Medio ambiente – Página 2

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE (1990-2021)

El calentamiento global del planeta es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad, como así lo contempla la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en concreto en su ODS 13, puesta en marcha por Naciones Unidas en 2015.

Para encarar el desafío de la crisis climática se vuelve imperioso orientar hacia la sostenibilidad los sistemas económicos actuales basados en modos de producción y consumo que son el origen de cuantiosas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

En el marco de la Unión Europea, uno de los principales emisores de GEI del planeta, se han establecido compromisos de reducción de las emisiones de estos gases que requieren una evaluación continuada.

De acuerdo con la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en el año 2021 las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que produjo el conjunto de los 27 países de la UE se han cuantificado en 3.311 millones de toneladas (Mt) de CO2 equivalentes, incluyendo las emisiones netas del sector de “uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura” (LULUCF, por sus siglas en inglés) y la aviación internacional. Respecto al año anterior las emisiones, por tanto, experimentaron un incremento del 6,2%. La recuperación económica registrada en 2021 viene a explicar este repunte, una vez sobrellevados los peores efectos de la contracción de la actividad que supuso la irrupción de la pandemia del COVID-19 en 2020.

En un análisis temporal más amplio, desde el año 1990, cuando los GEI generadores del cambio climático emitidos a la atmósfera por las actividades humanas ascendieron 4.712 Mt, se ha producido una reducción total de las emisiones del 29,5% en la UE. En términos absolutos, en 2021 se emitieron 1.401 Mt de CO₂ equivalentes menos que en el año 1990.

En términos acumulados, durante el periodo 1990-2021 los países de la Unión Europea han enviado a la atmósfera un total de 129.097 millones de toneladas de CO₂ equivalentes.

Como señala el informe de 2023 de la Agencia Europea del Medio Ambiente, las principales causas que explican que se hayan reducido las emisiones de GEI entre 1990 y 2021 en la UE son diversas: el aumento de la participación del uso de las energías renovables, el menor uso de los combustibles fósiles, mejoras en la eficiencia energética tanto en las empresas como en los hogares, cambios económicos estructurales y la recesión económica como la provocada por la pandemia.

En un análisis por sectores, la reducción de emisiones de GEI ha sido casi generalizada, con las significativas excepciones del transporte y la refrigeración y aire acondicionado, donde las emisiones se incrementaron, y de la superficie forestal, donde las absorciones netas decrecieron, debido principalmente al envejecimiento de los bosques. Los mayores descensos de las emisiones se han observado en la industria manufacturera, la construcción, la producción de electricidad y calor, la producción de hierro y acero y la combustión residencial.

Por tipos, los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera son en su mayoría gases de dióxido de carbono (CO2), que representan el 80% del total de GEI de la UE en 2021. Las emisiones de estos gases CO2 (incluyendo LULUCF y aviación internacional) han disminuido entre 1990 y 2021 un 29%. También se han reducido durante el periodo las emisiones de otros GEI como metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF₆). Por el contrario, se han incrementado las emisiones de los hidrofluorocarbonos (HFCs).

En un análisis por países, en el año 2021 dos tercios (el 67,0%) del total de emisiones de GEI de la UE-27 procedían de cinco países: Alemania (23,6%), Francia (12,3%), Italia (11,9%), Polonia (11,5%) y España (7,6%).

Durante el periodo 1990-2021 la mayoría de los países de la Unión han reducido sus emisiones de GEI, contabilizándose las disminuciones absolutas más importantes en Alemania (-516.725 Mt), Rumanía (-162.936), Italia (-127.191) y Francia (-124.883).

En términos porcentuales, entre 1990 y 2021 las mayores reducciones se han registrado en Suecia (-73,2%), Rumanía (-71,0%), Lituania (-66,7%), Estonia (-57,4%), Eslovaquia (-47,8%) y Bulgaria (-45,6%).

Por el contrario, son cuatro países de la Unión Europea los que han aumentado sus emisiones de GEI durante el periodo 1990-2021: Chipre (45,7%), Irlanda (12,8%), Finlandia (5,8%) y Austria (0,9%). Cabe destacar que el crecimiento de las emisiones de estos dos últimos países ha venido determinado por la evolución seguida por el sector LULUCF, principalmente en el caso de Finlandia, donde se volvió desfavorable, de modo que de contabilizarse las emisiones sin LULUCF habrían descendido un 32,6% en este país.

De cara al futuro, la palpable realidad del calentamiento global está demandando a los países acelerar la senda de reducción de sus emisiones de GEI. En la actualidad los compromisos asumidos por la UE apuntan que las emisiones han de disminuir al menos un 55% en 2030 respecto a 1990, con las vistas puestas en lograr una economía con neutralidad climática en el año 2050.

Para más información:

EEA: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2021 and inventory report 2023

Eurostat

El consumo de agua en España (2000-2020)

_1190418

Desde hace ya varias décadas los científicos nos vienen advirtiendo de que con el calentamiento global de la Tierra la disponibilidad de recursos hídricos se está convirtiendo en un problema creciente en cada vez más países del mundo. Esta nueva realidad nos demanda que hagamos un uso más eficiente y responsable del agua, recurso imprescindible para la vida.

En el contexto europeo, España es un país que no es ajeno al estrés hídrico. Por ello es de especial interés analizar cómo se está distribuyendo y consumiendo el agua, teniendo en cuenta que del total de agua captada para el consumo en 2020 el 66,5% proviene de aguas superficiales, el 27,6% es de origen subterráneo y el 5,9% restante procede de la desalación.

Las estadísticas que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos permiten conocer la evolución del consumo del agua suministrada a la red de abastecimiento público desde el año 2000.

Así, durante el periodo de 2000-2020 en España el volumen de agua suministrada a la red de abastecimiento público ha seguido, en general, una tendencia descendente, desde los 4.782 hectómetros cúbicos consumidos en 2000 hasta los 4.244 en 2020, esto es, una reducción del 11,3%. No obstante, como se observa en la siguiente gráfica, el consumo hídrico ha pasado por etapas bien diferenciadas según el ciclo económico. En un primer periodo (2000-2007), de expansión económica, se ha tendido a un mayor consumo de agua, llegando a casi alcanzar los 5.000 hm³. Posteriormente, en una segunda fase (2008-2018), cuando la economía atraviesa años marcados por las consecuencias de la llamada Gran Recesión, el consumo de agua se modera en España de forma continuada hasta registrar su mínimo en 2018, para después inflexionar ligeramente al alza en 2020.

G_Consumo total de agua_2000_2020

Cuando evaluamos la eficiencia en el uso del agua hay que recordar que una parte importante del agua suministrada a la red de abastecimiento son pérdidas. En España, según el INE, en 2020 se perdió un total de 652 hm³ de agua a causa de fugas, roturas y averías, cifra equivalente a la que se contabilizó en el año 2014. En términos relativos las pérdidas reales de agua representan un significativo 15,4% del total de agua suministrada a la red en 2020, porcentaje no es muy diferente al cuantificado en el año 2007, que se cifró en 15,9%. G_Pérdidas de agua_2007_2020

Si descontamos al volumen total de agua suministrada a la red dichas pérdidas reales (por fugas, roturas y averías) más las pérdidas aparentes (volúmenes de agua no medidos), se concluye que el total de agua registrada y distribuida ascendió a 3.178 hm³ en 2020, es decir, un 16,0% menos que en el año 2000.

Otro punto de especial interés es conocer cuáles son los consumidores finales del agua registrada y cómo han evolucionado sus consumos. De acuerdo con los datos del INE, el agua registrada en España tiene como principal usuario los hogares, cuyo consumo concentró el 72,1% del total en 2020. Le siguen, a continuación, la industria, con el 10,1% del total de agua registrada; los consumos municipales (8,5%); los usos turísticos y recreativos (4,2%); otros servicios (comercio, transporte, oficinas…), con el 3,9%; la agricultura y ganadería (0,6%) y la construcción (0,5%).

Asimismo, desde una perspectiva temporal, los datos disponibles, correspondientes al periodo 2006-2020, indican que el volumen de agua consumida por los hogares se ha reducido un 12,4%. También han visto descender su consumo de agua durante dichos años los siguientes sectores: construcción (-63,8%), agricultura y ganadería (-61,3%), otros servicios (-37,3%), industria (-34,2%) y consumos municipales (-29,9%).

Finalmente, es significativo destacar que la actividad económica de usos turísticos y recreativos ha sido la única que ha incrementado el consumo de agua durante los años 2006-2020, en concreto un 5,7%.

C_Agua por usuario_2020

Para más información:

INE: Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua.

Los impuestos ambientales en España (2008-2021)

La fiscalidad ambiental constituye un importante instrumento de política pública. Su objetivo principal es orientar la producción y el consumo hacia una asignación eficiente de los recursos naturales, fomentando comportamientos de los agentes económicos menos extractivos y no contaminantes. Con la adecuada aplicación de los impuestos ambientales es posible favorecer una mayor calidad del medioambiente, gravando, por ejemplo, las emisiones de CO2 a la atmósfera, la generación de residuos, los combustibles fósiles y el transporte no sostenible.

Dicho instrumento fiscal conlleva ingresos para las arcas públicas como resultado de la aplicación de un conjunto de impuestos ambientales, en un determinado territorio, que son definidos como “aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medioambiente” (de acuerdo con la definición oficial que emplea el INE).

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de la extensión de la aplicación de impuestos ambientales para mitigar el cambio climático y desincentivar la producción y consumo insostenibles. La política fiscal de los Estados debería, en consecuencia, tender a otorgar un mayor peso a la recaudación por la vía de este tipo de tributos.

En el caso de España, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos permiten conocer la importancia que la esfera pública otorga a la fiscalidad verde en este país. Según los datos avance del año 2021 la recaudación de los impuestos ambientales ascendió a 21.265 millones de euros. En términos relativos, dicha cuantía representa el 7,2% del total de impuestos de la economía española. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se situó en el 1,76% en 2021.

Los impuestos ambientales se suelen agrupar en tres grandes tipos. Destacan, en primer lugar, con diferencia, los impuestos sobre la energía, cuya recaudación concentra el 82,0% de la recaudación fiscal verde española. Se trata, básicamente, del Impuesto sobre Hidrocarburos y del Impuesto sobre la Electricidad.

Les siguen, en segundo lugar, los impuestos sobre el transporte, con el 13,1% de la recaudación de todos los impuestos ambientales en 2021, materializada a través de dos tributos básicos: el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Finalmente, el grupo de los impuestos sobre la contaminación y los recursos, recauda el 4,9% restante de la recaudación de carácter ambiental en España.

Por sectores, en 2021 los hogares abonaron un total de 9.449 millones euros, esto es, el 44,4% de la recaudación ambiental total de España, frente al 55,6% que fue aportado por la actividad productiva.

Respecto a la actividad productiva, la rama económica que abonó más impuestos ambientales en 2021 fue Transporte y almacenamiento, con el 17,0% del total. Les siguen las ramas de Industria manufacturera (10,6%); Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua (10,6%); Otros servicios (6,3%); Comercio (5,5%); Construcción (2,0%); Suministro de agua actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (1,4%); Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (1,3%) e Industrias extractivas (0,9%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2008-2021 los impuestos ambientales han aumentado un 17,0%, al pasar de 18.179 a 21.265 millones de euros (en precios corrientes).

Por tipos de impuestos la recaudación ha sido desigual. Se han incrementado los ingresos procedentes de los impuestos sobre la contaminación y los recursos un 341,8% y, en menor medida, los de los impuestos sobre la energía (los de mayor peso), un 20,6%. Por el contrario, se ha reducido la recaudación de los impuestos sobre el transporte en un 20,2% durante dicho periodo.

En términos relativos, si analizamos la participación de los impuestos ambientales sobre el total de impuestos de España, se observa que durante el periodo 2008-2021 han perdido peso.

La recaudación ambiental ha pasado de representar el 8,10% de la recaudación total en 2008 al 7,20% en 2021. De hecho, como se aprecia en el siguiente gráfico, los impuestos ambientales han perdido protagonismo en la estructura fiscal española, dibujando una tendencia de continuo descenso desde el año 2015 hasta hoy.

Finalmente, como indicador complementario para conocer mejor la evolución de la importancia real de este tipo de impuestos en España, se ha calculado la presión fiscal ambiental, es decir, el porcentaje de la recaudación de los impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB). De este modo, se concluye que la recaudación fiscal ambiental sobre el PIB español ha aumentado desde el 1,64% en 2008 hasta el 1,76% en 2021. No obstante, se constata que en 2015 dicho indicador llegó a alcanzar el 1,93%, su máximo, para, a continuación, entrar en una tendencia descendente, año tras año, que perdura hasta 2020 y apenas se recupera en 2021.

Para más información:

INE.

El consumo de agua en España (2000-2018)

_1150645x500

El agua, un recurso imprescindible para la vida del ser humano, nos demanda un uso cada vez más eficiente. Sabemos, desde hace ya mucho tiempo, que los científicos nos vienen advirtiendo que el contrastado calentamiento global de la Tierra trae, entre otras consecuencias, mayores problemas de disponibilidad hídrica en muchos países del planeta.

En el contexto europeo, para el caso de España, país que no es ajeno al estrés hídrico, es de especial interés centrar la atención en cómo está siendo consumida el agua por los distintos actores económicos. Previamente hay que subrayar que en 2018 solo un 4,8% del agua captada procedió de desalación, siendo el origen principal el de las aguas superficiales (64,3%), seguido de las aguas subterráneas (30,9%).

Las estadísticas que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos permiten analizar cómo ha sido el consumo del agua suministrada a la red de abastecimiento público desde el año 2000.

Así, durante el periodo de 2000-2018 en España el volumen de agua suministrada a la red de abastecimiento público ha seguido, en general, una tendencia descendente, desde los 4.782 hectómetros cúbicos consumidos en 2000 hasta los 4.236 en 2018, esto es, una reducción del 11,4%. No obstante, como se observa en la siguiente gráfica, el consumo hídrico ha pasado por dos etapas bien diferenciadas según el ciclo económico. En un primer periodo (2000-2007), de expansión económica, se ha tendido a un mayor consumo de agua, llegando a casi alcanzar los 5.000 hm³. Posteriormente, en una segunda fase (2008-2018), cuando la economía atraviesa años marcados por las consecuencias de la llamada Gran Recesión, el consumo de agua se modera en España de forma continuada hasta registrar su mínimo en 2018.

Consumo total de agua_2000_2018

A la hora de aproximarnos a evaluar la eficiencia en el uso del agua no hay que desdeñar que una parte importante del agua suministrada a la red de abastecimiento son pérdidas. En España, según el INE, en 2018 se perdió un total de 653 hm³ de agua a causa de fugas, roturas y averías, es decir, un significativo 15,4% del total de agua suministrada a la red. Dicho porcentaje no es muy diferente al cuantificado en 2007, que se cifró en 15,9%.

G_Pérdidas de agua_2007_2018

Si descontamos al volumen total de agua suministrada a la red dichas pérdidas reales por fugas más otras pérdidas de agua que no han sido registradas (volúmenes no medidos), se obtiene el total de agua registrada y distribuida, que en 2018 ascendió a 3.188 hm³, un 15,7% menos que en el año 2000.

Es de especial importancia evaluar cuáles son los consumidores finales del agua registrada y cómo han evolucionado sus consumos. Así, según el INE, el agua registrada en España toma como principal usuario a los hogares, que en 2018 consumieron el 71,2% del total. Le siguen, a continuación, la industria, con el 10,3% del total de agua registrada; los consumos municipales (9,0%); usos turísticos y recreativos (4,3%); servicios (comercio, transporte, oficinas…), con el 3,8%; agricultura y ganadería (0,7%) y construcción (0,6%).

Asimismo, desde un punto de vista temporal, los datos disponibles, correspondientes al periodo 2006-2018, indican que el volumen de agua consumida por los hogares se ha reducido un 13,2%. También han visto descender su consumo de agua durante dichos años los siguientes sectores: construcción (-60,0%), agricultura y ganadería (-57,1%), servicios (-39,2%), industria (-32,3%) y consumos municipales (-25,5%).

Finalmente, es significativo que el sector económico de usos turísticos y recreativos ha sido el único que ha incrementado el consumo de agua durante los años 2006-2018, en concreto un 8,4%.

C_Agua por usuario

Para más información:

INE: Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua.

El gasto en protección medioambiental en España (2010-2020)

_Z0B5703_500

Para garantizar la calidad y perdurabilidad de los ecosistemas y las especies se requieren políticas de prevención y cambios profundos en los modos de producción, consumo y distribución. Con el tiempo la protección del medio ambiente se ha convertido en una preocupación creciente de la sociedad.

La puesta en práctica de todas aquellas medidas que permitan preservar la calidad de nuestro medio ambiente implica necesariamente responder con medios económicos. Cabe preguntarse, por tanto, cuánto se gastan los países en la protección medioambiental a través de sus empresas, Administraciones Públicas y hogares, lo que permitirá aproximarnos a conocer en qué grado están comprometidos en proteger el medio ambiente.

En España, de acuerdo con los últimos datos avance del año 2020, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto total en protección medioambiental asciende a 19.160 millones de euros. Este gasto ha sido sufragado, con diferente proporción, por los siguientes sectores institucionales: el 48,0% por las Sociedades, el 35,5% por las Administraciones Públicas (e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares) y el 16,4% restante por los Hogares.

En dicho año 2020 el gasto en protección medioambiental se destinó a cinco grandes ámbitos de protección. En primer lugar, el 63,8% del gasto se concentró para financiar la gestión de residuos. Seguidamente, y a distancia, la gestión de aguas residuales recibió el 18,2% del gasto medioambiental.

Por lo tanto, en España más de ocho de cada diez euros del gasto destinado a la protección del medio ambiente se dedican a financiar la gestión de los residuos y las aguas residuales que generan las actividades de empresas, hogares y Administraciones Públicas. El 18,0% restante del gasto en protección medioambiental fue para un conjunto variado de ámbitos.

Como puede observarse en el siguiente Cuadro, el ámbito de protección del aire y del clima, protección y descontaminación de suelos, disminución de ruidos, etc. recibe el 7,3% del gasto medioambiental, y la I+D sobre medio ambiente se financia con el 6,2%.

En último lugar se sitúa el gasto en protección de la biodiversidad y el paisaje, que se cuantifica en 861 millones, esto es, el 4,5% del gasto medioambiental total.

C_INE_Gasto ámbitos_2020

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2010-2020, según los datos disponibles del INE, se constata que en España el gasto en protección medioambiental ha pasado de 18.639 a 19.160 millones de euros. Es decir, en una década el gasto dedicado a la protección medioambiental en este país ha aumentado solo un 2,8%.

G_Gasto 2010-2020

La irrupción de la crisis económica en 2008, que devino en Gran Recesión en los años posteriores, ha repercutido de forma palpable sobre las políticas medioambientales, al ver mermados sus recursos de financiación. El gasto medioambiental en España tocó fondo en el año 2014, cuando se cifró en 16.281 millones de euros, es decir, un 12,6% menos que en 2010. A partir de 2015 el gasto sigue una senda de recuperación hasta 2019, cuando se consolida un nivel en euros que supera el anotado en el año 2010. Finalmente, en 2020 el inicio de la pandemia del COVID-19, que ha traído graves impactos sanitarios y socioeconómicos en todos los países, ha derivado también en un descenso del gasto destinado a la protección medioambiental, que en el caso de la economía española ha supuesto una reducción del 3,7% respecto a 2019.

Para el conjunto del periodo 2010-2020, el gasto en protección medioambiental, si bien se ha recuperado respecto al año 2010 en niveles (euros corrientes, sin descontar la inflación), no ha sido así en términos relativos, esto es, en comparación con la evolución de la economía.

Así, el porcentaje de gasto medioambiental sobre el Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado, se observa que se ha reducido desde el 1,74% de 2010 hasta el 1,71% de 2020. Es decir, la producción de bienes y servicios de la economía española se ha incrementado en mayor medida (o se ha reducido en menor medida, en los años de recesión) que lo ha hecho el gasto destinado a proteger el medio ambiente de los efectos nocivos de las actividades económicas.

G_Gasto s. PIB_ 2010-2020

La evolución que toma dicha ratio apunta que la importancia otorgada a las políticas medioambientales vía gasto ha presentado dos etapas diferenciadas. En un primer periodo 2010-2016, los gastos medioambientales han perdido presencia de forma continuada año tras año en relación con la evolución de la actividad económica. A esta etapa le sigue un periodo 2017-2020 bien diferente, donde el porcentaje de gastos medioambientales sobre el PIB se ha ido recuperando. Así todo, no se ha alcanzado aún el registro de 2010, a pesar de que persisten los acuciantes problemas medioambientales que preocupan a la sociedad y ponen en riesgo la perdurabilidad de los ecosistemas y especies de la geografía española.

Para más información:

INE: Cuentas Medioambientales.

Los impuestos ambientales en España (2008-2019)

La fiscalidad verde constituye un importante instrumento de política pública cuyo objetivo principal es orientar la producción y el consumo hacia una asignación eficiente de los recursos naturales, fomentando comportamientos de los agentes económicos menos extractivos y no contaminantes. Con la adecuada aplicación de impuestos ambientales es posible favorecer una mayor calidad del medioambiente, gravando, por ejemplo, las emisiones de CO2 a la atmósfera, la generación de residuos, los combustibles fósiles y el transporte no sostenible.

Dicho instrumento fiscal conlleva ingresos para las arcas públicas como resultado de la aplicación de diferentes tipos de impuestos ambientales, en un determinado territorio, que son definidos como “aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medioambiente” (de acuerdo con la definición oficial que emplea el INE).

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los datos avance del año 2019 muestran que la recaudación de los impuestos ambientales ascendió a 22.050 millones de euros. En términos relativos, dicha cuantía representa el 7,9% del total de impuestos de la economía española. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se situó en el 1,77% en 2019.

Por tipos de impuestos ambientales, destacan, con diferencia, los impuestos sobre la energía, con el 82,2% del total. Les siguen los impuestos sobre el transporte, con el 13,4%, y, en tercer lugar, los impuestos sobre la contaminación y los recursos, con el 4,4% restante.

Por ramas de actividad y hogares, fueron los hogares los que abonaron más impuestos ambientales en 2019, en concreto, unos 11.801 millones euros, esto es, el 53,5% del total, frente al 46,5% que fue pagado por la actividad productiva.

Respecto a la actividad productiva, las ramas económicas que pagaron más impuestos ambientales fueron Transporte y almacenamiento, con el 15,5% del total, e Industria manufacturera (9,8%). Les siguen las ramas de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua (6,9%); Otros servicios (6,3%); Comercio (4,5%); Construcción (1,9%); Industrias extractivas (0,8%) y Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (0,8%).

Desde una perspectiva temporal, durante el periodo 2008-2019 los impuestos ambientales han aumentado un 21,3%, al pasar de 18.179 a 22.050 millones de euros (en precios corrientes).

Por tipos de impuestos dicho crecimiento ha resultado ser desigual. Se han incrementado los ingresos de los impuestos sobre la contaminación y los recursos un 311,4% y, en menor medida, los de los impuestos sobre la energía (los de mayor peso), un 25,4%. Por el contrario, se ha reducido la recaudación de los impuestos sobre el transporte en un 15,2% durante dicho periodo.

Finalmente, para conocer mejor la evolución de la importancia real de la fiscalidad ambiental en España, es de especial interés analizar la recaudación en términos relativos, es decir, sobre la evolución de la actividad económica (PIB). De este modo, se observa que la recaudación fiscal ambiental sobre el PIB ha aumentado desde el 1,64% en 2008 hasta el 1,77% en 2019. No obstante, hay que hacer constar que en 2015 dicho indicador llegó a alcanzar el 1,93% para, a continuación, entrar en una tendencia de continuo descenso, año tras año, que perdura hasta la actualidad.

Para más información:

INE.

Medidas europeas para la protección del medio ambiente

La Comisión Europea llevó a cabo en diciembre de 2019 una importante encuesta a los ciudadanos de la Unión, cuyos resultados han sido publicados en el Eurobarómetro Especial: Attitudes of European citizens towards the Environment (marzo de 2020). En esta importante consulta a la opinión pública, la quinta que se realiza desde 2007 en materia medioambiental en la UE, el 94% de los ciudadanos pone de manifiesto que la protección del medio ambiente es muy importante o bastante importante para ellos.

A la hora de identificar los problemas medioambientales, los ciudadanos de la UE perciben que el más importante en la actualidad es el cambio climático, respecto al que el 76% de los encuestados ha respondido que es un problema muy serio en su país. A continuación, consideran relevantes los problemas de contaminación marina; la pérdida de especies, hábitats y ecosistemas naturales; la contaminación agrícola y la degradación del suelo; las frecuentes sequías e inundaciones; la escasez de agua potable y, finalmente, la contaminación acústica.

Ante esta preocupante situación cabe preguntarse qué tipos de medidas debemos tomar. El citado Eurobarómetro de marzo de 2020 también nos informa sobre lo que piensan los europeos acerca de cómo afrontar el deterioro del medio ambiente y qué acciones emprender para su protección. Así, de las respuestas a la pregunta ¿Cuál de las siguientes sería la forma más eficaz de abordar los problemas ambientales? (máximo 3 respuestas) se obtuvieron las siguientes conclusiones principales:

Hábitos de consumo.

El 33% de los ciudadanos opina que cambiar el modo de consumir es una de las medidas potencialmente más efectivas para hacer frente a los problemas medioambientales de la UE. De hecho, el 68% de los europeos piensa que sus hábitos de consumo afectan al medio ambiente en Europa y el resto del mundo.

Modos de producción y distribución.

Además de los necesarios cambios en nuestra forma de consumir, los europeos, en un 31%, piensan que cambiar los modos de producción y distribución es otra de las medidas potencialmente más efectivas para afrontar los problemas medioambientales.

I+D y soluciones tecnológicas.

A continuación, el 26% de los encuestados responde que invertir en investigación y desarrollo y en soluciones tecnológicas es otra de las principales medidas necesarias para proteger el medio ambiente.

Información y educación.

La siguiente medida con mayor porcentaje de respuestas es la de proveer más información y educación medioambiental a ciudadanos y empresas, por ejemplo, en materia de separación selectiva de residuos y consumo de energía. Así lo piensa el 24% de los encuestados.

Actividades empresariales sostenibles.

El 23% de los europeos considera que es necesario animar a las empresas para que se involucren en actividades sostenibles.

Multas medioambientales.

Ante infracciones de la legislación medioambiental, el 23% de los encuestados opina que es necesario introducir multas más elevadas.

Legislación medioambiental más estricta.

También el 23% de los europeos ha contestado que unas de las principales medidas para afrontar los problemas medioambientales es introducir leyes más estrictas. De hecho, el 83% de los encuestados está de acuerdo en que la legislación europea de protección del medio ambiente sigue siendo necesaria.

Sistema alimentario.

Hacer que nuestro sistema alimentario sea más sostenible es otra de las medidas aprobadas por los ciudadanos, en este caso por el 22% de los ciudadanos.

Incentivos financieros.

El 20% de los europeos ha respondido que es especialmente necesario introducir o incrementar los incentivos financieros dirigidos a empresas y personas para que apliquen acciones de protección medioambiental.

Cumplimiento de la legislación.

Según el 19% de los encuestados una de las tres medidas medioambientales potencialmente más efectivas es garantizar una mejor aplicación de las leyes.

Impuestos y ayudas.

Otra medida de protección medioambiental, que ha sido aceptada por el 16% de los ciudadanos, es la de introducir o incrementar los impuestos o eliminar las ayudas a las actividades que son perjudiciales para el medio.

En definitiva, ante el preocupante estado del medio ambiente, que se ve amenazado por el cambio climático, los diferentes tipos de contaminación y la pérdida de biodiversidad, entre otros problemas, los ciudadanos europeos no se muestran indiferentes. El necesario modelo de desarrollo sostenible pasa principalmente, según la opinión ciudadana, por cambiar nuestros modos de consumo, producción y distribución; fomentar la I+D y las soluciones tecnológicas; extender la información y educación medioambiental; aplicar una legislación eficaz; fomentar un sistema alimentario sostenible, y por la introducción de incentivos y desincentivos adecuados.

Para más información:

European Commission: Special Eurobarometer 501. Report Attitudes of European citizen towards the Environment, March 2020.

Cómo valoran los europeos el estado del medio ambiente

Son ya muchos los científicos de diversas disciplinas que convergen en una misma idea: los problemas medioambientales están cada vez más presentes en nuestras vidas y lejos de su completa resolución. Se acumulan los estudios académicos e informes oficiales que ahondan en la misma preocupación: la salud del planeta que habitamos está en peligro. Los registros que certifican el proceso de calentamiento global que está experimentando la Tierra son solo una prueba de ello.

Pero ¿qué piensan los ciudadanos?, ¿cuál es la percepción que tienen sobre la situación del medio ambiente?

En el contexto europeo, la Comisión Europea llevó a cabo en diciembre de 2019 una importante encuesta a los ciudadanos de la Unión, que han sido publicados en su Eurobarómetro Especial Attitudes of European citizens towards the Environment (marzo de 2020). Esta importante consulta a la opinión pública, la quinta que se realiza desde 2007 en esta materia en la UE, nos aporta algunas conclusiones relevantes sobre las actitudes de los ciudadanos hacia el medio ambiente que es de especial interés tener muy presentes. A continuación se exponen tres resultados principales.

Importancia de la protección del medio ambiente

Ante la pregunta de cuán importante es la protección del medio ambiente, el 53% de los europeos encuestados respondió que es muy importante para ellos, y un 41% adicional, bastante importante.

Desde una perspectiva temporal, es de resaltar que ha disminuido el porcentaje ciudadanos que perciben que la protección del medio ambiente es «muy importante»: desde el 64% del Eurobarómetro de 2007 hasta el 53% de 2019. Si consideramos el conjunto de ciudadanos que respondieron «muy importante» y «bastante importante» la evolución nos indica también un descenso, si bien en este caso muy inferior: desde el 96% en 2007 al 94% en 2019. Así todos los europeos continúan expresando unos niveles altos de preocupación sobre la situación del medio ambiente, cuya pérdida de calidad perciben que les afecta personalmente, y aprueban su necesaria preservación.

En un análisis por países, de los 28 Estados de la UE (incluyendo Reino Unido), en trece de ellos al menos el 50% de sus ciudadanos otorga la máxima importancia a la protección del medio ambiente.

Se detecta, asimismo, una destacada disparidad respecto al nivel de importancia que le conceden a la protección del medio ambiente los ciudadanos de los distintos estados. Las mayores proporciones de ciudadanos que consideran que la protección del medio ambiente es «muy importante» se registran en Suecia (81%) y Chipre (76%), y las menores, en Estonia y Letonia (ambas 36%).

Gravedad del cambio climático

Respecto al cambio climático, el 76% de los europeos piensa que es un problema muy serio en su país, incluyendo un 31% que responde que es un problema extremadamente serio. En el otro extremo, sólo un 7% considera que no es un problema serio.

Los países con la mayor proporción de ciudadanos que perciben que el cambio climático es un problema muy serio son España (90%), Italia (86%) y Chipre, Francia, Bulgaria y Grecia (82% lo cuatro). Por el contrario, los menores porcentajes se registran en Estonia (46%) y Letonia (50%).

Fuente: European Commission: Special Eurobarometer 501. Report ‘Attitudes of European citizen towards the Environment’, March 2020.

Problemas medioambientales más preocupantes

Para los ciudadanos de la UE el problema medioambiental más importante en la actualidad es el cambio climático, seguido de la contaminación atmosférica y la generación de residuos.

A continuación, se consideran importantes los problemas de contaminación marina, la pérdida de especies, hábitats y ecosistemas naturales, la contaminación agrícola y la degradación del suelo, las frecuentes sequías e inundaciones, la escasez de agua potable y, finalmente, la contaminación acústica.

En trece Estados miembros, sus ciudadanos valoran que el cambio climático es la cuestión medioambiental más importante.

Los mayores porcentajes de ciudadanos que consideran que el cambio climático es uno de los problemas medioambientales más importantes se registran en Reino Unido, Dinamarca y Chipre, Suecia, Finlandia y España.

Para más información:

European Commission: Special Eurobarometer 501. Report Attitudes of European citizen towards the Environment, March 2020.

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE (1990-2018)

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que generan los países de la UE-27 se han cuantificado en 3.764 millones de toneladas de CO2 equivalentes en el año 2018. Ello supone un descenso del -2,3% respecto a 2017, por lo que se retoma la senda descendente que se vio interrumpida en 2015 y 2017 cuando las emisiones registraron incrementos del 1,4% y 0,7%, respectivamente.

En un análisis temporal más amplio, se constata que desde el año 1990, cuando los GEI generadores del cambio climático emitidos a la atmósfera ascendieron 4.958 millones de toneladas, se ha producido una reducción total de las emisiones del 22,5% en el conjunto de la UE.

Las principales causas que explican la reducción de las emisiones de GEI en la UE son diversas: el aumento de la participación del uso de las energías renovables, el menor uso de los combustibles fósiles, mejoras en la eficiencia energética, cambios económicos estructurales y la recesión económica, como señala el informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente.

En un análisis por sectores, la reducción de emisiones de GEI ha sido casi generalizada, con la significativa excepción del transporte y la refrigeración y aire acondicionado. Los mayores descensos se han observado en la industria manufacturera, la construcción, la producción de electricidad y calor, la producción de hierro y acero y la combustión residencial.

Los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera son en su mayoría gases de dióxido de carbono (CO2), que representan el 81,2% del total de GEI de la UE-27 en 2018. Las emisiones de estos gases CO2 han disminuido entre 1990 y 2018 un 21,1%%. También se han reducido las emisiones de otros GEI como el metano (CH4), óxido nitroso (N2O), perfluorocarbono (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). Por el contrario, se han incrementado las emisiones de hidrofluorocarbono (HFC) y de trifluoruro de nitrógeno (NF3).

En un análisis por países, en el año 2018 dos tercios (el 65,8%) del total de emisiones de GEI de la UE-27 procedían de cinco países: Alemania (22,8%), Francia (11,8%), Italia (11,4%), Polonia (11,0%) y España (8,9%).

Durante el periodo 1990-2018 la mayoría de los países de la Unión han reducido sus emisiones de GEI, contabilizándose las disminuciones absolutas más importantes en los dos Estados miembros más emisores, Alemania (391.090 Mt menos) y Francia (103.511), y en Rumanía (131.879).

En términos porcentuales, entre 1990 y 2018 las mayores reducciones se han registrado en Lituania (-57,8%), Letonia (-55,5%), Rumanía (-53,2%) y Estonia (-50,4%).

Por el contrario, son cinco los países de la Unión Europea los que han aumentado sus emisiones de CO2 durante el periodo 1990-2018: Chipre (55,0%), España (15,5%), Portugal (15,0%), Irlanda (9,9%) y, en menor medida, Austria (0,6%).

De cara al futuro, los últimos objetivos asumidos por la UE en el Pacto Verde Europeo apuntan a proseguir por la senda de continuada reducción de las emisiones de GEI, de modo que se alcance una disminución de al menos un 50% en 2030 y se logre la neutralidad climática en 2050.

Para más información:

EEA: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2018 and inventory report 2020

Eurostat

Siete respuestas a la situación del medio ambiente en Europa (2020)

_Z0B6034

Como expresa la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en su informe El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2020, Europa ha logrado avances significativos durante las dos últimas décadas en el ámbito medioambiental. Sin embargo, nos advierte de que la UE no alcanzará un futuro próspero y sostenible dentro de los límites ecológicos del planeta si continúa con sus mismas tendencias medioambientales y económicas. Son múltiples los desafíos que los europeos tienen por delante en materia de medio ambiente y sostenibilidad, entre ellos, la contaminación atmosférica, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que están vinculados intrínsecamente a las actividades económicas y los estilos de vida .

Ante los retos medioambientales en Europa el informe de AEMA identifica siete ámbitos importantes en los que es necesario que la política europea actúe a partir de ahora para facilitar durante los próximos diez años la transición hacia una economía hipocarbónica:

1. Aplicar al máximo todo el potencial de las políticas medioambientales vigentes.

Europa adolece de carencias en la aplicación de su política medioambiental. No ha conseguido aplicar en su totalidad su legislación vigente, lo que está suponiendo un coste estimado para la sociedad de 30-80 de euros billones al año. Es necesario fortalecer la aplicación de la política medioambiental europea vigente, mediante el aumento de la financiación, haciendo partícipes de la misma a empresas y ciudadanos, y mejorando la coordinación de las autoridades nacionales, regionales y locales.

Según AEMA es esencial una mejor integración de los objetivos medioambientales en todas las políticas sectoriales. Así, por ejemplo, en el sector agrícola, la integración de la variable ambiental en la Política Agrícola Común (PAC) ha dado frutos limitados, puesto que no ha evitado la pérdida continua de biodiversidad y la degradación medioambiental.

Desde un punto de vista más global, la integración de los objetivos medioambientales en la toma de decisiones económicas debiera plasmarse en el uso de una contabilidad ambiental y económica integrada y de indicadores de progreso social que van más allá del Producto Interior Bruto.

Finalmente, otro aspecto relacionado con la aplicación de las políticas es la necesidad de mejorar su coherencia para lograr mayores avances. Por ejemplo, tenemos unos objetivos ambiciosos en materia de energía limpia y cambio climático, pero, sin embargo, persisten aún importantes subsidios a la energía basada en combustibles fósiles.

2. Convertir la sostenibilidad en eje clave de todas las políticas.

El enfoque de marcos de políticas de largo plazo sistémicas permite la coherencia en el objetivo de la sostenibilidad para el conjunto de la economía. Tal enfoque se ha aplicado en sistemas clave como energía y movilidad, o en herramientas como las estrategias para una economía circular y baja en carbono. Este enfoque habría que extenderlo a otros sistemas como el de alimentación, productos químicos y usos del suelo.

3. Liderar la acción internacional hacia la sostenibilidad.

Los problemas medioambientales y de sostenibilidad globales necesitan respuestas globales, como ha quedado de manifiesto, por ejemplo, con los esfuerzos internacionales que han sido necesarios para alcanzar el Acuerdo de París sobre cambio climático.

Antes los retos medioambientales globales, la Unión Europea, gracias a su influencia económica y diplomática, puede desempeñar un papel de liderazgo a la hora de ponerlos en lo alto de la agenda internacional para hacerlos frente. Así, por ejemplo, la plena aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en la UE y el apoyo activo para su implementación en otras regiones pueden ser esenciales para propulsar transiciones de sostenibilidad a nivel internacional que, al mismo tiempo, se traducirán en resultados positivos para la propia UE.

4. Fomentar la innovación en el conjunto de la sociedad.

La transición hacia la sostenibilidad sigue requiriendo la aplicación de las políticas medioambientales y de acciones que fomenten la innovación, por ejemplo, mediante incentivos que fomenten las inversiones sostenibles. Pero, además, desde un enfoque sistémico la innovación requiere que las contribuciones desde los distintos ámbitos de la política (I+D, industria y otros sectores, educación, bienestar, comercio, empleo) sean coherentes.

Es también fundamental fomentar la innovación en los distintos sectores de la sociedad, para facilitar el surgimiento de nuevas formas de pensar y de vivir, más sostenibles. Se ha de estimular la creación de entornos adecuados para que administraciones públicas, emprendedores, investigadores y empresas propicien formas sostenibles de producir y consumir. Es necesario que la innovación favorezca nuevas prácticas sociales, tecnologías, modelos de negocio y soluciones basadas en la naturaleza que favorezcan la transición hacia la sostenibilidad.

5. Aumentar las inversiones y reorientar la financiación hacia la sostenibilidad.

Para AEMA es urgente priorizar y redigirir las inversiones hacia la sostenibilidad. Ciertamente la transición hacia una economía europea sostenible exige cuantiosas inversiones. Sin embargo, las ganancias para los europeos son también grandes, si tomamos en cuenta la degradación evitada a la naturaleza y la sociedad, así como las oportunidades económicas y sociales que se crean.

Se estima que la modernización y descarbonización de la economía de la UE requiere una inversión adicional en el sistema energético e infraestructura vinculada que alcanza los 175 a 290 billones de euros cada año. Esto, no obstante, conllevaría importantes beneficios para la salud, por ejemplo, reduciendo los problemas de salud relacionados con las partículas finas que se estiman en alrededor de 200.000 millones de euros al año. Asimismo, se calcula que la reducción de las importaciones de combustibles fósiles sea de 2-3 billones de euros en el periodo 2031-2050. El cambio de modelo energético hacia otro basado en fuentes renovables abre también nuevas oportunidades para los países europeos en los mercados mundiales de energía limpia.

Son diversos los instrumentos, y en distintos ámbitos, que pueden emplear las administraciones públicas para reorientar la inversión privada en la senda de la sostenibilidad: vivienda, contratación, sector financiero, infraestructuras verdes, impuestos y subsidios medioambientales, etc.

6. Gestionar los riesgos y garantizar una transición socialmente justa.

Los procesos de transición nunca son ciertos y con frecuencia producen consecuencias imprevistas y no deseadas. Por eso para el éxito de la transición hacia la sostenibilidad es necesario que las sociedades reconozcan la existencia de riegos y oportunidades, y sean capaces de fijar vías para gestionarlos.

Las políticas nacionales y comunitarias han de desempeñar un papel esencial para asegurar “transiciones socialmente justas” que garanticen que empresas, trabajadores y regiones afectadas negativamente por la transición hacia la sostenibilidad encuentren las respuestas adecuadas para que nadie quede atrás, para que los beneficios y los costes sean compartidos de forma justa en toda la sociedad.

7. Crear nuevos conocimientos vinculados con la acción hacia la sostenibilidad.

La transición hacia la sostenibilidad conlleva la toma continúa de decisiones políticas que, para que tengan buenos resultados, ha de basarse en el conocimiento completo de una realidad compleja y en acelerado cambio. Se hace necesario profundizar cada vez más en la comprensión de los sistemas que originan las presiones medioambientales y, al mismo tiempo, generar nuevos conocimientos que faciliten soluciones de sostenibilidad.

Por eso han de explorarse nuevas vías de conocimiento vinculadas con la acción hacia la sostenibilidad: aprovechar las principales oportunidades que ofrece la digitalización para la producción de conocimiento y la comunicación; potenciar los enfoques anticipadores y transdisciplinares para comprender la realidad; considerar el conocimiento basado en la práctica; desarrollar nuevas capacidades, competencias y estructuras institucionales, y fomentar la innovación social, por ejemplo para involucrar a las partes interesadas.

Para más información:

The European environment -state and outlook 2020

AEMA: El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2020 (Resumen ejecutivo).