Estudios, análisis e informes

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE (1990-2023)

El calentamiento global del planeta es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad, como así lo contempla la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en concreto en su ODS 13, puesta en marcha por Naciones Unidas en 2015.

Para encarar el desafío de la crisis climática se vuelve imperioso orientar hacia la sostenibilidad los sistemas económicos actuales basados en modos de producción y consumo que son el origen de cuantiosas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

En el marco de la Unión Europea, uno de los principales emisores de GEI del planeta, se han establecido compromisos de reducción de las emisiones de estos gases que requieren una evaluación continuada.

De acuerdo con la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en el año 2023 las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que produjo el conjunto de los 27 países de la UE se han cuantificado en 2.907 millones de toneladas (Mt) de CO2 equivalentes, incluyendo las emisiones netas del sector de “uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura” (LULUCF, en sus siglas en inglés) y la aviación internacional. Respecto al año anterior las emisiones, por tanto, experimentaron un descenso del 8,9%, continuando con la tendencia descendente mostrada en los últimos años, a excepción del repunte registrado en 2021 una vez sobrellevados los peores efectos de la contracción de la actividad que supuso la irrupción de la pandemia del COVID-19 en 2020.

En un análisis temporal más amplio, desde el año 1990, cuando los GEI generadores del cambio climático emitidos a la atmósfera por las actividades humanas ascendieron 4.635 Mt, se ha producido una reducción total de las emisiones del 37,3% en la UE. En términos absolutos, en 2023 se emitieron 1.728 Mt de CO₂ equivalentes menos que en el año 1990.

En términos acumulados, durante el periodo 1990-2023 los países de la Unión Europea han enviado a la atmósfera un total de 132.398 millones de toneladas de CO₂ equivalentes.

Como señala el informe de 2025 de la Agencia Europea del Medio Ambiente, (AEMA) las principales causas que explican que se hayan reducido las emisiones de GEI entre 1990 y 2023 en la UE son diversas: el aumento de la participación del uso de las energías renovables, el menor uso de los combustibles fósiles, mejoras en la eficiencia energética tanto en las empresas como en los hogares, cambios económicos estructurales y la recesión económica como la provocada por la pandemia.

En un análisis por sectores, según AEMA, las principales fuentes de emisiones de GEI son la energía (combustión y emisiones fugitivas), responsable del 81% del total de emisiones netas en 2023; la agricultura, con el 13 % del total, y la industria, con el 9%. Por su parte, el sector LULUCF representó el -7% de las emisiones netas de la UE en 2023.

Durante el periodo 1990-2023 la reducción de emisiones de GEI ha sido casi generalizada, con las significativas excepciones del transporte y la refrigeración y el aire acondicionado, donde las emisiones se incrementaron, y de la superficie forestal, donde las absorciones netas decrecieron, debido principalmente al envejecimiento de los bosques, el incremento de la tala y los efectos negativos del cambio climático.

Los mayores descensos de las emisiones se han observado en la industria manufacturera, la construcción, la producción de electricidad y calor, la producción de hierro y acero y la combustión residencial. Varios factores explican la disminución de las emisiones de GEI en el sector industrial: mejora de la eficiencia, menor intensidad de carbono, terciarización de la economía y una menor participación de las industrias con mayor consumo de energía, entre otros. Asimismo, la reducción de las emisiones procedentes de la producción de electricidad y calor se ha sustentado, principalmente, en la mejora de la eficiencia energética, en la transición hacia combustibles con menor intensidad de carbono y en el incremento sustancial del uso de fuentes de energía renovables. Por su parte, las importantes reducciones de emisiones en el sector residencial registradas durante el periodo 1990-2023 han sido impulsadas, entre otros factores, por las ganancias de eficiencia energética derivadas de mejores estándares de aislamiento en los edificios y por una combinación de combustibles con menor intensidad de carbono.

Por tipos, los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera son en su mayoría gases de dióxido de carbono (CO2), que representan el 78,0% del total de GEI de la UE en 2023. Las emisiones de estos gases CO2 (incluyendo LULUCF y aviación internacional) han disminuido entre 1990 y 2023 un 37,3%. También se han reducido durante el periodo las emisiones de otros GEI como metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF₆). Por el contrario, se han incrementado de forma significativa las emisiones de los hidrofluorocarbonos (HFCs), gases que se emplean, entre otros usos, en refrigeración y aire acondicionado.

En un análisis por países, en el año 2023 dos tercios (el 66,9%) del total de emisiones de GEI de la UE-27 procedían de cinco países: Alemania (25,5%), Francia (11,7%), Italia (11,4%), Polonia (10,9%) y España (7,5%).

Durante el periodo 1990-2023 la mayoría de los países de la Unión han reducido sus emisiones de GEI, contabilizándose las disminuciones absolutas más importantes en Alemania (-547.752 Mt), Italia (-187.995), Francia (-185.193) y Rumanía (-172.960).

En términos porcentuales, entre 1990 y 2023 las mayores reducciones se han registrado en Rumanía (-75,1%), Lituania (-70,7%), Estonia (-63,2%), Eslovaquia (-56,1%) y Bulgaria (-55,0%).

Por el contrario, son cinco países de la Unión Europea los que han aumentado sus emisiones de GEI durante el periodo 1990-2023: Chipre (50,9%), Austria (15,7%), Suecia (11,0%), Letonia (7,9%) y Finlandia (7,5%).

De cara al futuro, la palpable realidad del calentamiento global sigue demandando a los países acelerar la senda de reducción de sus emisiones de GEI. En la actualidad los compromisos asumidos por la UE apuntan que las emisiones han de disminuir al menos un 55% en 2030 respecto a 1990, con las vistas puestas en lograr una economía con neutralidad climática en el año 2050.

Para más información:

EEA: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2023 and inventory report 2025

Eurostat

La evolución de las aves en la UE (1990-2024)

Como expresa la Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030 “la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se encuentran entre las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad ante la próxima década”.

Un magnífico indicador que nos alerta de cómo está evolucionando la calidad y cantidad de los ecosistemas naturales son las aves. Gracias a la comunidad científica sabemos que la presencia de aves es un buen semáforo de la salud de los ecosistemas, de su diversidad e integridad.

La mayor o menor población de aves, así como su mayor o menor diversidad de especies, en un ecosistema determinado, nos permite conocer más sobre la calidad del propio ecosistema donde se alimentan, viven y respiran. En definitiva, las aves nos adelantan información valiosa sobre la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad real de las actuaciones que llevamos a cabo los humanos a la hora de producir, consumir y movernos.

En el contexto europeo, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) viene publicando desde hace años el Índice de Aves Comunes, que nos informa de forma cuantitativa sobre cómo ha evolucionado la presencia de aves en Europa. Dicho índice recoge las observaciones obtenidas en los 27 Estados miembros de la UE para un total de 168 especies de aves que viven en tierras de cultivo (39), en ecosistemas forestales (34) y en otros hábitats como parques y jardines (95).

Se cuenta con un amplio horizonte temporal (1990-2024) para evaluar la tendencia de dicho Índice de Aves Comunes de la UE. Los resultados obtenidos hasta hoy apuntan que desde 1990 se ha producido una continuada disminución de las poblaciones de aves en la Unión Europea, lo que denota también un progresivo deterioro de los espacios naturales. Como se observa en el siguiente gráfico, dicho índice de aves ha descendido desde el valor 100,0 en el año base de 1990 hasta 82,8 en 2024, esto es, una caída del 17,2%

De forma complementaria al Índice de todas las Aves Comunes, Eurostat elabora otros dos índices compuestos. El primero, el índice de aves comunes de bosques, circunscrito a 34 especies, nos revela que se ha producido un descenso del 7,5% durante el periodo 1990-2024, al pasar de 100,0 a 92,5. Con este indicador se aprecia que sólo durante el último decenio se ha logrado una tendencia de recuperación parcial de estas aves tras los continuados descensos registrados hasta los años 2009-2013, cuando el índice registró sus valores mínimos.

Por su parte, el segundo índice, el índice de aves comunes de tierras de cultivo, que comprende 39 especies, presenta una evolución aún más preocupante, al presentar una tendencia significativamente descendente entre 1990 (100,0) y 2024 (58,7), lo que supone una reducción del 41,3% en el periodo analizado. Como afirma la propia Estrategia para la biodiversidad 2030 las aves de hábitats agrícolas son indicadores clave de la salud de los agroecosistemas y vitales para la producción agrícola y la seguridad alimentaria, concluyendo que “su alarmante disminución tiene que invertirse”, hecho que sigue sin producirse.

En el ámbito de las aves, cabe recordar asimismo lo que ya expresaba la Directiva comunitaria relativa a la conservación de las aves silvestres en el año 2009:

«En el territorio europeo de los Estados miembros, una gran cantidad de especies de aves que viven normalmente en estado salvaje padecen de una regresión en su población, muy rápida en algunos casos, y dicha regresión constituye un grave peligro para la conservación del medio natural, en particular debido a la amenaza que supone para el equilibrio biológico».

Para más información:

Eurostat

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres

Estrategia de la UE para la biodiversidad de aquí a 2030

Las emisiones de gases de efecto invernadero de la economía española (2008-2024)

La economía española sigue siendo muy dependiente de los combustibles fósiles, cuyo uso que propicia el calentamiento global, de modo que no ha alcanzado ser neutral ante la crisis climática que atraviesa nuestro planeta. Según los últimos registros publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 España emitió a la atmósfera gases de efecto invernadero (GEI) por un total de 279,9 millones de toneladas de CO2 equivalente (tCO₂e).

Por tipos de gases, el 80,5% de todas las emisiones generadas en España correspondieron a dióxido de carbono. Le sigue, en orden de importancia, el metano (14,4%), el óxido nitroso (3,4%) y otros GEI (1,7%).

Por origen económico de las emisiones, la actividad que ha emitido más GEI a la atmósfera sigue siendo la industria manufacturera que, con 66,7 millones de toneladas de CO2 equivalente emitidas en 2024, concentra el 23,8% del total de GEI. Asimismo, el 79,8% del total de GEI emitidos dentro de este subsector económico durante 2024 procedió de cuatro ramas de actividad principales: 1) Fabricación de otros productos minerales no metálicos, 2) Coquerías y refino de petróleo, 3) Industria química y 4) Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones.

Tras la industria manufacturera le siguen como fuentes de emisión más importantes el consumo final de los hogares, con el 22,9% del total de GEI; la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (16,6%); transporte y almacenamiento (13,9%); suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (8,9%); otros servicios (6,4%), suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (5,5%), construcción (1,3%) e industrias extractivas (0,6%).

Desde una perspectiva temporal, desde 2008, primer año disponible de la serie, en España las emisiones totales de GEI han presentado una tendencia descendente, si bien con altibajos. Para el conjunto del periodo analizado (2008-2024) las emisiones se han reducido un 32,4%, al pasar de 414,06 millones de toneladas en 2008 a 279,9 millones en 2024.

Por subsectores de actividad, durante el periodo 2008-2024 las reducciones de emisiones de GEI más destacadas se han producido en términos porcentuales en el subsector de suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado y agua, que anotó, un descenso del 63,1%, seguido de la industria manufacturera (-38,4%). Por el contrario, el sector primario ha incrementado sus emisiones de GEI en un 4,2% durante los años 2008-2024. Por su parte, los hogares han visto disminuir sus emisiones en un 16,8% en dicho periodo.

Como se observa en el siguiente gráfico, el periodo 2008-2024 se salda con una reducción de emisiones de GEI (-32,4%) frente a un crecimiento de la actividad de la economía española, medida en términos de PIB real, del 14,7%. Puede argüirse, por lo tanto, que para dicho periodo ha existido divergencia entre ambas variables. Sin embargo, ello no nos permite concluir que se ha alcanzado el deseado proceso de desacoplamiento entre producción de bienes y servicios y emisiones de GEI, ya que éstas han mostrado una evolución que ha estado muy condicionada por la naturaleza expansiva o contractiva del ciclo económico, si bien en menor medida durante los dos últimos años.

Así, en el año 2020, que estuvo marcado por la pandemia del COVID-19, la menor actividad económica que supuso la crisis sanitaria ha traído consigo una reducción de los GEI emitidos a la atmósfera. La fuerte contracción del PIB real de España del 10,9% en 2020 conllevó, al mismo tiempo, un descenso inédito de las emisiones de GEI del 14,3%. Posteriormente, cuando se produce la reactivación de la economía española las emisiones de GEI inflexionaron al alza. En cifras, se registraron crecimientos del PIB del 6,7% en 2021 y 6,4% en 2022, en tanto que las emisiones aumentaron un 7,1% y 3,1%, respectivamente. Solamente durante los años 2023 y 2024 los datos (provisionales) del INE nos apuntan una relación inversa entre ambas variables.

En definitiva, cabe concluir que la ratio de emisiones de GEI por unidad de producto ha mejorado durante el periodo 2008-2024, a pesar de que se han registrado años (como 2011, 2012 y 2017) en los que dicha ratio ha empeorado. Nos queda por confirmar si la comentada mejoría registrada en los dos últimos años se termina consolidando, a la par que las políticas de reducción de la dependencia de los combustibles fósiles de la economía española toman en el medio plazo un mayor impulso.

Para más información:

INE: Cuenta de emisiones a la atmósfera

La dependencia de los combustibles fósiles en los países de la UE (1990-2024)

Los objetivos de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático están estrechamente relacionados con el propósito de reducir el consumo de combustibles fósiles en sus diferentes tipos (petróleo, carbón, gas natural…).

Al mismo tiempo, una menor dependencia de los combustibles fósiles se alinea con la sostenibilidad, al favorecer la transición hacia una economía basada en las energías renovables y baja en carbono.

Los últimos datos disponibles de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) nos confirman que el grado de dependencia de los combustibles fósiles continúa siendo muy elevado en el seno de los países de la Unión Europea. En el año 2024 los combustibles fósiles representan el 67,7% de la energía bruta disponible de la UE-27.

Desde una perspectiva temporal, se observa, no obstante, que durante las últimas tres décadas la hegemonía de estos combustibles contaminantes en la energía total ha seguido una tendencia descendente. Así, según el organismo estadístico europeo, entre 1990 y 2024 el conjunto de la UE-27 ha visto reducir el porcentaje de combustibles fósiles sobre la energía bruta disponible en 14,6 puntos, desde el 82,4% hasta el 67,7%. Dicho descenso viene explicado en gran medida por la creciente implantación de las energías renovables.

Durante el último lustro cabe significar, particularmente, que con la irrupción de la pandemia del COVID-19, que conllevó fuertes impactos sociales y económicos, la participación de combustibles fósiles experimentó una significativa disminución, al pasar de 71,3% en 2019 a 69,7% en 2020. Sin embargo, superada la crisis sanitaria, y levantadas las restricciones a la actividad y la movilidad, la dependencia de los combustibles fósiles inflexionó al alza, hasta situarse en el 70,9% en 2022. En dicho año 2022, con la finalización de la pandemia y el repunte de la demanda de los requerimientos energéticos, se produjo además un nuevo contexto internacional marcado por una tendencia alcista de los precios de las materias primas energéticas, que se vio agravada por los impactos de la invasión rusa de Ucrania iniciada en marzo. Finalmente, durante los dos años posteriores dicha ratio parece retornar a la tendencia de paulatino descenso que venía mostrando en el largo plazo, para situarse en el 67,7% en 2024.

En un análisis por países, en el año 2024, de los 27 Estados miembros de la Unión Europea 24 tienen un grado de dependencia de los combustibles fósiles superior al 50% de su energía bruta disponible.

Los países más dependientes energéticamente de los combustibles fósiles son los Estados insulares de Chipre (99,0%) y Malta (94,9%), con porcentajes sobre la energía bruta disponible superiores al 90%. A continuación, les siguen Países Bajos (85,9%), Polonia (84,8%), Irlanda (82,9%), Grecia (81,6%) y Alemania (79,3%), entre otros.

Por el contrario, Suecia es el país comunitario con el menor grado de dependencia fósil, con el 32,0% de su energía disponible, seguido de Finlandia (34,1%) y Francia (45,2%). Estos tres países son los únicos de la UE que presentan porcentajes inferiores al 50%.

Considerando el conjunto del periodo 1990-2024, es de destacar que los 27 Estados de la UE han logrado reducir el consumo relativo de combustibles fósiles.

Las mayores disminuciones del peso de estos combustibles sobre el total de energía disponible se han dado en Estonia, Dinamarca, Letonia, Finlandia, Rumanía, Chequia, Bulgaria y Eslovaquia, con reducciones de más de 20,0 p.p. en dicho periodo. En el otro extremo, los menores descensos de la dependencia energética de los combustibles fósiles se han registrado en Chipre, Bélgica, Malta y España.

Para más información:

Eurostat.

Las energías renovables en el sector eléctrico de la UE (2004-2024)

Entre los objetivos principales de la política energética de la Unión Europea ha tomado especial protagonismo durante los últimos años el fomento del uso de las energías renovables.

Como establece la Directiva (UE) 2018/2001 en su artículo 3.1, la Unión Europea tiene un compromiso vinculante para cumplir a más tardar en 2030 en relación con la cuota general de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final de energía:

«Los Estados miembros velarán conjuntamente por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de al menos el 32% del consumo final bruto de energía de la UE en 2030».

Posteriormente, la Directiva (UE) 2023/2413 revisó dicho objetivo para 2030, incrementándolo desde el 32% hasta un mínimo del 42,5%, con la aspiración de alcanzar el 45%.

Dicha cuota de energías renovables se calcula como la suma, por un lado, del consumo final bruto de electricidad generada por fuentes renovables y, por otro, del consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables en los sectores de calefacción y refrigeración y del transporte.

Para facilitar el cumplimiento del objetivo del 42,5% la UE se ha propuesto, en el ámbito de la generación de electricidad, reducir el empleo de los combustibles fósiles (petróleo, gas natural…), responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera que provocan el calentamiento global del planeta, para ser sustituidos por fuentes energéticas renovables (solar, eólica, hidráulica…).

Como expresa el Pacto Verde Europeo de 2019:

«Proseguir el proceso de descarbonización del sistema energético es esencial para la consecución de los objetivos climáticos de 2030 y 2050 (…) Ha de desarrollarse un sector eléctrico basado en gran medida en fuentes renovables, completado con un rápido proceso de eliminación del carbón y con la descarbonización del gas».

Los datos disponibles en Eurostat nos permiten evaluar la intensidad de los avances logrados en la introducción de las fuentes renovables en sector eléctrico de la UE desde 2004.

Según dicho organismo estadístico europeo, el porcentaje de consumo final bruto de electricidad procedente de fuentes renovables en la UE-27 ascendía en el año 2004 al 15,9% del total, porcentaje que ha ido aumentando paulatinamente en el transcurso de los años de forma ininterrumpida. En el año 2012 se logra que la cuarta parte de la electricidad consumida (el 25,1%) sea de origen renovable y en 2018, con un 32,1%, se llega a duplicar el porcentaje de 2004.

Tras un año 2021, marcado por la crisis sanitaria del COVID-19, en el que la participación de las energías renovables (37,8%) sólo avanza cuatro décimas porcentuales, dicha ratio retoma su ritmo ascendente hasta situarse en el último de 2024 en el 47,5%.

Por tipos de energías, según Eurostat la electricidad generada a partir de energías renovables procede principalmente de dos fuentes: energía eólica (38,0%) y energía hidráulica (26,4%), aportando entre ambas casi dos tercios del total. En tercer lugar, la energía solar, que es la fuente que ha tenido una implantación más rápida, participa con el 23,4%. Le siguen los biocombustibles sólidos (5,8%) y otras energías renovables (6,1%).

En un análisis por países, continúan apreciándose diferencias notables respecto al grado de implantación de la «electricidad verde».

En 2024 Austria, con el 90,1%, fue el país de la UE-27 con el mayor porcentaje de participación de energías renovables en el consumo final bruto de electricidad. Le siguen Suecia (88,1%), Dinamarca (79,7%), Portugal (65,8%), España (59,7%) y Croacia (58,0%). A continuación, otros países que también superan el 50%, y la media europea (47,5%), son Letonia (55,5%), Finlandia (54,3%), Alemania (54,1%), Grecia (51,2%) y Países Bajos (50,5%).

Por el contrario, los menores porcentajes de implantación de las energías renovables en el sector eléctrico correspondieron en 2024 a Malta (10,7%), Chequia (17,9%), Luxemburgo (20,5%), Hungría (24,1%), Chipre (24,1%) y Eslovaquia (24,9%).

Para más información:

Eurostat

Una evaluación del entorno y medioambiente en la calidad de vida de España (2024)

Uno de los aspectos básicos que determinan la calidad de vida de las personas es, sin duda, la situación de su entorno y medioambiente.

En el caso de España, disponemos del Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un indicador sintético que se construye a partir de la agregación de un conjunto amplio pero limitado de indicadores individuales que cubren la evaluación de nueve dimensiones básicas relacionadas con la calidad de vida, entre las que se encuentra Entorno y medioambiente. Son las siguientes:

Condiciones materiales de vida.
Trabajo.
Salud.
Educación.
Ocio y relaciones sociales.
Seguridad física y personal.
Gobernanza y derechos básicos.
Entorno y medioambiente.
Experiencia general de la vida.

Desde el punto de vista metodológico la evaluación de cada una de estas dimensiones comporta la selección de los indicadores disponibles más apropiados. En el caso de la dimensión Entorno y medioambiente el INE ha escogido para su evaluación indicadores que abarcan los siguientes ámbitos:

• Contaminación y ruidos:

-Población que sufre problemas de contaminación y otros problemas ambientales.

-Población que sufre problemas de ruidos producidos por vecinos o del exterior.

-Población urbana expuesta a contaminación del aire (micropartículas PM10, PM2,5).

• Acceso a zonas verdes y de recreo:

-Satisfacción con las zonas verdes y áreas recreativas.

• Entorno ambiental:

-Satisfacción con el entorno en que vive.

Los últimos datos desagregados del IMCV publicados por el INE, que corresponden al año 2024, permiten aproximarnos a evaluar la situación más actual de la dimensión Entorno y medioambiente en España y sus Comunidades y Ciudades Autónomas, así como conocer su evolución desde el año 2008.

De acuerdo con el IMCV, en 2024 el indicador de valoración de la dimensión Entorno y medioambiente en España se situó en 102,03 puntos, esto es, prácticamente igual que en el año anterior (102,00 en 2023). Asimismo, supera el nivel registrado por el índice general de calidad de vida (IMCV), que se situó en 101,47 en dicho año 2024 mejorando, en este caso, 0,23 puntos respecto a 2023.

Analizando las nueve dimensiones que comprenden el IMCV, el Entorno y medioambiente (102,03) es la quinta mejor valorada por la población española, tras Educación (110,11), Salud (103,29), Experiencia general de la vida (102,70) y Trabajo (102,34).

Desde un enfoque territorial, se detectan significativas diferencias en la valoración del Entorno y medioambiente, según la Comunidad Autónoma donde se resida. En 2024, los mayores valores de esa dimensión del IMCV general los presentan las Autonomías de Navarra, Cantabria y Castilla y León. Por el contrario, las menores valoraciones para el medio ambiente las otorgan los habitantes Ceuta, Melilla, Canarias y Galicia.

Desde una perspectiva temporal, el IMCV apunta que globalmente durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2024, la calidad de vida en España se ha incrementado, pasando de 100 a 101,47 puntos. Por su parte, la dimensión Entorno y medioambiente ha aumentado desde 100 a 102,03 puntos en dicho periodo.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, durante el periodo 2008-2024 la valoración de la calidad del entorno y medioambiente ha pasado por diversas fases. Se registran unos primeros años de mejoría, a los que siguen otros de estancamiento y de repunte, que se ve interrumpido por la crisis sanitaria del COVID-19, pues provoca un significativo retroceso. A partir de 2023 se inicia un proceso de ligera recuperación que, sin embargo, no ha permitido que la población española retorne a la situación que tenía en 2019, año previo a la pandemia. Asimismo, se constata que la mejor valoración relativa de la dimensión Entorno y medioambiente respecto al IMCV ha tendido a estrecharse durante el periodo analizado (2008-2024).

Para más información:

Instituto Nacional de Estadística.

La superficie de paneles solares térmicos instalados en la UE (1990-2023)

La Unión Europea, para intentar hacer frente a la dependencia energética de los combustibles fósiles y cumplir con sus compromisos climáticos, ha venido desarrollando durante las últimas décadas una política de fomento de las energías renovables. Entre éstas se encuentra la energía solar, térmica y fotovoltaica, cuya superficie instalada ha aumentado de forma continuada desde 1990.

Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), en la UE-27 la superficie total de paneles solares térmicos, que aprovechan la energía solar principalmente para calentar agua, ascendió en el año 1990 a 3,64 millones de metros cuadrados, de modo que casi se triplicó diez años después (10,76 millones en 2000). Es en la primera década del siglo XX cuando se produce el mayor avance en la implantación de la energía solar en Europa, llegándose a contabilizar un total de 34,43 millones de m2 en 2010. Los datos más recientes apuntan que en 2023 hay un total de 59,65 millones de m2 de paneles solares térmicos instalados en el conjunto de los veintisiete países de la Unión Europea, es decir, 16,4 veces la cantidad registrada en 1990.

Si realizamos un análisis por países, es destacable el papel prioritario que ha venido tomando en la política medioambiental la implantación de energías renovables en Alemania. En este país se contabiliza en 2023 una superficie de 22,4 millones de m2 de paneles solares térmicos instalados, cifra que contrasta con los apenas 348.000 m2 registrados en 1990, cifra que ya superaban Grecia, Francia y Austria.

Es a partir del año 1999 cuando Alemania se convierte, con diferencia, en el país de la UE con mayor superficie de este tipo de captadores solares instalados. En el último año de 2023 el país germano llega a concentrar el 37,5% de la superficie total de paneles solares térmicos de la UE.

Tras Alemania le siguen, a distancia, en el año 2023 los siguientes países: Grecia (con el 9,6 % del total de la UE-27), Italia (8,6%), Austria (7,7 %), España (7,6%), Francia (7,2%) y Polonia (5,1%), todos ellos con pesos relativos superiores al 5%.

Durante el presente siglo XXI Alemania es el país que ha alcanzado un mayor avance en la instalación de este tipo de energías renovables, con un aumento de su participación en la UE de 7,3 puntos porcentuales entre los años 2000 y 2023. Por el contrario, es en Grecia donde se ha registrado una mayor pérdida de su peso relativo en la UE durante dicho periodo (17,7 puntos menos), si bien permanece como el segundo país con mayor superficie de energía solar térmica instalada.

En el otro extremo, en los países bálticos de Estonia, Lituania y Letonia la presencia de captadores solares térmicos es nula o marginal. A ellos les siguen con bajos porcentajes de participación Malta, Luxemburgo, Finlandia, Eslovenia y Rumanía (los cinco con pesos relativos que no alcanzan el 0,5 % del total de la UE en 2023).

Para más información:

Eurostat

Evaluando la calidad de vida en España (2024)

La cuestión de la evaluación del desarrollo de los países ha sido tradicionalmente estudiada desde un enfoque exclusivamente productivista. Aún hoy se continúa postulando que un mayor crecimiento de la actividad económica conlleva necesariamente más desarrollo y bienestar para la población. De esta forma, el indicador del Producto Interior Bruto (PIB) ha llegado a alzarse como el indicador primordial, soslayando las incuestionables limitaciones de esta variable si queremos conocer las reales condiciones de vida de las personas.

No obstante, con el tiempo, poco a poco, han venido apareciendo nuevas aproximaciones metodológicas de evaluación del desarrollo, entre ellas las que se centran en la calidad de vida de la población, empleando para ello un enfoque multidimensional que suele articularse a través del uso de una amplia batería de indicadores.

En el caso de España, disponemos del Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un indicador sintético que se construye a partir de la agregación de un conjunto amplio pero limitado de indicadores individuales (actualmente 58), que cubren la evaluación de diversas dimensiones relacionadas con la calidad de vida (más allá de la dimensión material o monetaria) en España. En esencia el IMCV lo conforman nueve dimensiones básicas, a las que en su agregación se les otorga igual ponderación. Son las siguientes:

Condiciones materiales de vida.
Trabajo.
Salud.
Educación.
Ocio y relaciones sociales.
Seguridad física y personal.
Gobernanza y derechos básicos.
Entorno y medioambiente.
Experiencia general de la vida.

Con una periodicidad anual, los últimos datos publicados por el INE, que corresponden al año 2024, permiten aproximarnos a evaluar la situación más actual de la calidad de vida en España y sus Comunidades y Ciudades Autónomas, así como su evolución desde el año 2008.

De acuerdo con el IMCV, en 2024 la calidad de vida en España se situó en 101,47 puntos frente a los 101,20 del año anterior.

Analizando las nueve dimensiones que comprenden el IMCV, las más valoradas por la población española han sido Educación, Salud, Experiencia general de la vida, Trabajo y Entorno y medioambiente. Por el contrario, se sitúan por debajo de la puntuación media (101,47 puntos en 2024) las siguientes dimensiones: Ocio y relaciones sociales, Gobernanza y derechos básicos, Condiciones materiales de vida y Seguridad física y personal.

Desde un enfoque territorial, se detectan significativas diferencias en la calidad de vida de la población según la Comunidad Autónoma donde se resida. En 2024, los mayores valores del IMCV general los presentan las Autonomías de Navarra, La Rioja, País Vasco Cantabria y Aragón. Por el contrario, los menores niveles de calidad de vida se registran en Ceuta, Melilla, Canarias, Andalucía y Galicia.

Desde una perspectiva temporal, el IMCV nos apunta que globalmente durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2024, la calidad de vida en España se ha incrementado, pasando de 100 a 101,47 puntos.

No obstante, como se aprecia en el siguiente gráfico, se han registrado dos periodos durante los que la población española ha visto empeorar de forma más marcada su calidad de vida. Primeramente, durante la Gran Recesión, los impactos de esta gran crisis económica han hecho descender el IMCV en España, en particular durante los años 2009, 2010 y 2013.

Con posterioridad, en 2020 la irrupción de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha lastrado la calidad de vida en España durante tres años (2020-2022), para a partir de 2023 detectarse una ligera recuperación. No obstante, los últimos datos de 2024 nos revelan que la población española aún no ha conseguido recuperar el nivel de calidad de vida que tenía en 2019, previo a la crisis sanitaria. Este hecho contrasta con la evolución seguida por el extendido indicador del PIB por habitante, cuyo valor en euros corrientes, supera en 2024 (32.633 euros) en un 22,6% el nivel registrado en 2019 (26.625 euros), tras haber llegado a contraerse un 10,4% anual en 2020.

Para más información:

Instituto Nacional de Estadística.

Evaluando el estado de los ecosistemas terrestres (ODS15) en 2025

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, puesta en marcha por Naciones Unidas en 2015, establece compromisos concretos para un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abarcan la triple dimensión social, económica y medioambiental. Uno de esos objetivos es el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), que queda definido en los siguientes términos:

«Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica».

Este objetivo compromete a los países del planeta a adoptar medidas para:

Velar por la conservación de los bosques, humedales y ecosistemas montañosos.
Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques y poner fin a la deforestación.
Luchar contra la desertificación y rehabilitar las tierras y los suelos degradados.
Proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.
Poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna.
Prevenir la introducción de especies exóticas invasoras.
Integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad.

Para conocer los progresos que van alcanzando los países del mundo respecto a los 17 ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) ha venido elaborando periódicamente Informes de evaluación desde 2016. Su metodología utiliza índices sintéticos, cuyos valores pueden oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación, y 100, cuando, por el contrario, el país se encuentra en la mejor posición respecto al cumplimiento de los ODS.

La edición del Informe de Desarrollo Sostenible 2025 de SDSN nos revela de forma aproximada cuál es la situación más actual del cumplimiento del objetivo de Vida de ecosistemas terrestres, país por país, y en qué grado se va alcanzando ante el horizonte temporal fijado para 2030.

En esta edición de 2025, al igual que en la anterior, para el cálculo del índice sintético del ODS15 se ha contado con los siguientes indicadores:

Área media protegida en sitios terrestres importantes para la biodiversidad (%).
Área media protegida en sitios de agua dulce importantes para la biodiversidad (%).
Índice de Lista Roja de supervivencia de especies (0-1, peor-mejor).
Deforestación permanente (% de área forestal, media de 3 años).
Deforestación importada (m2/hab.).

Esta selección de indicadores ha dejado sin evaluar, por carecerse de estadísticas, otros aspectos importantes del ODS15, como son la salud de los ecosistemas y el comercio de especies en peligro de extinción.

En términos generales, según los datos del Informe de 2025, el índice del ODS15 del mundo toma un valor de 57,7, cifra que se sitúa por debajo de la puntuación media (68,6) correspondiente a los 17 ODS en dicho año.

Asimismo, de acuerdo con el Panel de control de los ODS, el objetivo de Vida de ecosistemas terrestres de la Agenda 2030 se presenta en color “rojo, lo que viene a significar que se enfrenta a grandes desafíos en la actualidad. Además, la tendencia del ODS15 viene siendo de estancamiento o de tasas de crecimientos muy por debajo de las necesarias para lograr su total cumplimiento en 2030.

En un análisis más detallado, el Informe de 2025 nos permite conocer las puntuaciones obtenidas para el índice del ODS15 de cada uno de los 167 países para los que se dispone de datos.

Así, como se recoge en el siguiente cuadro, los países mejor situados en el cumplimiento del objetivo de preservar la vida de los ecosistemas terrestres establecido en la Agenda 2030 son Bulgaria (94,4), Bielorrusia (92,5), Chequia (92,0), Guyana (91,5), Polonia (91,1), Letonia (91,0), República Centroafricana (89,7), Croacia (88,3), Moldavia (88,2) y Namibia (87,9).

El análisis realizado de los datos recogidos en el Informe de 2025 nos lleva a concluir que de un total de 167 países sólo cinco presentan sus cinco indicadores del ODS15 en color verde, es decir, progresan satisfactoriamente para cumplir completamente con este objetivo de aquí a 2030: Bulgaria, Bielorrusia, Chequia, Polonia y Namibia.

Por el contrario, la situación relativa más desfavorable respecto al estado de los ecosistemas terrestres la presenta Singapur (31,9). A continuación, se encuentran también con las valoraciones más bajas en 2025 los países de Fiyi (33,2), Yibuti (34,5), Mauricio (36,5), Islandia (36,7), Irak (38,4), Bahamas (38,5), Baréin (39,2), Malasia (41,3) e Israel (41,4).

Es significativo que las diferencias entre países son particularmente grandes en el ODS15, cifrándose una distancia de 62,5 puntos entre los países mejor y peor situados (Bulgaria y Singapur, respectivamente). Dicha brecha es superior a la que existe si utilizamos el índice general de los 17 ODS, que se cuantifica en 45,5 puntos.

Finalmente, por su especial importancia económica y/o demográfica, cabe mencionar, en particular, a cuatro países: Federación Rusa que ocupa la posición 81 en el ranking mundial del índice del ODS15, Estados Unidos (117), China (154) y la India (155).

Para más información:

SDSN: Sustainable Development Report 2025.

Evaluando el objetivo energético (ODS7) en 2025

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, puesta en marcha por Naciones Unidas en 2015, establece compromisos concretos para un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abarcan la triple dimensión del desarrollo: social, económica y medioambiental. Uno de esos objetivos es el ODS7 (Energía asequible y no contaminante), que queda definido en los siguientes términos:

«Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos«

Este objetivo compromete a los países del planeta a adoptar medidas para de aquí a 2030:

Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.
Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo.

Para conocer los progresos que van alcanzando los países respecto a los 17 ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) ha venido elaborando periódicamente Informes de evaluación desde 2016. Su metodología utiliza índices sintéticos, cuyos valores pueden oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación, y 100, cuando, por el contrario, el país se encuentra en la mejor posición respecto al cumplimiento de los ODS.

La edición del Informe de Desarrollo Sostenible 2025 de SDSN nos revela de forma aproximada cuál es la situación más actual del cumplimiento del objetivo de Energía asequible y no contaminante, país por país, y en qué grado se va alcanzando ante el horizonte temporal fijado para 2030.

En el caso del ODS7 se ha construido un índice sintético a partir de los cuatro indicadores siguientes, que están disponibles para un total de 167 países:

Porcentaje de población que tiene acceso a electricidad.
Porcentaje de población que utiliza para cocinar combustibles y tecnologías limpios.
Emisiones de CO2 de la quema de combustibles fósiles para electricidad y calefacción por producción total de electricidad (MtCO2/TWh).
Participación de las energías renovables en consumo total de energía final (%).

En términos generales, según los datos del Informe de 2025, el índice del ODS7 del mundo toma un valor de 64,5, cifra que se sitúa por debajo de la puntuación media (68,6) correspondiente a los 17 ODS en dicho año.

De acuerdo con el Panel de control de los ODS, el objetivo energético de la Agenda 2030 presenta en la actualidad retos significativos (color naranja), registrando una moderada tasa de crecimiento que es aún insuficiente para lograr su total cumplimiento en 2030.

En un análisis por países los resultados obtenidos para el ODS7 (Energía asequible y no contaminante) muestran que de los 167 países para los que se dispone de datos, los mejor situados en el cumplimiento de dicho objetivo son Islandia (99,2) y Suecia (99,1). Les siguen, a continuación, Noruega (98,9), Finlandia (96,0), Uruguay (95,5), Letonia (90,4), Brasil (90,3) y Dinamarca (89,1). Estos países, a excepción de Letonia, se encuentran en la senda de cumplir completamente con este objetivo energético de la Agenda 2030 sin necesidad hasta el momento de afrontar mayores retos.

Por el contrario, la situación relativa más desfavorable respecto al cumplimiento del objetivo energético la presenta un amplio grupo de países pertenecientes al continente africano que cuentan con bajos niveles de renta per cápita, como son Chad (2,6), Sudán del Sur (13,6), Níger (15,1), Burundi (16,6), Sierra Leona (17,5), República Centroafricana (18,4) y Guinea-Bisáu (20,7). Para todos ellos siguen existiendo grandes desafíos para alcanzar las metas energéticas del ODS7 de aquí a 2030.

Si nos centramos en cuatro países que destacan por su peso económico y/o demográfico, observamos que Estados Unidos ocupa la posición 54 en el ranking mundial del cumplimiento del ODS7, seguido por China (76), la India (87) y Federación Rusa (88).

Finalmente, hay que remarcar que en el ODS7 las diferencias entre países continúan siendo considerables, llegando a ser extremas entre el país mejor situado (Islandia, con 99,2) y el peor (Chad, con 2,6). Dicha brecha es muy superior a la que existe con el índice general de los 17 ODS, que se cuantifica en 45,5 puntos.

Para más información:

SDSN: Sustainable Development Report 2025.