Categoría: Estudios, análisis e informes

La evolución de las aves en la UE (1990-2023)

Como expresa la Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030 “la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se encuentran entre las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad ante la próxima década”.

Un magnífico indicador que nos alerta de cómo está evolucionando la calidad y cantidad de los ecosistemas naturales son las aves. Gracias a la comunidad científica sabemos que la presencia de aves es un buen semáforo de la salud de los ecosistemas, de su diversidad e integridad.

La mayor o menor población de aves, así como su mayor o menor diversidad de especies, en un ecosistema determinado, nos permite conocer más sobre la calidad del propio ecosistema donde se alimentan, viven y respiran. En definitiva, las aves nos adelantan información valiosa sobre la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad real de las actuaciones que llevamos a cabo los humanos a la hora de producir, consumir y movernos.

En el contexto europeo, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) viene publicando desde hace años el Índice de Aves Comunes, que nos informa de forma cuantitativa sobre cómo ha evolucionado la presencia de aves en Europa. Dicho índice recoge las observaciones obtenidas en los 27 Estados miembros de la UE para un total de 168 especies de aves que viven en tierras de cultivo (39), en ecosistemas forestales (34) y en otros hábitats como parques y jardines (95).

Se cuenta con un amplio horizonte temporal (1990-2023) para evaluar la tendencia de dicho Índice de Aves Comunes de la UE. Los resultados obtenidos hasta hoy apuntan que durante las tres últimas décadas hemos asistido a una continuada disminución de las poblaciones de aves en la Unión Europea y, por tanto, también al progresivo deterioro de nuestros espacios naturales. Como se observa en el siguiente gráfico, dicho índice de aves, que toma como año base 1990, ha descendido desde un valor de 100,0 en el año 1990 a 85,0 en 2023, lo que supone una caída del 15,0%.

De forma complementaria al Índice de todas las Aves Comunes, Eurostat elabora otros dos índices compuestos. El primero, el índice de aves comunes de bosques, circunscrito a 34 especies, nos revela que se ha producido un descenso del 4,5% durante el periodo 1990-2023, al pasar de 100,0 a 95,5. Con este indicador se aprecia que sólo durante el último decenio se ha logrado una tendencia de recuperación, si bien no completa, tras los continuados descensos registrados en los veinte primeros años del periodo.

Por su parte, el segundo índice, el índice de aves comunes de tierras de cultivo, que comprende 39 especies, presenta una tendencia significativamente descendente entre 1990 (100,0) y 2023 (57,9), habiéndose registrado, por tanto, una reducción del 42,1% en el periodo analizado. Como afirma la propia Estrategia para la biodiversidad 2030 las aves de hábitats agrícolas son indicadores clave de la salud de los agroecosistemas y vitales para la producción agrícola y la seguridad alimentaria, concluyendo que “su alarmante disminución tiene que invertirse”.

En el ámbito de las aves, cabe recordar asimismo lo que ya expresaba la Directiva comunitaria relativa a la conservación de las aves silvestres en el año 2009:

«En el territorio europeo de los Estados miembros, una gran cantidad de especies de aves que viven normalmente en estado salvaje padecen de una regresión en su población, muy rápida en algunos casos, y dicha regresión constituye un grave peligro para la conservación del medio natural, en particular debido a la amenaza que supone para el equilibrio biológico».

Para más información:

Eurostat

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres

Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030

Una evaluación del entorno y medioambiente en la calidad de vida de España (2023)

Uno de los aspectos básicos que determinan la calidad de vida de las personas es, sin duda, la situación de su entorno y medioambiente.

En el caso de España, disponemos del Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un indicador sintético que se construye a partir de la agregación de un conjunto amplio pero limitado de indicadores individuales que cubren la evaluación de nueve dimensiones básicas relacionadas con la calidad de vida, entre las que se encuentra Entorno y medioambiente. Son las siguientes:

  1. Condiciones materiales de vida.
  2. Trabajo.
  3. Salud.
  4. Educación.
  5. Ocio y relaciones sociales.
  6. Seguridad física y personal.
  7. Gobernanza y derechos básicos.
  8. Entorno y medioambiente.
  9. Experiencia general de la vida.

Desde el punto de vista metodológico la evaluación de cada una de estas dimensiones comporta la selección de los indicadores disponibles más apropiados. En el caso de la dimensión Entorno y medioambiente el INE ha escogido para su evaluación indicadores que abarcan los siguientes ámbitos:

Los últimos datos desagregados del IMCV publicados por el INE, que corresponden al año 2023, permiten aproximarnos a evaluar la situación más actual de la dimensión Entorno y medioambiente en España y sus Comunidades y Ciudades Autónomas, así como conocer su evolución desde el año 2008.

De acuerdo con el IMCV, en 2023 el indicador de valoración de la dimensión Entorno y medioambiente en España se situó en 102,0 puntos, esto es, 0,5 puntos más que en el año anterior. Asimismo, supera ligeramente el 101,5, que es el valor que toma el índice general de calidad de vida (IMCV) en dicho año, mejorando, en este caso, solamente 0,1 puntos respecto a 2022.

Analizando las nueve dimensiones que comprenden el IMCV, el Entorno y medioambiente (102,0) es la tercera mejor valorada por la población española, tras Experiencia general de la vida (103,0) y Educación (110,0).

Desde un enfoque territorial, se detectan significativas diferencias en la valoración del entorno y medioambiente, según la Comunidad Autónoma donde se resida. En 2023, los mayores valores de esa dimensión del IMCV general los presentan las Autonomías de Navarra, Castilla y León, Cantabria, La Rioja y País Vasco. Por el contrario, los menores valores para el medio ambiente los otorgan los habitantes de Ceuta, Melilla, Canarias, Galicia y Andalucía.

Desde una perspectiva temporal, el IMCV apunta que globalmente durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2023, la calidad de vida en España se ha incrementado, pasando de 100 a 101,5 puntos. Por su parte, la dimensión Entorno y medioambiente ha aumentado desde 100 a 102,0 puntos en dicho periodo.

Centrándonos en los diferentes aspectos que conforman la calidad del entorno y el medioambiente, cabe destacar que, de acuerdo con los datos del INE, durante el periodo 2008-2023, se ha producido una mejoría respecto a la exposición de la población a la contaminación del aire, mientras que, por el contrario, se ha intensificado el problema de la contaminación acústica.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, durante el periodo 2008-2023 la valoración de la calidad del entorno y medioambiente ha pasado por diversas fases. Se registran unos primeros años de mejoría, a los que siguen otros de estancamiento y de repunte, que se ve interrumpido por la crisis sanitaria del COVID-19, pues provoca un significativo retroceso. Sólo en 2023 se detecta una ligera recuperación que, sin embargo, no permite que la población española retorne a la situación que tenía en 2019, año previo a la pandemia. Asimismo, la mejor valoración de la dimensión Entorno y medioambiente respecto al IMCV ha tendido a estrecharse durante el periodo analizado.

Para más información:

Instituto Nacional de Estadística.

Evaluando la calidad de vida en España (2023)

La cuestión de la evaluación del desarrollo de los países ha sido tradicionalmente estudiada desde un enfoque exclusivamente productivista. Aún hoy se continúa postulando que un mayor crecimiento de la actividad económica conlleva necesariamente más desarrollo y bienestar para la población. De esta forma, el indicador del Producto Interior Bruto (PIB) ha llegado a alzarse como el indicador primordial, soslayando las incuestionables limitaciones de esta variable si queremos conocer las reales condiciones de vida de las personas.

No obstante, con el tiempo, poco a poco, han venido apareciendo nuevas aproximaciones metodológicas de evaluación del desarrollo, entre ellas las que se centran en la calidad de vida de la población, empleando para ello un enfoque multidimensional que suele articularse a través del uso de una amplia batería de indicadores.

En el caso de España, disponemos del Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un indicador sintético que se construye a partir de la agregación de un conjunto amplio pero limitado de indicadores individuales (actualmente 55), que cubren la evaluación de diversas dimensiones relacionadas con la calidad de vida (más allá de la dimensión material o monetaria) en España. En esencia el IMCV lo conforman nueve dimensiones básicas, a las que en su agregación se les otorga igual ponderación. Son las siguientes:

  1. Condiciones materiales de vida.
  2. Trabajo.
  3. Salud.
  4. Educación.
  5. Ocio y relaciones sociales.
  6. Seguridad física y personal.
  7. Gobernanza y derechos básicos.
  8. Entorno y medioambiente.
  9. Experiencia general de la vida.

Con una periodicidad anual, los últimos datos publicados por el INE, que corresponden al año 2023, permiten aproximarnos a evaluar la situación más actual de la calidad de vida en España y sus Comunidades y Ciudades Autónomas, así como su evolución desde el año 2008.

De acuerdo con el IMCV, en 2023 la calidad de vida en España se situó en 101,54 puntos frente a los 101,40 del año anterior.

Analizando las nueve dimensiones que comprenden el IMCV, las más valoradas por la población española han sido Educación, Experiencia general de la vida, Entorno y medioambiente, Trabajo y Salud. Por el contrario, se sitúan por debajo de la puntuación media (101,54 puntos en 2023) las siguientes dimensiones: Ocio y relaciones sociales, Gobernanza y derechos básicos, Condiciones materiales de vida y Seguridad física y personal.

Desde un enfoque territorial, se detectan significativas diferencias en la calidad de vida de la población según la Comunidad Autónoma donde se resida. En 2023, los mayores valores del IMCV general los presentan las Autonomías de Navarra, La Rioja, Aragón y País Vasco y Cantabria. Por el contrario, los menores niveles de calidad de vida se registran en Ceuta, Canarias, Galicia, Andalucía y Melilla.

Desde una perspectiva temporal, el IMCV nos apunta que globalmente durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2023, la calidad de vida en España se ha incrementado, pasando de 100 a 101,54 puntos.

No obstante, como se aprecia en el siguiente gráfico, se han registrado periodos durante los que la población española ha visto empeorar su calidad de vida, en especial en dos. Primeramente, durante la Gran Recesión, los impactos de esta gran crisis económica han hecho descender el IMCV en España, en particular durante los años 2009, 2010 y 2013. Con posterioridad, en 2020 la irrupción de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha lastrado la calidad de vida en España durante tres años (2020-2022). Sólo en 2023 se detecta una ligera recuperación, si bien se constata que la población española aún no ha recuperado el nivel que tenía en 2019, previo a la crisis sanitaria.

Para más información:

Instituto Nacional de Estadística.

El destino de la energía de la economía española (2015-2022)

El análisis de una economía quedaría incompleto si se circunscribe al enfoque que se centra en la cuantificación monetaria de su PIB. Porque no hay producción, consumo y distribución posibles si no se dispone de recursos materiales y energéticos.

En el caso de la economía española la Cuenta de los Flujos Físicos de la Energía, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos disponibles para el periodo 2015-2022, nos permite conocer, además de su origen, cuál es el destino de la energía de España y cómo ha evolucionado su composición por sectores económicos.

De acuerdo con el INE, en el último año de 2022 el total de flujos energéticos de España ascendió a 18.238.970 terajulios (TJ), esto es, un 0,3% más que en 2015. Como se observa en el siguiente gráfico, durante el periodo 2015-2022 la evolución de los flujos energéticos ha estado marcada durante los últimos años por la irrupción de la pandemia del COVID-19 que los contrajo de forma muy significativa, para después en 2022 alcanzar unos niveles que se aproximan al de 2019.

Analizando la composición del destino de la oferta energética de España en 2022, se concluye que el principal destinatario es el tejido productivo, es decir, el conjunto de ramas de actividad que conforman la economía española, que demandó el 54,6% de la energía total. A continuación, un 26,3% de los flujos energéticos lo recibe el medioambiente, en forma de pérdidas de energía (calor disipado) como resultado de los procesos productivos y las actividades de consumo final. El tercer destino de la energía, con un 10,1% del total, es el exterior de España vía exportaciones de bienes energéticos a otros países. Por su parte, los hogares españoles, como consumidores de productos energéticos, emplearon el 7,2% de la energía total. El 1,7% restante de los flujos energéticos de 2022 corresponde a variación de existencias y ajustes.

Desde una perspectiva temporal, cabe destacar que durante el periodo 2015-2022 la energía que ha recibido el conjunto de ramas de actividad de la economía española se ha reducido ligeramente (un -0,8%), al pasar de 10,04 millones a 9,96 millones de TJ, frente al ligero aumento de la energía total (0,3%).

Por su parte, el sector de los hogares también ha visto descender el consumo de productos energéticos durante el periodo (un -1,5%), pasando de 1,34 millones a 1,32 millones de TJ.

Las pérdidas de energía también han disminuido, en este caso un -3,7%, desde 4,99 millones de TJ en 2015 a 4,80 millones en 2022.

Por el contrario, las exportaciones energéticas de la economía española han aumentado un 5,4% (de 1,74 millones a 1,84 millones de TJ).

G_Principales destinos de nergía_2015_2022

Centrándonos en el tejido productivo, principal destino de la energía con el 54,6% del total de flujos energéticos en 2022, presenta la siguiente distribución por grandes sectores económicos: Industria manufacturera (55,7%), Industria no manufacturera (29,5%), Servicios (10,2%), Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (3,4%) y Construcción (1,2%).

G_Destino energía_sectores_2022

Finalmente, en un análisis más detallado, se identifican como ramas de actividad más consumidoras de energía de la economía española las siguientes:

  1. Coquerías y refino de petróleo: 4,5 millones de TJ en 2022, es decir, el 45,3% de la energía total destinada a las ramas económicas. El consumo de energía de esta rama ha experimentado un incremento del 0,5% durante el periodo 2015-2022.
  2. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado: 2,2 millones de TJ (el 22,5% de la energía). Su consumo energético ha disminuido un 6,7% durante el periodo.
  3. Industrias extractivas: 654.560 TJ (el 6,6% de la energía). El consumo de energía en esta rama se ha reducido un 7,0% entre 2015 y 2022.
  4. Industria química: 341.473 TJ (el 3,4% de la energía), con un incremento del 10,7% durante el periodo 2015-2022.
  5. Transporte terrestre y por tubería: 312.740 TJ en 2022 (el 3,1% de la energía), esto es, se ha incrementado un 12,2% respecto a 2015.
  6. Transporte aéreo: 197.367 TJ, que representa el 2,0% de la energía destinada al tejido productivo de la economía española. En este caso, los flujos de energía que ha recibido esta rama del transporte se han acrecentado un 11,3% durante el periodo analizado.

Para más información:

Instituto Nacional de Estadística

El origen de la energía de la economía española (2015-2022)

Toda economía depende, con mayor o menor intensidad, de la energía disponible, ya sea de producción propia o importada. Sin las dotaciones suficientes de energía, las empresas, familias y administraciones públicas se ven sujetas a serias restricciones para llevar a cabo sus habituales actividades de producción, consumo y distribución. Desde este punto de vista, para cualquier país o territorio del mundo, el asegurar sus fuentes de abastecimiento energético se convierte en un factor estratégico.

En el caso de la economía española, los últimos datos de la Cuenta de los Flujos Físicos de la Energía, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), nos permiten analizar cuál es el origen de la energía en España y cómo ha evolucionado su composición por tipos durante el periodo 2015-2022.

De acuerdo con el INE, en el último año de 2022 el total de flujos energéticos de España ascendió a 18.238.970 terajulios (TJ). Desde una perspectiva temporal, se constata que los flujos totales de energía que ha recibido la economía española se han incrementado un 5,9% respecto al año 2021, cuando aumentó un 4,7%.  No obstante, hay que anotar que estos significativos crecimientos suceden a la fuerte caída del -11,8% registrada en 2020, año marcado por la crisis sanitaria del COVID-19. Para el conjunto del periodo 2015-2022 los flujos energéticos han anotado un ligero crecimiento del 0,3%

Analizando con mayor detalle estos flujos se concluye que en 2022 el origen de la energía total procede de tres fuentes básicas: productos energéticos (64,4% del total), residuos energéticos (27,8%) y recursos naturales energéticos (7,8%).

Centrándonos, en primer lugar, en la principal fuente energética de España, en el año 2022 los productos energéticos se cuantifican en 11,74 millones de TJ, es decir, un 11,8% más que en 2015. Su peso sobre el total de flujos energéticos ha aumentado ligeramente, desde el 63,9% hasta el 64,4% durante el periodo analizado.

En 2022 la oferta total de productos energéticos de la economía española (11,74 millones de TJ) correspondió en un 53,5% a producción interior, completándose el 46,5% restante vía importaciones, peso que se ha incrementado en 0,2 puntos durante el periodo 2015-2022.

Por tipos de productos energéticos, los mayores flujos provienen de los combustibles fósiles, destacando el petróleo crudo, líquidos de gas natural (GNL) y otros hidrocarburos (sin biocomponentes), con el 23,2% del total de productos energéticos. Les siguen el gas natural (12,3%), el gasóleo de calefacción y otros gasóleos (9,2%), la energía eléctrica (9,2%), los gasóleos de transporte (9,0%), los carburantes para aviones de reacción (6,4%), la combustión nuclear (5,4%), fueloil (5,3%) y gasolina (4,0%), principalmente.

Durante el periodo 2015-2022 cabe resaltar, asimismo, varios hechos relevantes respecto a los productos energéticos de la economía española:

  1. El continuado crecimiento de los productos petrolíferos, cuya participación relativa ha crecido desde el 76,4% hasta el 77,9% del total de productos energéticos.
  2. La pérdida de participación que ha tenido el carbón, desde el 5,1% al 2,7% del total de productos energéticos.
  3. El significativo incremento de los biocarburantes líquidos (73,5% entre 2005 y 2024), si bien su peso fue del 1,7% en 2022.
  4. El aumento de los flujos procedentes de la combustión nuclear (2,4% durante 2015-2022), cuya participación relativa se ha mantenido por encima del 5,0%.

El segundo origen de la energía de España en importancia corresponde a los residuos energéticos (el 27,8% del total), que se producen, principalmente, como calor disipado en los procesos de combustión. Esta fuente de energía se cuantifica en 5,08 millones de TJ, habiendo registrado un descenso del 2,6% durante el periodo 2015-2022. Su peso relativo se sitúa en el 27,8% del total.

Finalmente, la oferta energética de la economía española se completa con los flujos que provienen de los recursos naturales energéticos, es decir, aquellos extraídos directamente del medioambiente. Estos se cifraron en 1,42 millones de TJ en 2022, habiendo aumentado un 4,7% respecto al año 2015.

Diferenciando por grandes grupos, en el año 2022 los recursos energéticos renovables (biomasa, eólico, solar e hidráulico) se cuantifican en 787.267 TJ y los no renovables (combustibles fósiles y nucleares), en 634.244 TJ. Durante el periodo 2015-2022 los recursos renovables se han incrementado un 16,5% frente al descenso del 7,1% anotado por los recursos no renovables. Dicho crecimiento de los recursos energéticos renovables ha permitido que su peso relativo sobre el total de flujos energéticos de España haya avanzado ligeramente desde el 3,7% en 2015 al 4,3% en 2022, a pesar de los retrocesos de los dos últimos años.

G_recursos renovables_2015-22

Para más información:

Instituto Nacional de Estadística

El consumo de materiales de la economía española (2008-2023)

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Circunscribir el análisis de una economía, como la española, a la evolución monetaria de su Producto Interior Bruto es, sin duda, un enfoque muy limitante. Entre otras razones porque se ocultan los fundamentos físicos (agua, energía, materiales…) que hacen posibles todos los procesos de producción, consumo y distribución de bienes y servicios que generan los diferentes agentes económicos.

La existencia de una Contabilidad Medioambiental es una valiosa herramienta para conocer con qué intensidad una economía emplea los recursos materiales que proceden del medio natural para el desarrollo de todas sus actividades. En el caso de España, como expresa el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Cuenta de flujos de materiales «muestra los inputs físicos de materiales que entran en el sistema económico nacional y los outputs a otras economías o al medio natural», expresados en unidades físicas (toneladas).

Los datos disponibles para la economía de España nos dan luz sobre cómo ha evolucionado este país respecto al consumo y la extracción de materiales, así como a la intensidad o productividad de los recursos (ecoeficiencia) en términos de PIB.

A continuación se exponen los principales resultados obtenidos del análisis realizado de los datos disponibles correspondientes a los años 2008-2023, un periodo que ha estado marcado por la Gran Recesión y, más recientemente, por los efectos de la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania y la crisis energética.

1. El consumo nacional de materiales, esto es, la cantidad total empleada directamente por la economía española, ascendió a 417,9 millones de toneladas (Mt) en 2023. Ello supone una reducción del 48,5% respecto al año 2008 (811,8 Mt). La mayor parte de esta reducción se ha producido durante los años 2008-2013 de la Gran Recesión, a la que sigue otra etapa de cierta recuperación y mayor estabilidad.

2. La economía española se vale como principal origen de su consumo de materiales la extracción nacional, que en el año 2023 ascendió a 344,1 Mt, es decir, el 82,4% del consumo total. Este porcentaje ha aumentado respecto al de 2008 (81,5%). El resto del consumo de materiales corresponde al balance comercial físico (importaciones menos exportaciones).

G_Consumo y Extracción_2008_2023

3. Respecto a la extracción nacional de materiales por tipos, destaca el protagonismo que toman los minerales no metálicos (piedra caliza, yeso, arenas, grava…), que en el año 2008 representaban el 78,3% del total. Como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el declive del sector de la construcción durante los años de la Gran Recesión, dicho peso llegó a reducirse hasta el 54,5% en 2013, para tomar posteriormente una senda de recuperación que llega hasta el año 2023 (62,0%).

En segundo lugar, se encuentra la extracción de biomasa (cereales, frutas, hortalizas, biomasa pastada…), cuya participación porcentual, en cambio, ha aumentado, desde el 19,8% en 2008 hasta el 31,2% en 2023.

A distancia se sitúan los minerales metálicos (cobre, zinc, estaño, plomo, níquel…), cuyo peso se ha incrementado, desde el 0,3% hasta el 6,8%, y los combustibles fósiles (hulla, antracita, petróleo, gas natural licuado…) que, por el contrario, han perdido importancia relativa, desde el 1,6% en 2008 al 0,03% en 2023.

Como puede observase en el siguiente gráfico, en términos absolutos la extracción de los distintos tipos de materiales ha mostrado también una evolución diferenciada.

G_Evolución extracción_2008-2023_tipos

Durante el periodo 2008-2023 la extracción nacional total de materiales se ha reducido de 662 Mt a 350 Mt, esto es, un descenso de 344 Mt (un -48,0%). Los minerales no metálicos, los materiales de mayor protagonismo, han sido los que han determinado dicha reducción, al haberse recortado su extracción en unas 304 Mt (un -58,8% en el conjunto del periodo 2008-2023). Este tipo de materiales llegó a tocar fondo en 2013, con una extracción de 172 Mt, si bien a partir de entonces ha tomado una senda ascendente hasta 2021, para a continuación moderase y situarse en 213 Mt en el último año de 2023 (dato avance).

Por el contrario, los minerales metálicos han visto aumentar su extracción en el conjunto del periodo, pasando de 2,0 Mt en 2008 a 23 Mt en 2023. La extracción de este tipo de materiales, por tanto, se ha multiplicado por 12 en dicho periodo.

La extracción de biomasa, por su parte, si bien se ha reducido desde las 131 Mt en 2008 hasta las 107 Mt 2023 (dato avance), ha mostrado durante el periodo diversos altibajos con una tendencia en general de estabilización, y de moderación en los dos últimos años.

Finalmente, la extracción de combustibles fósiles es la que ha experimentado la mayor reducción porcentual (-98,9%) en el periodo analizado, al descender desde 10,5 Mt en 2008 hasta 0,1 Mt en 2023.

4. Atendiendo al balance comercial físico de la economía española, es decir, el consumo de materiales que no se debe a la extracción sino a los flujos con el exterior, ascendió a 73,8 millones de toneladas en 2023. Esta cifra es el resultado de unas importaciones de materiales (249,2 Mt) que superan a las exportaciones (175,4 Mt).

Durante el periodo analizado dicho balance comercial físico ha sido siempre deficitario, No obstante, la economía española ha conseguido reducirlo desde los 150,2 Mt de 2008, como consecuencia de la diferente evolución mostrada por las importaciones, que han descendido un 9,6%, frente a las exportaciones de materiales, que han aumentado un 40,0% durante el periodo analizado.

5. Para evaluar la ecoeficiencia de una economía, se dispone, en primer lugar, del indicador de intensidad del Consumo Nacional de Materiales (CNM). De acuerdo con el INE, la economía española ha reducido la intensidad con la que consume materiales durante el periodo 2008-2023. Ha pasado de consumir 685,3 toneladas por cada millón de euros de producción en el año 2008 hasta las 318,2 en 2023. Dicha reducción, del 53,6%, se ha concentrado en los años 2008-2013. A partir de 2014 se presenta otro periodo en el que no termina aún de consolidarse una tendencia de mayor ecoeficiencia, hasta que en los dos últimos años se constata con mayor claridad dicha mejoría.

6. El indicador de intensidad del Input Directo de Materiales (IDM) constituye también una medida relevante para aproximarnos a evaluar la senda hacia la sostenibilidad de una economía. Este indicador de intensidad contabiliza la entrada directa de materiales en el sistema económico procedente del medio natural nacional y del resto del mundo, es decir, extracción nacional e importaciones, quedando expresado en términos de toneladas por millón de euros de PIB.

Así, para el periodo analizado se concluye que la intensidad del IDM de la economía española se ha reducido desde las 791,0 toneladas por millón euros de PIB en 2008 hasta las 451,7 en 2023.

Como ha sucedido con el consumo nacional de materiales, el periodo de crisis económica que irrumpió en 2008 ha ido acompañado de un proceso de menor intensidad del empleo de los materiales requeridos por la economía. En el caso del indicador de intensidad del IDM ha descendido un 42,9% durante el periodo 2008-2023, constatándose que a partir de 2013 no se observa una tendencia clara de ganancias de ecoeficiencia hasta que en los dos últimos años (2022-2023) ya se observan mejorías significativas.

7. Durante los años 2020 y 2021, marcados por los fuertes impactos de la pandemia del COVID-19, paralelamente a la brusca caída de la actividad económica se ha producido también un descenso significativo del consumo de materiales. Este «ahorro de materiales» fue proporcionalmente menor que la fuerte caída mostrada por el PIB, de modo que los dos indicadores de intensidad de materiales (CNM e IDM) repuntaron y superaron en 2020 y 2021 los valores registrados en 2019.

No obstante, los datos más recientes parecen confirmar que la economía española ha mostrado durante 2022-2023 un aumento de la ecoeficiencia que la sitúa en mejor posición que en el periodo previo a la crisis sanitaria.

G_Indic. intensidad_2008-2023

Para más información:

INE: Cuenta de flujos de materiales (2008-2023)

Los impuestos ambientales en España (2008-2023)

La fiscalidad ambiental constituye un importante instrumento de política pública. Su objetivo principal es orientar la producción y el consumo hacia una asignación eficiente de los recursos naturales, fomentando comportamientos de los agentes económicos menos extractivos y no contaminantes. Con la adecuada aplicación de los impuestos ambientales es posible favorecer una mayor calidad del medioambiente, gravando, por ejemplo, las emisiones de CO2 a la atmósfera, la generación de residuos, los combustibles fósiles y el transporte no sostenible.

Dicho instrumento fiscal conlleva ingresos para las arcas públicas como resultado de la aplicación de un conjunto de impuestos ambientales, en un determinado territorio, que son definidos como “aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medioambiente” (de acuerdo con la definición oficial que emplea el INE).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la extensión de la aplicación de impuestos ambientales para mitigar el cambio climático y desincentivar la producción y consumo insostenibles. La política fiscal de los Estados debería, en consecuencia, tender a otorgar un mayor peso a la recaudación por la vía de este tipo de tributos.

En el caso de España, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos permiten conocer la importancia que las instituciones públicas otorga a la fiscalidad verde en este país. Según los datos avance del año 2023 la recaudación de los impuestos ambientales ascendió a 22.880 millones de euros. En términos relativos, dicha cuantía representa el 6,5% del total de impuestos de la economía española. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se situó en el 1,53% en 2023.

Los impuestos ambientales se suelen agrupar en tres grandes tipos. Destacan, en primer lugar, con diferencia, los impuestos sobre la energía, cuya recaudación concentra el 77,5% de la recaudación fiscal verde española. Se trata, principalmente, del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Les siguen, en segundo lugar, los impuestos sobre el transporte, con el 13,7% de la recaudación de todos los impuestos ambientales en 2023, materializada a través de dos tributos básicos: el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Finalmente, el grupo de los impuestos sobre la contaminación y los recursos, recauda el 8,8% restante de la recaudación de carácter ambiental en España.

Por sectores, en 2023 los hogares abonaron un total de 9.795 millones euros, esto es, el 42,8% de la recaudación ambiental total de España, frente al 57,2% que fue aportado por la actividad productiva.

Respecto a la actividad productiva, la rama económica que abonó más impuestos ambientales en 2023 fue Industria manufacturera, con el 20,3% del total. Les siguen las ramas de Transporte y almacenamiento (14,5%); Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua (9,2%); Otros servicios (6,0%); Comercio (2,6%); Construcción (1,8%); Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (1,1%); Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (1,0%) e Industrias extractivas (0,5%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2008-2023 los impuestos ambientales han aumentado un 15,9%, al pasar de 18.179 a 22.880 millones de euros (en precios corrientes).

Por tipos de impuestos la recaudación ha sido desigual. Se han incrementado los ingresos procedentes de los impuestos sobre la contaminación y los recursos un 753,2% y, en menor medida, los de los impuestos sobre la energía (los de mayor peso), un 22,7%. Por el contrario, se ha reducido la recaudación de los impuestos sobre el transporte en un 10,3% durante dicho periodo.

En términos relativos, si analizamos la participación de los impuestos ambientales, se observa que han perdido peso sobre el total de impuestos de España durante el periodo 2008-2023

La recaudación ambiental ha pasado de representar el 8,10% de la recaudación total en 2008 al 5,20% en 2023. De hecho, como se aprecia en el siguiente gráfico, los impuestos ambientales han perdido protagonismo en la estructura fiscal española, dibujando una tendencia de continuo descenso desde el año 2015 hasta 2022, que sólo se ha podido amortiguar en el último año de 2023.

Finalmente, como indicador complementario para conocer mejor la evolución de la importancia real de este tipo de impuestos en España, se ha calculado la presión fiscal ambiental, es decir, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB). De este modo, se concluye que la recaudación fiscal ambiental sobre el PIB español ha aumentado desde el 1,63% en 2008 hasta alcanzar un máximo en el año 2015. A partir de entonces, se constata, año a año, una senda de marcado descenso, hasta finalmente llegar a registrar su valor mínimo en el año 2022, con un 1,50%, que apenas se recupera en 2023.

Para más información:

INE.

El parque de coches eléctricos en la Unión Europea (2013-2023)

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Una de las principales fuentes de contaminación atmosférica y calentamiento global del planeta reside en el sector del transporte. Para hacer frente a este serio problema medioambiental y de salud la Unión Europea cuenta desde 2011 con la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible, conocido como Libro Blanco del transporte.

En su estrategia el Libro Blanco establece diez objetivos cuantificados para alcanzar «un sistema de transporte competitivo y sostenible», entre los que se encuentra el siguiente:

«Reducir a la mitad el uso de automóviles de «propulsión convencional» en el transporte urbano para 2030; eliminarlos progresivamente en las ciudades para 2050; lograr que la logística urbana de los principales centros urbanos en 2030 esté fundamentalmente libre de emisiones de CO2″.

Posteriormente, en diciembre de 2019 la Comisión Europea puso en marcha el Pacto Verde Europeo, un ambicioso proyecto que pretende alcanzar la neutralidad climática en la Unión antes del año 2050. Ello exige un amplio paquete de medidas que deben adoptar los Estados miembros, entre ellas las que afectan al sector de transporte. En este ámbito, la Estrategia de movilidad urbana y sostenible (2020) establece entre sus objetivos que “de aquí a 2030 al menos treinta millones de vehículos de emisión cero circularán por las carreteras europeas”. Además, para 2050 el objetivo marcado se eleva para perseguir que “prácticamente todos los automóviles, furgonetas, autobuses y los nuevos vehículos pesados serán de emisión cero”.

De esta forma la política común de transportes aboga por la progresiva implantación de los vehículos eléctricos en detrimento de los automóviles de propulsión convencional. Sin embargo, los avances alcanzados hasta la fecha se presentan claramente escasos.

Según Eurostat, en 2023 se contabilizó en la UE-27 un total de casi 4,5 millones coches eléctricos de pasajeros, constatándose desde una perspectiva temporal que el parque de estos vehículos ha seguido una senda de crecimiento continuado, desde los apenas 50.278 registrados en 2013.

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Durante este periodo 2013-2023, el crecimiento medio anual de coches eléctricos ha sido superior al registrado por el parque total de coches de pasajeros, de modo que ha aumentado su porcentaje de participación. Sin embargo, hay que resaltar que el número de este tipo de coches «sostenibles o menos contaminantes» tan sólo representa un 1,7% del total de coches de pasajeros en 2023, un porcentaje ciertamente exiguo que contrasta con los objetivos marcados por la Comisión Europea.

En un análisis por países se detectan diferencias relevantes respecto a la implantación de coches eléctricos, no existiendo ningún Estado miembro de la UE que registre un porcentaje de participación de estos vehículos superior al 8%.

En términos absolutos, en 2023 los mayores parques de coches eléctricos se encuentran en Alemania (1.408.681 vehículos), Francia (916.082) y Países Bajos (442.409), que concentran el 62% de parque total de estos vehículos de la Unión. Por el contrario, se registran los menores parques de coches eléctricos en países como Chipre, Malta, Estonia, Letonia, Croacia y Eslovaquia.

En términos relativos, los países que presentan las mayores ratios de vehículos eléctricos sobre el parque total de coches de pasajeros en 2023 son los siguientes: Dinamarca (7,1%), Suecia (5,9%), Luxemburgo (5,1%) y Países Bajos (5,0%).

G_UE_Países_2023

Para más información:

Eurostat

Comisión Europea: Libro Blanco del transporte, 2011.

Comisión Europea: Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el transporte europeo de cara al futuro, 2020.

Las energías renovables en el sector eléctrico de la UE (2004-2022)

Entre los objetivos principales de la política energética de la Unión Europea ha tomado especial protagonismo durante los últimos años el fomento del uso de las energías renovables. 

Como establece la Directiva (UE) 2018/2001 en su artículo 3.1, la Unión Europea tiene un compromiso vinculante para cumplir a más tardar en 2030 en relación con la cuota general de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final de energía:

«Los Estados miembros velarán conjuntamente por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de al menos el 32% del consumo final bruto de energía de la UE en 2030».

Posteriormente, la Directiva (UE) 2023/2413 revisó dicho objetivo para 2030, incrementándolo desde el 32% hasta un mínimo del 42,5%, con la aspiración de alcanzar el 45%.

Dicha cuota de energías renovables se calcula como la suma, por un lado, del consumo final bruto de electricidad generada por fuentes renovables y, por otro, del consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables en los sectores de calefacción y refrigeración y del transporte.

Para facilitar el cumplimiento del objetivo del 42,5% la UE se ha propuesto, en el ámbito de la generación de electricidad, reducir el empleo de los combustibles fósiles (petróleo, gas natural…), responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera que provocan el calentamiento global del planeta, para ser sustituidos por fuentes energéticas renovables (solar, eólica, hidráulica…).

Como expresa el Pacto Verde Europeo de 2019:

«Proseguir el proceso de descarbonización del sistema energético es esencial para la consecución de los objetivos climáticos de 2030 y 2050 (…) Ha de desarrollarse un sector eléctrico basado en gran medida en fuentes renovables, completado con un rápido proceso de eliminación del carbón y con la descarbonización del gas».

Los datos disponibles en Eurostat nos permiten evaluar la intensidad de los avances logrados en la introducción de las fuentes renovables en sector eléctrico de la UE desde 2004.

Según dicho organismo estadístico europeo, el porcentaje de consumo final bruto de electricidad procedente de fuentes renovables en la UE-27 ascendía en el año 2004 al 15,9% del total, porcentaje que ha ido aumentando paulatinamente en el transcurso de los años de forma ininterrumpida. En 2012 se logra que la cuarta parte de la electricidad consumida (el 25,1%) sea de origen renovable y en 2018, con un 32,1%, se llega a duplicar el porcentaje de 2004. 

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Finalmente, en el último año con datos disponibles, en 2022, la participación de las energías renovables alcanza el 41,2%, tras un año 2021 (37,7%), marcado por la crisis sanitaria del COVID-19, en el que el avance fue sólo de cuatro décimas porcentuales.

Por tipos de energías, según Eurostat la electricidad generada a partir de energías renovables procede principalmente de dos fuentes: energía eólica (37,5%) y energía hidráulica (29,9%), aportando entre ambas más de dos tercios del total. En tercer lugar, la energía solar, que es la fuente que ha tenido una implantación más rápida, participa con el 18,2%. Le siguen los biocombustibles sólidos (6,9%) y otras energías renovables (7,5%).

En un análisis por países, continúan apreciándose diferencias notables respecto al grado de implantación de la «electricidad verde».

En 2022 Suecia, con el 83,3%, fue el país de la UE-27 con el mayor porcentaje de participación de energías renovables en el consumo final bruto de electricidad. Le siguen Dinamarca (77,2%), Austria (74,7%), Portugal (61,0%), Croacia (55,5%), Letonia (53,3%) y España (50,9%), todos ellos con porcentajes superiores al 50%.

A continuación, otros países que también superan la media de la Unión Europea (41,2%) son Finlandia (47,9%), Alemania (47,6%), Rumanía (43,7%) y Grecia (42,4%).

G_Renovables_electricidad_países_UE-2022

Por el contrario, los menores porcentajes de implantación de las energías renovables en el sector eléctrico correspondieron en 2022 a Malta (10,1%), Hungría (15,3%), República Checa (15,5%), Luxemburgo (15,9%), Chipre (17,0%) y Bulgaria (20,2%).

Para más información:

Eurostat

Evaluando la productividad energética en la economía de la UE (2000-2022)

En la transición hacia una economía sostenible un aspecto crucial a perseguir es la eficiencia energética. En el ámbito energético, junto al fomento de las energías renovables, el descenso del consumo de energía primaria y final y la reducción de la dependencia exterior, la eficiencia en el uso de la energía constituye para la Unión Europea un objetivo prioritario de su estrategia de desarrollo sostenible.

Avanzar en eficiencia energética significa aumentar la productividad, esto es, facilitar la sostenibilidad de la economía en tanto que se emplea menos energía por unidad de producto o lo que es lo mismo obtener más producción de bienes y servicios con la misma cantidad de energía.

Un indicador que nos aproxima a evaluar la productividad energética en la UE es el que publica la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En concreto, se dispone del indicador de productividad energética, que queda definido por la división entre el Producto Interior Bruto (PIB, a precios constantes de 2010) y la energía bruta disponible.

Los datos estadísticos publicados hasta hoy nos permiten analizar cómo ha evolucionado la productividad energética de la economía comunitaria durante el periodo 2000-2022. Como primera conclusión se constata que la productividad energética en la UE-27 ha seguido una tendencia ascendente, al pasar de los 6,3 euros por kgep en 2000 a los 9,3 en 2022. Es decir, si en el año 2000 por cada kilogramo equivalente de petróleo la economía de la UE produjo 6,3 euros de PIB, en el año 2022 alcanzó a obtener 9,3 euros.

Para un análisis comparativo por países, empleamos el indicador de Producto Interior Bruto en paridad de poder de compra (PIB pps) por kilogramo equivalente de petróleo (kgep). Este indicador, al igual que el anterior, nos mide la productividad energética por unidad de producción en una economía, si bien, en este caso, ajustando el PIB por las variaciones de precios nacionales.

En el último año de 2022 el país de la Unión Europea con mayor productividad energética de su economía ha sido Irlanda, con 28,8 euros en pps por kgep, seguido de Dinamarca (16,6), Rumanía (16,0), Luxemburgo (15,5), Italia (13,6), Portugal (12,3), Lituania (12,3), Austria (10,3), Alemania (12,2) y Croacia (11,9), todos ellos con valores superiores a la media de la UE (11,4).

Por el contrario, como países con menor productividad energética figuran Malta (6,4), Finlandia (6,6), Bulgaria (7,3), Estonia (7,8), República Checa (8,2), Bélgica (8,3), Eslovaquia (8,3) y Suecia (9,3), que anotaron valores inferiores a 10,0.

Para más información:

Eurostat.