Etiqueta: UE

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE (1990-2023)

El calentamiento global del planeta es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad, como así lo contempla la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en concreto en su ODS 13, puesta en marcha por Naciones Unidas en 2015.

Para encarar el desafío de la crisis climática se vuelve imperioso orientar hacia la sostenibilidad los sistemas económicos actuales basados en modos de producción y consumo que son el origen de cuantiosas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

En el marco de la Unión Europea, uno de los principales emisores de GEI del planeta, se han establecido compromisos de reducción de las emisiones de estos gases que requieren una evaluación continuada.

De acuerdo con la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en el año 2023 las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que produjo el conjunto de los 27 países de la UE se han cuantificado en 2.907 millones de toneladas (Mt) de CO2 equivalentes, incluyendo las emisiones netas del sector de “uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura” (LULUCF, en sus siglas en inglés) y la aviación internacional. Respecto al año anterior las emisiones, por tanto, experimentaron un descenso del 8,9%, continuando con la tendencia descendente mostrada en los últimos años, a excepción del repunte registrado en 2021 una vez sobrellevados los peores efectos de la contracción de la actividad que supuso la irrupción de la pandemia del COVID-19 en 2020.

En un análisis temporal más amplio, desde el año 1990, cuando los GEI generadores del cambio climático emitidos a la atmósfera por las actividades humanas ascendieron 4.635 Mt, se ha producido una reducción total de las emisiones del 37,3% en la UE. En términos absolutos, en 2023 se emitieron 1.728 Mt de CO2 equivalentes menos que en el año 1990.

En términos acumulados, durante el periodo 1990-2023 los países de la Unión Europea han enviado a la atmósfera un total de 132.398 millones de toneladas de CO2 equivalentes.

Como señala el informe de 2025 de la Agencia Europea del Medio Ambiente, (AEMA) las principales causas que explican que se hayan reducido las emisiones de GEI entre 1990 y 2023 en la UE son diversas: el aumento de la participación del uso de las energías renovables, el menor uso de los combustibles fósiles, mejoras en la eficiencia energética tanto en las empresas como en los hogares, cambios económicos estructurales y la recesión económica como la provocada por la pandemia.

En un análisis por sectores, según AEMA, las principales fuentes de emisiones de GEI son la energía (combustión y emisiones fugitivas), responsable del 81% del total de emisiones netas en 2023; la agricultura, con el 13 % del total, y la industria, con el 9%. Por su parte, el sector LULUCF representó el -7% de las emisiones netas de la UE en 2023.

Durante el periodo 1990-2023 la reducción de emisiones de GEI ha sido casi generalizada, con las significativas excepciones del transporte y la refrigeración y el aire acondicionado, donde las emisiones se incrementaron, y de la superficie forestal, donde las absorciones netas decrecieron, debido principalmente al envejecimiento de los bosques, el incremento de la tala y los efectos negativos del cambio climático.

Los mayores descensos de las emisiones se han observado en la industria manufacturera, la construcción, la producción de electricidad y calor, la producción de hierro y acero y la combustión residencial. Varios factores explican la disminución de las emisiones de GEI en el sector industrial: mejora de la eficiencia, menor intensidad de carbono, terciarización de la economía y una menor participación de las industrias con mayor consumo de energía, entre otros. Asimismo, la reducción de las emisiones procedentes de la producción de electricidad y calor se ha sustentado, principalmente, en la mejora de la eficiencia energética, en la transición hacia combustibles con menor intensidad de carbono y en el incremento sustancial del uso de fuentes de energía renovables. Por su parte, las importantes reducciones de emisiones en el sector residencial registradas durante el periodo 1990-2023 han sido impulsadas, entre otros factores, por las ganancias de eficiencia energética derivadas de mejores estándares de aislamiento en los edificios y por una combinación de combustibles con menor intensidad de carbono.

Por tipos, los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera son en su mayoría gases de dióxido de carbono (CO2), que representan el 78,0% del total de GEI de la UE en 2023. Las emisiones de estos gases CO2 (incluyendo LULUCF y aviación internacional) han disminuido entre 1990 y 2023 un 37,3%. También se han reducido durante el periodo las emisiones de otros GEI como metano (CH4), óxido nitroso (N2O), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6). Por el contrario, se han incrementado de forma significativa las emisiones de los hidrofluorocarbonos (HFCs), gases que se emplean, entre otros usos, en refrigeración y aire acondicionado.

En un análisis por países, en el año 2023 dos tercios (el 66,9%) del total de emisiones de GEI de la UE-27 procedían de cinco países: Alemania (25,5%), Francia (11,7%), Italia (11,4%), Polonia (10,9%) y España (7,5%).

Durante el periodo 1990-2023 la mayoría de los países de la Unión han reducido sus emisiones de GEI, contabilizándose las disminuciones absolutas más importantes en Alemania (-547.752 Mt), Italia (-187.995), Francia (-185.193) y Rumanía (-172.960).

En términos porcentuales, entre 1990 y 2023 las mayores reducciones se han registrado en Rumanía (-75,1%), Lituania (-70,7%), Estonia (-63,2%), Eslovaquia (-56,1%) y Bulgaria (-55,0%).

Por el contrario, son cinco países de la Unión Europea los que han aumentado sus emisiones de GEI durante el periodo 1990-2023: Chipre (50,9%), Austria (15,7%), Suecia (11,0%), Letonia (7,9%) y Finlandia (7,5%).

De cara al futuro, la palpable realidad del calentamiento global sigue demandando a los países acelerar la senda de reducción de sus emisiones de GEI. En la actualidad los compromisos asumidos por la UE  apuntan que las emisiones han de disminuir al menos un 55% en 2030 respecto a 1990, con las vistas puestas en lograr una economía con neutralidad climática en el año 2050.

Para más información:

EEA: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2023 and inventory report 2025

Eurostat

La evolución de las aves en la UE (1990-2024)

Como expresa la Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030 “la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se encuentran entre las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad ante la próxima década”.

Un magnífico indicador que nos alerta de cómo está evolucionando la calidad y cantidad de los ecosistemas naturales son las aves. Gracias a la comunidad científica sabemos que la presencia de aves es un buen semáforo de la salud de los ecosistemas, de su diversidad e integridad.

La mayor o menor población de aves, así como su mayor o menor diversidad de especies, en un ecosistema determinado, nos permite conocer más sobre la calidad del propio ecosistema donde se alimentan, viven y respiran. En definitiva, las aves nos adelantan información valiosa sobre la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad real de las actuaciones que llevamos a cabo los humanos a la hora de producir, consumir y movernos.

En el contexto europeo, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) viene publicando desde hace años el Índice de Aves Comunes, que nos informa de forma cuantitativa sobre cómo ha evolucionado la presencia de aves en Europa. Dicho índice recoge las observaciones obtenidas en los 27 Estados miembros de la UE para un total de 168 especies de aves que viven en tierras de cultivo (39), en ecosistemas forestales (34) y en otros hábitats como parques y jardines (95).

Se cuenta con un amplio horizonte temporal (1990-2024) para evaluar la tendencia de dicho Índice de Aves Comunes de la UE. Los resultados obtenidos hasta hoy apuntan que desde 1990 se ha producido una continuada disminución de las poblaciones de aves en la Unión Europea, lo que denota también un progresivo deterioro de los espacios naturales. Como se observa en el siguiente gráfico, dicho índice de aves ha descendido desde el valor 100,0 en el año base de 1990 hasta 82,8 en 2024, esto es, una caída del 17,2%

De forma complementaria al Índice de todas las Aves Comunes, Eurostat elabora otros dos índices compuestos. El primero, el índice de aves comunes de bosques, circunscrito a 34 especies, nos revela que se ha producido un descenso del 7,5% durante el periodo 1990-2024, al pasar de 100,0 a 92,5. Con este indicador se aprecia que sólo durante el último decenio se ha logrado una tendencia de recuperación parcial de estas aves tras los continuados descensos registrados hasta los años 2009-2013, cuando el índice registró sus valores mínimos.

Por su parte, el segundo índice, el índice de aves comunes de tierras de cultivo, que comprende 39 especies, presenta una evolución aún más preocupante, al presentar una tendencia significativamente descendente entre 1990 (100,0) y 2024 (58,7), lo que supone una reducción del 41,3% en el periodo analizado. Como afirma la propia Estrategia para la biodiversidad 2030 las aves de hábitats agrícolas son indicadores clave de la salud de los agroecosistemas y vitales para la producción agrícola y la seguridad alimentaria, concluyendo que “su alarmante disminución tiene que invertirse”, hecho que sigue sin producirse.

En el ámbito de las aves, cabe recordar asimismo lo que ya expresaba la Directiva comunitaria relativa a la conservación de las aves silvestres en el año 2009:

«En el territorio europeo de los Estados miembros, una gran cantidad de especies de aves que viven normalmente en estado salvaje padecen de una regresión en su población, muy rápida en algunos casos, y dicha regresión constituye un grave peligro para la conservación del medio natural, en particular debido a la amenaza que supone para el equilibrio biológico».

Para más información:

Eurostat

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres

Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030

La dependencia de los combustibles fósiles en los países de la UE (1990-2024)

Los objetivos de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático están estrechamente relacionados con el propósito de reducir el consumo de combustibles fósiles en sus diferentes tipos (petróleo, carbón, gas natural…).

Al mismo tiempo, una menor dependencia de los combustibles fósiles se alinea con la sostenibilidad, al favorecer la transición hacia una economía basada en las energías renovables y baja en carbono.

Los últimos datos disponibles de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) nos confirman que el grado de dependencia de los combustibles fósiles continúa siendo muy elevado en el seno de los países de la Unión Europea. En el año 2024 los combustibles fósiles representan el 67,7% de la energía bruta disponible de la UE-27.

Desde una perspectiva temporal, se observa, no obstante, que durante las últimas tres décadas la hegemonía de estos combustibles contaminantes en la energía total ha seguido una tendencia descendente. Así, según el organismo estadístico europeo, entre 1990 y 2024 el conjunto de la UE-27 ha visto reducir el porcentaje de combustibles fósiles sobre la energía bruta disponible en 14,6 puntos, desde el 82,4% hasta el 67,7%. Dicho descenso viene explicado en gran medida por la creciente implantación de las energías renovables.

Durante el último lustro cabe significar, particularmente, que con la irrupción de la pandemia del COVID-19, que conllevó fuertes impactos sociales y económicos, la participación de combustibles fósiles experimentó una significativa disminución, al pasar de 71,3% en 2019 a 69,7% en 2020. Sin embargo, superada la crisis sanitaria, y levantadas las restricciones a la actividad y la movilidad, la dependencia de los combustibles fósiles inflexionó al alza, hasta situarse en el 70,9% en 2022. En dicho año 2022, con la finalización de la pandemia y el repunte de la demanda de los requerimientos energéticos, se produjo además un nuevo contexto internacional marcado por una tendencia alcista de los precios de las materias primas energéticas, que se vio agravada por los impactos de la invasión rusa de Ucrania iniciada en marzo. Finalmente, durante los dos años posteriores dicha ratio parece retornar a la tendencia de paulatino descenso que venía mostrando en el largo plazo, para situarse en el 67,7% en 2024.

En un análisis por países, en el año 2024, de los 27 Estados miembros de la Unión Europea 24 tienen un grado de dependencia de los combustibles fósiles superior al 50% de su energía bruta disponible.

Los países más dependientes energéticamente de los combustibles fósiles son los Estados insulares de Chipre (99,0%) y Malta (94,9%), con porcentajes sobre la energía bruta disponible superiores al 90%. A continuación, les siguen Países Bajos (85,9%), Polonia (84,8%), Irlanda (82,9%), Grecia (81,6%) y Alemania (79,3%), entre otros.

Por el contrario, Suecia es el país comunitario con el menor grado de dependencia fósil, con el 32,0% de su energía disponible, seguido de Finlandia (34,1%) y Francia (45,2%). Estos tres países son los únicos de la UE que presentan porcentajes inferiores al 50%.

Considerando el conjunto del periodo 1990-2024, es de destacar que los 27 Estados de la UE han logrado reducir el consumo relativo de combustibles fósiles.

Las mayores disminuciones del peso de estos combustibles sobre el total de energía disponible se han dado en Estonia, Dinamarca, Letonia, Finlandia, Rumanía, Chequia, Bulgaria y Eslovaquia, con reducciones de más de 20,0 p.p. en dicho periodo. En el otro extremo, los menores descensos de la dependencia energética de los combustibles fósiles se han registrado en Chipre, Bélgica, Malta y España.

Para más información:

Eurostat.

La superficie de paneles solares térmicos instalados en la UE (1990-2023)

La Unión Europea, para intentar hacer frente a la dependencia energética de los combustibles fósiles y cumplir con sus compromisos climáticos, ha venido desarrollando durante las últimas décadas una política de fomento de las energías renovables. Entre éstas se encuentra la energía solar, térmica y fotovoltaica, cuya superficie instalada ha aumentado de forma continuada desde 1990.

Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), en la UE-27 la superficie total de paneles solares térmicos, que aprovechan la energía solar principalmente para calentar agua, ascendió en el año 1990 a 3,64 millones de metros cuadrados, de modo que casi se triplicó diez años después (10,76 millones en 2000). Es en la primera década del siglo XX cuando se produce el mayor avance en la implantación de la energía solar en Europa, llegándose a contabilizar un total de 34,43 millones de m2 en 2010. Los datos más recientes apuntan que en 2023 hay un total de 59,65 millones de m2 de paneles solares térmicos instalados en el conjunto de los veintisiete países de la Unión Europea, es decir, 16,4 veces la cantidad registrada en 1990.

Si realizamos un análisis por países, es destacable el papel prioritario que ha venido tomando en la política medioambiental la implantación de energías renovables en Alemania. En este país se contabiliza en 2023 una superficie de 22,4 millones de m2 de paneles solares térmicos instalados, cifra que contrasta con los apenas 348.000 m2 registrados en 1990, cifra que ya superaban Grecia, Francia y Austria.

Es a partir del año 1999 cuando Alemania se convierte, con diferencia, en el país de la UE con mayor superficie de este tipo de captadores solares instalados. En el último año de 2023 el país germano llega a concentrar el 37,5% de la superficie total de paneles solares térmicos de la UE.

Tras Alemania le siguen, a distancia, en el año 2023 los siguientes países: Grecia (con el 9,6 % del total de la UE-27), Italia (8,6%), Austria (7,7 %), España (7,6%), Francia (7,2%) y Polonia (5,1%), todos ellos con pesos relativos superiores al 5%.

Durante el presente siglo XXI Alemania es el país que ha alcanzado un mayor avance en la instalación de este tipo de energías renovables, con un aumento de su participación en la UE de 7,3 puntos porcentuales entre los años 2000 y 2023. Por el contrario, es en Grecia donde se ha registrado una mayor pérdida de su peso relativo en la UE durante dicho periodo (17,7 puntos menos), si bien permanece como el segundo país con mayor superficie de energía solar térmica instalada.

En el otro extremo, en los países bálticos de Estonia, Lituania y Letonia la presencia de captadores solares térmicos es nula o marginal. A ellos les siguen con bajos porcentajes de participación Malta, Luxemburgo, Finlandia, Eslovenia y Rumanía (los cinco con pesos relativos que no alcanzan el 0,5 % del total de la UE en 2023).

Para más información:

Eurostat

La satisfacción general con la vida en los países de la UE (2024)

Viene siendo habitual que la evaluación del desarrollo de los países se vincule fundamentalmente al análisis de la evolución de la variable del PIB (Producto Interior Bruto), a pesar de conocerse que éste de lo que realmente nos informa es del valor monetario de todos los bienes y servicios de mercado producidos en una economía.

Contamos, no obstante, con otros enfoques e indicadores diferentes al tradicional PIB, no tan conocidos, que se aproximan de forma más realista a evaluar el progreso de las sociedades y la calidad de vida de sus ciudadanos. Uno de estos indicadores es el de satisfacción general con la vida, cuya valoración la otorgan los propios ciudadanos de acuerdo con su percepción personal revelada a través de encuestas.

La medida de satisfacción general con la vida es un indicador de bienestar subjetivo que suele comprender la valoración de tres aspectos: la satisfacción con la vida (apreciación cognitiva), los afectos (los sentimientos o estados emocionales de una persona, positivos o negativos) y la eudemonía (la sensación de tener propósito en la vida y una buena estabilidad sicológica).

En el contexto europeo, contamos con los datos que publica la Oficina Europea de Estadística de la UE (Eurostat) que nos permiten analizar la valoración que tienen los ciudadanos europeos sobre la satisfacción general de sus vidas.

Así, partiendo de una escala comprendida entre 0 (muy insatisfecho) y 10 (muy satisfecho), los últimos resultados correspondientes al año 2024 nos revelan que los ciudadanos de la UE valoran, en promedio, en 7,2 puntos su satisfacción general con la vida.

En una comparativa temporal, los datos publicados nos constatan que ha disminuido la satisfacción general con la vida de los ciudadanos comunitarios entre 2018 y 2024, al reducirse su puntuación media de 7,3 a 7,2 entre dichos años.

En un análisis por países, los resultados obtenidos en 2024 expresan también que existen divergencias respecto la valoración de la satisfacción general con la vida entre los veintisiete Estados miembros.

Así, el país con mayor grado de satisfacción general con la vida en 2024 es Finlandia (7,8), seguido de Eslovenia (7,7), Rumanía (7,7), Polonia (7,6), Austria (7,6), Países Bajos (7,6), Dinamarca (7,6) y Bélgica (también 7,6). 

En el extremo contrario, los menores niveles de satisfacción general con la vida los declaran en 2024 los ciudadanos de Bulgaria (6,2), Grecia (6,7), Letonia (6,9) y Alemania (7,0).

Desde una aproximación temporal, respecto al año 2018 cinco países destacan por registrar los mayores aumentos de su satisfacción general con la vida en 2024: Croacia (+0,9 puntos), Lituania (+0,8), Bulgaria (+0,8), Portugal (+0,6) y Hungría (+0,6), según los últimos datos de Eurostat. Por el contrario, se han registrado las mayores pérdidas de satisfacción con la vida en Irlanda (-0,6 puntos), Alemania (-0,4), Austria (-0,4) y Suecia (-0,4).

Los resultados obtenidos nos muestran asimismo un hecho importante: que un país tenga un alto PIB per cápita no es necesariamente determinante para que su población disfrute de un alto grado de satisfacción con la vida.

En países como Rumanía y Polonia, que tienen un PIB per cápita (pps) inferior a la media de la UE (un -22% y un -23%, respectivamente, en 2023), sus ciudadanos declaran unos niveles de satisfacción con la vida que superan claramente la media de la UE. En el otro extremo, de acuerdo también con Eurostat, en Alemania, un país cuyo PIB per cápita (pps) supera en un 16% el promedio de la UE, sus ciudadanos son, tras los de Bulgaria, Grecia y Letonia, los que menor puntuación han dado a la satisfacción general con la vida en el año 2024.

Para más información:

Eurostat

El gasto en protección medioambiental en la Unión Europea (2006-2024)

A medida que los problemas medioambientales han venido aumentando en número e intensidad, como los derivados de la crisis climática que atraviesa el planeta, garantizar la calidad y perdurabilidad de los ecosistemas y especies naturales se convierte en una necesidad cada vez más imperiosa. Ello hace que la puesta en práctica de múltiples medidas dirigidas a la protección medioambiental, que conllevan ineludiblemente los correspondientes compromisos de financiación, esté llamada a continuar siendo una prioridad.

En el ámbito de la Unión Europea, sobre la base del Pacto Verde Europeo, en la actualidad la política medioambiental tiene como objetivo principal para la presente década acelerar la transición hacia una economía climáticamente neutra y eficiente en el uso de los recursos, tal y como expresa el VIII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, vigente desde el año 2022. Evidentemente, este objetivo obliga no sólo asegurar una tendencia ascendente del gasto de protección medioambiental sino a intensificar su ritmo de crecimiento durante los próximos años en áreas como las siguientes: gestión de residuos, gestión de aguas residuales, protección del aire y del clima, protección de las aguas subterráneas, protección y descontaminación de suelos, disminución de ruidos, I+D sobre medio ambiente, y protección de la biodiversidad y el paisaje.

En la Unión Europea (UE-27), de acuerdo con los últimos datos publicados por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), el gasto total en protección medioambiental asciende a 359.921 millones de euros en 2024. Este gasto ha sido sufragado, con diferente proporción, por los siguientes sectores institucionales: el 51,4% por las empresas, el 31,1% por las Administraciones Públicas (e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares) y el 17,5% restante por los hogares.

Desde una perspectiva temporal, de acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, el gasto en protección medioambiental en la UE ha pasado de 207.736 millones de euros en 2006 a 359.921 millones en 2024, lo que supone un incremento acumulado del 75,3% en dicho periodo.

Como puede observarse en el siguiente gráfico, dicho gasto medioambiental, medido en euros corrientes, no ha seguido una tendencia de crecimiento lineal durante todo el periodo 2006-2024.

Durante este largo periodo de tiempo, cabe destacar especialmente los efectos, en primer lugar, de la irrupción de la crisis económica de 2008 que repercutió de forma notaria sobre las políticas medioambientales al verse restringida su financiación, en particular en los años 2009 y 2013-2014. Posteriormente, el gasto de protección medioambiental siguió una senda de recuperación que se interrumpe en el año 2020 con el inicio de la pandemia del COVID-19. Finalmente, a partir del 2021 hasta la actualidad el gasto medioambiental muestra un mayor impulso.

Es necesario apuntar, asimismo, que para tener una visión más real de la evolución del gasto de protección medioambiental (que es medido en euros corrientes) en la UE es pertinente analizarlo en términos relativos, esto es, en comparación con la evolución de la actividad económica. Para ello, el indicador habitualmente empleado es el de porcentaje de gasto de protección medioambiental sobre el Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado.

Así, los datos disponibles de Eurostat nos permiten concluir que para conjunto del periodo 2006-2024, el porcentaje de gasto medioambiental sobre el PIB total de la UE-27 se ha mantenido prácticamente invariable durante todos estos años, cifrándose en el 2,0% en 2024, igual porcentaje que en 2006. Por lo tanto, el gasto destinado a proteger el medio ambiente de los efectos nocivos de las actividades económicas se ha venido incrementado en similar medida que el valor de la producción de bienes y servicios de la economía. Sólo en 2020 alcanzó un máximo del 2,2%, pero dándose la circunstancia de que fue un año en el que el gasto medioambiental no se incrementó, sino que se contrajo en menor grado que la actividad económica. Estos resultados añaden mayor incertidumbre sobre si realmente se está en la senda adecuada para dar cumplimiento a los actuales objetivos de la política medioambiental europea demandante de recursos económicos adicionales.

En un análisis por países es destacable la diferente importancia que otorgan los Estados al gasto de protección medioambiental en el seno de la UE. Así, según los últimos datos disponibles correspondientes al año 2022, Bélgica, con una ratio del 3,40%, es el país que gasta más en protección medioambiental en comparación con el tamaño de su economía, porcentaje significativamente superior a la de media de la UE (2,10% en 2022). Le siguen, en orden descendente, Austria (3,20%), Rumanía (2,70%), Chequia (2,70%), Suecia (2,60%), Italia (2,60%) y Eslovenia (2,50%), principalmente.

Por el contrario, el país con menor gasto en protección medioambiental sobre el PIB es Irlanda (0,60%), seguido de Luxemburgo (1,00%), Letonia (1,20%), Chipre (1,30%), Hungría (1,30%) y Grecia (1,40%).

Desde una aproximación dinámica, durante el periodo 2018-2022 (años con datos disponibles) el gasto en protección medioambiental sobre el PIB se ha incrementado en 13 de los 27 países de la UE, destacando los mayores esfuerzos realizados por Eslovenia (+0,4 puntos porcentuales), y se ha reducido en ocho países, con la mayor disminución registrada por Estonia (-0,4 p.p.). En los seis países restantes la ratio de gasto medioambiental se ha mantenido estable.

Para más información:

Eurostat

La superficie de los espacios protegidos marinos en la UE (2022)

La pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se encuentran entre las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad ante la próxima década. Así lo afirma la Estrategia sobre Biodiversidad de la UE para 2030.

En el caso de los ecosistemas marinos, en particular, la biodiversidad se encuentra afectada por múltiples prácticas insostenibles (sobrepesca, vertidos, contaminación…), a las que se suman los graves impactos del calentamiento del planeta.

La protección de los espacios marinos se convierte, por tanto, en una herramienta política y legal de primer orden para garantizar la biodiversidad y el pleno funcionamiento de los ecosistemas y especies, así como los servicios medioambientales que ofrecen, sin olvidar los beneficios sanitarios, sociales y económicos que proporcionan a la población.

Con la designación de espacios marinos protegidos y su eficaz gestión se persigue preservar la biodiversidad marina, al mismo tiempo que se procura la seguridad alimentaria de la población y los medios de subsistencia a largo plazo de los pescadores y agentes del sector de la pesca y el marisco de un modo sostenible. En el marco de la UE, la citada Estrategia sobre Biodiversidad establece expresamente un compromiso cuantitativo fundamental: Conferir protección jurídica al 30% de la superficie marina de la UE, como mínimo, de aquí a 2030. Este claro compromiso obliga, en primer lugar, a conocer en qué situación de protección se encuentran hoy los ecosistemas marinos de la Unión y, en segundo lugar, a realizar evaluaciones periódicas sobre el grado de cumplimiento de dicho objetivo hasta 2030.

De acuerdo con los últimos datos de 2022 publicados por Eurostat, en el conjunto de la Unión Europea los espacios naturales marinos que están sujetos a protección comprenden una superficie de 628.749 km2. Ello equivale al 12,3% de la superficie marina de la UE.

Desde un enfoque temporal, el porcentaje de superficie marina protegida ha aumentado desde 4,2% en el año 2012 hasta el 12,3% en 2022. Este aumento se ha debido a los avances en la protección de nuevas áreas marinas, ya sea dentro de la Red Natura 2000 o mediante designaciones nacionales complementarias como bajo el paraguas de los Convenios Internacionales de Mares Regionales.

Sin embargo, con este porcentaje del 12,3% la Unión Europea queda muy lejos de poder alcanzar el objetivo de proteger al menos el 30% de sus mares en el año 2030, establecido en la vigente Estrategia sobre Biodiversidad. En los próximos años se requieren esfuerzos extraordinarios de los países para no incumplir dicho objetivo de conservación natural, a la vez que se hace necesario implementar una gestión eficaz de todas las áreas marinas protegidas.

En un análisis por países, de los 22 Estados miembros de la UE-27 que tienen mar, el que presenta una mayor superficie de espacios naturales marinos protegidos en 2022 es Francia, con 168.577 km2. Le siguen, a continuación, España (132.934), Portugal (78.364) e Italia (56.957), principalmente.

En términos relativos, si tenemos en cuenta la superficie marina total de cada país, Francia y Alemania, ambos con el 45,3% cada uno, presentan el mayor porcentaje de superficie marina protegida nacional en 2022. Seguidamente, los países con los mayores porcentajes son Bélgica (37,8%), Países Bajos (26,8%), Lituania (22,8%), Polonia (21,9%), Rumanía (21,4%) y Grecia (19,8%). Por lo tanto, en 2022, sólo tres países (Francia, Alemania y Bélgica) ya han conseguido proteger el 30% de la superficie de sus espacios marinos.

En el otro extremo, los menores porcentajes de protección de áreas marinas corresponden a Irlanda (2,1%), Portugal (4,5%), Eslovenia (5,0%), Malta (5,5%), Bulgaria (8,0%) y Chipre (8,6%).

Para más información:

Eurostat

European Environment Agency

La superficie de los espacios protegidos terrestres en la UE (2022)

Los ecosistemas y la diversidad de especies que habitan el planeta desempeñan funciones ecológicas que guardan un intrincado equilibrio que hace posible la continuidad de la vida en la Tierra. Son áreas de un gran valor intrínseco que proporcionan importantes beneficios medioambientales, sociales, culturales y económicos, además de contribuir a la salud y bienestar del ser humano.

Sin embargo, los espacios naturales terrestres se encuentran sometidos a intensas presiones como las derivadas del desarrollo urbano, la intensificación agrícola, la extensión de la red de transporte, la contaminación y el cambio climático. Es por ello que su protección se convierte en una herramienta política y legal de primer orden. En el contexto actual de pérdida de biodiversidad y de crisis climática que atraviesa el planeta se vuelve inexcusable la preservación de las áreas naturales que poseen un gran valor, cuya pérdida sería irreversible.

En la Unión Europea los espacios naturales terrestres que están sujetos a protección comprenden una superficie de 1.079.412 km2, de acuerdo con los últimos datos de 2022 publicados por Eurostat. Ello equivale al 26,1% del territorio total de la UE: un 18,6% designado como espacios de la Red Natura 2000 (áreas protegidas por las Directivas de Aves y Hábitats) y un 7,5% como otras designaciones nacionales complementarias.

Desde un enfoque temporal, el porcentaje de superficie protegida ha aumentado desde el año 2011, cuando se cifró en el 24,3%, hasta el último dato del 26,1% en 2022. Sin embargo, como se observa en el siguiente gráfico, durante los últimos años no se han producido avances en la superficie protegida, ya que dicho porcentaje ha permanecido prácticamente estancado. Este hecho está provocando una mayor incertidumbre en el cumplimiento del objetivo de alcanzar el 30% en el año 2030, establecido en la vigente Estrategia sobre Biodiversidad de la UE.

Además, hay que tener en cuenta que para garantizar la biodiversidad no es suficiente con aumentar la cobertura de los espacios naturales protegidos. Es igualmente necesario que, al mismo tiempo, los países apliquen sistemas eficaces de gestión en sus áreas de gran valor natural.

En un análisis por países, en 2022 el país de la Unión Europea con mayor superficie de espacios naturales terrestres protegidos es Francia, con 154.571 km2, reflejando el alto grado de biodiversidad que se concentra en este territorio europeo. Le siguen, a continuación, España (142.152), Alemania (137.704) y Polonia (123.491), principalmente.

En términos relativos, si tenemos en cuenta el tamaño de los países, Bulgaria, con el 41,0%, presenta el mayor porcentaje de superficie protegida sobre el total del territorio nacional. Tras Bulgaria los países con mayor porcentaje de superficie de espacios naturales protegidos son Eslovenia (40,5%), Polonia (39,6%), Alemania (38,5%), Croacia (38,2%), Luxemburgo (37,9%), Chipre (37,8%) y Eslovaquia (37,3%).

Por el contrario, los menores porcentajes de protección corresponden a Finlandia (13,4%), Irlanda (13,9%), Bélgica (14,7%), Suecia (15,0%), Dinamarca (15,1%), Lituania (17,8%) y Letonia (18,1%).

Para más información:

Eurostat

European Environment Agency

La participación de las energías renovables en la UE (2004-2023)

En el ámbito de las energías renovables, la Estrategia Europa 2020 y la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo dejaron fijado como objetivo estratégico que para el año 2020 el 20% del consumo final de energía de la UE debe tener su origen en fuentes renovables (eólica, solar, hidráulica, maremotriz, geotérmica, biomasa…). De acuerdo con los datos de Eurostat dicho objetivo del 20% se cumplió en el horizonte marcado de 2020, al registrase una cuota de participación del 22,0% en dicho año.

De cara al futuro, los nuevos objetivos de lucha contra el cambio climático han conducido a la Unión Europea a revisar su objetivo general de participación de las energías renovables para acelerar su implantación, de modo que se fuerce el desplazamiento del consumo de los combustibles fósiles que propician el calentamiento global.

Así, la Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de octubre de 2023 establece que los Estados miembros velarán conjuntamente por que en el año 2030 la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de al menos el 42,5% del consumo final bruto de energía de la Unión, y deberán esforzarse por alcanzar el 45%.

Los últimos datos de Eurostat nos informan que en el año 2023 el consumo final de energía en la UE-27 ascendió a 960 millones de toneladas equivalentes de petróleo. De este total el 24,6% provino de fuentes de energía renovables, porcentaje que desde 2004 se ha venido incrementado de forma continuada año tras año, a excepción de 2021, año marcado por los impactos de la pandemia de la COVID-19.

Se concluye, por tanto, que el ambicioso objetivo fijado para 2030 implica que la cuota de las energías renovables ha de registrar un crecimiento medio entre 2023 y 2030 de 2,9 puntos porcentuales cada año, lo que supone un ritmo muy superior al registrado en el decenio anterior (0,8 p.p.).

En un análisis por países, entre 2004 y 2023 la participación de la energía de fuentes renovables en el consumo final de energía se ha incrementado en todos los Estados miembros. Los mayores avances relativos se han dado en Dinamarca (29,6 puntos porcentuales más) y Suecia (+28,0 p.p.), y los menores en Croacia (+4,6 p.p) y Eslovenia (+6,7 p.p.), si bien estos dos últimos países ya partían en 2004 con altos porcentajes de introducción de renovables.

Asimismo, se sigue observando, de acuerdo con los últimos datos publicados por Eurostat, que persiste la disparidad en el grado de implantación de las energías renovables dentro de la Unión.

En 2023 Suecia, con el 66,4%, es el país con el mayor porcentaje de energía de fuentes renovables en su consumo final bruto energético. Le siguen, a cierta distancia, los mayores porcentajes de Finlandia (50,8%), Dinamarca (44,4%), Letonia (43,2%), Estonia (41,0%), Austria (40,8%) y Portugal (35,2%).

Por el contrario, las menores participaciones de energías renovables sobre el consumo energético final se registraron en Luxemburgo (14,4%), Bélgica (14,7%), Malta (15,1%), Irlanda (15,3%), Polonia (16,6%), Eslovaquia (17,0%), Hungría (17,1%) y Países Bajos (17,4%).

Para más información:

Eurostat

Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de octubre de 2023

La dependencia energética exterior de la UE (1990-2023)

El objetivo de la soberanía energética adquiere cada vez más significado para convertirse en una cuestión estratégica de la política energética de los países. Una baja dependencia de las importaciones posibilita que las economías sean menos vulnerables a problemas de provisión de recursos energéticos y a imprevistas fluctuaciones alcistas de los precios que derivan, en última instancia, en un deterioro de la capacidad adquisitiva de la población y en una merma del saldo comercial del país importador.

Al mismo tiempo, el procurar una menor dependencia de las importaciones de productos energéticos, que fundamentalmente son combustibles fósiles, viene a apuntar en la práctica que se han podido implementar medidas de eficiencia energética y/o se está produciendo un mayor empleo de las energías renovables. De esta forma se consigue actuar a favor de la sostenibilidad y del tránsito hacia una economía baja en carbono, al propiciarse la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que provocan el calentamiento climático.

En el marco de la Unión Europeo, para evaluar el mayor o menor grado de soberanía energética, la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) publica el indicador de dependencia de las importaciones de energía que queda definido en los siguientes términos:

la proporción de las necesidades energéticas totales de un país satisfechas por las importaciones de otros países, esto es, el porcentaje de importaciones netas (importaciones menos exportaciones) sobre la energía bruta disponible.

De acuerdo con los datos disponibles de Eurostat, el consumo de energía en la UE continúa dependiendo en gran medida de su abastecimiento exterior. Entre 1990 y 2023 el conjunto de la UE ha visto aumentar su grado de dependencia energética desde el 50,0% hasta el 58,3%.

Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución seguida por el indicador de dependencia energética en la UE ha estado muy condicionada por la naturaleza del ciclo que atraviesa la economía, ya sea expansivo o contractivo. Durante los años de la Gran Recesión el valor del indicador de dependencia energética se redujo, interrumpiendo de forma clara la tendencia ascendente que venía registrando desde 1990, para, después, a partir de 2014, una vez pasados los años de crisis económica, retomar su senda creciente hasta alcanzar un máximo en 2019, con el 60,5%. Más recientemente, con la irrupción de la pandemia del COVID-19, que conllevó fuertes impactos sociales y económicos, el grado de dependencia energética vuelve a retroceder. La contracción de la economía de la UE, en buena medida por las necesarias medidas de restricción a la actividad y la movilidad adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, derivó en menores requerimientos energéticos que hicieron descender el grado de dependencia del exterior hasta el 57,5% en 2020 y el 55,5% en 2021.

A continuación, en el 2022, con la finalización de la pandemia, el grado de dependencia energética de la UE retoma su senda ascendente, repuntando hasta el 62,5%, en un contexto internacional marcado por la fuerte inflexión al alza de los precios energéticos. A ello hay que añadir los impactos de la guerra en Ucrania iniciada en marzo con la invasión rusa. Finalmente, en 2023 la ratio de dependencia energética de la UE se modera hasta situarse en el 58,3%, si bien se consolida en un nivel que sólo ha sido superado en los años 2019 y 2022 en toda la serie histórica.

En un análisis por tipos, el petróleo y sus derivados, que son los productos energéticos más demandados, presentan la mayor tasa de dependencia exterior. En 2023 el 94,5% de su demanda ha tenido que ser importado de terceros países. Este porcentaje supera en 1,4 puntos el registrado en 1990 (93,1%).

A continuación, para el gas natural, el segundo producto energético más demandado, la tasa de dependencia exterior es del 90,0% en 2023. En este caso continúa siendo muy superior al 51,8% de 1990.

Respecto a los combustibles fósiles sólidos, el tercer producto energético más demandado, en 2023 el 40,8% de su consumo ha sido cubierto a través de importaciones. Este porcentaje también supera el registrado en 1990 (18,7%).

Atendiendo a un análisis por países, los últimos datos disponibles de Eurostat nos confirman que el grado de dependencia de las importaciones de productos energéticos continúa siendo elevado en la mayoría de los países de la UE. Un total de 16 de los 27 Estados actuales de la Unión Europea tenían un grado de dependencia energética exterior superior al 50% de su energía bruta disponible en 2023.

Los países más dependientes energéticamente del exterior son tres pequeñas economías: Malta, con un porcentaje de importaciones netas sobre su energía bruta disponible del 97,6%, Chipre (92,2%) y Luxemburgo (90,6%). A continuación, les siguen Irlanda (77,9%), Bélgica (76,1%), Grecia (75,6%), Italia (74,8%), Países Bajos (70,4%), España (68,4%) y Lituania (68,4%), entre otros.

Por el contrario, el país con un grado de dependencia exterior menor es Estonia (3,5%), al que siguen, a distancia, Suecia (26,4%), Rumanía (27,9%), Dinamarca (32,3%), Finlandia (29,6%), Letonia (32,7%) y Dinamarca (38,9%). Desde una perspectiva temporal amplia, que abarca el periodo 1990-2023, los Estados que más han aumentado su tasa de dependencia energética exterior han sido Polonia (de 0,9% a 48,0%), Países Bajos (de 23,7% a 70,4%) y República Checa (de 15,2% a 41,7%). En sentido contrario, tres países han destacado por ser los que han logrado reducir más su dependencia energética exterior durante el periodo analizado: Letonia (de 89,0% a 32,7%), Estonia (de 41,0% a 3,5%) y Finlandia (de 61,0% a 29,6%), entre 1990 y 2023.

Para más información:

Eurostat.