El valor del paisaje y su protección

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Parque Nacional Picos de Europa (España)

Si existe un patrimonio para el que es necesario no confundir valor y precio, ese es el paisaje.

Los países de Europa cuentan con un documento clave que, reconociendo el valor del paisaje, propone unas directrices básicas para su protección por parte de los Estados. Se trata del Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000.

Como punto de partida el citado Convenio establece en su artículo 1º la siguiente definición de paisaje:

“Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción del factores naturales y/o humanos”.

Esta definición nos lleva a interpretar que el paisaje constituye un sustrato natural (geológico y biótico) que está expuesto a la acción del hombre. Al mismo tiempo, el paisaje toma una base tangible pero también otra intangible o subjetiva que depende de la percepción que tengamos de él.

Desde su Preámbulo en el Convenio Europeo del Paisaje se expresa claramente que el paisaje presenta unas especiales características, un valor intrínseco, que es necesario salvaguardar.

El paisaje se convierte en un patrimonio natural y cultural que contribuye a forjar la propia identidad de un pueblo.

Desempeña un papel importante de interés general en los campos cultural, ecológico, medioambiental y social, además de constituir un recurso que propicia la actividad económica y la creación de empleo.

Asimismo, el paisaje es un elemento importante para la calidad de vida de las poblaciones de todos los tipos de áreas: urbanas, rurales, degradadas, de gran calidad, de belleza excepcional y las más cotidianas. El paisaje contribuye, por tanto, al bienestar tanto individual como colectivo.

Por estas razones, y en aras de procurar un modelo de desarrollo sostenible que conjugue una relación equilibrada entre las necesidades sociales, económicas y medioambientales, se hace necesaria la salvaguarda de la calidad y diversidad de los paisajes europeos. Porque es ya una hecho constatado que los paisajes de Europa están experimentando transformaciones, en muchos casos aceleradas, como consecuencia de la evolución que están tomando las modernas técnicas de producción (agrícola, forestal, industrial…), el transporte, las infraestructuras, el turismo, y los cambios de la economía mundial, en general.

Como se recoge en su artículo 3º el objetivo principal del Convenio Europeo del Paisaje es:

“promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en ese campo”.

Se persigue, por tanto, no sólo reconocer el valor del paisaje sino emprender acciones para conservar y mantener sus aspectos más significativos, garantizar su mantenimiento, regularlo desde una perspectiva de desarrollo sostenible y mejorar, restaurar o crear aquellos paisajes que se requieran.

Más concretamente, en el capítulo II del Convenio, se establecen las medidas generales y específicas que han de aplicar los Estados europeos que suscriban el Convenio para la protección, gestión y ordenación de sus paisajes.

Las medidas generales (art. 5º) son las siguientes:

“a) reconocer jurídicamente los paisajes como elemento fundamental del entorno humano, expresión de la diversidad de su patrimonio común cultural y natural y como fundamento de su identidad;

b) definir y aplicar en materia de paisajes políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación del paisaje mediante la adopción de las medidas contempladas en el artículo 6;

c) establecer procedimientos para la participación del público, las autoridades locales y regionales y otras partes interesadas en la formulación y aplicación de las políticas en materia de paisaje mencionadas en la anterior letra b);

d) integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje”.

Las medidas específicas (art. 6) pueden agruparse en cinco áreas:

A) Sensibilización.

“…incrementar la sensibilización de la sociedad civil, las organizaciones privadas y las autoridades públicas respecto al valor de los paisajes, su papel y su transformación”.

B) Formación y educación:

“a) formación de especialistas en la valoración de los paisajes e intervención en los mismos;

b) programas pluridisciplinares de formación en política, protección, gestión y ordenación de paisajes con destino a los profesionales de los sectores privado y público y a las asociaciones interesadas;

c) cursos escolares y universitarios que, en las disciplinas correspondientes, aborden los valores relacionados con los paisajes y las cuestiones relativas a su protección, gestión y ordenación”.

C) Identificación y calificación:

-identificar los paisajes en todo el territorio.

-analizar sus características y las fuerzas y presiones que los transforman.

-tomar nota de las transformaciones.

-calificar los paisajes así definidos, teniendo en cuenta sus valores particulares.

D) Objetivos de calidad paisajística:

“…definir los objetivos de calidad paisajística para los paisajes identificados y calificados, previa consulta al público…”

E) Aplicación:

“…establecer instrumentos de intervención destinados a la protección, gestión y/u ordenación del paisaje”.

 

Para más información:

Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paisaje en Europa: 25 años de transformaciones

Isla de S. Miguel, Azores

La cubierta de la Tierra permite que el ser humano pueda disponer de los bienes que son esenciales para su vida, como alimentos, energía, agua, vivienda,  además de aquellos otros bienes y servicios con los que mejorar su bienestar material e inmaterial.

No hay que olvidar que en la cubierta terrestre se configuran múltiples y variados paisajes que contribuyen tanto a la calidad de vida como a la propia identidad cultural de la población.

Concebimos aquí el paisaje como lo define el Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa (Florencia, 2000), esto es, “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. Por lo tanto, el paisaje presenta un sustrato natural (geológico y biótico) pero que se encuentra condicionado por la acción del hombre. Asimismo, el paisaje está conformado por una base tangible y también por otra, de carácter intangible o subjetivo, que depende de la propia percepción que el ser humano tiene del territorio.

El paisaje está determinado en gran medida por el uso de la tierra. Por ello, son esenciales los estudios que analicen los cambios de usos de la cubierta terrestre que derivan en transformaciones de los paisajes y, por tanto, también en mejoras o pérdidas de la calidad de vida de las poblaciones.

El informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), Landscapes in transition. An account of 25 years of land cover change in Europe (10/2017), nos revela las transformaciones más importantes que ha experimentado el territorio europeo durante el periodo 1990-2012. Sus principales conclusiones son las siguientes:

1. Se ha producido un incremento continuado de las superficies artificiales. Los factores operadores de ese incremento han cambiado durante el periodo: el componente de expansión residencial ha disminuido desde 1990, mientras que la proporción de áreas industriales e infraestructura urbana ha venido aumentando. Este proceso ha sido más intenso en el periodo 1990-2000, mientras que se ralentizó en los periodos 2000-2006 y 2006-2012. España, Turquía y Francia juntas cuentan con casi la mitad de la ocupación  total de suelo por áreas construidas.

Gráfico por países
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente

2. Durante el periodo 1990-2012 la cubierta terrestre en Europa ha mostrado una conversión persistente del suelo agrícola a superficies artificiales (áreas urbanas, infraestructuras…).

3. La expansión urbana y de infraestructuras continúa consumiendo suelos productivos y fragmentando la estructura del paisaje existente.

4. El suelo agrícola de Europa, con frecuencia de buena calidad y en lugares favorables, continúa decreciendo a una tasa media de 1.000 km2 por año. Los paisajes rurales tradicionales siguen estando afectados por la ocupación del suelo, la intensificación agrícola y el abandono de tierras de cultivo.

5. Europa es una de las regiones del mundo con mayor riqueza forestal, con más del 42 % de su superficie terrestre cubierta por bosques. Su superficie forestal, que se ha incrementado desde 1960, permanece en la actualidad con una ligera tendencia a atenuar su crecimiento. Asimismo, se ha producido una intensificación del uso de la cubierta forestal, que puede conducir a la disminución de la calidad de los ecosistemas forestales, por lo que necesita reequilibrarse mediante políticas de conservación.

Tabla 2.5. Tendencias de la cubierta terrestre_1990-2012

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Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente

Ante esta situación, el informe de la AEMA manifiesta que las políticas proactivas e integradas sobre planificación del territorio, agricultura, ocio, turismo, energía y otros sectores pueden limitar los efectos negativos de la ocupación del suelo. Asimismo, para las ciudades se requieren soluciones de desarrollo urbano sostenibles e inteligentes, por ejemplo, reciclando suelos industriales antiguos y creando más espacios verdes.

Se necesitan respuestas políticas que ayuden a resolver las demandas conflictivas de uso de la tierra y orientar la intensidad del uso de la tierra de modo que se fomente la ordenación sostenible del territorio. De esta forma estaremos también contribuyendo al logro de los objetivos de la UE en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en particular al Objetivo 15: “proteger, restaurar y utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, forestales, combatir la desertificación y detener y degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad”.

Para más información:

European Environment Agency (EEA): Landscapes in transition. An account of 25 years of land cover change in Europe, 2017

Evaluando el cumplimiento de la estrategia Europa 2020

EUROPA,  5-13 nov. 2005. Brujas

En junio de 2010 el Consejo Europeo adoptó la estrategia Europa 2020, que vino a suceder a la estrategia de Lisboa. Con ella se establece el camino por el que la Unión Europea debe alcanzar unas metas cuantificables en materia de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo para el año 2020.

En concreto la estrategia Europa 2020 establece las siguientes tres grandes prioridades:

  1. Crecimiento inteligente, a través del desarrollo de una economía basada en el conocimiento, investigación e innovación.
  2. Crecimiento sostenible, mediante de la promoción de mercados eficientes en recursos, verdes y competitivos.
  3. Crecimiento inclusivo, a través de políticas que fomenten la creación de empleo y la reducción de la pobreza.

Estas prioridades se plasman en objetivos clave circunscritos a cinco grandes áreas: empleo, investigación y desarrollo, cambio climático y energía, educación, y pobreza o exclusión social.

Para la evaluación del progreso de estos cinco capítulos temáticos se ha seleccionado un conjunto de indicadores, agrupados en nueve principales, que permiten evaluar cómo ha venido evolucionando el cumplimiento de la estrategia Europa 2020 desde el año base 2008 hasta la actualidad en cada uno de los Estados miembros y en la UE-28 en su conjunto.

La publicación “Smater, greener, more inclusive. Indicators to support the Europe 2020 strategy?” (edición de 2017) de Eurostat da a conocer cómo ha evolucionado el cumplimiento de dicha estrategia hasta la actualidad.

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Indicadores centrales de Europa 2020: valores objetivos y progreso desde 2008. Fuente: Eurostat

Las conclusiones más relevantes de dicho estudio se resumen en las siguientes:

-Se ha alcanzado un progreso significativo desde 2008 en materia de cambio climático y energía, reduciéndose las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía y aumentado el uso de fuentes de energías renovables.

-Se ha producido una evolución positiva en el área de educación, que se refleja en el incremento de la tasa de educación superior y en la reducción del número de alumnos que abandonan la educación y la formación.

-Por el contrario, la UE permanece aún a una distancia considerable para alcanzar en 2020 sus objetivos de inversión en I+D, de empleo y de mitigación de la pobreza.

En cifras en la tabla siguiente se recoge la evolución que han seguido desde 2008 hasta 2016 (o 2015, dependiendo de la disponibilidad) los indicadores seleccionados para evaluar el cumplimiento de la estrategia Europa 2020, confrontados con los valores-objetivo.

Cuadro_edición 2017

Para más información:

Eurostat:  “Smater, greener, more inclusive. Indicators to support the Europe 2020 strategy?” (edición de 2017)

 

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE (1990-2015)

2. Bucarest a Suceava. Rumanía

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático, ascendieron en el conjunto de la Unión Europea (UE-28) a 4.310 millones de toneladas de CO2 equivalentes en el año 2015. Estas emisiones representan el 7,7% del total de emisiones de GEI del planeta, porcentaje inferior al registrado por EE.UU. (11,4%) y China (23,7%).

Si realizamos un análisis temporal de los últimos 25 años se constata en la UE-28 un descenso de las emisiones de dichos GEI de un 23,7%, desde 1990 cuando se emitieron 5.647 millones de toneladas.

Estos datos inventariados, recogidos en un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), permiten concluir que durante los últimos 25 años se ha producido un progresivo desacoplamiento del Producto Interior Bruto (PIB), que se ha reducido un 50%, y dichas emisiones de GEI, que han caído un 23,7%. No obstante, no puede hablarse de un desacoplamiento total en tanto que la economía continúa dependiendo en gran parte de los combustibles fósiles.

Las principales causas de estas menores emisiones de GEI  en la UE han sido diversas: el aumento de la participación del uso de las energías renovables, el menor uso del combustibles fósiles, mejoras en la eficiencia energética, cambios económicos estructurales y la recesión económica.

Gráfico UE

En un análisis por sectores, la reducción de emisiones de GEI ha sido casi generalizada. Los mayores descensos se han observado en la industria manufacturera, la construcción, la producción de electricidad y calor y la combustión residencial. La gestión de residuos fue el sector que anotó el mayor descenso relativo. Por el contrario, se han producido notables incrementos en el transporte por carretera, en la refrigeración y aire acondicionado y en la aviación y navegación internacional durante el periodo.

Los gases de efecto invernadero son en su mayoría gases de dióxido de carbono (CO2), que representan el 81% del total de GEI de la UE-28 en 2015. Las emisiones de estos gases CO2 se han reducido entre 1990 y 2015 en un 22%%. También han disminuido las emisiones de otros GEI como el metano (CH4), óxido nitroso (N2O), perfluorocarbono (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). Por el contrario, se han incrementado las emisiones de hidrofluorocarbono (HFC) y de trifluoruro de nitrógeno (NF3).

En un análisis por países, en el año 2015 casi un tercio del total de emisiones de GEI de la UE-28 procedían de Alemania (21%) y Reino Unido (12%).

Durante el periodo 1990-2015 casi todos los países de la UE-28 han contribuido a la reducción de GEI. Alemania y Reino Unido han permitido el 48% de los 1.337 millones de toneladas de CO2 equivalentes que la UE ha dejado de emitir a la atmósfera durante los últimos 25 años.

Son sólo cuatro países de la Unión Europea los que han aumentado sus emisiones de CO2 durante el periodo 1990-2015: Chipre (50%), España (16,6%), Portugal (15,7%), Irlanda (6,7%) y Austria (0,1%).

Por el contrario, las mayores disminuciones relativas se han producido en Lituania (-58,2%), Letonia (-56,8%), Estonia (-55,3%) y Rumanía (-52,7%).

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De cara al futuro, los distintos objetivos estratégicos y compromisos internacionales asumidos por la Unión Europea están dirigidos a continuar con la senda de reducción iniciada en 1990, de modo que se logre disminuir  las emisiones de GEI respecto a ese año base en un 40% en 2030, un 60% en 2040 y un 80% en 2050.

Para más información:

EEA: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2015 and inventory report 2017

Eurostat

La dependencia de los combustibles fósiles de la Unión Europea

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La actividad económica desarrollada en el conjunto de Estados miembros de la Unión Europea ha requerido un consumo interior bruto de energía que en 2015 ascendió a 1.626 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep). Desde una perspectiva temporal se ha observado un ligero descenso del 2,5% respecto al consumo de energía registrado en 1990 (1.668 Mtep), habiéndose  marcado su máximo en el año 2006 (con 1.840 Mtep).

El origen del consumo de energía procede de fuentes renovables (solar, eólica, hidráulica…), y de fuentes no renovables. Estas últimas, bajo el término genérico de combustibles fósiles, comprenden el carbón, el petróleo, el gas natural y los residuos no renovables, cuya combustión es el origen aproximadamente del 80% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero y CO2 de origen humano que causan el calentamiento global. Es de especial interés, por tanto, conocer cuál el grado dependencia energética de los combustibles fósiles y cómo ha evolucionado durante los últimos años.

Según los últimos datos disponibles de Eurostat, en 2015 el 73% del consumo energético proviene de combustibles fósiles. Es una cifra notoriamente elevada que, no obstante, alcanzaba el 83% en el año 1990.

Si realizamos un análisis por países de la UE-28, se constata que en 1990 sólo un Estado miembro conseguía que menos del 50% de su consumo energético provenga de combustibles fósiles: Suecia, con el 39%. En el otro extremo, países como Estonia, Chipre y Malta dependían en su totalidad de dichos combustibles.

Década y media más tarde, en el año 2015, la gran mayoría de países de la UE seguía siendo dependiente de los combustibles fósiles. Sólo tres Estados muestran una dependencia de los combustibles fósiles menor del 50%: Suecia (30%), Finlandia (46%) y Francia (49%). Por su parte, la mayor participación de consumo de combustibles fósiles se presenta en Chipre (94%), Países Bajos (93%), Irlanda (92%) y Polonia (91%).

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Otro aspecto de interés es conocer el grado de soberanía energética con que cuentan los países. Así, se confirma que el grado de dependencia de las importaciones de combustibles fósiles sigue siendo elevado en el seno de la UE. De hecho, a pesar de que se ha reducido, como vimos, el consumo de estos combustibles, el grado de dependencia del exterior se ha incrementado: desde el 53% en 1990 hasta el 73% en 2015.

Entre 1990 y 2015 la mayoría de los Estados miembros de la UE ha visto reducir su soberanía energética respecto a los combustibles fósiles. Destacan en 2015 como países con menor dependencia energética exterior Dinamarca, Estonia, Rumanía y Polonia.

Para más información:

Eurostat

La fiscalidad ambiental en la UE

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La fiscalidad ambiental constituye un instrumento de política pública cuya utilidad viene justificada por sus implicaciones positivas tanto sobre la calidad del medio ambiente como sobre la eficiencia de la economía.

Dicho instrumento fiscal conlleva la recaudación derivada de la aplicación de un conjunto de impuestos ambientales en un territorio determinado, país o región. A los impuestos ambientales se los suele definir como aquellos impuestos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente (SEEA 2012, UN et.al., 2012).

La fiscalidad verde viene, por tanto, a gravar principalmente las siguientes categorías ambientales: emisiones al aire, sustancias que reducen la capa de ozono, efluentes al agua, fuentes difusas de polución al agua, gestión de residuos, ruido, productos energéticos (gasolinas, carbón, gas, fuels, electricidad…), transporte y recursos  naturales (agua, bosques…).

Son diversas las ventajas que puede ofrecer una adecuada aplicación de la fiscalidad verde. Entre otras, podemos señalar las siguientes: a) favorece la eficiencia energética y el uso de las energías limpias (al gravar las energías fósiles), b) contribuye a un mayor empleo del transporte sostenible, c) fomenta la producción y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente, d) reduce los impactos de la contaminación y los residuos sobre los ecosistemas, e) desincentiva el consumo de recursos naturales no renovables y f) refuerza la lucha contra el cambio climático.

Estos impuestos permiten que se aplique el principio de “quien contamina, paga”, al internalizarse las externalidades negativas, es decir, al incorporarse al precio de los bienes los costes medioambientales que supone su producción/consumo. Se conforman, por tanto, como un incentivo para que productores y consumidores modifiquen su comportamiento, de modo que sea más respetuoso con el medio ambiente.

Organismos como la OCDE y la Comisión Europea se han manifestado partidarios de este instrumento económico y medioambiental recomendando su implantación. Así, en el marco de la Unión Europea, el Sexto Programa comunitario de acción en materia de Medio Ambiente (2002) recomendaba el empleo de impuestos sobre los recursos y sobre productos y procesos intensivos en residuos, con el fin de mitigar el cambio climático y fomentar una producción y consumo sostenibles.

Igualmente, la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea aboga por una mayor aplicación de la fiscalidad verde:

“Los Estados miembros deberían más bien intentar desplazar la presión fiscal desde el trabajo a los impuestos sobre la energía y medioambientales como parte de un movimiento hacia unos regímenes fiscales verdes“.

En las dos últimas décadas se ha producido una tendencia general de aumento en el número y tipos de impuestos que gravan diferentes categorías del medio ambiente y la energía. Pero ¿cómo se ha comportado su recaudación? ¿Cómo ha evolucionado en el conjunto de la UE y por países la participación de los ingresos de los tributos ambientales respecto a la evolución que han seguido la recaudación total y la actividad económica?

Según Eurostat, en la UE-28 se recaudó en 2014 un total de 343.726 millones de euros en concepto de impuestos ambientales. De este total la mayor parte (el 76%) fueron ingresos por impuestos sobre la energía. Les siguen, a distancia, los impuestos sobre el transporte (20%) y sobre la contaminación y los recursos (4%).

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En términos relativos, los impuestos ambientales suponen el 6,35% de la recaudación total de la UE-28 en 2014. Asimismo, la presión fiscal ambiental, esto es, la ratio de recaudación por impuestos ambientales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), asciende al 2,46%.

Desde una aproximación temporal, se comprueba cómo, a pesar de haber aumentado el número de impuestos ambientales, la presión fiscal ambiental se ha reducido durante el periodo 2004-2014, disminuyendo desde el 2,56% hasta el 2,46% en el último año. Ello significa, por tanto, que en dicho periodo la recaudación por impuestos ambientales ha evolucionado a un menor ritmo que lo ha hecho la actividad económica. No obstante, hay que diferenciar dos etapas: una primera (2004-2008), previa a la crisis económica, en la que dicha ratio ha descendido desde el 2,56% al 2,29%, y una segunda en la que se ha incrementado gradualmente año a año, si bien hasta un 2,46% que sigue siendo inferior al valor registrado en 2004.

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Finalmente, en un análisis por países son destacables las diferencias que se detectan dentro de la UE-28. Dinamarca es el país con el mayor porcentaje de recaudación por impuestos ambientales sobre el PIB (4,08% en 2014). Le siguen en importancia Eslovenia (3,89%), Croacia (3,86%), Grecia (3,68%), Italia (3,59%) y Países Bajos (3,36%).

Por el contrario, el país con menor presión fiscal ambiental es Lituania (1,70%), seguido de Eslovaquia (1,79%), España (1,85%), Luxemburgo (1,99%) y Alemania (2,oo%).

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Durante el periodo 2004-2014 la presión fiscal ambiental ha disminuido en la mayoría de los Estados miembros (18 de 28), permaneciendo igual en cuatro y aumentando en seis. El mayor avance se ha registrado en Grecia (+1,6  p.p) y el mayor retroceso en Lituania y Luxemburgo (-1,0 p.p., ambos).

Para más información: 

Eurostat