Desarrollo sostenible – Página 3

Hacia un sistema alimentario sostenible y saludable en la UE

Desde hace ya algunas décadas estamos siendo partícipes de un sistema alimentario que nos devuelve múltiples problemas. Seguimos unos patrones de producción y consumo de alimentos que no nos acercan a mejorar nuestra calidad de vida ni propician unas relaciones armónicas con la naturaleza, bien al contrario.

En las sociedades occidentales, como la europea, se extienden los problemas derivados de dietas alimenticias poco saludables, basadas en alimentos transformados, y procedentes de una actividad agraria de orientación fundamentalmente productivista que depende en exceso de plaguicidas, fertilizantes y antimicrobianos. La obesidad en la población europea sigue con su tendencia de crecimiento continuado, lo que provoca un aumento de las enfermedades relacionadas con dietas poco saludables. Al mismo tiempo un importante porcentaje de los alimentos producidos, en torno al 20%, se convierte en desperdicios. El sector agrario, si bien ha disminuido con los años sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mantiene una huella medioambiental y climática importante. Además, las actividades anexas al sector primario, como la transformación, la comercialización, el envasado y la distribución de alimentos, contribuyen también a la contaminación del aire, el suelo y el agua, y tienen un gran impacto sobre la biodiversidad.

Se hace necesario, pues, el tránsito hacia un sistema alimentario coherente que consiga elevar y reforzar sus beneficios ambientales, sanitarios y sociales. Con este fin en el año 2020 la Comisión Europea aprobó la Estrategia “de la granja a la mesa” para un sistema justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente.

Esta Estrategia se erige como una herramienta importante del Pacto Verde Europeo, que la Comisión Europea aprobó en 2019 para afrontar los desafíos del clima y del medio ambiente y poner la economía en la senda de la sostenibilidad de modo que alcance a ser neutra en GEI en el año 2050. Al mismo tiempo, la Estrategia se alinea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la ONU en 2015, en concreto a través de su ODS 2 (Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible).

A grandes rasgos, la Estrategia “de la granja a mesa” de la UE persigue los siguientes tres grandes objetivos:

1. Garantizar que la cadena alimentaria (producción, transporte, distribución, comercialización y consumo de alimentos) propicie un impacto medioambiental neutro o positivo.

Se trata de fomentar que los agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores transformen sus métodos de producción, haciéndolos sostenibles, con bajos o nulos impactos sobre el medio ambiente y el clima. Para ello se hace necesario, por ejemplo, reducir y optimizar el uso de plaguicidas y fertilizantes, minimizar las emisiones de GEI, que contaminan el suelo, el agua y aire, y contribuyen a la pérdida de biodiversidad, y aprovechar más las energías renovables (biogás, energía solar…). En concreto, algunas de las medidas propuestas en la Estrategia por la Comisión Europea son las siguientes:

-Reducir el uso y el riesgo globales de los plaguicidas químicos en un 50% de aquí a 2030.

-Reducir el uso de fertilizantes en al menos un 20% de aquí a 2030, para afrontar las reducciones necesarias de la carga de nutrientes en el medio ambiente, y fomentar el reciclado de residuos orgánicos como fertilizantes renovables.

-Reducir a venta general de antimicrobianos en la UE para animales de granja y de acuicultura en un 50% de aquí a 2030.

-Continuar fomentando la agricultura sostenible, de modo que el 25% de las tierras agrícolas de la UE se utilicen en agricultura ecológica de aquí a 2030.

-Reforzar la vigilancia de la importación y el control de vegetales en el territorio de la Unión, ante las nuevas amenazas fitosanitarias.

-Propiciar un mayor bienestar animal, para mejorar la salud de los animales y la calidad de los alimentos, lo que reduce a su vez la necesidad de medicación y contribuye a preservar la biodiversidad.

-Intensificar los esfuerzos para que las poblaciones de peces se sitúen en niveles sostenibles.

2. Garantizar la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud pública.

El sistema alimentario sostenible propuesto en la Estrategia también debe garantizar que la población disponga en todo momento de un suministro suficiente y variado de “alimentos inocuos, nutritivos, asequibles y sostenibles”.

La cadena de valor alimentaria, dada su complejidad y número de agentes que intervienen en ella, se enfrenta a amenazas inminentes y duraderas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la aparición de nuevas plagas.

Por ello cobra especial importancia el apoyo a los trabajadores agroalimentarios, tomando en consideración la protección social, las condiciones de trabajo y vivienda, así como la protección de la salud y la seguridad.

La Comisión elaborará un plan de contingencia para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria que se deberá activar en tiempos de crisis.

3. Preservar la asequibilidad de los alimentos, fomentando que los alimentos más sostenibles sean también los más asequibles para la población.

Para transitar hacia un sistema alimentario sostenible, es preciso que todos los agentes económicos que intervienen en la producción, distribución y comercialización de los alimentos que se ofrecen a los consumidores modifiquen sus prácticas empresariales. A este fin la Comisión elaborará un “código de conducta de la UE para una práctica empresarial y de comercialización responsable, acompañado de un marco de seguimiento”.

En suma, se persigue que las empresas agroalimentarias incorporen la sostenibilidad en su actividad. Algunas de las medidas propuestas son las siguientes:

-Reformulación de los productos orientándolos para dietas saludables y sostenibles.

-Reducción de la huella ambiental y aumento de la eficiencia energética.

-Modificación de las estrategias de comercialización y publicidad. Por ejemplo, evitar las campañas de comercialización que anuncian carne a precios muy bajos o restringir la promoción de alimentos con alto contenido en grasas, azúcares o sal.

-Reducción de los envases y utilización de materiales reutilizables y reciclables.

-Contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos. La Comisión se ha comprometido a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante en el comercio minorista y por los consumidores de aquí a 2030.

-Aumentar la resiliencia de los sistemas alimentarios locales y regionales, para crear cadenas de suministro de corta distancia.

-Implementar el etiquetado obligatorio armonizado sobre propiedades nutritivas en los envases para facilitar que los consumidores opten por alimentos saludables y sostenibles.

-Aplicación de incentivos fiscales para apoyar la transición hacia un sistema alimentario sostenible, por ejemplo, para apoyar el consumo de frutas y verduras ecológicas. Al mismo tiempo los sistemas fiscales deben garantizar que el precio de los alimentos refleje sus costes reales en términos de uso de recursos naturales finitos y de impactos medioambientales (contaminación, GEI, etc.).

Para más información:

Comisión Europea: Estrategia «de la granja a la mesa». COM(2020) 381 final.

El uso circular de los materiales en la UE (2004-2023)

Actualmente prevalece la economía lineal caracterizada por unos modos de producción y consumo insostenibles que se basan en la extracción ilimitada de los recursos naturales con los que fabricar productos, con frecuencia de corto periodo de uso, y en la consiguiente generación y depósito de residuos. Frente a este modelo el enfoque de la economía circular trata de abrirse camino en favor de la sostenibilidad.

La Comisión Europea adoptó en 2015 una Comunicación que daba pasos importantes en el camino hacia una economía más circular: «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular».

Con las medidas establecidas en dicho plan de acción se opta por una economía en la que se persiguen dos objetivos principales:

Mantener durante el mayor tiempo posible el valor que poseen los productos, los materiales y los recursos, de modo que se ahorran materias primas al dejar de ser extraídas de la corteza terrestre.
Reducir al mínimo posible la generación de todo tipo de residuos.

El cumplimiento de ambos objetivos facilitaría el desarrollo de una economía más eficiente en el uso de los recursos y, por tanto, con menores impactos medioambientales (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación).

Para evaluar los avances alcanzados en la UE en su senda de fomento de la economía circular, se dispone, como indicador principal, de la tasa de uso de materiales circulares (tasa de circularidad), que elabora la Oficina Estadística de la UE (Eurostat)

Dicha tasa, expresada en porcentaje, mide la proporción de materiales recuperados y reintroducidos en la economía sobre el total de materiales con uso general. La tasa de circularidad define, por tanto, la relación que existe entre el uso circular de materiales y el uso general de materiales(*).

Un valor de tasa de circularidad más alto indica que hay más materiales secundarios que sustituyen materias primas extraíbles, evitando así los impactos ambientales que supone la extracción de dichos materiales finitos de la naturaleza para fabricar productos o generar energía.

De acuerdo con Eurostat, la tasa de circularidad en la UE-27 fue del 11,8% en 2023, tras el 11,5% de 2022. Ello significa que del total de los recursos materiales que se utilizaron en la UE en dicho año el 11,8% provino de productos reciclados y materiales que han sido recuperados.

Es destacable, además, que el valor que toma la tasa de circularidad difiere de forma significativa según el tipo de materiales considerados. Así, en 2023 los metales son los materiales que toman la mayor tasa de circularidad (25%), seguidos por los minerales no metálicos (14%). Por el contrario, las menores tasas de circularidad corresponden a los combustibles fósiles (3%) y la biomasa (10%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2004-2022 la tasa de circularidad se ha incrementado en el conjunto de la UE-27 desde el 8,2% hasta el 11,8%. Ello supone, por tanto, un avance de 3,6 puntos porcentuales (p.p.) en dicho periodo de tiempo, es decir, apenas dos décimas porcentuales por año desde 2004. Además, como se observa en el siguiente gráfico, la tasa de circularidad ha experimentado una tendencia al estancamiento durante los últimos años que contrasta con los avances registrados a comienzos de la serie.

Por países se constata que la tasa de circularidad presenta diferencias muy significativas en el seno de la UE. Así, en el último año 2023 los mayores porcentajes se registraron en Países Bajos (30,6%), Italia (20,8%), Malta (19,8%), Bélgica (19,7%), Estonia (18,1%) y Francia (17,6%).

Por el contrario, las menores tasas de circularidad correspondieron a Rumanía (1,3%), Irlanda (2,3%), Finlandia (2,4%), Portugal (2,8%) y Lituania (3,9%).

Estas importantes divergencias entre los países de la UE-27 se deben, según Eurostat, a la cantidad de residuos que se recicla en cada país y a factores estructurales de las propias economías nacionales. Así, las economías que tienen mayores importaciones de materiales (incluyendo los combustibles fósiles) y mayores extracciones interiores de materiales (relacionadas con minería, construcción, etc.) son las que presentan menores tasas de circularidad.

Además, la evolución de la tasa de circularidad dentro de la UE ha sido muy dispar, en particular durante 2010-2023, periodo para el que Eurostat ha publicado datos actualizados por países. Por un lado, destacan los mayores avances de Malta, cuya tasa de circularidad ha aumentado en 14,5 p.p., Italia (+9,2 p.p.) y Estonia (+9,1 p.p.). Por el contrario, cinco países de la UE han retrocedido en su tasa de circularidad durante dicho periodo, presentando los mayores descensos Luxemburgo (-13,2 p.p.), Finlandia (-8,3 p.p.) y Polonia (-3,6 p.p.).

(*) El uso general de materiales se mide sumando el consumo agregado de materiales domésticos y el uso circular de materiales. El primero queda definido en las cuentas de flujos de materiales para toda la economía. Por su parte, el uso circular de materiales se aproxima por la cantidad de residuos reciclados en las plantas de recuperación doméstica, menos los residuos importados destinados a la recuperación, más los residuos exportados destinados a la recuperación en el extranjero.

Para más información:

Eurostat

La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2023)

Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

Con la fiscalidad ambiental o verde se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, es decir, tratar de incorporar en el coste de aquellas actividades calificadas de insostenibles los costes medioambientales que generan, ya que, de lo contrario, permanecerían “no visibles” y sin contabilizar en el precio final. Por lo tanto, el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen sus comportamientos para hacerlos más respetuosos con el medio ambiente.

Son diversas las bondades que presenta la implantación de impuestos ambientales, entre las que podemos destacar las siguientes:

a) Favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles).

b) Contribuyen a un mayor uso del transporte sostenible.

c) Fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente.

d) Reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas.

e) Desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables.

f) Refuerzan la lucha contra el cambio climático.

En la práctica la fiscalidad ambiental se concreta en la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

«Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes«.

Durante los últimos tres decenios se ha extendido la aplicación de los impuestos ambientales, a través de sus diversos tipos, en el seno de la Unión Europea. Para conocer su efectividad las evaluaciones periódicas sobre la aplicación real de este tipo de impuestos se convierten en más que necesarias.

Como primera aproximación analizamos aquí si la fiscalidad verde ha ganado protagonismo en el seno de las políticas tributarias de los países de la UE. De este modo se estudia cómo se ha comportado la recaudación de las diferentes categorías de impuestos ambientales, cuál ha sido la evolución de la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación verde en relación con la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2023 se recaudó en la UE-27 un total de 348.575 millones de euros en concepto de impuestos ambientales.

De este total la mayor parte fueron ingresos por impuestos sobre la energía (el 77,9%). A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,0%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (4,1%).

En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,2% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2023. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,0%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los últimos datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2023, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE.

En términos de su participación en la estructura tributaria total, el porcentaje de recaudación correspondiente a la fiscalidad verde sobre la recaudación total de impuestos de la UE-27 ha descendido desde el 6,6% en 1995 al 5,2% en 2023.

En términos comparativos con la actividad económica, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,6% de 1995 hasta el 2,0% en el último año de 2023. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Asimismo, es relevante apuntar que con la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 la fiscalidad verde como instrumento para promover la protección ambiental ha intensificado su pérdida de protagonismo. Desde 2019 hasta 2023 la presión fiscal ambiental en el conjunto de la UE se ha reducido en 0,54 puntos porcentuales.

Por tipos de impuestos, durante el periodo 1995-2023 la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 2,0% en 1995 a 1,6% en 2023. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,5% al 0,4%. Finalmente, los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantienen su presión fiscal del 0,1% en el periodo analizado.

En un análisis por países es destacable la diferente importancia de la fiscalidad verde dentro de la UE. Así, en el año 2023 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 4,11%. Le siguen, en orden descendente, Bulgaria (3,35%), Croacia (3,30%), Países Bajos (2,81%), Eslovenia (2,80%), Estonia (2,61%), Polonia (2,56%) e Italia (2,55%), principalmente.

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (0,96%), seguido de Luxemburgo (1,28%), Malta (1,54%), República Checa (1,56%), Lituania (1,61%) España (1,64%), Alemania (1,71%) y Francia (1,77%).

En resumen, durante el periodo 1995-2023 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (20 de 27), habiendo aumentado en sólo siete países. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Bulgaria (+2,2 p.p. entre 1995 y 2023), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-2,0 p.p.).

Para más información:

Eurostat

Europa ante el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (2025)

En 2015 la ONU puso en marcha el ambicioso proyecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de una estrategia de alcance mundial, cuyo compromiso se concreta en lograr, durante la presente década, diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (17 ODS), que cubren las tres dimensiones del desarrollo: económica, social y medioambiental.

Para evaluar los progresos en la consecución de los 17 ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) viene publicando desde hace varios años diferentes informes periódicos que tratan de evaluar cómo están avanzando los países en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para el caso de Europa, SDSN ha publicado hasta la fecha seis Informes que muestran los avances alcanzados desde 2015 respecto a los ODS por los 27 Estados miembros de la Unión Europea y otros países europeos más.

La metodología utilizada permite disponer de un índice ODS que resume en un único valor los resultados mostrados por la amplia batería de indicadores (un total de 111 para Europa) recabados para medir la totalidad de los 17 ODS (a los cuales se les otorga igual ponderación).

El índice ODS es, por tanto, un indicador sintético de desarrollo sostenible, cuyo valor puede oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación respecto al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, y 100, cuando el país se sitúa en la mejor posición respecto a su cumplimiento.

Con la edición de 2025 del Informe de Desarrollo Sostenible en Europa se han podido evaluar, a través del índice ODS, los progresos en materia de desarrollo sostenible de los 27 Estados miembros de la UE, además de otros siete países europeos (Noruega, Suiza, Islandia, Reino Unido, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía).

Entre las conclusiones generales del Informe destacamos las siguientes:

A nivel mundial 19 de los 20 países con mayor índice de los ODS son europeos. Sin embargo, se constata un retraso general en el progreso de los ODS en Europa. El avance en el cumplimiento de la Agenda 2030 es cada vez menor: +0,8 puntos durante el periodo 2020-2023 frente a +1,9 puntos del periodo 2016-2019.
El informe destaca especialmente el reto del ODS 2 y los sistemas agroalimentarios sostenibles. Es prioritario promover la transición hacia dietas sanas para transformar los sistemas agroalimentarios y alcanzar otros objetivos de salud, clima y biodiversidad. Asimismo, se enfatiza la necesidad de aplicar políticas que salvaguarden los medios de subsistencia de los agricultores y los pequeños productores de alimentos.
Estancamiento e incluso retroceso del progreso en los indicadores de “No dejar a nadie atrás desde 2020, que miden las desigualdades dentro de los países en materia de oportunidades, bienestar y equidad en el acceso a los servicios y su calidad.
Persisten los desafíos relacionados con los objetivos medioambientales y de biodiversidad, incluyendo los sistemas alimentario y terrestre sostenibles (ODS 2, ODS 12 a 15).
Europa genera importantes efectos indirectos medioambientales y sociales incorporados al comercio. Se estima que estos efectos negativos representan con frecuencia entre el 20% y el 30% de la huella total en muchos Estados miembros de la UE.
Progreso lento e incluso retroceso en el progreso en algunos indicadores del ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos).
Persisten grandes brechas y un ritmo lento de convergencia en los resultados de los ODS entre los países europeos.

En un análisis más detallado por países, el Informe de 2025 nos sigue revelando que en Europa persisten diferencias muy importantes respecto al grado de consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

Así, en esta edición de 2025, el país con un mayor valor del índice ODS sigue siendo, como en los últimos años, Finlandia (81,1). Le siguen, a continuación, Dinamarca (79,7), Suecia (79,4), Austria (77,3), Noruega (76,2), Alemania (75,0), Francia (73,9), Eslovenia (73,8), República Checa (73,7) e Islandia (73,4). Todos ellos ocupan las diez primeras posiciones.

En el otro extremo, los diez menores valores del índice ODS los presentan los siguientes países: Turquía (59,1), Macedonia del Norte (62,5), Chipre (62,7), Bulgaria (62,9), Serbia (63,2), Rumanía (64,2), Grecia (66,5), Luxemburgo (67,6), Lituania (67,8) y Hungría (68,8).

De cara al futuro, el Informe de 2025 postula que la Unión Europea debe emprender cuatro prioridades generales para impulsar el cumplimiento de los ODS. Son las siguientes:

1. Aumentar las inversiones en energías limpias y tecnologías digitales, con la adopción de un ambicioso Clean Industrial Deal (acuerdo industrial limpio) y del Marco Financiero Plurianual 2028-2035.

2. Reforzar las medidas prosociales para hacer frente a las consecuencias de la inflación y del aumento de las tensiones geopolíticas.

3. Abordar las repercusiones negativas para la salud y el medio ambiente del consumo insostenible, mediante una transición justa hacia dietas más sanas y sostenibles.

4. Aprovechar la diplomacia de los ODS y el Pacto Verde con todas las regiones, defender los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y apoyar una reforma ambiciosa del sistema de las Naciones Unidas y de la arquitectura financiera mundial.

Finalmente, el Informe de 2025 hace un llamamiento la nueva dirección de la UE para que lance una declaración política conjunta en la que reafirme el compromiso de la UE con la consecución de los ODS.

Para más información:

SDSN: Europe Sustainable Development Report 2025.

La tortuga gigante y el fotógrafo Sebastião Salgado

Existen muchas formas de propiciar la conservación de la Naturaleza. Una de ellas es respetar a las especies animales, como es el caso, por ejemplo, de la tortuga gigante de las Islas Galápagos.

Traemos hasta aquí la experiencia de un reconocido fotógrafo, el brasileño Sebastião Salgado, que con su buen hacer profesional nos inspira para que nuestras acciones sean sostenibles y respetuosas con el hábitat de los animales que viven en libertad. Las siguientes líneas dan comienzo al libro De mi tierra a la Tierra, las memorias de este fotógrafo comprometido con el ser humano y la preservación de la Naturaleza:

“Al que no le guste esperar no podrá ser fotógrafo. Llegué un día a la isla Isabela en las Galápagos, junto con un hermoso volcán llamado Alcedo. Fue en 2004. Había una tortuga gigante. Un ser enorme de al menos 200 kilos, de las que han dado el nombre al archipiélago. Cada vez que me acercaba a ella, la tortuga se alejaba. No avanzaba rápido, pero aun así no podía fotografiarla. Entonces empecé a pensar. Y me dije: cuando fotografío a seres humanos nunca me planto en mitad de un grupo de incógnito, siempre pido a alguien que me introduzca en él. Después, me presento a la gente, me explico, conversamos y, poco a poco, nos conocemos. Entendí que, del mismo modo, la única manera de lograr fotografiar a esta tortuga era conocerla, ponerme a su altura. Así que me convertí en tortuga: me agaché y empecé a andar a su misma altura, con las palmas de las manos y las rodillas sobre el suelo. En ese momento, la tortuga dejó de huir. Y cuando dejó de caminar, yo hice un movimiento, la tortuga dejó de huir. Y cuando dejó de caminar, yo hice un movimiento hacia atrás. Ella avanzó hacia mí; yo retrocedí. Esperé unos instantes, después me acerqué, un poco, lentamente. La tortuga dio otro paso hacia a mí y me dejó observarla tranquilamente. Pude empezar a fotografiarla. Tardé un día entero en acercarme a esta tortuga. Todo un día para que entendiera que respetaba su territorio.”

Para leer más:

Sebastião Salgado: “De mi tierra a la Tierra”. La Fábrica, Madrid, 2014.

La evolución de las aves en la UE (1990-2023)

Como expresa la Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030 “la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se encuentran entre las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad ante la próxima década”.

Un magnífico indicador que nos alerta de cómo está evolucionando la calidad y cantidad de los ecosistemas naturales son las aves. Gracias a la comunidad científica sabemos que la presencia de aves es un buen semáforo de la salud de los ecosistemas, de su diversidad e integridad.

La mayor o menor población de aves, así como su mayor o menor diversidad de especies, en un ecosistema determinado, nos permite conocer más sobre la calidad del propio ecosistema donde se alimentan, viven y respiran. En definitiva, las aves nos adelantan información valiosa sobre la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad real de las actuaciones que llevamos a cabo los humanos a la hora de producir, consumir y movernos.

En el contexto europeo, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) viene publicando desde hace años el Índice de Aves Comunes, que nos informa de forma cuantitativa sobre cómo ha evolucionado la presencia de aves en Europa. Dicho índice recoge las observaciones obtenidas en los 27 Estados miembros de la UE para un total de 168 especies de aves que viven en tierras de cultivo (39), en ecosistemas forestales (34) y en otros hábitats como parques y jardines (95).

Se cuenta con un amplio horizonte temporal (1990-2023) para evaluar la tendencia de dicho Índice de Aves Comunes de la UE. Los resultados obtenidos hasta hoy apuntan que durante las tres últimas décadas hemos asistido a una continuada disminución de las poblaciones de aves en la Unión Europea y, por tanto, también al progresivo deterioro de nuestros espacios naturales. Como se observa en el siguiente gráfico, dicho índice de aves, que toma como año base 1990, ha descendido desde un valor de 100,0 en el año 1990 a 85,0 en 2023, lo que supone una caída del 15,0%.

De forma complementaria al Índice de todas las Aves Comunes, Eurostat elabora otros dos índices compuestos. El primero, el índice de aves comunes de bosques, circunscrito a 34 especies, nos revela que se ha producido un descenso del 4,5% durante el periodo 1990-2023, al pasar de 100,0 a 95,5. Con este indicador se aprecia que sólo durante el último decenio se ha logrado una tendencia de recuperación, si bien no completa, tras los continuados descensos registrados en los veinte primeros años del periodo.

Por su parte, el segundo índice, el índice de aves comunes de tierras de cultivo, que comprende 39 especies, presenta una tendencia significativamente descendente entre 1990 (100,0) y 2023 (57,9), habiéndose registrado, por tanto, una reducción del 42,1% en el periodo analizado. Como afirma la propia Estrategia para la biodiversidad 2030 las aves de hábitats agrícolas son indicadores clave de la salud de los agroecosistemas y vitales para la producción agrícola y la seguridad alimentaria, concluyendo que “su alarmante disminución tiene que invertirse”.

En el ámbito de las aves, cabe recordar asimismo lo que ya expresaba la Directiva comunitaria relativa a la conservación de las aves silvestres en el año 2009:

«En el territorio europeo de los Estados miembros, una gran cantidad de especies de aves que viven normalmente en estado salvaje padecen de una regresión en su población, muy rápida en algunos casos, y dicha regresión constituye un grave peligro para la conservación del medio natural, en particular debido a la amenaza que supone para el equilibrio biológico».

Para más información:

Eurostat

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres

Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030

El respeto a los animales: una cita con Sebastião Salgado

La sostenibilidad ambiental comprende, entre los diversos aspectos que la definen, la preservación de la vida animal. Las medidas gubernamentales para la conservación de las especies animales, en especial las que están en peligro de extinción, continúan siendo indispensables para mantener el equilibrio ecológico del planeta.

Nuestra actitud ante los animales, respetándolos con nuestras acciones diarias, también son importantes. Así nos lo expresa, por ejemplo, desde el ámbito de las artes, el reconocido fotógrafo brasileño Sebastião Salgado en sus Memorias, que llevan por título De mi tierra a la Tierra:

“Hasta Génesis solo había fotografiado una especie: la humana. Para este proyecto que he consagrado a la naturaleza intacta, a lo largo de los ocho años durante los que estuve viajando por todo el mundo, tuve que aprender a trabajar con otras especies. Desde el primer día del reportaje, gracias a la tortuga gigante, comprendí que para fotografiar un animal hay que amarlo, disfrutar mirando su belleza, su perfil. Hay que respetarlo, preservar su espacio, su bienestar al acercarme a él, en mi forma de mirarlo y de fotografiarlo. A partir de ahí, trabajé con los demás animales del mismo modo en que lo hago con nosotros, los humanos”.

Para leer más:

Sebastião Salgado: “De mi tierra a la Tierra”. La Fábrica, Madrid, 2014.

El consumo de materiales de la economía española (2008-2023)

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Circunscribir el análisis de una economía, como la española, a la evolución monetaria de su Producto Interior Bruto es, sin duda, un enfoque muy limitante. Entre otras razones porque se ocultan los fundamentos físicos (agua, energía, materiales…) que hacen posibles todos los procesos de producción, consumo y distribución de bienes y servicios que generan los diferentes agentes económicos.

La existencia de una Contabilidad Medioambiental es una valiosa herramienta para conocer con qué intensidad una economía emplea los recursos materiales que proceden del medio natural para el desarrollo de todas sus actividades. En el caso de España, como expresa el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Cuenta de flujos de materiales «muestra los inputs físicos de materiales que entran en el sistema económico nacional y los outputs a otras economías o al medio natural», expresados en unidades físicas (toneladas).

Los datos disponibles para la economía de España nos dan luz sobre cómo ha evolucionado este país respecto al consumo y la extracción de materiales, así como a la intensidad o productividad de los recursos (ecoeficiencia) en términos de PIB.

A continuación se exponen los principales resultados obtenidos del análisis realizado de los datos disponibles correspondientes a los años 2008-2023, un periodo que ha estado marcado por la Gran Recesión y, más recientemente, por los efectos de la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania y la crisis energética.

1. El consumo nacional de materiales, esto es, la cantidad total empleada directamente por la economía española, ascendió a 417,9 millones de toneladas (Mt) en 2023. Ello supone una reducción del 48,5% respecto al año 2008 (811,8 Mt). La mayor parte de esta reducción se ha producido durante los años 2008-2013 de la Gran Recesión, a la que sigue otra etapa de cierta recuperación y mayor estabilidad.

2. La economía española se vale como principal origen de su consumo de materiales la extracción nacional, que en el año 2023 ascendió a 344,1 Mt, es decir, el 82,4% del consumo total. Este porcentaje ha aumentado respecto al de 2008 (81,5%). El resto del consumo de materiales corresponde al balance comercial físico (importaciones menos exportaciones).

G_Consumo y Extracción_2008_2023

3. Respecto a la extracción nacional de materiales por tipos, destaca el protagonismo que toman los minerales no metálicos (piedra caliza, yeso, arenas, grava…), que en el año 2008 representaban el 78,3% del total. Como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el declive del sector de la construcción durante los años de la Gran Recesión, dicho peso llegó a reducirse hasta el 54,5% en 2013, para tomar posteriormente una senda de recuperación que llega hasta el año 2023 (62,0%).

En segundo lugar, se encuentra la extracción de biomasa (cereales, frutas, hortalizas, biomasa pastada…), cuya participación porcentual, en cambio, ha aumentado, desde el 19,8% en 2008 hasta el 31,2% en 2023.

A distancia se sitúan los minerales metálicos (cobre, zinc, estaño, plomo, níquel…), cuyo peso se ha incrementado, desde el 0,3% hasta el 6,8%, y los combustibles fósiles (hulla, antracita, petróleo, gas natural licuado…) que, por el contrario, han perdido importancia relativa, desde el 1,6% en 2008 al 0,03% en 2023.

Como puede observase en el siguiente gráfico, en términos absolutos la extracción de los distintos tipos de materiales ha mostrado también una evolución diferenciada.

G_Evolución extracción_2008-2023_tipos

Durante el periodo 2008-2023 la extracción nacional total de materiales se ha reducido de 662 Mt a 350 Mt, esto es, un descenso de 344 Mt (un -48,0%). Los minerales no metálicos, los materiales de mayor protagonismo, han sido los que han determinado dicha reducción, al haberse recortado su extracción en unas 304 Mt (un -58,8% en el conjunto del periodo 2008-2023). Este tipo de materiales llegó a tocar fondo en 2013, con una extracción de 172 Mt, si bien a partir de entonces ha tomado una senda ascendente hasta 2021, para a continuación moderase y situarse en 213 Mt en el último año de 2023 (dato avance).

Por el contrario, los minerales metálicos han visto aumentar su extracción en el conjunto del periodo, pasando de 2,0 Mt en 2008 a 23 Mt en 2023. La extracción de este tipo de materiales, por tanto, se ha multiplicado por 12 en dicho periodo.

La extracción de biomasa, por su parte, si bien se ha reducido desde las 131 Mt en 2008 hasta las 107 Mt 2023 (dato avance), ha mostrado durante el periodo diversos altibajos con una tendencia en general de estabilización, y de moderación en los dos últimos años.

Finalmente, la extracción de combustibles fósiles es la que ha experimentado la mayor reducción porcentual (-98,9%) en el periodo analizado, al descender desde 10,5 Mt en 2008 hasta 0,1 Mt en 2023.

4. Atendiendo al balance comercial físico de la economía española, es decir, el consumo de materiales que no se debe a la extracción sino a los flujos con el exterior, ascendió a 73,8 millones de toneladas en 2023. Esta cifra es el resultado de unas importaciones de materiales (249,2 Mt) que superan a las exportaciones (175,4 Mt).

Durante el periodo analizado dicho balance comercial físico ha sido siempre deficitario, No obstante, la economía española ha conseguido reducirlo desde los 150,2 Mt de 2008, como consecuencia de la diferente evolución mostrada por las importaciones, que han descendido un 9,6%, frente a las exportaciones de materiales, que han aumentado un 40,0% durante el periodo analizado.

5. Para evaluar la ecoeficiencia de una economía, se dispone, en primer lugar, del indicador de intensidad del Consumo Nacional de Materiales (CNM). De acuerdo con el INE, la economía española ha reducido la intensidad con la que consume materiales durante el periodo 2008-2023. Ha pasado de consumir 685,3 toneladas por cada millón de euros de producción en el año 2008 hasta las 318,2 en 2023. Dicha reducción, del 53,6%, se ha concentrado en los años 2008-2013. A partir de 2014 se presenta otro periodo en el que no termina aún de consolidarse una tendencia de mayor ecoeficiencia, hasta que en los dos últimos años se constata con mayor claridad dicha mejoría.

6. El indicador de intensidad del Input Directo de Materiales (IDM) constituye también una medida relevante para aproximarnos a evaluar la senda hacia la sostenibilidad de una economía. Este indicador de intensidad contabiliza la entrada directa de materiales en el sistema económico procedente del medio natural nacional y del resto del mundo, es decir, extracción nacional e importaciones, quedando expresado en términos de toneladas por millón de euros de PIB.

Así, para el periodo analizado se concluye que la intensidad del IDM de la economía española se ha reducido desde las 791,0 toneladas por millón euros de PIB en 2008 hasta las 451,7 en 2023.

Como ha sucedido con el consumo nacional de materiales, el periodo de crisis económica que irrumpió en 2008 ha ido acompañado de un proceso de menor intensidad del empleo de los materiales requeridos por la economía. En el caso del indicador de intensidad del IDM ha descendido un 42,9% durante el periodo 2008-2023, constatándose que a partir de 2013 no se observa una tendencia clara de ganancias de ecoeficiencia hasta que en los dos últimos años (2022-2023) ya se observan mejorías significativas.

7. Durante los años 2020 y 2021, marcados por los fuertes impactos de la pandemia del COVID-19, paralelamente a la brusca caída de la actividad económica se ha producido también un descenso significativo del consumo de materiales. Este «ahorro de materiales» fue proporcionalmente menor que la fuerte caída mostrada por el PIB, de modo que los dos indicadores de intensidad de materiales (CNM e IDM) repuntaron y superaron en 2020 y 2021 los valores registrados en 2019.

No obstante, los datos más recientes parecen confirmar que la economía española ha mostrado durante 2022-2023 un aumento de la ecoeficiencia que la sitúa en mejor posición que en el periodo previo a la crisis sanitaria.

G_Indic. intensidad_2008-2023

Para más información:

INE: Cuenta de flujos de materiales (2008-2023)

El parque de coches eléctricos en la Unión Europea (2013-2023)

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Una de las principales fuentes de contaminación atmosférica y calentamiento global del planeta reside en el sector del transporte. Para hacer frente a este serio problema medioambiental y de salud la Unión Europea cuenta desde 2011 con la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible, conocido como Libro Blanco del transporte.

En su estrategia el Libro Blanco establece diez objetivos cuantificados para alcanzar «un sistema de transporte competitivo y sostenible», entre los que se encuentra el siguiente:

«Reducir a la mitad el uso de automóviles de «propulsión convencional» en el transporte urbano para 2030; eliminarlos progresivamente en las ciudades para 2050; lograr que la logística urbana de los principales centros urbanos en 2030 esté fundamentalmente libre de emisiones de CO2″.

Posteriormente, en diciembre de 2019 la Comisión Europea puso en marcha el Pacto Verde Europeo, un ambicioso proyecto que pretende alcanzar la neutralidad climática en la Unión antes del año 2050. Ello exige un amplio paquete de medidas que deben adoptar los Estados miembros, entre ellas las que afectan al sector de transporte. En este ámbito, la Estrategia de movilidad urbana y sostenible (2020) establece entre sus objetivos que “de aquí a 2030 al menos treinta millones de vehículos de emisión cero circularán por las carreteras europeas”. Además, para 2050 el objetivo marcado se eleva para perseguir que “prácticamente todos los automóviles, furgonetas, autobuses y los nuevos vehículos pesados serán de emisión cero”.

De esta forma la política común de transportes aboga por la progresiva implantación de los vehículos eléctricos en detrimento de los automóviles de propulsión convencional. Sin embargo, los avances alcanzados hasta la fecha se presentan claramente escasos.

Según Eurostat, en 2023 se contabilizó en la UE-27 un total de casi 4,5 millones coches eléctricos de pasajeros, constatándose desde una perspectiva temporal que el parque de estos vehículos ha seguido una senda de crecimiento continuado, desde los apenas 50.278 registrados en 2013.

G_UE_2013_2023

Durante este periodo 2013-2023, el crecimiento medio anual de coches eléctricos ha sido superior al registrado por el parque total de coches de pasajeros, de modo que ha aumentado su porcentaje de participación. Sin embargo, hay que resaltar que el número de este tipo de coches «sostenibles o menos contaminantes» tan sólo representa un 1,7% del total de coches de pasajeros en 2023, un porcentaje ciertamente exiguo que contrasta con los objetivos marcados por la Comisión Europea.

En un análisis por países se detectan diferencias relevantes respecto a la implantación de coches eléctricos, no existiendo ningún Estado miembro de la UE que registre un porcentaje de participación de estos vehículos superior al 8%.

En términos absolutos, en 2023 los mayores parques de coches eléctricos se encuentran en Alemania (1.408.681 vehículos), Francia (916.082) y Países Bajos (442.409), que concentran el 62% de parque total de estos vehículos de la Unión. Por el contrario, se registran los menores parques de coches eléctricos en países como Chipre, Malta, Estonia, Letonia, Croacia y Eslovaquia.

En términos relativos, los países que presentan las mayores ratios de vehículos eléctricos sobre el parque total de coches de pasajeros en 2023 son los siguientes: Dinamarca (7,1%), Suecia (5,9%), Luxemburgo (5,1%) y Países Bajos (5,0%).

G_UE_Países_2023

Para más información:

Eurostat

Comisión Europea: Libro Blanco del transporte, 2011.

Comisión Europea: Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el transporte europeo de cara al futuro, 2020.

El parque automovilístico de la Unión Europea (2012-2023)

Son incuestionables los diversos impactos (o «externalidades negativas» que diría la economía neoclásica) que acarrea el uso del coche privado: contaminación atmosférica, calentamiento global del planeta, congestión, accidentes de tráfico, deterioro de la salud física y mental, contaminación acústica, dependencia de combustibles fósiles, extracción de materiales, ocupación de suelo, generación de residuos, etc., cuyos costes medioambientales y sociales no han sido aún valorados en su justa medida.

Para hacer frente a la insostenibilidad del transporte la Unión Europea aprobó en 2011 la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible, conocido como Libro Blanco del transporte.

Como expresa este documento estratégico, es clave afrontar la gran dependencia actual del petróleo y sus derivados en el sector del transporte y transitar hacia una economía descarbonizada. Se hace necesario fomentar la movilidad sostenible, como ir a pie o en bicicleta, además de dar un mayor impulso al transporte público no contaminante.

Asimismo, la estrategia del Libro Blanco establece entre sus objetivos que el uso de los automóviles de propulsión convencional en el transporte urbano habrá de verse reducido en un 50% en el año 2030, antes de su eliminación total en las ciudades en 2050.

Sin embargo, según los datos disponibles de Eurostat, el parque automovilístico no ha hecho más que crecer dentro de los límites físicos de los 4,2 millones de km2 de la UE-27.

Centrándonos en los coches de pasajeros, que son el tipo de vehículos de mayor uso, su número no ha abandonado la senda del continuo crecimiento. Si en 2012 existía un total de 219,5 millones de turismos, en 2023 el parque de estos vehículos ascendió a 256,5 millones, es decir, se ha producido un incremento acumulado del 16,9% en dicho periodo. En otras palabras: el parque de coches ha aumentado ininterrumpidamente cada año a un ritmo promedio del 1,4% desde 2012 en la Unión Europea.

Asimismo, hay que anotar que, paralelamente, no se ha llevado a cabo la deseada implantación de coches eléctricos que facilite la eliminación de los coches convencionales dependientes de los combustibles fósiles. En 2023 el parque de coches eléctricos se cuantifica en sólo 4,5 millones de unidades, es decir, apenas el 1,7% del parque total de turismos de la UE-27.

La presión que genera el crecimiento del parque automovilístico es palpable tanto en términos demográficos como territoriales.

En el primer caso, se constata que durante el último decenio el crecimiento del parque de coches de pasajeros ha sido superior al experimentado por la población en el seno de la Unión. Como se observa en el siguiente gráfico, si tomamos como base de referencia el año 2012, el parque de turismos presenta en el año 2023 un valor índice de 116,9, que supera el 101,9 registrado por la población.

Si empleamos la ratio de número de coches de pasajeros por 1.000 habitantes, se concluye que su tendencia ascendente ha sido imparable hasta la actualidad. Para el conjunto de la UE dicho indicador ha aumentado desde los 490 coches por 1.000 habitantes en 2012 hasta los 571 en 2023.

En el segundo caso, una primera evaluación de la presión del parque de coches sobre el territorio de la UE nos arroja que el número de coches por km2 se ha incrementado de 52 a 61 entre 2012 y 2023.

Descendiendo a un análisis por países, en el año 2023 los países de la UE con mayor número de coches de pasajeros son Alemania (49,1 millones), Italia (40,9 mill.), Francia (39,5 mill.), España (26,8 mill.) y Polonia (22,0 mill.) Estos cinco países concentran, por tanto, el 70% del total de coches de la UE.

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2012-2023 en todos los países de la UE se ha incrementado el parque automovilístico de turismos, a excepción de Lituania, donde se ha reducido un 6,0%.

En términos relativos, la ratio de número de coches de pasajeros por 1.000 habitantes revela diferencias entre países. Los mayores valores se alcanzan en Italia (694), Luxemburgo (675), Chipre (665), Finlandia (664) y Estonia (630), que superan holgadamente la media de la UE (571). Por el contrario, los menores parques de coches de pasajeros por 1.000 habitantes se registran en Letonia (418), Rumanía (425), Hungría (435), Irlanda (453) y Bulgaria (466).

Para más información:

Eurostat

Comisión Europea: Libro Blanco del transporte, 2011