Categoría: Estudios, análisis e informes

El índice de desarrollo humano de los países del mundo (2022)

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En los estudios que se dedican a la evaluación del desarrollo es habitual emplear el tradicional indicador del Producto Interior Bruto per cápita. Sin embargo, son conocidas las incuestionables limitaciones de esta variable si queremos conocer de forma más real las condiciones de vida de las personas.

Con el fin de disponer de una comprensión más completa del desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) viene calculando desde 1990 el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de prácticamente todos los países de mundo. Siendo un indicador sintético elaborado a partir de unas pocas variables, este enfoque del desarrollo humano constituye un importante avance que se ha ido consolidando a lo largo de los años.

Desde esta aproximación alternativa el nivel de desarrollo de un país o región está condicionado no sólo por los ingresos de sus habitantes sino también por ámbitos tan importantes para el ser humano como la salud y la educación.

En esencia, el desarrollo humano lo conforman tres dimensiones básicas que son susceptibles de ser evaluadas a través de indicadores que son definidos selectivamente:

  1. Salud. Se toma como indicador para su evaluación la Esperanza de vida al nacer.
  2. Educación. Se evalúa a través de dos indicadores: Años de escolaridad esperados y Promedio de años de educación recibidos.
  3. Nivel de vida. Para evaluar los progresos respecto a un nivel de vida decente se emplea como indicador la Renta Nacional Bruta per cápita (2017 PPP $).

A partir de estos cuatro indicadores se calculan los tres índices normalizados que corresponden a las dimensiones de salud, educación y nivel de vida, con los que, posteriormente, aplicando la media geométrica, se construye el IDH.

Con la publicación de carácter anual del Informe sobre Desarrollo Humano, que elabora PNUD, disponemos de los resultados del IDH a nivel global y por los países desde el año 1990 hasta hoy. La última edición de dicho Informe es la correspondiente a 2023/2024 que recoge los resultados del IDH relativos al año 2022, permitiéndonos conocer el nivel de desarrollo humano de un total de 193 países del planeta.

Por lo tanto, desde una perspectiva temporal, con los datos publicados hasta la fecha podemos analizar cómo ha evolucionado el índice de desarrollo humano a nivel global durante el periodo comprendido entre los años 1990 y 2022.

Los resultados obtenidos concluyen que el IDH del mundo ha seguido una trayectoria ascendente, pasando de un valor de 0,600 en 1990 a otro de 0,739 en 2022.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, los años de 2020 y 2021 han estado marcados por importantes retrocesos en el desarrollo humano como consecuencia de la irrupción de la pandemia de COVID-19 que ha causado enormes estragos en las vidas y los medios de subsistencia en todo el mundo. Ya en el año 2022 el IDH global se recupera, aunque no se llega a mejorar el valor registrado en 2019, previo a la crisis sanitaria.

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Además, como recoge el Informe 2023/24, esta recuperación relativa del IDH global está siendo muy desigual: mientras que los países ricos experimentan niveles máximos de desarrollo humano, más de la mitad de los países más pobres no han alcanzado los niveles del IDH de 2019. Se constata, por tanto, un aumento de la brecha de desarrollo humano, que rompe con la tendencia de dos decenios de reducción constante de las desigualdades entre las naciones.

En un análisis más detallado por países, tenemos que dentro del grupo de los de mayor índice de desarrollo humano se encuentra, en primer lugar, Suiza, con una puntuación de 0,962. Se trata de un país que, a pesar de no ser el de mayor renta per cápita del mundo, ya que toma la posición sexta en la dimensión de nivel de vida, logra alcanzar, dados los buenos resultados en salud y educación, el primer puesto en desarrollo humano.

Tras Suiza, le siguen con mayores puntuaciones del IDH Noruega, Islandia, Hong Kong (China SAR), Dinamarca, Suecia, Alemania, Irlanda,  Singapur, Australia, Países Bajos, Bélgica, Finlandia y Liechtenstein, todos ellos con un valor del IDH superior o igual a 0,940. Cierra el grupo de los 30 países con mayor IDH Italia  (0,906), cuya posición en nivel de desarrollo humano (30) es similar a la que toma en renta per cápita (31).

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Es significativo que países como Catar, con el segundo mayor nivel de renta per cápita del mundo, tras Liechtenstein, ocupa la posición 40 en el índice de desarrollo humano. Asimismo, en el caso de Brunéi, que ostenta la posición 12 de mayor renta per cápita mundial, su índice de desarrollo humano queda relegado hasta la posición 55, dada su peor situación relativa en los ámbitos de educación y salud.

En el otro extremo del mundo, se encuentra Somalia, que toma el menor nivel de desarrollo humano, con un valor del IDH (0,380) que es 2,5 veces inferior al de Suiza (0,967). La posición de Somalia en desarrollo humano (193) es similar a la que ocupa en la dimensión de nivel de vida o renta per cápita (190), presentando también posiciones muy bajas en esperanza de vida y en los dos indicadores de educación.

Le siguen dentro del grupo de países con menor IDH Sudán del Sur, República Centroafricana, Níger, Chad, Malí, Burundi, Yemen, Burkina Faso, Sierra Leona, y Mozambique, todos ellos con un valor del IDH inferior a 0,460. Los demás países que completan el grupo de los 30 con menor IDH se encuentran también mayoritariamente en el continente africano y presentan igualmente valores muy bajos en renta per cápita, esperanza de vida y educación.

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Para más información:

UNDP: Human Development Report 2023-24.

Europa ante el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (2023)

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En 2015 la ONU puso en marcha el ambicioso proyecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de una estrategia de alcance mundial, cuyo compromiso se concreta en lograr, durante la presente década, diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (17 ODS), que cubren las tres dimensiones del desarrollo: económica, social y medioambiental.

Para evaluar los progresos en la consecución de los 17 ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) viene publicando desde hace varios años diferentes informes periódicos que tratan de evaluar cómo están avanzando los países en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para el caso de Europa, SDSN ha publicado hasta la fecha cinco Informes que muestran los avances alcanzados respecto a los ODS por la Unión Europea y sus países socios europeos desde 2015.

La metodología utilizada permite disponer de un índice ODS que resume en un único valor los resultados mostrados por la amplia batería de indicadores (un total de 109 para Europa) recabados para medir la totalidad de los 17 ODS (a los cuales se les otorga igual ponderación).

El índice ODS es, por tanto, un indicador sintético de desarrollo sostenible, cuyo valor puede oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación respecto al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, y 100, cuando el país se sitúa en la mejor posición respecto a su cumplimiento.

Con la edición de 2023/24 del Informe de Desarrollo Sostenible en Europa se han podido evaluar, a través del índice ODS, los progresos en materia de desarrollo sostenible de los 27 Estados miembros de la UE, además de otros siete países que son socios o candidatos europeos (Noruega, Suiza, Islandia, Reino Unido, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía).

Entre las conclusiones generales del Informe destacamos las siguientes:

  • La UE ha logrado o está en camino de lograr un poco más de dos tercios de las metas de los ODS.
  • Si antes de la irrupción de la pandemia los avances en la UE eran demasiado lentos para alcanzar todos los ODS en 2030, desde 2020 el progreso de los ODS se ha estancado. Así, el progreso del índice de los ODS fue tres veces más rápido durante el periodo 2015-2019 (con 0,73 puntos por año) que durante el periodo 2019-2022 (0,24 puntos por año).
  • Las múltiples crisis que atraviesa Europa, y el mundo, desde 2020 han provocado un estancamiento e incluso una reversión del progreso en los indicadores de “No dejar a nadie atrás”, especialmente en la evaluación de las desigualdades dentro de los países.
  • Persisten los desafíos relacionados con los objetivos medioambientales y de biodiversidad, incluyendo los sistemas alimentario y terrestre sostenibles (ODS 2, ODS 12 a 15).
  • La UE, y los países de la OCDE, generan en comparación con otras regiones del mundo importantes impactos negativos del consumo y las cadenas de suministro insostenibles a través de los efectos indirectos internacionales. Dichos impactos están impulsados principalmente por el consumo y las cadenas de suministro insostenibles, que conducen a la deforestación y otros impactos ambientales y sociales negativos, satisfaciendo las necesidades de consumo de dichos países desarrollados. En algunos países europeos, la competencia fiscal desleal, los paraísos fiscales y la transferencia de beneficios de las multinacionales también explican las puntuaciones relativamente bajas (malas) de los efectos indirectos internacionales.
  • Existen grandes brechas y un ritmo lento de convergencia en los resultados de los ODS en los países europeos.

En un análisis más detallado por países, el Informe de 2023/24 nos revela que en Europa persisten diferencias muy importantes respecto al grado de consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

Así, en esta edición de 2023/24, el país con un mayor valor del índice ODS sigue siendo, como en los últimos años, Finlandia (80,6), al que se une, con la misma puntuación, Suecia (80,6). Le siguen, a continuación, Dinamarca (80,0), Austria (77,7,), Noruega (77,0), Alemania (75,4), República Checa (74,4), Eslovenia (73,7), Islandia (73,7) y Estonia (73,0). Todos ellos ocupan las diez primeras posiciones.

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En el otro extremo, los diez menores valores del índice ODS los presentan los siguientes países: Turquía (57,1), Bulgaria (59,5), Chipre (61,0), Macedonia del Norte (62,2), Serbia (62,5), Rumanía (62,6), Grecia (65,2), Malta (65,9), Lituania (67,7) y Luxemburgo (67,8).

Finalmente, de cara al futuro, el Informe de 2023/24 postula que la Unión Europea debe emprender diez acciones prioritarias para impulsar el cumplimiento de los ODS. Son las siguientes:

  1. Responder al grave peligro de los “puntos críticos sociales” reduciendo significativamente el riesgo de pobreza y exclusión social de los ciudadanos europeos.
  2. Redoblar los esfuerzos para lograr emisiones netas cero en la UE para 2050, incluyendo avances importantes para 2030.
  3. Fortalecer a las autoridades regionales y locales para lograr los ODS, incluido el seguimiento y la presentación de informes periódicos sobre el progreso de los ODS en todos los niveles.
  4. Frenar las repercusiones indirectas negativas y apoyar la transformación hacia un sistema de comercio sostenible.
  5. Hacer uso de Equipo Europa para la diplomacia global de los ODS y fortalecer espacios de debate diversos y universales, especialmente las Naciones Unidas.
  6. Intensificar el papel multilateral de Europa liderando los esfuerzos globales para reformar la arquitectura financiera global.
  7. Reorientar las alianzas internacionales de la UE hacia los ODS y avanzar hacia una cooperación mutuamente transformadora.
  8. Movilizar los medios financieros para apoyar las transformaciones necesarias para un futuro sostenible.
  9. Institucionalizar la integración de los ODS en la planificación estratégica, la coordinación macroeconómica, los procesos presupuestarios, las misiones de investigación e innovación y otros instrumentos de políticas.
  10. Establecer dentro del Parlamento Europeo nuevos mecanismos permanentes para una participación estructurada y significativa con la sociedad civil, incluida la juventud, que permitan una incidencia en las hojas de ruta y las políticas con enfoque ODS.

Para más información:

SDSN: Europe Sustainable Development Report 2023/24.

La fiscalidad ambiental en la Unión Europea (1995-2022)

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Son múltiples los impactos negativos que la actividad humana ocasiona al medio ambiente: extracción y consumo de recursos naturales no renovables; cambio climático; contaminación del aire, ríos, lagos, medio marino y suelos; ruido; deforestación; pérdida de biodiversidad… Frente a estos problemas la fiscalidad constituye un instrumento de política ambiental que, junto con otras medidas como las legislativas, puede desalentar las acciones humanas que deterioran el planeta.

Con la fiscalidad ambiental o verde se persigue el cumplimiento del principio de quien contamina, paga, es decir, tratar de incorporar en el coste de aquellas actividades calificadas de insostenibles los costes medioambientales que generan, ya que, de lo contrario, permanecerían “no visibles” y sin contabilizar en el precio final. Por lo tanto, el grado de eficacia de los impuestos ambientales vendría dado por su incentivo para que productores y consumidores modifiquen sus comportamientos para hacerlos más respetuosos con el medio ambiente.

Son diversas las bondades que presenta la implantación de impuestos ambientales, entre las que podemos destacar las siguientes:

a) Favorecen la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles).

b) Contribuyen a un mayor empleo del transporte sostenible.

c) Fomentan la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente.

d) Reducen los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas.

e) Desincentivan el consumo de recursos naturales no renovables.

f) Refuerzan la lucha contra el cambio climático.

En la práctica la fiscalidad ambiental se concreta en la aplicación, en un país o territorio determinado, de un tipo de impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et. al., 2012).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la utilización de este instrumento económico y medioambiental. Recordemos, por ejemplo, lo expresado en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

«Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes«.

Durante los últimos 25 años se han extendido los impuestos ambientales que, en sus diversos tipos, han venido aplicando en el seno de la Unión Europea sus Estados miembros. Se hace necesario, por tanto, realizar de forma continuada evaluaciones periódicas sobre la aplicación real de este tipo de impuestos.

Como primera aproximación analizamos aquí si la fiscalidad verde ha ganado protagonismo en el seno de las políticas tributarias de los países de la UE. Para ello se estudia cómo se ha comportado la recaudación de las diferentes categorías de impuestos ambientales, cuál ha sido la evolución de la participación relativa de los ingresos de los tributos ambientales sobre la recaudación total y cómo ha sido la tendencia de la recaudación verde en relación con la actividad económica.

Según los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el año 2022 se recaudó en la UE-27 un total de 320.824 millones de euros en concepto de impuestos ambientales.

De este total la mayor parte fueron ingresos por impuestos sobre la energía (el 77%). A continuación, les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (19%) y los impuestos sobre la contaminación y los recursos (4%).

G_Imp. amb. tipos_2022

En términos relativos, la recaudación de los impuestos ambientales representa el 5,0% de la recaudación del total de impuestos de la UE-27 en 2022. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,0%.

Desde un enfoque temporal, de acuerdo con los últimos datos disponibles de Eurostat, correspondientes al periodo 1995-2022, se comprueba que los impuestos ambientales como instrumento de política ambiental, en lugar de aumentar, han perdido importancia en la UE.

En términos de su participación en la estructura tributaria total, el porcentaje de recaudación correspondiente a la fiscalidad verde sobre la recaudación total de impuestos de la UE-27 ha descendido desde el 6,8% en 1995 al 5,0% en 2022.

En términos comparativos con la actividad económica, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el PIB se ha reducido desde el 2,6% de 1995 hasta el 2,0% en el último año de 2022. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales en el conjunto de los Estados de la UE-27 ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica.

Asimismo, es relevante apuntar que, como se observa en el siguiente gráfico, con la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 el papel desempeñado por la fiscalidad verde ha intensificado su caída: la presión fiscal ambiental en el conjunto de la UE se ha reducido en 0,34 puntos porcentuales desde 2019.

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Por tipos de impuestos, durante el periodo 1995-2022 la mayor reducción se ha dado en los impuestos sobre la energía, los de mayor peso, cuya presión fiscal pasa de 2,0% en 1995 a 1,6% en 2022. Por su parte, la ratio correspondiente a los impuestos sobre el transporte desciende desde el 0,5% al 0,4%. Finalmente, los impuestos sobre la contaminación y los recursos mantienen su presión fiscal del 0,1% en el periodo analizado.

En un análisis por países es destacable la diferente importancia de la fiscalidad verde dentro de la UE. Así, en el año 2022 Grecia es el país que obtiene mayor recaudación por impuestos ambientales en comparación con el tamaño de su economía: su presión fiscal ambiental es del 5,6%. Le siguen, en orden descendente, Bulgaria (4,8%), Croacia (3,3%), Eslovenia (2,9%), Polonia (2,8%), Rumanía (2,7%), Eslovaquia (2,5%), Dinamarca (2,4%), Finlandia (2,4%) y Países Bajos (2,4%), principalmente.

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Irlanda (0,9% en 2021), seguido de Luxemburgo (1,2%), República Checa (1,5%), España (1,5%) y Lituania (1,5%).

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En resumen, durante el periodo 1995-2022 la presión fiscal ambiental ha descendido en la mayoría de los Estados miembros (19 de 27), habiendo aumentado en los ocho países restantes. Asimismo, hay que destacar el mayor avance que se ha registrado en Bulgaria (+3,6 p.p. entre 1995 y 2022), que contrasta con el mayor retroceso observado en Irlanda (-2,1 p.p.).

Para más información: 

Eurostat

La producción de energía nuclear en la Unión Europea (1990-2022)

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La producción de energía nuclear en la Unión Europea (UE-27) ascendió en el año 2022 a 155,5 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep). Su destino principal es la generación de electricidad.

De acuerdo con los datos publicados por Eurostat, durante los años 1990-2022 la producción de energía nuclear se ha reducido un 17,6% en la UE.

En dicho periodo de tiempo cabe diferenciar dos fases. En un primer subperiodo (1990-2004) la producción de este tipo de energía traza una senda de continuo aumento hasta llegar a su nivel máximo de 240 millones de tep en el año 2004, es decir, se ha incrementado un 227,2%. A esta primera fase le sigue una segunda en la que se va recortando la producción de energía nuclear hasta alcanzar su valor mínimo en el año 2022.

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En un análisis por países, son trece los Estados miembros de la UE que tienen operativos reactores nucleares para la producción de energía.

En el año 2022 Francia continúa siendo, con diferencia, el mayor productor de energía nuclear de la Unión Europea. Su peso se ha situado durante todo el periodo (1990-2022) por encima del 39% del total de energía nuclear de la UE. De hecho, la participación francesa se ha incrementado desde el 43,0% en 1990 hasta el 49,4% en 2022.

Les siguen, a distancia, las participaciones de España (que con un 9,8% del total en 2022 pasa a ser el segundo mayor productor), Suecia (8,0%), Bélgica (6,9%), Alemania (5,7%), República Checa (5,0%), Finlandia (3,9%), Bulgaria (2,8%), Eslovaquia (2,6%), Hungría (2,6%), Rumanía (1,8%), Eslovenia (0,9%) y los Países Bajos (0,6%).

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En cinco países (Francia, España, Suecia, Bélgica y Alemania,) se concentra, por tanto, el 80% de la producción total de energía nuclear de la Unión Europea en 2022.

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Desde una perspectiva temporal, es destacable la evolución diferenciada que se ha dado entre países durante el periodo 1990-2022. Así, Alemania ha decidido tomar el camino de reducir su producción de energía nuclear, hecho que empieza a observarse en el año 2007 siendo más palpable a partir de 2011. Entre 1990-2022 este país ha visto descender su producción de energía nuclear en un 77,4%, de modo que su peso sobre el total de la UE disminuye desde el 21,0% hasta el 5,7%.

Asimismo, Lituania, cuya producción energética nuclear representaba el 2,2% de la UE en 1990, decidió cesar esta actividad en 2009, de modo que anotó la mayor reducción relativa (-100%) en el periodo analizado.

Junto a estos dos países se une también Suecia, cuya producción de energía nuclear registró un descenso del 29,4% entre 1990-2022. Por su parte, Francia, el mayor productor, ha visto disminuir su producción de energía nuclear en un 5,2% en el periodo, como consecuencia del significativo descenso registrado en el último año. Y, finalmente, Bélgica también reduce su producción nuclear durante el periodo analizado, en este caso un -2,9%.

En sentido contrario, nueve países de la UE han incrementado su producción de energía nuclear durante los años 1990-2022. Los mayores aumentos se han registrado en la República Checa (+137,6) y Eslovaquia (+32,0%), seguidos de Finlandia (+23,4%), Bulgaria (+13,4%), Hungría (+12,7%), Eslovenia (+12,1%), España (+9,3%) y los Países Bajos (+6,9%), a los que habría que añadir Rumanía, que comenzó su producción en 1996.

Para más información:

Eurostat: Datos

La dependencia de los combustibles fósiles en los países de la UE (1990-2022)

Los objetivos de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático están estrechamente relacionados con el propósito de reducir el consumo de combustibles fósiles en sus diferentes tipos (petróleo, carbón, gas natural…).

Al mismo tiempo, una menor dependencia de los combustibles fósiles se alinea con la sostenibilidad, al favorecer la transición hacia una economía basada en las energías renovables y baja en carbono.

Los últimos datos disponibles de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) nos confirman que el grado de dependencia de los combustibles fósiles continúa siendo muy elevado en el seno de los países de la Unión Europea.

En el año 2022 los combustibles fósiles representan el 70,9% de la energía bruta disponible de la UE-27.

Desde una perspectiva temporal, se observa que durante las últimas tres décadas la hegemonía de estos combustibles contaminantes en la energía total ha seguido una tendencia descendente. Así, según el organismo estadístico europeo, entre 1990 y 2022 el conjunto de la UE-27 (sin Reino Unido) ha visto reducir el porcentaje de combustibles fósiles sobre la energía bruta disponible en 11,5 puntos, desde el 82,4% hasta el 70,9%. Dicho descenso viene explicado en gran medida por la creciente implantación de las energías renovables.

Más recientemente, en los últimos tres años esta tendencia a la baja se ha visto afectada, en mayor o menor medida, por algunos acontecimientos excepcionales. En el año 2020 la irrupción de la pandemia del COVID-19, que conllevó fuertes impactos sociales y económicos, probablemente ha contribuido a intensificar puntualmente la caída de la participación de los combustibles fósiles (que ha pasado de 71,4% en 2019 a 69,8% en 2020). De hecho, superada la crisis sanitaria, y levantadas las restricciones a la actividad y la movilidad, la dependencia de los combustibles fósiles ha inflexionado al alza, hasta situarse en el 70,9% en 2022.

Además, en dicho el 2022, con la finalización de la pandemia y el repunte de la demanda de los requerimientos energéticos, se produjo un nuevo contexto internacional marcado por una tendencia alcista de los precios de las materias primas energéticas, que se vio agravada por los impactos de la invasión rusa de Ucrania iniciada en marzo.

En un análisis por países, en el año 2022, de los 27 Estados miembros de la Unión Europea 25 tienen un grado de dependencia de los combustibles fósiles superior al 50% de su energía bruta disponible.

El país más dependiente energéticamente de los combustibles fósiles es el Estado insular de Malta, con un porcentaje sobre la energía bruta disponible del 96,1%. A continuación, le siguen Chipre (89,3%), Países Bajos (87,6%), Irlanda (87,4%), Polonia (87,1%), Grecia (83,4%) y Alemania (80,3%), entre otros.

Por el contrario, Suecia es el país comunitario con el menor grado de dependencia fósil, con el 30,3% de su energía disponible, seguido de Finlandia (38,3%). Estos dos países son los únicos de la UE que presentan porcentajes inferiores al 50%.

Considerando el conjunto del periodo 1990-2022, es de destacar que los 27 Estados de la UE han logrado reducir el consumo relativo de combustibles fósiles.

Las mayores disminuciones del peso de estos combustibles sobre el total de energía disponible se han dado en Dinamarca, Estonia, Letonia, Rumanía, Finlandia, Eslovaquia y República Checa, con reducciones de más de 20,0 p.p. en dicho periodo. En el otro extremo, los menores descensos de la participación energética de los combustibles fósiles se han registrado en Malta, España y Bélgica, que sólo han rebajado entre 3 y 5 p.p. la proporción de dichos combustibles durante 1990-2022.

Para más información:

Eurostat.

La evolución de las aves en la UE (1990-2022)

Como expresa la Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030 “la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se encuentran entre las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad ante la próxima década”.

Un magnífico indicador que nos alerta de cómo está evolucionando la calidad y cantidad de los ecosistemas son las aves. Gracias a la comunidad científica sabemos que la presencia de aves es un buen semáforo de la salud de los ecosistemas, de su diversidad e integridad.

La mayor o menor población de aves, así como su mayor o menor diversidad de especies, en un ecosistema determinado, nos permite conocer más sobre la calidad del propio ecosistema donde se alimentan, viven y respiran. En definitiva, las aves nos adelantan información valiosa sobre la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad real del resultado final que originan las diversas actividades (producción, consumo…) que llevamos a cabo los humanos con nuestras metas de desarrollo.

En el contexto europeo, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) viene publicando desde hace años el Índice de Aves Comunes, que nos informa desde un punto de vista cuantitativo sobre cómo ha evolucionado la presencia de aves en Europa. Dicho índice recoge las observaciones obtenidas en los 27 Estados miembros de la UE para un total de 167 especies de aves que viven en tierras de cultivo (39), en ecosistemas forestales (34) y en otros hábitats como parques y jardines (94).

Se cuenta con un amplio horizonte temporal (1990-2022) para dicho Índice de Aves Comunes de la UE. Los resultados obtenidos hasta hoy apuntan que durante las tres últimas décadas hemos asistido a una continuada disminución de las poblaciones de aves en la Unión Europea y, por tanto, también al progresivo deterioro de nuestros espacios naturales. Como se observa en el siguiente gráfico, dicho índice de aves, que toma como año base 1990, ha descendido desde un valor de 100,0 en el año 1990 a 86,2 en 2022, lo que supone una caída del 13,8%.

De forma complementaria al Índice de todas las Aves Comunes, Eurostat elabora otros dos índices compuestos. El primero, el índice de aves comunes de bosques, circunscrito a 34 especies, nos revela que se ha producido un descenso del 3,3% durante el periodo 1990-2022, al pasar de 100,0 a 96,7. Con este indicador se aprecia que solo durante el último decenio se ha logrado una mejoría, si bien paulatina, tras los sucesivos descensos registrados en los veinte años previos.

Por su parte, el segundo índice, el índice de aves comunes de tierras de cultivo, que comprende 39 especies, presenta una tendencia significativamente descendente entre 1990 (100,0) y 2022 (60,3), habiéndose registrado, por tanto, una reducción del 39,7% en el periodo analizado. Como afirma la propia Estrategia para la biodiversidad 2030 las aves de hábitats agrícolas son indicadores clave de la salud de los agroecosistemas y vitales para la producción agrícola y la seguridad alimentaria, concluyendo que “su alarmante disminución tiene que invertirse”.

En el ámbito de las aves, cabe recordar asimismo lo que ya expresaba la Directiva comunitaria relativa a la conservación de las aves silvestres en el año 2009:

«En el territorio europeo de los Estados miembros, una gran cantidad de especies de aves que viven normalmente en estado salvaje padecen de una regresión en su población, muy rápida en algunos casos, y dicha regresión constituye un grave peligro para la conservación del medio natural, en particular debido a la amenaza que supone para el equilibrio biológico».

Para más información:

Eurostat

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres

Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030

El consumo de materiales de la economía española (2008-2022)

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Circunscribir el análisis de una economía, como la española, a la evolución monetaria de su Producto Interior Bruto es, sin duda, un enfoque muy limitante. Entre otras razones porque se ocultan los fundamentos físicos (agua, energía, materiales…) que hacen posibles todos los procesos de producción, consumo y distribución de bienes y servicios que generan los diferentes agentes económicos.

La existencia de una Contabilidad Medioambiental es una valiosa herramienta para conocer con qué intensidad una economía emplea los recursos materiales que proceden del medio natural para el desarrollo de todas sus actividades. En el caso de España, como expresa el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Cuenta de flujos de materiales «muestra los inputs físicos de materiales que entran en el sistema económico nacional y los outputs a otras economías o al medio natural», expresados en unidades físicas (toneladas).

Los datos disponibles para la economía de España nos dan luz sobre cómo ha evolucionado este país respecto al consumo y la extracción de materiales, así como a la intensidad o productividad de los recursos (ecoeficiencia) en términos de PIB.

A continuación se exponen los principales resultados obtenidos del análisis realizado de los datos disponibles correspondientes a los años 2008-2022, un periodo que ha estado marcado por la Gran Recesión y, más recientemente, por los efectos de la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania y la crisis energética.

1. El consumo nacional de materiales, esto es, la cantidad total empleada directamente por la economía española, ascendió a 419,2 millones de toneladas (Mt) en 2022. Ello supone una reducción del 48,4% respecto al año 2008 (811,9 Mt). La mayor parte de esta reducción se ha producido durante los años 2008-2013 de la Gran Recesión, a la que sigue otra etapa de cierta recuperación y mayor estabilidad.

2. La economía española se vale como principal origen de su consumo de materiales la extracción nacional, que en el año 2022 ascendió a 350,3 Mt, es decir, el 83,3% del consumo total. Este porcentaje ha aumentado respecto al de 2008 (81,5%). El resto del consumo de materiales corresponde al balance comercial físico (importaciones menos exportaciones).

G_Consumo y Extracción_2008_2022

3. Respecto a la extracción nacional de materiales por tipos, destaca el protagonismo que toman los minerales no metálicos (piedra caliza, yeso, arenas, grava…) que en el año 2008 representaban el 78,3% del total. Como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el declive del sector de la construcción durante los años de la Gran Recesión, dicho peso llegó a reducirse hasta el 54,5% en 2013, para tomar posteriormente una senda de recuperación que llega hasta el año 2022 (61,0%).

En segundo lugar, se encuentra la extracción de biomasa (cereales, frutas, hortalizas, biomasa pastada…), cuya participación porcentual, en cambio, ha aumentado, desde el 19,8% en 2008 hasta el 33,6% en 2022.

A distancia se sitúan los minerales metálicos (cobre, zinc, estaño, plomo, níquel…), cuyo peso se ha incrementado, desde el 0,3% hasta el 5,3%, y los combustibles fósiles (hulla, antracita, petróleo, gas natural licuado…) que, por el contrario, han perdido importancia relativa, desde el 1,6% en 2008 al 0,03% en 2022.

Como puede observase en el siguiente gráfico, en términos absolutos la extracción de los distintos tipos de materiales ha mostrado también una evolución diferenciada.

G_Evolución extracción_2008-2022_tipos

Durante el periodo 2008-2022 la extracción nacional total de materiales se ha reducido de 662 Mt a 350 Mt, esto es, un descenso de 311 Mt (un -47,0%). Los minerales no metálicos, los materiales de mayor protagonismo, han sido los que han determinado dicha reducción, al haberse recortado su extracción en unas 304 Mt (un -58,7% en el conjunto del periodo 2008-2022). Este tipo de materiales llegó a tocar fondo en 2013, con una extracción de 172 Mt, si bien a partir de entonces ha tomado una senda ascendente, hasta situarse en 214 Mt en el último año de 2022 (dato avance).

Por el contrario, los minerales metálicos han visto aumentar su extracción en el conjunto del periodo, pasando de 2,0 Mt en 2008 a 18,5 Mt en 2022. La extracción de este tipo de materiales, por tanto, se ha multiplicado por casi 9,5.

La extracción de biomasa, por su parte, si bien se ha reducido desde las 131,1 Mt en 2008 hasta las 117,9 Mt 2022 (dato avance), ha mostrado durante el periodo diversos altibajos con una tendencia en general de estabilización.

Finalmente, la extracción de combustibles fósiles es la que ha experimentado la mayor reducción porcentual (-98,9%) en el periodo analizado, al descender desde 10,5 Mt en 2008 hasta 0,1 Mt en 2022.

4. Atendiendo al balance comercial físico de la economía española, es decir, el consumo de materiales que no se debe a la extracción sino a los flujos con el exterior, ascendió a 68,9 millones de toneladas en 2022. Esta cifra es el resultado de unas importaciones de materiales (256,9 Mt) que superan a las exportaciones (188,0 Mt).

Durante el periodo analizado dicho balance comercial físico ha sido siempre deficitario, No obstante, la economía española ha conseguido reducirlo desde los 150,4 Mt de 2008, como consecuencia de la diferente evolución mostrada por las importaciones, que han descendido un 6,9%, frente a las exportaciones de materiales, que han aumentado un 49,7% durante el periodo analizado.

5. Para evaluar la ecoeficiencia de una economía, se dispone, en primer lugar, del indicador de Consumo Nacional de Materiales en términos de PIB (CNM). De acuerdo con el INE, la economía española ha reducido la intensidad con la que consume materiales durante el periodo 2008-2022. Ha pasado de consumir 725,4 toneladas por cada millón de euros de producción en el año 2008 hasta las 351,4 en 2022. Dicha reducción, del 44,7%, se ha concentrado en los años 2008-2013. A partir de 2014 se presenta otro periodo en el que no termina aún de consolidarse una tendencia clara de mayor ecoeficiencia.

6. El Input Directo de Materiales (IDM) constituye un indicador también relevante para aproximarnos a evaluar la senda hacia la sostenibilidad de una economía. Este indicador contabiliza la entrada directa de materiales en el sistema económico procedente del medio natural nacional y del resto del mundo, es decir, extracción nacional e importaciones, quedando expresado en términos de toneladas por millón de euros de PIB.

Así, para el periodo analizado se concluye que el IDM de la economía española se ha reducido desde las 837,6 toneladas por millón euros de PIB en 2008 hasta las 509,0 en 2022.

Como ha sucedido con el consumo nacional de materiales, el periodo de crisis económica que irrumpió en 2008 ha ido acompañado de un proceso de menor intensidad del empleo de los materiales requeridos por la economía. En el caso del IDM ha descendido un 32,6% durante el periodo 2008-2022, si bien a partir de 2013 ya no se observa una tendencia clara de ganancias de ecoeficiencia, a excepción del descenso significativo observado en el último año de 2022.

7. Finalmente, los últimos datos disponibles (provisionales) apuntan que durante los años 2020 y 2021, marcados por los fuertes impactos de la pandemia del COVID-19, paralelamente a la brusca caída de la actividad económica se ha producido también un descenso significativo del consumo de materiales.

Sin embargo, este «ahorro de materiales» ha sido proporcionalmente menor que la fuerte caída mostrada por el PIB, de modo que los dos indicadores de intensidad de materiales, CNM e IDM, han repuntado y superan en 2020 y 2021 los valores registrados en 2019. No obstante, ya en el año 2022 (con datos avance), de confirmarse, la economía española apuntaría una mejoría de la ecoeficiencia, al registrar ambos indicadores valores inferiores.

G_Indic. intensidad_2008-2022

Para más información:

INE: Cuenta de flujos de materiales (2008-2022)

El reciclaje en la Unión Europea (2000-2021)

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Uno de los principales frentes de las políticas medioambientales es la gestión de los residuos producidos por la actividad humana.

Para alcanzar una buena gestión de residuos se ha de tener presente la aplicación del conocido principio de las 3R que prioriza la reducción a la reutilización y el reciclaje.

No siempre es posible evitar la generación de los residuos procedentes de nuestras actividades de producción y consumo, ni tampoco promover su reutilización. La respuesta de gestión ha de centrarse, pues, en estos casos, en maximizar el reciclaje.

En el marco de la UE el tratamiento de los residuos se ha venido consolidando, a la luz de la evolución que han seguido indicadores como la tasa de reciclaje de residuos municipales.

Dicho indicador queda definido, según Eurostat, como el porcentaje de residuos municipales generados por los hogares y por fuentes de residuos similares (comercio, oficinas e instituciones públicas) sobre el total de residuos generados. El reciclaje de este tipo de residuos comprende el reciclaje de materiales, el compostaje y la digestión anaeróbica.

En un análisis temporal amplio de los datos publicados por Eurostat, se observa que la tasa de reciclaje de residuos municipales de la UE-27 ha mostrado de forma continuada una senda en general ascendente durante el periodo 2000-2021.

En el año 2000 se reciclaba el 27,3% de los residuos municipales generados en el conjunto de la UE-27. Más dos décadas después, en el año 2021 dicha tasa de reciclaje asciende a 48,7%, como se observa en el siguiente gráfico.

G_UE27_Reciclaje_2000-2021

Nótese, no obstante, que en el último año 2021 la tasa de reciclaje ha retrocedido ligeramente (-0,2 puntos porcentuales), mostrando un comportamiento bien diferente al del año 2020, cuando aumentó 1,7 puntos. Siendo en ambos casos años marcados por los impactos de la pandemia del COVID-19, está por confirmar si se trata de un hecho puntual o si en los próximos años la tasa de reciclaje retomará su senda ascendente.

En un análisis por países se detectan diferencias muy marcadas en el seno de la Unión.

De los 27 Estados de la UE, nueve superaron en 2021 la tasa media comunitaria (48,7%). La tasa de reciclaje más elevada la sigue alcanzando Alemania (67,8%). A continuación se encuentran Austria (62,5%), Eslovenia (60,8%), Países Bajos (57,8%), Dinamarca (57,6%), Bélgica (55,5%), Luxemburgo (55,3%), Italia (51,9%) y Eslovaquia (48,9%).

Por el contrario, los países europeos que presentan en 2021 las tasas de reciclaje más bajas son Rumanía (11,3%), Malta (13,6%), Chipre (15,3%) y Grecia (21,0%).

G_Países_Reciclaje_2021

Hay que significar, asimismo, los notables progresos que han logrado algunos países europeos durante los últimos años. En el transcurso del periodo 2000-2021 cabe destacar los mayores avances relativos alcanzados por Eslovenia, cuya tasa de reciclaje de residuos municipales ha aumentado desde el 6,0% en 2000 hasta el 60,8% en 2021 (la tercera más alta de la UE-27); por Lituania (desde el 0,0% al 44,3%, a pesar de haberse reducido en los últimos años), y por Letonia (de 0% a 44,1%). En el otro extremo, Austria, que ostenta la segunda posición, ha visto retroceder en 0,9 puntos su tasa de reciclaje respecto al año 2000.

Para más información:

Eurostat

Las emisiones de gases de efecto invernadero de la economía española (2008-2022)

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La economía española sigue siendo muy dependiente de los combustibles fósiles, de modo que no es neutral ante la crisis climática que atraviesa nuestro planeta. Según los últimos registros publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), España emitió a la atmósfera gases de efecto invernadero (GEI) por un total de 304,4 millones de toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) en 2022. 

Por tipos de gases, el 81,4% de todas las emisiones generadas en 2022 en España corresponden a dióxido de carbono, al que siguen metano (13,3%), óxido nitroso (3,3%) y otros GEI (2,0%).

Por origen económico de las emisiones, la actividad que ha emitido más GEI a la atmósfera ha sido la industria manufacturera que, con 74,4 millones de tCO2e emitidas en 2022, concentra el 24,4% del total de GEI. Asimismo, el 80% del total de emisiones de gases de efecto invernadero generadas dentro de este sector económico durante 2022 procedió de cuatro ramas de actividad principales: 1) Fabricación de otros productos minerales no metálicos, 2) Coquerías y refino de petróleo, 3) Industria química y 4) Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones.

Tras la industria manufacturera le siguen como fuentes de emisión más importantes el consumo final de los hogares, con el 22,7% del total de GEI; el suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado y agua (18,1%); la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (14,6%); transporte y almacenamiento (14,1%); otros servicios (4,9%); industrias extractivas (0,6%) y construcción (0,5%).

GEI 2022_por origen_España

Desde una perspectiva temporal, desde 2008, primer año disponible de la serie en España las emisiones totales de GEI han presentado una tendencia descendente, si bien con altibajos. Para el conjunto del periodo analizado (2008-2022) las emisiones se han reducido un 26,9%, al pasar de 416,6 millones de toneladas en 2008 a 304,4 millones en 2022.

GEI 2008-2022_España

Por ramas de actividad, las reducciones de emisiones de GEI más destacadas se han producido en términos porcentuales en las industrias extractivas (con escaso peso), que anotaron un descenso del 65,0% durante el periodo 2008-2022. Por el contrario, el sector primario ha incrementado sus emisiones de GEI en un 0,4% durante los años 2008-2022, esto es, 178 mil tCO2e más.

En términos absolutos, las mayores reducciones de emisiones se han anotado en la rama de suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado y agua (54,0 millones de tCO2e menos) y en la industria manufacturera (-32,7 millones).

Como se observa en el siguiente gráfico, el periodo 2008-2022 se salda con una reducción de emisiones de GEI (-26,9%) frente a un crecimiento de la actividad de la economía española, medida en términos de PIB real, del 6,6%. Por lo tanto, puede argüirse que, para dicho periodo, existe divergencia entre ambas variables. Sin embargo, ello no nos permite concluir que existe un proceso de desacoplamiento entre producción y emisiones de GEI, ya que éstas siguen estando muy condicionadas por la naturaleza expansiva o contractiva del ciclo económico.

GEI y PIB_España_2008-2022

Así, en el año 2020, que estuvo marcado por la pandemia del COVID-19, la menor actividad económica que supuso la crisis sanitaria ha traído consigo una reducción de los GEI emitidos a la atmósfera. La fuerte contracción del PIB real de España del 11,2% en 2020 conllevó, al mismo tiempo, un descenso inédito de las emisiones de GEI del 13,9%.  Posteriormente, durante los siguientes años, cuando se produce la reactivación de la economía española las emisiones de GEI inflexionaron al alza. En cifras, se registraron crecimientos del PIB del 6,4% en 2021 y 5,8% en 2022, en tanto que las emisiones aumentaron un 6,6% y 3,1%, respectivamente.

Por tanto, estos datos nos muestran al menos dos hechos importantes. En primer lugar, la ratio de emisiones de GEI por unidad de producto ha mejorado durante el periodo 2008-2022. Y, en segundo lugar, se constata que se han registrado años (como 2011, 2012 y 2017) en los que dicha ratio ha empeorado y también otros (2020-2022) en los que se ha estabilizado, de modo que no se han contabilizado avances en la descarbonización de la economía española.

GEI_España_ratio_2008_2022

En suma, sigue existiendo una clara correlación entre la producción de bienes y servicios y las emisiones de GEI, que provocan el calentamiento global, lo que refuerza la necesidad de impulsar medidas más ambiciosas para contener los modos de producción y consumo actuales, que se mantienen aún en niveles insostenibles, para convertirlos en modos no dependientes de los combustibles fósiles.

Para más información:

INE: Cuenta de emisiones a la atmósfera

El uso circular de los materiales en la UE (2004-2022)

800px-Material_flow.EU.2022

La Comisión Europea adoptó en 2015 una Comunicación que daba pasos importantes en el camino hacia una economía más circular: «Cerrar el circulo: un plan de acción de la UE para la economía circular».

Con las medidas establecidas en dicho plan de acción se opta por una economía en la que se persiguen dos objetivos principales:

  1. Mantener durante el mayor tiempo posible el valor que poseen los productos, los materiales y los recursos, de modo que se ahorran materias primas al dejar de ser extraídas de la corteza terrestre.
  2. Reducir al mínimo posible la generación de todo tipo de residuos.

El cumplimiento de ambos objetivos facilitaría el desarrollo de una economía más eficiente en el uso de los recursos.

Para evaluar los avances alcanzados en la UE en su senda de fomento de la economía circular, se dispone, como indicador principal, de la tasa de uso de materiales circulares (tasa de circularidad), que elabora la Oficina Estadística de la UE (Eurostat)

Dicha tasa, expresada en porcentaje, mide la proporción de materiales recuperados y reintroducidos en la economía sobre el total de materiales con uso general. La tasa de circularidad define, por tanto, la relación que existe entre el uso circular de materiales y el uso general de materiales(*).

Un valor de tasa de circularidad más alto indica que hay más materiales secundarios que sustituyen materias primas extraíbles, evitando así los impactos ambientales que supone la extracción de dichos materiales finitos de la naturaleza para fabricar productos o generar energía.

De acuerdo con Eurostat, que recientemente (noviembre de 2023) ha revisado los datos de los últimos años, la tasa de circularidad en la UE-27 fue del 11,5% en 2022. Ello significa que del total de los recursos materiales que se utilizaron en la UE en dicho año el 11,5% provino de productos reciclados y materiales que han sido recuperados.

Es destacable, además, que el valor que toma la tasa de circularidad difiere de forma significativa según el tipo de materiales considerados. Así, en 2022 los metales son los materiales que toman la mayor tasa de circularidad (23,9%), seguidos por los minerales no metálicos (13,7%). Por el contrario, las menores tasas de circularidad corresponden a los combustibles fósiles (3,2%) y la biomasa (10,0%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2004-2022 la tasa de circularidad se ha incrementado en el conjunto de la UE-27 desde el 8,2% hasta el 11,5%. Ello supone, por tanto, un avance de 3,3 puntos porcentuales (p.p.) en dicho periodo de tiempo, es decir, menos de 2 décimas porcentuales por año desde 2004. Además, como se observa en el siguiente gráfico, la tasa de circularidad ha experimentado un estancamiento durante los últimos años que contrasta con los avances registrados a comienzos de la serie.

G_Tasa Circularidad_UE_2004_2022

Por países se constata que la tasa de circularidad presenta diferencias muy significativas en el seno de la UE. Así, en el último año 2022 los mayores porcentajes se registraron en Países Bajos (27,5%), Bélgica (22,2%), Francia (19,3%), Italia (18,7%) y Estonia (16,0%).

Por el contrario, las menores tasas de circularidad correspondieron a Finlandia (0,6%), Rumanía (1,4%), Irlanda (1,8%), Portugal (2,6%) y Grecia (3,1%).

Estas importantes divergencias entre los países de la UE-27 se deben, según Eurostat, a la cantidad de residuos que se recicla en cada país y a factores estructurales de las propias economías nacionales. Así, las economías que tienen mayores importaciones de materiales (incluyendo los combustibles fósiles) y mayores extracciones interiores de materiales (relacionadas con minería, construcción, etc.) son las que presentan menores tasas de circularidad.

G_Tasa circularidad_Países UE_2022

Además, la evolución de la tasa de circularidad dentro de la UE ha sido muy dispar, en particular durante 2010-2022, periodo para el que Eurostat ha publicado datos actualizados por países. Por un lado, destacan los mayores avances de Malta, cuya tasa de circularidad ha aumentado en 9,8 p.p., Bélgica (+8,6 p.p.), Italia (+7,2 p.p.), Austria (+7,0 p.p.) y Estonia (+6,9 p.p.). Por el contrario, siete países de la UE han retrocedido en su tasa de circularidad durante dicho periodo, presentando los mayores descensos Luxemburgo (-18,2 p.p.), Finlandia (-10,1 p.p.) y España (-3,3 p.p.).

(*) El uso general de materiales se mide sumando el consumo agregado de materiales domésticos y el uso circular de materiales. El primero queda definido en las cuentas de flujos de materiales para toda la economía. Por su parte, el uso circular de materiales se aproxima por la cantidad de residuos reciclados en las plantas de recuperación doméstica, menos los residuos importados destinados a la recuperación, más los residuos exportados destinados a la recuperación en el extranjero.

Para más información:

Eurostat