de políticas.
Establecer dentro del Parlamento Europeo nuevos mecanismos permanentes para una participación estructurada y significativa con la sociedad civil, incluida la juventud, que permitan una incidencia en las hojas de ruta y las políticas con enfoque ODS.

Para más información:

SDSN: Europe Sustainable Development Report 2023/24.

La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2022)

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Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

Con la fiscalidad ambiental o verde se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, es decir, tratar de incorporar en el coste de aquellas actividades calificadas de insostenibles los costes medioambientales que generan, ya que, de lo contrario, permanecerían “no visibles” y sin contabilizar en el precio final. Por lo tanto, el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen sus comportamientos para hacerlos más respetuosos con el medio ambiente.

Son diversas las bondades que presenta la implantación de impuestos ambientales, entre las que podemos destacar las siguientes:

a) Favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles).

b) Contribuyen a un mayor empleo del transporte sostenible.

c) Fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente.

d) Reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas.

e) Desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables.

f) Refuerzan la lucha contra el cambio climático.

En la práctica la fiscalidad ambiental se concreta en la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

«Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes«.

Durante los últimos 25 años se han extendido los impuestos ambientales que, en sus diversos tipos, han venido aplicando en el seno de la Unión Europea sus Estados miembros. Se hace necesario, por tanto, realizar de forma continuada evaluaciones periódicas sobre la aplicación real de este tipo de impuestos.

Como primera aproximación analizamos aquí si la fiscalidad verde ha ganado protagonismo en el seno de las políticas tributarias de los países de la UE. Para ello se estudia cómo se ha comportado la recaudación de las diferentes categorías de impuestos ambientales, cuál ha sido la evolución de la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación verde en relación con la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2022 se recaudó en la UE-27 un total de 320.824 millones de euros en concepto de impuestos ambientales.

De este total la mayor parte fueron ingresos por impuestos sobre la energía (el 77%). A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (19%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (4%).

G_Imp. amb. tipos_2022

En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,0% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2022. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,0%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los últimos datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2022, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE.

En términos de su participación en la estructura tributaria total, el porcentaje de recaudación correspondiente a la fiscalidad verde sobre la recaudación total de impuestos de la UE-27 ha descendido desde el 6,8% en 1995 al 5,0% en 2022.

En términos comparativos con la actividad económica, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,6% de 1995 hasta el 2,0% en el último año de 2022. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Asimismo, es relevante apuntar que, como se observa en el siguiente gráfico, con la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 el papel desempeñado por la fiscalidad verde ha intensificado su caída: la presión fiscal ambiental en el conjunto de la UE se ha reducido en 0,34 puntos porcentuales desde 2019.

G_Imp. amb. tipos_1995_2022

Por tipos de impuestos, durante el periodo 1995-2022 la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 2,0% en 1995 a 1,6% en 2022. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,5% al 0,4%. Finalmente, los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantienen su presión fiscal del 0,1% en el periodo analizado.

En un análisis por países es destacable la diferente importancia de la fiscalidad verde dentro de la UE. Así, en el año 2022 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 5,6%. Le siguen, en orden descendente, Bulgaria (4,8%), Croacia (3,3%), Eslovenia (2,9%), Polonia (2,8%), Rumanía (2,7%), Eslovaquia (2,5%), Dinamarca (2,4%), Finlandia (2,4%) y Países Bajos (2,4%), principalmente.

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (0,9% en 2021), seguido de Luxemburgo (1,2%), República Checa (1,5%), España (1,5%) y Lituania (1,5%).

G_Imp. amb._países_2022

En resumen, durante el periodo 1995-2022 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (19 de 27), habiendo aumentado en los ocho países restantes. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Bulgaria (+3,6 p.p. entre 1995 y 2022), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-2,1 p.p.).

Para más información:

Eurostat

La evolución de las aves en la UE (1990-2022)

Como expresa la Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030 “la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se encuentran entre las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad ante la próxima década”.

Un magnífico indicador que nos alerta de cómo está evolucionando la calidad y cantidad de los ecosistemas son las aves. Gracias a la comunidad científica sabemos que la presencia de aves es un buen semáforo de la salud de los ecosistemas, de su diversidad e integridad.

La mayor o menor población de aves, así como su mayor o menor diversidad de especies, en un ecosistema determinado, nos permite conocer más sobre la calidad del propio ecosistema donde se alimentan, viven y respiran. En definitiva, las aves nos adelantan información valiosa sobre la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad real del resultado final que originan las diversas actividades (producción, consumo…) que llevamos a cabo los humanos con nuestras metas de desarrollo.

En el contexto europeo, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) viene publicando desde hace años el Índice de Aves Comunes, que nos informa desde un punto de vista cuantitativo sobre cómo ha evolucionado la presencia de aves en Europa. Dicho índice recoge las observaciones obtenidas en los 27 Estados miembros de la UE para un total de 167 especies de aves que viven en tierras de cultivo (39), en ecosistemas forestales (34) y en otros hábitats como parques y jardines (94).

Se cuenta con un amplio horizonte temporal (1990-2022) para dicho Índice de Aves Comunes de la UE. Los resultados obtenidos hasta hoy apuntan que durante las tres últimas décadas hemos asistido a una continuada disminución de las poblaciones de aves en la Unión Europea y, por tanto, también al progresivo deterioro de nuestros espacios naturales. Como se observa en el siguiente gráfico, dicho índice de aves, que toma como año base 1990, ha descendido desde un valor de 100,0 en el año 1990 a 86,2 en 2022, lo que supone una caída del 13,8%.

De forma complementaria al Índice de todas las Aves Comunes, Eurostat elabora otros dos índices compuestos. El primero, el índice de aves comunes de bosques, circunscrito a 34 especies, nos revela que se ha producido un descenso del 3,3% durante el periodo 1990-2022, al pasar de 100,0 a 96,7. Con este indicador se aprecia que solo durante el último decenio se ha logrado una mejoría, si bien paulatina, tras los sucesivos descensos registrados en los veinte años previos.

Por su parte, el segundo índice, el índice de aves comunes de tierras de cultivo, que comprende 39 especies, presenta una tendencia significativamente descendente entre 1990 (100,0) y 2022 (60,3), habiéndose registrado, por tanto, una reducción del 39,7% en el periodo analizado. Como afirma la propia Estrategia para la biodiversidad 2030 las aves de hábitats agrícolas son indicadores clave de la salud de los agroecosistemas y vitales para la producción agrícola y la seguridad alimentaria, concluyendo que “su alarmante disminución tiene que invertirse”.

En el ámbito de las aves, cabe recordar asimismo lo que ya expresaba la Directiva comunitaria relativa a la conservación de las aves silvestres en el año 2009:

«En el territorio europeo de los Estados miembros, una gran cantidad de especies de aves que viven normalmente en estado salvaje padecen de una regresión en su población, muy rápida en algunos casos, y dicha regresión constituye un grave peligro para la conservación del medio natural, en particular debido a la amenaza que supone para el equilibrio biológico».

Para más información:

Eurostat

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres

Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030

El consumo de materiales de la economía española (2008-2022)

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Circunscribir el análisis de una economía, como la española, a la evolución monetaria de su Producto Interior Bruto es, sin duda, un enfoque muy limitante. Entre otras razones porque se ocultan los fundamentos físicos (agua, energía, materiales…) que hacen posibles todos los procesos de producción, consumo y distribución de bienes y servicios que generan los diferentes agentes económicos.

La existencia de una Contabilidad Medioambiental es una valiosa herramienta para conocer con qué intensidad una economía emplea los recursos materiales que proceden del medio natural para el desarrollo de todas sus actividades. En el caso de España, como expresa el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Cuenta de flujos de materiales «muestra los inputs físicos de materiales que entran en el sistema económico nacional y los outputs a otras economías o al medio natural», expresados en unidades físicas (toneladas).

Los datos disponibles para la economía de España nos dan luz sobre cómo ha evolucionado este país respecto al consumo y la extracción de materiales, así como a la intensidad o productividad de los recursos (ecoeficiencia) en términos de PIB.

A continuación se exponen los principales resultados obtenidos del análisis realizado de los datos disponibles correspondientes a los años 2008-2022, un periodo que ha estado marcado por la Gran Recesión y, más recientemente, por los efectos de la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania y la crisis energética.

1. El consumo nacional de materiales, esto es, la cantidad total empleada directamente por la economía española, ascendió a 419,2 millones de toneladas (Mt) en 2022. Ello supone una reducción del 48,4% respecto al año 2008 (811,9 Mt). La mayor parte de esta reducción se ha producido durante los años 2008-2013 de la Gran Recesión, a la que sigue otra etapa de cierta recuperación y mayor estabilidad.

2. La economía española se vale como principal origen de su consumo de materiales la extracción nacional, que en el año 2022 ascendió a 350,3 Mt, es decir, el 83,3% del consumo total. Este porcentaje ha aumentado respecto al de 2008 (81,5%). El resto del consumo de materiales corresponde al balance comercial físico (importaciones menos exportaciones).

G_Consumo y Extracción_2008_2022

3. Respecto a la extracción nacional de materiales por tipos, destaca el protagonismo que toman los minerales no metálicos (piedra caliza, yeso, arenas, grava…) que en el año 2008 representaban el 78,3% del total. Como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el declive del sector de la construcción durante los años de la Gran Recesión, dicho peso llegó a reducirse hasta el 54,5% en 2013, para tomar posteriormente una senda de recuperación que llega hasta el año 2022 (61,0%).

En segundo lugar, se encuentra la extracción de biomasa (cereales, frutas, hortalizas, biomasa pastada…), cuya participación porcentual, en cambio, ha aumentado, desde el 19,8% en 2008 hasta el 33,6% en 2022.

A distancia se sitúan los minerales metálicos (cobre, zinc, estaño, plomo, níquel…), cuyo peso se ha incrementado, desde el 0,3% hasta el 5,3%, y los combustibles fósiles (hulla, antracita, petróleo, gas natural licuado…) que, por el contrario, han perdido importancia relativa, desde el 1,6% en 2008 al 0,03% en 2022.

Como puede observase en el siguiente gráfico, en términos absolutos la extracción de los distintos tipos de materiales ha mostrado también una evolución diferenciada.

G_Evolución extracción_2008-2022_tipos

Durante el periodo 2008-2022 la extracción nacional total de materiales se ha reducido de 662 Mt a 350 Mt, esto es, un descenso de 311 Mt (un -47,0%). Los minerales no metálicos, los materiales de mayor protagonismo, han sido los que han determinado dicha reducción, al haberse recortado su extracción en unas 304 Mt (un -58,7% en el conjunto del periodo 2008-2022). Este tipo de materiales llegó a tocar fondo en 2013, con una extracción de 172 Mt, si bien a partir de entonces ha tomado una senda ascendente, hasta situarse en 214 Mt en el último año de 2022 (dato avance).

Por el contrario, los minerales metálicos han visto aumentar su extracción en el conjunto del periodo, pasando de 2,0 Mt en 2008 a 18,5 Mt en 2022. La extracción de este tipo de materiales, por tanto, se ha multiplicado por casi 9,5.

La extracción de biomasa, por su parte, si bien se ha reducido desde las 131,1 Mt en 2008 hasta las 117,9 Mt 2022 (dato avance), ha mostrado durante el periodo diversos altibajos con una tendencia en general de estabilización.

Finalmente, la extracción de combustibles fósiles es la que ha experimentado la mayor reducción porcentual (-98,9%) en el periodo analizado, al descender desde 10,5 Mt en 2008 hasta 0,1 Mt en 2022.

4. Atendiendo al balance comercial físico de la economía española, es decir, el consumo de materiales que no se debe a la extracción sino a los flujos con el exterior, ascendió a 68,9 millones de toneladas en 2022. Esta cifra es el resultado de unas importaciones de materiales (256,9 Mt) que superan a las exportaciones (188,0 Mt).

Durante el periodo analizado dicho balance comercial físico ha sido siempre deficitario, No obstante, la economía española ha conseguido reducirlo desde los 150,4 Mt de 2008, como consecuencia de la diferente evolución mostrada por las importaciones, que han descendido un 6,9%, frente a las exportaciones de materiales, que han aumentado un 49,7% durante el periodo analizado.

5. Para evaluar la ecoeficiencia de una economía, se dispone, en primer lugar, del indicador de Consumo Nacional de Materiales en términos de PIB (CNM). De acuerdo con el INE, la economía española ha reducido la intensidad con la que consume materiales durante el periodo 2008-2022. Ha pasado de consumir 725,4 toneladas por cada millón de euros de producción en el año 2008 hasta las 351,4 en 2022. Dicha reducción, del 44,7%, se ha concentrado en los años 2008-2013. A partir de 2014 se presenta otro periodo en el que no termina aún de consolidarse una tendencia clara de mayor ecoeficiencia.

6. El Input Directo de Materiales (IDM) constituye un indicador también relevante para aproximarnos a evaluar la senda hacia la sostenibilidad de una economía. Este indicador contabiliza la entrada directa de materiales en el sistema económico procedente del medio natural nacional y del resto del mundo, es decir, extracción nacional e importaciones, quedando expresado en términos de toneladas por millón de euros de PIB.

Así, para el periodo analizado se concluye que el IDM de la economía española se ha reducido desde las 837,6 toneladas por millón euros de PIB en 2008 hasta las 509,0 en 2022.

Como ha sucedido con el consumo nacional de materiales, el periodo de crisis económica que irrumpió en 2008 ha ido acompañado de un proceso de menor intensidad del empleo de los materiales requeridos por la economía. En el caso del IDM ha descendido un 32,6% durante el periodo 2008-2022, si bien a partir de 2013 ya no se observa una tendencia clara de ganancias de ecoeficiencia, a excepción del descenso significativo observado en el último año de 2022.

7. Finalmente, los últimos datos disponibles (provisionales) apuntan que durante los años 2020 y 2021, marcados por los fuertes impactos de la pandemia del COVID-19, paralelamente a la brusca caída de la actividad económica se ha producido también un descenso significativo del consumo de materiales.

Sin embargo, este «ahorro de materiales» ha sido proporcionalmente menor que la fuerte caída mostrada por el PIB, de modo que los dos indicadores de intensidad de materiales, CNM e IDM, han repuntado y superan en 2020 y 2021 los valores registrados en 2019. No obstante, ya en el año 2022 (con datos avance), de confirmarse, la economía española apuntaría una mejoría de la ecoeficiencia, al registrar ambos indicadores valores inferiores.

G_Indic. intensidad_2008-2022

Para más información:

INE: Cuenta de flujos de materiales (2008-2022)