El progreso: más allá del PIB

4. Chambéry. Francia

En 2009 la Comisión de las Comunidades Europeas se pronunció sobre la inconveniencia  de descansar todo el peso de la evaluación del progreso de las sociedades en único indicador: el Producto Interior Bruto (PIB). Así se expresó mediante la Comunicación “Más allá del PIB. Evaluación del progreso en un mundo cambiante”.

El PIB es un agregado macroeconómico que cuantifica en términos monetarios el valor añadido que generan las actividades económicas que se realizan en un país o región durante un periodo de tiempo. Desde su creación en 1934 por Simon Kuznets, el PIB ha llegado a considerarse como el indicador por excelencia para conocer el progreso y el desarrollo de las sociedades.

Aunque el propio Kuznets advertía de las importantes limitaciones del PIB como indicador para medir el bienestar, estos inconvenientes se han dejado en un segundo plano y se ha conferido al PIB la máxima atención. De este modo se ha terminado aceptando que el objetivo prioritario de toda sociedad es procurar maximizar el crecimiento económico. En palabras de la propia Comisión:

“… por su concepción y propósito, no puede confiarse en él como referencia en todos los asuntos de debate político. De manera especial, el PIB no mide la sostenibilidad medioambiental o la inclusión social, y hay que tener en cuenta estas limitaciones cuando se utiliza en análisis y debates sobre las políticas”.

De hecho no es ocasional que los ciudadanos sientan, por ejemplo, que, a pesar de que el PIB esté creciendo, su renta disponible y los servicios públicos disminuyen. Al igual que la tasa de desempleo o la inflación, el PIB es un “indicador resumen” de cuestiones importantes para la sociedad. “Sin embargo, su objetivo no es reflejar dónde nos encontramos en relación a asuntos tales como el medio ambiente o las desigualdades”.

Ante esta situación, la Comisión plantea en su Comunicación la necesidad de avanzar en el empleo de otros indicadores que permitan evaluar mejor el progreso de las sociedades. Estas son sus principales propuestas:

Medio ambiente.

-Elaboración de un indicador de presión ambiental, que refleje “la contaminación y otros efectos nocivos para el medio ambiente dentro del territorio de la UE para evaluar los resultados de los esfuerzos de protección medioambiental”. Este indicador comprenderá las principales preocupaciones de la política medioambiental: cambio climático y energía, naturaleza y biodiversidad, contaminación atmosférica y salud, uso y contaminación del agua, residuos y utilización de recursos.

-Desarrollar un indicador global sobre la calidad medioambiental.

-Establecer indicadores que reflejen el impacto medioambiental fuera del territorio de la UE.

Calidad de vida y bienestar.

-Indicadores sobre la renta, los servicios públicos, la salud, el ocio, la riqueza, la movilidad, entorno limpio…

Distribución y desigualdades

En palabras de la Comisión:

“…la distribución es un tema que provoca una atención creciente. Por ejemplo, puede ocurrir que el PIB per cápita esté aumentando y, pese a ello, el número de personas en riesgo de pobreza aumente también. (…) Las políticas que afectan a la cohesión social tienen que medir tanto las desigualdades como datos agregados tales como el PIB o el PIB per cápita”.

-Indicadores sobre las disparidades de renta y en particular sobre la situación en la parte inferior de la escala de ingresos.

-Indicadores de educación, salud, esperanza de vida y varios aspectos no monetarios de la exclusión social.

-Indicadores sobre la igualdad de acceso a una vivienda de calidad, el transporte y otros servicios de infraestructuras que son esenciales para participar activamente en la sociedad.

Desarrollo sostenible.

-Elaboración de un cuadro de indicadores de desarrollo sostenible.

Tiene como objetivo clave respetar los límites de los recursos naturales del planeta, es decir, la capacidad finita de la naturaleza para proporcionar recursos renovables y para absorber contaminantes. En este cuadro, por tanto, se determinan y actualizan los valores umbrales de la sostenibilidad medioambiental.

Contabilidad económica, social y ambiental integrada.

Las estadísticas macroeconómicas de la UE, de las que se derivan indicadores como el PIB, se basan en el Sistema Europeo de Cuentas. La contabilidad económica deberá completarse e integrarse con la contabilidad social y ambiental:

“Como base para la elaboración coherente de políticas, se necesita una estructura de datos que incluya de forma sistemática temas medioambientales y sociales junto con los económicos”.

Respecto a la integración de la contabilidad económica y ambiental, la Comisión pretende avanzar en los siguientes ámbitos:

-Cuentas de flujo físico sobre las emisiones a la atmósfera (emisiones de gases de efecto invernadero) y sobre el consumo de materiales.

-Cuentas monetarias sobre la protección, los gastos y los impuestos ambientales.

-Cuentas ambientales físicas en relación con el consumo de energía y la producción y tratamiento de residuos.

-Cuentas monetarias para las subvenciones relacionadas con el medio ambiente.

-Cuentas ambientales relacionadas con el patrimonio natural (bosques, peces…).

-Valoración monetaria de los costes del daño medioambiental causado o que se haya evitado.

Para más información:

Comisión de las Comunidades Europeas: COM(2009) 433 final

 

 

 

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La producción de energía nuclear en los países de la Unión Europea

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La producción de energía nuclear en la Unión Europea (UE-28) ascendió  en el año 2016 a 216,7 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep). Su destino principal es la generación de electricidad.

Desde una perspectiva temporal, según los datos publicados por Eurostat, entre 1990 y 2016 la producción de energía nuclear se ha incrementado un 5,6%.

El año 2004 fue el año en el que se alcanzó la máxima producción: 260,3 millones de tep en la UE. Por lo tanto, podemos diferenciar dos tendencias durante el periodo 1990-2016. Una primera etapa (1990-2004) en la que la producción de energía nuclear se incrementó un 26,8% y una segunda (2004-2016) en la que descendió un 16,7%.

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En un análisis por países, son catorce, la mitad de la UE-28, los Estados miembros que tienen operativos reactores nucleares para la producción de energía.

En el año 2016 solo en Francia se produjo el 48% del total de energía nuclear de la Unión Europea. Su peso se ha mantenido durante todo el periodo (1990-2016) por encima del 39%. Les siguen, a distancia, las participaciones de Alemania (10,1% del total en 2016), Reino Unido (8,5%), Suecia (7,5%), España (7,0%), Bélgica (5,2%), República Checa (2,9%), Finlandia (2,8%), Hungría (1,9%), Bulgaria (1,9%), Eslovaquia (1,8%), Rumanía (1,3%), Eslovenia (0,7%) y Países Bajos (0,5%).

En cinco países (Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia y España) se concentra, por tanto, más del 80% de la producción total de energía nuclear de la Unión Europea.

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Desde una perspectiva temporal, es destacable la evolución diferenciada que se ha dado entre países durante el periodo 1990-2016. Así, Alemania ha decidido tomar el camino de reducir su producción de energía nuclear, hecho que empieza a observarse en el año 2007 siendo más palpable a partir de 2011. Entre 1990-2016 este país ha visto descender su producción de energía nuclear en un 44,6%, de modo que su peso sobre el total de la UE disminuye desde el 19,2% hasta el 10,1%.

Asimismo, Lituania, cuya producción energética nuclear representaba el 2,2% de la UE en 1990, decidió cesar esta actividad en 2009, por lo que anotó la mayor reducción relativa (-100%) en el periodo analizado.

Junto a estos dos países se une Suecia, cuya su producción de energía nuclear registró un descenso del 7,6% entre 1990-2016, hasta tener una participación del 7,5% en el último año, frente al 8,6% en 1990.

En el otro extremo, los países de la UE que más han incrementado en términos porcentuales su producción nuclear durante los años 1990-2016 han sido la República Checa (+92,2) y Francia (+28,4%), seguidos de Eslovaquia (+24,3%), Eslovenia (+23,6%), Finlandia (+20,7%), Hungría (+17,5%), Países Bajos (+13,1%), Reino Unido (+9,1%), España (+8,0%), Bulgaria (+8,0%), Bélgica (+1,9%) y Rumanía, que comenzó en 1996.

Para más información:

Eurostat: Datos

El reciclaje en la Unión Europea durante el periodo 2007-2016

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Uno de los principales frentes de las políticas medioambientales es el de la gestión de los residuos que genera la actividad humana. Aplicando el principio de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar), cuando no es posible evitar la generación de los residuos procedentes de nuestras actividades de producción y consumo, ni tampoco promover su reutilización, la respuesta ha de centrarse en maximizar el reciclaje.

Durante los últimos años el tratamiento de los residuos mediante el reciclaje se ha venido consolidando en Europa, como lo expresan los últimos datos disponibles sobre residuos municipales, es decir, aquellos que son generados por los hogares y por fuentes de residuos similares (comercio, oficinas e instituciones públicas). El reciclaje de este tipo de residuos abarca el reciclaje de materiales, el compostaje y la digestión anaeróbica.

Según Eurostat,  en la UE-28 la tasa de reciclaje de residuos municipales, es decir, el porcentaje de dichos residuos generados que son reciclados, ha mostrado de forma continuada una senda ascendente durante el periodo 2007-2016 .

En 2007 se reciclaban en la UE-28 unas 91,4 millones de toneladas de residuos municipales, es decir, el 35,0% de los residuos municipales generados. Diez años después, en 2016, cuando se reciclaron unas 112 millones de toneladas, la tasa de reciclaje se había incrementado hasta el 45,6%.

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En materia de reciclaje se aprecian, no obstante, marcadas diferencias por países en el seno de la UE-28.

De los 28 Estados de la UE, diez superaron en 2016 la tasa media comunitaria (45,6%). Las mayores tasas de reciclaje se registraron, en primer lugar, en Alemania (66,1%), seguida de Austria (57,6%), Finlandia (54,9%), Eslovenia (54,1%), Bélgica (53,5%) y Países Bajos (53,1%).

Por el contrario, los países europeos que presentan en 2016 las menores tasas fueron Malta (7,1%), Rumanía (13,3%), Grecia (17,0%) y Chipre (17,2%).

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Hay que destacar, asimismo, los significativos avances que han realizado algunos países europeos durante los últimos años. En el transcurso del periodo 2007-2016 los mayores incrementos en la tasa de reciclaje de residuos municipales se han dado en Lituania (desde una tasa del 7,5% a otra del 48,0%) y Polonia (del 7,7% al 44,0%).  Por el contrario, Bélgica, Grecia, Austria y España han reducido su tasa de reciclaje durante el periodo 2007-2016, si bien en no más de 3,5 puntos porcentuales, .

Para más información:

Eurostat

 

La valoración ciudadana de la política medioambiental de la UE

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Con el Eurobarómetro Especial elaborado por encargo del Parlamento Europeo en marzo de 2017 se consigue obtener una valoración del nivel de pertenencia y adhesión de los ciudadanos a la Unión Europea así como conocer la opinión que éstos tienen sobre la aplicación de las principales políticas comunitarias.

Dicho Eurobarómetro, que entrevistó a 27.901 ciudadanos de 15 o más años de edad, pertenecientes a los 28 Estados miembros de la UE, logró identificar tanto las percepciones como las expectativas que tienen los residentes comunitarios sobre la acción de la Unión Europea en materia de protección del medio ambiente.

A continuación se exponen las principales conclusiones obtenidas:

  • Percepción de la política medioambiental actual.

(¿Diría que las medidas actuales de la UE en materia de protección medioambiental son excesivas, adecuadas o insuficientes?).

Los resultados obtenidos apuntan que el 53% de los ciudadanos considera que las medidas de protección medioambiental que está llevando a cabo la UE son inadecuadas frente a un 36% que revela que sí son adecuadas. Adicionalmente, un 4%  de la población declara que son excesivas y el 7% restante, que no sabe.

Cuatro países destacan por tener a los residentes más insatisfechos con la política medioambiental comunitaria. Ante un 53% de ciudadanos europeos que piensa que la política medioambiental de la UE es insuficiente, superan dicho promedio con los valores más altos los siguientes países: Suecia (69%), España (68%), Francia (63%) y Portugal (62%).

Por el contrario, los países con los menores porcentajes de ciudadanos que perciben que la política medioambiental es insuficiente son Grecia (28%), Letonia (32%) y República Checa (34%).

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Fuente: European Parliament: Two years until the 2019 European elections. Special Eurobarometer of the European Parliament. April 2017.
  • Expectativas de la política medioambiental.

(¿Le gustaría que la Unión Europea interviniera en protección del medio ambiente menos o más que en la actualidad?)

El 75% de los ciudadanos considera que la UE debería aplicar más medidas de protección medioambiental de las que está aplicando en la actualidad. Este porcentaje ha aumentado 8 puntos respecto al anterior Eurobarómetro de 2016.

Tomando como referencia dicho promedio del 75% de ciudadanos de la UE que considera que se debiera proteger más el medio ambiente, los países que se declaran más exigentes en esta materia son España (87%), Portugal (85%) y Chipre (84%).

Expectativas
Fuente: European Parliament: Two years until the 2019 European elections. Special Eurobarometer of the European Parliament. April 2017.

Para más información:

Fuente: European Parliament: Two years until the 2019 European elections. Special Eurobarometer of the European Parliament. April 2017.

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE (1990-2015)

2. Bucarest a Suceava. Rumanía

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático, ascendieron en el conjunto de la Unión Europea (UE-28) a 4.310 millones de toneladas de CO2 equivalentes en el año 2015. Estas emisiones representan el 7,7% del total de emisiones de GEI del planeta, porcentaje inferior al registrado por EE.UU. (11,4%) y China (23,7%).

Si realizamos un análisis temporal de los últimos 25 años se constata en la UE-28 un descenso de las emisiones de dichos GEI de un 23,7%, desde 1990 cuando se emitieron 5.647 millones de toneladas.

Estos datos inventariados, recogidos en un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), permiten concluir que durante los últimos 25 años se ha producido un progresivo desacoplamiento del Producto Interior Bruto (PIB), que se ha reducido un 50%, y dichas emisiones de GEI, que han caído un 23,7%. No obstante, no puede hablarse de un desacoplamiento total en tanto que la economía continúa dependiendo en gran parte de los combustibles fósiles.

Las principales causas de estas menores emisiones de GEI  en la UE han sido diversas: el aumento de la participación del uso de las energías renovables, el menor uso del combustibles fósiles, mejoras en la eficiencia energética, cambios económicos estructurales y la recesión económica.

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En un análisis por sectores, la reducción de emisiones de GEI ha sido casi generalizada. Los mayores descensos se han observado en la industria manufacturera, la construcción, la producción de electricidad y calor y la combustión residencial. La gestión de residuos fue el sector que anotó el mayor descenso relativo. Por el contrario, se han producido notables incrementos en el transporte por carretera, en la refrigeración y aire acondicionado y en la aviación y navegación internacional durante el periodo.

Los gases de efecto invernadero son en su mayoría gases de dióxido de carbono (CO2), que representan el 81% del total de GEI de la UE-28 en 2015. Las emisiones de estos gases CO2 se han reducido entre 1990 y 2015 en un 22%%. También han disminuido las emisiones de otros GEI como el metano (CH4), óxido nitroso (N2O), perfluorocarbono (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). Por el contrario, se han incrementado las emisiones de hidrofluorocarbono (HFC) y de trifluoruro de nitrógeno (NF3).

En un análisis por países, en el año 2015 casi un tercio del total de emisiones de GEI de la UE-28 procedían de Alemania (21%) y Reino Unido (12%).

Durante el periodo 1990-2015 casi todos los países de la UE-28 han contribuido a la reducción de GEI. Alemania y Reino Unido han permitido el 48% de los 1.337 millones de toneladas de CO2 equivalentes que la UE ha dejado de emitir a la atmósfera durante los últimos 25 años.

Son sólo cuatro países de la Unión Europea los que han aumentado sus emisiones de CO2 durante el periodo 1990-2015: Chipre (50%), España (16,6%), Portugal (15,7%), Irlanda (6,7%) y Austria (0,1%).

Por el contrario, las mayores disminuciones relativas se han producido en Lituania (-58,2%), Letonia (-56,8%), Estonia (-55,3%) y Rumanía (-52,7%).

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De cara al futuro, los distintos objetivos estratégicos y compromisos internacionales asumidos por la Unión Europea están dirigidos a continuar con la senda de reducción iniciada en 1990, de modo que se logre disminuir  las emisiones de GEI respecto a ese año base en un 40% en 2030, un 60% en 2040 y un 80% en 2050.

Para más información:

EEA: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2015 and inventory report 2017

Eurostat

La fiscalidad ambiental en la UE

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La fiscalidad ambiental constituye un instrumento de política pública cuya utilidad viene justificada por sus implicaciones positivas tanto sobre la calidad del medio ambiente como sobre la eficiencia de la economía.

Dicho instrumento fiscal conlleva la recaudación derivada de la aplicación de un conjunto de impuestos ambientales en un territorio determinado, país o región. A los impuestos ambientales se los suele definir como aquellos impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et.al., 2012).

La fiscalidad verde viene, por tanto, a gravar principalmente las siguientes categorías ambientales: emisiones al aire, sustancias que reducen la capa de ozono, efluentes al agua, fuentes difusas de polución al agua, gestión de residuos, ruido, productos energéticos (gasolinas, carbón, gas, fuels, electricidad…), transporte y recursos  naturales (agua, bosques…).

Son diversas las ventajas que puede ofrecer una adecuada aplicación de la fiscalidad verde. Entre otras, podemos señalar las siguientes: a) favorece la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles), b) contribuye a un mayor empleo del transporte sostenible, c) fomenta la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente, d) reduce los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas, e) desincentiva el consumo de recursos naturales no renovables y f) refuerza la lucha contra el cambio climático.

Estos impuestos permiten que se aplique el principio de “quien contamina, paga”, al internalizarse las externalidades negativas, es decir, al incorporarse al precio de los bienes los costes medioambientales que supone su producción/consumo. Se conforman, por tanto, como un incentivo para que productores y consumidores modifiquen su comportamiento, de modo que sea más respetuoso con el medio ambiente.

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de este instrumento económico y medioambiental recomendando su implantación. Así, en el marco de la Unión Europea, el Sexto Programa comunitario de acción en materia de Medio Ambiente (2002) recomendaba el empleo de impuestos sobre los recursos y sobre productos y procesos intensivos en residuos, con el fin de mitigar el cambio climático y fomentar una producción y consumo sostenibles.

Igualmente, la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

“Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes“.

En las dos últimas décadas se ha producido una tendencia general de aumento en el número y tipos de impuestos que gravan diferentes categorías del medio ambiente y la energía. Pero ¿cómo se ha comportado su recaudación? ¿Cómo ha evolucionado en el conjunto de la UE y por países la participación de los ingresos de los tributos ambientales respecto a la evolución que han seguido la recaudación total y la actividad económica?

Según Eurostat, en la UE-28 se recaudó en 2014 un total de 343.726 millones de euros en concepto de impuestos ambientales. De este total la mayor parte (el 76%) fueron ingresos por impuestos sobre la energía. Les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (20%) y sobre la contaminación y los recursos (4%).

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En términos relativos, los impuestos ambientales suponen el 6,35% de la recaudación total de la UE-28 en 2014. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,46%.

Desde una aproximación temporal, se comprueba cómo, a pesar de haber aumentado el número de impuestos ambientales, la presión fiscal ambiental se ha reducido durante el periodo 2004-2014, disminuyendo desde el 2,56% hasta el 2,46% en el último año. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica. No obstante, hay que diferenciar dos etapas: una primera (2004-2008), previa a la crisis económica, en la que dicha ratio ha descendido desde el 2,56% al 2,29%, y una segunda en la que se ha incrementado gradualmente año a año, si bien hasta un 2,46% que sigue siendo inferior al valor registrado en 2004.

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Finalmente, en un análisis por países son destacables las diferencias que se detectan dentro de la UE-28. Dinamarca es el país con el mayor porcentaje de recaudación por impuestos ambientales sobre el PIB (4,08% en 2014). Le siguen en importancia Eslovenia (3,89%), Croacia (3,86%), Grecia (3,68%), Italia (3,59%) y Países Bajos (3,36%).

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Lituania (1,70%), seguido de Eslovaquia (1,79%), España (1,85%), Luxemburgo (1,99%) y Alemania (2,oo%).

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Durante el periodo 2004-2014 la presión fiscal ambiental ha disminuido en la mayoría de los Estados miembros (18 de 28), permaneciendo igual en cuatro y aumentando en seis. El mayor avance se ha registrado en Grecia (+1,6  p.p) y el mayor retroceso en Lituania y Luxemburgo (-1,0 p.p., ambos).

Para más información: 

Eurostat