UE – ECOPALABRAS

La satisfacción general con la vida en los países de la UE (2024)

Viene siendo habitual que la evaluación del desarrollo de los países se vincule fundamentalmente al análisis de la evolución de la variable del PIB (Producto Interior Bruto), a pesar de conocerse que éste de lo que realmente nos informa es del valor monetario de todos los bienes y servicios de mercado producidos en una economía.

Contamos, no obstante, con otros enfoques e indicadores diferentes al tradicional PIB, no tan conocidos, que se aproximan de forma más realista a evaluar el progreso de las sociedades y la calidad de vida de sus ciudadanos. Uno de estos indicadores es el de satisfacción general con la vida, cuya valoración la otorgan los propios ciudadanos de acuerdo con su percepción personal revelada a través de encuestas.

La medida de satisfacción general con la vida es un indicador de bienestar subjetivo que suele comprender la valoración de tres aspectos: la satisfacción con la vida (apreciación cognitiva), los afectos (los sentimientos o estados emocionales de una persona, positivos o negativos) y la eudemonía (la sensación de tener propósito en la vida y una buena estabilidad sicológica).

En el contexto europeo, contamos con los datos que publica la Oficina Europea de Estadística de la UE (Eurostat) que nos permiten analizar la valoración que tienen los ciudadanos europeos sobre la satisfacción general de sus vidas.

Así, partiendo de una escala comprendida entre 0 (muy insatisfecho) y 10 (muy satisfecho), los últimos resultados correspondientes al año 2024 nos revelan que los ciudadanos de la UE valoran, en promedio, en 7,2 puntos su satisfacción general con la vida.

En una comparativa temporal, los datos publicados nos constatan que ha disminuido la satisfacción general con la vida de los ciudadanos comunitarios entre 2018 y 2024, al reducirse su puntuación media de 7,3 a 7,2 entre dichos años.

En un análisis por países, los resultados obtenidos en 2024 expresan también que existen divergencias respecto la valoración de la satisfacción general con la vida entre los veintisiete Estados miembros.

Así, el país con mayor grado de satisfacción general con la vida en 2024 es Finlandia (7,8), seguido de Eslovenia (7,7), Rumanía (7,7), Polonia (7,6), Austria (7,6), Países Bajos (7,6), Dinamarca (7,6) y Bélgica (también 7,6).

En el extremo contrario, los menores niveles de satisfacción general con la vida los declaran en 2024 los ciudadanos de Bulgaria (6,2), Grecia (6,7), Letonia (6,9) y Alemania (7,0).

Desde una aproximación temporal, respecto al año 2018 cinco países destacan por registrar los mayores aumentos de su satisfacción general con la vida en 2024: Croacia (+0,9 puntos), Lituania (+0,8), Bulgaria (+0,8), Portugal (+0,6) y Hungría (+0,6), según los últimos datos de Eurostat. Por el contrario, se han registrado las mayores pérdidas de satisfacción con la vida en Irlanda (-0,6 puntos), Alemania (-0,4), Austria (-0,4) y Suecia (-0,4).

Los resultados obtenidos nos muestran asimismo un hecho importante: que un país tenga un alto PIB per cápita no es necesariamente determinante para que su población disfrute de un alto grado de satisfacción con la vida.

En países como Rumanía y Polonia, que tienen un PIB per cápita (pps) inferior a la media de la UE (un -22% y un -23%, respectivamente, en 2023), sus ciudadanos declaran unos niveles de satisfacción con la vida que superan claramente la media de la UE. En el otro extremo, de acuerdo también con Eurostat, en Alemania, un país cuyo PIB per cápita (pps) supera en un 16% el promedio de la UE, sus ciudadanos son, tras los de Bulgaria, Grecia y Letonia, los que menor puntuación han dado a la satisfacción general con la vida en el año 2024.

Para más información:

Eurostat

El gasto en protección medioambiental en la Unión Europea (2006-2024)

A medida que los problemas medioambientales han venido aumentando en número e intensidad, como los derivados de la crisis climática que atraviesa el planeta, garantizar la calidad y perdurabilidad de los ecosistemas y especies naturales se convierte en una necesidad cada vez más imperiosa. Ello hace que la puesta en práctica de múltiples medidas dirigidas a la protección medioambiental, que conllevan ineludiblemente los correspondientes compromisos de financiación, esté llamada a continuar siendo una prioridad.

En el ámbito de la Unión Europea, sobre la base del Pacto Verde Europeo, en la actualidad la política medioambiental tiene como objetivo principal para la presente década acelerar la transición hacia una economía climáticamente neutra y eficiente en el uso de los recursos, tal y como expresa el VIII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, vigente desde el año 2022. Evidentemente, este objetivo obliga no sólo asegurar una tendencia ascendente del gasto de protección medioambiental sino a intensificar su ritmo de crecimiento durante los próximos años en áreas como las siguientes: gestión de residuos, gestión de aguas residuales, protección del aire y del clima, protección de las aguas subterráneas, protección y descontaminación de suelos, disminución de ruidos, I+D sobre medio ambiente, y protección de la biodiversidad y el paisaje.

En la Unión Europea (UE-27), de acuerdo con los últimos datos publicados por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), el gasto total en protección medioambiental asciende a 359.921 millones de euros en 2024. Este gasto ha sido sufragado, con diferente proporción, por los siguientes sectores institucionales: el 51,4% por las empresas, el 31,1% por las Administraciones Públicas (e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares) y el 17,5% restante por los hogares.

Desde una perspectiva temporal, de acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, el gasto en protección medioambiental en la UE ha pasado de 207.736 millones de euros en 2006 a 359.921 millones en 2024, lo que supone un incremento acumulado del 75,3% en dicho periodo.

Como puede observarse en el siguiente gráfico, dicho gasto medioambiental, medido en euros corrientes, no ha seguido una tendencia de crecimiento lineal durante todo el periodo 2006-2024.

Durante este largo periodo de tiempo, cabe destacar especialmente los efectos, en primer lugar, de la irrupción de la crisis económica de 2008 que repercutió de forma notaria sobre las políticas medioambientales al verse restringida su financiación, en particular en los años 2009 y 2013-2014. Posteriormente, el gasto de protección medioambiental siguió una senda de recuperación que se interrumpe en el año 2020 con el inicio de la pandemia del COVID-19. Finalmente, a partir del 2021 hasta la actualidad el gasto medioambiental muestra un mayor impulso.

Es necesario apuntar, asimismo, que para tener una visión más real de la evolución del gasto de protección medioambiental (que es medido en euros corrientes) en la UE es pertinente analizarlo en términos relativos, esto es, en comparación con la evolución de la actividad económica. Para ello, el indicador habitualmente empleado es el de porcentaje de gasto de protección medioambiental sobre el Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado.

Así, los datos disponibles de Eurostat nos permiten concluir que para conjunto del periodo 2006-2024, el porcentaje de gasto medioambiental sobre el PIB total de la UE-27 se ha mantenido prácticamente invariable durante todos estos años, cifrándose en el 2,0% en 2024, igual porcentaje que en 2006. Por lo tanto, el gasto destinado a proteger el medio ambiente de los efectos nocivos de las actividades económicas se ha venido incrementado en similar medida que el valor de la producción de bienes y servicios de la economía. Sólo en 2020 alcanzó un máximo del 2,2%, pero dándose la circunstancia de que fue un año en el que el gasto medioambiental no se incrementó, sino que se contrajo en menor grado que la actividad económica. Estos resultados añaden mayor incertidumbre sobre si realmente se está en la senda adecuada para dar cumplimiento a los actuales objetivos de la política medioambiental europea demandante de recursos económicos adicionales.

En un análisis por países es destacable la diferente importancia que otorgan los Estados al gasto de protección medioambiental en el seno de la UE. Así, según los últimos datos disponibles correspondientes al año 2022, Bélgica, con una ratio del 3,40%, es el país que gasta más en protección medioambiental en comparación con el tamaño de su economía, porcentaje significativamente superior a la de media de la UE (2,10% en 2022). Le siguen, en orden descendente, Austria (3,20%), Rumanía (2,70%), Chequia (2,70%), Suecia (2,60%), Italia (2,60%) y Eslovenia (2,50%), principalmente.

Por el contrario, el país con menor gasto en protección medioambiental sobre el PIB es Irlanda (0,60%), seguido de Luxemburgo (1,00%), Letonia (1,20%), Chipre (1,30%), Hungría (1,30%) y Grecia (1,40%).

Desde una aproximación dinámica, durante el periodo 2018-2022 (años con datos disponibles) el gasto en protección medioambiental sobre el PIB se ha incrementado en 13 de los 27 países de la UE, destacando los mayores esfuerzos realizados por Eslovenia (+0,4 puntos porcentuales), y se ha reducido en ocho países, con la mayor disminución registrada por Estonia (-0,4 p.p.). En los seis países restantes la ratio de gasto medioambiental se ha mantenido estable.

Para más información:

Eurostat

La superficie de los espacios protegidos marinos en la UE (2022)

La pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se encuentran entre las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad ante la próxima década. Así lo afirma la Estrategia sobre Biodiversidad de la UE para 2030.

En el caso de los ecosistemas marinos, en particular, la biodiversidad se encuentra afectada por múltiples prácticas insostenibles (sobrepesca, vertidos, contaminación…), a las que se suman los graves impactos del calentamiento del planeta.

La protección de los espacios marinos se convierte, por tanto, en una herramienta política y legal de primer orden para garantizar la biodiversidad y el pleno funcionamiento de los ecosistemas y especies, así como los servicios medioambientales que ofrecen, sin olvidar los beneficios sanitarios, sociales y económicos que proporcionan a la población.

Con la designación de espacios marinos protegidos y su eficaz gestión se persigue preservar la biodiversidad marina, al mismo tiempo que se procura la seguridad alimentaria de la población y los medios de subsistencia a largo plazo de los pescadores y agentes del sector de la pesca y el marisco de un modo sostenible. En el marco de la UE, la citada Estrategia sobre Biodiversidad establece expresamente un compromiso cuantitativo fundamental: Conferir protección jurídica al 30% de la superficie marina de la UE, como mínimo, de aquí a 2030. Este claro compromiso obliga, en primer lugar, a conocer en qué situación de protección se encuentran hoy los ecosistemas marinos de la Unión y, en segundo lugar, a realizar evaluaciones periódicas sobre el grado de cumplimiento de dicho objetivo hasta 2030.

De acuerdo con los últimos datos de 2022 publicados por Eurostat, en el conjunto de la Unión Europea los espacios naturales marinos que están sujetos a protección comprenden una superficie de 628.749 km2. Ello equivale al 12,3% de la superficie marina de la UE.

Desde un enfoque temporal, el porcentaje de superficie marina protegida ha aumentado desde 4,2% en el año 2012 hasta el 12,3% en 2022. Este aumento se ha debido a los avances en la protección de nuevas áreas marinas, ya sea dentro de la Red Natura 2000 o mediante designaciones nacionales complementarias como bajo el paraguas de los Convenios Internacionales de Mares Regionales.

Sin embargo, con este porcentaje del 12,3% la Unión Europea queda muy lejos de poder alcanzar el objetivo de proteger al menos el 30% de sus mares en el año 2030, establecido en la vigente Estrategia sobre Biodiversidad. En los próximos años se requieren esfuerzos extraordinarios de los países para no incumplir dicho objetivo de conservación natural, a la vez que se hace necesario implementar una gestión eficaz de todas las áreas marinas protegidas.

En un análisis por países, de los 22 Estados miembros de la UE-27 que tienen mar, el que presenta una mayor superficie de espacios naturales marinos protegidos en 2022 es Francia, con 168.577 km2. Le siguen, a continuación, España (132.934), Portugal (78.364) e Italia (56.957), principalmente.

En términos relativos, si tenemos en cuenta la superficie marina total de cada país, Francia y Alemania, ambos con el 45,3% cada uno, presentan el mayor porcentaje de superficie marina protegida nacional en 2022. Seguidamente, los países con los mayores porcentajes son Bélgica (37,8%), Países Bajos (26,8%), Lituania (22,8%), Polonia (21,9%), Rumanía (21,4%) y Grecia (19,8%). Por lo tanto, en 2022, sólo tres países (Francia, Alemania y Bélgica) ya han conseguido proteger el 30% de la superficie de sus espacios marinos.

En el otro extremo, los menores porcentajes de protección de áreas marinas corresponden a Irlanda (2,1%), Portugal (4,5%), Eslovenia (5,0%), Malta (5,5%), Bulgaria (8,0%) y Chipre (8,6%).

Para más información:

Eurostat

European Environment Agency

La superficie de los espacios protegidos terrestres en la UE (2022)

Los ecosistemas y la diversidad de especies que habitan el planeta desempeñan funciones ecológicas que guardan un intrincado equilibrio que hace posible la continuidad de la vida en la Tierra. Son áreas de un gran valor intrínseco que proporcionan importantes beneficios medioambientales, sociales, culturales y económicos, además de contribuir a la salud y bienestar del ser humano.

Sin embargo, los espacios naturales terrestres se encuentran sometidos a intensas presiones como las derivadas del desarrollo urbano, la intensificación agrícola, la extensión de la red de transporte, la contaminación y el cambio climático. Es por ello que su protección se convierte en una herramienta política y legal de primer orden. En el contexto actual de pérdida de biodiversidad y de crisis climática que atraviesa el planeta se vuelve inexcusable la preservación de las áreas naturales que poseen un gran valor, cuya pérdida sería irreversible.

En la Unión Europea los espacios naturales terrestres que están sujetos a protección comprenden una superficie de 1.079.412 km2, de acuerdo con los últimos datos de 2022 publicados por Eurostat. Ello equivale al 26,1% del territorio total de la UE: un 18,6% designado como espacios de la Red Natura 2000 (áreas protegidas por las Directivas de Aves y Hábitats) y un 7,5% como otras designaciones nacionales complementarias.

Desde un enfoque temporal, el porcentaje de superficie protegida ha aumentado desde el año 2011, cuando se cifró en el 24,3%, hasta el último dato del 26,1% en 2022. Sin embargo, como se observa en el siguiente gráfico, durante los últimos años no se han producido avances en la superficie protegida, ya que dicho porcentaje ha permanecido prácticamente estancado. Este hecho está provocando una mayor incertidumbre en el cumplimiento del objetivo de alcanzar el 30% en el año 2030, establecido en la vigente Estrategia sobre Biodiversidad de la UE.

Además, hay que tener en cuenta que para garantizar la biodiversidad no es suficiente con aumentar la cobertura de los espacios naturales protegidos. Es igualmente necesario que, al mismo tiempo, los países apliquen sistemas eficaces de gestión en sus áreas de gran valor natural.

En un análisis por países, en 2022 el país de la Unión Europea con mayor superficie de espacios naturales terrestres protegidos es Francia, con 154.571 km2, reflejando el alto grado de biodiversidad que se concentra en este territorio europeo. Le siguen, a continuación, España (142.152), Alemania (137.704) y Polonia (123.491), principalmente.

En términos relativos, si tenemos en cuenta el tamaño de los países, Bulgaria, con el 41,0%, presenta el mayor porcentaje de superficie protegida sobre el total del territorio nacional. Tras Bulgaria los países con mayor porcentaje de superficie de espacios naturales protegidos son Eslovenia (40,5%), Polonia (39,6%), Alemania (38,5%), Croacia (38,2%), Luxemburgo (37,9%), Chipre (37,8%) y Eslovaquia (37,3%).

Por el contrario, los menores porcentajes de protección corresponden a Finlandia (13,4%), Irlanda (13,9%), Bélgica (14,7%), Suecia (15,0%), Dinamarca (15,1%), Lituania (17,8%) y Letonia (18,1%).

Para más información:

Eurostat

European Environment Agency

La participación de las energías renovables en la UE (2004-2023)

En el ámbito de las energías renovables, la Estrategia Europa 2020 y la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo dejaron fijado como objetivo estratégico que para el año 2020 el 20% del consumo final de energía de la UE debe tener su origen en fuentes renovables (eólica, solar, hidráulica, maremotriz, geotérmica, biomasa…). De acuerdo con los datos de Eurostat dicho objetivo del 20% se cumplió en el horizonte marcado de 2020, al registrase una cuota de participación del 22,0% en dicho año.

De cara al futuro, los nuevos objetivos de lucha contra el cambio climático han conducido a la Unión Europea a revisar su objetivo general de participación de las energías renovables para acelerar su implantación, de modo que se fuerce el desplazamiento del consumo de los combustibles fósiles que propician el calentamiento global.

Así, la Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de octubre de 2023 establece que los Estados miembros velarán conjuntamente por que en el año 2030 la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de al menos el 42,5% del consumo final bruto de energía de la Unión, y deberán esforzarse por alcanzar el 45%.

Los últimos datos de Eurostat nos informan que en el año 2023 el consumo final de energía en la UE-27 ascendió a 960 millones de toneladas equivalentes de petróleo. De este total el 24,6% provino de fuentes de energía renovables, porcentaje que desde 2004 se ha venido incrementado de forma continuada año tras año, a excepción de 2021, año marcado por los impactos de la pandemia de la COVID-19.

Se concluye, por tanto, que el ambicioso objetivo fijado para 2030 implica que la cuota de las energías renovables ha de registrar un crecimiento medio entre 2023 y 2030 de 2,9 puntos porcentuales cada año, lo que supone un ritmo muy superior al registrado en el decenio anterior (0,8 p.p.).

En un análisis por países, entre 2004 y 2023 la participación de la energía de fuentes renovables en el consumo final de energía se ha incrementado en todos los Estados miembros. Los mayores avances relativos se han dado en Dinamarca (29,6 puntos porcentuales más) y Suecia (+28,0 p.p.), y los menores en Croacia (+4,6 p.p) y Eslovenia (+6,7 p.p.), si bien estos dos últimos países ya partían en 2004 con altos porcentajes de introducción de renovables.

Asimismo, se sigue observando, de acuerdo con los últimos datos publicados por Eurostat, que persiste la disparidad en el grado de implantación de las energías renovables dentro de la Unión.

En 2023 Suecia, con el 66,4%, es el país con el mayor porcentaje de energía de fuentes renovables en su consumo final bruto energético. Le siguen, a cierta distancia, los mayores porcentajes de Finlandia (50,8%), Dinamarca (44,4%), Letonia (43,2%), Estonia (41,0%), Austria (40,8%) y Portugal (35,2%).

Por el contrario, las menores participaciones de energías renovables sobre el consumo energético final se registraron en Luxemburgo (14,4%), Bélgica (14,7%), Malta (15,1%), Irlanda (15,3%), Polonia (16,6%), Eslovaquia (17,0%), Hungría (17,1%) y Países Bajos (17,4%).

Para más información:

Eurostat

Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de octubre de 2023

La dependencia energética exterior de la UE (1990-2023)

El objetivo de la soberanía energética adquiere cada vez más significado para convertirse en una cuestión estratégica de la política energética de los países. Una baja dependencia de las importaciones posibilita que las economías sean menos vulnerables a problemas de provisión de recursos energéticos y a imprevistas fluctuaciones alcistas de los precios que derivan, en última instancia, en un deterioro de la capacidad adquisitiva de la población y en una merma del saldo comercial del país importador.

Al mismo tiempo, el procurar una menor dependencia de las importaciones de productos energéticos, que fundamentalmente son combustibles fósiles, viene a apuntar en la práctica que se han podido implementar medidas de eficiencia energética y/o se está produciendo un mayor empleo de las energías renovables. De esta forma se consigue actuar a favor de la sostenibilidad y del tránsito hacia una economía baja en carbono, al propiciarse la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que provocan el calentamiento climático.

En el marco de la Unión Europeo, para evaluar el mayor o menor grado de soberanía energética, la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) publica el indicador de dependencia de las importaciones de energía que queda definido en los siguientes términos:

la proporción de las necesidades energéticas totales de un país satisfechas por las importaciones de otros países, esto es, el porcentaje de importaciones netas (importaciones menos exportaciones) sobre la energía bruta disponible.

De acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, el consumo de energía en la UE continúa dependiendo en gran medida de su abastecimiento exterior. Entre 1990 y 2023 el conjunto de la UE ha visto aumentar su grado de dependencia energética desde el 50,0% hasta el 58,3%.

Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución seguida por el indicador de dependencia energética en la UE ha estado muy condicionada por la naturaleza del ciclo que atraviesa la economía, ya sea expansivo o contractivo. Durante los años de la Gran Recesión el valor del indicador de dependencia energética se redujo, interrumpiendo de forma clara la tendencia ascendente que venía registrando desde 1990, para, después, a partir de 2014, una vez pasados los años de crisis económica, retomar su senda creciente hasta alcanzar un máximo en 2019, con el 60,5%. Más recientemente, con la irrupción de la pandemia del COVID-19, que conllevó fuertes impactos sociales y económicos, el grado de dependencia energética vuelve a retroceder. La contracción de la economía de la UE, en buena medida por las necesarias medidas de restricción a la actividad y la movilidad adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, derivó en menores requerimientos energéticos que hicieron descender el grado de dependencia del exterior hasta el 57,5% en 2020 y el 55,5% en 2021.

A continuación, en el 2022, con la finalización de la pandemia, el grado de dependencia energética de la UE retoma su senda ascendente, repuntando hasta el 62,5%, en un contexto internacional marcado por la fuerte inflexión al alza de los precios energéticos. A ello hay que añadir los impactos de la guerra en Ucrania iniciada en marzo con la invasión rusa. Finalmente, en 2023 la ratio de dependencia energética de la UE se modera hasta situarse en el 58,3%, si bien se consolida en un nivel que sólo ha sido superado en los años 2019 y 2022 en toda la serie histórica.

En un análisis por tipos, el petróleo y sus derivados, que son los productos energéticos más demandados, presentan la mayor tasa de dependencia exterior. En 2023 el 94,5% de su demanda ha tenido que ser importado de terceros países. Este porcentaje supera en 1,4 puntos el registrado en 1990 (93,1%).

A continuación, para el gas natural, el segundo producto energético más demandado, la tasa de dependencia exterior es del 90,0% en 2023. En este caso continúa siendo muy superior al 51,8% de 1990.

Respecto a los combustibles fósiles sólidos, el tercer producto energético más demandado, en 2023 el 40,8% de su consumo ha sido cubierto a través de importaciones. Este porcentaje también supera el registrado en 1990 (18,7%).

Atendiendo a un análisis por países, los últimos datos disponibles de Eurostat nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de productos energéticos continúa siendo elevado en la mayoría de los países de la UE. Un total de 16 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2023.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones netas sobre su energía bruta disponible del 97,6%, Chipre (92,2%) y Luxemburgo (90,6%). A continuación, les siguen Irlanda (77,9%), Bélgica (76,1%), Grecia (75,6%), Italia (74,8%), Países Bajos (70,4%), España (68,4%) y Lituania (68,4%), entre otros.

Por el contrario, el país con un grado de dependencia exterior menor es Estonia (3,5%), al que siguen, a distancia, Suecia (26,4%), Rumanía (27,9%), Dinamarca (32,3%), Finlandia (29,6%), Letonia (32,7%) y Dinamarca (38,9%). Desde una perspectiva temporal amplia, que abarca el periodo 1990-2023, los Estados que más han aumentado su tasa de dependencia energética exterior han sido Polonia (de 0,9% a 48,0%), Países Bajos (de 23,7% a 70,4%) y República Checa (de 15,2% a 41,7%). En sentido contrario, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más su dependencia energética exterior durante el periodo analizado: Letonia (de 89,0% a 32,7%), Estonia (de 41,0% a 3,5%) y Finlandia (de 61,0% a 29,6%), entre 1990 y 2023.

Para más información:

Eurostat.

Hacia un sistema alimentario sostenible y saludable en la UE

Desde hace ya algunas décadas estamos siendo partícipes de un sistema alimentario que nos devuelve múltiples problemas. Seguimos unos patrones de producción y consumo de alimentos que no nos acercan a mejorar nuestra calidad de vida ni propician unas relaciones armónicas con la naturaleza, bien al contrario.

En las sociedades occidentales, como la europea, se extienden los problemas derivados de dietas alimenticias poco saludables, basadas en alimentos transformados, y procedentes de una actividad agraria de orientación fundamentalmente productivista que depende en exceso de plaguicidas, fertilizantes y antimicrobianos. La obesidad en la población europea sigue con su tendencia de crecimiento continuado, lo que provoca un aumento de las enfermedades relacionadas con dietas poco saludables. Al mismo tiempo un importante porcentaje de los alimentos producidos, en torno al 20%, se convierte en desperdicios. El sector agrario, si bien ha disminuido con los años sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mantiene una huella medioambiental y climática importante. Además, las actividades anexas al sector primario, como la transformación, la comercialización, el envasado y la distribución de alimentos, contribuyen también a la contaminación del aire, el suelo y el agua, y tienen un gran impacto sobre la biodiversidad.

Se hace necesario, pues, el tránsito hacia un sistema alimentario coherente que consiga elevar y reforzar sus beneficios ambientales, sanitarios y sociales. Con este fin en el año 2020 la Comisión Europea aprobó la Estrategia “de la granja a la mesa” para un sistema justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente.

Esta Estrategia se erige como una herramienta importante del Pacto Verde Europeo, que la Comisión Europea aprobó en 2019 para afrontar los desafíos del clima y del medio ambiente y poner la economía en la senda de la sostenibilidad de modo que alcance a ser neutra en GEI en el año 2050. Al mismo tiempo, la Estrategia se alinea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la ONU en 2015, en concreto a través de su ODS 2 (Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible).

A grandes rasgos, la Estrategia “de la granja a mesa” de la UE persigue los siguientes tres grandes objetivos:

1. Garantizar que la cadena alimentaria (producción, transporte, distribución, comercialización y consumo de alimentos) propicie un impacto medioambiental neutro o positivo.

Se trata de fomentar que los agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores transformen sus métodos de producción, haciéndolos sostenibles, con bajos o nulos impactos sobre el medio ambiente y el clima. Para ello se hace necesario, por ejemplo, reducir y optimizar el uso de plaguicidas y fertilizantes, minimizar las emisiones de GEI, que contaminan el suelo, el agua y aire, y contribuyen a la pérdida de biodiversidad, y aprovechar más las energías renovables (biogás, energía solar…). En concreto, algunas de las medidas propuestas en la Estrategia por la Comisión Europea son las siguientes:

-Reducir el uso y el riesgo globales de los plaguicidas químicos en un 50% de aquí a 2030.

-Reducir el uso de fertilizantes en al menos un 20% de aquí a 2030, para afrontar las reducciones necesarias de la carga de nutrientes en el medio ambiente, y fomentar el reciclado de residuos orgánicos como fertilizantes renovables.

-Reducir a venta general de antimicrobianos en la UE para animales de granja y de acuicultura en un 50% de aquí a 2030.

-Continuar fomentando la agricultura sostenible, de modo que el 25% de las tierras agrícolas de la UE se utilicen en agricultura ecológica de aquí a 2030.

-Reforzar la vigilancia de la importación y el control de vegetales en el territorio de la Unión, ante las nuevas amenazas fitosanitarias.

-Propiciar un mayor bienestar animal, para mejorar la salud de los animales y la calidad de los alimentos, lo que reduce a su vez la necesidad de medicación y contribuye a preservar la biodiversidad.

-Intensificar los esfuerzos para que las poblaciones de peces se sitúen en niveles sostenibles.

2. Garantizar la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud pública.

El sistema alimentario sostenible propuesto en la Estrategia también debe garantizar que la población disponga en todo momento de un suministro suficiente y variado de “alimentos inocuos, nutritivos, asequibles y sostenibles”.

La cadena de valor alimentaria, dada su complejidad y número de agentes que intervienen en ella, se enfrenta a amenazas inminentes y duraderas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la aparición de nuevas plagas.

Por ello cobra especial importancia el apoyo a los trabajadores agroalimentarios, tomando en consideración la protección social, las condiciones de trabajo y vivienda, así como la protección de la salud y la seguridad.

La Comisión elaborará un plan de contingencia para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria que se deberá activar en tiempos de crisis.

3. Preservar la asequibilidad de los alimentos, fomentando que los alimentos más sostenibles sean también los más asequibles para la población.

Para transitar hacia un sistema alimentario sostenible, es preciso que todos los agentes económicos que intervienen en la producción, distribución y comercialización de los alimentos que se ofrecen a los consumidores modifiquen sus prácticas empresariales. A este fin la Comisión elaborará un “código de conducta de la UE para una práctica empresarial y de comercialización responsable, acompañado de un marco de seguimiento”.

En suma, se persigue que las empresas agroalimentarias incorporen la sostenibilidad en su actividad. Algunas de las medidas propuestas son las siguientes:

-Reformulación de los productos orientándolos para dietas saludables y sostenibles.

-Reducción de la huella ambiental y aumento de la eficiencia energética.

-Modificación de las estrategias de comercialización y publicidad. Por ejemplo, evitar las campañas de comercialización que anuncian carne a precios muy bajos o restringir la promoción de alimentos con alto contenido en grasas, azúcares o sal.

-Reducción de los envases y utilización de materiales reutilizables y reciclables.

-Contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos. La Comisión se ha comprometido a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante en el comercio minorista y por los consumidores de aquí a 2030.

-Aumentar la resiliencia de los sistemas alimentarios locales y regionales, para crear cadenas de suministro de corta distancia.

-Implementar el etiquetado obligatorio armonizado sobre propiedades nutritivas en los envases para facilitar que los consumidores opten por alimentos saludables y sostenibles.

-Aplicación de incentivos fiscales para apoyar la transición hacia un sistema alimentario sostenible, por ejemplo, para apoyar el consumo de frutas y verduras ecológicas. Al mismo tiempo los sistemas fiscales deben garantizar que el precio de los alimentos refleje sus costes reales en términos de uso de recursos naturales finitos y de impactos medioambientales (contaminación, GEI, etc.).

Para más información:

Comisión Europea: Estrategia «de la granja a la mesa». COM(2020) 381 final.

El uso circular de los materiales en la UE (2004-2023)

Actualmente prevalece la economía lineal caracterizada por unos modos de producción y consumo insostenibles que se basan en la extracción ilimitada de los recursos naturales con los que fabricar productos, con frecuencia de corto periodo de uso, y en la consiguiente generación y depósito de residuos. Frente a este modelo el enfoque de la economía circular trata de abrirse camino en favor de la sostenibilidad.

La Comisión Europea adoptó en 2015 una Comunicación que daba pasos importantes en el camino hacia una economía más circular: «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular».

Con las medidas establecidas en dicho plan de acción se opta por una economía en la que se persiguen dos objetivos principales:

Mantener durante el mayor tiempo posible el valor que poseen los productos, los materiales y los recursos, de modo que se ahorran materias primas al dejar de ser extraídas de la corteza terrestre.
Reducir al mínimo posible la generación de todo tipo de residuos.

El cumplimiento de ambos objetivos facilitaría el desarrollo de una economía más eficiente en el uso de los recursos y, por tanto, con menores impactos medioambientales (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación).

Para evaluar los avances alcanzados en la UE en su senda de fomento de la economía circular, se dispone, como indicador principal, de la tasa de uso de materiales circulares (tasa de circularidad), que elabora la Oficina Estadística de la UE (Eurostat)

Dicha tasa, expresada en porcentaje, mide la proporción de materiales recuperados y reintroducidos en la economía sobre el total de materiales con uso general. La tasa de circularidad define, por tanto, la relación que existe entre el uso circular de materiales y el uso general de materiales(*).

Un valor de tasa de circularidad más alto indica que hay más materiales secundarios que sustituyen materias primas extraíbles, evitando así los impactos ambientales que supone la extracción de dichos materiales finitos de la naturaleza para fabricar productos o generar energía.

De acuerdo con Eurostat, la tasa de circularidad en la UE-27 fue del 11,8% en 2023, tras el 11,5% de 2022. Ello significa que del total de los recursos materiales que se utilizaron en la UE en dicho año el 11,8% provino de productos reciclados y materiales que han sido recuperados.

Es destacable, además, que el valor que toma la tasa de circularidad difiere de forma significativa según el tipo de materiales considerados. Así, en 2023 los metales son los materiales que toman la mayor tasa de circularidad (25%), seguidos por los minerales no metálicos (14%). Por el contrario, las menores tasas de circularidad corresponden a los combustibles fósiles (3%) y la biomasa (10%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2004-2022 la tasa de circularidad se ha incrementado en el conjunto de la UE-27 desde el 8,2% hasta el 11,8%. Ello supone, por tanto, un avance de 3,6 puntos porcentuales (p.p.) en dicho periodo de tiempo, es decir, apenas dos décimas porcentuales por año desde 2004. Además, como se observa en el siguiente gráfico, la tasa de circularidad ha experimentado una tendencia al estancamiento durante los últimos años que contrasta con los avances registrados a comienzos de la serie.

Por países se constata que la tasa de circularidad presenta diferencias muy significativas en el seno de la UE. Así, en el último año 2023 los mayores porcentajes se registraron en Países Bajos (30,6%), Italia (20,8%), Malta (19,8%), Bélgica (19,7%), Estonia (18,1%) y Francia (17,6%).

Por el contrario, las menores tasas de circularidad correspondieron a Rumanía (1,3%), Irlanda (2,3%), Finlandia (2,4%), Portugal (2,8%) y Lituania (3,9%).

Estas importantes divergencias entre los países de la UE-27 se deben, según Eurostat, a la cantidad de residuos que se recicla en cada país y a factores estructurales de las propias economías nacionales. Así, las economías que tienen mayores importaciones de materiales (incluyendo los combustibles fósiles) y mayores extracciones interiores de materiales (relacionadas con minería, construcción, etc.) son las que presentan menores tasas de circularidad.

Además, la evolución de la tasa de circularidad dentro de la UE ha sido muy dispar, en particular durante 2010-2023, periodo para el que Eurostat ha publicado datos actualizados por países. Por un lado, destacan los mayores avances de Malta, cuya tasa de circularidad ha aumentado en 14,5 p.p., Italia (+9,2 p.p.) y Estonia (+9,1 p.p.). Por el contrario, cinco países de la UE han retrocedido en su tasa de circularidad durante dicho periodo, presentando los mayores descensos Luxemburgo (-13,2 p.p.), Finlandia (-8,3 p.p.) y Polonia (-3,6 p.p.).

(*) El uso general de materiales se mide sumando el consumo agregado de materiales domésticos y el uso circular de materiales. El primero queda definido en las cuentas de flujos de materiales para toda la economía. Por su parte, el uso circular de materiales se aproxima por la cantidad de residuos reciclados en las plantas de recuperación doméstica, menos los residuos importados destinados a la recuperación, más los residuos exportados destinados a la recuperación en el extranjero.

Para más información:

Eurostat

La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2023)

Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

Con la fiscalidad ambiental o verde se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, es decir, tratar de incorporar en el coste de aquellas actividades calificadas de insostenibles los costes medioambientales que generan, ya que, de lo contrario, permanecerían “no visibles” y sin contabilizar en el precio final. Por lo tanto, el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen sus comportamientos para hacerlos más respetuosos con el medio ambiente.

Son diversas las bondades que presenta la implantación de impuestos ambientales, entre las que podemos destacar las siguientes:

a) Favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles).

b) Contribuyen a un mayor uso del transporte sostenible.

c) Fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente.

d) Reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas.

e) Desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables.

f) Refuerzan la lucha contra el cambio climático.

En la práctica la fiscalidad ambiental se concreta en la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

«Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes«.

Durante los últimos tres decenios se ha extendido la aplicación de los impuestos ambientales, a través de sus diversos tipos, en el seno de la Unión Europea. Para conocer su efectividad las evaluaciones periódicas sobre la aplicación real de este tipo de impuestos se convierten en más que necesarias.

Como primera aproximación analizamos aquí si la fiscalidad verde ha ganado protagonismo en el seno de las políticas tributarias de los países de la UE. De este modo se estudia cómo se ha comportado la recaudación de las diferentes categorías de impuestos ambientales, cuál ha sido la evolución de la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación verde en relación con la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2023 se recaudó en la UE-27 un total de 348.575 millones de euros en concepto de impuestos ambientales.

De este total la mayor parte fueron ingresos por impuestos sobre la energía (el 77,9%). A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (18,0%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (4,1%).

En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,2% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2023. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,0%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los últimos datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2023, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE.

En términos de su participación en la estructura tributaria total, el porcentaje de recaudación correspondiente a la fiscalidad verde sobre la recaudación total de impuestos de la UE-27 ha descendido desde el 6,6% en 1995 al 5,2% en 2023.

En términos comparativos con la actividad económica, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,6% de 1995 hasta el 2,0% en el último año de 2023. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Asimismo, es relevante apuntar que con la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 la fiscalidad verde como instrumento para promover la protección ambiental ha intensificado su pérdida de protagonismo. Desde 2019 hasta 2023 la presión fiscal ambiental en el conjunto de la UE se ha reducido en 0,54 puntos porcentuales.

Por tipos de impuestos, durante el periodo 1995-2023 la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 2,0% en 1995 a 1,6% en 2023. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,5% al 0,4%. Finalmente, los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantienen su presión fiscal del 0,1% en el periodo analizado.

En un análisis por países es destacable la diferente importancia de la fiscalidad verde dentro de la UE. Así, en el año 2023 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 4,11%. Le siguen, en orden descendente, Bulgaria (3,35%), Croacia (3,30%), Países Bajos (2,81%), Eslovenia (2,80%), Estonia (2,61%), Polonia (2,56%) e Italia (2,55%), principalmente.

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (0,96%), seguido de Luxemburgo (1,28%), Malta (1,54%), República Checa (1,56%), Lituania (1,61%) España (1,64%), Alemania (1,71%) y Francia (1,77%).

En resumen, durante el periodo 1995-2023 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (20 de 27), habiendo aumentado en sólo siete países. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Bulgaria (+2,2 p.p. entre 1995 y 2023), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-2,0 p.p.).

Para más información:

Eurostat

La evolución de las aves en la UE (1990-2023)

Como expresa la Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030 “la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se encuentran entre las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad ante la próxima década”.

Un magnífico indicador que nos alerta de cómo está evolucionando la calidad y cantidad de los ecosistemas naturales son las aves. Gracias a la comunidad científica sabemos que la presencia de aves es un buen semáforo de la salud de los ecosistemas, de su diversidad e integridad.

La mayor o menor población de aves, así como su mayor o menor diversidad de especies, en un ecosistema determinado, nos permite conocer más sobre la calidad del propio ecosistema donde se alimentan, viven y respiran. En definitiva, las aves nos adelantan información valiosa sobre la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad real de las actuaciones que llevamos a cabo los humanos a la hora de producir, consumir y movernos.

En el contexto europeo, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) viene publicando desde hace años el Índice de Aves Comunes, que nos informa de forma cuantitativa sobre cómo ha evolucionado la presencia de aves en Europa. Dicho índice recoge las observaciones obtenidas en los 27 Estados miembros de la UE para un total de 168 especies de aves que viven en tierras de cultivo (39), en ecosistemas forestales (34) y en otros hábitats como parques y jardines (95).

Se cuenta con un amplio horizonte temporal (1990-2023) para evaluar la tendencia de dicho Índice de Aves Comunes de la UE. Los resultados obtenidos hasta hoy apuntan que durante las tres últimas décadas hemos asistido a una continuada disminución de las poblaciones de aves en la Unión Europea y, por tanto, también al progresivo deterioro de nuestros espacios naturales. Como se observa en el siguiente gráfico, dicho índice de aves, que toma como año base 1990, ha descendido desde un valor de 100,0 en el año 1990 a 85,0 en 2023, lo que supone una caída del 15,0%.

De forma complementaria al Índice de todas las Aves Comunes, Eurostat elabora otros dos índices compuestos. El primero, el índice de aves comunes de bosques, circunscrito a 34 especies, nos revela que se ha producido un descenso del 4,5% durante el periodo 1990-2023, al pasar de 100,0 a 95,5. Con este indicador se aprecia que sólo durante el último decenio se ha logrado una tendencia de recuperación, si bien no completa, tras los continuados descensos registrados en los veinte primeros años del periodo.

Por su parte, el segundo índice, el índice de aves comunes de tierras de cultivo, que comprende 39 especies, presenta una tendencia significativamente descendente entre 1990 (100,0) y 2023 (57,9), habiéndose registrado, por tanto, una reducción del 42,1% en el periodo analizado. Como afirma la propia Estrategia para la biodiversidad 2030 las aves de hábitats agrícolas son indicadores clave de la salud de los agroecosistemas y vitales para la producción agrícola y la seguridad alimentaria, concluyendo que “su alarmante disminución tiene que invertirse”.

En el ámbito de las aves, cabe recordar asimismo lo que ya expresaba la Directiva comunitaria relativa a la conservación de las aves silvestres en el año 2009:

«En el territorio europeo de los Estados miembros, una gran cantidad de especies de aves que viven normalmente en estado salvaje padecen de una regresión en su población, muy rápida en algunos casos, y dicha regresión constituye un grave peligro para la conservación del medio natural, en particular debido a la amenaza que supone para el equilibrio biológico».

Para más información:

Eurostat

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres

Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030