Estudios, análisis e informes – Página 10

La productividad energética en la economía de la UE (2000-2020)

En la transición hacia una economía sostenible un aspecto crucial a perseguir es la eficiencia energética. En el ámbito energético, junto al fomento de las energías renovables, el descenso del consumo de energía primaria y final y la reducción de la dependencia exterior, la eficiencia en el uso de la energía constituye para la Unión Europea un objetivo prioritario de su estrategia de desarrollo sostenible.

Avanzar en eficiencia energética significa aumentar la productividad, esto es, facilitar la sostenibilidad de la economía en tanto que se emplea menos energía por unidad de producto o lo que es lo mismo obtener más producción de bienes y servicios con la misma cantidad de energía.

Un indicador que nos aproxima a evaluar la productividad energética en la UE es el que publica la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En concreto, se dispone del indicador de productividad energética, que queda definido por la división entre el Producto Interior Bruto (PIB, a precios constantes de 2010) y la energía bruta disponible para un año determinado.

Los datos estadísticos publicados hasta hoy nos permiten analizar cómo ha evolucionado la productividad energética de la economía comunitaria durante el periodo 2000-2020. Como primera conclusión se constata que la productividad energética en la UE-27 ha seguido una tendencia ascendente, al pasar de los 6,3 euros por kgep en 2000 a 8,6 en 2020. Es decir, si en el año 2000 por cada kilogramo equivalente de petróleo la economía de la UE produjo 6,3 euros de PIB, en el año 2020 alcanzó a obtener 8,6 euros.

Para un análisis comparativo por países, empleamos el indicador de Producto Interior Bruto en paridad de poder de compra (PIB pps) por kilogramo equivalente de petróleo (kgep). Este indicador, al igual que el anterior, nos mide la productividad energética por unidad de producción en una economía, si bien, en este caso, ajustando el PIB por las variaciones de precios nacionales.

En el último año de 2020 el Estado de la UE-27 con mayor productividad energética de su economía ha sido Irlanda, con 22,4 euros en pps por kgep, seguido de Dinamarca (14,3), Rumanía (12,9), Luxemburgo (12,5), Italia (11,6), Alemania (10,7), Portugal (10,7), Austria (10,3) y España, todos ellos con valores superiores a la media de la UE (9,7).

Por el contrario, como países con menor productividad energética figuran Malta (5,1), Finlandia (5,8), Bulgaria (6,4), Eslovaquia (7,0), Estonia (7,0), Bélgica (7,1) y República Checa (7,4), que anotaron valores inferiores a 8,0.

Para más información:

Eurostat.

Los impuestos ambientales en España (2008-2021)

La fiscalidad ambiental constituye un importante instrumento de política pública. Su objetivo principal es orientar la producción y el consumo hacia una asignación eficiente de los recursos naturales, fomentando comportamientos de los agentes económicos menos extractivos y no contaminantes. Con la adecuada aplicación de los impuestos ambientales es posible favorecer una mayor calidad del medioambiente, gravando, por ejemplo, las emisiones de CO2 a la atmósfera, la generación de residuos, los combustibles fósiles y el transporte no sostenible.

Dicho instrumento fiscal conlleva ingresos para las arcas públicas como resultado de la aplicación de un conjunto de impuestos ambientales, en un determinado territorio, que son definidos como “aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medioambiente” (de acuerdo con la definición oficial que emplea el INE).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la extensión de la aplicación de impuestos ambientales para mitigar el cambio climático y desincentivar la producción y consumo insostenibles. La política fiscal de los Estados debería, en consecuencia, tender a otorgar un mayor peso a la recaudación por la vía de este tipo de tributos.

En el caso de España, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos permiten conocer la importancia que la esfera pública otorga a la fiscalidad verde en este país. Según los datos avance del año 2021 la recaudación de los impuestos ambientales ascendió a 21.265 millones de euros. En términos relativos, dicha cuantía representa el 7,2% del total de impuestos de la economía española. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se situó en el 1,76% en 2021.

Los impuestos ambientales se suelen agrupar en tres grandes tipos. Destacan, en primer lugar, con diferencia, los impuestos sobre la energía, cuya recaudación concentra el 82,0% de la recaudación fiscal verde española. Se trata, básicamente, del Impuesto sobre Hidrocarburos y del Impuesto sobre la Electricidad.

Les siguen, en segundo lugar, los impuestos sobre el transporte, con el 13,1% de la recaudación de todos los impuestos ambientales en 2021, materializada a través de dos tributos básicos: el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Finalmente, el grupo de los impuestos sobre la contaminación y los recursos, recauda el 4,9% restante de la recaudación de carácter ambiental en España.

Por sectores, en 2021 los hogares abonaron un total de 9.449 millones euros, esto es, el 44,4% de la recaudación ambiental total de España, frente al 55,6% que fue aportado por la actividad productiva.

Respecto a la actividad productiva, la rama económica que abonó más impuestos ambientales en 2021 fue Transporte y almacenamiento, con el 17,0% del total. Les siguen las ramas de Industria manufacturera (10,6%); Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua (10,6%); Otros servicios (6,3%); Comercio (5,5%); Construcción (2,0%); Suministro de agua actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (1,4%); Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (1,3%) e Industrias extractivas (0,9%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2008-2021 los impuestos ambientales han aumentado un 17,0%, al pasar de 18.179 a 21.265 millones de euros (en precios corrientes).

Por tipos de impuestos la recaudación ha sido desigual. Se han incrementado los ingresos procedentes de los impuestos sobre la contaminación y los recursos un 341,8% y, en menor medida, los de los impuestos sobre la energía (los de mayor peso), un 20,6%. Por el contrario, se ha reducido la recaudación de los impuestos sobre el transporte en un 20,2% durante dicho periodo.

En términos relativos, si analizamos la participación de los impuestos ambientales sobre el total de impuestos de España, se observa que durante el periodo 2008-2021 han perdido peso.

La recaudación ambiental ha pasado de representar el 8,10% de la recaudación total en 2008 al 7,20% en 2021. De hecho, como se aprecia en el siguiente gráfico, los impuestos ambientales han perdido protagonismo en la estructura fiscal española, dibujando una tendencia de continuo descenso desde el año 2015 hasta hoy.

Finalmente, como indicador complementario para conocer mejor la evolución de la importancia real de este tipo de impuestos en España, se ha calculado la presión fiscal ambiental, es decir, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB). De este modo, se concluye que la recaudación fiscal ambiental sobre el PIB español ha aumentado desde el 1,64% en 2008 hasta el 1,76% en 2021. No obstante, se constata que en 2015 dicho indicador llegó a alcanzar el 1,93%, su máximo, para, a continuación, entrar en una tendencia descendente, año tras año, que perdura hasta 2020 y apenas se recupera en 2021.

Para más información:

INE.

La dependencia energética exterior de la UE (1990-2020)

Procurar el máximo grado de soberanía energética se convierte en una cuestión cada vez más estratégica de la política energética de los países. Una baja dependencia de las importaciones contribuye a que las economías sean menos vulnerables a problemas de provisión de recursos energéticos y a imprevistas fluctuaciones alcistas de los precios que derivan, en última instancia, en un deterioro de la capacidad adquisitiva de la población y del saldo comercial del país importador, entre otros efectos. Al mismo tiempo, una menor dependencia de las importaciones de productos energéticos (que son combustibles fósiles, principalmente) se alinea con la sostenibilidad, en tanto que de fomentarse en su lugar el empleo de energías renovables se apoya la transición hacia una economía baja en carbono.

Para evaluar el mayor o menor grado de soberanía energética, la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) publica el indicador de dependencia de las importaciones de energía que queda definido en los siguientes términos:

la proporción de las necesidades energéticas totales de un país satisfechas por las importaciones de otros países, esto es, el porcentaje de importaciones netas (importaciones menos exportaciones) sobre la energía bruta disponible.

De acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, el consumo de energía en la UE continúa dependiendo en gran medida de su abastecimiento exterior. Entre 1990 y 2020 el conjunto de la UE ha visto aumentar su grado de dependencia energética desde el 50,0% hasta el 57,5%.

Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución seguida por el indicador de dependencia energética en la UE ha estado muy condicionada por la naturaleza del ciclo que atraviesa la economía, ya sea expansivo o contractivo. Durante los años de la Gran Recesión el valor del indicador de dependencia energética se redujo, interrumpiendo de forma clara la tendencia ascendente que venía registrando desde 1990, para, después, a partir de 2014, una vez pasados los años de crisis económica, retomar su senda creciente. Más recientemente, en el último año 2020, con la irrupción de la pandemia del COVID-19, el grado de dependencia energética vuelve a retroceder, unos tres puntos porcentuales respecto a 2019, como consecuencia de las medidas de restricciones a la actividad y movilidad adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria.

En un análisis por tipos, el petróleo y sus derivados, que son los productos energéticos más demandados, presentan la mayor tasa de dependencia exterior. En 2020 el 97% de su demanda ha tenido que ser importado de terceros países, porcentaje que supera el 93,1% registrado en 1990.

A continuación, para el gas natural, el segundo producto energético más demandado, la tasa de dependencia exterior es del 83,6% en 2020, muy superior a la que tenía en 1990 (51,8%).

Respecto a los combustibles fósiles sólidos, el tercer producto energético más demandado, en 2020 el 35,8% de su consumo ha sido cubierto a través de importaciones. Este porcentaje también supera el registrado en 1990 (18,7%).

Atendiendo a un análisis por países, los últimos datos disponibles de Eurostat nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de productos energéticos continúa siendo elevado en la mayoría de los países de la UE. Un total de 17 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2020.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones netas sobre su energía bruta disponible del 97,6%, Chipre (93,1%) y Luxemburgo (92,5%). A continuación les siguen Grecia (81,4%), Bélgica (78,1%), Lituania (74,9%), Italia (73,5%) e Irlanda (71,3%), entre otros.

Por el contrario, los países con un grado de dependencia exterior menor son Estonia (10,5%), Rumanía (28,2%), Suecia (33,5%), Bulgaria (35,9%) y República Checa (38,9%)

Desde una perspectiva temporal amplia, que abarca las tres últimas décadas (1990-2020), los Estados que más han aumentado su tasa de dependencia energética exterior han sido Países Bajos (de 23,7% a 68,1%), Polonia (de 0,9% a 42,8%) y República Checa (de 15,2% a 38,9%). En sentido contrario, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más su dependencia energética exterior durante el periodo analizado: Letonia (de 89,0% a 45,5%), Estonia (de 41,0% a 10,5%) y Bulgaria (de 63,4% a 37,9%).

Para más información:

Eurostat.

El índice de desarrollo humano de los países del mundo (2021)

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Para tener una comprensión más completa del desarrollo de los países, que supere las limitaciones intrínsecas del ampliamente utilizado indicador de Producto Interior Bruto per cápita, nació el enfoque del desarrollo humano. Desde esta aproximación alternativa el nivel de desarrollo de un país o región está condicionado no solo por los ingresos de sus habitantes sino también por ámbitos tan importantes para el ser humano como la salud y la educación.

En esencia, el desarrollo humano lo conforman tres dimensiones básicas que son susceptibles de ser evaluadas a través de indicadores adecuadamente definidos:

Salud. Se toma como indicador para su evaluación la Esperanza de vida al nacer.
Educación. Se evalúa a través de dos indicadores: Años de escolaridad esperados y Promedio de años de educación recibidos.
Nivel de vida. Para evaluar los progresos respecto a un nivel de vida decente se emplea como indicador la Renta Nacional Bruta per cápita (2017 PPP $).

A partir de estos cuatro indicadores se calculan los tres índices normalizados que corresponden a las dimensiones de salud, educación y nivel de vida, y con los que, aplicando la media geométrica, se construye el Índice de Desarrollo Humano (IDH).

Desde 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) viene publicando con carácter anual los resultados del IDH para todos los países del mundo en su Informe sobre Desarrollo Humano. Con la edición de 2021-2022 de dicho Informe disponemos de los resultados del IDH, correspondientes al año 2021, que nos permiten conocer el nivel de desarrollo humano de un total de 191 países del planeta.

Asimismo, desde una perspectiva temporal, con los datos publicados en este último Informe, podemos también analizar cómo ha evolucionado el índice de desarrollo humano a nivel global durante el periodo comprendido entre los años 1990 y 2021.

Los resultados obtenidos concluyen que el IDH global ha seguido una trayectoria ascendente, pasando de un valor de 0,600 en 1990 a otro de 0,732 en 2021. Sin embargo, como se muestra en el siguiente gráfico, los dos últimos años de 2020 y 2021 han estado marcados por importantes retrocesos en el desarrollo humano como consecuencia de la irrupción de la pandemia de COVID-19 que, como se expone en el propio Informe, ha causado enormes estragos en las vidas y los medios de subsistencia en todo el mundo.

En suma, el IDH global de 2021 ha retrocedido hasta valores inferiores a los del año 2017. Durante 2020, el primer año de la pandemia, casi todos los países del mundo experimentaron retrocesos en términos de desarrollo humano. Ya en 2021 la mayoría de los países con un IDH bajo, medio y alto registraron descensos continuados.

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En un análisis más detallado por países, tenemos que dentro del grupo de los de mayor índice de desarrollo humano se encuentra, en primer lugar, Suiza, con una puntuación de 0,962. Se trata de un país que, a pesar de no ser el de mayor renta per cápita del mundo, ya que toma la posición sexta en la dimensión de nivel de vida, logra alcanzar, dados los buenos resultados en salud y educación, el primer puesto en desarrollo humano. Como contraste, países como Catar, con el tercer mayor nivel de renta per cápita del mundo, ocupa la posición 42 en el índice de desarrollo humano. O también el caso de Brunéi que, con la novena mayor renta per cápita mundial el índice de desarrollo humano lo relega a la posición 51, dada su peor situación relativa en los ámbitos de educación y salud.

Tras Suiza, le siguen con mayores puntuaciones del IDH Noruega, Islandia, Hong Kong (China SAR), Australia, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Alemania, Países Bajos y Finlandia, todos ellos con un valor del IDH superior o igual a 0,940. Cierra el grupo de los 25 países con mayor IDH Austria (0,916), cuya posición en nivel de desarrollo humano (25) es peor a la que toma en renta per cápita (17).

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En el otro extremo del mundo, se encuentra Sudán del Sur que toma el menor nivel de desarrollo humano, con un valor del IDH (0,385) que es 2,5 veces inferior al de Suiza (0,962). La posición de Sudán del Sur en desarrollo humano (191) es similar a la que ocupa en la dimensión de nivel de vida o renta per cápita (190), presentando también posiciones muy bajas en esperanza de vida (187) y en los dos indicadores de educación (191 y 151).

Le siguen, dentro del grupo de países con menor IDH, Chad, Níger, República Centroafricana, Burundi, Mali, Mozambique y Burkina Faso, todos ellos del continente africano, con un valor del IDH inferior a 0,450. Los demás países que completan el grupo de los 25 con menor IDH se encuentran mayoritariamente también en África, y presentan igualmente valores muy bajos en renta per cápita, esperanza de vida y educación.

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Para más información:

UNDP: Human Development Report 2021-22.

El transporte y las energías renovables en la Unión Europea (2004-2020)

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La Unión Europea estableció en la Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2007 («Programa de trabajo de la energía renovable – Las energías renovables en el siglo XXI: Construcción de un futuro más sostenible») como objetivo para el sector del transporte que en el año 2020 el 10% de la energía consumida proceda de fuentes de energía renovables.

El propósito de la UE es, por tanto, potenciar que la energía consumida por el sector del transporte provenga de biocombustibles líquidos, hidrógeno, biometano y electricidad verde (a partir de energías renovables como la eólica, solar e hidráulica), en lugar de los tradicionales combustibles fósiles.

Atendiendo a los últimos datos disponibles elaborados por la Oficina Estadística de la UE (Eurostat), estamos en condiciones de realizar una primera evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos marcados en la Comunicación de la Comisión en este ámbito, quince años después de su aprobación.

Según dicho organismo estadístico europeo, en el año 2004 el porcentaje de energía consumida en el sector del transporte procedente de fuentes renovables en la UE-27 ascendía al 1,6%, porcentaje muy alejado del objetivo del 10% marcado para 2020.

Durante el periodo 2004-2020, la participación de la cuota de energía renovable en el transporte, que partió de un registro muy bajo, ha tomado una senda ascendente año a año, con la excepción de 2011 cuando se redujo. Finalmente, los últimos datos publicados nos indican que la UE como conjunto ha logrado que en 2020 el 10,2% del consumo final de energía en el sector del transporte proceda de energías renovables. De este modo se logra cumplir con el compromiso del objetivo del 10% marcado para dicho año.

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No obstante, dicho cumplimiento del objetivo necesita ser matizado. Antes de 2020, esto es, durante el periodo 2004-2019 la participación de las energías renovables en el sector del transporte aumentó a un ritmo de 0,5 p.p. al año. Por lo tanto, resulta un hecho extraordinario que en 2020 dicha cuota de participación haya aumentado en 1,4 p.p. respecto a 2019, permitiendo superar el objetivo del 10%.

Muy posiblemente estos resultados favorables vienen explicados en buena parte por tratarse de un año 2020 muy marcado por los efectos de la crisis del COVID-19. En dicho año las necesarias medidas de restricción de la movilidad y la actividad aplicadas en Europa para frenar la pandemia tuvieron su reflejo en una caída brusca del consumo de energía. De acuerdo también con los últimos datos de Eurostat, el consumo total de energía en la UE se redujo un 6% en 2020 respecto al año anterior, descenso que fue muy superior en el sector del transporte (-13%).

Además, en un análisis por países, cabe destacar que se observan diferencias importantes en el grado del cumplimiento de los objetivos, según los datos disponibles de Eurostat. Recordemos que el compromiso del 10% para 2020 es extensible a cada uno de los Estados miembros de la UE-27 por igual.

Así, en 2020 Suecia, con el 31,9%, fue, con diferencia, el país de la UE-27 con el mayor porcentaje de participación de energía de fuentes renovables en el transporte sobre el consumo final bruto de energía. Le siguen, a distancia, los siguientes países que también han conseguido alcanzar el objetivo del 10% programado para el año 2020: Finlandia (13,4%), los Países Bajos (12,6%), Luxemburgo (12,6%), Estonia (12,2%), Hungría (11,6%), Bélgica (11,0%), Eslovenia (10,9%), Italia (10,7%), Malta (10,6%), Austria (10,3%) e Irlanda (10,2%).

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En el otro extremo, los menores porcentajes de implantación de las energías renovables en el transporte correspondieron en 2020 a Grecia (5,3%), Lituania (5,5%), Polonia (6,6%), Croacia (6,6%) y Letonia (6,7%).

En suma, la mayoría de los países, un total de 15, presentaron porcentajes inferiores al objetivo del 10% marcado por la Unión Europea para el año 2020.

Para más información:

Eurostat

Electricidad y energías renovables en la Unión Europea (2004-2020)

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Entre los objetivos principales de la política energética de la Unión Europea ha tomado especial protagonismo durante los últimos años el fomento del uso de las energías renovables.

Como establece la Directiva (UE) 2018/2001 en su artículo 3.1, la Unión Europea tiene un compromiso vinculante para cumplir a más tardar en 2030 en relación con la cuota general de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final de energía:

«Los Estados miembros velarán conjuntamente por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de al menos el 32% del consumo final bruto de energía de la UE en 2030».

Dicha cuota de energías renovables se calcula como la suma, por un lado, del consumo final bruto de electricidad generada por fuentes renovables y, por otro, del consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables en los sectores de calefacción y refrigeración y del transporte.

Para facilitar el cumplimiento del objetivo del 32% la UE se ha propuesto, en el ámbito de la generación de electricidad, reducir el empleo de los combustibles fósiles (petróleo, gas natural…), responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera que provocan el calentamiento global del planeta, para ser sustituidos por fuentes energéticas renovables (solar, eólica, hidráulica…).

Como expresa el Pacto Verde Europeo de 2019:

«Proseguir el proceso de descarbonización del sistema energético es esencial para la consecución de los objetivos climáticos de 2030 y 2050 (…) Ha de desarrollarse un sector eléctrico basado en gran medida en fuentes renovables, completado con un rápido proceso de eliminación del carbón y con la descarbonización del gas».

Los datos disponibles en Eurostat nos permiten evaluar la intensidad de los avances logrados en la introducción de las fuentes renovables en sector eléctrico de la UE desde 2004.

Según dicho organismo estadístico europeo, el porcentaje de consumo final bruto de electricidad procedente de fuentes renovables en la UE-27 ascendía en el año 2004 al 15,9% del total, porcentaje que ha ido aumentando paulatinamente en el transcurso de los años de forma ininterrumpida. En el año 2012 se logra que la cuarta parte de la electricidad consumida (el 25,2%) sea de origen renovable; en 2018, con un 32,2%, se llega a duplicar el porcentaje de 2004.

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Finalmente, en el último año de 2020 el porcentaje de la media de la UE-27 asciende a 37,5%, esto es, 3,4 puntos porcentuales más que en el año anterior.

Por tipos de energías, según Eurostat la electricidad generada a partir de energías renovables procedió principalmente de dos fuentes: energía eólica (36%) y energía hidráulica (33%), aportando entre ambas más de dos tercios del total. En tercer lugar, la energía solar, que es la fuente que ha tenido una implantación más rápida, participa con el 14%. Le siguen los biocombustibles sólidos (8%) y otras energías renovables (8%).

En un análisis por países, continúan apreciándose diferencias notables respecto al grado de implantación de la «electricidad verde».

En 2020 Austria, con el 78,2%, fue el país de la UE-27 con el mayor porcentaje de participación de energías renovables en el consumo final bruto de electricidad. Le siguen Suecia (74,5%), Dinamarca (65,3%), Portugal (58,0%), Croacia (53,8%) y Letonia (53,4%), todos ellos con porcentajes superiores al 50%.

A continuación, otros países que también superan la media de la Unión Europea (37,5%) son Alemania (44,7%), Rumanía (43,4%), España (42,9%), Finlandia (39,6%), Irlanda (39,1%) e Italia (38,1%).

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Por el contrario, los menores porcentajes de implantación de las energías renovables en el sector eléctrico correspondieron en 2020 a Malta (9,5%), Hungría (11,9%), Chipre (12,0%), Luxemburgo (13,9%), República Checa (14,8%) y Polonia (16,2%), con valores inferiores al 20%.

Para más información:

Eurostat

El consumo de energía final en la Unión Europea (1990-2020)

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La Unión Europea en su hoja de ruta medioambiental y de lucha contra el cambio climático establece en las actuales Directivas comunitarias de eficiencia energética dos objetivos cuantificados de reducción de consumo de energía en el seno de la UE, que quedan fijados en un 20% para 2020 y un 32,5% para 2030 respecto a sus proyecciones de base.

Para evaluar los avances en el cumplimiento de dichos compromisos se propuso el seguimiento de dos indicadores principales: reducción del consumo de energía primaria y reducción del consumo de energía final.

Los últimos datos de 2020 publicados por Eurostat, que analizamos a continuación, nos permiten valorar si se están produciendo los avances programados en el cumplimiento de dichos objetivos energéticos, en especial el fijado para el primer horizonte temporal.

Respecto al segundo de los indicadores, el consumo de energía final mide la energía total consumida por los usuarios finales (hogares, administración pública, agricultura, ganadería, pesca, industria, transporte, comercio y demás servicios). De acuerdo con la definición de Eurostat, excluye la energía utilizada por el sector energético, incluso para entregas y transformación.

En términos cuantitativos, se ha establecido que para el conjunto de la UE-27 el total de consumo de energía final no supere los 959 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en 2020 ni los 846 Mtep en 2030.

A la luz de los últimos datos disponibles de Eurostat se constata que el consumo total de energía final fue de 906,8 Mtep en 2020. Ello supone, por tanto, que con dicho nivel de consumo energético la UE ha cumplido su primer objetivo de eficiencia energética establecido para 2020, incluso sobrepasándolo en un 5,4%. Respecto a 2030 el nivel de consumo de energía final se encuentra aún distanciado en un 7,2%.

Con un análisis más detallado referido al periodo 1990-2020 puede observarse que el consumo de energía final, que se cifró en 952 Mtep en 1990, ha seguido en general una senda de crecimiento continuado hasta alcanzar su máximo en el año 2006, con 1.046 Mtep. Posteriormente, durante los años 2008-2014 con la crisis económica de la Gran Recesión, el consumo energético inflexionó a la baja, llegando a registrar niveles inferiores a los del comienzo de la serie en 1990. A continuación, la reactivación de la economía europea supuso un retorno al incremento del consumo de energía, que solo se ha visto moderado durante los últimos dos años, en especial en 2020.

El año 2020 estuvo marcado por la irrupción de la pandemia del COVID-19 que en términos de consumo energético trajo consigo un nivel extraordinariamente bajo. Las necesarias medidas restrictivas sobre la movilidad y la actividad económica para afrontar la crisis sanitaria en los países de la UE explican el atípico descenso del 8,1% del consumo de energía final en dicho año (907 Mtep). Ello exige, por tanto, mucha cautela a la hora de concluir que la UE ha logrado alcanzar el objetivo energético fijado para el horizonte temporal de 2020 (959 Mtep).

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Además, como se ha analizado, la evolución que muestran los datos de consumo energía final (al igual que los de energía primaria) durante todo el periodo 1990-2020 nos revela que el consumo de energía sigue siendo muy sensible al ciclo, expansivo o recesivo, que presente la actividad económica, no alcanzándose el deseado desacoplamiento entre crecimiento económico y consumo energético. Todo parece indicar que, con la reactivación de la economía en los años posteriores a la pandemia, si no se implementan medidas más ambiciosas, el consumo de energía volverá a inflexionar a alza.

En un análisis por países, considerando el amplio periodo de 1990-2020, se concluye que en el seno de la Unión Europea el consumo de energía final se ha reducido en 15 de los 27 Estados miembros, mientras que en los 12 países restantes se ha incrementado.

Sin embargo, si tomamos los años 1990-2019 (excluyendo, por tanto, el año del COVID-19) los resultados son bien diferentes: ha aumentado el consumo de energía final en 18 países frente a los 9 restantes que han conseguido reducir su consumo energético. Así, los mayores aumentos porcentuales se han anotado en Malta (105,9%), Chipre (72,7%), Irlanda (68,9%), España (51,0%), Austria (46,3%), Portugal (43,3%), Luxemburgo (33,7%) y Eslovenia (31,4%). Por el contrario, los mayores descensos relativos los han registrado Estonia (-46,9%), Rumanía (-46,0%), Lituania (-42,1%), Bulgaria (-39,5%) y Letonia (-36,1%).

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Para más información:

Eurostat

Directiva 2012/27 UE de eficiencia energética

Directiva (UE) 2018/2002 de eficiencia energética revisada

El consumo de energía primaria en la Unión Europea (1990-2020)

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La eficiencia energética constituye uno de los principales compromisos asumidos por la Unión Europea en su hoja de ruta medioambiental y de lucha contra el cambio climático. Por tal motivo, las actuales Directivas comunitarias de eficiencia energética contemplan objetivos cuantificados de reducción de consumo de energía en el seno de la UE, que quedan fijados en un 20% para 2020 y un 32,5% para 2030 respecto a sus proyecciones de base.

El propósito de aumentar la eficiencia energética se viene evaluando a través del seguimiento de dos indicadores principales: reducción del consumo de energía primaria y reducción del consumo de energía final.

Respecto al primero de los indicadores, el consumo de energía primaria mide la demanda total de energía de un país procedente de fuentes primarias (petróleo, gas natural, carbón, nuclear, renovables…). De acuerdo con Eurostat incluye el consumo del propio sector energético, las pérdidas producidas durante la transformación (por ejemplo, de petróleo o gas en electricidad) y distribución de energía, y el consumo de los usuarios finales. Asimismo, excluye los consumos sin fines energéticos (por ejemplo, el petróleo no utilizado para combustión sino para la producción de plásticos).

En términos cuantitativos, se ha establecido que para el conjunto de la UE-27 el total de consumo de energía primaria no supere los 1.312 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en 2020 ni los 1.128 Mtep en 2030.

Analizando los últimos datos disponibles de Eurostat, se constata que el consumo total de energía primaria fue de 1.236 Mtep en 2020. Ello supone, por tanto, que con dicho nivel de consumo energético la UE ha cumplido su primer objetivo de eficiencia energética establecido para 2020, incluso sobrepasándolo en un 5,8%. Respecto a 2030 el nivel de consumo de energía primaria se encuentra aún distanciado en un 9,6%.

Un análisis más detallado se puede obtener a partir del siguiente gráfico referido al periodo 1990-2020. Como puede observarse el consumo de energía primaria, que se cifró en 1.367 Mtep en 1990, ha seguido en general una senda de crecimiento continuado hasta alcanzar su máximo en el año 2006, con 1.511 Mtep. Posteriormente, durante los años 2008-2014 con la crisis económica de la Gran Recesión, el consumo energético inflexionó a la baja, llegando a registrar niveles inferiores a los del comienzo de la serie en 1990. A continuación, la reactivación de la economía europea conllevó de nuevo una tendencia a aumentar el consumo de energía, que solo se ha visto moderado durante los últimos tres años, en especial en 2020.

La irrupción de la pandemia del COVID-19 ha marcado, sin duda, el nivel de consumo energético registrado en 2020. Las necesarias medidas restrictivas sobre la movilidad y la actividad económica para afrontar la crisis sanitaria en los países de la UE explican el atípico descenso del 8,7% del consumo de energía primaria en dicho año (1.236 Mtep). Ello exige, por tanto, mantener mucha cautela a la hora de concluir que la UE ha logrado alcanzar el objetivo energético marcado para el horizonte temporal de 2020 (1.312 Mtep).

G_Energía primaria_1990_2020_UE

Además, como se ha analizado, la evolución que muestran los datos de consumo energía primaria durante todo el periodo 1990-2020 nos revela que el consumo de energía sigue siendo muy sensible al ciclo, expansivo o recesivo, que presente la actividad económica, no alcanzándose el deseado desacoplamiento entre crecimiento económico y consumo energético. Todo parece indicar que, con la reactivación de la economía en los años posteriores a la pandemia, si no se implementan medidas más ambiciosas, el consumo de energía volverá a inflexionar al alza.

En un análisis por países, considerando el amplio periodo de 1990-2020, se concluye que en el seno de la Unión Europea el consumo de energía primaria se ha reducido en 19 de los 27 Estados miembros, mientras que en los ocho países restantes se ha incrementado.

Sin embargo, si tomamos los años 1990-2019 (excluyendo, por tanto, el año del COVID-19) los resultados son bien diferentes: ha aumentado el consumo de energía primaria en 16 países frente a los 11 restantes que han conseguido reducir su consumo energético. Así, los mayores aumentos porcentuales se han anotado en Chipre (57,2%), Irlanda (52,5%), España (46,2%), Portugal (46,2%), Austria (36,3%) y Luxemburgo (28,9%). Por el contrario, los mayores descensos relativos los han registrado Lituania (-58,9%), Estonia (-50,0%), Rumanía (-48,5%), Letonia (-41,6%) y Bulgaria (-32,1%).

G_Energía primaria_1990_2019_países

La lectura de los resultados hallados hasta ahora induce a pensar que solo la aplicación de medidas más decididas y extensivas de ahorro energético por parte de todos los agentes económicos de la UE y sus Estados miembros puede hacer que la senda de consumo de energía primaria dibuje una senda claramente descendente, tan necesaria en un contexto actual de crisis climática y medioambiental, de problemas de agotamiento de combustibles fósiles y de falta de soberanía energética.

Para más información:

Eurostat

Directiva 2012/27 UE de eficiencia energética

Directiva (UE) 2018/2002 de eficiencia energética revisada

La evolución de las aves en la UE (1990-2020)

Como expresa la Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030 “la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se encuentran entre las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad ante la próxima década”.

Un magnífico indicador que nos alerta de cómo está evolucionando la calidad y cantidad de los ecosistemas son las aves. Gracias a la comunidad científica sabemos que la presencia de aves es un buen semáforo de la salud de los ecosistemas, de su diversidad e integridad.

La mayor o menor población de aves, así como su mayor o menor diversidad de especies, en un ecosistema determinado, nos permite conocer más sobre la calidad del propio ecosistema donde se alimentan, viven y respiran. En definitiva, las aves nos adelantan información valiosa sobre la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad real del resultado final que originan las diversas actividades (producción, consumo…) que llevamos a cabo los humanos con nuestras metas de desarrollo.

En el contexto europeo, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) viene publicando desde hace años el Índice de Aves Comunes, que nos informa desde un punto de vista cuantitativo sobre cómo ha evolucionado la presencia de aves en Europa. Dicho índice recoge las observaciones obtenidas en los 27 Estados miembros de la UE para un total de 167 especies de aves que viven en tierras de cultivo (39), en ecosistemas forestales (34) y en otros hábitats como parques y jardines (94).

Se cuenta con un amplio horizonte temporal (1990-2020) para dicho Índice de Aves Comunes de la UE, que toma como base de referencia el año 2000 (índice 2000=100). Y los resultados obtenidos hasta hoy no son satisfactorios, bien al contrario. Todo apunta que durante las tres últimas décadas hemos asistido a una continuada disminución de las poblaciones de aves en la Unión Europea y, por tanto, también al progresivo deterioro de nuestros espacios naturales. Como se observa en el siguiente gráfico, dicho índice de aves ha descendido desde un valor de 104,2 en el año 1990 a 90,4 en 2020, lo que supone una caída del 13,3%.

De forma complementaria al Índice de todas las Aves Comunes, Eurostat elabora otros dos índices compuestos. El primero, el índice de aves comunes de bosques, circunscrito a 34 especies, nos revela que se ha producido un descenso del 3,3% durante el periodo 1990-2020, al pasar de 106,7 a 103,3. Con este indicador se aprecia que solo durante la última década se ha logrado una mejoría, si bien paulatina, tras los sucesivos descensos registrados en los veinte años previos.

Por su parte, el segundo índice, el índice de aves comunes de tierras de cultivo, que comprende 39 especies, presenta una tendencia claramente descendente entre 1990 (119,8) y 2020 (75,6), habiéndose registrado, por tanto, una reducción del 36,9% en el periodo analizado. Como afirma la propia Estrategia para la biodiversidad 2030 las aves de hábitats agrícolas son indicadores clave de la salud de los agroecosistemas y vitales para la producción agrícola y la seguridad alimentaria, concluyendo que “su alarmante disminución tiene que invertirse”.

En el ámbito de las aves, cabe recordar asimismo lo que ya expresaba la Directiva comunitaria relativa a la conservación de las aves silvestres en el año 2009:

«En el territorio europeo de los Estados miembros, una gran cantidad de especies de aves que viven normalmente en estado salvaje padecen de una regresión en su población, muy rápida en algunos casos, y dicha regresión constituye un grave peligro para la conservación del medio natural, en particular debido a la amenaza que supone para el equilibrio biológico».

Para más información:

Eurostat

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres

Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030

Evaluando la sostenibilidad de las ciudades (ODS11) en 2022

En 2015 las Naciones Unidas puso en marcha un ambicioso proyecto de carácter mundial: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este documento establece compromisos que se concretan en un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que abordan las tres dimensiones del desarrollo: social, económica y medioambiental. Uno de esos objetivos es el ODS11 dedicado a Ciudades y comunidades sostenibles.

En la Agenda 2030 el ODS11 queda definido en los siguientes términos:

«Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles»

La consecución del ODS11 compromete a los países del planeta a adoptar medidas como las siguientes:

Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público.
Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible.
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural.
Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres.
Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, con especial atención a la calidad del aire y la gestión de los residuos.
Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.

Para conocer los progresos que van alcanzando los países respecto a los 17 ODS, SDSN y Bertelsmann Stiftung han venido elaborando periódicamente Informes de evaluación desde 2015. Su metodología utiliza índices sintéticos, cuyos valores pueden oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación, y 100, cuando, por el contrario, el país se encuentra en la mejor posición respecto al cumplimiento de los ODS.

La última edición del Informe, Sustainable Development Report 2022, nos permite conocer de forma aproximada la situación más actual de las ciudades y comunidades del planeta, país por país, y en qué grado se va cumpliendo el ODS11 ante el horizonte temporal fijado para 2030.

En el caso del ODS11 se ha construido un índice sintético a partir de cuatro indicadores disponibles para un total de 162 países. Son los siguientes:

Porcentaje de población urbana que vive en barrios marginales.
Concentración anual media de partículas de menos de 2,5 micrones de diámetro en zonas urbanas (mg/m3).
Porcentaje urbana de población con acceso a agua potable.
Grado de satisfacción de la población con el transporte público.

En el Informe de 2022 se hace particular mención a los impactos que ha traído la pandemia del COVID-19. La crisis sanitaria ha afectado a las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y medioambiental) y, por tanto, a varios de los 17 ODS. Por lo que se refiere al ODS11 se concluye que, de acuerdo con los datos disponibles, los impactos socioeconómicos y sanitarios de la pandemia han sido más intensos para las personas que viven en barrios marginales o zonas desfavorecidas de las ciudades.

En un análisis por países, los resultados obtenidos correspondientes al ODS11 (Ciudades y comunidades sostenibles) concluyen que de los 162 países evaluados el mejor situado es Brunéi (99,8). No obstante, es necesario destacar que este resultado debe de interpretarse con cautela ya que para el caso de Brunéi en dos de los cuatro indicadores que miden el ODS11, en concreto “población en barrios marginales” y “satisfacción del transporte público”, el Informe de 2022 no ha dispuesto de datos.

A continuación, se encuentra con el mayor valor del índice del ODS11, con una puntuación próxima a 100, es decir, el máximo cumplimiento del ODS11 de la Agenda 2030, Suiza (99,1). Le siguen también con altas puntuaciones Luxemburgo (97,1), Países Bajos (96,5), Dinamarca (95,1), República Checa (94,9), Singapur (94,7), Noruega (94,0), Fiyi (93,5) y España (93,1).

De este grupo de países tres presentan sus cuatro indicadores del ODS11 en color «verde», es decir, progresan satisfactoriamente en el cumplimiento de este objetivo: Suiza, Luxemburgo y Dinamarca.

Por el contrario, los países con la situación relativa más desfavorable respecto al grado de sostenibilidad de sus ciudades y comunidades son Sudán del Sur (13,8) y República Centroafricana (16,2). Para ambos los cuatro indicadores del ODS11 permanecen «en rojo» (persisten grandes retos). Les siguen con bajas puntuaciones otros países también principalmente africanos: Nigeria (26,2), Chad (26,7), Liberia (28,2), Afganistán (29,3) y Sudán (30,3). Asimismo, con puntuaciones inferiores a 40 se encuentran Haití (31,7), Catar (35,7), Sierra Leona (35,9), Togo (37,2) y Mauritania (38,6).

Por su especial importancia económica y/o demográfica, cabe mencionar, en particular, a cuatro países: Estados Unidos, que ocupa la posición 19 en el ranking mundial del índice del ODS11, Federación Rusa (41), China (65) y la India (133).

Finalmente, hay que destacar que las diferencias entre países son particularmente grandes en el ODS11, cifrándose una distancia de 86 puntos entre los países mejor y peor situados. Dicha brecha es muy superior a la que existe si utilizamos el índice general de los 17 ODS, que se cuantifica en 47,5 puntos.

Para más información:

SDSN: Sustainable Development Report 2022.