El reciclaje en la Unión Europea (2000-2021)

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Uno de los principales frentes de las políticas medioambientales es la gestión de los residuos producidos por la actividad humana.

Para alcanzar una buena gestión de residuos se ha de tener presente la aplicación del conocido principio de las 3R que prioriza la reducción a la reutilización y el reciclaje.

No siempre es posible evitar la generación de los residuos procedentes de nuestras actividades de producción y consumo, ni tampoco promover su reutilización. La respuesta de gestión ha de centrarse, pues, en estos casos, en maximizar el reciclaje.

En el marco de la UE el tratamiento de los residuos se ha venido consolidando, a la luz de la evolución que han seguido indicadores como la tasa de reciclaje de residuos municipales.

Dicho indicador queda definido, según Eurostat, como el porcentaje de residuos municipales generados por los hogares y por fuentes de residuos similares (comercio, oficinas e instituciones públicas) sobre el total de residuos generados. El reciclaje de este tipo de residuos comprende el reciclaje de materiales, el compostaje y la digestión anaeróbica.

En un análisis temporal amplio de los datos publicados por Eurostat, se observa que la tasa de reciclaje de residuos municipales de la UE-27 ha mostrado de forma continuada una senda en general ascendente durante el periodo 2000-2021.

En el año 2000 se reciclaba el 27,3% de los residuos municipales generados en el conjunto de la UE-27. Más dos décadas después, en el año 2021 dicha tasa de reciclaje asciende a 48,7%, como se observa en el siguiente gráfico.

G_UE27_Reciclaje_2000-2021

Nótese, no obstante, que en el último año 2021 la tasa de reciclaje ha retrocedido ligeramente (-0,2 puntos porcentuales), mostrando un comportamiento bien diferente al del año 2020, cuando aumentó 1,7 puntos. Siendo en ambos casos años marcados por los impactos de la pandemia del COVID-19, está por confirmar si se trata de un hecho puntual o si en los próximos años la tasa de reciclaje retomará su senda ascendente.

En un análisis por países se detectan diferencias muy marcadas en el seno de la Unión.

De los 27 Estados de la UE, nueve superaron en 2021 la tasa media comunitaria (48,7%). La tasa de reciclaje más elevada la sigue alcanzando Alemania (67,8%). A continuación se encuentran Austria (62,5%), Eslovenia (60,8%), Países Bajos (57,8%), Dinamarca (57,6%), Bélgica (55,5%), Luxemburgo (55,3%), Italia (51,9%) y Eslovaquia (48,9%).

Por el contrario, los países europeos que presentan en 2021 las tasas de reciclaje más bajas son Rumanía (11,3%), Malta (13,6%), Chipre (15,3%) y Grecia (21,0%).

G_Países_Reciclaje_2021

Hay que significar, asimismo, los notables progresos que han logrado algunos países europeos durante los últimos años. En el transcurso del periodo 2000-2021 cabe destacar los mayores avances relativos alcanzados por Eslovenia, cuya tasa de reciclaje de residuos municipales ha aumentado desde el 6,0% en 2000 hasta el 60,8% en 2021 (la tercera más alta de la UE-27); por Lituania (desde el 0,0% al 44,3%, a pesar de haberse reducido en los últimos años), y por Letonia (de 0% a 44,1%). En el otro extremo, Austria, que ostenta la segunda posición, ha visto retroceder en 0,9 puntos su tasa de reciclaje respecto al año 2000.

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Eurostat

El uso circular de los materiales en la UE (2004-2022)

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La Comisión Europea adoptó en 2015 una Comunicación que daba pasos importantes en el camino hacia una economía más circular: «Cerrar el circulo: un plan de acción de la UE para la economía circular».

Con las medidas establecidas en dicho plan de acción se opta por una economía en la que se persiguen dos objetivos principales:

  1. Mantener durante el mayor tiempo posible el valor que poseen los productos, los materiales y los recursos, de modo que se ahorran materias primas al dejar de ser extraídas de la corteza terrestre.
  2. Reducir al mínimo posible la generación de todo tipo de residuos.

El cumplimiento de ambos objetivos facilitaría el desarrollo de una economía más eficiente en el uso de los recursos.

Para evaluar los avances alcanzados en la UE en su senda de fomento de la economía circular, se dispone, como indicador principal, de la tasa de uso de materiales circulares (tasa de circularidad), que elabora la Oficina Estadística de la UE (Eurostat)

Dicha tasa, expresada en porcentaje, mide la proporción de materiales recuperados y reintroducidos en la economía sobre el total de materiales con uso general. La tasa de circularidad define, por tanto, la relación que existe entre el uso circular de materiales y el uso general de materiales(*).

Un valor de tasa de circularidad más alto indica que hay más materiales secundarios que sustituyen materias primas extraíbles, evitando así los impactos ambientales que supone la extracción de dichos materiales finitos de la naturaleza para fabricar productos o generar energía.

De acuerdo con Eurostat, que recientemente (noviembre de 2023) ha revisado los datos de los últimos años, la tasa de circularidad en la UE-27 fue del 11,5% en 2022. Ello significa que del total de los recursos materiales que se utilizaron en la UE en dicho año el 11,5% provino de productos reciclados y materiales que han sido recuperados.

Es destacable, además, que el valor que toma la tasa de circularidad difiere de forma significativa según el tipo de materiales considerados. Así, en 2022 los metales son los materiales que toman la mayor tasa de circularidad (23,9%), seguidos por los minerales no metálicos (13,7%). Por el contrario, las menores tasas de circularidad corresponden a los combustibles fósiles (3,2%) y la biomasa (10,0%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2004-2022 la tasa de circularidad se ha incrementado en el conjunto de la UE-27 desde el 8,2% hasta el 11,5%. Ello supone, por tanto, un avance de 3,3 puntos porcentuales (p.p.) en dicho periodo de tiempo, es decir, menos de 2 décimas porcentuales por año desde 2004. Además, como se observa en el siguiente gráfico, la tasa de circularidad ha experimentado un estancamiento durante los últimos años que contrasta con los avances registrados a comienzos de la serie.

G_Tasa Circularidad_UE_2004_2022

Por países se constata que la tasa de circularidad presenta diferencias muy significativas en el seno de la UE. Así, en el último año 2022 los mayores porcentajes se registraron en Países Bajos (27,5%), Bélgica (22,2%), Francia (19,3%), Italia (18,7%) y Estonia (16,0%).

Por el contrario, las menores tasas de circularidad correspondieron a Finlandia (0,6%), Rumanía (1,4%), Irlanda (1,8%), Portugal (2,6%) y Grecia (3,1%).

Estas importantes divergencias entre los países de la UE-27 se deben, según Eurostat, a la cantidad de residuos que se recicla en cada país y a factores estructurales de las propias economías nacionales. Así, las economías que tienen mayores importaciones de materiales (incluyendo los combustibles fósiles) y mayores extracciones interiores de materiales (relacionadas con minería, construcción, etc.) son las que presentan menores tasas de circularidad.

G_Tasa circularidad_Países UE_2022

Además, la evolución de la tasa de circularidad dentro de la UE ha sido muy dispar, en particular durante 2010-2022, periodo para el que Eurostat ha publicado datos actualizados por países. Por un lado, destacan los mayores avances de Malta, cuya tasa de circularidad ha aumentado en 9,8 p.p., Bélgica (+8,6 p.p.), Italia (+7,2 p.p.), Austria (+7,0 p.p.) y Estonia (+6,9 p.p.). Por el contrario, siete países de la UE han retrocedido en su tasa de circularidad durante dicho periodo, presentando los mayores descensos Luxemburgo (-18,2 p.p.), Finlandia (-10,1 p.p.) y España (-3,3 p.p.).

(*) El uso general de materiales se mide sumando el consumo agregado de materiales domésticos y el uso circular de materiales. El primero queda definido en las cuentas de flujos de materiales para toda la economía. Por su parte, el uso circular de materiales se aproxima por la cantidad de residuos reciclados en las plantas de recuperación doméstica, menos los residuos importados destinados a la recuperación, más los residuos exportados destinados a la recuperación en el extranjero.

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Eurostat

La producción de carbón en la Unión Europea (1990-2022)

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La producción de energía en la Unión Europea proviene de distintas fuentes. Entre ellas, las que tienen un origen no renovable, como son el petróleo y el carbón, requieren una atención especial por su agotamiento y por los graves efectos que generan sobre la salud y el calentamiento global del planeta.

Respecto al carbón los datos disponibles de Eurostat sobre la producción total de combustibles fósiles sólidos, que comprende carbón duro, carbón marrón (lignito) y productos derivados del carbón, nos permiten analizar cuál ha sido su evolución, en el conjunto de la UE y por países, desde 1990 hasta hoy.

Como puede observarse en el siguiente gráfico, desde 1990 la producción de estos combustibles fósiles sólidos ha seguido una tendencia de descenso casi continuado, llegando reducirse un 64,4% hasta en 2022. En este último año 2022 la producción total de carbón y sus derivados ascendió en la Unión Europea (UE-27) a 386 millones de toneladas frente a 1.086 millones de 1990.

G_Carbón UE27_1990-2022

Estos resultados están en concordancia con los compromisos asumidos por la política medioambiental europea de ir reduciendo las fuentes energéticas contaminantes y desencadenantes de la crisis climática para transitar hacia una economía baja en carbono. No obstante, aún queda un importante camino por recorrer hasta la total sustitución de esta fuente de energía por otras de naturaleza renovable. Además, se constata que la producción de estos combustibles ha experimentado un repunte en los dos últimos años 2021-2022 tras descender significativamente en 2020 como consecuencia de los impactos de la pandemia de la COVID-19. Queda por ver, por tanto, si este repunte no prosigue en los próximos años y se retorna a la tendencia descendente anterior.

En un análisis por países, según Eurostat, en el año 1990, sólo seis de los 27 Estados miembros de la Unión Europea actual (sin Reino Unido) no producían carbón: Dinamarca, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Malta. En el año 2022, más de tres décadas después, hay que añadir tres países al grupo de no productores: Irlanda, Croacia y Portugal.

En la actualidad, los dos mayores productores de carbón siguen siendo, al igual que en 1990, Alemania, con 144,3 millones de toneladas en 2022 (el 37,3% del total de la UE), y Polonia, con 116,3 millones (el 21,1% del total), seguidos por la República Checa (9,8%), Bulgaria (9,4%), Rumanía (4,7%), Grecia (3,5%) y Hungría (1,4%), principalmente.

G_Carbón_Países_1990 y 2022

Durante el periodo 1990-2022, según la información estadística disponible de Eurostat, entre los actuales 18 países productores de carbón, las mayores reducciones porcentuales de producción se han registrado en Francia (-99,5%), España (-96,6%), Bélgica (-79,6%), Estonia (-78,0%), Italia (-77,3%), Grecia (-73,7%), Hungría (-73,0%), Alemania (-71,2%), Austria (-68,9%), Eslovaquia (-66,2%) y República Checa (-65,6%), que superaron la reducción media de la UE-27 (-64,4%).

En el caso de Polonia, el segundo mayor productor de carbón, su producción se ha contraído un 49,2% durante el periodo 1990-2022, en menor medida que el conjunto de la UE, por lo que su participación en el cómputo total de producción de carbón europeo ha aumentado desde el 21,1% al 30,1%.

En el otro extremo, es de destacar que tres países han seguido la tendencia contraria de reducir o cancelar la producción de combustibles fósiles sólidos en la Unión Europea: Bulgaria, que produjo 36.308.752 toneladas en 2022, Suecia (1.115.000 toneladas) y Finlandia (843.000 toneladas, básicamente de coque de horno).

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Eurostat

La dependencia energética exterior de la UE (1990-2021)

Procurar el máximo grado de soberanía energética se convierte en una cuestión cada vez más estratégica de la política energética de los países. Una baja dependencia de las importaciones contribuye a que las economías sean menos vulnerables a problemas de provisión de recursos energéticos y a imprevistas fluctuaciones alcistas de los precios que derivan, en última instancia, en un deterioro de la capacidad adquisitiva de la población y del saldo comercial del país importador, entre otros efectos.

Al mismo tiempo, una menor dependencia de las importaciones de productos energéticos (que son combustibles fósiles, principalmente) se alinea con la sostenibilidad, en tanto que de fomentarse en su lugar el empleo de energías renovables se apoya la transición hacia una economía baja en carbono.

Para evaluar el mayor o menor grado de soberanía energética, la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) publica el indicador de dependencia de las importaciones de energía que queda definido en los siguientes términos:

la proporción de las necesidades energéticas totales de un país satisfechas por las importaciones de otros países, esto es, el porcentaje de importaciones netas (importaciones menos exportaciones) sobre la energía bruta disponible.

De acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, el consumo de energía en la UE continúa dependiendo en gran medida de su abastecimiento exterior. Entre 1990 y 2021 el conjunto de la UE ha visto aumentar su grado de dependencia energética desde el 50,0% hasta el 55,5%.

Como se observa en el siguiente gráfico la evolución seguida por el indicador de dependencia energética en la UE ha estado muy condicionada por la naturaleza del ciclo que atraviesa la economía, ya sea expansivo o contractivo. Durante los años de la Gran Recesión el valor del indicador de dependencia energética se redujo, interrumpiendo de forma clara la tendencia ascendente que venía registrando desde 1990, para, después, a partir de 2014, una vez pasados los años de crisis económica, retomar su senda creciente hasta alcanzar su máximo en 2019, con el 60,5%. Más recientemente con la irrupción de la pandemia del COVID-19, que conllevó fuertes impactos sociales y económicos, el grado de dependencia energética vuelve a retroceder. La contracción de la economía de la UE, en buena medida por las necesarias medidas de restricción a la actividad y la movilidad adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, derivó en menores requerimientos energéticos que hicieron descender el grado de dependencia del exterior hasta el 57,5% en 2020 y el 55,5% en 2021.

Está por ver si en el 2022, con la finalización de la pandemia, el grado de dependencia energética de la UE retornó al crecimiento, sin olvidar, además, el nuevo contexto internacional derivado de los posteriores incrementos de los precios energéticos, a los que se unen los impactos de la guerra en Ucrania iniciada en marzo con la invasión rusa.

En un análisis por tipos, el petróleo y sus derivados, que son los productos energéticos más demandados, presentan la mayor tasa de dependencia exterior. En 2021 el 91,7% de su demanda ha tenido que ser importado de terceros países. Este porcentaje se redujo en 7 puntos respecto al año 2020, de modo que se vuelve inferior al 93,1% registrado en 1990.

A continuación, para el gas natural, el segundo producto energético más demandado, la tasa de dependencia exterior es del 83,4% en 2021. En este caso desciende sólo 0,2 p.p. respecto a 2020 y continúa siendo muy superior al 51,8% de 1990.

Respecto a los combustibles fósiles sólidos, el tercer producto energético más demandado, en 2021 el 37,5% de su consumo ha sido cubierto a través de importaciones. A diferencia de los anteriores productos energéticos, en 2021 aumentó la dependencia energética de los combustibles fósiles sólidos, hasta el 37,5%, casi dos puntos más que en 2020. Este porcentaje también supera el registrado en 1990 (18,7%).

Atendiendo a un análisis por países, los últimos datos disponibles de Eurostat nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de productos energéticos continúa siendo elevado en la mayoría de los países de la UE. Un total de 17 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2021.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones netas sobre su energía bruta disponible del 97,1%, Luxemburgo (92,5%) y Chipre (89,5%). A continuación, les siguen Irlanda (77,0%), Grecia (73,8%), Italia (73,5%), Lituania (73,3%), Bélgica (70,8%) y España (69,1%), entre otros.

Por el contrario, los países con un grado de dependencia exterior menor son Estonia (1,4%), Suecia (21,0%), Rumanía (31,6%), Dinamarca (32,3%), Bulgaria (36,1%), Finlandia (38,0%) y Letonia (38,3%).

Desde una perspectiva temporal amplia, que abarca el periodo 1990-2021, los Estados que más han aumentado su tasa de dependencia energética exterior han sido Polonia (de 0,9% a 40,4%), Países Bajos (de 23,7% a 58,4%) y República Checa (de 15,2% a 40,0%). En sentido contrario, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más su dependencia energética exterior durante el periodo analizado: Letonia (de 89,0% a 38,3%), Estonia (de 41,0% a 1,4%) y Bulgaria (de 63,4% a 36,1%).

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Eurostat.

Las emisiones de gases de efecto invernadero de los hogares de la UE (2010-2021)

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GIE) causantes, en gran medida, de la crisis climática actual que sufre el planeta proceden, principalmente, del desarrollo de diversas actividades económicas (industria manufacturera, producción de electricidad, agricultura, ganadería, transporte, construcción…). Sin embargo, no hay que olvidar que las actividades desarrolladas por los hogares también son fuente de emisión de GEI.

En el contexto de la Unión Europea (UE-27) las emisiones de GEI de todas las actividades realizadas por los hogares (calefacción refrigeración, transporte…) representan el 20,5% del total de emisiones en 2021 frente al 79,5% generado por las actividades de los diferentes sectores económicos.

Si analizamos en concreto las actividades de calefacción y refrigeración realizadas dentro de los hogares (que suponen el 44% de sus emisiones), los datos apuntan a un descenso de las emisiones de GEI en el horizonte temporal 2010-2021, lo que viene explicado en gran medida por mejoras de eficiencia energética y el menor empleo de los combustibles fósiles

Así, de acuerdo con la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en la UE-27 dichas emisiones de GEI de los hogares han descendido desde los 403,1 millones de toneladas de CO2 equivalente del año 2010 hasta los 327,4 millones de 2021. Ello supone, por tanto, una caída acumulada del 18,8%, que supera la registrada por el conjunto de las actividades que emiten GEI en la UE, esto es, un -17,5% en dicho periodo de 2010-2021.

No obstante, como se advierte de la tendencia dibujada en el siguiente gráfico, los últimos dos años rompen con la evolución de mejoría registrada hasta 2019. Como es conocido, los años 2020 y 2021 estuvieron marcados por la pandemia del COVID-19, con múltiples impactos para la vida y movilidad de las personas y el desarrollo de las actividades económicas.

Los resultados del análisis de la evolución de las emisiones generadas por los hogares en sus actividades de calefacción y refrigeración, en términos relativos, es decir, por habitante, nos constatan igualmente una reducción durante la última década.

En año 2021 los hogares de la UE emitieron a la atmósfera 732,7 kg de CO2 equivalente per cápita. Este dato mejora respecto a 2010, cuando dicha ratio se cifró en 913,4 kg/habitante, de modo que se ha producido una reducción del 19,8% en dicho periodo. No obstante, los datos más recientes apuntan, al igual que en términos absolutos, que durante el periodo de la crisis sanitaria (2020-2021) la situación ha empeorado: las emisiones per cápita sobrepasan en un 4,6% las registradas en 2019 (700,4 kg de CO2 equivalente).

Por tanto, el estado de las emisiones de GEI de los hogares sigue presentando un amplio margen de mejora en el actual marco de lucha contra el cambio climático. Además, persisten importantes diferencias entre los países que conforman la Unión Europea persisten.

En 2021 tres países excedían con mucho el promedio de emisiones de 733 kg de CO2 equivalente per cápita de la Unión Europea: Luxemburgo (1.636 kg/hab.), Bélgica (1.400) e Irlanda (1.3476). A continuación, otros países que emitieron más que el valor promedio comunitario son Países Bajos, Alemania, Polonia, Hungría, Italia, República Checa y Austria.

Por el contrario, los hogares de la UE que en 2021 emitieron, con diferencia, menos GEI per cápita son los pertenecientes a Suecia (26 kg de CO2 equivalente/hab.). Le sigue un grupo de once países que también destacan por presentar una ratio de emisiones que es menos de la mitad del promedio de la UE: Portugal, Malta, Finlandia, Estonia, Letonia, Bulgaria, Dinamarca, Rumanía, España, Lituania y Croacia.

Finalmente, es de resaltar, desde un enfoque dinámico, que, durante el periodo analizado (2010-2021), 23 de los 27 países de la UE han conseguido reducir los GEI emitidos a la atmósfera por las actividades de calefacción y refrigeración realizadas en las viviendas, significándose los mayores descensos porcentuales en Suecia (-72,1%), Finlandia (-56,2%) y Dinamarca (-51,3%) frente los mayores incrementos en Rumanía (32,7%), Bulgaria (15,9%) y Lituania (11,8%).

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Eurostat

La generación de residuos municipales en la Unión Europea (2000-2021)

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La generación de residuos es uno de los principales problemas medioambientales a los que se enfrenta la sociedad moderna. Son múltiples los impactos que producen sobre los ecosistemas, en especial cuando no son objeto de una adecuada gestión. Además, conlleva, como es el caso, por ejemplo, de los envases y embalajes, la utilización de materiales y recursos naturales, que en muchos casos podrían haberse evitado, y el empleo de significativos recursos económicos para su correcto tratamiento posterior.

Por lo tanto, para avanzar en la senda del desarrollo sostenible, en materia de residuos es prioritario, incluso antes que la reutilización y el reciclaje, procurar su no generación y, en todo caso, su minimización.

Son muy diversos los tipos de residuos que se generan tanto en la producción como el consumo de bienes y servicios por parte de los distintos agentes. Entre ellos se encuentran los denominados residuos municipales, que son los generados por los hogares y otras fuentes de residuos similares (comercio, oficinas e instituciones públicas) cuya recogida compete a las autoridades locales.

El objetivo de hacer sostenible la producción y el consumo (ODS 12 de la Agenda 2030) exige un esfuerzo por parte de todos los agentes económicos para generar la menor cantidad posible de residuos. Si queremos conocer si la sociedad transita por la senda de sostenibilidad, es de especial interés, entre otros aspectos, realizar evaluaciones periódicas de la evolución que sigue la generación de residuos.

En el contexto europeo, para evaluar los progresos de los países de la Unión Europea (UE-27) en materia de generación de residuos municipales se dispone de los datos que publica  Eurostat. De acuerdo con dicho organismo estadístico, en el año 2021 se generó un total de 237 millones de toneladas de residuos municipales en la UE. Esta cantidad supone aproximadamente el 10% del total de residuos en sus diferentes tipos generados en la UE. Teniendo un modesto peso relativo, esta clase de residuos nos puede aportar, no obstante, información sobre si el consumo se encamina o se aleja de la sostenibilidad.

Desde una aproximación dinámica una primera conclusión general a la que se llega tras el análisis de los datos nos revela que durante el periodo 2000-2021 la generación de residuos municipales en la UE ha aumentado un 7,6%, al pasar de 220 a 237 millones de toneladas.

Como se observa en el siguiente gráfico, la generación total de residuos municipales en la UE ha estado afectada por el ciclo económico. En épocas como la de la Gran Recesión (2008-2014) la caída de la producción y el consumo ha comportado una menor generación de residuos domésticos. No obstante, una vez que la economía entra en una fase de recuperación, a partir de 2015 la generación de residuos vuelve a tomar una senda claramente creciente que prosigue hasta hoy. Es de destacar asimismo que incluso en el año 2020, especialmente afectado por los impactos sobre la economía de la crisis de la pandemia del COVID-19, la producción de residuos continuó aumentando.

G_residuos UE_total_2000-2021

Si analizamos la generación de residuos en términos relativos, esto es, en kilogramos de residuos generados por persona, se constata una evolución similar. En promedio un ciudadano comunitario generaba en el año 2000 un total de 513 kilogramos de residuos municipales. Dos décadas después, el valor de dicha ratio se ha incrementado, si bien con altibajos, hasta cifrarse en 530 kg per cápita en 2021. Por lo tanto, los datos apuntan a que los patrones de consumo no se han reorientado hacia la sostenibilidad sino más bien al contrario.

G_residuos UE_per cápita_2000-2021

En un análisis más detallado por países, se encuentran notables diferencias en el seno de la UE-27. En términos absolutos, los países que generan más residuos domésticos son Alemania (con el 23% del total de la UE), Francia (16%), Italia (12%) y España (9%). Estos cuatro países concentran, por tanto, el 60% del total frente al 40% restante que es generado por los otros 23 países que también pertenecen a la UE.

Si consideramos la ratio de kilogramos de residuos generados por persona, las divergencias entre países son muy significativas. En el año 2021 el país con más generación de residuos casi triplicó la cifra del que menos.

Así, con un promedio de 530 kilogramos per cápita de la UE en 2021, los Estados miembros con mayores ratios fueron Austria (834), Luxemburgo (793), Dinamarca (786), Bélgica (759) y Alemania (646). Por el contrario, los Estados con menos residuos per cápita fueron Rumanía (302), Polonia (362), Estonia (395), Bulgaria (408), Hungría (416) y Suecia (418).

G_residuos UE_Países_2021

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Eurostat

Evolución del consumo por habitante en la UE (1995-2021)

Puerto Cruz, crisis, saldos, 2012.06.25

Para evaluar el progreso de los países el indicador del PIB per cápita ha ocupado hasta la actualidad un lugar privilegiado. Durante décadas se ha defendido el uso de esta ratio como la mejor aproximación sintética del bienestar de la población. Recordemos, no obstante, que dicha medida se refiere estrictamente a la actividad económica, es decir, al valor de todos los bienes y servicios producidos en la economía de un territorio (país, región, ciudad…) durante un periodo de tiempo (generalmente un año), relativizándolo por el número de habitantes. En consecuencia, por su propia naturaleza son múltiples las limitaciones que presenta para medir el bienestar de las personas.

Como medida alternativa al PIB per cápita se dispone del indicador de consumo individual efectivo (CIE) que se viene empleando por considerarse una medida más adecuada para evaluar el bienestar material de la población. Se define como el valor monetario del consumo de los bienes y servicios adquiridos directamente por los hogares, así como los servicios prestados por las organizaciones sin ánimo de lucro y el Estado para el consumo de los individuos (educación, sanidad…). Dicho consumo se valora en euros pps (estándar de poder de compra), con objeto de corregir las diferencias nacionales en los niveles de precios permitiendo las comparaciones entre países, y se relativiza por el número de habitantes.

Siendo un indicador más adecuado que el PIB per cápita para medir el bienestar material, no hay que olvidar que el CIE tampoco está exento de importantes limitaciones, en especial si lo que perseguimos es, en realidad, evaluar el desarrollo sostenible. Es evidente que el consumo de bienes, que satisfacen necesidades materiales (básicas y no básicas), conlleva el uso de recursos naturales (materiales, agua, energía), cuyo impacto sobre el medio ambiente puede ser muy diverso (pérdida de biodiversidad, residuos, contaminación…). Por lo tanto, el CIE no nos aporta información sobre la sostenibilidad ambiental, sobre si ese consumo es sostenible. De igual forma, este indicador de consumo medio por habitante, por su propia concepción, no nos aproxima a evaluar los avances en equidad, pilar fundamental del desarrollo sostenible.

En el contexto de la Unión Europea, para conocer la evolución de dicha medida de consumo per cápita se cuenta con la estadística que elabora la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). En un análisis de los datos disponibles para el periodo 1995-2021 se evidencia, como primera conclusión general, que el nivel de consumo individual efectivo por habitante de la UE-27 ha aumentado de forma prácticamente continuada, pasando de 10.100 a 21.100 euros (pps), esto es, el nivel de consumo se ha multiplicado por 2,1 en poco más de 25 años. Como se observa en el siguiente gráfico, cabe apuntar que en dicha tendencia de generalizado crecimiento hubo sólo dos años, 2009 (con la Gran Recesión) y 2020 (con la pandemia del COVID-19), en los que el consumo por habitante se contrajo.

G_Consumo UE_1995-2021

En un análisis por países, de acuerdo con los últimos datos correspondientes al año 2021, nueve Estados miembros de la UE-27 presentan un consumo por habitante superior a la media comunitaria.

Luxemburgo encabeza la UE-27 al presentar un CIE de 144, esto es, supera en un 44% el consumo por habitante medio de la Unión. Le siguen Alemania (120), Dinamarca (119), Austria (116), los Países Bajos (115), Bélgica (115), Finlandia (112), Suecia (110) y Francia (110).

Por el contrario, 18 países de la UE-27 presentan un CEI inferior a la media. El menor consumo per cápita lo registra en 2021 Bulgaria (64), con un 36% inferior a la media comunitaria. Le siguen, a continuación, Hungría (69), Eslovaquia (71), Croacia (72) y Grecia (75), con valores que no superan el 75% de la media de la Unión.

Existe, por tanto, una amplia variación entre el país de mayor consumo por habitante, Luxemburgo (144) y el de menor consumo, Bulgaria (64), esto es, una brecha de 79 puntos en 2021. No obstante, dicha divergencia ha disminuido con el transcurso de los años. En 1995, el país de mayor consumo era igualmente Luxemburgo (156) que contrastaba en el otro extremo con Rumanía (33), registrándose entonces un diferencial de 124 puntos entre ambos. Precisamente Rumanía, junto con Lituania, Estonia, Letonia y Polonia, son los países que más han visto aumentar en términos relativos sus niveles de consumo por habitante durante el periodo 1995-2021.

CIE_UE_2021

Para más información:

Eurostat

La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2021)

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Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

Con la fiscalidad ambiental o verde se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, es decir, tratar de incorporar en el coste de aquellas actividades calificadas de insostenibles los costes medioambientales que generan, ya que, de lo contrario, permanecerían “no visibles” y sin contabilizar en el precio final. Por lo tanto, el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen sus comportamientos para hacerlos más respetuosos con el medio ambiente.

Son diversas las bondades que presenta la implantación de impuestos ambientales, entre las que podemos destacar las siguientes:

a) Favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles).

b) Contribuyen a un mayor empleo del transporte sostenible.

c) Fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente.

d) Reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas.

e) Desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables.

f) Refuerzan la lucha contra el cambio climático.

En la práctica la fiscalidad ambiental se concreta en la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

«Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes«.

Durante los últimos 25 años se han extendido los impuestos ambientales que, en sus diversos tipos, han venido aplicando en el seno de la Unión Europea sus Estados miembros. Se hace necesario, por tanto, realizar de forma continuada evaluaciones periódicas sobre la aplicación real de este tipo de impuestos.

Como primera aproximación analizamos aquí si la fiscalidad verde ha ganado protagonismo en el seno de las políticas tributarias de los países de la UE. Para ello se estudia cómo se ha comportado la recaudación de las diferentes categorías de impuestos ambientales, cuál ha sido la evolución de la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación verde en relación con la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2021 se recaudó en la UE-27 un total de 325.837 millones de euros en concepto de impuestos ambientales.

De este total la mayor parte fueron ingresos por impuestos sobre la energía (el 78,4%). A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,1%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (3,5%).

G_Imp. amb. tipos_2021

En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,52% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2021. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,24%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2021, se concluye que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE.

En términos de su participación en la estructura tributaria total, el porcentaje de recaudación correspondiente a la fiscalidad verde sobre la recaudación total de impuestos de la UE-27 ha descendido desde el 6,74% en 1995 al 5,52% en 2021.

En términos comparativos con la actividad económica, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,63% de 1995 hasta el 2,24% en el último año de 2021. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Asimismo, es relevante apuntar que, como se observa en el siguiente gráfico, con la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 el papel desempeñado por la fiscalidad verde ha intensificado su caída. La recaudación de los impuestos ambientales ha retrocedido en mayor medida que la actividad económica: la presión fiscal ambiental en el conjunto de la UE se redujo desde el 2,35% de 2019 en 0,11 puntos porcentuales.

G_Imp. amb. tipos_1995_2021

Por tipos de impuestos, durante el periodo 1995-2021 la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 2,03% en 1995 a 1,76% en 2021. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,52% al 0,41%. Por su parte, los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantienen su presión fiscal del 0,08% en el periodo analizado.

En un análisis por países es destacable la diferente importancia de la fiscalidad verde dentro de la UE. Así, en el año 2021 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 3,93%. Le siguen, en orden descendente, Croacia (3,12%), Países Bajos (3,09%), Italia (3,00%), Polonia (2,89%) y Dinamarca (2,88%), principalmente.

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (1,16%), seguido de Luxemburgo (1,45%), España (1,76%), Alemania (1,80%) y República Checa (1,84%).

G_Imp. amb._países_2021

En resumen, durante el periodo 1995-2021 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (16 de 27), permaneciendo igual en tres y aumentando en ocho. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Estonia (+2,3 p.p. entre 1995 y 2021), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-1,6 p.p.).

Para más información: 

Eurostat

La superficie de paneles solares térmicos instalados en la UE (1990-2021)

La Unión Europea, para intentar hacer frente a la dependencia energética de los combustibles fósiles y cumplir con sus compromisos climáticos, ha venido desarrollando durante las últimas décadas una política de fomento de las energías renovables. Entre éstas se encuentra la energía solar, cuya superficie instalada ha aumentado de forma continuada desde 1990.

Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), en la UE-27 la superficie total de paneles solares térmicos, que aprovechan la energía solar principalmente para calentar agua, ascendió en el año 1990 a 3,64 millones de metros cuadrados, de modo que llega a casi triplicarse diez años después (10,76 millones en 2000). Es en la primera década del siglo XX cuando se produce el mayor avance en la implantación de la energía solar en Europa, llegándose a contabilizar un total de 34,43 millones de m2 en 2010. Los datos más recientes apuntan que en 2021 hay un total de 57 millones de m2 de paneles solares térmicos instalados en el conjunto de los veintisiete países de la Unión Europea, es decir, 15,7 veces la cantidad registrada en 1990.

Si realizamos un análisis por países, es destacable el papel prioritario que ha venido tomando la política de implantación de energías renovables en Alemania. En este país se contabiliza en 2021 una superficie de 21,79 millones de m2 de paneles solares térmicos instalados, cifra que contrasta con los apenas 348.000 m2 registrados en 1990, que ya era superada por países como Grecia, Francia y Austria.

Es a partir del año 1999 cuando Alemania se convierte, con diferencia, en el país de la UE con mayor superficie de este tipo de captadores solares instalados. En el último año de 2021 el país germano llega a concentrar el 38,2% de la superficie total de paneles solares de la UE.

Tras Alemania le siguen, a distancia, en el año 2021 los siguientes países: Grecia (con el 9,1 % del total de la UE-27), Austria (8,4%), Italia (8,2%), España (7,6%), Francia (6,1%) y Polonia (5,6 %), con pesos relativos superiores al 5%.

Durante el presente siglo XXI Alemania es el país que ha alcanzado un mayor avance en la instalación de este tipo de energías renovables, con un aumento de su participación en la UE de 8,0 puntos porcentuales entre los años 2000 y 2021. Por el contrario, es en Grecia donde se ha registrado una mayor pérdida de su peso relativo en la UE durante dicho periodo (18,3 puntos menos), si bien se mantiene como el segundo país con mayor superficie de energía solar instalada.

En el otro extremo, en los países bálticos de Estonia, Lituania y Letonia la presencia de paneles solares térmicos es nula o marginal. A ellos les siguen con bajos porcentajes de participación Malta, Luxemburgo y Finlandia (los tres con pesos relativos que no superan el 0,2 % del total de la UE en 2021).

Para más información:

Eurostat

El parque automovilístico de la Unión Europea (2010-2021)

Son incuestionables los diversos impactos (o «externalidades negativas» que diría la economía neoclásica) que acarrea el uso del coche privado: contaminación atmosférica, calentamiento global del planeta, congestión, accidentes de tráfico, deterioro de la salud física y mental, contaminación acústica, dependencia de combustibles fósiles, extracción de materiales, ocupación de suelo, generación de residuos, etc., cuyos costes medioambientales y sociales no han sido aún valorados en su justa medida.

Para hacer frente a la insostenibilidad del transporte la Unión Europea aprobó en 2011 la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible, conocido como Libro Blanco del transporte.

Como expresa este documento estratégico, es clave afrontar la gran dependencia actual del petróleo y sus derivados en el sector del transporte y transitar hacia una economía descarbonizada. Se hace necesario fomentar la movilidad sostenible, como ir a pie o en bicicleta, además de dar un mayor impulso al transporte público no contaminante.

Asimismo, la estrategia del Libro Blanco establece entre sus objetivos que el uso de los automóviles de propulsión convencional en el transporte urbano habrá de verse reducido en un 50% en el año 2030, antes de su eliminación total en las ciudades en 2050.

Sin embargo, según los datos disponibles de Eurostat, el parque automovilístico no ha hecho más que crecer dentro de los límites físicos de los 4,2 millones de km2 de la UE-27.

Centrándonos en los coches de pasajeros, que son el tipo de vehículos de mayor uso, su número no ha abandonado la senda del continuo crecimiento. Si en 2010 existía un total de 211,3 millones de turismos, en 2021 el parque de estos vehículos ascendió a 253,3 millones. Por lo tanto, se ha producido un incremento acumulado del 19,9% en dicho periodo.

Asimismo, hay que anotar que, paralelamente, no se ha llevado a cabo la deseada implantación de coches eléctricos que facilite la eliminación de los coches convencionales dependientes de los combustibles fósiles. En 2021 el parque de coches eléctricos se cuantifica en solo 1,93 millones de unidades, es decir, apenas el 0,8% del parque total de turismos de la UE-27.

La presión que genera el crecimiento del parque automovilístico es palpable tanto en términos demográficos como territoriales.

En el primer caso, se constata que durante la última década el crecimiento del parque de coches de pasajeros ha sido superior al experimentado por la población de la UE-27. Como se observa en el siguiente gráfico, si tomamos como base de referencia el año 2010, el parque de turismos presenta en el año 2021 un valor índice de 119,9, que supera el 101,5 registrado por la población.

Si empleamos la ratio de número de coches de pasajeros por 1.000 habitantes, se concluye que su tendencia ascendente ha sido imparable hasta la actualidad. Para el conjunto de la UE dicho indicador ha aumentado desde los 480 coches por 1.ooo habitantes en 2010 hasta los 560 en 2020.

En el segundo caso, una primera evaluación de la presión del parque de coches sobre el territorio de la UE nos arroja que el número de coches por km2 se ha incrementado de 50 a 60 entre 2010 y 2021.

Descendiendo a un análisis por países, en el año 2021 los países de la UE con mayor número de coches de pasajeros son Alemania (48,5 millones), Italia (39,8 mill.), Francia (38,7 mill.), Polonia (25,9 mill.) y España (24,9 mill.). Estos cinco países concentran, por tanto, el 70% del total de coches de la UE.

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2012-2021 en todos los países de la UE se ha incrementado el parque automovilístico de turismos, a excepción de Lituania, donde se ha reducido un 4,8%.

En términos relativos, la ratio de número de coches de pasajeros por 1.000 habitantes revela diferencias entre países. Los mayores valores se alcanzan en Luxemburgo (682), Italia (670), Polonia (664), Finlandia (652) y Chipre (645), que superan holgadamente la media de la UE (560). Por el contrario, los menores parques de coches de pasajeros por 1.000 habitantes se registran en Rumanía (379), Letonia (390), Hungría (403), Bulgaria (414) y Croacia (433).

Para más información:

Eurostat

Comisión Europea: Libro Blanco del transporte, 2011